FERNANDO VII.
LA POLÍTICA EN 1814 Y 1815.
Gobierno 4 de mayo 1814 – 15 noviembre 1814.
Este Gobierno era en realidad una Junta Gubernativa Provisional.
Estado, José Miguel Carvajal Manrique, duque de San Carlos.
Gracia y Justicia, Pedro Macanaz / Tomás Moyano, interino.
Guerra, Manuel Freire-Andrade Armijo / Francisco Eguía Letona.
Marina, Luis María Salazar Salazar
Hacienda, Luis María Salazar Salazar / Cristóbal Góngora Delgado / Juan Pérez Villamil, interino.
Gobernación de Ultramar, Miguel de Lardizábal y Uribe.
En 18 septiembre 1815, la Secretaría de Ultramar pasó a llamarse Secretaría Universal de Indias, manteniendo el mismo titular, Miguel de Lardizábal y Uribe
La recepción oficial del monarca tuvo lugar el 30 de mayo de 1814, onomástica del rey, y allí el pueblo tuvo otra gran manifestación de entusiasmo.
En medio del alborozo por el regreso del monarca, se podía observar una situación de indefinición legal muy importante:
En diciembre de 1813 se había llegado al Tratado de Valençay, que Fernando VII aceptó pero sin comprometerse a nada de lo que le pedía Napoleón, su sumisión a Francia. Había estado hábil Fernando VII, o su carácter de esperar siempre y repensarse las cosas, le había favorecido. Fernando VII envió a Madrid al duque de San Carlos para que la Regencia ratificase el Tratado, pero no se hizo porque un decreto de 1810 impedía aceptar cualquier tratado que el Rey firmase en “cautiverio”. El Tratado de Valençay existía, pero se podía negar.
Por otra parte, Fernando VII no había jurado la constitución ni reconocía las leyes de Cádiz, como había ordenado la Regencia y las Cortes que debía hacer para poder entrar en España.
Es decir, que Fernando VII no estaba comprometido ni con Napoleón ni con los liberales españoles. Todo se tenía que decidir en breve.
Medidas reaccionarias de 1814.
El clero movilizó a las masas para que pidieran el retorno de los privilegios. Y la nobleza, tanto señorial como jurisdiccional apoyó el movimiento popular clerical (aunque la nobleza urbana, de negocios, que había comprado en las desamortizaciones estaba con los liberales). Destacó en esta labor el capuchino Rafael de Vélez, que ya había colaborado en El Sol de Cádiz culpando a los masones de todos los males de la sociedad e identificando masones con liberales, y que después escribió Preservativo contra la Irreligión y Apología del Altar y del Trono. También es de destacar el Padre Alvarado, alias “El Filósofo Rancio”, quien defendía volver a los valores y formas políticas del siglo XVI.
Los militares estaban divididos, pues los viejos militares desconfiaban de los advenedizos, llegados durante la Guerra a ascensos que de ningún otro modo hubieran conseguido.
La enseñanza estaba también dividida entre los tradicionalistas y los innovadores. Se acusó a los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, y a las Universidades de Salamanca, Oviedo y Santiago, y al Seminario de San Fulgencio de Murcia, de haber difundido el liberalismo, y se expedientó a muchos de sus profesores. Claudio Boutelou, director del Jardín Botánico, fue sustituido por haber sido afrancesado. Casimiro del Prado sería encarcelado en 1818 acusado de liberalismo.
Del 20 de mayo de 1814 en adelante, se tomaron un conjunto de medidas históricamente incoherentes, puramente reaccionarias, sin otra explicación que ir contra el liberalismo de Cádiz, pues, si en 1808, todos, afrancesados, liberales y serviles, afirmaban que había que renovar la administración pues era del todo ineficaz, resultaba absurdo en 1814 reponer todos los organismos administrativos de antes de 1808, sin intención de reformar nada:
20 de mayo, devolución de las tierras a los frailes y monjas expropiados, con el resultado de que los compradores perdían el dinero entregado y además eran multados.
21 de mayo, restablecimiento de la Inquisición.
23 de mayo, restablecimiento de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.
24 de mayo, supresión de ayuntamientos y alcaldes constitucionales, sustituidos por antiguos gobernantes locales anteriores a 1812. Las competencias de los jueces de primera instancia y de los jueces de Partido Judicial pasaron a los alcaldes mayores (de designación real) y corregidores.
