20.12.01.1933-1936: condicionamientos socioeconómicos.

     1933-1936: CONDICIONAMIENTOS SOCIOECONÓMICOS.

conceptos clave: crisis económica en 1934, economía española en 1934, crisis de los partidos políticos en 1934, Alianza Obrera, Izquierda Comunista de España, católicos en 1933, CEDA, sindicatos obreros marxistas en 1933, patronales en 1933.

          EL BIENIO RADICAL-CEDISTA:

 NOVIEMBRE 1933 – FEBRERO 1936

     El periodo del nuevo Gobierno, 1933-1936, fue conocido como el «bienio negro» por la izquierda, y como el «bienio rectificador» por la derecha, y se caracteriza por dos Gobiernos de Lerroux, con un Gobierno intermedio de 2 de mayo a 3 de octubre de 1934, en el que gobernó Samper, también del PRR. Ambos representaban al centro derecha. Nosotros preferimos denominarlo con referencia a los gobernantes de la época: radicales y CEDA.

         Crisis económica en España de 1934.

     El mundo vivía una crisis económica que había provocado superproducción y proteccionismo desde 1929. España, todavía no industrializada, y resguardada en un gran proteccionismo económico, no tuvo una crisis industrial como las potencias industriales, pero no dejó de sufrir la crisis. En concreto para España, a partir de 1933, los precios no subieron, mientras los salarios tenían una inercia de subida del 10% anual. Esto no significaba que las empresas españolas perdieran dinero, pero sí que sus ganancias no crecían como venía ocurriendo en años precedentes, sobre todo los de la Guerra Mundial de 1914 a 1918. La falta de perspectivas de ganancias importantes, hizo que disminuyera la inversión, y que los capitales españoles prefirieran inversiones en el extranjero, más seguras. En el caso de los empresarios agrarios, éstos decidieron no cultivar, iniciándose una época particularmente violenta puesto que casi dos millones de familias vivían de esos cultivos directamente y cerca de otro millón conseguía ingresos complementarios con trabajos extras en las grandes fincas. De los seis millones de asalariados, pequeños campesinos, comerciantes y renteros, la mitad veía reducidos sus ingresos y el resto se resentía de ello.

     En España, la crisis se debía más a causas internas. Lo que empeoraba eran las cifras del paro: en 1930 se calculaba el paro en 500.000 personas; en 1933, en 588.000; en 1934, en 610.000; y en 1935, en 700.000. En todo el periodo de la República, las cifras del paro fueron a peor, y no era por que se estuvieran tomando medidas estructurales positivas que produjeran paro coyuntural, sino por la falta de medidas acertadas de cara al interés general, lo cual significaba que el paro era estructural y permanente. Las cifras del paro, eran terroríficas, dado que no había cobertura ninguna para los parados, y que no se consideraba parados a millones de personas que no se consideraban a sí mismas paradas, ni el Estado tenía interés en que aparecieran como paradas.

     Las cifras del paro en España, sobre todo de jornaleros y obreros de la construcción, se dispararon a partir de 1933. Si en 1930 la cifra de medio millón de parados se consideraba una desgracia imposible de aceptar, en 1933 la cifra de parados subía a 588.000, en 1934 a 610.000, y en 1935 a 700.000.

     Ante esta realidad, las cifras de 12.000 familias colocadas por la Ley de Reforma Agraria en 1932-1933, parecían una ridiculez, y la cesión de egidos a renteros sin tierra para colocar a otros 32.000 campesinos, seguían siendo medidas insatisfactorias, puesto que para ello se privaba de aprovechamiento de esas tierras a todos los demás vecinos del pueblo. ¡Y los demás campesinos pobres eran 2.500.000!

         Economía española en 1934-1935.

     La Renta Nacional apenas creció en 1929-1933. Sí que creció en 1934-1935. Pero la renta per cápita no creció nada en 1929-1935. El momento económico era duro. Pero no hubo recesión. Y dentro de la crisis de 1929, el que no hubiera recesión no podemos calificarlo de una buena suerte para España. España no entraba en recesión, durante la crisis mundial de 1929, porque no tenía industrias, servicios y comercio que pudieran entrar en recesión. Los efectos de la crisis se notaron en la exportación de aceite, naranjas, almendras, vinos, minerales, plomo y otros productos prescindibles en el exterior, cuyas ventas bajaron un 50% en 1931 respecto a 1929, un 65% en 1935 respecto 1929. Y también cayeron las importaciones de estos productos citados en el mismo grado. La balanza comercial se compensaba. Pero el comercio exterior era muy escaso en 1929, y lo único que pasó es que hubo un poco menos a partir de estos años. Las exportaciones globales cayeron en un 30%, y las importaciones globales en un 22%.

     La cantidad de naranjas exportadas, cayó en 1934 en un 88% respecto al año 1930; la cantidad de aceite exportado cayó un 50% en las mismas fechas; la cantidad de vino común cayó un 62%; y la cantidad de vino fino exportado cayó un 18%.

     Pero las importaciones y exportaciones españolas no eran cuantiosas: las importaciones representaban de un 7 a un 9,5% del Producto Nacional Neto; y las exportaciones representaban entre el 5,7 y el 6,9% del Producto Nacional Neto. Muy poco. Una disminución del 50% en esas cifras, representaba una caída leve en el PNN. Y las cifras de recesión no aparecen como significativas.

     El efecto más importante de la crisis de 1929 en España fue que la industria dejó de equiparse. Se funcionaba con máquinas viejas. Pero no disminuyó la producción industrial. Y como muchos productos no se exportaban, todo quedó igual al paso de la crisis.

     La producción industrial española bajó un 10% entre 1929 y 1932 y otro 10% de 1932 a 1933. El sector más perjudicado fue el textil, con 77% de caída de la producción entre 1930 y 1933, seguido del zinc que bajó un 65%, el cobre que bajó un 63%, el hierro de fundición que bajó un 55%, y el acero que bajó un 43%. Pero la crisis no fue tan dura como en los países del entorno español, porque España estaba poco industrializada, y porque era un Estado proteccionista y el Estado asumió parte de las pérdidas. Lo que quiere decir que el Estado entregó dinero a los empresarios mientras muchos españoles pasaban hambre. Barcelona se quejaba de la crisis y sus parados pasaron de 11.000 en 1933, a 24.000 en 1936. Fue donde más impacto tuvo la crisis.

     Las exportaciones caían porque desapareció el crédito a la exportación y a la importación. El Estado no podía asumir las pérdidas en esos negocios. Desde 1933-1934 se firmaron “tratados bilaterales”, por los que un Estado intercambiaba una cantidad de productos a otro Estado, por otra cantidad de productos específicos.

     Lo que más cambió en España a partir de 1931 fue el paro obrero: en 1931 había 389.000 parados, y en 1935 había 670.378 parados, que era el 7% de la población activa. Estas cifras eran muy graves y no tienen comparación con las cifras de un siglo más tarde, porque la sociedad era distinta. La familia era grande y extensa, con abuelos, matrimonio y cinco o seis hijos, algunos de ellos con sus maridos o esposas. Y en la familia solía trabajar uno solo, “el hombre de la casa”. La población activa era de 9,5 millones de personas. Y cada parado significaba que unas ocho personas se quedaban sin recursos. En una sociedad agraria, la solución era evidente para todos ellos: la vuelta al pueblo de donde provenía la familia, a la casa familiar y a procurar cultivar un huerto para ir a una economía de subsistencia, o buscar algo de trabajo. Lo malo es que todos tenían el mismo plan de escape.

     Los precios cayeron un 5% en 1934 respecto a 1932. Bajaron más los de productos de importación que los producidos en España. En teoría, la abundancia en cuanto a los productos de exportación debieran haber provocado grandes caídas de precios, pero ello no ocurrió, porque esos precios estaban controlados artificialmente, y ni el Gobierno ni los comerciantes aceptaron bajar los precios.

