19.24.04.Gobierno Sagasta en 1889-1890.

          GOBIERNO SAGASTA EN 1889-1890.

     Conceptos clave: Correos; Código Civil de 1889; Ley del Ejército de 1889; la Segunda Internacional; el 1 de mayo de 1889; Fomento del Trabajo Nacional; Círculos Obreros; Conferencia de Bruselas de 1889; Portugal y la Crisis del Ultimatum; Crisis del Gobierno en enero de 1890; la huelga de solidaridad; la Ley del Sufragio Universal.

     Gobierno Sagasta en 1889-julio de 1890.

     En 1889, se unieron en la oposición al Gobierno de Sagasta los seguidores de Gamazo, los de Martos, los de Romero Robledo, los de Domínguez, los de Cassola, los de Montero Ríos, los conservadores, los republicanos, los carlistas… El gobernar era tan difícil que se tuvo que recurrir a pactos con minorías ajenas al Partido Liberal Reformista para sacar adelante las leyes. E incluso así, Sagasta no podía cumplir lo pactado con Cánovas, la unión de todas las fuerzas liberales progresistas. María Cristina mantuvo sin embargo el Gobierno y las Cortes, y sólo concedió disolución cuando la situación era ya insostenible.

     El Gobierno fue remodelado el 11 de diciembre de 1888. En 1889, se iniciaba un nuevo proyecto.

      Remodelación de Gobierno 11 de diciembre de 1888:

  Presidencia del Consejo, Práxedes Mateo Sagasta

  Estado, Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega Armijo, que representaba el grupo derechista del Partido Liberal Unionista

  Fomento, José Álvarez de Toledo Acuña conde de Xiquena (sustituía a Canalejas el 30 de noviembre 1888 y continuó en 11 de diciembre), representaba al grupo derechista.

  Guerra, José Chinchilla y Díaz Oñate

  Marina, Rafael Rodríguez de Arias Villavicencio

  Gracia y Justicia, José Canalejas Méndez, antes del grupo de Cristino Martos, que se independizaba de Martos en ese momento y era premiado con un Ministerio.

  Hacienda, Venancio González Fernández

  Gobernación, Trinitario Ruiz Capdepón

  Ultramar, Manuel Becerra Bermúdez, del grupo de López Domínguez.

     En esta remodelación, desaparecían Moret y todos los representantes de Izquierda Dinástica. Y también desapareció el centralista Alonso Martínez.

         LAS REFORMAS POLÍTICAS DE 1889.

         El Cuerpo de Correos.

     En 1889 el Gobierno decidió declarar funcionarios a todos los empleados de Correos a fin de profesionalizar ese servicio que se creía fundamental, asumiendo el Estado esta nueva función social. Nació así el Cuerpo de Correos, siendo su fundador Trinitario Ruiz Capdepón.

         El Código Civil de 1889.

     En 24 de junio de 1889 se aprobó el Código Civil de España. Era un trabajo buscado desde 1812 para regular el derecho público, las normas de la administración y los procesos judiciales, pero que nunca había salido adelante porque afectaba a privilegios sociales como los fueros territoriales y a fueros de la Iglesia como el matrimonio canónico.

     En 1811 las Cortes de Cádiz decretaron que el Código Civil, Criminal y de Comercio, debía ser igual para toda la monarquía (se entiende el territorio español), sin perjuicio de variaciones circunstanciales aprobadas en Cortes.

     En 1846 se redactó un Proyecto de Código Civil, de Florencio García Goyena, que sólo en 1851 se elevó al Gobierno, y éste lo rechazó porque las concepciones sociales y religiosas del Código no eran compatibles con las ideas del Partido Moderado.

En España se funcionaba con Leyes para temas concretos, como las disposiciones forales, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (cambiada en 1881), la Ley Hipotecaria de 1861, la Ley del Matrimonio Civil de 1870, la Ley del Registro Civil de 1870, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 (cambiada en 1882). Pero se carecía de un Código, de un sistema de leyes coordinado y desprovisto de contradicciones internas.

El proyecto de Código Civil de 1881 eliminaba todas las citadas y sistematizaba y organizaba la justicia por primera vez en España. Fue rechazado por no respetar derechos forales. Se demostraba que en España, nunca regiría el espíritu de Cádiz, de igualdad de leyes para toda la monarquía.

El tema peliagudo era compaginar los derechos consuetudinarios, puestos de moda a mediados del XIX, y defendidos por los regionalistas, con un Derecho común a todo el territorio estatal. No era nada fácil, porque el derecho local y regional puede descomponer el Estado y terminar con él, mientras el Derecho estatal tiende precisamente a mantener la cohesión entre los diversos territorios que conforman un Estado. Por medio estaban los usatges catalanes y los fueros vascos y navarros.