27 de mayo, restablecimiento del Consejo Real de Castilla, nombrándose presidente del mismo el 3 de junio al duque del Infantado, Pedro Alcántara y Álvarez de Toledo, que lo sería hasta 1823. El Consejo de Castilla sería suprimido en 1820, restablecido en 1823 y definitivamente anulado en 1832, cuando sus funciones pasaron a un Ministerio de Fomento que asumía también tareas de Gobernación. En 1834 fueron suprimidos definitivamente todos los Consejos.
29 de mayo, restablecimiento del Consejo y Cámara de Indias, siendo nombrado el 2 de julio Presidente del mismo el duque de Montemar[1].
4 de junio, restablecimiento de Audiencias y Chancillerías.
5 de junio, restablecimiento de la Dirección General de Prisiones.
15 de junio, supresión de las Diputaciones Provinciales y de los cargos de “Jefes Políticos” que las gobernaban, y restablecimiento de los Capitanes Generales y de los Intendentes. Es decir, se volvía a gobiernos militares provinciales, como en el siglo XVIII.
17 de junio se restablecieron las pruebas de nobleza para los cadetes de artillería.
19 de junio, reorganización de las Secretarías de Despacho para concederles los poderes que tenían antes de 1808. Se volvió a convocar a las Secretarías de Estado y Despacho, y al Consejo Real, Cámara de Castilla y Consejos de Indias, Hacienda, Guerra, e Inquisición, organismos todos sometidos al rey, de forma que pudiera gobernar éste sin cortapisa ninguna y con acceso a todos los campos de la vida pública. De hecho, en lo que no gobernaba el rey, el Gobierno se encargaba a una «camarilla» o grupo de validos sin responsabilidad política, que gobernaba en nombre del rey y mientras disfrutara de su confianza, no tenían cargo oficial alguno, pero eran el verdadero Gobierno. Tener un conocido en la camarilla era fundamental para hacer fortuna en España. La arbitrariedad y rivalidades internas entre los componentes de las camarillas fueron rasgos destacados de todo el periodo.
27 de junio, supresión del cuerpo de Estado Mayor en el ejército.
1 de julio de 1814, encargo de reorganizar el ejército hecho a Palafox, Castellar, O`Donnell, Wimpfen, O`Donojú, y al general Castaños como presidente de la comisión reformadora.
20 de julio, supresión de la Secretaría de Gobernación.
23 de julio se abolió la contribución única directa, volviendo a imponer las rentas provinciales y los estancos sobre los que había territorios privilegiados como Aragón, y territorios exentos como Navarra y País Vasco.
11 de agosto, restablecimiento del Consejo de Hacienda en la persona del duque de Vergara.
18 de agosto de 1814, los nobles pidieron la abolición del decreto de 6 agosto de 1811 sobre abolición de los señoríos. Formaban la comisión de derogación los condes de Altamira, Cervellón[2] y Fernán Núñez, los marqueses de Ariza[3], Lazán, Benamejí[4], y La Romana[5], y los duques de Infantado e Híjar[6]. El problema era que la abolición de señoríos había sido muy popular, y abolirlos era ponerse en contra de mucha gente. Entonces se decidió no dar una ley nueva, sino decidir que el asunto se resolviera judicialmente y que fueran los campesinos los que aportaran, en juicio, las pruebas de que las fincas eran “señoriales” y no “propiedad” de los nobles, lo cual era casi imposible de probar, al tiempo que los nobles quedaban exentos del deber de presentar los títulos de propiedad (decreto de 15 de septiembre de 1815). Por muy conservadora y reaccionaria que parezca esta decisión, será la misma que adoptarían los liberales de 1834 para resolver definitivamente el problema.
8 de septiembre, restablecimiento del Consejo de Órdenes en la persona de Granada de Ega[7].
22 de septiembre, un Consejo pasó a administrar los propios del reino.
2 de octubre, restablecimiento del Honrado Concejo de la Mesta.
2 de noviembre, restablecimiento de la Junta Suprema de Estado, que era un Gabinete de coordinación de las distintas Secretarías de Despacho (ministerios posteriormente).
Se trataba de eliminar a los liberales de los puestos de gobierno que habían ocupado, no “democráticamente” según los realistas, sino forzando las situaciones a favor suyo.
