20.15.20.Gobierno Largo Caballero de noviembre de 1936.

 El Gobierno Largo Caballero de noviembre de 1936.

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El 4 de noviembre, los anarquistas decidieron sumarse al Gobierno de España, y Largo Caballero nombró 4 ministros CNT:  Justicia, Joan García Oliver;  Industria, Juan Peiró Belis;   Comercio, Juan López Sánchez;  Sanidad, Federica Montseny Mañé. El 6 de noviembre, el Gobierno de Largo Caballero decidió abandonar Madrid. El 7 de noviembre comenzó el ataque rebelde sobre Madrid, y empezó el ataque a la primera línea de defensa de la ciudad, la última establecida por los gubernamentales republicanos.

Largo Caballero no era un hombre preparado para una responsabilidad de Gobierno, pero otros muchos de parecía valía han llegado al poder en distintos países del mundo. Largo Caballero era capaz de hacer los discursos más agrios contra cualquiera, contra la derecha, contra los comunistas, contra los anarquistas, contra sus colegas del PSOE, contra líderes de UGT… era capaz de asustar a la gente y conmover a las masas, pero no era capaz de tomar medidas racionales de Gobierno, no era capaz de analizar una situación y tomar las medidas pertinentes. Era un charlatán de la política, era un experto en luchas intestinas de partido o de sindicato, de enfrentar a los unos con los otros, pero no tenía visión de conjunto de la política española, no calibraba el peso real de cada partido en el conjunto, y no valoraba correctamente su capacidad real para hacer reformas.

El PCE y CNT sabían de las limitaciones de Largo Caballero, y ya estaban de vuelta de la retórica de algunos necios, y consideraban que el poder caería en sus manos con el simple paso del tiempo, como una manzana madura. Los republicanos de izquierda, los socialistas moderados, y los comunistas, estaban preparados para el momento de caída de Largo Caballero, lo cual fue un periodo de 8 meses. Pensaban que las utopías se debían dejar madurar, y acaban cayendo solas. Pero no tenían en cuenta que en España han existido muchos Reyes completamente incompetentes y se han mantenido, que Mussolini no sólo no cayó, sino que se mantuvo un buen tiempo haciendo mucho daño, y así otros muchos. Echar a Largo Caballero no iba a ser tan fácil. Su capacidad de acción desde el Gobierno y desde el sindicato eran muy grandes.

Besteiro decía que la República había llegado treinta años antes de tiempo, y que por ello, fracasaría y no se sabía a qué daría lugar: una dictadura de derechas, o una de izquierdas. Argumentaba que ni la burguesía ni el proletariado español estaban preparados para una auténtica democracia. Ni la burguesía quería sacrificar nada por la reforma del país, ni los trabajadores estaban dispuestos a esperar ninguna reforma. Y ante esas posturas, no había futuro, ni forma de gobernar. En este caso, el razonamiento era impecable, pero la capacidad de acción que demostró Besteiro fue muy limitada.

Los pesoístas de Largo Caballero se dedicaron a intentar superar a PCE y CNT en celo revolucionario, para no dejar de ser ellos los que lideraran la República. Pero eso significó que la clase trabajadora se desorientó, unos se fueron al socialismo, otros al comunismo y otros al anarquismo. El fracaso de todos ellos era evidente, pues acabarían eliminándose los unos a los otros inútilmente.

PSOE–UGT se lanzaron al populismo: ofrecían miles de salarios sin apenas trabajo alguno en los Ministerios, en los Jurados Mixtos, en las inspecciones de trabajo, en el orden público, en las agrupaciones socialistas, en las Diputaciones Provinciales, en los Ayuntamientos… sabiendo algunos dirigentes que todo era una falsedad. Pero los demás hacían lo mismo. Pero UGT manejaba las Cajas del Paro Forzoso, y hacía ver que esas subvenciones del Gobierno se pagaban gracias al esfuerzo de los socialistas. Y puestos a hacer populismo, se podía aventurar que las distintas fuerzas obreras terminarían a tiros entre ellos, como en verdad sucedió. Todos mentían, y era imposible mantener las mentiras mucho tiempo. Si Franco resistía, no tenía necesidad de ser muy listo, ni muy fuerte. Las luchas entre partidos y sindicatos obreros le entregarían la victoria sin demasiado esfuerzo.

Segundo Gobierno Largo Caballero

 de 5 de noviembre de 1936 a 17 de mayo de 1937.

  Presidente, Francisco Largo Caballero, PSOE.

  Gobernación, Ángel Galarza Gago, 1892-1966, PSOE.

  Hacienda, Juan Negrín López, 1889-1956 PSOE.

  Trabajo y Previsión, Anastasio de Gracia Villarrubia, PSOE.

  Guerra, Francisco Largo Caballero, 1869-1946, PSOE.

  Estado, Julio Álvarez del Vayo, 1891-1975, PSOE.

  Marina y Aire, Indalecio Prieto Tuero, 1883-1962, PSOE.

  Obras Públicas, Julio Just Jimeno, 1894-1976, IR

  Propaganda, Carlos Esplá Rizo, 1885-1971, IR.

  Comunicaciones y Marina Mercante, Bernardo Giner de los Ríos García, 1888-1970, UR.

  Instrucción Pública y Bellas Artes (educación), Jesús Hernández Tomás, 1907-1971, PCE.

  Agricultura, Vicente Uribe Galdeano, 1897-1961, PCE.

  Industria, Juan Peyró Belis, 1887-1942, CNT.

  Comercio,  Juan López Sánchez, 1900-1972, CNT.

  Justicia, Juan García Oliver, 1901-1980, CNT.

  Sanidad y Asistencia Social, Federica Montseny Mañé, 1905-1994, CNT, hija de Joan Montseny (Federico Urales) y Teresa Mañé (Soledad Gustavo).

  Sin cartera, Manuel de Irujo Ollo, 1891-1981, PNV.

  Sin cartera, Jaime Ayguadé Miró, 1882-1945, ERC.

  Se incorporó días después el Ministro sin Cartera, José Giral Pereira, 1879-1962, IR.

