20.15.23.La Guerra de España en diciembre de 1936.
La Guerra de España en diciembre de 1936. Ideas clave: la Diputación Permanente de 1 de diciembre de 1936, ataque de Queipo de Llano en Andalucía, lucha por el poder...
EL GOBIERNO GARCÍA PRIETO DE DICIEMBRE DE 1922.
Conceptos clave: el programa de García Prieto en 1923, elecciones en abril de 1923, las Cortes en mayo de 1923, el golpe de Estado de septiembre de 1923.
Era un Gobierno de uno o dos Ministros por cada grupo liberal, el Gobierno de más a la izquierda posible dentro del espectro monárquico. Los cinco líderes eran: Santiago Alba, Melquiades Álvarez, Manuel García Prieto, Rafael Gasset y Niceto Alcalá-Zamora. Intentaban unir a las cuatro grandes facciones del Partido Liberal, e incluir en el grupo al viejo aliado republicano moderado Melquiades Álvarez. Alba era el hombre fuerte de este Gobierno, aunque el Presidente del Gobierno fuera García Prieto porque éste era más capaz de dialogar y de llegar a acuerdos. Era un Gobierno que, efectivamente, no incluía a representantes obreros, regionalistas ni de izquierda democrática, que ya eran muy importantes realmente en esta época, pero era lo más cercano hacia la apertura en ese sentido. Representaba una posibilidad de una transición hacia un sistema más democrático. José Manuel Pedregal, Ministro de Hacienda, representante del Partido Reformista de Melquiades Álvarez, llevaba consigo un programa reformista avanzado y democrático: tolerancia religiosa, reforma del Senado, gestión civil del asunto de Marruecos, realización del juicio de responsabilidades. Era el Gobierno que menos le convenía a los sectores más conservadores, ejército, Iglesia y empresarios. Tal vez por ello, fue el último Gobierno democrático de la década.
El Gobierno García Prieto, marqués de Alhucemas
Liberal. 07 diciembre 1922 a 13 septiembre 1923
Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas.
Gobernación, Martín Rosales Martel duque de Almodóvar del
Valle (grupo de García Prieto) demócrata.
Estado, Santiago Alba Bonifaz[1] (Izquierda liberal).
Guerra, Niceto Alcalá-Zamora Torres, abogado católico y de Partido Liberal Democrático / 26 mayo 1923: Luis Aizpuru Mondéjar.
Marina, Luis Silvela Casado (grupo de García Prieto) demócrata / 16 febrero 1923: Juan Bautista Aznar Cabañas.
Fomento, Rafael Gasset Chinchilla (conservador de Silvela, se pasó al Partido Liberal en 1905, por discrepancias con Maura) / 3 septiembre 1923: Manuel Portela Valladares.
Hacienda, José Manuel Pedregal y Sánchez-Calvo (del Partido Reformista de Melquiades Álvarez) / 4 abril 1923: Miguel Villanueva Gómez / 3 septiembre 1923: Félix Suárez-Inclán González-Villar.
Instrucción Pública y Bellas Artes, Joaquín Salvatella Gisbert, liberal de Romanones.
Gracia y Justicia, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, liberal / 26 de mayo 1923: Antonio López Muñoz, conde de López Muñoz.
Trabajo, Comercio, e Industria, Joaquín Chapaprieta Torregrosa (izquierda liberal) / 3 septiembre 1923: Luis Armiñán Pérez.
La posibilidad de democratizar la política en sentido liberal democrático, incomodaba a los burgueses catalanes y vascos, y a los militares y a los integristas católicos. La democracia liberal y social significaba el final de los privilegios, y ello causaba recelo. Podía significar el final de la democracia burguesa gestionada por empresarios, militares e Iglesia, democracia que había caracterizado todo el siglo XIX español.
El Gobierno no gustaba a los militares, porque no se les concedía el hacer una guerra total en Marruecos, de sometimiento militar absoluto de las cábilas, con los muertos que fuera preciso asumir. Al contrario, Alba hablaba de la necesidad de abrir escuelas, hospitales y carreteras en Marruecos, y ganarse poco a poco a las tribus. Los militares argumentaban que, mientras tanto, los soldados irían muriendo. El Gobierno decidió continuar en la política de aceptar el pago de los rescates que pedía Abd el Krim, y ello le pareció vergonzoso a los militares. Entre las primeras actuaciones del Gobierno estuvo la de comprar los prisioneros que Abd el Krim tenía desde 1921 (proyecto Santiago Alba). El 23 de enero de 1923, llegaron los prisioneros españoles rescatados. El tema más incómodo era que las Cortes continuaban un debate permanente sobre la derrota en el Rif.
El Gobierno no le gustaba a la Iglesia católica, porque hablaba de libertad de cultos, lo que significaba el final del monopolio católico en materia de religión.
El Gobierno no le gustaba a los empresarios porque las propiedades iban a ser tratadas sin los privilegios seculares de que disfrutaban hacía siglos.
El programa de Gobierno García Prieto.
El programa de García Prieto era inquietante para las clases tradicionalmente dominantes: modificación de la Constitución; la libertad de cultos; la transformación del Senado para que fuera más representativo y representara menos privilegios; la obligatoriedad de abrir las Cortes cuatro meses al año, y obligatoriamente el primer día hábil de diciembre de cada año; pasar el gobierno de Marruecos a las autoridades civiles; hacer reformas sociales en cuanto al régimen de propiedad inmueble y en dotar al país de infraestructuras y servicios; un sufragio más proporcional; responsabilidades por la catástrofe de Annual.
Pero lo primero era disolver las Cámaras, y ello significaba convocar las Cortes. García Prieto quiso, antes de convocarlas, terminar el negocio de la recuperación de los presos, y cambiar las autoridades militares de Marruecos por otras civiles.
Intento de rehabilitación de Cambó.
El 7 de enero de 1923, Cambó hizo un discurso definiendo a Lliga Regionalista como un partido de centro, sereno, alejado de los extremismos, partidario de la concordia, al tiempo que partidario de la evolución política en España. Afirmó que Cataluña tenía personalidad propia, y daba a entender que España no la tenía. Decía que los demás, eran extremistas o excluyentes: calificó a Unió de extremista, partidarios del “tot o res” (todo o nada). A los políticos de Madrid como anacrónicos instalados en el inmovilismo. De Acció Catalana, el movimiento intelectual catalanista que, en esas fechas de principios de enero de 1923, no tenía ideas claras, dijo que sólo era una reacción visceral contra la Lliga, pues era absurdo proponer algo tan irracional como el choque directo con el Estado español. Cambó opinaba que Cataluña no debía enfrentarse al resto de España sino ayudar al resto de los pueblos españoles a encontrar nuevas fórmulas de convivencia (este discurso estaba copiado de Prat de la Riba). De España, dijo que se estaba volviendo excluyente. La convivencia entre España y Cataluña era posible, y necesaria geográficamente, siempre que España reconociese las personalidades distintas de Cataluña y de España, pero el patriotismo español no era incompatible con el patriotismo catalán.
Cambó estaba confundiendo la política arancelaria (intereses burgueses catalanes) con el catalanismo (ideales nacionalistas). Sin embargo, este discurso gustó mucho al general Miguel Primo de Rivera por haber dicho que la convivencia de España y Cataluña era conveniente. Pero fue la última vez que Cambó tuvo simpatizantes entre los españoles.
El rescate de los presos.
Santiago Alba, Ministro de Estado, se propuso rescatar prisioneros de Marruecos, y empezó eliminando negociadores privados religiosos, y negociadores de asociaciones pro-presos. Había hasta seis organizaciones que enviaban víveres y ropa, presuntamente para los presos, pero que iban a parar en realidad a Abd el Krim. Santiago Alba nombró negociadores a Horacio Echevarrieta, a Dris ben Said y al Alto Comisario interino Luciano López Ferrer, que era un civil. Abd el Krim pidió 4 millones de pesetas y la liberación de 54 presos rifeños, y a cambio dio 357 presos españoles, que fueron embarcados en Alhucemas por el barco Antonio López, de la Trasatlántica, y llevados a Melilla.