     Los salarios industriales no bajaron en el periodo de la República: de 1928 a 1932 crecieron en un 12%, y en 1933-1935 bajaron un poco, lo que dio como resultado global un mantenimiento del nivel de los salarios en 1929-1936.

     La agricultura mejoró resultados en 1932-1935, porque se producía más trigo, y se consumía más pan. No hubo crisis de la demanda porque España era deficitaria en alimentos y asumía el incremento de la producción. Simplemente, se pasaba menos hambre. Hubo cambios en cuanto a la propiedad de la tierra. Las disminuciones del precio del trigo eran muy moderadas, porque la baja de exportaciones se compensaba con incremento de la demanda interna. En cuanto a la cebada, disminuyó su producción porque no es alimento humano, y la demanda para animales disminuyó. Algunas tierras de cebada fueron dedicadas a trigo, que tenía mayor demanda.

     En 13 de abril de 1932, la Ley de Riegos de Indalecio Prieto, afectó sobre todo a Andalucía.

     En 1933, el Plan de Obras Hidráulicas de Manuel Lorenzo Pardo, planteó el trasvase Tajo-Segura, que no se llevó a cabo sino en 1979. El agua se toma en la provincia de Guadalajara, y tras ser elevada cerca de 700 metros, atraviesa las provincias de Cuenca y Albacete, para acabar en Murcia.

     El 1 de marzo de 1935, se aprobó una ley Agraria de Manuel Giménez Fernández, de ACNP, el cual creó una Corporación Nacional Triguera, para evitar fluctuaciones en los precios, con el método de intercambiarse productos agrarios entre varias regiones españolas, a fin de que la abundancia en algunas se compensara con la escasez en otras. España es suficientemente diversa para hacer válida esta política.

     El Gobierno no se ocupó de introducir tecnología en el campo, precisamente porque en el campo había millones de personas en condiciones precarias, y no se atrevía a dejarlas sin trabajo. Se prefirió que España siguiera en el nivel tecnológico medieval. Además, los jornales eran muy baratos, y muchos trabajaban por la comida, así que a los empresarios tampoco les molestaba demasiado no maquinizar sus empresas. Los que lo pasaban bien eran los turistas europeos y norteamericanos, que podían observar en directo la vida del europeo de hacía cientos de años, con sólo desplazarse hasta España.

     El mayor problema para los propietarios fue la Ley de Laboreo Forzoso, que causó varios problemas sociales y no solucionó ninguno de los que ya había.

     Aunque parezca sorprendente, España se puso a exportar abonos químicos de potasa, pues la demanda exterior los requerían, y en España no se usaban. España necesitaba muchos abonos, pero se conformaba con una agricultura de tipo antiguo con muy poca productividad. Incluso disminuyó la importación de maquinaria agrícola.

     La superficie sembrada de granos aumentó un 2,6% durante la República, respecto a 1925, y el volumen de cosecha obtenida creció un 14% porque había más mano de obra y se trabajaba con más intensidad. Pero los rendimientos bajaban.

     Los salarios del campo bajaron mucho debido a la mayor oferta de mano de obra por emigración hacia el campo.

     La producción de carbón y de hierro se estaba recuperando, pero sólo se alcanzaban los niveles de 1932. También se recuperaba la producción de cemento, mercurio, textiles, metales, electricidad y alimentación.

     Con la recuperación de la confianza, las inversiones crecieron en un 75% respecto a 1934, y parecía que el desastre de octubre de 1934 estaba olvidándose. La semana laboral se amplió a 48 horas (44 en la construcción), y ello era un nuevo estímulo a la inversión. Las huelgas eran cada vez menos, quizás gracias a que los salarios subieron este año, aunque las huelgas dependían más de criterios políticos que de condiciones reales. Los precios se mantenían estables.

     Federico Salmón, Ministro de Trabajo, liberal y militante de CEDA, hizo en 22 de junio de 1935 una Ley contra el Paro, y suspendió por dos años el Impuesto Municipal sobre Licencias de Construcción, y ello dio como fruto el inicio de muchas obras. En Madrid se empezaron 2.345 edificios.    A la sombra de esta abundancia de trabajo en Madrid, muchos trabajadores se dieron de baja en UGT, la cual perdió el 60% de sus militantes.

     Los trabajadores estaban cansados de ser utilizados en política, pero acabar con esa situación no parecía fácil: los católicos creyeron que era el momento de sus sindicatos católicos, que decían que estaban al margen de la política, como si ello fuera posible. Y CEDA impulsó un Frente Nacional del Trabajo, que consiguió 62.000 afiliados en diciembre de 1935 entre trabajadores del campo castellano. La crisis de UGT era aprovechada para impulsar sindicatos de derechas.

     Un error del Gobierno republicano fue emprender muchas obras públicas sin tener dinero para afrontarlas. La solución fue emitir deuda pública. Los bancos estaban obligados a tomar esta deuda, y ello les causó graves problemas, pues estaban en descubierto. La teoría de que se podía intervenir en economía, no estaba siendo bien interpretada por los gobernantes republicanos. Ello significó que, tras desaparecer el crédito, la inversión privada disminuyó, y ello fue malo para la economía por concepciones erróneas del Gobierno, de tipo “socialista de clase”. Como además, se buscaba el equilibrio presupuestario, no había mucho dinero del Estado para gastar. Y lo peor fue que el socialista Indalecio Prieto no tenía ni idea de economía, y creyó que era como la política, donde se pueden hacer trampas y culpabilizar al contrario. En cuanto los inversores captaron la posibilidad de engaño, retiraron sus inversiones.

Otro error del Gobierno fue no cuidar lo suficiente del orden público, en aras a una pretendida libertad mal entendida. La actitud de Largo Caballero convocando huelgas, y exigiendo continuamente subidas de salarios para lograr la victoria del obrero sobre el empresario, era una estupidez política en tiempos de crisis de las empresas. Y cuando cambió el signo político del Gobierno y llegaron las derechas, creyeron que bajando los salarios se recuperaría la empresa, sin darse cuenta de que eliminaban la demanda, una vez que los asalariados estaban al límite de supervivencia. De nuevo la ideología se impuso sobre los criterios económicos.

     La política agraria de Manuel Giménez Fernández, Ministro de Agricultura intentó ser reformista, pero dentro del reformismo católico, y ello terminó en la nada: en marzo de 1935, Giménez hizo una ley agrícola que alargaba los arrendamientos para que fueran a más largo plazo y en la que los propietarios debían indemnizar a los arrendatarios por la mejoras introducidas en la finca y en las edificaciones a su servicio, y también prohibía vender sin acuerdo del arrendatario. La ley daba al propietario la posibilidad de aceptar la ley, o tomar el cultivo directo de la finca, y lo que ocurrió fue que muchos propietarios desahuciaron a sus arrendatarios. Ley de Protección de Yunteros. Ley de Arrendamientos Rústicos. Ley de Acceso a la propiedad.

     Esta ley se complementaría con otras de agosto de 1935 dando posibilidad al arrendatario para que comprara las fincas, pero tampoco concretaba cuáles y, al final se interpretó como “las fincas que quisiera ofrecer el propietario”. Como el campesino no quería entrar en procesos de endeudamiento y pagos de renta sin saber si al final iba a ser propietario, como ya había ocurrido antes, no sirvió de nada.

     La tercera ley agraria importante fue de noviembre de 1935 que imponía a los propietarios de Extremadura la obligación de arrendar las fincas que no tuvieran cultivadas.

     Estas leyes agrarias deshacían la Reforma Agraria socialista de Largo Caballero.

