20.16.02.Replanteamientos de la guerra en enero y febrero de 1937.

Replanteamientos de enero y febrero de 1937 en la Guerra de España.

Ideas clave: El PCE contra Largo Caballero, reasunción del poder por la Generalitat de Catalunya, la Iglesia católica en enero de 1937, tensiones entre Franco y los italianos, cuestionamiento de Largo Caballero en febrero de 1937, refuerzos gubernamentales en febrero de 1937, Consejo Interprovincial de Santander Palencia y Burgos, Vizcaya en 1937, Consejo Regional de Defensa de Aragón,

     El PCE contra Largo Caballero.

En enero de 1937, empezó una campaña del PCE contra Largo Caballero. Y el primer paso era eliminar a José Asensio Torrado. El PCE hablaba de una jefatura militar única y que fuera Largo Caballero ese líder militar. El juego consistía en eliminar a la persona capaz de dirigir el ejército, Asensio Torrado, y dejar en la cúspide a un incapaz como Largo Caballero, el cual tendría que recurrir a ayudas exteriores y allí estaría el PCE para ofrecérselas. Largo Caballero tenía un ego hiperdesarrollado y podía caer fácilmente en la trampa. Conjuntamente a lo anterior, le propusieron a Largo Caballero la unificación del PCE con el PSOE. Pero había hombres en el PSOE que se dieron cuenta de la maniobra comunista y entendieron el juego que pretendía el PCE de eliminar socialistas para elevar comunistas. Las posiciones políticas se hicieron expresas en febrero y marzo de 1937.

Como reacción, el 27 de enero de 1937 fue disuelto el Quinto Regimiento, centro de instrucción, reclutamiento y formación de comunistas. Largo Caballero integró a los comunistas en las Brigadas Mixtas. José Díaz, secretario general del PCE, admitió la sumisión de los comunistas al Gobierno, como una cesión temporal. Algunos comunistas habían recibido instrucción militar en la URSS y estaban preparados para conducir ejércitos, mientras en el ejército de Largo Caballero faltaban jefes y oficiales, por lo que José Díaz sabía que se les necesitaba.

Posicionamiento político militar de Largo Caballero en enero de 1937.

El Gobierno de Valencia de Largo Caballero seguía ideando cosas que influían poco sobre la gestión de la guerra y más bien trataban de dar contenido al liderazgo de Largo Caballero:

En enero de 1937, militarizó las milicias populares. La consecuencia fue que las mujeres milicianas fueron retiradas del frente y pasaron a retaguardia. Con ello, la eficacia militar del ejército gubernamental fue mucho mayor, pues se eliminaban conflictos;

25 de enero de 1937, tuvo lugar la creación de campos de trabajo para prisioneros;

4 de febrero de 1937, la concesión de derechos civiles para las mujeres;

22 de febrero de 1937, Decreto sobre intervención en las empresas industriales, concretando cuáles eran objeto de incautación y colectivización. Este Decreto fue inoperante, pues no obtuvo financiación;

13 de abril de 1937, legalización de las “uniones libres” de milicianos muertos en la guerra, lo que significaba reconocer los derechos de viuda de la compañera del muerto;

13 de mayo de 1937, institucionalización de los Tribunales Populares.

El 4 de febrero de 1937, Largo Caballero visitó Madrid, en la idea de consolidar la Junta Delegada de Defensa de Madrid, que sustituía a la Junta de Defensa de Madrid. Es decir, se quitaba la autonomía a Madrid y a su Junta de Defensa, y se reforzaba la autoridad de Largo Caballero dejando claro que dependían del Gobierno de Valencia. Largo Caballero dijo algunas generalidades en Madrid y se volvió a Valencia. La defensa de Madrid era una cosa seria que no se podía tratar alegremente como había hecho Largo Caballero, y la visita no tuvo repercusiones.

Reasunción del poder por la Generalitat.

Del 8 al 15 de enero de 1937, se produjeron los Decretos de S`Agaró, impulsados por Tarradellas, mediante los cuales Esquerra Republicana de Catalunya se impuso definitivamente sobre el resto de formaciones políticas catalanas: Se reguló la iniciativa económica de los Ayuntamientos y se limitaron sus competencias, y se regularon las municipalizaciones de servicios públicos. Se reorganizó el sistema financiero catalán, se nacionalizaron los bancos catalanes y se crearon nuevos tributos como el “impuesto sobre la cifra de negocios” que era un impuesto proporcional. Estos decretos, sumados al Decreto de Colectivizaciones de octubre de 1936, regulado por el Decreto de Financiación de los proyectos públicos de 20 de noviembre de 1936, consolidaron el poder de la Generalitat y de ERC, sobre la CNT y sobre el resto de organizaciones catalanas. Barcelona estaba creando un poder paralelo al de Valencia.

El problema para ERC fue que los gastos en los que se había comprometido la revolución eran inmensos y faltaban recursos. Se pensó en que el Estado español pusiera ese dinero que les hacía falta, un proyecto en apariencia absurdo en un momento en que el Estado español tenía mucho déficit por causa de la guerra, además del déficit heredado de años anteriores. Se creó así otra “causa de agravios”, típica del problema catalán. La pretensión de Tarradellas era llevarse las fábricas de armas a Cataluña, y así se lo planteó a Largo Caballero. Pero eso era concederles la independencia de hecho, pues una vez en sus manos las armas de toda España, nadie podría impedirles actuar como independientes. Largo Caballero tenía un problema en ese tema.