Luciano López Ferrer, era un abogado valenciano, diplomático de carrera, que había participado en la Conferencia de Algeciras y había sido cónsul en Tetuán y en La Habana. No importó al Gobierno que fuera conservador, antes maurista, y en ese momento ciervista. Estuvo interinamente en el puesto hasta el nombramiento como Alto Comisario de España en Marruecos de Luis Silvela Casado en 17 de febrero de 1923.
Luis Silvela Casado era sobrino del más conocido Francisco Silvela de Vielleuze, muerto en 1905. Era abogado madrileño del Partido Liberal y había sido Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en marzo de 1918, Alcalde de Madrid en abril de 1918, Ministro de Gobernación en noviembre de 1918, y Ministro de Marina en diciembre de 1922. Luis Silvela fue sustituido en el Ministerio de Marina por el Almirante Juan Bautista Aznar Cabañas.
Con motivo de la liberación de presos, los militares españoles se enteraron de las vejaciones y malos tratos que habían recibido éstos, y manifestaron su opinión de resolver el tema militarmente, por la fuerza: tomar Alhucemas y acabar con Abd el Krim. Manifestaron su desacuerdo con la entrega del gobierno del Rif a los civiles, y con el deber que se imponía a los militares de no disparar un solo tiro. Abd el Krim todavía empeoraría las cosas en febrero de 1923 proclamando la República del Rif, lo cual rompía el compromiso de España en la Conferencia de Algeciras de mantener la unidad territorial de Marruecos.
Una parte del ejército se puso en contra del Rey: la artillería y los ingenieros se declaraban carlistas, mientras la infantería y parte de la caballería se inclinaban por la regencia de la Reina Victoria Eugenia. El Rey empezó a pensar en alternativas: o bien se iba a la abdicación en su hijo Alfonso de Borbón Battenberg[2], que cumpliría 16 años en mayo de 1923, la edad de ser aceptado como Rey, pero que era hemofílico y ello no parecía aconsejable, o bien el Rey tomaba plenos poderes y establecía una dictadura personal. Pero los militares pronto se dieron cuenta de que el golpe de Estado era imposible, porque la infantería y la caballería tenían completa disparidad de opiniones, y el cambio implicaría un enfrentamiento militar. Entonces decidieron seguir apoyando al Gobierno de García Prieto. Pero la amenaza militar continuaba.
El problema católico en 1923.
Romanones, Ministro de Gracia y Justicia, el 9 de enero de 1923 publicó un decreto que prohibía la venta y exportación de obras de arte de las iglesias, que la Iglesia inmediatamente interpretó como un ataque al catolicismo. Estados Unidos se estaba convirtiendo en un buen mercado para el arte románico y el gótico europeo, y la Iglesia española perdía una ocasión de hacer dinero. La Iglesia no entendía que se pudiera proteger el patrimonio del pueblo español, porque a la hora de vender, creía que las obras eran suyas, del clero, mientras a la hora de reponer los desperfectos, los gastos eran de todos los católicos españoles, del pueblo español. El sentido de la universalidad y de la pobreza evangélica se habían perdido, a pesar de las muchas declaraciones en sentido contrario.
En marzo de 1923, la Iglesia católica inició una campaña contra el proyecto de libertad religiosa del Gobierno español. Tenía su importancia porque Rafael Gasset Chinchilla (Fomento), Niceto Alcalá-Zamora (Guerra), y José Manuel Pedregal (Hacienda), eran católicos, pero republicanos, y los Ministros se habían propuesto reformar el artículo 11 de la Constitución de 1876, que decía: “La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”. Era la Constitución de Cánovas, hecha para un Estado confesional.
Los del Partido Reformista estaban aprovechando las discusiones políticas para pedir que se reformara la Constitución en el sentido de limitar el poder de la Iglesia católica. Reaccionó al cardenal Juan Soldevila y manifestó que, si se derogaba el artículo 11, los obispos recomendarían votar contra los liberales, y echar abajo ese Gobierno. José Manuel Pedregal dimitió el 3 de abril. Pero también los reformistas rompieron con García Prieto que no daba un paso adelante. Romanones cortó el proyecto de reformar la Constitución. La Iglesia católica mantendría sus privilegios y seguiría siendo religión de Estado.
Pérdida de apoyos del Gobierno García Prieto en febrero de 1923.
En primer lugar, la Iglesia católica se había manifestado contraria al Gobierno. En segundo lugar, se había perdido la confianza del Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Y también se perdió la confianza de Lliga: Lliga criticaba al Gobierno García Prieto porque permitía que Alba estuviera proponiendo modificaciones del arancel que había hecho Cambó en 1922. Y por último, la patronal catalana se puso en contra del Gobierno, porque éste se negó a declarar la ley marcial en Cataluña, cuando CNT estaba matando en la calle. Los empresarios autonomistas estaban pidiendo la Ley Marcial, es decir, que el ejército disparara sobre los revoltosos. Y toda la patronal catalana apoyó las demandas de Lliga.
El Gobierno se estaba quedando sin apoyos en un momento muy delicado, con terrorismo, catalanismo independentista, intranquilidad militar, y desasosiego religioso.
El anarquismo en 1923.
El 10 de marzo de 1923, fue asesinado Salvador Seguí, el Noi del Sucre, líder anarquista. Los asesinos formales eran los pistoleros “libres”. Pero había habido mucho interés de los anarquistas violentos en su muerte.
Los obreros catalanes habían aprovechado el restablecimiento de las libertades constitucionales para hacer más huelgas que nunca y más asesinatos y bombas que nunca. La conferencia CNT de Zaragoza de junio de 1922, dirigida por Hilario Irlandis, había renunciado a la Tercera Internacional y vuelto al anarquismo independiente, pero había aparecido un grupo violento e intransigente dirigido por Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso Abadía, Rafael Torres Escartín, Joan García Oliver, Antonio Ortiz, Ramona Berri, Gregorio Jover, Antonio Martín Escudero, Miguel García Vivancos, Pepita Not, Ricardo Sanz, Rafael Liberato Torres, y otros. Muchos seguidores de este grupo trabajaban en el sector de la construcción. Se expresaban en el periódico Tierra y Libertad. En Tierra y Libertad estaban Herreros, Cardenal, Basón, Soledad Gustavo, Víctor García, Emilio Boal, Eduardo Gilimón, Federico Urales, Fernando Tarrida de Mármol, Anselmo Lorenzo, Fermín Salvoechea. Buenaventura Durruti era un terrorista sanguinario, cuyo nombre pasó a ser el arquetipo del héroe entre los anarquistas violentos. El nombre de Buenaventura Durruti empezó a sonar cuando fracasó al intentar asesinar a Martínez Anido en San Sebastián (el objetivo había salido para La Coruña y no le encontró lógicamente en San Sebastián), pero aprovechó para asesinar al gobernador de Vizcaya, González Regueral, cuando éste estaba en León.
El grupo anarquista moderado, que rechazaba la violencia como método para alcanzar la revolución, estaba liderado precisamente por Salvador Seguí y Ángel Pestaña. Salvador Seguí les razonó a sus compañeros que el anarquismo era también política, y no sólo bombas y asesinatos. En 1923, los anarquistas moderados Salvador Seguí y Ángel Pestaña propusieron acabar la actividad de los pistoleros CNT, los Únicos. Pero los anarquistas intransigentes decían que era una temeridad quedarse indefensos frente a los pistoleros de los “libres”.