     En cuanto a la banca, desde 1920 se estaba funcionando en el sistema de “Banca Mixta” por la que los bancos ya no sólo se dedicaban a los préstamos a particulares y al Estado, sino que también hacían inversiones industriales. Los bancos españoles dedicaban el 25% de sus activos a fondos industriales. Tenían miedo a invertir demasiado en ello y preferían la deuda pública, a la que consideraban más segura. La evolución de las inversiones bancarias fue así:

                    1921             1931        1934

en industria       409 millones   806 millones    867 millones

comerciales         610           835             928

en efectos públicos 671         1.343           1.737

     El 11 de junio de 1935, Chapaprieta entendió que no llegarían capitales a España si no se agilizaban los cobros a los inversores extranjeros. El procedimiento de esperar a que el Estado tuviera divisas, autorización de exportarlas, y realización del negocio, hacía todo muy lento. Y decretó el derecho de transferencia al exterior de los rendimientos de las inversiones extranjeras. La medida se completó el 8 de noviembre de 1935 con el permiso de exportación de capitales cuando los propietarios eran extranjeros. Pero ni aún así, Chapaprieta logró estimular la inversión exterior en España. La causa era que se preveía una devaluación de la peseta, y no convenía arriesgar cuando se podría comprar más barato poco tiempo después.

     Lo que estaba pasando fue formulado por Keynes en 1936 en la Teoría General: que la inversión dependía de las expectativas de ganancia, y no de otros factores como el precio del dinero o el cambio de la moneda. La teoría de Keynes confirmaba que muchas cosas “heterodoxas” que se habían hecho en España estaban bien. Las políticas expansivas monetarias y fiscales eran aceptables, si se reactivaba la economía con ello.

         Crisis en los partidos políticos en 1934.

     Otra crisis, además de la económica, se mostró en cada uno de los partidos políticos:

     El Partido Republicano Radical se escindió en radicales de Alejandro Lerroux, oportunistas al servicio del personalismo de su líder, y radicales-demócratas de Martínez Barrio, que se oponían a colaborar con CEDA.

     CEDA también se rompió, porque Comunión Tradicionalista y Renovación Española, la extrema derecha monárquica, se negaba a la colaboración en Gobiernos republicanos.

     PNV exigía su Estatuto de Autonomía.

     Los catalanistas sufrieron la muerte de Macià, en 1933, y le sustituyó Companys, el cual amenazaba con una sublevación catalana si no se le concedía el Estado Federal, la República Federal.

     Y todos estaban creando sus grupos paramilitares y juventudes nacionalistas.

     En 1933, el jefe de los «escamots», milicianos catalanistas creados en 1922, era Miquel Badía, colaborador directo del Conseller de Gobernación Josep Dencás. Preconizaban la violencia y vestían camisa verde oliva y pantalón de pana caqui. El 22 de octubre de 1933, 6.000 escamots, de ambos sexos, desfilaron en Montjuich frente a Macià. Fueron muy importantes en los sucesos de octubre de 1934. El 28 de abril de 1936, Miquel Badía y su hermano José Badía, fueron asesinados por desconocidos, unos dicen que por fascistas españolistas y otros que por anarquistas.

         Mantenimiento de las Leyes religiosas.

     Las medidas religiosas de 1932 como la disolución de la Compañía de Jesús el 23 de enero, Ley del Divorcio y de Secularización de los Cementerios de febrero y de Supresión del Crucifijo en las escuelas públicas en marzo de 1932, a pesar de las muchas emociones contrarias suscitadas por estas leyes, no fueron abolidas por el Gobierno católico CEDA de 1933.

              Alianza Obrera.

     El 6 de diciembre de 1933 se había conformado una Alianza Obrera de Cataluña, integrada por UGT, Federación Catalana del PSOE, Izquierda Comunista de España, Bloque Obrero y Campesino BOC, Federación Sindicalista Libertaria, Unió de Rabassaires, y sindicatos expulsados de CNT. CNT era quien se quedaba fuera por voluntad de los demás de no admitirla. El hombre fuerte era Maurín.

Alianza Obrera pretendía unir a los obreros catalanes contra los movimientos fascistas, y llegar a conquistar el poder para los obreros. La política de todos los obreros contra CNT, se romperá en Asturias el 31 de marzo de 1934, lo cual llevó a la huelga de octubre. Luego, en 1935, el PSOE ya no apoyará las alianzas obreras que proponía el PCE.

     La Alianza Obrera de Maurín buscaba la unidad de acción de los diversos grupos obreros comunistas españoles. Defendía que la revolución democrática nunca se produciría en España, pues las fuerzas conservadoras eran muy fuertes y, en esa situación, no cabía a los comunistas otro camino que la revolución obrera. No era posible el gradualismo hacia el socialismo. Enseñaban que España era una sociedad capitalista, dividida entre burguesía y proletariado, en la que la burguesía había renunciado a su papel de lograr la revolución liberal hacía una democracia burguesa, porque estaba cómoda en esa posición dominante. Por eso, era preciso dar un paso adelante mediante una revolución democrático socialista.

El Bloque Obrero y Campesino había nacido en Cataluña en 1931, como Bloc Obrer i Camperol, concretamente en Tarrasa el 1 de marzo de 1931, como fusión de Partít Comunista Català (Jordi Arquet, Víctor Colomer, Joan Farrè Gassò, Josep Rodes y Josep Coll), con Federación Catalano Balear del PCE (Joaquín Maurín, Pedro Bonet, Daniel Rebull Cabrè alias David Rey). Se oponían a la dictadura estalinista sobre todos los partidos comunistas del mundo. El grupo de Federación Comunista Catalano Balear rompió con el PCE para integrarse en BOC, y aportó unos 4.500 militantes al nuevo partido.

     Alianza Obrera tuvo muy buena acogida en Cataluña, e inmediatamente reunió a todas las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, excepto a CNT, y se extendió por Valencia, Madrid y Asturias (donde colaboraban con los CNT). Alianza Obrera tenía muchas bases en Cataluña, que mostraba un comunismo muy especial en España, pero no tenía infraestructura suficiente en toda España, lo que le condujo al fracaso de la huelga-revolución de 1934.

     Como Cataluña era también el núcleo más importante del anarquismo español y el principal núcleo industrial de España, sus actividades políticas debían ser tenidas en cuenta en toda España.

     Joaquín Maurín Juliá provenía del anarquismo y había sido maestro de escuela. En 1924 se había incorporado a la Federación Comunista Catalano Balear FCCB, y desde el principio criticó la norma del Comintern de seguir ciegamente los dictados salidos de Moscú. Tras esta declaración, la FCCB fue expulsada del PCE, lo cual era grave, pues este grupo representaba la mitad de los militantes comunistas de España. En 1931, FCCE integró al Partit Comunista Catalá, un grupo diminuto dirigido por Jordi Arquer, y la agrupación se llamó Bloc Obrer i Camperol, BOC.

     El error básico de Maurín era considerar que en la sociedad española no había más que burguesía y proletariado, lo cual es una simplificación que viene bien a una teoría preconcebida. Y de un error de base como ése, llegaba a conclusiones absurdas, como que Azaña era un contrarrevolucionario burgués. Pero también llegó a la idea de que la misión del BOC era crear un “frente obrero”, o frente popular como se diría en 1936, capaz de luchar contra todas las fuerzas contrarrevolucionarias. Por eso, creó Alianza Obrera.   Una sorpresa para Maurín fue que PSOE rechazó la colaboración con Alianza Obrera. Pero la posición del PSOE cambió tras las elecciones de noviembre, porque el PSOE no tenía presencia en Cataluña y pensaba utilizar Alianza obrera para hacerse presente en el núcleo socialista más importante de España, que era Cataluña. Tal vez pudiera introducir así a PSOE y a UGT.

     En 1934, Alianza Obrera no progresó en Cataluña. Pero provocó una crisis en el PSOE: el PSOE no se aclaraba en si debía colaborar con otras fuerzas políticas o llevar a cabo la revolución en la que el proletariado tomaría el Estado. El PSOE entró en crisis entre los caballeristas que pedían colaborar, e ir juntos a la revolución, y los centristas de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, que defendían la independencia del PSOE a toda costa. Hubo una propuesta de colaboración en un posible Gobierno de Felipe Sánchez Román, septiembre de 1933, en la que votaron a favor Largo Caballero y Fernando de los Ríos, pero se opusieron Indalecio Prieto y Pascual Tomás. El caso de Pascual Tomás era muy significativo, porque era un caballerista que votó con los centristas del PSOE en este caso concreto, lo que demuestra la poca seguridad de ideas que el PSOE tenía en ese momento.