También había un problema de competencias entre la Iglesia y el Estado, sobre todo en el tema del matrimonio. Es cierto que el matrimonio civil no tenía apenas demanda social a fines del XIX, pero se discutía el fuero. Sagasta había negociado en El Vaticano en 1887 y 1889 para que el Papa accediese a que los no católicos pudieran casarse por lo civil y los católicos siguieran haciéndolo por lo canónico. Y así se escribió en el Código de 1888. El acuerdo final no llegó hasta 1889.

En 1885, el Gobierno de Cánovas, siendo Ministro de Gracia y Justicia Francisco Silvela de le Vielleuze, redactó la Ley de Bases para la Reforma del Código Civil, y las Cortes aprobaron los principios que debían respetar los redactores de los Códigos, de forma que se armonizasen ambas fuentes de derecho, las consuetudinarias regionales y las comunes.

Y el 6 de octubre de 1888 hubo un Proyecto de Código Civil. El Código Civil de 1888 tomaba como modelo en napoleónico de 1804 y respetaba la propiedad individual y libre, el régimen sucesorio, la autonomía de la voluntad, la dualidad del matrimonio (civil y canónico), el individualismo en los contratos de arrendamientos, e incluso trataba de hacer compatibles las tradiciones jurídicas castellanas antiguas con el derecho actual.

El proyecto llegó a las Cortes y le añadieron muchas cosas: se dio más importancia a derechos consuetudinarios castellanos y se estableció un código supletorio para los consuetudinarios regionales y forales, que tenían tradiciones distintas a las castellanas. Estaba previsto que los códigos consuetudinarios regionales entrasen en forma de apéndices, pero las Cortes no lo consintieron e introdujeron reformas que complicaron mucho el texto. Y al final, hubo que redactar suplementos como en 1889 el Fuero General de Navarra, en 1925 el Fuero de Aragón, y en 1959 el Fuero de las Provincias Vascongadas.

El Código Civil de 1889 era un proyecto demasiado ambicioso. Intentó compendiar el derecho privado, el derecho común y el derecho público, y se perdió un poco en la empresa, en el sentido de que incluyó lo que sólo debían ser normas administrativas, y en cambio se olvidó de varias instituciones de derecho privado. Se añadieron algunos derechos en unos apéndices y salió aprobado. El Código Civil supuso el gran avance social de eliminar los privilegios del clero en materia legislativa, e instituir el contencioso administrativo, pero Sagasta no fue capaz de imponerlo en Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares que persistieron en sus fueros administrativos aunque hubieran perdido los políticos y mantuvieron con ello algunas exenciones de impuestos. También mantuvieron jurisdicciones especiales el ejército y la marina. Solamente el clero fue sometido a la ley común.

     El Código Civil de 1889 completaba una obra ingente en Justicia compuesta por un Código de Comercio, y un Código Penal promulgado en 1870, que serán las deseadas bases de un nuevo impulso industrial que se venía retrasando ya más de medio siglo.

Y tiempo más adelante, surgieron nuevos temas como el derecho de familia y el derecho de sucesiones, que no estaban lógicamente en el Código de 1889. Recientemente se han hecho muchas modificaciones como la de 1975 para conceder sus derechos a la mujer casada, la de 1978 para despenalizar el adulterio de la mujer y el amancebamiento, la de 1981 para legalizar el divorcio, y la de 2005 para permitir el matrimonio entre personas de igual sexo.

         Ordenación del Ejército.

     La Ley Constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889, hizo algunas reformas sobre la de 1878 que consideramos básica:

     La anterior Ley que regulaba el Ejército español, Ley Constitutiva del Ejército de 1878, concedía el mando supremo del ejército al Rey; mandaba que las órdenes del Rey en campaña no tuvieran que ser refrendadas por ningún Ministro, pero el acuerdo de emprender la campaña militar salía del Consejo de Ministros; el Rey aprobaba la designación de todos los cargos militares; se le concedía al Rey mando territorial sobre la península, Baleares, Canarias, comandancia de Ceuta y Campo de Gibraltar, pero cuba, Puerto Rico y Filipinas eran consideradas distritos militares aparte, aunque también estuvieran bajo jurisdicción del Rey; los 14 Distritos Militares eran gobernados por Tenientes Generales con título de Capitán General del distrito correspondiente; las provincias eran gobernadas por Mariscales de Campo o por Brigadieres; el ejército se organizaba en medias brigadas, brigadas, divisiones y cuerpos de ejército; los sueldos, recompensas, cuadro de oficiales, retiros y Código Penal Militar, se dejaban para leyes posteriores; las instituciones supremas de Guerra eran el Consejo Supremo de Guerra y Marina para gestionar, y la Junta Superior Consultiva de Guerra, para dar información sobre asuntos de guerra; la escala de mando se componía de Capitán General, Teniente General, Mariscal de Campo, Brigadier, Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Teniente, Alférez, Sargento Primero, Sargento Segundo, Cabo Primero y Cabo Segundo; los órganos de gestión del ejército eran el Estado Mayor General, el Cuerpo de Estado Mayor, el Cuerpo de Plazas, Cuerpo de Secciones y Archivos, Tropas de la Casa Real (Real cuerpo de Alabarderos, y Escuadrón de escolta Real), armas de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, cuerpo de la Guardia Civil para seguridad de las personas y de sus bienes, cuerpo de Carabineros para persecución del contrabando, cuerpo de Inválidos, y cuerpos asimilados que eran el Jurídico Militar, Administración Militar, Sanidad Militar, Clero Castrense (mandado por el Patriarca de las Indias), Veterinaria y Equitación, a los que se podía añadir, si ello era compatible con las leyes de cada momento, el Consejo de Redención y Enganche en el Ejército; se prohibía a los militares asistir a actos y reuniones políticas; si por exceso de personal se permitía a alguien ingresar en carreras civiles, transcurridos dos años el interesado debería optar entre la permanencia en su destino civil con renuncia completa al ejército, o reincorporación al ejército; se fijaban las edades de retiro en 51 años para alféreces, 56 para capitanes, 60 para comandantes y tenientes coroneles, y 62 para coroneles.