Cuando los intransigentes vieron que no podían dialécticamente con Seguí, decidieron correr el rumor, en enero-febrero de 1923, de que Seguí era un corrupto a sueldo de los patronos, e hicieron que todas las secciones anarquistas se sintieran con derecho a juzgarlo por traición a la ideología anarquista, hasta que Seguí se cansó de tantas asistencias a reuniones para defenderse de acusaciones absurdas. Y una vez hecho el trabajo sucio contra Seguí, los intransigentes decidieron eliminarle. Para ello contactaron con los patronos más intransigentes y con los pistoleros llamados del Sindicato Libre, que se encargó con gusto del trabajo. Blas Martín falló el 23 de febrero en un primer intento, pero Inocencio Feced acertó el 9 de marzo de 1923. Los anarquistas intransigentes se dieron prisa en culpar a la patronal, pero el asunto no está nada claro (fuente: Carlos Seco Serrano, La España de Alfonso XIII, pg. 728).
Las elecciones de abril de 1923.
El 7 de abril, el Rey concedió la disolución de Cortes y se convocaron elecciones para el 29 de abril de 1923. En la campaña, Indalecio Prieto habló contra el Gobierno, y se perdió así la posibilidad de un pacto entre socialistas y liberales de izquierdas. Además, Santiago Alba tuvo que recurrir al caciquismo y a las corruptelas de siempre para obtener un resultado adecuado a las reformas que se pretendían, y este juego sucio desacreditaba a Alba, que siempre había defendido limpieza en las elecciones. Alba cedió el encargo de las elecciones a Natalio Rivas y obtuvo el 54% de los escaños, pero un tercio de ellos, hasta 146 diputados, por el artículo 29. La lucha por aprovechar el artículo 29 fue muy evidente, y cada grupo político se dedicó inmediatamente a obtener el máximo de Gobernadores Provinciales que les permitiera utilizar el famoso artículo. El desperdigamiento del voto entre personalidades de un mismo partido, fue máxima, lo cual era muy negativo para un momento tan complicado como 1923:
El Partido Liberal obtuvo 230 escaños:
Demócratas, de Manuel García Prieto, 87 ò 96 escaños.
Liberales, de Álvaro Figueroa, Romanones, 47 ó 48 escaños.
Izquierda Liberal, de Santiago Alba, 25 ó 40 escaños
Reformistas, 20 escaños.
Liberales Agrarios, de Rafael Gasset Chinchilla, 8 ó 10 escaños.
Niceto Alcalá Zamora, 6 u 8 escaños.
Independientes por el Partido Liberal, 7 escaños.
El Partido Conservador obtuvo 121 escaños:
José Sánchez-Guerra Martínez, 90 ó 93 escaños.
Juan de La Cierva Peñafiel, 15 ó 16 escaños.
Antonio Maura, 10 ó 12 escaños.
Datistas (Eduardo Dato había muerto en marzo de 1921) 5 escaños.
Independientes por el Partido Conservador, 5 escaños.
Republicanos, 43 escaños:
Partido Reformista de Melquiades Álvarez, 18 escaños.
PSOE de Pablo Iglesias, 7 escaños.
Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, 5 escaños.
Republicanos catalanistas como Lluis Companys, Joaquim Pi Arsuaga, y Francésc Macià, 13 escaños.
Regionalistas conservadores, 21 escaños:
Lliga Regionalista de Francesc Cambó, 20 escaños.
Partido Nacionalista Vasco de Manuel Aranzadi Irujo, 1 escaño
Católicos, 4 escaños:
Acción Católica de Luis García Guijarro, 1 escaño.
Carlistas, 1 escaño
Agrarios de Cándido Casanueva Gorjón, 1 escaño.
Agrarios independientes, 2 escaños
Demócratas, 3 escaños
Independientes, 29 escaños.
Monárquicos: 14 escaños.
Unión Monárquica Nacional, 3 escaños.
monárquicos vizcaínos, 1 escaño.
Tradicionalistas, 4 escaños.
integristas católicos, 1 escaño.
independientes monárquicos, 5 escaños.
Escaños Vacantes, 31.
Hemos resaltado nombres propios, porque se votaba al hombre, y no al partido, ni a una idea o programa. El resultado era caótico, como se deduce de la simple lectura de resultados. En los momentos de crisis, la dispersión en política suele ser la norma, como algo derivado de que todos echan la culpa de la crisis a los demás, y todos tienen la seguridad de que los demás están equivocados. Y a veces, tienen razón.
Las provincias dominadas por PCE y CNT tuvieron una alta abstención: del 75% en Asturias, 52% en Barcelona, 42% en Cádiz, 43% en Zaragoza.
El PSOE sacó 5 diputados por Madrid (Besteiro, Iglesias, Cordero, Saborit y Fernando de los Ríos, quedando fuera, aunque por poco, Francisco Largo Caballero), 1 por Oviedo (Manuel Llaneza), y 1 por Bilbao (Indalecio Prieto).
El PCE no sacó nada, pues sus candidatos obtenían unos 2.000 votos, cifra muy inferior a los 20.000 que se necesitaban en Madrid. En el resto de provincias con diputados “más baratos” obtenían muy pocos votos.
Las Cortes de mayo de 1923.
El 23 de mayo de 1923 se abrieron las Cortes. Melquiades Álvarez, del Partido Reformista, el hombre que parecía clave para una evolución hacia el liberalismo social, fue nombrado Presidente del Congreso de Diputados.
Y se confirmó el programa de Gobierno de diciembre de 1922: no al Estado confesional; reformas sociales radicales; democratización de la monarquía entendiendo por ello que los militares y los políticos respondieran de sus actos ante la justicia y que el Gobierno fuera gestionado por civiles.
Coherentemente con este programa, se nombró a un civil para Comisario de Marruecos el 11 de julio de 1923. El programa de reformas se suponía que continuaría en septiembre, al regresar las Cortes de las vacaciones de verano.
Los problemas a afrontar por el Gobierno eran principalmente cuatro:
Terminar el tema de las responsabilidades militares de 1921.
Un proyecto de Romanones para que el Estado se incautara de todas las propiedades de la Iglesia, a lo que se oponía el Rey y el ministro Pedregal, que había dimitido el 4 de abril precisamente por este tema.
Un proyecto de reforma de la Constitución a fin de que ni el Rey ni el Gobierno, no pudiesen suspender las garantías constitucionales y cerrar las Cortes tan fácilmente como se venía haciendo.
Solucionar el problema de la guerra terrorista en Cataluña entre el somatén y los libres por un lado, y los sindicalistas “únicos” por el otro. El terrorismo de los libres era contrarrestado con el terrorismo de los anarquistas que crearon una organización terrorista llamada “Los Solidarios” en la que estaban Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, Joan García Oliver[3], Ricardo Sanz.
Solucionar estos problemas era difícil desde el punto de vista político, dada la dispersión de grupos: demócratas, ciervistas, mauristas, regionalistas, republicanos, socialistas, Unión Monárquica, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, Liga Monárquica Vizcaína, tradicionalistas, católicos, clases mercantiles, agrarios, integristas católicos, independientes…
Contradicciones internas del Gobierno.
En el Gobierno había división de opiniones entre el Ministro de Guerra, Alcalá Zamora, que quería el avance total sobre el Rif y el sometimiento militar de los rifeños a cualquier precio (teoría de los militares y conservadores), y el Ministro de Estado, Santiago Alba, que quería la civilización y desarrollo social de Marruecos (teoría de los civiles liberales). García Prieto se inclinó por Alba.
El 23 de mayo de 1923 dimitió Alcalá Zamora, y argumentó que no estaba de acuerdo en que Alba hubiese hecho la compra de prisioneros eliminando a intermediarios frailes, cuando había puesto a otras personas civiles como intermediarios, postura que irritaba a los militares que se sentían humillados y postergados por aceptar los pagos de rescates, y a la Iglesia católica por perder su papel de persona buena interpuesta. Alcalá Zamora quería una victoria militar antes de instaurar un protectorado civil. Alba ordenó a Silvela que no se relacionara con el Ministerio de Guerra (Alcalá Zamora) sino con el de Estado (Alba) y Alcalá Zamora se sintió defraudado y dimitió. Fue sustituido por Aizpurúa el 25 de mayo.