En la práctica, ese ambiente artificialmente creado, sirvió para financiar las industrias arruinadas y reivindicar nuevas industrias, Tarradellas emitió un Decreto por el que se incautaba de los depósitos del Banco de España en Barcelona. Y otro Decreto por el que los bancos catalanes quedaban exentos de pagar sus deudas para con el Banco de España. Esos fondos fueron utilizados para comprar dos fábricas de cartuchos a Francia, que en Cataluña se fabricaban en cobre, por ser el material de que disponían. Esta fue la base de la obra catalanizadora de Tarradellas.

Y una vez conseguido el dominio de la industria y del dinero, la Generalitat decretó el uso exclusivo del idioma catalán, lo cual excluía a los inmigrantes de los cargos públicos altos y bajos. Y los viejos catalanes se hicieron muy nacionalistas. Como a la banca le perdonó las deudas que tenía para con el Banco de España, los banqueros también se hicieron nacionalistas. Y Tarradellas pasó a ser el mito popular catalanista que se mantuvo por una treintena de años.

A Cataluña no le iba tan mal en la guerra en 1937, porque dado que las industrias de guerra estaban cayendo en manos rebeldes, o estaban aisladas como el caso de Asturias, Santander y Vizcaya, Cataluña encontró un nuevo campo de industrialización en las empresas de guerra. Tarradellas creó una Comisión de Industrias de Guerra, la cual, desde septiembre de 1936 ya controlaba 24 fábricas, la mayoría de balas y cartuchos. Cuando a las fábricas se las acababa el dinero, la Generalitat ponía el efectivo que faltaba y Tarradellas exigía el control de la fábrica, y ello significó el origen de un gran poder catalanista, y la devaluación de los poderes socialista, comunista y anarquista en Cataluña.

Los catalanes vivían en 1937 la Guerra de España con cierta tranquilidad, porque era “una cosa que estaba pasando en Madrid y en el frente de Aragón”, lejos de su tierra. Los fines de semana pasaban a Francia masivamente y compraban patatas, arroz y comestibles en general, y el hambre no les afectaba como a otras zonas españolas. Incluso cuando se cerraba la frontera, había catalanes que pasaban a comprar comida para revenderla.

Tarradellas supo enfrentar a los comunistas con los anarquistas y obtuvo el Gobierno de Cataluña para él, que era minoría en la política y en el ejército catalán.

Como ciudad tranquila, Barcelona era visitada por muchos extranjeros. Algunos llegaban ofreciendo armas, pues en Europa había muchas viejas armas de 1914-1918. También ofrecían otros artículos de consumo, Y Barcelona, a principios de 1937, era una fiesta, una ciudad que no parecía estar en guerra, salvo cuando había bombardeo.

     La Iglesia católica en enero de 1937.

En enero de 1937, el muy católico Manuel de Irujo Ollo, Ministro sin Cartera del Gobierno de la República Española de Largo Caballero, puesto en ese lugar por el PNV, presentó un Memorándum al Gobierno en el que exigía el restablecimiento del culto católico, porque era un derecho humano. Proponía la libertad de los sacerdotes apresados por el hecho de serlo, suspender las ocupaciones de templos, que habían sido convertidos en centros de reunión de sindicatos y sus milicias, y una declaración expresa de libertad de cultos.

Todos los Ministros se opusieron al Memorandum de Irujo, porque las intrusiones de El Vaticano en la política española, durante todo el siglo XIX el XX y en el mismo momento de la Guerra de España, eran muy obvias, y consideraban que eran la causa profunda de los conflictos nacionalistas vasco y catalán. García Oliver CNT, y Ángel Galarza Gago PSOE, se declararon anticlericales. El Ministro de Justicia, Manuel Irujo, insistió en el restablecimiento del culto católico. Esta insistencia produjo un movimiento contrario al catolicismo, y un diario de Barcelona habló de la necesidad de destruir todas las religiones, a lo que los anarquistas añadieron que los vascos no habían reconocido nunca la Constitución Española y venían ahora reclamando los derechos constitucionales.

Irujo propuso en un Consejo de Ministros que se creara un Registro de entidades religiosas y que se generalizara la libertad de cualquier religión para designar a sus propios ministros, que se protegiera la libertad de cultos, y que un Comisario del Estado vigilara el cumplimiento de este derecho. El Consejo de Ministros rechazó la propuesta de Irujo y los Ministros dijeron que quizás tuviera razón, pero no se podía poner por escrito una cosa así en un momento de exaltación anticlerical, porque sería una llamada a la violencia. Negrín en concreto, dijo que sería ofender a los anarquistas, perder sus milicias e incluso ponérlas en contra del Gobierno.

El líder nacionalista vasco y Presidente de la Autonomía del País Vasco, José Antonio Aguirre, justificaba la alianza de los católicos vascos con el Gobierno de la República. Y se quejaba al Papa porque la jerarquía católica española estaba en contra de los sacerdotes separatistas vascos. Aguirre decía que los vascos amaban el orden, la justicia y el derecho, y reclamaba que el Papa dijera algo a favor de los vascos. La Iglesia confundía así a sus fieles de todo el mundo. Mezclaba catolicismo con independentismo.

