El ejército gubernamental republicano[1].

Ideas clave: Desorden militar gubernamental en 1936, los milicianos republicanos, las armas de los gubernamentales, el ejército de Largo Caballero en 1936, el proyecto militar de Largo Caballero en 1936, el ejército comunista en 1936, el ejército de la Generalitat de Catalunya, el ejército del País Vasco, el ejército de Negrín, la flota gubernamental.

El 1 de agosto de 1936, la República vigilaba el Estrecho mediante el acorazado “Jaime I”, los cruceros “Miguel de Cervantes” y “Libertad”, los destructores “Sánchez Barcáiztegui”, “Almirante Ferrándiz”, “José Luis Díez”, “Churruca”, “Lepanto”, y “Alcalá Galiano”, 4 submarinos C, y 1 submarino B. El Gobierno estaba bastante seguro de que el ejército de África no podría pasar el Estrecho. Y la superioridad del ejército de tierra gubernamental en armas, hombres y pertrechos, era muy evidente. Todo parecía que la sublevación sería vencida en poco tiempo.

     El desorden militar gubernamental.

Pero el panorama militar de los gubernamentales republicanos era desolador. Por un lado llegaron noticias de que los rebeldes que conquistaban Badajoz, mataban a los que se negaban a seguirles en su rebelión. Por otro lado, el Gobierno conoció que cada jefecillo gubernamental hacía su propia revolución, con la excusa de defenderse de los rebeldes. Empezaron a asesinar igual que hacían los rebeldes, y a imponer enrolamientos forzosos a columnas comunistas o anarquistas, por las buenas o por las malas, bajo amenaza de fusilamiento. El desagrado de los españoles más conscientes fue tal, que muchos decidieron marcharse de España.

El problema era que el Gobierno no era capaz de controlar a su propio ejército, pues los soldados obedecían a distintas entidades, como la CNT, el PCE, PSOE-UGT, Gobierno catalán, Gobierno vasco… Largo Caballero se vio en la necesidad de reinventar un ejército, adaptándose a las posibilidades que se le ofrecían.

Era un ejército heterogéneo, en el que las distintas entidades militares utilizaban distintas tácticas, y casi nunca se aprovechaban de la explotación del éxito. Estaban muy bien pagados, con hasta 10 pesetas diarias, el triple que en el otro ejército, pero mal abastecidos de comida, ropa, armas y munición. La falta de comida les conducía al saqueo, y los saqueos conllevaban el rechazo de la población civil. Un ambiente hostil, significaba necesidad de mucho control de la retaguardia, y pérdida de efectivos en el frente. En los primeros días de la confrontación, se utilizó el recurso del saqueo en las casas de los ricos, pero ese recurso se agotó en pocos meses, y las teorías de quitar a los ricos para dárselo al pueblo, se demostraron infantiles e ingenuas.

Otro punto fuertemente populista y desfavorable a los gubernamentales, era la propaganda antimilitarista que los periódicos venían haciendo en España desde 1898, 1921, 1931… Según los partidos de izquierda, todos los militares eran culpables, de muchos fracasos que habían llevado a la ruina de España. Y decían que eran los militares los que se habían sublevado en 18 de julio de 1936. Pero estas campañas de prensa nunca habían pensado en afrontar una guerra larga. En una guerra como la de 1936-1929, se vinieron abajo las teorías pueriles de lo innecesario del ejército. Y la coalición de partidos de izquierda se encontró sin un ejército cohesionado ante una rebelión militar. Pero reconstituir un ejército como el que habían destruido, tanto en sus campañas de prensa como en la descomposición lograda el 18 de julio, en que disolvieron las unidades militares que se hubiesen rebelado en aquel “quedan disueltas todas las unidades que tomen parte en el movimiento insurreccional” y “quedan licenciadas las tropas cuyos mandos se han colocado frente a la legalidad republicana”, era muy complicado.

Los nacionalistas catalanes y vascos aprovechaban la mala fama del ejército para difundir en sus mítines que “el ejército era un instrumento del centralismo”. Los comunistas decían que era instrumento del capitalismo. Los anarquistas decían que era instrumento de opresión del pueblo. Y los socialistas de clase, decían que el ejército era un pilar burgués a sustituir por un ejército del pueblo. Y de hecho, los historiadores consideran que el ejército de la zona gubernamental había desaparecido, pues el Gobierno disolvía unidades, y la mitad de los altos mandos militares se pasaba a la rebelión. Se mantuvo el ejército en Levante, Menorca, Badajoz, Bilbao, Santander, y pocos más sitios.

Hasta tal punto estaba en las mentes la mala fama del ejército, que los militares gubernamentales como Federico Escofet Alsina, Comisario General de Orden Público de la Generalitat, Vicente Guarner Vivancos, Jefe Superior de los Servicios de Orden Público de la Generaliatat, o Alberto Bayo Giroud, capitán de aviación en El Prat, tuvieron problemas en Barcelona para organizar la defensa de la ciudad contra los sublevados.

Cuando faltó el ejército, hizo falta recurrir a voluntarios, pero los voluntarios no están formados para dirigir el ejército. Se recurrió a las fuerzas de orden. La Guardia Civil, unos 34.391 hombres, estuvo la mitad en cada lado de la guerra. La mayoría de los 15.749 carabineros se quedó del lado gubernamental. La mayoría de los 17.660 miembros del Cuerpo de Seguridad y Asalto, se quedó del lado del Gobierno. Y estos hombres, guardias civiles y carabineros, suplieron la falta de suboficiales. Pero faltaban oficiales y jefes en los dos bandos, más en el gubernamental.

Los gubernamentales intentaron reconstituir su ejército, pero era irreconstituíble: ni lo pudieron hacer en Barcelona, donde las fuerzas dominantes eran de CNT, ni lo lograron en Levante, ni lo lograron en Madrid a partir de 27 de julio al llamar a los reemplazos de 1934 y 1935. Las Cajas de Reclutamiento ya no existían, los anarquistas, comunistas y socialistas de clase PSOE habían abierto sus propias cajas de reclutamiento y estaban armando patrullas y columnas de milicianos que obedecían a distintos mandos.