              Izquierda Comunista Española.

     El otro grupo comunista importante de Cataluña era Izquierda Comunista Española, de Andreu Nin, Juan Andrade, García Palacios, Loredo Aparicio, y Enrique Fernández Sendón alias Fersen, fundado en 1930, de tendencia trotskista, es decir, contrario al autoritarismo de Stalin, y partidario de que cada país encontrara su propio camino a la revolución, lo que llamaban “volver al espíritu de la revolución de octubre” en Rusia.

     Andreu Nin era también maestro en El Vendrell, y se había afiliado al PSOE en 1911, y había sido Secretario de FJSE. Se decepcionó ante la teoría gradualista de Pablo Iglesias y Besteiro, y en 1919 se pasó a CNT, a los que veía más activos en la revolución. En 1921 fue a Moscú y asistió al Congreso de Sindicatos Obreros de la Internacional Roja, Profintern, la cual le nombró Delegado para Berlín. Más tarde, Nin se acercó a las tesis de Trotsky de que cada país encontrara su propia vía a la revolución comunista, y fue expulsado del Profintern en 1928. Pero se quedó en la URSS hasta 1930. En esa fecha regresó a España y Fundó Oposición Comunista Española, OCE, grupo que evolucionó a Izquierda Comunista de España, ICE, de inspiración trotskista.

     Los católicos en octubre de 1933.

     Del 15 al 22 de octubre de 1933, se celebró la VII Semana Social en Madrid. La patrocinaban Ángel Herrera y los ACNP. Las Semanas Sociales habían sido una idea del Padre Vicent, bien recibida por Claudio López II Marqués de Comillas. Habían funcionado hasta 1912 y habían decaído. Se retomaron en 1932 en Democracia Cristiana de manos del sacerdote Maximiliano Arboleya Martínez, el cual esperaba poner en colaboración este organismo con Acción Católica. En 1933, Ángel Herrera decidió colaborar con Arboleya, y organizaron la Semana Social de Madrid. Asistieron a ella todos los arzobispos de España, lo cual no les costaba mucho esfuerzo pues se estaba celebrando en Madrid la Conferencia Episcopal anual. El ambiente era muy especial, con ánimos enardecidos, pues estaban próximas las elecciones de noviembre de 1933.

     El obispo de Oviedo Juan Bautista Luis Pérez y Ángel Herrera Oria, impusieron como Presidente de la Semana Social a Severino Aznar. Y fue Secretario Pedro Sangro y Ros de Olano. Pero los integristas católicos, sobre todo obispos y empresarios, redujeron el protagonismo de Arboleya a la mínima expresión.

     En 1934 hubo otra Semana Social en Zaragoza, y no hubo más Semanas Sociales, pues la proyectada para 1936 ya no pudo celebrarse, y luego empezó la guerra.

     Maximiliano Arboleya Martínez, 1870-1951, fue un sacerdote asturiano que en 1901 entró en contacto con los mineros de Hullera Española en el concejo de Aller. La mina era propiedad del ultracatólico Marqués de Comillas. El marqués le contrató para dar un ciclo de conferencias, y le despidió tras dar la primera de ellas, en la que habló de un sindicalismo obrero independiente de los empresarios y de los obispos, así como de los partidos. Arboleya denunciaba la presión que ejercían los patronos sobre los obreros a través de supuestas obras sociales, como becas para los hijos, y primas para los buenos trabajadores que se sometieran a las condiciones patronales. En 1912, Hullera Española le volvió a llamar, con igual resultado. Y en 1913, Arboleya creó su propio sindicato independiente, que se convirtió en el enemigo a batir, tanto por los ugetistas que perdían a sus fieles luchadores, como por los obispos y empresarios católicos que perdían a los suyos. En 1916, fueron los obreros los que llamaron a Arboleya, y empezó una lucha desigual de todos, obispos, empresarios ugetistas y cenetistas, contra el grupo de Arboleya. Incluso los “buenos católicos” le denunciaron ante el Papa. Nunca superó los 2.500 afiliados, a pesar de obtener el apoyo del obispo de Oviedo Juan Bautista Luis Pérez.

     El 19 de noviembre de 1933, tras el triunfo de la derecha en España, las declaraciones del Papa sobre los Gobiernos españoles, se moderaron. En ese momento, Europa evolucionaba hacia los fascismos. Los católicos españoles más extremistas, los integristas, se sentían apoyados por los movimientos fascistas, porque el fascismo luchaba contra los sindicatos marxistas. En 1933, la Iglesia no tenía un criterio político claro ni sobre el fascismo ni sobre el socialismo. Sus decisiones eran dispares y dubitativas.

     En cuanto a cómo veían los españoles a la Iglesia, debemos tener en cuenta que la mayoría de los políticos españoles eran católicos, y Alcalá-Zamora y Miguel Maura eran muy católicos. Luis Nicolau d`Olwer del Partit Nacionalista Republicá, era católico. Lerroux era un republicano moderado que procuraba no hacer demasiado daño a la Iglesia. Fernando de los Ríos no era creyente, pero era cortés con la Iglesia. Álvaro de Albornoz era anticlerical. Marcelino Domingo era anticlerical. Manuel Azaña no simpatizaba con los privilegios de la Iglesia. Casares Quiroga era un contemporizador, según sacase ventajas, o no, para Galicia. Martínez Barrio era Maestre del Gran Oriente Español, contrario a la Iglesia. Largo Caballero era imprevisible, según le conviniera a su liderazgo sobre los obreros y al éxito de las huelgas que convocaba. Indalecio Prieto odiaba a la Iglesia.

En diciembre de 1933 se trató de un posible Concordato con Roma. Ya en 1931, Alcalá-Zamora y Alejandro Lerroux habían hablado de hacer un Concordato para pacificar los espíritus y salvar la Constitución. Y en 1933, Tedeschini retomó la idea de entablar una negociación. Le contestó el Ministro de Estado, Leandro Pita Romero en diciembre de 1933. Tedeschini quería obtener un valor jurídico para el matrimonio católico, pero Pita no estaba de acuerdo en ello. El Gobierno de España quería corregir algunas cosas de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Pita Romero estaba apoyado por Gil Robles, CEDA; Martínez de Velasco, Agrarios; Francesc Cambó, Lliga; y Alejandro Lerroux, Partido Republicano Radical. Con ello, podía contar con 279 diputados de los 471 existentes, y podía esperar el voto positivo de 51 católicos del Partido Conservador, Partido Progresista, PNV, e independientes. Tedeschini estaba esperanzado. Y Cambó presentó a Pita Romero ante el cardenal Vidal y Barraquer.

El gran problema era apaciguar a la extrema derecha católico integrista. En ello estaban el Secretario de Estado, Eugenio Pacelli; el Nuncio, Tedeschini; el líder de CEDA, José María Gil Robles; el periodista católico Ángel Herrera; el arzobispo de Tarragona Vidal i Barraquer; y el arzobispo de Sevilla Eustaquio Ilundáin. La extrema derecha católica se sabía manipulada, e intentó quitarse a los que pretendían moderarla, y enviaron a Roma un documento lleno de axiomas extremistas: Es posible que debiera haber distancia entre política y religión, pero en España, eran inseparables la religión y la patria; la República Española estaba siendo posible por el apoyo de los enemigos de la Constitución republicana, socialistas de izquierda que quieren destruirla, masas moderadas de derechas que quieren transformarla y separatistas que quieren destruir la nación. Entre todos, han creado dos mitos falsos: la solera de un republicanismo histórico; y la voluntad popular republicana y pacífica.