El general Aizpurúa pasó al Ministerio de la Guerra, y López Muñoz a Gracia y Justicia. También se nombró a Martínez Anido Comandante General de Melilla, aprovechando su fama de duro. Aprovechó para dimitir Romanones, que pasó a Presidente del Senado, y fue sustituido en el ministerio por Antonio López Muñoz.
El asesinato de Juan Soldevila.
El 4 de junio de 1923, los anarquistas asesinaron al cardenal arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila Romero. La opinión pública interpretó que era la respuesta al asesinato de Salvador Seguí, en marzo último.
Juan Soldevila Romero fue un sacerdote zamorano formado en Valladolid, y que había hecho Filosofía y Teología también en Valladolid, y Derecho Canónico en Tuy. Se ordenó sacerdote en 1867 y fue destinado a La Cistiérniga (Valladolid). De allí saltó a Valladolid capital, en 1871, y por fin logró ser Secretario personal del Obispo de Orense. En 1883 fue canónigo de Valladolid, en 1887 fue arcipreste, y en 1889 obispo de Tarazona y Administrador Apostólico de Tudela. Culminó su carrera en 1902 como obispo de Zaragoza. Fue más allá e inició una política social católica, e incluso fue senador. Promovía asociaciones de agricultores en Caja de Ahorros la Inmaculada, y asociaciones de obreros para conseguir casas sociales. Su sindicalismo católico, le hacía enemigo de CNT y UGT. En un momento dado, se posicionó netamente en favor del Gobierno, y de todas sus mentiras, como los bulos que hacía correr sobre la guerra de Marruecos, en vez de defender la verdad. Eso le costó la vida.
En junio de 1923, Francisco Ascaso Abadía, autor del asesinato de Soldevila, se exilió a Sudamérica. Francisco Ascaso Abadía 1901-1936 nació en Almudévar (Huesca) y se trasladó a Zaragoza ingresando en el grupo “Voluntad” de CNT. En 1922 estuvo con Los Solidarios junto a Juan García Oliver, Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández… Posteriormente, cuando regresó a España, integró el grupo “Nosotros” de FAI. En 1934 fue secretario del Comité Regional de Cataluña de CNT, y el 20 de julio de 1936 murió asaltando el cuartel de Atarazanas de Barcelona.
En verano de 1923, los grupos anarquistas organizados en España y preparados para matar eran muchos. Los anarquistas asesinaron a los ex miembros del comando Koenig, Lluis Alberic y Bernat Armengol, y al presidente del Sindicato Libre en Barcelona, Tomás Farreras.
El golpe de Estado de septiembre de 1923, significó el final de todos ellos, pues la represión fue muy dura.
Enfrentamiento político con el ejército.
El 6 de junio de 1923, el Rey pidió a las Juntas Militares (Comisiones Militares) que se disolvieran, pero éstas se negaron hasta conocer el expediente Picasso. La posición del Rey venía forzada porque los oficiales del ejército africano, que tenían armas y espíritu de combate y representaban la parte del ejército verdaderamente operativa. Estos oficiales dimitieron de sus Juntas Militares respectivas, y pedían la disolución de éstas. Y sorpresivamente para todos, en esos días se descubrió en el Rif un montón de cadáveres mutilados, torturados al límite hasta la muerte, en número de unos 500, y la rabia cundió entre los militares africanos. El Coronel Cabanellas culpabilizó del desastre de África a los junteros que vivían cómodamente en los cuarteles.
En mayo, las Cortes pidieron el informe Picasso: el 4 de mayo, el socialista Indalecio Prieto lo pidió en el Congreso, y el 20 de mayo, el conservador Burgos Mazo lo pidió en el Senado. La prensa creía que Berenguer y el Rey estaban implicados y tenían responsabilidades.
Entonces se publicó el expediente Picasso, que decía en síntesis: Había sido demasiado terreno a ocupar con 20.000 hombres. Había habido imprudencia en dejar cábilas armadas en retaguardia. Se había producido temeridad en adelantar tropas en territorio insumiso. Había habido mala organización de la retaguardia, dispersa, mal abastecida hasta el punto de constituir más un peligro que un apoyo. Se había concebido una mala estrategia al concentrar, durante el ataque, a todas las fuerzas en el frente, desprotegiendo la retaguardia. Se había constatado el abandono de las vigías precisas. Se había producido un pánico generalizado, en varias ocasiones.
Crisis catalana de junio de 1923.
Tras estas campañas terroristas, el Gobernador de Barcelona, Salvador Raventós Crivilles[4], dimitió y fue sustituido, el 1 de junio de 1923, por Francisco Barber Sánchez, un abogado y periodista partidario del diálogo, que duró 18 días: CNT asesinó al cardenal Soldevila en Zaragoza, a un inspector de policía, a escoltas y miembros del somatén de Barcelona. Y el Gobernador, Francisco Barber, fue abucheado por los conservadores de Lliga, gritando muera el Gobierno y viva el ejército, hasta agotar a Barber, que dimitió el 18 de junio.
Las elecciones provinciales de junio de 1923.
En 10 de junio de 1923 hubo elecciones provinciales en Cataluña, en las que compitieron Lliga, Partido Republicano Radical, y Acció Catalana. Ganó Acció Catalana en un distrito y el Partido Republicano Radical en el otro, y quedó Lliga en minoría en ambos, lo cual fue un gran fracaso para Lliga. Cambó se retiró de la política activa. El catalanismo quedaba liderado por gentes de izquierdas, republicanos, organizados en cuatro grupos:
Acció Catalana era una coalición de la Lliga y los republicanos.
Partit Republicá Catalá era liderado por Lluis Companys y Marcelino Domingo.
Estat Catalá era el grupo más nacionalista, liderado por Francisco Maciá.
Unió Socialista de Catalunya era el grupo más izquierdista.
La recuperación militar en el Rif.
El Gobierno negoció en Yebala con El Raisuni, al que se le reconoció autoridad sobre toda la zona occidental del Protectorado, incluidas las tropas españolas, lo cual era un error claro, sobre todo después de haber vencido militarmente. En el Rif o zona de Melilla, se quiso negociar con Abd el Krim, pero primero se quiso mantener Tizzi Azza, una posición intermedia entre Tensamán y Beni Urriaguel (las tribus rebeldes), que estaba siendo acosada por Abd el Krim.
El ataque sobre Abd el Krim empezó en 5 de junio de 1923 en Tizzi-Azza, una acción muy dura con muchas víctimas por ambas partes, pero que no era una matanza de españoles como había ocurrido desde 1921. Tizzi Azza era un monte cercano a Nador, desde el que los rifeños organizaban ataques constantes sobre Melilla. Se envió contra los rifeños al Tercio de Extranjeros y al Grupo de Fuerzas Regulares. Se luchó asaltando los blocaos a tiros, y se terminó a la bayoneta en las trincheras. Los españoles tuvieron 187 muertos y 309 heridos, pero esta vez causaron cientos de muertos al enemigo. España actuó a la defensiva, y los combates fueron muy duros, muriendo incluso el coronel Valenzuela, jefe de la Legión, que fue sustituido por el comandante Franco, que tras unas batallas, fue ascendido a teniente coronel.
A mediados de junio, se entablaron las conversaciones con Abd el Krim, llevadas por Diego Saavedra por España, y por Mohammed Azarkan por parte de Abd el Krim. España ofrecía la autonomía, pero se negaba a conceder la independencia o autodeterminación que Azarkan pedía. Las conversaciones se rompieron el 24 de junio. Los rifeños utilizaban argumentos del Tratado de París de 1918-1923, que reconocían el derecho a la independencia de las pequeñas naciones del este europeo, lo cual decían que implicaba el derecho a la independencia de la República del Rif. España no podía aceptar esa tesis, pues el Tratado de Algeciras de 1906 concedía a España el Rif para restablecer en él la autoridad del Sultán de Marruecos y del Jalifa de Tetuán y, en caso de no cumplirlo, Francia se podía hacer cargo de la zona. Abd el Krim había sido germanófilo en la guerra y Francia tenía muchos deseos de castigar a esas tribus rebeldes y sustituir a España.