El 2 de agosto de 1936, el Gobierno volvió a intentar reclutar unos batallones con voluntarios, y utilizando mandos del ejército y de las fuerzas de seguridad. Pero no se consiguieron suficientes voluntarios para el Gobierno. Frente a la propaganda de que “los españoles se estaban levantando en masa contra el fascismo”, la realidad era que muy pocos se ofrecían como voluntarios. La propaganda era pesoísta, comunista y anarquista. La realidad les desmentía.

El teniente coronel Juan Hernández Saravia[2], improvisó un Estado Mayor en el Ministerio de Guerra, como pieza clave para reconstituir el ejército. Y el 7 de agosto, se cesó al Ministro Castelló y se nombró en su lugar a Hernández Sarabia. Pero sin oficialidad, la tarea de reconstituirlo era demasiado complicada, y requería mucho tiempo. Los militares se sintieron inseguros, y muchos se pasaron al bando rebelde, porque tenía mejor organizado el ejército, y algunos se pasaron a las organizaciones del PCE, porque de ese modo los soldados no eran un peligro para su vida.

El capitán Eleuterio Díaz Tendero, de Unión Republicana Militar Antifascista UMRA, utilizó su influencia para atraer oficiales al bando gubernamental, y dar un impulso a la formación de ese ejército que necesitaban. Pero la mayor parte de la oficialidad estaba con los rebeldes.

El ejército gubernamental de agosto de 1936 era un fracaso: los batallones, apenas contaban con un 75% de unidades con el servicio militar hecho. Los voluntarios sin servicio militar hecho, no sabían manejar un arma. Los que habían hecho el servicio militar, echaban de menos la falta de preparación que tradicionalmente se le daba al soldado. Ni siquiera los hombres que habían hecho la guerra en Marruecos en el ejército regular, estaban preparados para manejar las armas, ni para seguir tácticas militares complejas. Muchos estaban allí por las 10 pesetas diarias que se les pagaban, triple que en el ejército rebelde. Además, a los voluntarios se les proporcionaba el rancho gratis, mientras a los reclutas forzosos se les detraía de la paga el coste de la comida.

Una solución “provisional”, fue llamar a oficiales jubilados, retirados, e incluso al personal CASE como armeros, herradores, guardicioneros, a los que se les dio el grado de alférez y su paga correspondiente. Eran medidas improvisadas de urgencia. El 4 de septiembre estaba en marcha el primer batallón con oficiales retirados. Y el 17 de septiembre, entraron en acción tres batallones más.

         Los milicianos republicanos.

     El 2 de agosto, el Gobierno de Madrid decidió crear un ejército completamente nuevo: los voluntarios civiles se organizarían en batallones, en los que la oficialidad sería de procedencia militar. Los oficiales y suboficiales serían hombres entrenados en hacerse obedecer, de modo que sometieran a unos hombres acostumbrados a no obedecer nunca a nadie, sino a hacer asambleas de interminables discusiones supuestamente democráticas. El problema era que el Gobierno carecía de mandos suficientes para constituir este nuevo ejército. Sólo confiaba en un 10% o tal vez hasta un 20% de sus oficiales. Aun así, muchos de los que fueron considerados fieles, lo eran por circunstancias personales diversas, y podían pasarse al enemigo en cualquier momento. De los demás, los que prestaban obediencia a sus organizaciones comunistas o anarquistas, podía ser que en un momento dado, tuvieran que optar entre las órdenes del Gobierno y las del sindicato o las del partido. El Gobierno de la República tenía muy difícil esa guerra. Los milicianos de la guerra eran mercenarios, y muchos se apuntaban porque se pagaba bien, mientras el desempleo era lo normal en la vida civil.

     El 8 de agosto, se creó en Madrid la Inspección General de Milicias, cuyo jefe era el comandante Luis Barceló Jover. Su misión era pagar a los milicianos y abastecerlos de comida, ropa y munición.

     En el ejército rebelde, los milicianos cobraban muy bien, y esa era la principal razón que mantenía a los moros y legionarios en la guerra. En cambio, los soldados forzosos no cobraban, o más exactamente, cobraban un sueldo simbólico, casi inapreciable. Unos céntimos en mano, y el resto hasta tres pesetas, en una cartilla de ahorro.

     En tanto, en el ejército republicano gubernamental, el sueldo de los milicianos era excelente, envidiable para los rebeldes, pues en 16 de agosto de 1936, se fijó en 10 pesetas diarias, lo cual equivalía a un jornal alto. Un soldado gubernamental cobraba igual que un alférez forzoso del ejército rebelde. Y sin embargo, el ejército rebelde resultaba mucho más eficaz, pues la disciplina y la unidad de mando eran mayores.

     Los diversos grupos de milicianos gubernamentales se impusieron a sí mismos nombres pomposos, que no indican la realidad que eran, sino nos confunden a los lectores actuales. se denominaban: “batallón de…”, “compañía de…”, “regimiento de…”, pero el nombre no equivalía ni al número de soldados ni a la organización que se le supone a un cuerpo de ejército ordinario de igual denominación. Muchas veces, estos entes militares eran centros de reclutamiento, centros de adiestramiento, escuelas de mandos, o cosas así.

     En estos centros de reclutamiento gubernamental, se hicieron particularmente fuertes los comunistas Enrique Castro Delgado, Juan Modesto, Enrique Líster, Santiago Álvarez, y Bartolomé Cordón, por su gran capacidad de atraer reclutas. Los conocimientos militares de estos líderes eran nulos, y por ello, buscaron asesores militares de ideología afín, como Lucas Fernández Navarro, Francisco Galán, Ricardo Burillo, y Carlos Contreras, alias Vittorio Vidali, un comunista argentino que llegó a España y se hizo Comisario Político, un puesto muy apetecible y poco arriesgado.

Pero el haber permitido que los sindicatos y partidos políticos tomaran las armas, fue un desastre para el ejército gubernamental. Con esas pocas armas, los sindicalistas entraron en cuarteles del ejército y Guardia Civil, y se apoderaron de más armas. Y llegó un momento en el que el Gobierno no sabía de cuántas armas disponía, ni dónde estaban esas armas, ni de cuántos hombres disponía. El poder real estaba en manos de partidos y sindicatos.