Decían que, efectivamente, la religión estaba en crisis por tibieza de la fe, por falta de una sólida piedad, por falta de formación de la conciencia católica, y por desidia y cobardía. Porque la izquierda había traído división de las clases sociales, separatismos, y ruptura de la conciencia religiosa. Pero los españoles simpatizan con el cardenal Segura, y con la Compañía de Jesús.

Y por fin, los ultraderechistas lamentaban que se hubieran abandonado los sentimientos de unidad nacional, y el respeto a las instituciones como el Primado de España y la Compañía de Jesús.

Las discrepancias dentro del catolicismo.

     Los católicos liberales excluyeron de Acción Católica a la Confederación Nacional Católico Agraria, CONCA, y a otros sindicatos obreros, porque algunos sacerdotes defendieron que Acción Católica debía ser exclusivamente religiosa, y no laboral. Así, se podría dedicar al proselitismo católico. Los miembros de CONCA, podían ser simpatizantes y colaboradores de Acción Católica, es decir, cotizantes.

     Por otra parte, los obispos de Castilla-León, casi todos conservadores de derechas, crearon muchos sindicatos profesionales. Cada uno se dotó de un Consiliario que se ocupaba del tema. Pero el asunto estaba tan mal concebido, que fracasaron todos. Los obreros quieren que se les resuelvan los asuntos laborales, y no se conforman con misas y rosarios, y teorías de aceptación de los males.

     El dominico José Domingo Gafo, propuso al obispo de Madrid y al arzobispo de Tarragona, el separar los sindicatos católicos y las asociaciones estudiantiles, que eran aspectos profesionales, de los asuntos religiosos, que eran cuestiones de conciencia. Tenía una visión clara del fracaso que estaban sufriendo los católicos: los asuntos profesionales no podían ligarse con los problemas de la Iglesia Católica. No se podía utilizar a los obreros para problemas de la jerarquía católica. Como profesionales, debían actuar al margen de la Iglesia. Como católicos, acudirían a seminarios de formación, y a actos religiosos organizados por los Consiliarios.

     La mayor oposición al proyecto de Gafo provino de los jesuitas. Los jesuitas ya controlaban los movimientos obreros y los movimientos cristianos, y les parecía redundante la postura de Gafo, o tal un ataque a su actuación y un intento de desplazarles de la dirección de la conciencia política de los católicos. Y Gafo fracasó.

De todos modos, los sindicatos católicos nunca habían triunfado en España, pues los obreros creían en los sindicatos marxistas y anarquistas que defendían cuestiones concretas laborales. Los sindicatos católicos sólo tenían seguidores en las zonas rurales, donde los sindicados eran muchas veces pequeños propietarios, y no eran un sindicato obrero propiamente dicho. Pero en 1935, surgió un recelo contra UGT y CNT, y entonces, algunos Sindicatos Libres se fusionaron con sindicatos católicos y apareció Confederación Española de Sindicatos Obreros, CESO. Esta organización no tuvo tiempo de implantarse, pues desapareció en febrero de 1936 tras el triunfo del Frente Popular.

     El 15 de abril de 1934, Vidal i Barraquer envió al Secretario de Estado de El Vaticano un “Modus Vivendi” de la Iglesia con el Estado español, que podía ser un paso adelante hacia un proyecto de Concordato.

El Modus Vivendi de abril de 1934, era un documento preparado por tres cardenales y sus asesores: Vidal i Barraquer; Josep Oriol Anguera de Sojo por Tarragona; y Manuel Giménez Fernández por Sevilla. La convivencia se debía basar en los siguientes puntos: Respeto a la religión, libertad de las prácticas religiosas, no necesidad de autorización previa para los actos normales de culto y para los entierros católicos, y aceptación de la voluntad expresada por el difunto para ser enterrado en sagrado. El matrimonio católico se celebraría en presencia de un delegado judicial que levantaría acta de los consentimientos, y ya no haría falta una ceremonia civil posterior. La designación de obispos la haría la Santa Sede, previa consulta al Gobierno de España, para que los candidatos no tuvieran objeciones. Los obispos jurarían fidelidad al Presidente de la República. Los beneficiados y cargos superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, habrían de recaer necesariamente sobre españoles. El nombramiento de párrocos se notificaría previamente al Gobierno. La Prelatura Nullíus de Ciudad Real pasaría a ser diócesis sufragánea de Toledo. La Prelatura de Madrid-Alcalá se convertiría en el arzobispado de Madrid sufragáneo del de Toledo. La Santa Sede se reservaría el poder erigir prelaturas nullíus sufragáneas de las respectivas metropolitanas. Las grandes circunscripciones eclesiásticas sólo se modificarían con previo acuerdo con el Gobierno. Las Órdenes y congregaciones religiosas y las personas jurídicas de derecho canónico, serían reconocidas por el Gobierno de España, tanto las ya inscritas, como las que se inscribieren en el futuro. El Estado garantizaría el derecho de asistencia espiritual a las personas en establecimientos públicos de beneficencia y penitenciarios, y en el ejército. La enseñanza pública respetaría los sentimientos religiosos de los alumnos, y les concedería tiempo para asistir a los actos religiosos. Los obispos y el clero secular podrían abrir instituciones de enseñanza que aceptaran someterse a las leyes del Estado. Los religiosos que cumplieran la legislación general podrían enseñar en centros privados y en centros oficiales del Estado. Los centros de enseñanza regentados por seglares estarían sometidos a las leyes del Estado y a la inspección de la Iglesia. El Clero regular y el secular podrían tener instituciones específicas de formación de sus miembros, y enseñarían obligatoriamente lengua española, historia de España y la lengua de uso común en el territorio en que estuvieran enclavados. Las instituciones benéficas de la Iglesia seguirían el mismo régimen que otras instituciones privadas. Cuando un Instituto religioso prestase servicios en una institución benéfica pública, tendría derecho a estipendio. El Estado subvencionaría las Misiones a Extranjeros, la custodia de Tierra Santa, y los Vicariatos Apostólicos en Marruecos y Fernando Poo. Los sacerdotes y religiosos cumplirían el servicio militar en trabajos misionales o culturales en las Misiones, Tierra Santa o Vicariatos de Marruecos y Fernando Poo. El Estado respetaría las donaciones hechas a la Iglesia. En cada provincia se crearía una Comisión dedicada a la conservación y catalogación del patrimonio artístico e histórico de la Iglesia. Se negociaría la cancelación de las obligaciones del Estado para con la Iglesia, contraídas por el régimen anterior al 14 de abril de 1931. Sólo los bienes rentables de la Iglesia serían sometidos a tributación. Las aportaciones de los files a la Iglesia, estarían exentas de tributación. Las ventas de bienes privados de la Iglesia y de las Congregaciones, no necesitarían autorización previa.

     El Modus Vivendi incluía también: eventuales aportaciones del Estado a archivos y bibliotecas de la Iglesia; reconocimiento de los derechos adquiridos por los sacerdotes que ya estaban en nómina antes de 1931, y el mantenimiento de relaciones diplomáticas entre España y El Vaticano; normas sobre el servicio militar de los clérigos y sobre la actuación política de los clérigos; apoyo del Estado cuando la Iglesia tomara medidas canónicas contra “clérigos decaídos”. Apoyo a las Pías Fundaciones de la antigua Casa Real.

El 7 de mayo de 1934, llegó al Palacio de España en Roma (Embajada de España), Pita Romero. Y unos días antes habían llegado Luis Carreras y Antonio Vilaplana con intención de preparar a los negociadores de la Secretaría de Estado Vaticana, que eran Alfredo Ottaviani y Giuseppe Pizzardo, ambos partidarios de negociar. A este grupo se sumaron: el Encargado de Negocios de la Embajada española, García Comín; el embajador de España en Roma, Gómez Ocerín; el dominico Manuel Suárez, decano de la Facultad de Derecho del Ateneo Angelicum, Consultor de las Sagradas Congregaciones Orientales, Consultor de Sacramentos, Consultor del Concilio…

Alejandro Lerroux pidió una entrevista a Pacelli, y el Nuncio dio su visto bueno a la petición. Pacelli iría a ver al Secretario de Estado, Pita Romero. España exigía respeto a la Constitución Española.