El Gobierno de noviembre de 1936 se componía de 7 carteras PSOE, e incorporaba los principales proyectos de revolución del momento: el liberal republicano con cuatro carteras, el comunista con dos, el anarquista con cuatro, y los proyectos independentistas catalán y vasco. Era un Gobierno para coaligar fuerzas políticas, y no para gobernar. Por ello, se creaban los Ministerios que contentaran a los coaligados: El Ministerio de Industria se separaba del de Comercio y ambos iban a parar a CNT; El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se separaba del de Sanidad y Asistencia Social y se los repartían el PSOE y CNT. Se creaba un Ministerio sin cartera para Esquerra Republicana de Catalunya. Se creaba el Ministerio de Propaganda para los republicanos.

     El PSOE se quedaba con los Ministerios que eran más significativos en la guerra: Gobernación, Obras Públicas, Hacienda, Guerra, Estado y Marina. El PCE se quedaba con los Ministerios de gran influencia social como Agricultura e Instrucción Pública. El otro, de gran repercusión social, Trabajo, quedaba en manos del PSOE y de Largo Caballero de alguna forma.

Los Ministros juraron el 5 de noviembre, y ese mismo día se decidió que en Madrid, quedaban movilizados todos los varones aptos para el servicio y que fueran mayores de 20 años y menores de 45. La razón era que el general franquista, José Enrique Varela Iglesias estaba atacando Villaverde y Carabanchel y la situación del Madrid republicano era angustiosa.

La tarea de Gobierno de Largo Caballero era muy grande, pues debía poner de acuerdo a republicanso, comunistas y anarquistas con él, y enfrentarse a los muchos poderes autónomos sobrevenidos como el de Cataluña, el de Euskadi, el Consejo de Aragón, la Junta de Defensa de Madrid, el Consejo de Asturias, el Consejo de Santander, el Comité de Valencia, el Comité de Málaga… Eran gobiernos populares surgidos con el apoyo de CNT, o de PNV, o de Lliga Regionalista catalana…

         Nuevas condiciones políticas.

     El Parlamento ya no era el mismo de julio de 1936: A comienzos de la guerra, habían sido fusilados 28 Diputados en zona republicana y 50 Diputados en zona rebelde, y un centenar de Diputados estaban en zona rebelde franquista, por lo que no acudían a las convocatorias de Cortes. No fue decisivo el que no estuvieran en Cortes la mitad de los Diputados, porque nadie les consultó para nada importante durante la guerra. Lo único que hicieron los Diputados fue protestar, y echarse en cara los unos a los otros las culpas de las derrotas. El problema era que, en momentos tan decisivos como una guerra, los Diputados no tuvieran apenas protagonismo en la zona republicana, que presumía de demócrata, y ninguno en la zona rebelde, por supuesto.

Largo Caballero iniciaba una forma de gobierno, denomanada de “espíritu dialogante” en el PSOE, el cual consiste en hablar hasta que el oponente te dé la razón. Largo Caballero quería tener la imagen de un hombre que había intentado reconducir la revolución social desde el anarquismo y comunismo iniciales, los de 1931, al “socialismo de clase” largocaballerista no dependiente de órganos internacionales. Y había intentado reconstruir el Estado y rehacer el ejército. Pero este Gobierno no era una yuxtaposición de iguales, sino que Largo Caballero lo entendía como sumar a los demás a su proyecto del socialismo de clase. El problema era que los demás no estaban dispuestos a inmolarse en bien del nuevo caudillo, aunque Largo Caballero insistiese en que no había alternativa posible.

Largo Caballero creía que la entrada de CNT en el Gobierno reforzaba al ejército gubernamental con las milicias anarquistas, que dominaban en esos momentos decenas de miles de hombres, sobre todo en Barcelona. Pero también hay que decir que con esa decisión, desaparecía el espíritu frentepopulista de 1931-1936, de coalición de liberales y socialistas, apoyados por otras fuerzas de izquierda, y aparecía en su lugar una coalición de socialistas y anarquistas, con apoyo comunista, en la que los liberales desaparecían. Se producía un cambio muy sensible en la coalición que sostenía el bando gubernamental republicano. Azaña quedaba marginado y lo sabía.

Largo Caballero no podía prescindir de la burguesía republicana, porque ello le dejaría en manos de comunistas y anarquistas, no podía eliminar a los comunistas, porque ello le enemistaría con la URSS, que era su principal abastecedor de armas, y no podía eliminar a los anarquistas porque éstos dominaban Barcelona, Gijón y la Región Valenciana. Iniciaba un sistema imposible, pero si todos “dialogaban” y le daban la razón a Largo Caballero, podía estar al frente de todos. Se creía un líder muy capacitado. Largo Caballero opinaba que era un Gobierno representativo del Frente Popular y que en él estaban todas las organizaciones proletarias y todos los partidos republicanos de izquierdas. Por eso, le denominó “Gobierno de la Victoria”.

El comunista Jesús Hernández, creía que Largo Caballero era un personaje ambiguo, burócrata y personalista. Pero Santiago Carrillo, de Juventudes Socialistas Unificadas, de 21 años de edad, pensaba que sólo Largo Caballero era capaz de mantener unidas las fuerzas frentepopulistas. Las opiniones estaban encontradas.

La tecnología de guerra en noviembre de 1936.

A finales de octubre, la guerra se hizo con más tecnología: En septiembre, el bando franquista había recibido 10 carros italianos Fiat L-3 y 30 carros alemanes Krupp Panzerkamfwagen, pero estos carros no estuvieron utilizables hasta fines de octubre. Y el 29 de octubre, entraron en combate en el bando gubernamental los carros Seseña 15 T-26 rusos, más potentes en artillería y más blindados que los italianos y los alemanes. Pero los españoles no sabían nada de tácticas de guerra de carros, y los utilizaban como baterías móviles. También el 29 de octubre de 1936, empezaron a llegar los aviones rusos, al bando republicano.

A principios de noviembre, la aviación rebelde era dueña de los cielos de Madrid porque los cazas italianos Fiat CR-32 y los alemanes Heinkel 51, eran superiores a los Nieuport franceses del Gobierno. El Gobierno tenía también unos Dewoitine 501 y unos Fury, de mejor calidad que los Nieuport, pero era un número muy escaso de unidades.

La situación cambió el 3 de noviembre de de 1936, cuando llegaron los Polikarpov I-15 soviéticos, llamados Chatos, que aunque eran más lentos que los italianos, eran más manejables, y tenían más velocidad de ascensión, lo cual se considera básico en las batallas aéreas, para caer en picado sobre el enemigo, lo cual hacía que los aviones rusos se consideraran superiores a los italianos y a los alemanes.