El mayor contingente de milicianos lo aportaba en septiembre de 1936, UGT-PSOE. Era una tentación para Largo Caballero, que quería ser el líder de una nueva España. A pesar de ello, trató de crear un ejército regular pues le aconsejaron que ello era imprescindible para ganar la guerra.

El ejército miliciano era muy poco capaz: Por ejemplo, la columna Durruti, que salió de Barcelona con unos 3.000 hombres, era incapaz de organizar un asalto, una operación de envoltura del enemigo, un asedio… Y sus hombres entraban en situación de desbandada con facilidad, porque no estaban acostumbrados a soportar la disciplina de mantener una posición hasta que el oficial al mando ordenase la retirada. Decían que ellos eran muy “democráticos”, porque tomaban la decisión de huir entre todos, y el resultado era que no coordinaban los ataques, se exponían inútilmente al fuego enemigo, y defendían posiciones en línea, la cual se convertía en una ratonera cuando la línea era sobrepasada en un punto cualquiera.

La opinión de que “el pueblo” había derrotado al ejército en Barcelona y en Madrid, fue muy negativa para el Gobierno de la República Española. Las masas se creyeron que era posible derrotar a los ejércitos profesionales mediante entusiasmo y heroísmo. Y ello significaba que al Gobierno le sería muy difícil reconstituir un ejército. Los milicianos no organizaban bien los servicios de apoyo a los ataques, ni respetaban las normas de disciplina militar, podían abandonar sus puestos para ir a comer o para ir a divertirse a Madrid, con el simple trámite de avisar a un compañero, o “camarada”, de que se iban.

El ejército gubernamental fue cayendo poco a poco en la cuenta de que el ejército autoritario era más eficaz, pero las posibilidades de reconstituir un ejército autoritario, a partir de unas milicias populares, denominadas “democráticas” eran pocas. Ya era tarde, y la recomposición no fue posible hasta 1938.

En efecto, el ejército tiene unas tácticas que, una vez decididas, se deben seguir con disciplina, y no se pueden poner a votación “democrática”, pues ello es llamar a la descoordinación y al fracaso. Tiene unos reclutamientos que no pueden ser voluntaristas, unos campos de lucha que no pueden ser elegidos por los soldados combatientes, sino por el Estado Mayor, una disciplina militar que no puede ser corregida a voluntad de los líderes populares de cada momento, un abastecimiento de comida y armas, que no puede ser variado por voluntades políticas.

Las derrotas gubernamentales de julio y agosto de 1936, pusieron de manifiesto que el ejército popular republicano era más entusiasta, e incluso más dado al heroísmo, pero menos eficaz. Y que transformar un ejército popular en un ejército autoritario era muy complicado, puesto que los anarquistas y comunistas deseaban un ejército popular para llevar a cabo sus revoluciones particulares.

También se puso de manifiesto que la disciplina militar, entendida como brutalidad al servicio de un líder autonombrado jefe, producía muchos consejos de guerra, muchos fusilamientos, y la instauración de un régimen de terror. Se fusilaba no sólo a los que se habían opuesto a la rebelión, por el delito de “rebeldía”, sino también a los que habían dudado en ponerse al lado de los gubernamentales. El dilema era terrible.

Para los gubernamentales, era mucho más difícil improvisar generales y jefes, de los que los rebeldes disponían en mayor número. El sistema utilizado fue el ascender masivamente a los cargos inferiores, lo cual era deteriorar la calidad del mando.

     Armas de los gubernamentales.

En cuanto a las armas disponibles, el Gobierno de España de principios de 1936, tenía unos 400.000 fusiles máuser, modelo 1893, 7 mm, y mosquetones también de 7 mm, que se fabricaban en los alrededores de Oviedo desde 1913. El ejército usaba 140.000 fusiles, las fuerzas de orden público tenían unos 100.000, la Marina guardaba unos 70.000, y la aviación tenía 7.000 más, en cifras estimativas.

España también fabricaba en Oviedo y La Coruña, bajo licencias extranjeras, fusiles ametralladores Hotchkiss OC 1922, del calibre 7 mm, y en el País Vasco, Astra de 7 mm. Su capacidad de producción era baja, y fueron motivo de disputa desde el primer momento de la guerra, de modo que los rebeldes se hicieron con Oviedo, pero estaban rodeados de milicianos gubernamentales que no dejaban salir el material de la zona.

En cuanto a la distribución de las armas, cada División Orgánica tenía en promedio unos 50.000 fusiles en sus parques de armamento, y como había ocho Divisiones Orgánicas resulta una cifra estimativa de 400.000 fusiles. Pero no es cierto que todos tuvieran el mismo número de armas, ni que esas sean las cifras exactas.

Como permanecieron fieles al Gobierno las Divisiones I-Madrid, III-Valencia y IV-Barcelona, podemos deducir a bote pronto y sin más datos, que el Gobierno de Giral contaba con unos 150.000 fusiles, a los que habría que sumar los de Andalucía oriental, Extremadura y Castilla la Mancha. Los especialistas insinúan en sus estudios que el Gobierno poseía hasta 200.000 fusiles. De todos modos, era una cifra insuficiente para armar a cientos de miles de personas como se pretendía. Debemos suponer que los rebeldes tenían acceso a unos 200.000 fusiles.

La primera compra de fusiles por el Gobierno llegó a Cartagena el 11 de septiembre de 1936, y provenía de México. Se trataba de 20.000 fusiles Mauser antiguos, y 20 millones de cartuchos, con lo que México se deshizo de su armamento más antiguo, y lo hizo para poder renovarlo.

A partir de entonces, llegaron a España todo tipo de fusiles, hasta 35 modelos diferentes, con nueve calibres de cartuchos distintos. El municionamiento en estas condiciones era complicado. La situación empeoró con la llegada del material ruso de desecho, unos fusiles Mausine modelo de 1890, calibre 7,62 mm, y fusiles Grass de 11 mm de calibre, de un solo disparo, que los franceses habían dejado en Crimea en 1854. Todo ese material venía en piezas incompletas, para que los armeros aprovecharan para montar los fusiles que pudieran. Muchas piezas eran chatarra.