     El cardenal Isidro Gomá Tomás fue consciente de las contradicciones en que se estaba incurriendo y el 10 de enero de 1937, emitió desde Pamplona la Pastoral “Respuesta Obligada”, dirigida a José Antonio Aguirre. La pastoral decía: Empezaba con un mar de excusas para no ser interpretado como una ofensa, y comentaba que un diamante pierde valor cuando se fragmenta y que era falso que, tal como decía Aguirre, la guerra fuera un conflicto entre ricos y pobres, sino al contrario, la guerra era un conflicto entre la religión y la irreligión. Así mismo, Gomá negaba que los sacerdotes vasquistas estuvieran siendo fusilados por los franquistas por ser sacerdotes, sino que eran fusilados por haber luchado contra el bando franquista, el cual defendía la justicia y la religión católica. Seguía diciendo Goma que la jerarquía católica siempre se pone del lado del poder constituido, porque respeta el orden social, y por eso reconoció al Gobierno de 1931, pero cuando el Gobierno no respeta la justicia y la religión, la Iglesia no tiene más remedio que declararse en contra. Lo que no era entendible, era que los católicos vascos rompieran la unidad de la Iglesia Española y se aliaran a los comunistas que luchaban contra la Iglesia católica en todo el mundo. En resumen, Aguirre había reducido el tema a una cuestión de derecho, a un litigio de abogados, y había roto la unidad del catolicismo para salvar la unidad del Estado republicano, en un Estado que perseguía y estaba en contra del catolicismo. Por ello, Gomá invitaba a Aguirre a rectificar su postura.

     Franco hizo 20.000 copias de la pastoral de Gomá, para tirarlas desde aviones sobre las poblaciones vascas, y donde se explicaba que Franco no fusilaba a ningún sacerdote por amar al pueblo vasco, sino por haberse apartado de su misión sacerdotal. Múgica replicó inmediatamente a este escrito de Gomá y dijo que no se podían tolerar en ningún caso los fusilamientos de sacerdotes, y la réplica hizo su efecto en Franco porque, en adelante, no fusiló más sacerdotes, aunque tuvo motivos para hacerlo. Múgica nunca volvió a su diócesis, porque Franco no lo toleró.

José Antonio Aguirre, se había quejado de que la jerarquía católica no se hubiera quejado de los fusilamientos de sacerdotes vascos. Y Gomá le respondió que se habían quejado “de forma discreta”. El tema provenía de que, en el ataque sobre Guipúzcoa, Mola había decidido no distinguir entre civiles y militares, clérigos y laicos, que hubiesen luchado contra su ejército. Y en el proceso, cayeron unos 16 sacerdotes vascos: el 8 de octubre, fueron fusilados dos sacerdotes en Rentería; el 17 de octubre, 3 en Hernani; el 24 de octubre, uno en Mondragón, otro en Irún, y cuatro más; el 17 de octubre, uno en Marquina; el 28 de octubre, uno en Elgóibar; y tres más en Amorebieta. Entre los fusilados, estaba el padre Aristimuño, que había sido negociador entre el PNV y Mola. Franco ordenó, el 7 de noviembre de 1936 poner fin a estas represalias. Pero Franco y el PNV ya nunca se llevaron bien. El problema era que un partido de derechas y católico integrista como el PNV, se había aliado a socialistas y comunistas en su lucha por Euskadi, pero el PNV lo hacía por la independencia, mientras los comunistas lo hacían por la revolución. Y los franquistas no querían distinguir motivos por los que los vascos luchaban contra ellos. La jerarquía católica estaba cogida entre dos fuegos, pues en la rebelión general estaba con los rebeldes y en el País Vasco estaba en el bando contrario, con los gubernamentales republicanos.

Los vascos también fusilaban a mansalva: El 14 de noviembre de 1936, Pablo Murga fue descubierto como espía de los rebeldes, pues había facilitado a éstos los informes sobre el Cinturón de Hierro de Bilbao. Fue ejecutado el 14 de noviembre de 1936. La peor matanza hecha por los vascos, tuvo lugar el 4 de enero de 1937: había habido bombardeos sobre Bilbao el día 3 y el día 4 de enero de 1937, a las 15:00 horas. Un piloto fue derribado y capturado por las masas, que le ataron a una angarilla y le arrastraron hacia el centro de Bilbao. Tras la víctima se arremolinaron unas 4.000 personas gritando contra él. Las autoridades les invitaron a disolverse, y las masas, dirigidas por minorías organizadas, fueron sobre la prisión de Larriñaga sobre las 17:00 horas, se organizaron en patrullas de seis personas para recorrer las celdas, y se pusieron a matar y robar a quienes les pareció, hasta un total de 55 muertos. Tardaron tres horas en esta barbarie, sin que nadie se lo impidiese. Poco después de la entrada en Larriñaga, un grupo de miliciano fue a Convento de El Carmelo, donde se había colocado a unos 1.500 presos, pero los internos habían sido avisados y habían organizado barricadas para impedir la entrada a los milicianos, y el resultado es que sólo murieron 7 presos. Otro grupo de milicianos fue al Convento Ángeles Custodios, y empezó a sacar al patio a los presos de cinco en cinco, y estuvieron fusilándolos hasta las 21:00 horas, y robándoles sus objetos de valor. Al final del día, habían matado a 109 presos. Un tercer grupo de milicianos fue a Casa Galera, a donde llegó ya tarde, hacia las 18:30 horas, y allí bajaban los presos de dos en dos, les fusilaban y les robaban sus pertenencias, hasta un total de 41 asesinados. Por tanto, fueron al menos 210 muertos. El Gobierno vasco prohibió hablar del tema, y en su lugar, los periódicos debían hablar de cómo Alemania ayudaba a los franquistas. El Gobierno Vasco nombró juez especial de la investigación a Julio Jáuregui, el cual cubrió el expediente investigando algunos casos sueltos, y ello escandalizó a algunos católicos del PNV, los cuales pidieron a José Antonio Aguirre el cese de Telesforo Monzón, Ministro responsable de Gobernación en el País Vasco. Pero Aguirre dijo que no era el momento de peleas internas en el PNV, sino el momento de cerrar filas por la independencia, y salvó a Telesforo Monzón.