     La Ley Constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 hacía algunos cambios respecto a la citada en el párrafo anterior: el Ministro de Guerra organizaba y gobernaba el ejército y los servicios militares, la administración y la dirección superior del ejército; el arma de Ingenieros era denominada cuerpo de Ingenieros; aparecían el cuerpo de Intendencia, el cuerpo de Intervención, el de tren, el de practicantes, el de material de artillería (con dos especialidades: pericial obrero, y pericial), el de material de Ingenieros, el de porteros, mozos y ordenanzas de los centros militares; en el cuerpo de Sanidad Militar se distinguían especialidades de Medicina y de Farmacia; todos las armas y cuerpos tendrían de modo fijo, representantes en Estado Mayor; la escala de mando había cambiado: Capitán General, Teniente General, General de División, General de Brigada, Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Primer Teniente, Segundo Teniente, Alférez alumno, Sargento y Cabo (habían desaparecido el Mariscal de Campo y el Brigadier, sustituidos por General de División y General de Brigada)); y, sobre todo, se regulaban los ascensos y condecoraciones: no se conceden ascensos si no existe vacante previa;  no se puede ascender sin estar dos años en el empleo anterior; los ascensos a Oficial General se harían por elección y según el correspondiente Reglamento; las recompensas serían de menor a mayor la medalla conmemorativa, la condecoración sin pensión, la mención honorífica, la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz de Mérito Militar con Distintivo blanco pensionada con el 10% del sueldo, ventaja que caducaba en el siguiente ascenso, la Cruz de Mérito Militar pensionada con el 10% del sueldo no caducable hasta el retiro, la Cruz de Mérito Militar con distintivo rojo sin recompensa, la Cruz de Mérito Militar con distintivo rojo pensionada con la mitad de la diferencia de sueldo con el cargo inmediatamente superior, la Cruz de una Orden Militar especial con cobro del sueldo del cargo superior inmediato, y la Cruz de San Fernando (Laureada) destinada a las grandes hazañas y que representaba el límite máximo de recompensa que cualquier oficial podía cobrar, fuera cual fuera la distinción que hubiera recibido. No se podía disfrutar simultáneamente de dos pensiones, pero se cobraba doble en tiempo de campaña en misiones especiales.

         La Segunda Internacional.

En julio de 1889 se celebró en París un congreso obrero internacional, cuyo principal punto fue la pretensión de los sindicatos de no estar subordinados a los partidos. La existencia de un sindicato totalmente independiente y en manos de los obreros, como es el modelo francés, o un sindicato verticalista, unido y subordinado al partido y a su programa político, como es el caso español de UGT, y más tarde CC.OO., es un tema serio, que acarreó desde el principio discrepancias. El sindicato verticalista es más útil a la revolución socialista y consecución del poder para los obreros, es decir, la revolución marxista. El sindicato puramente obrero defiende mejor los intereses de los obreros en cada momento, pues no tiene que subordinarse a conveniencias políticas del momento.

El asunto fue lo suficientemente grave como para que hubiera dos asambleas:

  Los que querían la subordinación del sindicato al partido se reunieron en la calle Petrelle y se constituyeron en II Internacional. Entre ellos estaba Pablo Iglesias y José Mesa. Decidieron que ellos eran el marxismo ortodoxo, y los otros estaban equivocados. Se fundó la Segunda Internacional, esta vez sólo marxista. Esta internacional decidió celebrar el 1 de mayo como jornada de reivindicación de leyes, con manifestaciones y artículos de prensa a fin de conseguir la jornada de 8 horas. Pablo Iglesias y José Mesa estaban allí por España y contrajeron el compromiso de actuar cada 1 de mayo. El PSOE se definía por tanto como marxista puro.