En cuanto a fusiles ametralladores, el Gobierno republicano importó 19 modelos diferentes entre los cuales los más numerosos eran los Maxim de 1917, los Degtyanev-Petkotny (que eran los de mejor calidad, y los Spitang-Komeritsky de 1930 calibre 7,6 mm. El total de fusiles ametralladores importados por el Gobierno republicano se elevó a unos 15.000 a lo largo de la guerra.

El Gobierno tenía 2.500 morteros Valero, fabricados en Marquina (Vizcaya) e importó durante la guerra unos cinco modelos distintos, de los cuales 15.000 unidades llegaron desde la URSS. Francia envió unos pocos Schneider 75/28, antes de octubre de 1936.

El Gobierno también fabricaba cañones con licencia extranjera, como Vickers de 105/22 en Reinosa (Cantabria), Schneider de 75/28 en Carabanchel, Schneider de 105/11 en Barcelona y en Vitoria, y Obuses de 155/13 en Gerona y San Sebastián. Todas las fábricas de artillería de campaña, Trubia, Reinosa y Placencia, quedaron en zona gubernamental, pero el territorio del norte estaba militarmente aislado de la zona gubernamental de Madrid-Valencia-Barcelona, y el material no se distribuía.

En cañones antiaéreos, el Gobierno español recibió 100 Oerlikon Semag de 20 mm, que fueron instalados en sus barcos de guerra, y 20 Bofors 40/16 de 1930. Y los rusos enviaron un centenar de antiaéreos muy modernos, de 1931, y unos 130 de modelos más viejos.

Los carros de combate, todavía no se contemplaban en España como arma decisiva de guerra: España tenía en 1936 dos regimientos de carros, el uno en Madrid y el otro en Zaragoza, pero entre los dos llegaban a la escasa cifra de 10 unidades, modelo Renault FT de 1917, muy viejos y deteriorados, y 2 carros Schneider de 1916 de 13,5 toneladas de peso. España se había puesto a fabricar carros de combate en 1925 en Trubia, pero fabricaba muy pocas unidades. Francia vendió al Gobierno de España 20 carros Renault FT 1917. La razón de que no se considerara útil el carro de combate era que circulaban a 7 km/hora, lo cual les equiparaba a los cañones estáticos. Y los españoles aprendieron que podían ser inutilizados con una simple botella de gasolina, dejando pasar el carro para evitar sus ametralladoras, y atacándole por detrás con la gasolina, e incendiarle después. El calor hacía el resto.

La URSS envió 50 carros de alto blindaje de acero, de hasta 15 mm, que podían circular a 28 kilómetros por hora y pesaban 10 toneladas, lo que soportaba un cañón de 45 mm y 3 ametralladoras. Llegaron a Cartagena en el mercante “Konsomol”. Fueron utilizados en febrero de 1937 en El Jarama, y los españoles aprendieron la lucha de carros, disparando y escondiéndose entre los olivares en los barrancos naturales del terreno. Y una vez ensayada la guerra de carros, el general Pavlov se marchó dejando los carros a las Brigadas Internacionales.

Posteriormente, el 10 de agosto de 1937, la URSS envió a Cartagena otros 50 carros BT-5, en el mercante “Cabo San Agustín”. Pesaban 11,5 toneladas y podían alcanzar la velocidad de 79 km/hora cuando quitaban las cadenas, y 62 Km/hora cuando las llevaban puestas. En España, no se sabían manejar, y la consigna era que el carro no se detuviera nunca para evitar su incendio con gasolina, pero esa velocidad era imposible de seguir a la infantería, y los carros se perdían en terreno enemigo, demasiado en profundidad, con graves riesgos a la hora de volver a las filas propias. A lo largo de la guerra, la URSS envió a España unos 600 carros en total.

En cuanto a los cañones antitanque, debemos observar que esa pieza bélica estaba en experimentación en diversas partes del mundo, pues todavía no habían empezado las batallas de tanques. No obstante, España era un buen campo de experimentación, y la URSS envió 150 unidades del Puska-Maklen de 37 mm y 50 disparos por minuto, y 136 piezas del modelo 45/66 de 1936.

     El ejército de Largo Caballero en septiembre.

Largo Caballero tenía que decidir qué tipo de ejército quería. Una vez que no quería el modelo francés, partidista y nacionalista, como el que había intentado imponer Azaña, se tuvo que inventar un ejército nuevo. Sería un ejército por acuerdo de las distintas fuerzas sociales con las siguientes características: el Ministro de Guerra sería el jefe supremo del ejército, lo cual era muy atractivo cuando Largo Caballero era Ministro de Guerra; el Jefe del ejército sería inaccesible tanto para los mandos militares como para los líderes de las milicias, salvo por medio de un complicado ritual de solicitudes de audiencias; la justicia militar sería independiente; los oficiales serían controlados por un comisariado, el cual depuraría constantemente a los oficiales y jefes; se respetarían las unidades de milicianos ya conformadas.

En septiembre de 1936, Largo Caballero empezó con una depuración del ejército, pero se la encargó a socialistas de clase y comunistas como Eleuterio Díaz Tendero, Luis Barceló, Gonzalo de Benito, que politizaron más el ejército de lo que ya estaba, en su afán por librarse de simpatizantes de los rebeldes. Se creó un Gabinete de Información y Control, y cada hombre tenía una ficha en la que en el encabezamiento aparecía una palabra clave: fascista, antifascista, republicano o independiente, eran las más repetidas. Esta labor requirió un gran esfuerzo de Antonio Fernández Gaizarín, en la creación de Gabinetes Regionales de Clasificación, pues fichar a 500.000 hombres no era una tarea fácil. Y como era normal, se cometieron errores muy graves en las calificaciones.