     Y en contraste con todo este lío de los sacerdotes vasquistas, nada se supo del caso de los sacerdotes anarquistas y comunistas de Andalucía, de los que los católicos del mundo no llegaron ni a enterarse de que eran fusilados por el bando franquista, porque el caso del País Vasco era algo más que catolicismo: era nacionalismo, defendido por millones de católicos del mundo que no entendían nada pero opinaban de todo. Múgica interpretó mal la libertad del sacerdote para actuar. Evidentemente, el sacerdote tiene esa libertad, pero debe atenerse a las consecuencias de sus decisiones. Lo que no se puede es reclamar inmunidad para tomar posturas políticas que implican muerte para los demás, lo cual es un privilegio inasumible para cualquier Estado.

     Julián Pereda, un jesuita español, hacía de intermediario entre el Gobierno Vasco de José Antonio Aguirre y la Iglesia. Pereda dirigió una carta a Aguirre, que resultó un completo fracaso. Y El Vaticano acabó pidiendo a Gomá, que interviniese él en persona, sin intermediarios.

     Gomá se entrevistó con Franco el 17 de febrero de 1937, y le propuso que hiciera concesiones a los nacionalistas vascos, a fin de que éstos se sintieran atraídos a abandonar el bando gubernamental y se pasasen al rebelde. Franco se negó a conceder autonomía a los vascos. El problema era complicado porque muchos sacerdotes vascos habían fomentado el separatismo vasco, y en 1937, estaban a punto de obtener su Estatuto de Autonomía concedido por la República de España. Aguirre recomendó que El Vaticano no se inmiscuyese en cuestiones políticas.

         Los capellanes castrenses.

     En enero de 1937, Gomá comunicó a Pacelli que había organizado el servicio de capellanes castrenses. Había nombrado al obispo Gregorio Mondego como Vicario General Castrense del ejército franquista, como le autorizaba el BOE de 31 de diciembre de 1936, que autorizaba a que las Divisiones y Batallones de los rebeldes llevaran capellán.

     El capellán, decía misas, hacía confesiones y comuniones, y asistía a los moribundos con la extremaunción, daba charlas para motivar a los soldados y tranquilizarlos, y también daba algunas clases de alfabetización. Los capellanes se esforzaban por convencer a los soldados del bando rebelde de que estaban luchando por la tradición española y el catolicismo, y en contra del anticristo marxista.

Esa misma labor, en el bando contrario, la hacían los comisarios políticos en el bando gubernamental, los cuales también alfabetizaban y convencían a los soldados de que estaban luchando contra el fascismo. El Comisariado Político fue instituido en octubre de 1936. Los comunistas, junto a Largo Caballero, propusieron la formación de unos Comisarios Políticos que debían orientar el pensamiento de los afiliados y se constituyeron como una jerarquía paralela a la militar, siendo el caballerista Julio Álvarez del Vayo Olloqui el jefe de este Comisariado de Guerra.

     Ambas posiciones, capellán y comisario político, eran codiciadas por muchos. En el bando franquista, tanto el ejército como la Iglesia, querían dominar sobre los capellanes. Los obispos querían mantener su autoridad cada uno sobre su diócesis. En el bando gubernamental republicano, los comunistas se dieron cuenta del enorme poder que podía significar el dominio del comisariado político, y prestaron muchos comisarios de su ideología al comisariado.

En 1937, Aguirre creó también el Cuerpo de Capellanes Castrenses Vascos, y lo incorporó al ejército. De nuevo aparecía el sentido ultracatólico y nacionalista vasco. El jefe de los capellanes fue José María Korta Uribarren, que gozaba de grado y sueldo de comandante del ejército. A sus órdenes actuaban 20 capellanes con grado y sueldo de capitanes, y 60 capellanes con grado y sueldo de tenientes. Esto de establecer grados entre sacerdotes parece incomprensible, pero era así. La colaboración del la Iglesia católica vasca, fue más allá, y los seminaristas fueron incorporados a Sanidad Militar, lo cual permitía cumplir el inconveniente de que un seminarista no podía matar a nadie, pero colaboraban con los soldados que se estaban matando unos a otros.

     En el franquismo, no hubo Cuerpo Oficial de Capellanes hasta 1940.

     Fusilamiento de Batet.

Franco hacía demostraciones de autoridad: El 15 de febrero de 1937 Franco ordenaba fusilar al general Domingo Batet Mestres, que en 1936 era jefe de la VI División Orgánica-Burgos. El general Batet se había opuesto en 1934 a que Franco desembarcase en Barcelona y entrase a tiros en la ciudad, ocupando pacíficamente la Generalitat y recibiendo por ello la Laureada de San Fernando. En 1936 había defendido al Gobierno legítimo republicano en su destino de Burgos. En 18 de febrero de 1937 se le fusilaba «por rebelión militar», es decir, por no haber querido rebelarse.

Enfrentamiento de Franco con los italianos.

El 12 de febrero de 1937, el general Emilio Faldella, Jefe de Estado Mayor del CTV, el segundo de Roatta, estaba en Salamanca, y se vio con el teniente coronel Antonio Barroso Sánchez-Guerra, el hombre que gestionaba la oficina de Francisco Franco. El 13, consiguió que le recibiera Franco. Faldella llegaba a Salamanca a imponer las condiciones italianas.