  Los socialistas posibilistas defendían aprovechar cada oportunidad para los intereses obreros, independientemente del juego de los políticos, y se reunieron en Sala Lancry, y allí estuvo Pàmies y los societarios catalanes. Su programa era ir ganando pequeñas batallas laborales aprovechando las posibilidades de cada momento y de cada Gobierno, dejando para segundo objetivo la toma del poder para el proletariado. Los oportunistas querían reformas sociales iguales a los socialistas, enseñanza obligatoria y laica, república, libertad de cultos, autonomías, pero eran partidarios de aliarse con cualquier partido que les acercara a estos derechos, como podían ser los republicanos, cosa que no aceptaban los socialistas ortodoxos. De sus palabras, de aprovechar las “posibilidades” de cada Gobierno, derivó el que fueran llamados “posibilistas”. Para conseguir sus fines, preferían organizaciones profesionales por oficios. Los puristas les tacharon de corporativistas y les entorpecieron en todo, pero lograron organizarse hacia 1900, y triunfar después de la Primera Guerra Mundial. Los posibilistas crearon en diciembre de 1890 un Partido Socialista Oportunista, que fracasó en 1896 pasándose la mayoría de sus militantes a UGT.

         La polémica del 1 de mayo.

     Enterados los anarquistas de la decisión socialista de celebrar el 1 de mayo como día de las reivindicaciones obreras, decidieron en 1890 adoptar el 1 de mayo como día de huelga y lucha, en discrepancia con los socialistas que sólo la querían de reivindicación y manifestaciones.

Entonces los socialistas de Madrid y Bilbao decidieron celebrar sus manifestaciones el primer festivo de mayo, para no ser confundidos con los anarquistas. El primer domingo de mayo de 1890 era el día 4. Sería el día de la manifestación.

La huelga del 1 de mayo de 1890 tuvo un éxito total. Las manifestaciones del 4 de mayo en Madrid, Barcelona y Bilbao fueron también importantes, reuniéndose en Madrid hasta 10.000 manifestantes. En Bilbao un capataz minero despidió a 5 obreros que habían colaborado en la manifestación y ello provocó una huelga general de todas las minas, pero sobre todo de La Arboleda, de donde habían sido despedidos. Destacaba Facundo Perezagua como líder obrero. Los huelguistas expusieron como reivindicaciones el cierre de las cantinas monopolio de los capataces, el cierre de barracones inmundos en los que se albergaba a los obreros forasteros, y la disminución de la jornada de trabajo. El 6 de mayo, la huelga se contagió a la siderúrgica. El general José María de Loma Argüelles, Capitán General de la Región Militar, mandó atender a las reivindicaciones de los obreros, pero los patronos se resistieron a acatar ese tipo de órdenes durante años y siguieron persiguiendo a los obreros afiliados.

     Los anarquistas intentaron repetir la huelga del 1 de mayo cada año y ello provocará enfrentamientos en Cataluña y en el País Vasco. En 1891, Cánovas prohibió las manifestaciones, al tiempo que toleraba los mítines en locales cerrados, equivocándose en su política de no distinguir socialismo de anarquismo, considerando a todos los internacionalistas iguales. Los anarquistas fueron ganando la partida, y se consolidó el 1 de mayo como día de huelga general. Para disimularlo, los Gobiernos españoles lo declararán fiesta, lo que de alguna manera desarmaba la huelga, y hasta el General Franco lo declarará “fiesta de San José Obrero”, día de ir a misa y cumplir con la Iglesia Católica.

     Las discrepancias socialistas y anarquistas son curiosas en cuanto los anarquistas fueron siempre mayoría, pero intentaron colarse en los congresos socialistas y fueron expulsados sistemáticamente (Bruselas 1891, Zurich 1893 o Londres 1896) por los socialistas. Particularmente importante era el Congreso de Londres 1896, porque Engels había muerto en 1895, y los anarquistas lo tomaron como su oportunidad de hacerse con la organización socialista internacional.

     En 1890, el anarquismo estaba muy arraigando en España en Peñarroya (Córdoba), Río Tinto (Huelva) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

     Desde Madrid los socialistas marxistas se expandieron hacia Bilbao en 1890 en donde algunos obreros luchaban contra el pago en vales de tienda y en alquileres, practicado por los empresarios vascos.

     Castilla fue organizada sindicalmente por mineros vascos. Los empresarios agrícolas castellanos pagaban a sus obreros con tocino y pequeños trozos de huerta en usufructo. Los socialistas trataban de provocar un ánimo de rebelión contra esas prácticas.

     Asturias fue también organizada por vascos. Los mineros aceptaron a UGT, pero los campesinos asturianos se habían afiliado a CNT, y se resistían a cambiar de sindicato.

           La gran patronal española.