Cambios militares de Largo Caballero: en septiembre de 1936, el general José Riquelme López-Bago fue destituido tras fracasar como Jefe del Ejército del Centro, y su sustituto fue el coronel de Estado Mayor José Asensio Torrado. Y el mando sobre Madrid fue entregado el 17 de septiembre al general José Miaja Menant, un hombre hasta entonces desconocido por el gran público. Teóricamente, Miaja estaba a las órdenes del general Sebastián Pozas Perea[3], jefe del Ejercito del Centro desde 31 de diciembre de 1936 y Jefe de la I División Orgánica-Madrid a partir de 5 de octubre de 1936. Fernando Martínez-Monje Restoy fue nombrado Jefe de la Junta de Reclutamiento de Albacete en 17 de agosto de 1936; Jefe de la División Orgánica de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Jaén y Córdoba en 24 de octubre; Jefe del Ejército del Sur el 18 de diciembre. Carlos Bernal García fue nombrado Jefe de la División de Albacete, la base donde se preparaban los soldados que ingresaban en el ejército.

Se reforzó el Consejo Superior que había sido creado por Azaña como órgano superior y se transformó en un comité político integrado por tres Ministros socialistas (Largo Caballero, Prieto y Vayo), un Ministro republicano (Just), uno comunista (Uribe), y uno anarquista (García Oliver). Pero este Consejo Superior apenas fue operativo.

Se reforzó el Estado Mayor Central que se convirtió en la verdadera dirección del ejército popular de Largo Caballero. Se puso a su frente a José Asensio Torrado, que se convirtió así en el segundo de Largo Caballero, jefe supremo del ejército. Los sucesivos jefes de Estado Mayor Central fueron el comandante Manuel Estrada, y a fines de noviembre de 1936, el general Toribio Martínez Cabrera. Los consejeros de Estado Mayor Central eran tanto militares como jefes de milicias (Carlos Contreras, Ángel Gil Roldán, Miguel González Inestal).

En todo caso, Francisco Largo Caballero era el jefe supremo del ejército, igual que en la monarquía, e igual que en el sistema soviético ruso.

Este ejército largocaballerista no pudo desarrollarse, porque carecía de mandos intermedios preparados, y de una buena organización militar. Y al no poder acabar con las milicias de partidos y sindicatos, nunca llegó a consolidarse. El mayor problema de Largo Caballero era encontrar mandos. De 16.032 oficiales que había en julio de 1936, se habían quedado en zona gubernamental 3.990 en el ejército de tierra, y el resto eran líderes de milicias, voluntarios para dirigir fuerzas populares de escaso valor militar. Preparar oficiales es complicado, pero preparar marinos y aviadores, resulta imposible en el corto plazo. Largo Caballero decidió improvisar: Tenía dos generales de división, que eran Riquelme y Masquelet, y 8 generales de brigada que eran Llano de la Encomienda, Martínez-Monje, Castelló, Martínez Cabrera, Bernal, Gamir Ulibarri, Miaja y Pozas. Entonces, echó mano de tenientes corones como Moriones y Hernández Sarabia, de comandantes como Rojo, Matallana, Romero, Casado y Jurado, y hasta de simples capitanes como Burillo, Galán, o Cordón, para mandar grandes unidades militares. Las grandes unidades militares, de decenas de miles de hombres, tienen una complejidad mucho mayor que las unidades menores de 3.000 hombres como se estaban formando en la España republicana sindicalista. Y el problema se multiplicaba en los oficiales y suboficiales, pues además de que había pocos, los más preparados eran utilizados como jefes de brigada o de división incluso. La solución fue improvisar oficiales en cursillos de cuatro meses como máximo. Se ascendía a los sargentos a la categoría de oficiales, y se creaban unas escuelas populares de capacitación para estos oficiales noveles. Y la calidad de ese ejército era la lógica a estas medidas, francamente mejorable. Estos oficiales sobrevenidos, muchos de ellos procedentes de partidos y sindicatos, tenían tendencia a tratar a sus compañeros soldados como “coleguillas” o amiguetes, y trataban de sobrevivir en el cargo y dejar pasar el tiempo, lo cual no es el espíritu militar precisamente. En las grandes ofensivas, se necesitan grandes Cuerpos de Ejército, y no sirven las columnas de un par de miles de soldados, y es imprescindible la cadena de mando bien coordinada, empezando por unos buenos planificadores en la jefatura, y pasando por unos buenos oficiales que lleven a cabo correctamente las misiones que se les encomiendan.

La falta de grados superiores se intentó solucionar ascendiendo a todos los oficiales y suboficiales un grado. Un Decreto concedió a Largo Caballero la facultad de conceder los ascensos hasta el grado de coronel, y de incorporar a civiles al ejército a los que se daba el grado máximo de “Mayor”, no existente hasta entonces en el ejército español. A estos “Mayores” se les permitía mandar un batallón, y a veces se les permitió mandar una división. La medida no fue suficiente para cubrir las plazas de las jefaturas del ejército. Y en cambio, aparecieron muchos huecos en los mandos intermedios de oficiales. Para solucionar este problema, en 9 de octubre de 1936 se crearon las Escuelas Populares de Guerra, tres de ellas en Madrid, para infantería y caballería, para artillería y para ingenieros, otra en Cartagena, una en Barcelona cuyo jefe era García Oliver. La Generalitat de Cataluña obtuvo permiso para abrir su  propia Escuela Popular para preparar suboficiales y clases de tropa. Y con el tiempo, se crearon Escuelas de zapadores y de transmisiones. Eran centros de baja calidad, pues el aspirante se formaba en cuatro o cinco meses, lo que no parece suficiente para obtener un oficial de calidad.

El 25 de noviembre de 1936, Largo Caballero creó las Escuelas Populares de Guerra, para crear oficiales para su Ejército Popular. Cada Arma tenía su propia escuela. Había muchas escuelas en el País Valenciano y en Cataluña, que eran las zonas más alejadas del frente. En el norte de España, hubo dos escuelas. En el País Vasco, el PNV creó su propia academia de oficiales y rechazó la Escuela Popular.

En las academias Populares se hacía mucha ideologización antifascista, bajo las ideas básicas de la fidelidad al pueblo y a las clases trabajadoras. Como nadie sabe qué es el pueblo, ni qué es la clase trabajadora, pues son conceptos vacíos sólo útiles para discursos, cabían todo tipo de ideas. Lo más sorprendente para nosotros es que se inculcaba el odio al militar profesional, y se hablaba de crear “el ejército de la paz”, lo cual sólo cabe en mentalidades anarquistas, socialistas de clase y comunistas. Los encargados de inculcar estas ideas eran los comisarios políticos, y por ello, cada escuela popular fue diferente.