     Huída del Gobierno Largo Caballero.

En la tarde del 6 de noviembre, al día siguiente de constituirse, el Gobierno abandonó Madrid camino de Valencia. Era una operación secreta y precipitada, que ni siquiera se comunicó a los anarquistas. Cada Ministro abandonó Madrid por su cuenta y como pudo.

Una vez que se supo que el Gobierno huía, cada político huyó como pudo, por sus propios medios. La mayoría no sabían a dónde dirigirse. Algunos Ministros y altos funcionarios, al pasar por Tarancón (Cuenca), fueron detenidos por los anarquistas en un control de carretera, y acusados de traición hasta que se pudo demostrar que era un acuerdo de Gobierno. Los anarquistas tenían razones para detenerles, pues huían con todas sus pertenencias.

Largo Caballero ni siquiera dio explicaciones una vez llegado a Valencia. Tampoco dejó previsto un plan de defensa de Madrid. Sólo dejó unas órdenes para que Pozas y Miaja se las apañasen como pudiesen.

Los rebeldes “nacionales” entraron en la Ciudad Universitaria de Madrid el 7 de noviembre.

     La Junta de Defensa de Madrid de noviembre.

El general José Asensio Torrado, que iba junto a Largo Caballero camino de Valencia, dejó dos sobres cerrados, para ser entregados a los generales Miaja y a Pozas en el momento en que el Gobierno abandonara Madrid. Los sobres fueron entregados equivocadamente, el de Miaja a Pozas, y el de Pozas a Miaja. El sobre que realmente correspondía a Pozas, decía que Sebastián Pozas Perea quedaba nombrado Jefe del Ejército del Centro y debía instalar su cuartel general en Tarancón (Cuenca), en la carretera de Valencia. El sobre de Miaja decía que José Miaja Menant quedaba nombrado jefe de la defensa de Madrid. Entre ambos, deberían organizar una Junta de Gobierno de Madrid, llamada también a veces Junta de Defensa de Madrid como la de 28 de septiembre de 1936. Si se denomina de la segunda manera, estaríamos en la Segunda Junta de Defensa e Madrid.

Miaja debía defender Madrid a toda costa, y para ello, se le confiaban unos poderes ilusorios, teóricos. La carta concretaba cuántos miembros debería tener la Junta de Gobierno de Madrid, y cuántos de cada partido. También advertía de que, en caso de evacuación de la ciudad, debía salvar todos los bienes de interés y todas armas que fuera posible.

El Decreto era una cobardía de Largo Caballero y de los que huían, pues recomendaba hacer lo que ellos no habían hecho, y además huían para no hacerlo. Y muchas cosas no quedaban previstas, lo cual daría lugar a conflictos entre la Junta de Defensa de Madrid y el Gobierno de Largo Caballero en Valencia, en cuanto a funciones y competencias del nuevo organismo de gobierno de Madrid. Madrid tenía una población cercana al millón de habitantes.

Miaja abrió el sobre que de verdad le correspondía a las 21:00 horas del 6 de noviembre, aunque las instrucciones decían que no debía abrirlo hasta el día 7. Inmediatamente, encargó a Vicente Rojo la reorganización del ejército de Madrid.

La Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, perduró hasta 1 de diciembre de 1936, en que fue sustituida por una Junta Delegada de Defensa de Madrid, igualmente integrada por todos los partidos y sindicatos del Frente Popular, hasta su disolución el 23 de abril de 1937.

José Miaja Menant, 1878-1958, había nacido en Oviedo y era hijo de un obrero de una fábrica de armas y de una comerciante. Hizo el bachillerato en Oviedo. En 1896 fue a la academia de Toledo y desde 1920, estuvo destinado en Melilla, por lo que fue un africanista, como los sublevados de 1936. Fue general en 1932. En 1936 era de ideas republicanas moderadas, liberal de derechas, pertenecía a UME, y tenía amigos en ambos bandos. En 1932, sirvió en Badajoz, y a finales de 1933, en Madrid. En 1935, Gil Robles, líder de la derecha, le envió a Lérida “porque un desfile militar no fue suficientemente vistoso”. En febrero de 1936, Azaña le recuperó como Jefe de la Primera Brigada de Infantería de Madrid e incluso para mandar la I División Orgánica-Madrid. El 18 de julio se declaró fiel al Gobierno y fue designado Ministro de Guerra para Martínez Barrio, pero dimitió el 19 de julio, cuando Giral asumió la presidencia del Gobierno. Entonces, era jefe de la Primera Brigada de Infantería de Madrid. El 25 de julio fue enviado a Albacete con 5.000 hombres. El 28 de julio, la República le envió a tomar Córdoba y fracasó, lo que fue interpretado con desconfianza, no fuera que estuviese con los sublevados. Fue enviado a Valencia como Gobernador Militar. En octubre de 1936, le volvieron a repescar como jefe de la Primera Brigada de Infantería de Madrid, y los comunistas apoyaron su gestión, por lo que Miaja se convirtió en el nexo entre la derecha y la izquierda en la defensa de Madrid.

Largo Caballero le rehabilitó en noviembre de 1936, le hizo jefe de la Primera División-Madrid, y Presidente de la Junta de Defensa de Madrid. Y en noviembre de 1936 se le encargó la defensa de Madrid y se le hizo Presidente de la Junta Delegada del Gobierno en Madrid, cuando el Gobierno se marchaba a Valencia. Como no tenía soldados, aceptó milicianos, y con ellos, fue capaz de detener el avance rebelde. Luego dirigió las fuerzas gubernamentales en la Batalla del Jarama, y fue capaz de derrotar por segunda vez a Franco. El Gobierno de la República le nombró Jefe del Ejército del Centro, cuando Miaja estaba en plena popularidad, puesto en el que desplazó al general Pozas. Dirigió las batallas de Guadalajara y de Brunete, y en junio de 1937 recibió la Laureada. Cuando Franco llegó a Vinaroz, Miaja fue nominado “Jefe del Grupo de los Ejércitos de la Región Centro”, es decir, de la zona sur republicana. En enero de 1939, era Comandante en Jefe del Ejército Popular. En 16 de febrero de 1939, tuvo lugar la reunión de Los Llanos (Albacete) en la que Miaja defendió la tesis de resistir hasta el fin. En marzo de 1939 apoyaría el golpe de Segismundo Casado contra Negrín y presidió una Comisión Nacional de Defensa que pretendía negociar con Franco una rendición. Abandonó Madrid el 26 de marzo de 1939, y huyó a Orán y más tarde a México, donde murió en 1958.