     También en 1889 aparecerá la patronal Fomento del Trabajo Nacional, una patronal catalana formado sobre la base de la muy proteccionista Fomento de la Producción Española, y del Instituto de Fomento del Trabajo Nacional, patronales que se habían creado después de 1869. El líder de la nueva patronal, muy conservadora, era Joan Güell i Ferrer, que inmediatamente buscó alianzas con Liga Vizcaína de Productores y otras ligas agrarias menores para convertirse en una gran patronal, tan importante que lograría obtener de Cánovas el arancel proteccionista de 1891.

En el campo de juego político, Fomento del Trabajo Nacional militaba en la derecha y se relacionaba muy bien con Lliga Regionalista de Catalunya. Fueron partidarios del golpe de Primo de Rivera en 1923, enemigos de los republicanos de 1931 y simpatizantes de Francisco Franco, momento en el que mantuvieron sede y patrimonio y derecho de opinión, a pesar de estar prohibidas las asociaciones políticas. Más tarde, Fomento del Trabajo Nacional catalizaría los movimientos empresariales y lograría una gran coalición patronal, en tiempos de la democracia, llamada Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE. Parecía que la idea básica de esta patronal era pedir el proteccionismo más duro.

         Los Círculos obreros.

     En 1885-1890, el “padre” Antonio Vicent Dolz, jesuita, fundó 29 “círculos” en Tortosa, Castellón y Valencia. Un círculo era una asociación de obreros asesorada por un sacerdote católico y bajo la autoridad del obispo diocesano correspondiente. También organizó sindicatos agrícolas dirigidos por los sacerdotes locales de cada agrupación. Antonio Vicent Dolz, 1837-1912, había nacido en Castellón, se había licenciado en derecho en Madrid en 1859 y se hizo pasante, entrando posteriormente en la Compañía de Jesús. En 1868, cuando fueron expulsados los jesuitas, se fue a Francia y visitó Alemania y Bélgica, y allí conoció los círculos obreros católicos. Cuando regresó a Valencia fundó sus propios “círculos”, ganándose la oposición del arzobispo de Valencia cardenal Antolín Monescillo Viso, que veía en eso la sombra del socialismo. En 1892, muerto Monescillo, el nuevo arzobispo, Victoriano Guisasola Menéndez, apoyó las actividades de Vicent. Su actividad más destacada por los periódicos, fue la organización de una peregrinación a Roma en 1894, a la que llevó 18.000 obreros, para apoyar la Rerum Novarum. En 1912, el general de los jesuitas le prohibió continuar con sus actividades sociales.

  La Conferencia de Bruselas de noviembre de 1889[1].

     Se hizo a propuesta de Gran Bretaña, cuando ésta fue aceptada por Alemania. Las víctimas iban a ser Portugal, España y Francia. Por eso se habla de sometimiento de los Estados latinos a los germanos. Asistieron casi todos los países de Europa y Estados Unidos. España envió a José Gutiérrez de Agüera.

La escusa era la lucha contra la esclavitud, un bien a extender por el mundo. La realidad era que había que discutir la posesión de África: el comercio de esclavos y el comercio de armas y alcohol en África. Se hablaba en términos de bonhomía, pero todos entendían la dureza que se escondía tras las palabras filantrópicas.

Portugal propuso la regulación internacional de la trata de negros en las costas africanas, y un plan de desarrollo de África que incluiría un ferrocarril transcontinental, desde Angola a Mozambique. Gran Bretaña protestó.

España proponía el final del derecho de visita que Gran Bretaña tenía, desde el Tratado de 1835, sobre los barcos españoles. España alegaba que el tratado se hizo para evitar la esclavitud, y que la esclavitud ya no existía en las costas atlánticas, aunque sí en el Índico. Gran Bretaña asintió en que no había tráfico de esclavos en las costas atlánticas.

El Presidente de la Conferencia, Labertmont, abrió el melón del tema africano, proponiendo el control del tráfico de esclavos, en los mercados africanos, en los pueblos del interior de África, en el transporte hacia América y en los posibles mercados americanos. Lo que interesaba a todos eran los territorios del interior africano, y el resto era muy secundario. Portugal entendió bien el mensaje de los pueblos germánicos, y se opuso a la intervención de las potencias en el interior de África. Defendió que lo que hacía falta eran ferrocarriles y teléfonos que atravesaran África. Estaba defendiendo la unión de Angola con Mozambique. Pero Gran Bretaña tenía el proyecto de unir por un ferrocarril Alejandría (Egipto) con Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y no aprobó el proyecto portugués.

Bélgica, que no poseía territorios, pero el Rey Leopoldo era propietario de El Congo, propuso el control de la actividad esclavista y la prohibición del comercio de armas y alcohol a países terceros. Es decir, quería el monopolio de ese comercio para la Sociedad Internacional del Congo, que pertenecía a su Rey.

Una vez abierto el melón del tema africano, Labertmont propuso hacer “comisiones humanitarias” que vigilasen todos los poblados africanos, los caminos y los puertos, dirigidas desde una oficina en Bruselas, y otra en Zanzíbar. Zanzíbar significa “costa de los negros”, hoy se llama Tanzania, y era el centro de salida de esclavos. Quien dominase esas comisiones humanitarias, dominaría el territorio, pues tendría licencia de armas y uso de la fuerza, y todos lo sabían.