Para ingresar en una Escuela Popular, se necesitaba el aval de una organización frentepopulista, preferentemente socialistas, comunistas o anarquistas, ser español mayor de 19 años y menor de 35, y superar una prueba escrita de nivel de bachillerato elemental. Con el avance de la guerra, se admitió a los de 18 a 36 años, y a partir de 1937, a los de 17 años de edad. Los que querían ingresar en escuelas de artillería e ingenieros, debían tener aprobado el bachillerato.

Para los españoles corrientes de 1936, la prueba de acceso parecía dura, pues el nivel cultural español era muy bajo. Ello significaba que comunistas y anarquistas se quedarían sin oficiales en el ejército. Por eso, los partidos y sindicatos abrieron academias preparatorias del examen de ingreso en las Escuelas Populares. Se matricularon muchos en estas academias de preparación, que luego se dijo que eran para difundir la cultura entre el pueblo. Muchos no aprobaban.

Un cursillo de la Escuela Popular, duraba 20, 40 ó 60 días, según el nivel demostrado en la prueba de ingreso. Los mejores, hacían menos días de preparación, pues ya habían demostrado estar a nivel suficiente. Los suspendidos en una Escuela Popular, tenían opción de acceder a sargentos del ejército popular.

La preparación impartida en las Escuelas Populares se considera de nivel superior a la impartida en las Escuelas de Alféreces provisionales franquistas. Se les enseñaba historia, geografía, gramática y literatura, que no eran de utilidad directa en las trincheras y los alumnos decían “que no servían para nada”.

En agosto de 1937, las Escuelas Populares se fundieron en una sola, que tuvo su sede en Paterna (Valencia), con secciones de infantería, artillería, ingenieros, intendencia y transmisiones. Un vez aprobado el cursillo de la Escuela Popular, el aluno pasaba a hacer prácticas  en “escuelas de aplicación”, es decir en un Cuerpo de Ejército concreto, cerca del frente.

Los mejores alumnos de las Escuelas Populares, fueron destinados a profesorado de las propias Escuelas Populares.

Las Escuelas Populares prepararon 13.851 tenientes para el ejército popular. Otros oficiales provenientes de milicias, fueron unos 10.000. A estas cifras había que sumar los pocos oficiales formados en las Escuelas de Cuerpos del Ejército como profesionales ordinarios, mucho más formados. De este número de oficiales, creemos que murieron en combate unos 3.000 hombres.

En cuanto a los oficiales inferiores, el Gobierno de Largo Caballero suprimió los grados de brigada, subteniente y alférez, de modo que de cabo, se pasaba a sargento, y a continuación a teniente.

Largo Caballero creó un Tribunal de Espionaje y Tribunales Especiales de Guerra, necesario para evitar el sabotaje desde dentro. Largo Caballero incorporó también los Comisarios de Guerra a mediados de octubre de 1936. La idea la obtuvo del Quinto Regimiento, el centro comunista organizado según el modelo de la revolución bolchevique en Rusia.

La Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, creó también una Inspección General de Milicias, la cual gestionaba las pagas, controlaba el suministro de munición y alimentos para el frente.

Como órganos de apoyo al ejército, el 17 de septiembre, se crearon las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, las cuales controlaban la producción de alimentos y materias primas, y recogían la cantidad que se les ordenaba para enviarla al frente.

Las primeras divisiones gubernamentales bien estructuradas, fueron creadas en noviembre de 1936, uniendo las brigadas de Madrid. Para entonces, ya sus jefes habían aprendido el arte de la guerra y se habían hecho profesionales militares: Moriones, Prada, Fernández Heredia. Y en diciembre de 1937, se crearon cinco divisiones más, lo que parecía ser la transformación definitiva del ejército gubernamental. Pero cada división era un cajón de sastre de fuerzas heterogéneas, que no se sentían unidos, ni tampoco tuvieron un territorio de actuación definido para cada una, ni tuvieron un armamento homogéneo, lo cual complicaba su municionamiento. Ni siquiera todos los hombres disponían de fusil, ni todos los fusiles disponían de cartuchos suficientes, ni tenían los servicios de apoyo propios de una división.

El 31 de diciembre de 1936 se crearon dos Cuerpos de Ejército, un Cuerpo de Ejército a las órdenes del teniente coronel Moriones, el cual disponía de tres Divisiones, y un segundo Cuerpo de Ejército con el resto de las fuerzas disponibles.

Para intentar controlar a las organizaciones milicianas, se decidió someterlas al Código de Justicia Militar, con la orden de apartar del ejército a quienes no aceptasen someterse. Y una vez aceptado esto, los oficiales y suboficiales de milicias, podían integrarse en el ejército.

Pero el hecho de que el Gobierno no controlase esas funciones militares básicas, fue muy negativo, porque cada entidad particular tendía a exagerar su número de afiliados, sus necesidades de dinero, armas y comida, para convertirse en la más fuerte. Y ello distorsionaba la realidad, y causaba malfuncionamientos.

Cuando Largo Caballero decidió militarizar las milicias ciudadanas, el PCE vio una oportunidad de imponerse sobre la CNT, pues el PCE tenía cuadros militares preparados que, si el Gobierno los utilizaba, podían llegar a controlar una parte muy importante del ejército gubernamental. En cambio, a CNT, no le gustó la idea de militarizar el ejército.

Pero llevar a la práctica las reformas de Largo Caballero resultó imposible: Los hombres de las milicias luchaban con sus ropas particulares civiles, sin uniforme militar, no practicaban el saludo de respeto al superior, y trataban a sus superiores como “colegas”. En cuanto a los oficiales de milicias, no se preocupaban por comunicar su situación y número de hombres cada día, lo cual hacía imposible planificar.