Ante el nombramiento que recibía el 7 de noviembre de 1936, Miaja se sintió traicionado por Largo Caballero, como quien es enviado a la muerte o al fracaso, para evitar fracasar el jefe en persona. El general José Asensio Torrado, subsecretario de Guerra, era el enlace entre Miaja y Largo Caballero. El general Pozas fue el colaborador de Miaja en la defensa de Madrid. El teniente coronel Vicente Rojo fue encargado de comunicaciones y abastecimientos y éste cogió como ayudante al comandante Manuel Matallana. Miaja decidió resistir hasta la muerte, a sabiendas de que muchos iban a morir allí. Se convirtió en el héroe de los anarquistas y socialistas, hasta el punto de eclipsar a Largo Caballero al que se acusaba de haber huido de Madrid.

La Junta de Defensa de Madrid quedó instituida esa misma noche del 6 de noviembre en el edificio de la Real Casa de la Moneda de la Calle Alcalá, luego Ministerio de Hacienda, con los representantes que le enviaron los partidos y sindicatos frentepopulistas. No todos estuvieron representados:

Presidente: José Miaja Menant,

Secretario: Fernando Frade, PSOE, con Máximo de Dios como suplente.

Guerra: Antonio Mije, PCE, con Isidro Diéguez como suplente.

Orden Público: Santiago Carrillo, Juventudes Socialistas Unificadas, con José Cazorla como suplente.

Industrias de Guerra: Amor Nuño, de CNT, con Enrique García como suplente.

Abastecimientos: Pablo Yagüe, de la Casa del Pueblo de UGT, con Luis Nieto como suplente.

Comunicaciones: José Carreño, de Izquierda Republicana, con Gerardo Saura como suplente.

Finanzas: Enrique Jiménez, de Unión Republicana, con Luis Ruiz como suplente.

Información y Enlace: Mariano García Cascales, de Juventudes Libertarias, con Antonio Oñate como suplente.

Evacuación: Francisco Caminero, del Partido Sindicalista, con Antonio Prexes como suplente.

El general Miaja instaló su cuartel en los sótanos del Ministerio de Hacienda, en el centro de Madrid.

Miaja nombró Jefe de Estado Mayor al comandante Vicente Rojo Lluch, que se convirtió en la segunda figura en la defensa de Madrid. Pero Rojo nunca había organizado la defensa de una ciudad. Era un militar que había leído las tácticas militares que se practicaban en Europa, y ahora debía ponerlas en práctica. Pero las posibilidades de la defensa de Madrid no figuraban en ningún libro de táctica militar, porque cada batallón de milicianos obedecía a una autoridad distinta, al tiempo que los soldados que quedaban del ejército, no tenían experiencia en combate.

En la primera reunión de la Junta de Defensa de Madrid, 7 de noviembre de 1936, los miembros de ese Gobierno criticaron muchas cosas: la orden de Largo Caballero de retrasar la apertura de los sobres de instrucciones; la huida de muchas de las personas que habían hablado a favor de defender Madrid hasta el final; la desorganización militar que dejaba Largo Caballero, pues ni siquiera se sabía cuántos hombres defendían Madrid, ni con cuántas armas se contaba, ni dónde estaban estas armas. Entre los defensores de Madrid, quedaba de manifiesto la ineficiencia y torpeza de Largo Caballero.

También en esta primera reunión se determinaron las competencias de cada miembro de la Junta de Defensa, y se hicieron los nombramientos complementarios de cada Departamento de la Junta. Se decidió que las reuniones serían diarias, y así se mantuvieron hasta el mes de diciembre. La Junta de Defensa de Madrid, actuó como Gobierno de Madrid hasta 1 de diciembre de 1936.

El primer problema sobrevenido a la Junta de Defensa de noviembre de 1936, fue que Largo Caballero pretendía continuar como Jefe del Gobierno, pero a distancia, cosa que no podía ser aceptada, porque Largo Caballero, además de torpe, pretendía gobernar de lejos, sin estar en el día a día de Madrid, y tras haber huido. El segundo problema era determinar los límites territoriales del poder de la Junta de Defensa de Madrid respecto al Gobierno de Valencia, los límites de las atribuciones que aceptarían en cuanto a relaciones con la Generalitat de Barcelona, y las relaciones que se deberían mantener con las embajadas extranjeras en Madrid. Largo Caballero dijo que la Junta de Defensa de Madrid se estaba extralimitando al tomar estas decisiones.

El 8 de noviembre, la prensa publicó la constitución de la Junta de Defensa de Madrid. Y el 9, se tomaron los primeros acuerdos. El día 13 se imprimió el primer Boletín de Gobierno.   Las competencias de la Junta de Defensa de Madrid eran de abastecimiento, de transportes, de evacuación, y de finanzas. Todos ellos eran problemas difíciles. Pero los problemas se complicaban porque había organismos diferentes, además de la Junta de Defensa de Madrid, que se ocupaban de los mismos temas, tales como la Comisión Provincial de Abastecimientos, el Comité de Autotransporte, y diversos comités y entidades “de beneficencia”.

En cuanto a los abastecimientos, el problema era gestionar la escasez, el fraude en los precios, el acaparamiento de productos… El Consorcio de Panadería de Madrid quiso que le dejaran controlar los abastecimientos y regular ellos la entrada de víveres a la ciudad, además de los precios. Pero el resultado fueron muchas colas en los comercios, lo que significaba que el sistema no funcionaba.

En cuanto a evacuación, había que atender los temas de salvoconductos, inscripciones de vecinos para tener derechos a compras, traslados, evacuaciones de ancianos durante los bombardeos, hacinamiento de la población por llegada de demasiados inmigrantes, salubridad por hacinamientos, y sistemas de abastos. Para tratar estos temas, se hicieron muchos llamamientos a la población en prensa, y se lanzaron panfletos de propaganda. Y hasta noviembre, se trató el tema con espontaneidad, pero después, surgieron fuertes campañas de propaganda en el momento en que estaba mejorando el transporte, el alojamiento y la colocación de los evacuados. Resultaba que la población era reticente a los intervencionismos y lo manifestaba en cuanto las cosas empezaron a mejorar. Entonces, se decidió evacuar de Madrid a todas las personas llegadas con posterioridad al 18 de julio de 1936 que no realizaran funciones concretas de servicio a la guerra.