Francia mostró mucho interés por controlar el Índico, pues tenía un proyecto de unir el Sahara, la mitad occidental de África, con la costa de Tanzania, mediante un ferrocarril que le abriría el comercio a Asia. Si lograba que la dejaran puertos en el Índico, realizaría un gran imperio. Pero no quería permitir que los británicos inspeccionasen sus barcos.

La Conferencia prohibió las caravanas de esclavos, el transporte marítimo de esclavos, el comercio de bebidas espirituosas, y la esclavitud doméstica existente en África. Permitió navegar el Congo con barcos de poco tonelaje. Se derogó el Tratado de 1835 por el que Gran Bretaña podía inspeccionar todos los barcos españoles en las costas africanas o en sus mares.

         Portugal: la crisis del ultimátum.

     El 11 de enero de 1890 se produjo la Crisis del Ultimátum. Lord Salisbury le exigía a Portugal que retirase sus fuerzas militares de Angola y Mozambique, y renunciara a avanzar sobre tierra de Rhodesia (actuales Zambia y Zimbaue) que se reservaban para Gran Bretaña. En 20 de agosto de 1890, Portugal aceptó todas las condiciones británicas en el Tratado de Londres. Desde entonces, se convirtió en un país satélite de Gran Bretaña. El pueblo de Lisboa se echó a la calle a protestar contra el Rey.

     Portugal ya estaba en la órbita británica desde el Tratado de Methuen de 27 de diciembre de 1703, firmado entre lord Methuen y Manuel Teles da Silva marqués de Alegrete, los cuales habían acordado que Portugal fuese aliado de Gran Bretaña en la Guerra de Sucesión española, que los portugueses sólo pudieran comprar paños de lana a Gran Bretaña, y que los vinos portugueses tendrían rebajas arancelarias al venderse en Gran Bretaña. Portugal se alejaba del peligro que suponía para él España, con la táctica de entregarse a Gran Bretaña.

     El ambiente antimonárquico fue creciendo en Portugal hasta que, en 5 de octubre de 1910, declararon la República y decidieron mantener sus colonias africanas, aunque no le gustara a Gran Bretaña.

     De esta época es el sentimiento de superioridad de los británicos sobre el resto del continente, basado no sólo en su ascendencia sobre Portugal, sino también en sus imposiciones sobre otros Estados:

     España había sido derrotada en el Tratado de Utrecht y el símbolo de ello es Gibraltar, un territorio español que se quedó Gran Bretaña por la fuerza de las armas. Pero España había sido humillada también por el Tratado de Madrid de 1835, por el que Gran Bretaña se atribuyó el derecho de inspeccionar todos los barcos españoles que navegaran en el Atlántico, lo cual se abolió en 1889.

     China fue sometida en 1864 tras las Guerras del Opio, quedando Gran Bretaña como dueña del comercio de esa droga que los chinos consumían en grandes cantidades.

     A Francia le llegó el turno en Fachoda en 1898, cuando pretendía tomar posiciones militares para hacer su ferrocarril africano de este a oeste, y tuvo que retirarse para no iniciar la guerra. Ya en 1757, los franceses habían sido eliminados en su pretensión de dominar La India en la batalla de Plassey.

     A Alemania le llegó el turno en las derrotas de 1918 y 1945.

     Todo ello generó un orgullo británico, una displicencia sobre el resto de ciudadanos del continente, una manera de ser que condicionaría toda la política posterior británica, hasta hoy en día.

     Crisis del Gobierno Sagasta de enero de 1890.

     En 1889 se cansó Cánovas de dejar hacer a Sagasta. Quizás quiso decir que había llegado el momento del turno, porque temía que Sagasta utilizara el sufragio universal para hacer cambios irrevocables no deseados por los conservadores. Los dos querían gobernar en el momento siguiente a celebrarse las primeras elecciones por sufragio universal.

La crisis provenía de la política de ajuste de gastos, la cual impedía a los políticos hacer favores en Fomento, en forma de obras públicas, para calmar los ánimos de los caciques y de los militares.

No había manera de reconciliar a las distintas facciones del Partido Liberal Fusionista. Y Sagasta decidió remodelar de nuevo su Gobierno, a fin de permanecer un poco más en el poder:

    Remodelación de 21 de enero de 1890 a 5 de julio 1890, del Gobierno Sagasta:

  Gracia y Justicia, Joaquín López Puigcerver

  Guerra, Eduardo Bermúdez Reina

  Fomento, Cristóbal Colón de la Cerda y Gante, duque de Veragua[2]

  Hacienda, Manuel de Eguilior Llaguno, conde de Albox[3], que había sido colaborador de Camacho en el proyecto de equilibrar las cuentas del Estado

  Marina, Juan Romero Moreno

  Ultramar, Becerra, el cual había estado antiguamente en el grupo de Domínguez.