El argumento jurídico para estas reformas y sustituciones de liberales se deducía de la propia constitución de 1812: si la potestad de hacer las leyes residía “en las Cortes con el Rey” y el Rey no había estado presente nunca, todas las leyes acordadas entre 1810 y 1814 era nulas, no válidas. Este argumento será citado en el Manifiesto de los Persas. Pero incluso las mismas Cortes eran ilegales, pues se habían convocado sin la preceptiva presencia del Rey, habían actuado contra leyes que sí habían sido dictadas en legalidad, y se habían basado en diputados elegidos algunas veces de forma arbitraria (caso de los suplentes).
En cuanto a medidas extremas de represión, no las hubo en 1814. En contra de las sugerencias liberales de que había habido muertes y prisiones, la investigación posterior demuestra que no hubo tales represiones: las condenas a muerte se redujeron a una, y se trató del “cojo de Málaga”, un individuo que se pasó los últimos meses de Cádiz y la época de Madrid en las tribunas de las Cortes increpando las intervenciones realistas con gritos de “matarlo, matarlo” (matadlo, matadlo traducido del andaluz al castellano), y “¿no hay un puñal?”, que significaba lo mismo. Y además Fernando VII le indultó y no se ejecutó la pena capital. En cuanto a las prisiones, en mayo de 1814 se detuvo a 40 personas, 18 de ellos diputados, y entre los detenidos hubo absoluciones, libertades bajo fianza, y 18 penas de prisión distintas[8], y algunos confinamientos. Hay que decir además, que la prisión de estos políticos no era estricta, sino que podían salir de la cárcel, en ciertas ocasiones, con la vigilancia adecuada.
En provincias, los detenidos pudieron ser una cincuentena.
Lo peor de la represión antiliberal es que se permitió que las masas asaltasen las casas de los liberales y que gritasen por las calles que les apresasen a todos.
La represión contra los afrancesados fue mucho más dura que contra los liberales, pues hubo penas de destierro contra todos los colaboradores de José I y ello causó la huida de España de unas 12.000 personas, penas en las que estaban de acuerdo los liberales y los realistas, es decir, todos los “patriotas”. Una pena, porque los afrancesados eran el grupo social mejor preparado, intelectual y técnicamente, para las reformas que España necesitaba.
También hay que decir que hubo 16 penas de muerte de liberales por rebelión armada, más tarde, entre 1814 y 1820.
El proyecto de monarquía reformista.
Pedro Macanaz, Secretario de Estado y Despacho de Justicia, recibió el encargo de preparar la convocatoria de Cortes prometida por el Rey. Para ello, se reunió en mayo una Junta Asesora, y esta Junta decidió retrasar la convocatoria “para dar tiempo a que llegaran los diputados americanos”. La espera no era corta, pues los convocantes se referían a la terminación de las guerras americanas. El 10 de agosto, Macanaz recurrió al Consejo de Castilla, para resolver el asunto, y el Consejo, que sabía que si había Cortes desaparecería el Consejo, decidió no adelantar la convocatoria. Cuando en noviembre de 1814, Macanaz fue destituido, todos entendieron que no habría Cortes nunca.
Los pronunciamientos a partir de 1814.
Desde 1814 surgió el fenómeno del “pronunciamiento”, una demostración de fuerza de un militar, en connivencia con otros colegas del ejército, de su propio acuartelamiento o de otros lugares de España, para hacer cambiar el sistema político, una manifestación a favor de una persona o de un sistema político determinado contrario al actualmente gobernante. Se pedía a los compañeros militares y a las fuerzas civiles, que se pronunciaran si estaban a favor o en contra de la idea por la que él se sublevaba. En América se denominó “grito”. Los pronunciados, en caso de triunfar, se aproximaban a Madrid y designaban un Gobierno, y en caso de fracasar, el iniciador del pronunciamiento, o huía hacia la frontera y el exilio, o era fusilado.
El ejército se podía usar para este fin, porque los oficiales de la guerra de 1808-1814, y de las guerras americanas en su caso, estaban descontentos:
En primer lugar, se veían postergados por la nobleza, a la que Fernando VII había restituido en los cargos militares,
En segundo lugar, los oficiales estaban divididos internamente a causa de la Guerra de la Independencia (profesionales y advenedizos), las represalias posteriores contra oficiales del bando liberal, y la no admisión de jefes guerrilleros y algunos oficiales en el ejército de Fernando VII.