En cuanto al tema del transporte, el problema incluía mover el material de guerra, los víveres y los evacuados. Esos trabajos los realizaban la Consejería de Transportes y el Comité de Autotransportes de UGT-CNT. La Consejería quiso centralizar el servicio y evitar duplicaciones, racionalizar, disponer de todos los vehículos de Madrid, y tener la exclusiva en cuanto a concesión de autorizaciones de circulación. Pero los sindicalistas no querían perder sus privilegios.

En cuanto al tema de finanzas, la Consejería de Fianzas llevaba el tema de las cuentas de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre, cuando existió. Entonces, inspeccionó los fondos del Banco de España, y limitó el uso de las cuentas corrientes, centralizó todas las operaciones bancarias… La Consejería de Finanzas fue vista por el Gobierno como un organismo que intentaba sustituir al Gobierno en muchas funciones, y fue disuelta inmediatamente.

     Gobierno Largo Caballero en Valencia.

Cuando el Gobierno Largo Caballero se marchó a Valencia, el Comité Local de Valencia desapareció, y fue nombrado Gobernador Civil de la provincia el coronel Ernesto Arín Prado. Sería sustituido al poco por un miembro del PSOE, pues Largo Caballero era “socialista de clase”, es decir, el poder para los socialistas. El nuevo Gobernador Civil fue Ricardo Zabalza Elorza, antiguo dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT. Zabalza había estado en la toma del Cuartel de la Montaña en Madrid, y en las batallas de Badajoz al mando del batallón Pedro Rubio, y estaba vinculado a las milicias de Largo Caballero, y no a Valencia.

La torpeza de Largo Caballero condujo a que hubiera tres poderes en Valencia: El Consejo de Defensa de Valencia se autoadjudicaba el mando sobre las fuerzas militares que estaban atacando Teruel. El segundo poder venía representado por el coronel Velasco, el general Gamir y el coronel Espá, decían que el poder les debía corresponder a las fuerzas populares que ellos lideraban. Entre ambos estaba el poder militar del general Juan García Gómez-Caminero, Jefe de la III División Orgánica de Valencia y cabeza de la organización militar sobre la zona, tercera fuerza en discordia.

Entonces, Largo Caballero tuvo una de sus “brillantes” ideas, y creó el Ejército del Sur, y nombró a Gómez-Caminero Inspector de las fuerzas de Levante y Andalucía, con lo cual se lo quitaba de encima. Y así, el caos era completo, pero el jefe de ese caos podía seguir siendo Largo Caballero. Y una segunda idea “brillante”, fue mandar las fuerzas militares de Valencia sobre Teruel, como método para quitarse de Valencia la presión de los militares populares. Teruel no era un objetivo primordial, sólo tenía 14.000 habitantes, pero lo convirtieron en campo de justas de ambos bandos combatientes. Era una ciudad pequeña, en un lugar alejado de todas partes. Se envió sobre Teruel, a las fuerzas militares valencianas apoyadas por la 4ª Columna de Cataluña llamada Columna Maciá y Companys. La Primera Columna Valenciana debía atacar Teruel acercándose por el Nordeste; la Segunda Columna Valenciana debía atacar acercándose por la carretera de Valencia, el sureste; y la Tercera Columna Valenciana debía atacar desde Cuenca. Los jefes de estas columnas eran el comandante Jiménez, el coronel Pérez Salas (situado en Caminreal) y el coronel Eixea. La Cuarta Columna Valenciana estaba a las órdenes del comandante Serrano y debía cortar la carretera de Zaragoza para que no llegaran a Teruel refuerzos desde esa ciudad, una ciudad grande. Luego debía alcanzar un segundo objetivo, el de enlazar con las fuerzas del coronel Del Rosal, que estaban más al oeste.

         La regulación monetaria.

En noviembre de 1936, la República trató de regular el Banco de España por Decreto, a fin de que fuese posible financiar la guerra. Desde julio de 1936, existían dos Tesoros, o Cajas de recaudación de impuestos, uno por cada bando. Ambos Gobiernos reclamaban la propiedad del Banco de España. En general, ninguno de los bandos recibía cobros de impuestos, y el problema era más teórico que real. Los dos Gobiernos limitaron la libertad de contratación de acciones bursátiles, la compraventa de inmuebles y valores mobiliarios y las capacidades de tomar decisiones sobre las empresas. Pero el problema más acuciante era la circulación de dinero.

El público exigía su dinero, que no se le facilitaba desde el comienzo de la guerra. Los dos Gobiernos habían bloqueado las cuentas corrientes y habían establecido un sistema de cuentas bloqueadas y cuentas intervenidas. Quedaron de libre disposición las cuentas abiertas después de 19 de julio, fecha a partir de la cual nadie había ingresado dinero en los bancos.

El Gobierno republicano de Valencia emitió mucha moneda papel, de modo que el circulante pasó de los 5.400 millones de pesetas en julio de 1936, a los 9.200 millones de pesetas en abril de 1938, y a los 12.700 millones de pesetas en marzo de 1939. Era papel, y valía lo mismo que el papel. No valía nada en el extranjero, y se depreciaba en el interior a medida que se iba desconfiando de él.

Cataluña era una isla monetaria, en el sentido de que estaba lejos del frente, tenía sus propios órganos de Gobierno y se recaudaron impuestos con relativa normalidad durante mucho tiempo. El Gobierno de la Generalitat tuvo muchos gastos extraordinarios, tal vez unos 2.000 millones de pesetas, debidos la mitad a gastos directos del ejército, y el resto, a financiación de bancos y empresas en reconversión. Las Caixas recibieron 150 millones de rescate. Para financiar este gasto, la Generalitat creó nuevos impuestos y pidió dinero al Banco de España de Madrid. Para ello, hizo un Decreto Ministerial, reafirmado en febrero de 1937 por el Gobierno de España en Valencia, por el que el Gobierno de España transfería al Gobierno de la Generalitat unas cantidades periódicas. Este dinero sirvió para que Tarradellas crease sus instituciones de Gobierno catalanas, y desplazase del poder a los anarquistas.  Los rebeldes tenían el mismo problema monetario que la zona gubernamental. En agosto de 1936, crearon el Comité Nacional de la Banca Privada, y en septiembre de 1936, crearon el Consejo del Banco de España, se entiende que rebelde. En marzo de 1938, nombraron Gobernador del Banco de España al que atribuyeron facultades para intervenir en la Banca oficial. Había dos Bancos de España, uno por cada bando. O los dos bandos pretendían la titularidad del Banco de España, si se quiere ver así, pero es lo mismo.