En 8 de junio de 1923, Severiano Martínez Anido fue nombrado Comandante General en Melilla. Una nueva revuelta de los rifeños hacía difícil la situación de los españoles. El Gobierno autorizó a Martínez Anido a avanzar sobre Alhucemas, pero en el momento en que se tuvo enfrente a Abd el Krim, se ordenó la retirada.
Luego siguió la acción de Tifaurín en agosto de 1923, donde 100 españoles aguantaron la embestida de 9.000 rifeños hasta que llegó desde Melilla la Legión mandada por Francisco Franco. La moral de los españoles había cambiado por completo. Ahora se sentían militarmente superiores.
Planificación del golpe de Estado.
El 19 de junio de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se entrevistó con el Rey y con algunos generales de Madrid recomendando un golpe de Estado que lideraría el general Aguilera, pero éste se negó a tal liderazgo de un golpe militar. Alfonso XIII mostró un gran interés por el golpe, y argumentó que las responsabilidades del informe Picasso llevarían a España a una guerra civil. El 23 de junio, Primo de Rivera fue aclamado en Barcelona tanto por el ejército como por el somatén.
La idea no era dar un golpe contra el Rey, sino un golpe para salvar al Rey. Alfonso XIII había hablado de dar el golpe él mismo, e iniciar un sistema político nuevo, pero se le convenció de que eso era muy peligroso, pues de fallar la operación, se comprometería el sistema monárquico. Era mejor que lo diera un General, de acuerdo con el Rey.
Y Primo de Rivera se dirigió a cuatro militares que estaban más dispuestos al golpe: José Cavalcanti de Alburquerque, Federico Berenguer Fusté, Leopoldo Saro Marín y Antonio Dabán Vallejo. Habían hecho una asociación pocos días antes, llamada el Cuadrilátero, y defendían los intereses de los africanistas, sobre todo de los acusados en el juicio de responsabilidades. Los africanistas no se llevaban muy bien con Primo de Rivera, un militar más bien político, pero el 7 de septiembre llegaron por fin a un acuerdo.
Había que pensar en quién sería líder del levantamiento: Primo de Rivera pensó en el general más antiguo, Valeriano Weyler, como cabeza del golpe, pero las decisiones de este hombre eran imprevisibles y se prescindió de él. Pensó luego en el general Francisco Aguilera para encabezar el golpe de Estado. Era el segundo en orden de antigüedad. Consideraba que Aguilera era un tipo íntegro, fiable, que podía ser seguido por muchos militares. Francisco Aguilera, Juez del caso Annual, había tenido el valor de enfrentarse al Gobierno, y desoír las recomendaciones de no imputar a Dámaso Berenguer. El general Francisco Aguilera procesó al general Berenguer, al general Cavalcanti y al general Navarro. Escoger a Aguilera significaba romper con el Cuadrilátero, una decisión difícil. Pero Aguilera se inhabilitó a sí mismo:
El 28 de junio de 1923, Francisco Aguilera, presidente del Consejo supremo de Guerra y Marina, envió una carta injuriosa a Joaquín Sánchez de Toca Calvo, presidente del Partido Conservador, y éste la leyó en el Senado para destacar los malos modos de Aguilera. Joaquín Sánchez de Toca Calvo, que había sido Presidente del Gobierno en 20 de julio de 1919, era ultraconservador, ultramonárquico y ultracatólico, y dijo en el Senado que el General Berenguer había sido imputado irregularmente por Francisco Aguilera, y levantó una campaña de prensa contra Aguilera, que se enfadó mucho.
El 4 de julio, los militares se solidarizaron con Aguilera, el Ateneo de Madrid se solidarizó con la actitud de Aguilera, los empleados del ferrocarril también se solidarizaron con él, Marcelino Domingo hizo lo mismo, y todos gritaban vivas al ejército y mueras al Gobierno de los políticos.
El Conde de Romanones, Presidente del Senado, llamó a Aguilera y a Sánchez de Toca a su despacho el 5 de julio de 1923 para que se reconciliaran, y allí se embistieron en pelea de colegio, y rodaron por el suelo ambos. A continuación, Aguilera salió al estrado del Senado y defendió que él había obrado correctamente al encausar a Berenguer, puesto que había observado un delito. Pero la derecha defendía que el poder civil era superior al militar, y que Aguilera debía haber obedecido la orden del Gobierno de no inculpar a Berenguer. El Presidente del Senado, Romanones, envió la carta de Aguilera al Tribunal Supremo por si había razones para un castigo judicial.
El Presidente del Gobierno, García Prieto, deploró la actitud de Aguilera. Aguilera, el hombre encargado del informe Picasso en esos días, se veía apoyado por los grupos de izquierda, que pensaban que podía dar un golpe de Estado regeneracionista. Pero era un hombre convencido de la superioridad moral de la ética militar sobre la civil, y de la necesidad de que los militares tutelasen el Estado para defenderlo de los políticos.
Y además, Aguilera no le gustaba a Alfonso XIII porque había encausado a Dámaso Berenguer contra los conocidos deseos del Rey.
El resultado de todo ello, fue que Aguilera se había desprestigiado para asumir la dirección de la dictadura que le pedía una parte del ejército. Y Aguilera se negó a liderar un golpe de Estado.
Primo de Rivera dio el golpe en octubre y prescindió de Aguilera, e incluso le cambió los Vocales del Consejo Supremo de Guerra y Marina, lo que le pareció una inmoralidad a Aguilera, que dimitió. Era exactamente lo que quería Primo de Rivera. Entonces fueron los demócratas los que pensaron en Aguilera para un golpe contra Primo de Rivera en 1926, pero fue un fiasco del que Aguilera salió detenido e inhabilitado, lo que supuso el final de su carrera.
El procesamiento de Dámaso Berenguer.
El 30 de junio, el Gobierno concedió el suplicatorio para que Dámaso Berenguer, que era senador como otros muchos altos cargos militares, pudiera ser juzgado. Primo de Rivera pidió explicaciones de por qué se había concedido ese suplicatorio. Francisco Aguilera amenazó en público al Senado con la posibilidad de un golpe de Estado militar, lo cual le colocaba ante la opinión pública como posible jefe del golpe. Aguilera pidió rectificar las actas y eso le hizo perder toda la popularidad ganada.
La Triple Alianza Nacionalista.
El 8 de julio de 1923, Acció Catalana propuso a los vasquistas y galleguistas la Triple Alianza Nacionalista que se debía concertar entre Acció Catalana por los catalanistas, Aberri por los vasquistas, y Irmandades da Fala por los galleguistas. Los vasquistas y galleguistas aceptaron, y enseguida se sumaron a la Triple Alianza: Estat Catalá, Unió Catalanista, Comunión Nacionalista Vasca, y algunos nacionalistas valencianos.
El 11 de septiembre de 1923, la Triple Alianza Nacionalista se presentó en público en Barcelona a la sombra de la estatua de Rafael Casanova, el hombre que había dirigido la guerra en 1707. Allí dieron gritos de viva Abd-el Krim y su República del Rif, abuchearon a la bandera española, y gritaron “muera España y muera el ejército”.
El acto disgustó a Miguel Primo de Rivera, el cual tenía pensado dar un golpe de Estado el día 15 de septiembre, y decidió darlo el 13 de septiembre, tras lo cual ilegalizó Acció Catalana. Jaume Bofill se fue a París, y la dirección del movimiento catalanista, ahora clandestino, pasó a Lluis Nicolau d’ Olwer.
Desvirtuamiento del PSOE en 1923.