El 8 de junio de 1934, a las 22:00 horas, se vieron Pita Romero y Luis Carreras, cuando iban a visitar al cardenal Pacelli. Estuvieron reunidos dos horas. También estuvieron allí: el conde de Bulnes que era Cónsul General de Génova; y Antonio Villasante que era doctor por Santiago de Compostela. Pacelli pidió al Gobierno español pruebas de desagravio.

En la reunión de junio de 1934, la Santa Sede no quiso pronunciarse en nada, como es habitual en su política. El Vaticano deja pasar el tiempo y observa cómo reacciona la gente, los Gobiernos, las potencias… Tampoco quiso avanzar propuestas que denunciasen su postura. Se limitó a pedir a Pita Romero que le avanzase las ideas del modus vivendi de 15 de abril de 1934. La actitud de la Iglesia no era de cooperación, y las negociaciones se prometían muy difíciles. La Iglesia culpabilizaba a los políticos españoles y a la Constitución de 1931, y pugnaba por presentarse como una víctima en todo, y en todos los momentos. Y por ello, el fracaso de aquellas reuniones era lo previsible.

La explicación de todo esto es que había muchos españoles que no querían acuerdos entre España y El Vaticano, y habían hecho llegar sus opiniones a Roma, y Pacelli las había aceptado. La táctica fue tomar actitudes dilatorias. Muchos de la colonia española en Roma eran ultracatólicos, y estaban en la cuestión.

Pacelli ya tenía en su poder el Modus Vivendi de Vidal i Barraquer desde hacía tiempo, y pedir que se lo explicaran era un sinsentido, o más bien una táctica. Luego amenazó con que pronto se iría de vacaciones de verano y no le quedaba tiempo para seguir hablando. Y cuando le planteaban una cuestión, decía que “era una cosa grave que debía ser tratada por separado y en profundidad”. Es decir, no quería negociar. Cuando Pita Romero rechazó la validez del matrimonio religioso, la cuestión fue decisiva como excusa para romper aquellas conversaciones.

A principios de septiembre de 1934, Pita Romero preguntó si El Vaticano tenía deseos de negociar, o estaban perdiendo el tiempo. Y les dijo que manifestasen qué querían los delegados de El Vaticano. Entonces Pacelli complicó más aún la cuestión diciendo que el asunto era muy complicado, y que Pita Romero debía reducir el número de los puntos de acuerdo eliminando las cuestiones que les enfrentaban, y presentar un texto más corto. Naturalmente, Pita Romero comprendió que le estaban tomando el pelo, y se marchó a España. Se quedó en Roma García Comín, a la espera de un Memorandum de la Secretaría de Estado Vaticana, que se fechó el 10 de septiembre de 1934 y se recibió en la Delegación española el 13 de septiembre de 1934. Hasta para entregar el Memorandum iban lentos los redactores de El Vaticano, y tardaron tres días. El Memorandum decía que España no ofrecía las reparaciones pedidas por El Vaticano, que la Iglesia no aceptaba pedir permiso para realizar actos de culto, y que no veían ventaja alguna para la Iglesia en aquel documento. Pero la Iglesia no rompía relaciones con el Estado Español, ni rompía las negociaciones, y no era la responsable de aquellos problemas de que estaban hablando, sino la víctima. Es decir, esperaban que rompiera relaciones el Estado español y aparecer como víctimas.

Aquello tenía mucho de falsedad. De hecho, el 2 de septiembre de 1934, Vidal i Barraquer ya conocía el documento de 13 de septiembre siguiente. Y ese día se puso al habla con Pacelli, con el Presidente de la República y con el Arzobispo de Sevilla para pedir que no hubiera una ruptura total y se provocase con ello la violencia. Vidal i Barraquer le dijo a Pacelli que un cambio en la Constitución española sólo sería posible a partir de fines de 1935, cuando hubiese nuevas elecciones, y mientras tanto le aconsejaba convivir con el Gobierno español y salvar lo salvable. Le advirtió que una ruptura de negociaciones le podía resultar malo a todas las partes. Le estaba dando buenos consejos, que Pacelli no estaba dispuesto a seguir.

     Auge del fascismo en Europa en 1933.

     En cuanto a política internacional, hay que tener en cuenta que el ascenso de Hitler a la Cancillería alemana es de enero de 1933, y que Dollfus establecía una dictadura socialcristiana en Austria en febrero de 1934, con lo cual varias naciones se unían al sistema fascista inaugurado por Mussolini en Italia en 1923.

     El 1 de enero de 1933 había empezado el Gobierno de Adolf Hitler en Alemania y el populismo estaba de plena moda. Se despreciaba a los no violentos, y se aceptaba la violencia como una virtud: la hombría, el valor, la virtud, se confundían con los valores sociales tradicionales europeos de equilibrio, diálogo, y atención a las minorías.

     En febrero de 1934, Dollfuss llegó a canciller en Austria. Dollfuss era un católico nazi que no dudaba en asesinar a los socialistas que protestaban. El confusionismo entre católicos y nazis se prolongaba mucho.  Austria suprimió el Parlamento y el Partido Socialista.

                   CEDA.

     La Confederación Nacional de Derechas Autónomas, CEDA, era una coalición de pequeños grupos agrarios españoles: Derecha Regional Valenciana de Luis Lucia Lucia y José Duato Chapa; Unión Agraria Provincial de Albacete, de Pedro Acacio Sandoval y Francisco Jiménez de Córdoba Arce; Derecha Regional Agraria de Cáceres y Plasencia; Unión de Derechas Independientes de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda; Acción Agraria Manchega (Ciudad Real); Unión Navarra, de Rafael Aizpún; Acción Popular Catalana (Barcelona); Unión Regional de Derechas (La Coruña); Acción Agraria y ciudadana (Cuenca); Unión de Derechas (Granada); Acción Regional Agraria y Ciudadana (Guadalajara); Acción Agraria (León); Acción Agraria Riojana, de Ángeles Gil Albarellos, Tomás Ortiz de Solórzano Ortiz de la Puente, y Antonio Arnedo Monguilán; Unión de Derechas y Agrarios (Lugo), de José Benito Pardo Pardo, y Luis Rodríguez de Viguri; Unión Católica Asturiana; Unión Regional de Derechas de Pontevedra; Derecha Autónoma Salmantina; Bloque Agrario Provincial de Soria; Unión de Derechas de Baleares, de César Puget Piquer y Tomás Salort de Olives.

     La idea de un gran partido agrario de derechas había salido de Luis Lucia Lucia, el cual convocó un Congreso en Madrid del 27 de febrero al 2 de marzo de 1933, y cuajó el nuevo partido o coalición. Sus fines eran proteger los valores cristianos de religión familia y propiedad.

     Eligieron como líder al abogado católico José María Gil- Robles Quiñones, el cual detestaba la democracia popular, porque iba a la irracionalidad al poner las decisiones de Estado en manos de la masa. Admiraba a Mussolini y a Hitler, que anulaban a las masas constituyéndose líderes de ellas. Y creó Juventudes de Acción Popular, JAP, como grupos de acción y defensa contra los grupos juveniles anarquistas, socialistas y comunistas. Estos grupos juveniles, le exigieron actitudes cada vez más belicosas contra el marxismo, y a partir de 1934, se fueron pasando a Falange Española. No eran grupos fascistas en principio, pero acabaron casi todos en el fascismo.