En todo el territorio español, el dinero perdió credibilidad. Todos sabían que el dinero de quien perdiera la guerra, no valdría nada desde el mismo momento de perderla y que el bando que ganara la guerra, le daría el valor que quisiera a los billetes emitidos hasta entonces por el perdedor. Ese valor seria seguramente muy bajo, pues no podría hacerse cargo de una gran cantidad del circulante. Así que muchos empresarios y poseedores no aceptaban dinero papel. El dinero que valía eran las viejas monedas de oro y plata, las cuales fueron atesoradas. Y también las joyas y objetos de oro y plata.

Pronto, los sistemas monetarios de ambos bandos no fueron equivalentes, y el papel se depreciaba más en un bando que en el otro, por la sencilla razón de que la República emitía más papel sin respaldo ninguno. La desconfianza creció, y los que no tenían nada, más que papel, lo pasaron cada vez peor, pues su dinero caía constantemente de valor. La moneda fraccionaria de metales viles y papel, fue la primera en desaparecer. La gente prefería recibos firmados a cambio de entregas de bienes, a billetes de papel que no tendrían ningún valor si el bando titular del billete perdía la guerra.

En la zona republicana, el paro desapareció estadísticamente. Todos los trabajadores estaban militarizados. Pero el paro real era insoportablemente alto. Y los refugiados, que llegaron a ser millones, no encontraban nada con qué ganarse el sustento diario. Y por otra parte, la inflación se disparó con niveles superiores al 50% anual acumulativo.

En zona rebelde, los precios mantuvieron cierta estabilidad, porque se obligó por decreto a hacerlo. La inflación fue del 7% en 1936, 12,7% en 1937 y 14% en 1938, lo que supone un total de un 40% aproximadamente (para sumarlo hay que tener en cuenta que es una acumulativa creciente, y no una suma aritmética).

Los salarios, en cualquier caso, subían muy por debajo de la inflación, a pesar de la propaganda hecha por cada Gobierno. Los salarios nominales subían más en zona republicana, pero en realidad, sólo cubrían la mitad de la inflación, y como la inflación republicana era altísima, el poder adquisitivo en zona republicana bajaba ostensiblemente, mientras bajaba menos en zona rebelde.

Como antecedentes de esta realidad monetaria, debemos tener en cuenta que ya en el verano de 1936, España vivía días de gran inquietud, pues todos preveían la guerra. La economía estaba a punto de hundirse, cuando se produjo el golpe. Las tensiones eran muy altas, y ya en diciembre de 1933 y en octubre de 1934, se habían producido movimientos insurreccionales. Los sindicatos hacían llamamientos a la violencia, sin ser capaces de sugerir soluciones racionales. Y cuando el golpe fracasó en los últimos días de julio de 1936, y ello dio pasó a una guerra, las perspectivas económicas fueron a peor. El Estado conservaba la legalidad, pero no el poder efectivo, que pasaba a las milicias ciudadanas, o al ejército en el caso rebelde. La catástrofe económica fue inevitable.

A través de la inflación y las dificultades de comercialización, los revolucionarios se dieron cuenta enseguida del momento de debilidad del Estado, debilidad que es la ocasión para las revoluciones, y se lanzaron muchos proyectos de revolución diferentes y contradictorios entre sí. Los sindicatos triunfaron en Barcelona y Madrid, y fracasaron en Sevilla y Zaragoza, que pasaron a manos rebeldes. Los sindicatos y partidos revolucionarios hicieron una campaña política, que duró todo el siglo XX, de que se había tratado de “una revolución espontánea”. No era verdad. Los sindicatos y partidos habían encontrado la ocasión perfecta, pero no podían ninguno lanzar su revolución, porque no estaban en condiciones de enfrentarse a los demás proyectos revolucionarios. En una cosa estaban todos de acuerdo, en lanzar a las gentes a la calle a ejercer la violencia, quemando, asesinando, no importaba a quién. Lo importante era originar una situación de caos, y ese caos fue aprovechado para colectivizar los bienes de producción, y tratar de eliminar a los antiguos poseedores del poder, al tiempo que se organizaban milicias sin dirección jerárquica ni disciplina militar. Todos esperaban obtener el poder a partir del caos.

Los revolucionarios no eran todos los trabajadores, como dijo la propaganda en las siguientes décadas. Eran unos pocos miles de trabajadores, previamente afiliados, adoctrinados y entrenados, en partidos y sindicatos desde décadas antes de 1936. Ellos se atribuyeron la representación de la totalidad de los trabajadores españoles, tanto en el caso de la derecha, como en el de la izquierda. Todos se decían representantes de la “verdadera España”. Y en medio del caos, del que todos eran conscientes, la moneda no valía nada. La moneda es una unidad de intercambio en la que todos confían, que en la antigüedad fue oro y plata, después bastó con los billetes de papel, y en la actualidad es una simple cifra escrita en la nube. Pero si la gente no confía en ella, no vale nada.

El 12 de noviembre de 1936, el Gobierno de Franco ilegalizó los billetes monetarios emitidos por el Gobierno republicano. Los billetes de la zona franquista iban estampillados.

     El desigual proceso revolucionario.

Los primeros signos de revolución fueron las colectivizaciones. Los sindicatos y partidos marxistas y bakuninistas tenían modelos distintos de colectivización industrial y agraria. Las peculiaridades de cada región española son muy distintas, hasta diametralmente distintas, y la aplicación de distintos modelos contradictorios, sobre realidades distintas, dio lugar a un caos revolucionario.

El País Vasco, de superficie similar a Cantabria, estaba muy industrializado, lo que convivía con un mundo rural poblado y productivo, y era católico. Era la segunda región rica de España, tras Cataluña, y poseía la industria siderúrgica y metalúrgica, incluida la industria de armas, y la producción de papel. Estaba controlado por el PNV, un partido nacionalista, de empresarios y de sacerdotes. En él se mantuvieron los derechos de los ciudadanos tal y como los entendía el PNV, con una organización de Justicia que funcionaba.