Sobre las tropas italianas en España, Franco le levantó la voz para decirle que no admitía imposiciones de nadie, que le habían dicho que vendrían a reforzar las unidades militares españolas, pero que Faldella le estaba tratando de imponer las condiciones del Duce. Franco no admitiría que los italianos tuvieran batallones propios. Faldella dijo que era imprescindible el respetar las unidades italianas, con sus mandos italianos.

Sobre tomar por objetivo prioritario Teruel, Franco alegó que el tema requería de mucho estudio táctico y de muchos acuerdos políticos, porque si un objetivo principal de la Guerra de España quedaba en manos extranjeras, Franco perdería su prestigio interior y el apoyo de muchos de los que le ayudaban, como falangistas, requetés y gentes de derechas.

Al final de la discusión, Franco aceptó que los italianos conservaran sus propios jefes militares, y les concedió el objetivo de Guadalajara como experimento. En la práctica, veremos que Franco dejó abandonados a su propia suerte a los italianos en Guadalajara, y tenía sus razones, de modo que la derrota italiana le vino bien a Franco para reforzar su posición de jefe absoluto de la Guerra de España.

Cuestionamientos a Largo Caballero en febrero:

 El 13 de febrero de 1937, la Junta Delegada de Defensa de Madrid contestó a los discursos de Largo Caballero de 4 de febrero y le advertían que Málaga se había perdido, y que las cosas estaban muy difíciles en El Jarama, porque Largo Caballero no había tomado nunca las iniciativas precisas para evitarlo. Bastaba de discursos populistas, y era hora de decretar el servicio militar obligatorio, la depuración sistemática del ejército a fin de tener en los mandos del ejército a gente fiel y capaz. El sentido práctico se enfrentaba al populismo de Largo Caballero.

El 14 de febrero, hubo una manifestación popular en Valencia en apoyo de Largo Caballero. En esa manifestación organizada por el propio Largo Caballero, se pidió la movilización general, el mando único del ejército, las depuraciones entre los militares, la requisa de armas largas, el control de la vigilancia por el Gobierno y el control de las costas y los cuerpos de seguridad también por el Gobierno. Era la respuesta de Largo Caballero a las críticas que le habían llegado desde Madrid.

Por lo pronto, Largo Caballero decidió destituir a José Asensio Torrado, de su puesto de Secretario de Guerra, y sustituirle por Carlos de Baraibar Espondaburu, periodista que trabajaba en “Claridad”, el periódico de Largo Caballero, y era hombre de confianza de Largo Caballero. Asensio Torrado no gustaba a los comunistas. También dio el mando único sobre Madrid a Miaja. Largo Caballero apostaba por el populismo.

El 27 de febrero, Largo Caballero publicó que había recibido muchas adhesiones a su persona, lo cual quería decir que tenía problemas de liderazgo, pues de otro modo no había ninguna necesidad de hacer esas declaraciones. Hablaba en términos generales sólo entendibles para los expertos, y daba a entender, para los bien informados, que había fuerzas disconformes con su Gobierno. El PCE entendió que podía estar refiriéndose a los comunistas, y el 1 de marzo le contestó a Largo Caballero que el PCE apoyaba al Frente Popular. Lo cierto era que cada Ministro del Gobierno tenía opiniones distintas.

Largo Caballero estaba perdiendo su autoridad en Cataluña. A partir de 25 de febrero, Cataluña se estaba planteando la necesidad de que la Generalitat asumiera la plenitud del poder, y ello significaba acabar con los anarquistas, que eran la fuerza dominante entre los milicianos catalanes.

Largo Caballero estaba también perdiendo autoridad entre los comunistas. Los comunistas criticaban al Gobierno. Los anarquistas no se atrevían a hacerlo abiertamente, porque ellos también estaban en el Gobierno de Largo Caballero. Pero lo que hacían los militantes anarquistas no coincidía con los que manifestaban los Ministros anarquistas. En Industria, Peiró decretó que las incautaciones de empresas se limitaran a casos muy necesarios. En Comercio, López decretó regulaciones del comercio exterior. Pero los militantes anarquistas no paraban de crear “comités obreros” que publicaban en la prensa y tomaban decisiones en la calle de nacionalización de empresas, porque decían que tras hacer la revolución, ya no habría guerra.

Reorganización y refuerzos de los gubernamentales en febrero.

El 27 de febrero de 1937, los gubernamentales reorganizaron sus fuerzas: La I División de Madrid, pasó a llamarse Ejército del Centro, y tenía su cuartel general en Alcalá de Henares. El jefe de ese Ejército del Centro era Miaja. El jefe de Estado Mayor era Rojo. Este ejército contaba con dos divisiones, la del coronel Moriones y la del coronel Alzugaray. Y otro ejército fue llamado Cuerpo de Ejército de Maniobra, y fue puesto a las órdenes del teniente coronel Burillo. Temporalmente Burillo quedaba subordinado a Miaja, pero en adelante, ambos ejércitos serían independientes.

Los gubernamentales estaban recibiendo desde octubre de 1936, el apoyo de las «brigadas internacionales» o voluntarios comunistas de todo el mundo para ayudar al Gobierno republicano, y los colocaron en febrero de 1937 en el frente del Jarama. Eran unos 15.000 que se fueron relevando de modo que puede que combatieran en España unos 40.000 brigadistas en total a lo largo de los dos años que estuvieron.