El 8 de julio de 1923 el PSOE se escindió en Cataluña apareciendo Unión Socialista de Cataluña USC. Este nuevo socialismo era universalista en vez de español, y catalanista en vez de nacional español. No cayeron en la cuenta de la contradicción entre universalismo y catalanismo. En el grupo estaban Serra i Moret, Campanals, Joan Comorera, Folch i Capdevila. En 1931 se aliarían con Esquerra Republicana, y Comorera aceptó ser Conseller de Agricultura de la Generalitat. Entonces la USC intentó reunificarse con PSOE catalán, pero fracasó en el intento. El 23 de junio de 1936 acabaría creando el Partido Socialista Unificado de Catalunya PSUC, una mezcla de izquierdas comunistas y nacionalismo catalanista.
La Segunda Comisión de Responsabilidades.
El 11 de julio de 1923 el Gobierno designó una Segunda Comisión del Congreso para estudiar las responsabilidades de Annual, (la primera Comisión de Responsabilidades había entregado su informe en 3 de noviembre de 1922). La nueva Comisión de Responsabilidades constaba de 8 diputados liberales, 4 conservadores, 2 ciervistas, 2 nacionalistas, 2 socialistas, 2 independientes y 1 maurista. La presidía Bernardo Sagasta, y el objetivo principal es si había habido conjuración militar para evitar el juicio de responsabilidades. La Comisión declaró que su intención era procesar a cualquier implicado, aunque fuera Ministro, Jefe de Gobierno o Rey. Se entendía que se abrirían todos los casos a los que el Expediente Picasso no había llegado. Se dio un plazo a la Comisión de Responsabilidades para 1 de octubre de 1923. La Comisión llamó a declarar a Dámaso Berenguer, lo cual fue un bombazo dentro del ejército.
Y el 24 de julio se cerraron las Cortes por vacaciones. La Comisión no avanzaría en sus estudios.
El proyecto de dictadura de Alfonso XIII.
En los primeros días de agosto, antes del día 6 en todo caso, Alfonso XIII decidió consultar a Antonio Maura, si el Rey debía asumir los plenos poderes del Estado, e iniciar una dictadura. El Rey consideraba a Antonio Maura un paradigma de la democracia. El Rey se entrevistó con Gabriel Maura en Reinosa, para que éste se lo comunicase a su padre. El Rey quería también atacar Alhucemas y acabar con Abd el Krim de una vez, lo cual era la postura generalizada entre los militares.
El asunto era grave y, pocos días después, Antonio Maura se trasladó a La Magdalena (Santander) a decirle al Rey que, si bien todos los Gobiernos desde hacía años habían sido un fracaso, no creía que la solución fuera una dictadura del Rey, porque ello pondría en peligro la propia monarquía, sino que la solución sería, en todo caso, una dictadura militar gestionada por los militares.
El origen de esta idea singular, de una dictadura del Rey, provenía de años antes: Alfonso XIII no confiaba en sus Ministros. No consideraba a ninguno apto para gobernar. Y se lo decía a los militares, a los junteros y a los africanistas. Por eso, no quería tampoco un juicio de responsabilidades sobre Annual. Y los militares le hicieron llegar la idea de una posible dictadura militar. Entonces se empezaron campañas para que los españoles confiasen en su Rey. En junio de 1922, el Rey se había atrevido a plantearlo abiertamente, como una dictadura temporal y provisional hasta solucionar aquel momento de máxima gravedad. Decía que España necesitaba un Gobierno que representase realmente al pueblo español. Y en agosto de 1923, Alfonso XIII volvió a plantear el mismo tema, una Junta Nacional de Defensa. Fue cuando Maura le disuadió. El argumento de Maura era contundente: si el Rey se comprometía, la monarquía caería en cualquier momento, a corto o a medio plazo. Si había que imponer una dictadura militar, debía ser el ejército quien se involucrase y asumiese las responsabilidades. Y desde entonces, se empezó a hablar de la necesidad de “un cirujano de hierro” que debía curar los males de la patria.
El conflicto militar en agosto de 1923.
El 7 de agosto, el Gobierno ordenó abandonar Tizzi Azza, en el territorio de los Beni Said, una posición en medio de Tensamán y Nador, y hacer retroceder las líneas de defensa frente a Abd el Krim. Martínez Anido, partidario de avanzar hasta la costa y acercarse a Alhucemas dimitió. Martínez Anido dimitió el 12 de agosto de 1923. Todo el cuerpo de oficiales de infantería le secundó.
El 11 de agosto de 1923, la Comisión de Responsabilidades pidió las actas de la Junta de Defensa Nacional sobre la Guerra del Rif. Le fueron negadas. Se planteaba un conflicto entre las Cortes y el ejército. Se rumoreaba que el Rey estaba implicado en los sucesos de 1921, y que era responsable de muchas órdenes que fueron causa del desastre. Y se convocó pleno de las Cortes para 2 de octubre de 1923.
Martínez Anido fue sustituido por Valeriano Weyler en Marruecos. El 13 de agosto había una nueva línea de defensa, más atrasada. Pero enseguida, Weyler recomendó atacar Alhucemas, recuperar Annual e Igueriben, como en 1921. Era lo mismo que pensaban los africanistas y que el Rey había manifestado a Maura. Pero Weyler evaluaba el coste de la operación en el envío de otros 25.000 hombres, además de los 25.000 ya presentes en África, con todo el material pertinente. Y ello conllevaba asumir la impopularidad de la recluta y envío de nuevos soldados de reemplazo.
El 23 de agosto de 1923, unos 74 soldados procedentes de Bilbao y destinados a Marruecos, se sublevaron en Málaga dirigidos por el cabo José Sánchez Barroso, sacaron una ikurriña y comenzaron a pedir la solidaridad de sus compañeros para no embarcar. Nadie se les sumó, y al contrario, hubo un tiroteo en el que resultó muerto un suboficial, cuya muerte se les imputó a los sublevados. Sánchez Barroso fue condenado a muerte en juicio sumarísimo. Surgió una gran intranquilidad social: los vascos rememoraban el caso de Francisco Ferrer en 1909; los militares veían la condena de un militar. El infante Carlos de Borbón y Borbón, 1870-1949, (Capitán General de Andalucía) pidió el indulto, y también lo hicieron el Cardenal Primado, Enrique Reug Casanova, el Gobernador de Barcelona, Portela Valladares, y hasta Santiago Alba presionó el 29 de agosto para que el cabo Sánchez Barroso fuera exonerado. El indulto fue concedido. En Vizcaya hubo muchas tensiones ese verano. Una parte del ejército se enfadó por la concesión de clemencia que había hecho el Gobierno a Sánchez Barroso, y Primo de Rivera protestó oficialmente.
Las tensiones entre los militares se debían ante todo al dinero concedido por Santiago Alba a Abd el Krim con motivo de las últimas conversaciones, cuando los militares pedían la derrota total del moro.
Un asunto tan ordinario como que 74 soldados se negaran a embarcar para ir a la guerra, se había convertido en asunto de Estado: tres Ministros dimitieron el 1 de septiembre por estar en desacuerdo con la exoneración de Barroso:
Trabajo, Luis de Armiñán Pérez, 1871-1949, sustituyó a Joaquín Chapaprieta.
Fomento, Manuel Portela Valladares[5], sustituyó a Rafael Gasset.
Hacienda, Félix Suárez-Inclán González-Villar, sustituyó a Miguel Villanueva Gómez.
El golpe de 13 de septiembre de 1923.
Ya por el 3 de septiembre, fecha de consolidación del nuevo Gobierno, había rumores de un golpe de Estado que encabezaría Primo de Rivera. Pero los organizadores del golpe estaban en Madrid, y eran los generales José Cavalcanti de Alburquerque, Federico Berenguer Fusté (no es Dámaso Berenguer Fusté, el africanista), Leopoldo Saro Marín y Antonio Dabán Vallejo, a los que se sumó el día 13 el General Juan O`Donnell y Vargas III duque de Tetuán. Era el llamado “Cuadrilátero”.