Cataluña tiene una superficie pequeña, 32.000 kilómetros cuadrados, poco más del 6% del territorio español. Y es históricamente la región más rica de España, que representaba el 50% de la industria española, 80% de la textil y de la química, y también importante en metalúrgicas, eléctricas, industrias del transporte y otras[1]. La industrialización, textil, química y metalúrgica, generaba un déficit de energía considerable, que se obtenía en saltos hidroeléctricos catalanes y aragoneses en los Pirineos. Cataluña tenía déficits alimentarios y de materias primas, que se cubrían mediante importaciones desde otros puntos de España. La densidad poblacional catalana era de 91 habitantes por kilómetro cuadrado, casi el doble de la media española calculada en 48 habitantes por kilometro cuadrado. El nivel de vida era muy superior al del resto de España, y los salarios obreros eran triple y cuádruple de los salarios de otras regiones españolas. Cataluña estuvo recibiendo durante toda la guerra miles de refugiados, muchos de ellos con la esperanza de pasar a Francia, y la demanda de alimentos y vivienda era muy alta. Cataluña tiene una población plural, con anarquistas, socialistas y el núcleo comunista más importante de España. La mitad de la población, y más entre los obreros, es españolista, y la otra mitad, más entre los pequeños empresarios y propietarios rurales, es nacionalista catalana.

En Cataluña, la mayor de las minorías era el anarquismo, el cual se hizo con el poder de hecho en el momento en que consiguió armas e impidió la rebelión militar. La Generalitat quedaba anulada, y se limitaba a un nivel teórico. El Gobierno central del Estado español, no tenía ningún poder en Cataluña. Los catalanes sólo estaban de acuerdo entre ellos en  una cosa, en ir contra los antiguos propietarios. Pero la utopía anarquista chocó con la realidad de las instituciones, hábilmente levantadas por Josep Tarradellas, el cual consiguió dinero, y acabó dominando el ejército, y retomando el poder en primavera de 1938. Y una vez los burgueses en el poder, se cambió el lema, y ya no se luchó “contra los fascistas”, sino “contra los anticatalanistas”. Los anarquistas no habían sido capaces de poner en marcha las fábricas, la agricultura, y la comercialización, mientras Tarradellas era capaz de financiar a las empresas, y hacer pagar los salarios. Todos se hicieron catalanistas. Los anarquistas equivocaron sus objetivos militares cuando crearon un Comité de Milicias Antifascistas, que llevó miles de jóvenes catalanes a luchar a Aragón, mientras Tarradellas conquistaba económicamente Barcelona, la clave de Cataluña.

El 26 de septiembre de 1936, la CNT disolvió el Comité de Milicias Antifascistas, y creó una máquina burocrática enorme destinada al fracaso, mientras el anarquista Joan Porqueras i Fábregas era Consejero de Economía. El 24 de octubre de 1936, la CNT logró su Decreto de Colectivizaciones, iniciando su propia revolución. En septiembre de 1937, la Generalitat de los nacionalistas catalanes recuperó el poder en Cataluña y creó la Comisión Reguladora de Precios, y reguló la banca catalana. Los anarquistas desaparecieron.

En el País Valenciano, el Consejo de Economía del Gobierno de Valencia elaboró las Bases Reguladoras de Incautaciones, Colectivizaciones, Control e Industrias Libres” el 1 de diciembre de 1936. El Gobierno trataba de dominar las fuerzas industriales, comerciales, inmobiliarias y agrícolas. Mientras tanto, las fueras sindicales trataban de adueñarse de las empresas haciendo desaparecer a los propietarios particulares. Y si un propietario de mantenía, lo hacía bajo supervisión de los sindicatos obreros. Las normas para el funcionamiento de las nuevas empresas colectivizadas, nunca llegaron a producirse, y en la práctica, cada agrupación sindical local hizo lo que le pareció adecuado. La idea popular sobre economía, es que hay que producir el máximo posible, lo cual es un error evidente, pues no tiene en cuenta ni la disponibilidad de materias primas y energía, ni el equilibrio de producción entre fábricas que aportan componentes, ni los problemas de comercialización. En el desorden generado, unos ganaron mucho dinero, y otros lo pasaron muy mal.

Castilla, Andalucía y Extremadura, muy extensas y poco pobladas, eran regiones muy distintas de las anteriores, eran esencialmente agrarias, y en ellas la ilusión de proletariado era llegar a ser propietario de un minifundio. Creían en el lema “tierra para todos”. Y la guerra creó un ambiente de confusión y de falsas expectativas. La República había proyectado incautar mucha tierra, pero nosotros no entendemos para qué, desde el momento en que la tendencia general de la economía es a la bajada de los precios (lo cual se identifica con el progreso social), y los pobres agricultores querían minifundios que no serían viables al cabo de una cincuentena de años. Pero los sindicatos encontraron un sentido a las expropiaciones de fincas: “hacer la revolución”. Pero no explicaron cómo se trabajaría la tierra, cómo se financiarían las pequeñas empresas que pensaban crear, cómo se pagarían las cosechas, cómo se comercializarían los productos cultivados a un precio asequible por el mercado, qué parte se llevaría el ejército que estaba en el frente, qué parte se destinaría al mercado libre, cómo se organizarían las exportaciones internacionales… En fin, Castilla, Andalucía y Extremadura, se instalaron en la utopía agraria. Crearon más de un millar de colectivizaciones: 104 en Jaén, 455 en Castilla la Mancha… Los revolucionarios creyeron que podían funcionar sin Estado, sin Leyes, sin Justicia, sin órganos represores, sin autoridades locales distintas a las elegidas directamente por los propios trabajadores… El modelo agrario de revolución no era ya válido en el siglo XX, pero no conocían otra cosa y lo siguieron intentando.

La violencia entre partidarios de los distintos modelos revolucionarios fue inevitable. Había muy poco dinero y, de lo poco que se exportaba, había muy pocos alimentos, pues se producía poco, y se distribuía muy mal. Y todos querían la totalidad de lo disponible, y aún más. Y la ley la imponía  el poseedor de las armas. El charlatán que tenía muchos seguidores armados, era el nuevo líder. Y de hecho apareció la expresión de “el entendido” para designar a alguien que decidía sobre algo sin saber apenas de nada.