También los republicanos crearon seis brigadas mixtas, tres de ellas mandadas por los comunistas: Líster, Modesto y El Campesino, una mandada por el anarquista Cipriano Mera, y dos mandadas por los coroneles Miguel Gallo Martínez y Gonzalo Pando Rivero. También era republicano el Cuerpo de Carabineros, integrado por unos 20.000 hombres. Y además estaba el ejército de Madrid mandado por el general Miaja, y el de Valencia, o Ejército del Centro, mandado por el general Pozas.

Los gubernamentales estaban renovando su aviación desde diciembre de 1936 y enero de 1937, cuando en febrero llegaron 62 cazas I-16 rusos. Los rusos regalaron a los españoles sus I-15 viejos, con lo cual, el Gobierno creó una unidad aérea española bajo las órdenes de Andrés García Lacalle: El “Grupo 26” de aviación, contaba con 5 escuadrillas rusas y 1 escuadrilla española, la de García Lacalle.

Desde febrero de 1937 en adelante, se habló de la retirada de soldados extranjeros que luchaban en España. Todos negaban lo que era evidente, que los comunistas habían enviado a decenas de miles de brigadistas internacionales, y que Italia había enviado a un número similar de soldados de infantería, aparte de los soldados especialistas alemanes, los voluntarios marroquíes… Pero la Batalla de Guadalajara de marzo de 1937 puso en evidencia que había en España decenas de miles de soldados italianos combatiendo. Italia lo seguía negando.

  Refuerzos rebeldes en febrero de 1937.

A partir de febrero de 1937, los rebeldes fueron mucho más fuertes en el aire. La Legión Cóndor recibió 30 bombarderos Heinkel 111-B bimotores, que eran capaces de destruir los aeródromos gubernamentales. También obtuvieron 15 Dornier 17-F de reconocimiento y 20 Dornier 17-E de bombardeo. Una vez recibidos estos aviones más modernos, los alemanes regalaron a Franco los Heinkel 51 y los Junkers 52 de que disponían hasta entonces, con los que Franco creó la “Agrupación Española” o primera fuerza aérea rebelde.

A su vez, los italianos enviaron aviones Meridionali RO-37 bis y crearon dos patrullas, una pilotada por italianos y otra pilotada  por españoles. Y también aportaron los Savoia SM-79, capaces de volar grandes distancias, pues podían volar 2.600 kilómetros a 450 kilómetros por hora. Eran capaces de portar 8 pasajeros, o como variante, llevar bombas en la bodega y una ametralladora en el techo.

Los rebeldes recibieron en febrero de 1937: 274 aviones, 180 carros de combate, 30 baterías de cañones del 8,8 alemanes y ametralladoras pesadas, las armas más modernas del momento.

En cuanto a hombres, los rebeldes recibieron a las fuerzas italianas del Corpo di Truppe Volontarie: Su jefe era el general Mario Roatta Mancini, el cual organizó cuatro divisiones italianas y dos divisiones mixtas de italianos y españoles. Las cuatro divisiones italianas eran: la Primera o Dio le Vuole, de Edmondo Rossi; la la segunda, o Fiamme Nere, de Guido Amerigo Coppi; la tercera o Penne Nere, de Luigi Nivoloni; y la cuarta o Littorio, de Annibale Bergonzoli alias Barba Elettrica. La División Littorio era exclusivamente de soldados italianos. La División Dio lo Vuole, la División Fiamme Nere (Llamas Negras), y la División Penne Nere (Plumas Negras), eran una mezcla de voluntarios italianos y fascistas italianos.

Los sucesivos jefes del CTV fueron Mario Roatta, Ettore Bastico, Mario Berti y Gastone Gambara. Otras Divisiones italianas formadas más adelante, fueron la Camicie Nere, la Fiamme Azzurri de Francesco La Feria, la Fiamme Verde de Emilio Battisti.

A ese ejército italiano le ayudaban 20.000 hombres de diversas procedencias: moros, legionarios de África, falangistas voluntarios y requetés mandados por Moscardó. Los españoles enviados para completar las Divisiones italianas fueron forzosos. En realidad, Franco pensó enviar falangistas, y que éstos murieran junto a sus colegas fascistas italianos, pero los falangistas se dieron cuenta de la jugada, y se negaron a “ponerse a las órdenes de extranjeros”. Los italianos formaban también 2 brigadas mixtas, 1 batallón de carros y 140 piezas de artillería, con un total de unos 30.000 hombres. Los italianos fueron trasladados desde Málaga, donde habían tomado la ciudad, hasta Brihuega y Torija, en Guadalajara, guardando la carretera de Zaragoza a Madrid. En  diciembre de 1936, los soldados italianos en España habían sido unos 4.000, pero Mussolini decidió reclutar voluntarios, y no les comunicó su destino. El Partido Fascista Italiano reclutó también voluntarios por su cuenta, entre veteranos de las guerras de las colonias y campesinos desempleados. Estos soldados llegaron a España equipados y bien armados, y con oficiales y suboficiales propios. Franco exigió que los comandantes y jefes superiores fueran españoles. Mussolini discutió con Franco, y le dijo que no aceptaría que sus soldados italianos fueran tratados como los moros, como carne de cañón para la cabeza de las ofensivas. La mayoría de estos italianos provenían del sur de Italia, y habían sido entrenados en campos de instrucción. Otro motivo de discusión entre Franco y Mussolini, fue que, entre los voluntarios italianos, llegaron 3.000 fascistas, pues Franco no quería fascistas en España. Mussolini manifestó que la Guerra de España terminaría en pocos días, una vez llegados los italianos. En su mente estaba el que Franco quedaría subordinado a Italia, una vez manifiesta la superioridad de los soldados italianos. Por ello, Mussolini envió a España más hombres de los prometidos, y con instrucciones para que actuasen de forma autónoma. Quería una victoria italiana, y que no fueran los alemanes los que impusieran un Gobierno en España. De hecho, cuanto más material alemán llegaba a España, más soldados italianos enviaba Mussolini.