En tercer lugar, había sectores que estuvieron privilegiados frente a todos los demás, tales como los “ayacuchos”, o gentes del grupo de Espartero. Posteriormente, durante la historia de España siguiente, los militares seguirían enfrentados, en el XIX por causa de los ascensos, los distintos cuerpos militares contra infantería. Ya en el siglo XX, serían los africanistas contra los peninsulares.
Características del pronunciamiento eran:
El pronunciamiento se organizaba desde arriba y no desde el pueblo.
Utilizaba una guarnición militar cualquiera de una ciudad o un campamento militar.
Era romántico en cuanto esperaba a su favor un levantamiento popular generalizado, un entusiasmo popular en su apoyo, que suponían que se iba a producir, y muy pocas veces se produjo.
Era meditado, pero estaba casi siempre condenado al fracaso porque contaba con el elemento irracional dicho.
Era frecuente y repetido.
Las conspiraciones o pronunciamientos contra el régimen de Fernando VII fueron muchas, una importante cada año. Pero eran sublevaciones románticas que partían de la fidelidad al rey, eran encabezadas por militares y no contaban con una trama civil y popular que las apoyase. Todos los que intentaron sublevarse contra el sistema político fueron condenados a muerte.
El pronunciamiento de Mina.
En 1814 se pronunciaron Martín Javier Mina (Mina el Mozo) y su tío, Francisco Espoz Illundaín (“Espoz y Mina”), en Navarra. Espoz y Mina, el antiguo guerrillero y ahora mariscal, veía que, en la nueva situación política, teóricamente de victoria de los guerrilleros frente a los franceses, perdía poder y se le recortaban fondos: En vez de gobernar toda Navarra como señor de ella, el poder pasaba al virrey, conde de Ezpeleta[9]. Entonces Espoz y Mina viajó a Madrid a exponer sus agravios: que no se desmovilizaran sus batallones de guerrilleros, y que el Alto Aragón no pasara a depender de Zaragoza y de su jefe Palafox. Para su sobrino Mina, pedía a Eguía ingresar en el ejército y que se reconocieran sus méritos de guerra y de prisión. Eguía se negó en redondo. Una vez que los guerrilleros de Mina fueron despedidos sin paga, desertaron, pues los navarros se negaban a seguir dándoles comida y alojamiento. El decreto de licenciamiento de estas tropas fue de 28 de julio de 1814 y el 15 de septiembre Espoz y Mina fue destinado a un cuartel en Pamplona, detentando únicamente el mando de aquel cuartel. Espoz y Mina habló con sus oficiales para dar un golpe. Ezpeleta le ordenó licenciar a la mitad de sus soldados, y Espoz y Mina se negó. Espoz y Mina se puso en contacto con el coronel de caballería Guerra, con el gobernador de Pamplona Asura, y con el coronel Gorriz, y el 25 de septiembre de 1814 tomó un regimiento de Puente la Reina y se dirigió a Pamplona para pedir Cortes y pedir solidaridad a otros generales. Los soldados se negaron a asaltar Pamplona y los Mina huyeron a Francia. Francisco Javier Mina fue llevado a París. Gorriz fue fusilado. El conde de Casa Flórez[10], encargado de negocios en Francia, hizo detener a Mina en París. El gobierno de Francia se disgustó mucho por la iniciativa de detener hombres en un país extranjero que se había atribuido el conde y expulsó a ambos de Francia, a Mina y a Flórez. Javier Mina pasó a Inglaterra, y en mayo de 1816 se embarcó para México, donde inició una sublevación, fue hecho prisionero y fusilado en noviembre de 1817. Espoz y Mina regresó a Francia en 1815 y fue premiado por Luis XVIII con una pensión en consideración a los servicios prestados en la lucha contra Napoleón.