El caos económico se hizo inevitable porque los precios del producto obtenido en una empresa determinada, no tenían relación con los precios de las herramientas utilizadas, la maquinaria necesaria, las materias primas adquiridas, los insumos en general. El Estado se echaba de menos, aunque los revolucionarios se negaban a admitirlo. En el caos económico, se acabó imponiendo la economía de trueque.

Este drama español, aparecía como muy bonito e interesante para unos observadores extranjeros que escuchaban en la radio de su casa los desastres de la guerra de España, y los proyectos revolucionarios que se ensayaban en España. La Guerra de España fue el primer conflicto bélico radiado día a día desde los escenarios mismos de las batallas, y contado día a día en los periódicos. Cómodamente sentados en su salón, tras haber comido o cenado, hacían discusiones sobre los acontecimientos españoles. Algunos decidieron viajar a España, “ese país extraordinario que daba tantos héroes y tantas ideas al mundo”. Y escribieron sobre lo que dijeron haber visto, aunque no parece que vieran la realidad de lo que ocurría. Simplemente, cargaban ideas para sus reportajes periodísticos y sus novelas, con los que se hacían ricos. Muchos escribieron sobre lo que ni siquiera habían visto. Se ganó mucho dinero a costa de una suma inmoralidad.

     El Consejo de Ministros en Valencia.

El 7 de noviembre de 1936, hubo Consejo de Ministros en Valencia, presidido por Largo Caballero. Se trataba de justificar por qué habían huido de Madrid, y dijeron que para tener mayor libertad de movimientos que en una ciudad sitiada, y para defender mejor el territorio, e incluso a Madrid. CNT-FAI criticaron el abandono de Madrid, y dijeron que los madrileños estaban indignados. Largo Caballero aparecía como un hombre incapaz para defender Madrid, y no era creíble que la defensa de Madrid pasara por abandonarla a manos de los enemigos. Los comunistas dijeron que el Gobierno era ineficaz y torpe. Largo Caballero se vio obligado a salir a decir que él defendería Madrid a toda costa.

El primer Gobierno de España de Largo Caballero con participación de anarquistas no podía empezar peor, puesto que estaba abandonado posiciones, y estaba abandonando a los suyos en Madrid. El Secretario General de CNT, Horacio Martínez Prieto, fue muy criticado en círculos anarquistas, hasta el punto de tener que dimitir como Secretario de la Confederación del Trabajo de Cataluña. Había aceptado la decisión de Largo Caballero de traslado de la sede del Gobierno sin consultar a las bases. Fue sustituido por Mariano Rodríguez Vázquez, un gitano anarquista barcelonés que trabajaba en albañilería. La decisión de entrar en el Gobierno le fue mal a CNT, que empezó a perder afiliados a favor de UGT a partir de ese momento.

Sorprendentemente para los militares, en Madrid no se produjo el pánico, ni una desbandada de los civiles ni de los militares, tras la huida del Gobierno. Incluso hubo ciudadanos que se sintieron más a gusto sin Gobierno. La defensa ante los rebeldes que atacaban Madrid, continuó como siempre. Se especula con que si se hubiera producido el pánico, tal vez la guerra hubiera terminado en ese mismo momento, pero el pueblo de Madrid salvó la situación, a pesar del Gobierno.

     La Junta de Defensa contra Largo Caballero.

El 8 de noviembre, la Junta de Defensa de Madrid se autoatribuyó poderes amplios, y no aceptó las limitaciones que quería imponer Largo Caballero. Y el 10 de noviembre, decidió no obedecer las indicaciones que le transmitía Sebastián Pozas Perea, el general jefe del Ejército del Centro, siervo de Largo Caballero, el cual pretendía que Madrid aportara hombres y armas para defender la carretera de Valencia. Eso enfadó a Largo Caballero, el cual, el 11 de noviembre, envió a Madrid a Julio Álvarez del Vayo Olloqui, de Juventudes Socialistas Unificadas, a exigir la sumisión de la Junta de Defensa de Madrid al Gobierno de Valencia que presidía Largo Caballero. La Junta de Defensa de Madrid se consideró representante del pueblo de Madrid, y por tanto soberana que no debía obediencia a Largo Caballero. Y el 12 de noviembre, la Junta de Defensa de Madrid se negó a dejar salir más funcionarios de Madrid hacia Valencia.

La disputa se planteó en estos términos: Santiago Carrillo decía que “Madrid era un poder delegado, pero sin “limitaciones”, y Largo Caballero, decía que el único poder existente en Madrid era el general José Miaja, porque él le había nombrado, y que la Junta de Defensa era un mero organismo asesor de Miaja.

El 14 de noviembre, La Junta de Defensa de Madrid pidió acceso a los servicios de información militar y también pidió la capacidad de decisión en materias de finanzas de Madrid. Se produjo entonces una duplicidad de decisiones, pues ninguno de los dos organismos, Madrid y Valencia, aceptaba al otro. La Junta de Defensa de Madrid decidió que, en caso de conflicto de competencias, se impondría siempre la autoridad de la Junta de Defensa de Madrid, es decir, la soberanía radicaba en la Junta. Y consecuentemente, la Junta tomó el poder legislativo y publicó sus Decretos con un “La Junta Dispone”, o un “La Junta viene a decretar”. Esta duplicidad se mantuvo hasta 1 de diciembre y más allá.

El conflicto era muy grave, pues tocaba la soberanía, y Largo Caballero, el 15 de noviembre, llamó a Miaja para que fuera a Valencia. Miaja se negó a obedecer esa orden. Argumentó que la reorganización militar que necesitaba Madrid, y los combates que se libraban en el Hospital Clínico, no permitían su ausencia de Madrid.

Unos días más tarde, a fines de noviembre, salió de Madrid una Comisión hacia Valencia, en la que iban Mije, Santiago Carrillo, Jiménez y Oñate. Hablaron con Largo Caballero, y acataron la superioridad del Gobierno de Largo Caballero. Pero los anarquistas no estaban de acuerdo, y Ricardo Amor Nuño Pérez, Secretario de la Federación Anarquista de Madrid y Consejero de Industria de la Junta de Defensa, se negó a enviar a Valencia la maquinaria y las materias primas que Largo Caballero les pedía.

[1] Esta realidad, presente desde el siglo XVIII, sólo ha cambiado en el siglo XXI, cuando Madrid se ha convertido en una potencia industrial y comercial más fuerte que Cataluña, lo cual ha sucedido inicialmente a partir de 1992, y muy manifiestamente a partir de 2015.