El total de soldados enviados por Mussolini entre finales de diciembre de 1936 y febrero de 1937, fue de 48.823 hombres, de los cuales 20.000 eran soldados regulares, y 25.000 eran milicianos voluntarios. Traían con ellos seis generales, y muchos coroneles y tenientes coroneles, en contra de lo acordado por Franco y Mussolini.

Las posibilidades de fracaso italiano eran altas, pues venían a España como quien llegaba a un país colonial, atrasado, en el que creían que ellos se impondrían fácil y rápidamente, porque tenían camiones, aviación y artillería, y eran capaces de hacer una guerra rápida, guerra celere, que los españoles habían demostrado sobradamente no saber hacer. Y su excelente armamento ligero, sería la culminación de esa ventaja táctica.

El grupo italiano de ataque básico era el Reagrupamento Reparti Spezializzatti, integrado por un batallón de carros, una compañía de autos blindados y una compañía de autos con ametralladora. Sus carros de combate eran ligeros, pues el Fiat Ansaldo L-3/35, pesaba tres toneladas y carecía de cañón, por no poder soportar su peso grandes explosiones. Por eso, sólo llevaban ametralladoras como equipamiento. El autoblindado Ansaldo Lancia IZ, llevaba tres ametralladoras de pequeño calibre. Como carecían de cañones, necesitaban el apoyo de la artillería pesada y de la aviación. Su ventaja era la velocidad, pero la artillería pesada no era capaz de seguirles a gran velocidad, por lo que los aviones les eran imprescindibles.

La efectividad del material italiano fue limitada en Guadalajara: contaban con modernas ametralladoras, camiones y aviación, pero se puso a nevar. En esas condiciones meteorológicas no volaban los aviones italianos y alemanes que debían proteger los avances, y no funcionaban los camiones que debían transportar el material y la munición a los puestos de combate. Las posiciones se estabilizaron y hacia el 17 de febrero se había llegado a una situación muerta, sin avances ni retrocesos.

El Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos.

El 8 de febrero de 1937, se constituyó el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos para organizar la defensa de la Cordillera Cantábrica. Sustituía a la Junta de Defensa de Santander.

El 27 de julio de 1936, se había instituido en Santander un Comité de Guerra para gestionar asuntos militares y una Junta de Defensa de Santander para cuestiones de gobierno civil. Pero el 23 de diciembre de 1936, el Gobierno de Largo Caballero decidió crear Consejos en Asturias, Santander y Zaragoza.

En Santander, el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, gestionaba la asistencia a refugiados, aprovisionamientos de armas y alimentos, y moneda. Mientras tanto, el Comité de Guerra seguía gestionando el orden público, la censura, las reuniones y manifestaciones, propias de los militares.

El Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos estaba integrado por 5 socialistas, 4 republicanos, 3 anarquistas y 2 comunistas, lo cual refleja las fuerzas que se opinaba que dominaban la ciudad. El Presidente era Juan Ruiz Olazarán, PSOE, y vicepresidentes eran Alfonso Orallo Pérez de FOM-UGT (Federación Obrera Montañesa), y Vicente del Solar Romero, CNT. Su autoridad se mantuvo hasta que en 26 de agosto de 1937, entraron los franquistas en la ciudad.

         Vizcaya en 1937.

A fines de septiembre de 1936, los gubernamentales habían perdido casi toda Guipúzcoa, en donde era fundamental la conexión con Francia, en Irún por carretera y por ferrocarril, y los rebeldes amenazaban con tomar Vizcaya, la zona de producción siderúrgica más importante de España, y una de las grandes fabricantes de armas. Otras fábricas de armas estaban en Reinosa (Cantabria), y en las cercanías de Oviedo. Además Asturias producía la mayor parte del carbón español.

El País Vasco había obtendría un Estatuto de Autonomía el 1 de octubre de 1936, y tuvo Gobierno Autónomo el 7 de octubre de 1936. Lo presidía José Antonio Aguirre. El Gobierno tenía representación de todas las fuerzas políticas vascas, menos de CNT.

El Gobierno vasco se sostenía sobre unas milicias ciudadanas que le hacían inestable, pues cada milicia defendía los intereses de propio partido. En esas condiciones, el PNV luchaba por imponer sus milicias y conseguir el poder completo sobre Euzkadi, y no le interesaba la llegada de soldados con obediencia al Gobierno de España, lo que supondría perder autonomía.

El 4 de enero de 1937, Bilbao sufrió su primer bombardeo intenso. Tras ello, las cárceles fueron asaltadas, y 224 presos fueron asesinados. No era la forma de proceder de los vascos, que habían escogido presentarse ante el mundo como pacíficos y legalistas, que sólo querían ser independientes de España. Y el Gobierno Vasco actuó de forma diferente a otras ciudades bombardeadas: se declaró culpable-responsable de esas muertes, y detuvo a los responsables conocidos. Telesforo Monzón Ortiz de Urruella, Consejero de Orden Público, quiso dimitir, pero José Antonio Aguirre no le aceptó esa dimisión que hubiera significado considerar responsable al PNV.