El levantamiento de Mina respondía a un problema social salido de la Guerra de la Independencia: Cerca de 4.000 oficiales salidos de la guerrilla y la guerra contra Napoleón, habían vuelto de Francia como prisioneros devueltos. Muchos más había en el país reconocidos como jefes del ejército porque habían sido jefes de guerrilla. El expulsarlos del ejército sin dejarles recursos, fincas ni paga, era un problema, y el dejarles en el ejército era imposible pues el Estado no podría pagar tanta oficialidad. Como eran considerados liberales, tampoco podían encontrar trabajo en otras partes de la administración, ahora absolutista. Fue un problema que duró todo el siglo, un siglo lleno de revoluciones, guerras marroquíes y guerras coloniales, que no pararían de crear oficialidad, mucha más de la necesaria y más de la que se podía pagar. Resulta demostrado que el problema era más político y social que económico, pues sí que se aceptó oficialidad cuando ésta coincidía con el signo político de los gobernantes. La nueva oficialidad creada no salía de oficiales excedentes, sino de gente afín al gobierno de turno.
Gobierno absolutista de Pedro Cevallos.
15 de noviembre 1814 – 26 enero 1816:
Secretario de Estado, Pedro Ceballos Guerra.
Guerra, general Francisco Ramón Eguía y Letona / 25 de marzo 1815: Francisco López Ballesteros[11] / 12 agosto 1815: Pedro Bailín / 23 octubre 1815: Francisco José Bernaldo Quirós, marqués de Campo Sagrado (en realidad ejercía las funciones Luis María Salazar y Salazar).
Marina, Luis María Salazar y Salazar
Gracia y Justicia, Tomás Moyano Rodríguez
Hacienda, Juan Pérez Villamil / 2 febrero 1815: Felipe González Vallejo / 21 abril 1815: Francisco García de Paula Luna / 10 diciembre 1815: José Ibarra
Ministerio del Despacho Universal de Indias, Miguel de Lardizábal Uribe. Este “ministerio” no tenía sentido, pues no había Indias que gobernar, y se suprimió en 1815.
Campaña reaccionaria en 1815.
Una vez caído Macanaz en Justicia, el nuevo hombre fuerte, desde noviembre de 1814, era Eguía. La política se volvió oscura: comenzaron a llegar denuncias, rumores, de revoluciones y planes para asesinar al Rey, muchas de ellas absurdas y casi siempre anónimas. Los rumores consiguieron enrarecer el ambiente, la opinión de la calle, y las medidas de represión eran exageradas en los Gobiernos Provinciales, Ayuntamientos, e incluso en la Inquisición, que se empeñaban en buscar “masones”. Los “masones” eran identificados en ese momento con “liberales”, en una política deliberada de persecución antiabsolutista. Algunos relacionan esta campaña absolutista con el Imperio de los Cien Días, pues Napoleón desembarcó en Francia el 7 de marzo de 1815 y no fue derrotado hasta 18 de junio de 1815, y ello causó especial pavor entre los políticos españoles.
En 1815 fue por lo tanto un año de destrucción de la obra liberal:
Se cerraron teatros en Murcia y se prohibieron muchos bailes de máscaras en carnaval, no siendo que los liberales tuvieran ocasión de reunirse.
El 28 de abril de 1815 se suspendieron todos los periódicos menos el Diario de Madrid y La Gaceta. Para volver a abrir, tenían que solicitar permiso especial.
Mayo 1815, se restablecieron los jesuitas.
Junio 1815, se restablecieron los gremios.
Julio 1815, se restableció el Voto de Santiago.
30 de noviembre de 1815, se decretó la devolución de los cargos municipales a los señores, y eliminación del Concejo Abierto. Entonces ocurrió que los campesinos se negaron a pagar los impuestos propios del señorío, aunque aceptaron que los señores nombraran los cargos del Concejo, como había sido tradición hasta 1808. Ante tamaño desastre económico para los nobles, éstos pidieron el antiguo privilegio de nombrar jueces a fin de demandar con garantía a los campesinos que se negaban a pagar. Pero si los nobles nombraban a los jueces, se iba abajo el absolutismo. En noviembre de 1819, el absurdo fue rectificado para ser el rey quien nombrara a todos los cargos municipales, y no los nobles.
El compromiso de 4 de mayo de 1814 de convocar Cortes no se cumplía. Ese manifiesto decía “Yo trataré con los Procuradores de España y de las Indias, en Cortes legítimamente convocadas, de establecer sólida y legítimamente cuanto convenga al bien de mis reinos”. Pero, pasado un año, esa afirmación no se estaba cumpliendo en absoluto. Por el contrario, las medidas de vuelta al Antiguo Régimen se producían una tras otra.