     La remodelación era como un pacto entre Sagasta y López Domínguez. La derecha del partido sólo obtenía un Ministro, y muchas facciones de la derecha del Partido Liberal no obtenían ninguno. No parecía un Gobierno estable. Pero María Cristina y Cánovas no querían dar paso todavía al Partido Conservador porque el Proyecto de Ley de Sufragio Universal, que estaba en debate en las Cortes, lo tenían que aprobar los Unionistas, del entonces llamado Partido Liberal, pues los del Partido Conservador habían prometido que nunca lo harían. Si los conservadores querían tener sufragio universal, tenían que esperar a que los liberales lo aprobasen en Cortes.

     Y además, se sabía que tras la aprobación de una Ley tan importante como al del Sufragio Universal, habría que hacer elecciones, pues unas Cortes elegidas por sufragio restringido censitario no serían representativas de la nueva situación política. Y como las últimas elecciones se habían hecho en 1886, y los diputados estaban nombrados por cinco años, quedaban pocos meses para que el Congreso tuviera que ser disuelto por Ley. Era mejor que Sagasta continuara unos meses más.

              La huelga de solidaridad.

     El 1 de mayo de 1890 se celebró por primera vez en España la fiesta-manifestación obrera de este día, con intención de celebrarla todos los años.

     Tal vez por el éxito del 1 de mayo, en 1890 se pusieron de moda las huelgas de solidaridad. Los obreros de cualquier empresa se ponían en huelga hasta lograr que los despedidos en una determinada empresa fuesen readmitidos. La primera gran huelga de solidaridad tuvo lugar en Bilbao 1890. Esta actitud obrera suponía un estado de huelga permanente si se llevaba a sus últimas consecuencias.

     El éxito de la huelga animó a los socialistas a presentar candidatos a concejales en 1891 y efectivamente los obtuvieron en Bilbao.

         La Ley del Sufragio Universal.

     En 1890, el Partido Liberal estaba roto por todas partes. Entonces Sagasta decidió hacerse un poco de propaganda interna para recomponer su partido y propuso la Ley del sufragio universal. Cánovas estaba esperando que se aprobase esta Ley para hacerse cargo del Gobierno, sin necesidad de hacer él una Ley con la que había manifestado desacuerdo durante toda su vida, pero que ahora veía conveniente por táctica política.

Cánovas, en su pensamiento político, se oponía a esa medida que le recordaba los sucesos de 1868-74, pues creía que podía llevar al populismo y al cantonalismo. Igualmente se oponían el marqués de Pidal y Silvela. El mismo Sagasta la veía con indiferencia, porque pensaba que era lo mismo falsificar unas elecciones, como se venía haciendo, con un tipo de sufragio que con otro. Además era peligroso este sufragio porque el pueblo estaba por el reparto de la propiedad y se podía venir abajo la propiedad privada y caer en un comunismo. Los defensores de la ley eran Canalejas y Romanones.

     La ley del Sufragio Universal fue una iniciativa de Sagasta en 1887, convertida en ley en 26 de junio de 1890, siendo convocadas, según esta ley, las elecciones de 1890 por Cánovas, que era Jefe de Gobierno en julio de 1890, y realizadas en abril de 1891. Concedía el voto a los varones mayores de 25 años con cinco excepciones, entre ellas los mozos que estuvieran cumpliendo servicio militar. Podían votar unos 2,5 millones de personas.

     La Ley se aprobó como cosa natural. Sagasta se había opuesto a su aprobación en 1881 por considerarla inoportuna para ese momento, pero la había defendido en 1868. La volvió a defender en 1887 porque consideraba que era una época de paz social y coyuntura económica positiva. Cánovas no se opuso aunque sabía que era una ley irreversible, y tal vez el tema estuviera presente en el Pacto de El Pardo. Se opuso únicamente Silvela. La protesta de Cánovas era puramente formal, pues el 10 de febrero de 1888 dijo en contra de la ley, que con ella sería más fácil para los caciques dirigir a las masas hacia un determinado voto, argumento pobre que además reconocía públicamente que las masas eran dirigidas hacia el voto convenientemente. Además, casi se decía que se seguiría haciendo desde el Gobierno, como lo hacían los caciques.

     Hay que decir también, que los españoles no reclamaron el sufragio. En las votaciones por sufragio restringido votaba el 15% de los posibles votantes, y el voto era suplicado por los candidatos. De 800.000 posibles votantes apenas se llegaba normalmente a los 100.000. Con la nueva ley se pasaba a 4.800.000 ciudadanos con derecho a voto, de los que nunca votarían más allá del 50%. Se creaban 280 distritos uninominales rurales, normalmente coincidentes con Partidos Judiciales. También aparecían las grandes ciudades y su entorno como distritos plurinominales, que elegían entre 3 y 8 diputados, según lo pobladas que estuvieran, hasta un total de 114 escaños. La inclusión del entorno urbano, quitaba fuerza a posibles candidatos republicanos y socialistas de las ciudades grandes. La inmensa mayoría de los que accedían al voto eran pobres, analfabetos y rurales, y eran fácilmente manejables por el caciquismo. La Ley no era tan revolucionaria como pudiera parecer.