El 7 de septiembre llegaron a un acuerdo Primo de Rivera y los generales del Cuadrilátero: el golpe sería el 15 de septiembre. La vacilante política del Gobierno convenció a algunos militares de la conveniencia del golpe, pero la mayoría no estaba en la idea de sumarse al golpe de Primo de Rivera. Estaban a favor: los del Cuadrilátero, los junteros de Barcelona y el general José Sanjurjo Sacanell, Gobernador Militar de Zaragoza. Estaban en contra del golpe: la mayoría de los generales, como el Capitán General de Valencia. Pero Primo de Rivera supo que el Gobierno no ofrecería resistencia, que el Rey apoyaría el golpe, y que la oposición política no reaccionaria, porque García Prieto les había decepcionado a todos y esperaban que alguien le quitara el poder. También sabía que le apoyaría la burguesía catalana, la guarnición de Barcelona y muchos catalanes, porque había hecho algunas declaraciones a favor del regionalismo.
Primo de Rivera avisó al Rey de que iba a dar el golpe manteniendo la monarquía, si el Rey colaboraba, o sin la monarquía si hacía falta. El Rey pudo oponerse pero no juzgó conveniente oponerse al ejército. Además, él mismo estaba preparando un golpe de Estado o asunción de plenos poderes por el Rey, que viene a ser lo mismo, así que coincidía en la idea de la necesidad de una dictadura. El Rey le comunicó al Gobierno el día 5 de septiembre que se preparaba un golpe de Estado. Los Ministros no hicieron nada al respecto. Nos consta que García Prieto y Santiago Alba conocían la existencia del golpe, y sabemos que Alfonso XIII manifestó años más tarde que otros más lo conocían. En Barcelona, parece que todos los políticos lo sabían.
El 11 de septiembre hubo un movimiento separatista en Barcelona. El 11 de septiembre la Triple Alianza Nacionalista entre gallegos, vascos y catalanes, realizó un acto en Barcelona para sacar adelante sus autonomías, pero no tuvieron ocasión de actuar, porque la dictadura llegaría en 48 horas. Primo de Rivera decidió adelantar la fecha del golpe. Sería el 13 y no el 15. Primo de Rivera odiaba el regionalismo separatista o nacionalismo disgregador, y sólo creía en un regionalismo que cultivara el folklore (danza, música, artesanía y trajes típicos) como patrimonio español. Por eso eliminaría el uso del catalán en las iglesias y centros oficiales.
El 11 de septiembre, los militares rebeldes de Madrid, Cavalcanti, Berenguer, Saro y Dabán, contactaron con sus compañeros, que decidieron no sumarse al golpe, excepto el duque de Tetuán, y decidieron enviar un emisario a Barcelona para comunicar que ellos sí se sublevaban en Madrid. Era importante que el Capitán General de Madrid, Diego Muñoz Cobos, no se sumaba al golpe, pero tampoco se opuso, sino que pidió tiempo para pensarlo, con lo cual los golpistas tenían el campo libre. Los golpistas eran muy pocos.
El emisario del Cuadrilátero salió de Madrid en coche a las 12 de la noche del día 11, y llegó a Zaragoza a las 11 de la mañana del 12. José Sanjurjo Sacanell estaba en la cama, durmiendo la mañana, y no se acordaba que el día siguiente era el día del golpe. Pero pronto se vistió y se fue a convencer a la tropa para que se sumara al golpe. El emisario continuó camino hacía Barcelona, a donde llegó a las 11 de la noche del 12 de septiembre ante Primo de Rivera.
El 12 de septiembre, Primo de Rivera constató que tenía el apoyo del Gobernador Militar de Zaragoza, José Sanjurjo Sacanell, y con Severiano Martínez Anido para dar el golpe de Estado antes de que el Rey en persona lo diese, cosa que no convenía a la monarquía, según Primo de Rivera. También estaban comprometidos los generales de Barcelona: César Aguado Guerra, Juan Gil y Gil, Plácido Foreira Morante, Eduardo López Ochoa, y once Coroneles y un Teniente Coronel.
El Manifiesto de Primo de Rivera.
El 11 de septiembre había un movimiento separatista en Barcelona. Se reunieron nacionalistas catalanes, vascos y gallegos para exigir la Autonomía de las regiones citadas.
El 12 de septiembre hubo una reunión de los golpistas. Se celebró en Barcelona. El comandante José Cruz-Conde Fusté fue nombrado enlace de Primo de Rivera, Barcelona, con el General José Sanjurjo Sacanell, Zaragoza, del cual se esperaba muy poco personalmente, pero el General Palanca, Capitán General, podía hacer un buen servicio al golpe. Se comunicó que el General Juan O`Donnell se sumaba al golpe. El Gobierno tuvo noticia de todo ello ese mismo día. El Ministro de Guerra, Luis Aizpuru Mondéjar, llamó por teléfono a Miguel Primo de Rivera para decirle que no debía sublevarse, y que Portela Valladares viajaría ese mismo día a Barcelona para hablar de la situación.
Aizpuru tomó en ese momento una decisión inoportuna: recomendó el indulto para el cabo José Sánchez Barroso, el cual había dirigido un pequeño motín militar en Málaga en agosto. Los militares se indignaron. En cambio, el Ministro no hizo consulta a los Generales y Jefes del ejército sobre el golpe que se avecinaba, y que él conocía.
El 12 de septiembre de 1923 Primo de Rivera lanzó un manifiesto exigiendo la dimisión de todos los políticos. Su manifiesto se parece bastante al programa de Napoleón de 1799: detención inmediata y ejecución de los terroristas, clausura de los centros catalanistas separatistas, provincias gobernadas por delegados gubernativos, disolución de las Cortes e incluso de la Comisión Permanente y expediente de culpabilidades, simultáneo a una amnistía, para los militares implicados en los asuntos de Africa. Este programa, aplicado en Europa alguna que otra vez, despertó ciertas simpatías tanto en el exterior como en el interior puesto que parecía querer resolver el problema de un orden social muy deteriorado. En efecto, tras las órdenes militares pertinentes, los trenes empezaron a salir a su hora y los funcionarios a estar a su hora en sus oficinas, algo inusual en España que todo el mundo agradecía.
El programa contradecía las expectativas de los catalanes a quienes, poco antes, Primo de Rivera había dicho que podían ir redactando un Estatuto de Autonomía.
El 12 de septiembre, el Gobierno se dio por enterado de que había un golpe de Estado preparado. Muñoz Cobos no se sumó al golpe por consejo del Duque de Tetuán. Diego Muñoz Cobos informó de la situación al Ministro de Guerra, Luis Aizpuru, éste se lo comunicó a García Prieto, y García Prieto se lo comunicó al Rey, que estaba en San Sebastián. García Prieto pedía la destitución de los sublevados. El Gobierno se reunió y trató de parar el golpe pero los militares dijeron que sólo obedecían órdenes del Rey, excepto el general José Zabalza Iturría, con destino en Valencia, y Valeriano Weyler, Capitán General de Baleares, que se pusieron a las órdenes del Gobierno, y estaban dispuestos a ir sobre Barcelona. Zabalza fue cesado el 13 de septiembre, y el Capitán General, Balbino Dolz, secundó el golpe ese mismo día.
El 13 de septiembre de 1923, tuvo lugar el golpe de Estado de Primo de Rivera. El Rey, que estaba en San Sebastián, subió al tren de Madrid sin prisa, en la tarde del día 13, llegando a Madrid en la madrugada del 14. Primo de Rivera llegó a sentirse traicionado por el Rey. El Rey mandó dimitir a García Prieto y envió un telegrama a Primo de Rivera para que se presentase en Madrid. Empezaba la dictadura.
Con ello, el pleno de las Cortes que debía celebrarse el 2 de octubre, no tendría lugar, y la Corona no peligraría. No se hablaría de responsabilidades del Rey en la guerra de 1921. Primo de Rivera incautó toda la documentación del Expediente Picasso, y suprimió el pleno programado para 2 de octubre. El asunto de las responsabilidades quedó en manos del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el cual, el dictador sustituyó los vocales que no eran de su gusto y del gusto del Rey.