A principios de 1937, el puerto de Bilbao fue bloqueado por minas de los nacionales. Los vascos sacaron los barcos de pesca tanto para pescar minas como para importar víveres y exportar hierro.

En esta situación global de enero de 1937, Largo Caballero concibió el plan de atacar desde el norte peninsular, aprovechando que la mayor parte de las fuerzas rebeldes estaban sobre Madrid. Se le ocurrieron dos ataques simultáneos, el uno sobre Oviedo, para eliminar los rebeldes del interior de Asturias, y el otro sobre Villarreal de Álava. Al mismo tiempo, el general Pozas debía atacar Madrid desde el norte, desde la Sierra de Madrid. La operación ideada por Largo Caballero era complicada: En Oviedo había 8 Tabores de Regulares y una Bandera de la Legión, que habían llegado a socorrer a los rebeldes. Eran miles de soldados rebeldes los que defendían Oviedo. Ya se había intentado desde octubre de 1936, en ataques masivos desde todas las partes posibles y de forma continuada, pero los rebeldes dominaban 75 kilómetros de pasillo en la carretera de Oviedo a León. Eran 25 kilómetros a vuelo de pájaro, pero la carretera serpenteaba y se convertía en 75 kilómetros para pasar el puerto. Incluso el 23 de noviembre de 1936, los gubernamentales habían logrado cortar un tramo de la carretera en Cabruñana, pero los rebeldes franquistas lo recuperaron al poco. Los ataques sobre esa carretera eran muy duros todos los días de diciembre y enero. Pero las fuerzas de los atacantes estaban agotadas, y en enero de 1937, no podían obedecer la orden de Largo Caballero de salir hacia el sur, hacia Castilla. Sobre Oviedo se pensó en enviar soldados vascos y santanderinos, pero los efectivos que pudieron enviar estas regiones, que estaban luchando también en las montañas al sur de sus propias regiones, eran pocos.

En enero de 1937, Manuel de Irujo presentó al Gobierno de Largo Caballero un Memorandum en el que advertía que la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos, y ello contrastaba con que el culto se hubiera suprimido, los templos se hubiesen cerrado, los sacerdotes fueran asesinados o apresados por miles. La declaración nos parecería muy meritoria, si no fuera que a continuación decía que eso no pasaba en Euzkadi, porque Euzkadi era una región católica, y que respetaba los derechos humanos. O sea, que Irujo pretendía resaltar el nacionalismo y el catolicismo. El argumentario de Irujo le servía para decir que el Gobierno de la República era cómplice de esas violencias, porque se mostraba impotente frente a ellas. A continuación, pedía la libertad de todos los sacerdotes y religiosos apresados que no tuvieran otra acusación que la defender su fe católica, y el discurso nacionalista quedaba otra vez arropado por una declaración inicial y otra final muy justas. Largo Caballero interpretó correctamente el discurso de Irujo, y desestimó la petición. Negrín, siete meses después, nombró a Irujo Ministro de Justicia, y entonces se autorizó el culto en privado, basado en un acuerdo verbal de Negrín con Irujo, que valía lo que valen los acuerdos verbales, para el tiempo y lugar que parezca conveniente en cada caso.

Consejo Regional de Defensa de Aragón.

El Consejo Regional de Defensa de Aragón dominó la mitad este de Aragón, gracias a las tropas catalanas y valencianas, predominantemente anarquistas catalanas. Reconocido oficialmente por el Gobierno republicano en 6 de octubre de 1936, los anarquistas lo dominaron por completo desde octubre de 1936 a diciembre de 1936. Tenía su sede en Caspe, y su presidente era Joaquín Ascaso Budría. En diciembre, se produjo la reasunción de poderes del Gobierno Largo Caballero y del Gobierno Tarradellas en Barcelona, mediante la trampa de “democratizar” el poder dando entrada a representantes de todas las asociaciones políticas frentepopulistas. El 23 de diciembre de 1936, el Consejo de Aragón fue legalizado, tras admitir a dos consejeros de UGT, dos del PCE y dos de Izquierda Republicana, de un total de 14 Consejerías. En junio de 1937, los anarquistas fueron apartados del Gobierno. El 4 de agosto de 1937, Indalecio Prieto envió a Caspe al comunista Enrique Líster, y éste eliminó a los anarquistas, mató a algunos, apresó a cientos, disolvió el Consejo de Aragón, y el Consejo de Aragón pasó a manos de José Ignacio Mantecón Navasal, de Izquierda Republicana, como Gobernador General de Aragón.

José Ignacio Mantecón Navasal era un burgués rico, cuya familia había sido víctima de represiones franquistas, y se había hecho comisario político en el ejército republicano. Fue introducido en el Consejo de Aragón en diciembre de 1936, y pasó a presidirlo en junio de 1937. Su gobierno fue un desastre, pues los campesinos pobres asaltaron los cultivos, y muchas veces los destruyeron. Y permitió que los comunistas se hicieran dueños de casi todos los Ayuntamientos del Este de Aragón, que era el objetivo principal. En marzo de 1938, una vez derrotados los aragoneses, Mantecón pasó otra vez a Comisario Político, y como muchos de los altos cargos militares, tuvo acceso al “Galatea”, en el que huyeron los pocos que fueron acogidos en playas levantinas. La Gestapo lo identificó y le llevó a un campo de concentración francés, del que huyó y se marchó a México, en donde fue bibliotecario de la Biblioteca Nacional.