     En las elecciones de noviembre de 1933, CEDA obtuvo 113 Diputados, la minoría más grande del Congreso, pero no estaba preparada para asumir ese éxito, pues le faltaban cuadros intelectuales para ello. El PRR sacó 102; el PSOE, 59; el Partido Agrario, 30; Lliga, 24; Comunión Tradicionalista, 20; y muchos menos Diputados los demás. Y los partidos tradicionales, veían en Gil Robles una puerta abierta al fascismo. El resultado fue que Alcalá-Zamora prefirió entregar el Gobierno a la fuerza segunda en escaños, el PRR.

         Los sindicatos obreros marxistas en 1933.

     Los sindicatos obreros marxistas eran revolucionarios por encima de ser organizaciones al servicio del obrero. Eran muy fuertes a fines de 1933, y la política del Gobierno era rechazada sistemáticamente por ellos, más que nada para preparar condiciones para la revolución. Los sindicatos hacían las habituales funciones laborales, pero ante todo, eran delegaciones de dirigentes políticos y eran usados para hacer política, a veces en contra de los intereses laborales. Las dimensiones de UGT eran muy grandes, y parecía que sus líderes podían conseguir cualquier cosa: En Guipúzcoa, UGT tenía afiliados a 36.174 trabajadores, que eran el 79% de los obreros de esa provincia; En Asturias, UGT tenía 38.491 afiliados, que eran el 62% de los trabajadores; en Madrid, UGT tenía 134.426 afiliados, que eran el 55% de los trabajadores de la provincia; y en Vizcaya, UGT tenía 58.534 afiliados, que eran el 47% de los trabajadores. Representaciones menos significativas eran las de Barcelona, donde sólo tenía 78.600 afiliados, el 25% de los trabajadores, y Sevilla con 298.056 afiliados que eran el 25% de los trabajadores.

     Los partidos de izquierda de los años treinta, no buscaban mejorar las condiciones de vida puntuales del trabajador, sino la gran revolución que entregaría el poder a los trabajadores. Y como es imposible que los trabajadores asuman las funciones del Estado, que son complejas, en realidad, el poder iría a políticos y sindicalistas profesionales que vivían de la política. Las declaraciones de los personajes y periódicos de la izquierda en esta época, deben ser interpretados en este ambiente sesgado y revolucionario.

     PSOE-UGT resultaban atractivos para los trabajadores manuales de clase media. Éstos pensaban que les venía bien el apoyo del Gobierno, y confiaban en que Largo Caballero les iba a dar lo que les prometía: salarios altos, mejoras en las condiciones de trabajo, y poder para los obreros.

     En esta política de falsedades, de cara a obtener el máximo apoyo político de los trabajadores, Julián Besteiro discrepaba: no consideraba moral el prometer lo que no se podía dar. Besteiro se negaba a comprometer la política del PSOE en promesas falsas, y se convirtió en enemigo de Largo Caballero. Pero le traicionaba su pasado de colaboración con Primo de Rivera, cuando él y Largo Caballero, había preferido dar puestos de trabajo y colaborar con la dictadura. A partir de 1931, Besteiro fue apartado de la toma de decisiones en PSOE y UGT, mientras Largo Caballero seguía con sus promesas de tierra y trabajo para todos. Las Leyes de Largo Caballero, utópicas y agresivas, atrajeron a los obreros, y éstos abandonaron a Besteiro en su moderación y en su falta de determinación.     Besteiro pensaba que la clase trabajadora estaba inmadura para asumir el Gobierno, una responsabilidad que requiere conocimientos y moralidad. Largo Caballero, más ignorante, pensaba que los ignorantes estaban perfectamente preparados para todo. Y Largo Caballero acusó a Besteiro de falta de colaboración y falta de entusiasmo para con la clase obrera en el momento en que era posible la revolución del proletariado. Incluso en 1936, Besteiro tenía sus dudas de si se debía colaborar con los comunistas y anarquistas en una revolución del proletariado, cosa que Largo Caballero tenía muy claro que sí.

     En la demagogia de Largo Caballero, se hizo entender al pueblo español que “república” era el proceso de evolución desde la “democracia burguesa” a la “democracia socialista”. La primera se había caracterizado por la explotación del obrero por los empresarios. La segunda era la asunción del poder por los obreros y el reparto definitivo de la riqueza. La táctica a seguir sería dejar a los republicanos fracasar, asaltar el poder desde PSOE-UGT, y hacer la transformación hacia el socialismo, sin contar con la mochila que tenía el PCE en cuanto a la dependencia del Comintern. En un momento dado, se reuniría una asamblea conjunta del Comité Ejecutivo del PSOE y de los parlamentarios socialistas, y tomarían el poder.

     Ante esta postura maximalista, Besteiro llamó la atención de los socialistas españoles, y les dijo que estaban incurriendo en una contradicción al colaborar en el Gobierno de 1932. Si pensaban hacer la revolución, debían interrumpir su colaboración en el Gobierno de la República e iniciar el proceso revolucionario. Se organizó un gran follón en el Congreso del PSOE, y se puso a votación si se abandonaba el Gobierno. Besteiro, como es natural, votó no abandonar. Los partidarios de no abandonar ganaron esa votación. Los intelectuales socialistas y ugetistas no entendían nada de lo que estaba pasando.

     ¿Por qué los socialistas y ugetistas votaron en contra de abandonar el Gobierno? La respuesta más probable era que muchos de ellos vivían en puestos políticos como concejalías y jurados mixtos, Ministerios y obras públicas… y creían que perderían esos puestos de trabajo si abandonaban. El PSOE estaba corrompido por dentro. Besteiro no tenía ninguna oportunidad de ganar.

     Con las leyes de Largo Caballero, los socialistas y ugetistas se habían acostumbrado a alzas de salarios que en promedio alcanzaban el 20% anual. Y ello no pasó desapercibido a los teóricos. Los puristas empezaron a pensar que los obreros se estaban aburguesando, y que nunca harían la revolución socialista, mientras pudieran subirse los salarios a ese ritmo. Y los más afortunados, eran colocados por Largo Caballero en los Consejos de Administración de las grandes empresas con salarios exorbitantes. Largo Caballero se convirtió en un titán defensor de los obreros.

     El PSOE perdió su buen criterio: Los hombres razonables perdieron apoyo dentro del partido, y los populistas vieron su mejor oportunidad: Besteiro perdió apoyo de muchos militantes PSOE; Prieto se resistía a aceptar la radicalización del PSOE hacia la violencia, y hablaba de la necesidad de realismo y de aceptar pactos con los republicanos; y Largo Caballero vio su momento de gloria. Si apoyaba a los revolucionarios, podía convertirse en el líder que hiciera la reforma más importante de la historia de España en los últimos siglos: Conseguiría la República Socialista y la dictadura del proletariado.

     A Largo Caballero se le achacaba poca formación y menosprecio por los demás políticos, pero él se consideraba “expulsado” del PSOE y con derecho a tomarse su revancha contra todos sus compañeros de partido. Se comportó como una “víctima” que tenía que recuperar el poder sobre el partido. Y una vez tomado el poder, decía que acabaría con los burgueses.

     Largo Caballero se proclamó a sí mismo revolucionario puro durante la campaña de octubre y noviembre de 1933, queriendo hacer olvidar su pasado colaboracionista con la Dictadura. Decía cosas sorprendentes: que los socialistas habían hecho todo lo posible por los trabajadores; que los socialistas habían hecho lo posible por la República; se quejaba de que habían pedido algunos sacrificios a los trabajadores, y que el pago había sido destituir al Gobierno republicano socialista, y poner en su lugar a un hombre de los capitalistas, que era Lerroux; que los socialistas acudirían a todas las elecciones con candidaturas exclusivamente socialistas, porque no admitirían alianzas con otros partidos; que si perdían las elecciones, los socialistas irían a la revolución.

     Este discurso de Largo Caballero le gusto a CNT. Pero los CNT decidieron abstenerse en las elecciones porque los socialistas no habían colaborado con ellos en las campañas de 1931 y 1932.