Las primeras reformas en la práctica, se impusieron tras la llegada del armamento ruso en octubre de 1936. Los consejeros soviéticos llegados con el armamento, exigían la disciplina propia de un ejército e introdujeron las reformas que les parecieron imprescindibles: agruparon a los milicianos en batallones, aun manteniendo las mismas unidades con sus mismos jefes, y Largo Caballero ordenó que desaparecieran los nombres poéticos de los batallones, y que éstos fueran identificados por un número. Y ordeno al Estado Mayor reconfigurar el ejército de modo que cada batallón tuviera cuatro compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras. Los batallones se reagruparían en Brigadas Mixtas, que constarían de soldados de todas las armas y cuerpos militares, lo que significaba volver al concepto de la antigua división militar.

Pero llevar a cabo esta reforma resultó muy difícil. Faltaban servicios de intendencia y sanidad, además de otros servicios auxiliares, y no se podía improvisar. Largo Caballero decidió que cada unidad se las arreglase por su cuenta como pudiera. Y el ejército de Largo Caballero se quedó en un proyecto siempre.

Además, debemos apuntar que la reforma de Largo Caballero, era insuficiente. En Europa, las divisiones y Cuerpos de Ejército eran muy grandes, lo que permitía atender a muchos soldados con menos servicios de intendencia, sanidad y técnicos, consiguiendo más eficacia con menos recursos. Pero el plan de Largo Caballero, al tener que respetar las unidades de milicianos, de menos de 3.000 hombres, suponía la creación de muchos servicios que competían entre sí y se estorbaban los unos a los otros. Y las necesidades de organización iban en detrimento del número de soldados efectivamente disponibles en el frente.

Por último, debemos apuntar la falta de material. Las unidades se creaban teóricamente, pero no se las dotaba de cañones, vehículos, ametralladoras, ingenieros, apoyo aéreo… Por ejemplo, cuando Largo Caballero echó cuentas de sus posibilidades, ordenó que las baterías de 4 cañones, se organizasen con sólo tres cañones en la realidad.

En fin, lo esencial del ejército de Largo Caballero eran las Brigadas Mixtas, que trataban de integrar las milicias de obreros y voluntarios en el ejército profesional. Se crearon el 18 de octubre de 1936, y para ello surgieron campamentos de instrucción militar en Alcalá de Henares, Ciudad Real, Albacete, Alcoy, Murcia y Villena. Los jefes de las nuevas Brigadas Mixtas, fueron Líster (antes jefe de una milicia comunista), Martínez de Aragón (jefe de milicias), José María Galán (militar comunista), Arellano (militar), Sabio (militar), y Gallo (militar comunista). Estas brigadas fueron entrenadas somera y rápidamente, y a principios de noviembre ya fueron llevadas al frente. El verdadero aprendizaje de las técnicas de lucha tuvo lugar en la Batalla de Madrid y su episodio de la Batalla del Jarama, pero esto ocurrió en ambos bandos al mismo tiempo.

Largo Caballero no era reconocido como autoridad ni en Cataluña ni el País Vasco. En Cataluña mandaban los anarquistas. En el País Vasco mandaban los nacionalistas. En Cataluña la situación cambió en octubre de 1936, cuando el Comité de Milicias Antifascistas se sometió al Código de Justicia Militar.

El Gobierno de Largo Caballero permitió a los milicianos pasar a ser oficiales del ejército en escala activa. Entonces, aparecieron por todas partes academias de oficiales patrocinadas por distintos partidos y sindicatos, pues era la ocasión de adueñarse del ejército para su revolución. Asturias y Santander tuvieron más academias que ningún otro, porque necesitaban oficiales con urgencia. Las academias de partido con más nivel fueron las comunistas, y concretamente la llamada Quinto Regimiento, en Madrid. Los cursos eran de pocas semanas. Prepararon unos 10.000 oficiales de infantería. La artillería y los ingenieros eran complicados de improvisar, porque requerían estudios superiores.

Un tema espinoso era la integración de los mandos procedentes de milicias, en la escala de mando ordinaria. Largo Caballero decidió integrarlos en la escala ordinaria, por detrás en el escalafón de los militares profesionales que ya estaban el 18 de julio en el ejército. Y decidió que ningún militar procedente de milicias, pudiera ascender más allá de la categoría de “Mayor”, un cargo que se inventó Largo Caballero entre el de comandante y el de coronel. El problema de estos oficiales milicianos era que no tenían conocimientos militares, salvo los aprendidos sobre la marcha de sus asesores militares. Eran líderes populares porque hablaban bien en público, y lideraban partidos cuyos integrantes hablaban bien de ellos. Modesto llegó mandar una división a fines de 1936, porque era comunista e incluso dirigió al V Cuerpo de Ejército en las batallas de Belchite y Brunete. También eran comunistas Líster, Tagüeña y El Campesino. Y eran anarquistas Cipriano Mera y García Vivancos.

El Gobierno sabía que se jugaba su existencia frente a las revoluciones anarquista y comunista, y se esforzó por controlar las academias de partido y de sindicato. Los anarquistas y comunistas no aceptaban las academias del Gobierno a las que acusaban de no ser suficientemente antifascistas y de admitir a mutros infiltrados espías de los rebeldes.

     El proyecto militar de Largo Caballero.

A lo largo de su Gobierno de septiembre de 1936 a mayo de 1937, Largo Caballero intentó construir un ejército, que no pudo completar. El proyecto preveía cinco ejércitos, más un Cuerpo de Ejército independiente o Ejército del Centro a las órdenes del general Miaja: El VII Cuerpo de Ejército a las órdenes de coronel Mena y asentado sobre Extremadura; el Ejército del Sur a las órdenes del coronel Morales; el Ejército de Operaciones, que se quedó en proyecto; el Ejército del Este asentado en Cataluña; el Ejército del Norte, que fue derrotado una y otra vez a lo largo del verano de 1937.

El conjunto de este proyecto de ejército debía contar con 180 brigadas mixtas. Pero las brigadas mixtas, mezcla de soldados y milicias, eran de una complejidad política muy grande, pues tanto los partidos como los sindicatos, como los militares profesionales, querían dominarlas. Uno de los primeros pasos para controlarlas desde el Gobierno, fue privarlas de sus nombres dados por los partidos y sindicatos, y denominarlas por un número de tres cifras. Los más resistentes a dejarse englobar en el ejército fueron los catalanistas y los vasquistas, que querían ser independientes de Largo Caballero y su Gobierno “de Madrid”. Las divisiones fueron nominadas por números de dos cifras. Los Cuerpos de Ejército fueron nominados con números romanos.