El general Aguilera, Presidente del Consejo Supremo de Guerra, dimitió en marzo de 1924. Y en junio se hizo público el fallo del Consejo Supremo de Guerra: Felipe Navarro era absuelto; Dámaso Berenguer era condenado a separación del servicio y pase a la reserva, una condena testimonial.
Primo de Rivera ordenó en 1923 la disolución de las Diputaciones Provinciales, excepto Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, lo cual significaba la desaparición de la Mancomunidad de Cataluña, y con ello, terminaba el poder de la Lliga Regionalista.
El 4 de julio de 1924 se concedió una amnistía a todos los implicados en la derrota de 1921. Y el general Dámaso Berenguer fue nombrado Jefe de la Casa Real. El error de Alfonso XIII era mayúsculo, y lo pagaría en 1931, pues ya no consiguió recuperar su credibilidad.
Afortunadamente, Bernardo Mateo-Sagasta Echevarría escondió una copia del Expediente Picasso, que devolvió a las Cortes en 1930, una vez pasada la Dictadura. El 19 y 20 de noviembre de 1930, el Rey fue procesado y condenado en Cortes. Un resumen del Expediente Picasso fue publicado en 1931. Franco hizo desaparecer de nuevo el Expediente Picasso, pero Diego Abad de Santillán tenía una copia que publicó en 1976 en Buenos Aires. Y ya en 1990, se publico el Expediente Picasso en su totalidad. Habían sido necesarios 70 años para que los españoles tuvieran información sobre la verdad.
Interpretación del golpe de septiembre de 1923.
El PSOE decidió no oponerse al golpe, sino esperar. Las consignas fueron actuar dentro de los límites legales para no dar lugar a la represión. ¿Quizás el PSOE no tenía en esos momentos organización suficiente para oponerse al golpe, sin que se llevaran la victoria los PCE o los CNT? Estos partidos y sindicatos se dirigieron a PSOE y UGT para que presentaran resistencia al golpe, pero no obtuvieron respuesta.
Muchos historiadores opinan que el sistema parlamentario había funcionado en España mientras había sido una farsa, y que, en el momento en que se trataba de erradicar el caciquismo y la corrupción política, fue precisamente cuando se acusó al sistema de corrupción. Hasta entonces, y llevaban en ello ya 47 años, el sistema de Cánovas parecía idóneo. Mientras los Gobiernos fueron ampliamente dominados por el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista, todos eran conscientes de lo que pasaba, pero nadie puso fin a la situación. Todos los españoles estaban instalados en la comodidad. Y el liberalismo burgués había permitido las tropelías más grandes de los capitalistas, el Rey, los militares y la Iglesia durante más de un siglo, sin consecuencias graves para ellos.
Precisamente el Gobierno liberal de García Prieto estaba intentando liberalizar el país, y democratizarle, cuando surgió el golpe. Se habían pasado los años pidiendo reforma agraria, contribuciones de los beneficios extraordinarios de guerra, abolición de la enseñanza religiosa obligatoria, que la Iglesia católica pagara contribuciones como el resto de los españoles, que se democratizase el Senado, que se legalizaran las asociaciones obreras… pero no se hacían los cambios legales oportunos.
Los sucesivos Reyes de España se habían mostrado enfermos de obsesión sexual, partidarios de manejar la política al margen de las Cortes, partidarios de los militares al margen de los partidos, creyentes de que los partidos políticos eran un estorbo para el buen Gobierno de España.
Y salvo una minoría de republicanos, muy pequeña, en España no se había hecho nada al respecto de democratizar la realidad del país.
Y de pronto, Primo de Rivera cerró las Cortes y amenazaba con acabar con el sistema liberal. Y apareció el sentimiento demócrata liberal: Las clases de propietarios de la tierra temieron la acción de los sindicatos y su costumbre de expropiar la tierra y repartirla aleatoriamente entre los partidarios de la revolución. Los sindicatos constataron que habían equivocado sus estrategias, pues habían infundido el miedo a los españoles, y en las elecciones de abril de 1923, tras haber criticado mucho a los militares derrotados en Annual, obtuvieron los mismos resultados de siempre. Los españoles estaban cansados de huelgas y revoluciones. Las huelgas iban siendo cada vez menos y durando cada vez más tiempo.
Respecto a la restauración de las libertades, hecha por Sánchez Guerra a partir de abril de 1923, CNT había reaccionado tras ello con más terrorismo, lo cual estimulaba a los militares golpistas, pero no ayudaba a la instalar la democracia. Los periódicos enardecían a la gente contra el Gobierno a propósito de la violencia en Barcelona y Gijón, de las manifestaciones separatistas de Cataluña, de los criterios de la Comisión de Responsabilidades. Nadie colaboraba con el Gobierno, estuviera gobernando quien fuese, conservadores o liberales. Las familias privilegiadas de Barcelona hablaban de la necesidad de una dictadura porque los Gobiernos ya no eran capaces de quitarles de encima a los obreros. Políticos de izquierdas como Puig i Cadafach, Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, se había manifestado a favor de Primo de Rivera en el caso de que éste diera el golpe, porque Primo de Rivera le había prometido aranceles proteccionistas. Y casi todos los españoles aceptaban el golpe en septiembre de 1923.
Pero luego, una vez dado el golpe, todo fue distinto. A pesar del miedo a los revolucionarios y terroristas, los españoles echaban de menos la democracia que habían perdido.
[1] Santiago Alba, tras ocho ocasiones como Ministro entre 1906 Marina, y 1922 Estado, se exiliaría a Francia en 1930, a Portugal en 1936, regresaría a España en 1945, y moriría en 1949.
[2] Alfonso de Borbón Batemberg, 10 de mayo de 1907-1938, era Príncipe de Asturias desde su nacimiento. Fueron sus padrinos de bautizo su abuela María Cristina de Habsburgo-Lorena y el Papa Pío X. debido a su enfermedad, que le hacía permanecer largos periodos en cama, tuvo una formación un tanto deficiente, y tampoco podía asistir a muchos actos en los que se consideraba conveniente su presencia. En sus crisis, a veces no podía ni andar por sí mismo. En 1931 se exilió con toda su familia. En 1933, renunció a sus derechos al trono y recibió a cambio el título de Conde de Covadonga. En 1938, tuvo un accidente de automóvil en Miami, que no hubiera sido demasiado grave, pero su hemofilia le mató en poco tiempo.
[3] Joan García Oliver 1901-1980 había nacido en Reus y se hizo de CNT en 1919. Tras Los Solidarios de 1922, sería en 1936 responsable del Departamento de Guerra del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, organizando la columna “Los Aguiluchos” que fue a Aragón a fines de agosto de 1936. También sería ministro de justicia de Largo Caballero.
[4] Salvador Raventós Crivilles, 1864-1927, estudió Derecho y Filosofía y Letras en Barcelona, y se trasladó inmediatamente a Madrid, donde trabajó para José Canalejas y el Partido Liberal. Fue nombrado Gobernador Civil de Barcelona en 1922.
[5] Manuel Portela Valladares 1867-1952, natural de Lugo, huérfano a los 10 años de edad, enviado por sus tíos a estudiar a los jesuitas de La Guardia y a la Universidad de Santiago, hizo Derecho, trabajó en Diario de Pontevedra, se hizo registrador de la propiedad en Madrid en 1898, y se introdujo en el grupo de Montero Ríos primero y en el Canalejas más tarde. Fue ministro de Fomento del 1 al 13 de septiembre de 1923. Fundó en Vigo El Pueblo Gallego en 1924, como órgano de expresión de republicanos y galleguistas, y se casó en 1931 con Clotilde Puig i Mir, condesa de Brias, una mujer con dinero. Fue ministro de Gobernación en abril de 1934 y en diciembre de 1935, y Presidente del Gobierno en diciembre de 1935. Exiliado a Francia en 1936.