     De todas formas es un salto importante en posibilidades políticas. El peligro era que surgieran varios partidos y se rompiera el sistema bipartidista de Cánovas. La ventaja era que los republicanos quedaban desarmados, sin su argumento más fuerte, la falta de voto de los pobres y obreros.

     Las consecuencias de la Ley del Sufragio Universal fueron que las ciudades votaron en adelante progresista, republicano y socialista y los conservadores vieron reducido su caladero de votos a los pueblos, donde los conservadores se confundieron poco a poco con el caciquismo.

         La crisis del Partido Liberal en 1890.

     En 1890, el Partido Liberal entró de nuevo en crisis pues los líderes del partido querían poder significar su ideología, y abandonar la costumbre de seguir siempre las consignas del jefe de partido. Sagasta se empleó a fondo dentro del partido y logró superar la crisis, tras lo cual, en 1892, volverá a ser Presidente. Pero esta insistencia en la unidad de partido en torno a la autoridad de su jefe, debilitará al partido, que será incapaz de hacer frente a los graves problemas políticos que se avecinaban. El principal de ellos era reformar el sistema electoral dentro del partido, y nunca se hizo por miedo a rupturas del partido, lo que, paradójicamente, acabará rompiendo los partidos en múltiples facciones y hundiendo el sistema canovista.

     La Ley del Sufragio Universal encolerizó a Romero Robledo, que decidió acabar con Sagasta: Romero Robledo ya se había retirado de la política, pero de nuevo intervino para hacer público que la esposa de Sagasta se prestaba, a cambio de dinero, a hacer gestiones políticas ante el Ministro que se desease. Amenazó con hacer pública la concesión de Sagasta de un ferrocarril en Cuba a nombre de la mujer de Sagasta. Martínez Campos se ofreció a llevar esa información a la Regente, lo cual equivalía a pedirle el cese del Gobierno. La Reina quiso evitar el escándalo, llamó a Sagasta y le pidió la dimisión. Los cubanos compraron los papeles de Romero Robledo que acusaban a Sagasta (pagaron 40.000 pesetas oro) y los destruyeron. Sagasta quedó muy tocado para el resto de su vida, y con él, quedó tocado el régimen de la Restauración. Romero Robledo volvió al Partido Conservador en otoño de 1891.

     En 1890 el partido de Sagasta sufrió una fuerte crisis. El partido se mantenía dando «caramelos» a los suyos para comprar su fidelidad. Pero los “donativos” exigidos por las facciones del partido eran cada vez más fuertes, y en 1890 acabó por haber un escándalo gordísimo que provocó la crisis definitiva del partido, y fue la concesión del contrato del ferrocarril en Cuba. Sagasta tuvo que dimitir. Martos se había hecho enemigo de Sagasta, Gamazo formaba su propia fracción y López Domínguez hacía su fracción “Reformista”. Estas disidencias fueron pospuestas en 1892 ante la posibilidad de acaparar cargos en el Gobierno de Sagasta, Gobierno que consideraron “accidental”.

              La prensa en 1890.

     En 1890 apareció El Heraldo de Madrid. Lo creaban Felipe de Ducazcal y el marqués de Murrieta y lo pusieron en manos de José Gutiérrez Abascal, que hizo un periódico de ideología liberal, que en su tiempo apoyaría a Canalejas. En 1913 sería un periódico de mucha tirada, hasta 130.000 ejemplares diarios. En 1931 se declaró republicano y en octubre de 1934 sería suspendido, hasta ser cerrado en 27 de marzo de 1939. Sus instalaciones fueron aprovechadas por el periódico franquista “Madrid”.

     En los años noventa, los periódicos publicaron todo lo que quisieron, al amparo de un proteccionismo bajo cuerda por el cual, cuando un juzgado requería a un periódico, el acusado desaparecía de la redacción, previamente avisado, cuando el alguacil del juzgado venía a comunicarle la citación. A la tercera vez que el alguacil no le encontraba, el asunto se archivaba.

[1] Moreno García, Julia. España y la conferencia antiesclavista de Bruselas. 1889-1890. Revistas.vcm.es.

[2] Cristóbal Colón de la Cerda y Gante, duque de Veragua, 1837-1910, fue ministro de Fomento en enero de 1890, y de Marina en marzo de 1901.

[3] Manuel de Eguilior Llaguno, conde de Albox, 1842-1931 fue ministro de Hacienda en enero de 1890 y en noviembre de 1902, y de Instrucción Pública en octubre de 1905.