El ejército que, en boca del general Elío, estaba necesitado y desatendido, quedaba más roto y desmoralizado si cabía, pues se ascendía a los delatores y colaboradores del régimen, antiliberales, pero no a los que tenían mérito y condición para ascender. Ni siquiera se tenía en cuenta a los que habían luchado en la guerra de 1808-1814 y los que habían dado la cara por Fernando VII.
En noviembre de 1815 se dio un decreto de restablecimiento de los señoríos, pero no se volvió a la situación anterior a 1811: a partir de este momento, los Ayuntamientos propondrían una terna de candidatos a cada oficio municipal vacante y las Audiencias decidirían a quién le correspondía el oficio. Por lo tanto, se reforzaba el poder del Rey, y quedaban abolidos los principales derechos señoriales. Esta tendencia se confirmaría en 1819, cuando al Corona se reservó el nombramiento de todos los oficios y cargos en lugares de señorío.
Igualmente ocurrió con los privilegios de los gremios, pues en 1815 se les devolvieron los privilegios, pero quedaron exentas del privilegio gremial las actividades que necesitasen de libertad para el progreso técnico, es decir, que perdían su principal privilegio.
A finales de 1815, parece que se pasó el miedo a los liberales, y la represión se suavizó.
[1] Probablemente, Antonio María Ponce de León Dávila y Carrillo de Albornoz, 1757-1826, IV duque de Montemar. Hay cierta confusión de nombres y títulos en esta época en las distintas fuentes y además e cambiaban de nombre o de apellidos algunos. Estos que doy en este capítulo, son provisionales, sin confirmar.
[2] Felipe Carlos Osorio de Castelví Guzmán y Carroz, 1763-1815, VI conde de Cervellón.
[3] Probablemente Vicente María de Palafox Rebolledo Mexía Silva. Es chocante el orden de apellidos Palafox y Rebolledo, pues normalmente es al revés: Rebolledo de Palafox. También es discordante que le llamen conde de Ariza, o marqués de Ariza, según las fuentes.
[4] Probablemente Francisco de Paula de Bernuy y Aguayo, VIII marqués de Benamejí.
[5] Pedro Caro Salas, IV marqués de la Romana, pues Pedro Caro Sureda había muerto en 1811.
[6] Agustín Pedro de Silva y Palafox, X duque de Híjar, X duque de Aliaga.
[7] Puede tratarse de Francisco de Borja Idiáquez y Palafox, 1769-1818, IV duque de Granada de Ega, o de Francisco Javier Idiáquez y Carvajal, 1785-1848, V duque de Granada de Ega.
[8] Fernández Golfín fue condenado a 10 años; Argüelles, Calatrava, Zorraquín, Feliz, García Herreros , Martínez de la Rosa y Canga Argüelles fueron condenados a 8 años; Muñoz Torrero, Larrazábal, López Cepero, Villanueva y Gutiérrez de Terán, fueron condenados a 6 años; Oliveros, Gallego, y Ramos Arispe fueron condenados a 4 años; Capaz fue condenado a 2 años; y Bernabeu fue condenado a 1 año.
[9] José Manuel de Ezpeleta Galdeano Dicastillo y del Prado, 1739-1823, conde de Ezpeleta de Beire había sido en 1785-1789 Gobernador de Cuba, en 1789 virrey de Nueva Granada, en 1807 capitán general de Cataluña y en ese puesto se negó a jurar a José I y fue llevado a Francia de 1809 a 1814. En 1814 fue nombrado virrey de Navarra en sustitución de Mina, al que combatió en su pronunciamiento. En 1820, Mina fue virrey de Pamplona, y en 1823 lo volverá a ser Ezpeleta, que falleció ese mismo año.
[10] Probablemente José Flórez Pereira, conde de Casa Flórez desde 1790.
[11] Francisco López Ballesteros 1770-1833, fue un militar aragonés que en la Guerra de la Independencia se opuso a que Wellington fuera nombrado generalísimo del ejército español, y por ello fue confinado en Ceuta. En marzo de 1815 fue Secretario de Guerra. En 1817 fue acusado de liberal y confinado en Valladolid. En 1820 se ofreció para luchar contra la sublevación liberal, fue rechazado, y se puso al servicio del gobierno liberal. En 1823 estaba al frente del Segundo Ejército, que defendía Aragón y Navarra y se rindió sin lucha a los Cien Mil Hijos de San Luis. Fue condenado a muerte y se exilió a París.