     El hombre de Largo Caballero en Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT, era el navarro Francisco Zabalza. El líder de los agricultores, buscaba la revolución, y no la solución de los problemas agrarios de España. Era largocaballerista.

También Largo Caballero empezó a influir en El Socialista, el cual empezó a publicar frases como la “guerra de clases”, “odio a muerte a la burguesía criminal”. También El Obrero de la Tierra empezó a animar a los campesinos a una revolución y evolucionó a un extremismo radical.

     Luis Araquistáin teorizó que la república burguesa era una utopía para el trabajador, pues mientras se mantuviera la propiedad privada no se iba a conceder la propiedad al proletariado. Y dijo que el responsable de esa utopía era Azaña, porque Azaña creía que con un poco de legislación social y unos Ministros socialistas se arreglaría todo. Pero no iba a ser así, porque el valor supremo de la burguesía es la propiedad privada, muy por encima de defender formas de Gobierno, catolicismo, familia, o tipos de enseñanza. La propiedad privada estaba amenazada por las Leyes de Largo Caballero, y en el restablecimiento o derogación de esas leyes radicaba el problema de España. El PSOE tensionaba al máximo.

              Las patronales en 1933-1936.

En España había múltiples patronales entre las que citaremos Confederación Patronal Española (1934), que tenía unos 70.000 afiliados en 38 provincias, Confederación Española Patronal Agrícola, de Carlos Padrós (1933), que estaba presente en 27 provincias, Asociación de Agricultores de España, de Mariano Matasanz, y otras.

La situación política y económica era insostenible para los patronos: los patronos industriales decidieron crear una gran organización patronal llamada Confederación Patronal Española, la cual, en 1934, tenía 38 organizaciones locales y 70.000 miembros afiliados. Los patronos agrarios crearon Confederación Española Patronal Agrícola, CEPA. Y las grandes empresas como La Papelera, Norte, MZA, y patronales ya existentes antes como Fomento del Trabajo en Cataluña, y Federación de Industrias Siderúrgicas, crearon una gran Patronal en 1933 denominada Unión Nacional Económica, UNE. Los patronos se habían propuesto derogar la semana de cuarenta horas, y las leyes de intervencionismo estatal en las empresas.

La Unión Nacional Económica, o simplemente La Unión, era una federación de patronos en la que figuraban los grandes empresarios industriales. Estaban presentes 180 empresas. Se declaraba no partidista, conservadora en lo político, y capitalista en lo económico. Proponía: la armonía de clases, la interdependencia del trabajo y el capital, la mejora de la situación material y moral del obrero en la medida de las posibilidades de la producción. Consideraba ilícitos la huelga y el lock out, cuando no eran tramitados por los cauces legales. Tenía secciones de Agricultura (olivareros y agricultores), Banca, Comercio, Ganadería, Industria (siderúrgicas, papel), Minería, Transportes Marítimos (navieras del Norte) y Transportes Terrestres (ferrocarriles). Tenía un periódico llamado Economía Española que contaba entre sus colaboradores a Cambó, Ventosa, Vizconde de Eza, Rodríguez Jurado, Bastos, Casanueva, Matesanz, Mateo Azpeitia, que algunos eran simpatizantes, militantes y diputados de CEDA. Su presidente era Ramón Bergé.

     A pesar de subidas de salarios descomunales y no compatibles con la realidad de crisis económica, los trabajadores se vieron sorprendidos porque su nivel de vida bajaba, con que había cada vez más paro en el campo (sobre todo en Toledo, Jaén, Badajoz, Granada y Málaga), y más paro en los sectores de la construcción y la metalurgia, y no podían entender cómo con subidas de salarios, cada vez se vivía peor. La economía es un fenómeno más complejo que unas simples subidas de salarios, e incluso se puede vivir mejor bajando los salarios, siempre que, o bien se bajen los precios, o bien se disponga de más servicios sociales que ahorren gastos a los obreros. La ignorancia del trabajador, y el engaño a que estaban siendo sometidos, creaban el caldo de cultivo idóneo para una confrontación social.

     El Estado hacía política antisocial, mientras predicaba lo contrario: La política de construir en déficit no reembolsable, no es posible. Se puede gobernar con déficit, pero sabiendo cómo se va a pagar esa hipoteca que se asume. Alguien le debería haber explicado a los trabajadores, que la pérdida de expectativas de beneficios empresariales, significaba dejar de construir ferrocarriles y carreteras, y casas y sedes de servicios ciudadanos. Y que construir, a pesar de todo, líneas deficitarias y ruinosas, no es atractivo al empresario explotador se esas líneas. Y que esa falta de inversión, hacía innecesario el acero vasco y el carbón asturiano, por muchas carreteras, escuelas, paradores, y casas del pueblo que se proyectaran. Y que si los empresarios pierden expectativas de ganancia, cierran sus empresas o se las llevan a otra parte, y lo sobreros se quedan en paro. Así, de la producción de hierro colado de 771.900 toneladas en 1929, se había pasado a 344.200 toneladas en 1932. Los Gobiernos tienen la ventaja de que las medidas tomadas hoy, no tienen resultados evidentes hasta pasados tres o cuatro años, y pueden echar la culpa al siguiente Gobierno, gracias a la ignorancia del trabajador.

     En esta debacle económica general, era excepción Cataluña. Cataluña había conseguido unos cuasimonopolios de los tejidos del algodón (90% de la producción española) y de la lana (63% de la producción) y la reserva del mercado español para ellos solos, una situación de privilegio que les permitía continuar teniendo los salarios más altos de España. Fue capaz de mantener esa prosperidad hasta que los españoles fueron demasiado pobres y contrajeron la demanda, hacia 1933. La crisis afectó mucho a Madrid en los sectores de confección, construcción, transporte, calzado, y madera. A la disminución de las exportaciones tras la crisis de 1929, se unía la contracción del mercado interior.

     Entonces, PSOE-UGT echaron la culpa de todo a la evasión de capitales, y a la maldad de los empresarios. Estaban actuando con plena conciencia de que mentían, pues los intelectuales del partido sabían que la crisis se debía a la pérdida de expectativas de beneficios, a las restricciones en el crédito, y a las políticas deflacionistas del Gobierno.

     Y los empresarios no se quedaron atrás en la batalla por deformar la realidad y empujar a las gentes a la violencia: no pararon de decir que la culpa de la situación la tenían la Ley de Jurados Mixtos, los convenios colectivos que exigían salarios muy altos, la eliminación de las contratas que antes les hacía el Estado (lo cual eran subvenciones encubiertas), los recortes de las horas laborales y los gastos que les estaba ocasionando el pago de la seguridad en el trabajo.

     Lo que de verdad estaba ocurriendo respecto a PSOE-UGT, era que la pérdida del poder adquisitivo que habían sufrido los campesinos en 1931-1933, había hecho que muchos campesinos se defraudaran de los socialistas y republicanos de izquierdas. A partir de finales de 1933, ya no esperaban nada de ellos, pues habían transcurrido dos años, con muy buenas palabras, pero sin resultados.

     Los datos objetivos dicen que con la llegada de los Gobiernos de derechas, la Reforma Agraria progresó más en 1934-1936, que en 1931-1933.

     Los nuevos Gobiernos de derechas, les dijeron a los campesinos que la Reforma Agraria era una tarea a muy largo plazo, porque sus costes eran elevadísimos. Y las masas de anarquistas y ugetistas, que habían sido engañadas en cuanto habían creído que habría un reparto de tierras, fueron mucho más fáciles de manipular hacia el desorden público.

     Los burgueses españoles del campo, tensionaron también y  actuaron equivocadamente a partir de 1933: animados por tener un Gobierno de derechas, decidieron no pagar salarios altos y oponerse a las cesiones de tierras al Instituto de Reforma Agraria. Con ello estaban echando leña al fuego revolucionario. La amenaza de rescisión de contratos a los arrendatarios de tierras, acabó por empeorar más las cosas.