Largo Caballero llegó mandar sobre 500.000 hombres, un ejército de dimensiones jamás conocidas en la historia de España, pero era un ejército poco profesional, mal dotado de fusiles y artillería, mal municionado, mal apoyado por la aviación… y en discusión interna de si dependía del Gobierno o de los partidos y sindicatos. Cuando Largo Caballero cesó como Ministro de Guerra y Jefe del Ejército, ninguna unidad estaba completa, y muchas estaban en proyecto. Y la derrota de Largo Caballero en el Norte de España, fue estrepitosa.

Pero en las batallas de Brunete y Belchite se demostró la disparidad de criterio entre los militares profesionales y los provenientes de partidos políticos. Las órdenes del partido, de los diversos partidos, no coincidían con las del Ministerio de Guerra, y había que escoger. El resultado fue una descoordinación esperable, y la derrota ante las fuerzas de Franco.

Las consecuencias de tener una oficialidad deficiente suelen ser las grandes pérdidas de vidas humanas inútilmente. El hombre es tratado como un objeto, y se tiende a pensar que los muertos son sustituibles por nuevos reclutamientos, como si fueran muebles viejos. Eso fue lo que pasó con las Brigadas Internacionales, un desastre militar. Un mal oficial no sabe el material que necesita, no sabe hacer traslados de material y de hombres, hace transportes lentos y complicados, y todo ello se paga en muertos.

Y en un ejército, lo más complicado es vigilar a los jefes y oficiales, lo cual debe hacer el Estado Mayor y su Policía Militar, pero los partidos y sindicatos quisieron tener el control sobre ese tema y exigieron que lo hicieran los comisarios, un grupo de una docena de hombres de diversos partidos y sindicatos en cada unidad militar, que tenía que conocer de todo, aprobarlo todo, vigilar a los soldados y oficiales, y juzgar y condenar a los boicoteadores. Los jefes del Comisariado fueron: Julio Álvarez del Vayo por el PSOE; Felipe Pretel por el PSOE; Antonio Mije por el PCE; Crescenciano Bilbao por UGT; Ángel Pestaña por CNT; Ángel Gil Roldán por CNT.

         El ejército comunista.

En este ambiente populista, los primeros que vieron la oportunidad de realizar su revolución fueron los comunistas, los cuales impusieron en sus milicianos la disciplina que no existía en la mayoría de los regimientos de voluntarios. Las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, MAOC, sabía mucho de mítines incendiarios y de organización de barricadas, y tenían un líder llamado Juan Modesto Guilloto, alias Modesto. Pero apenas sabían nada de organizaciones militares y tácticas de guerra.

Juan Modesto Guilloto, 1906-1969, alias Modesto, era carpintero en Puerto de Santa María y había hecho el servicio militar en Regulares de África. Después se hizo sindicalista e ingresó en el PCE. En 1933, el PCE le envió a la URSS para su formación política, y a su regreso le entregó Bandera Roja, un periódico para difundir esas ideas. Modesto hablaba de la necesidad de infiltrar comunistas en el ejército como había hecho Lenin en su tiempo, y en la necesidad de encuadrar a los seguidores de MAOC para que su organización pudiera adelantar la revolución comunista en España. En 1936, estuvo en el asalto al Cuartel de la Montaña, y luego pasó a defender la Sierra de Madrid. Y en esos momentos apoyó la creación del Quinto Regimiento, una organización para preparar soldados, oficiales, armas, propaganda comunista. En octubre de 1936, fue jefe del Quinto Regimiento. En noviembre de 1936, le hicieron Jefe de la 18 Brigada Mixta, y se hizo muy popular. En 1937, llegó a mandar la IV División-Madrid, y era miembro del Comité Central del PCE. Participó en las batallas de El Jarama y Guadalajara. Mandó el V Cuerpo de Ejército en Brunete, Belchite y Teruel. Y en mayo de 1938, fue ascendido a teniente coronel del ejército y se le puso al frente del Ejército del Ebro. Intentó dirigir el PCE, pero no pudo con la fuerza de José Díaz, que se impuso sobre él.

Tras tomar el Cuartel de la Montaña, algunos militares comunistas comprendieron que no obtendrían éxito, sino muchos muertos, si no entrenaban un ejército profesional comunista. El comandante Fernández Navarro se lo expuso al Partido, y el PCE aceptó la idea, de reclutar, instruir militarmente y formar ideológicamente a los comunistas. La razón era que consideraban que no había en España militares fiables, y había que sustituirlos inmediatamente.

El PCE rechazó la idea de levantar un “ejército de voluntarios” como pedían los republicanos, en el que se integrasen todos los ciudadanos de buena fe, republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas. Era preciso un modelo de ejército nuevo, útil a la revolución comunista. Para ello, eran precisos oficiales comunistas bien preparados militar y políticamente, con conocimiento de las armas modernas y de las técnicas modernas de combate, y con disciplina para resistir mientras se cumplen órdenes. El PCE pedía un ejército nuevo, y pata ello ordenó unificar las milicias del PCE en una sola organización, la Milicia Popular. Esta iniciativa se expuso el 12 de agosto de 1936. Necesitaba cientos de hombres y mujeres que supieran manejar armas, y mantenerse fieles a las órdenes de un  mando centralizado. El PCE todavía no entendía lo que es un ejército, y en esa Milicia Popular, pensó en oficiales que dirigieran los pelotones, y en milicianos que obedecieran sus órdenes, y no concibió la necesidad de suboficiales. Creyó que era posible que los propios combatientes eligieran a sus jefes, en base a la capacidad militar, el valor personal, y las dotes de mando mostradas en combate. Por ello, se opuso radicalmente a admitir militares profesionales en sus filas. La idea era que lo político estaba por encima de lo militar, y que una fuerte ideología era fundamental en un mando de milicias. La idea era depurar a los tibios, y lograr un ejército de entusiastas. Y en esa idea, había que ir eliminando progresivamente a los militares profesionales, y cambiarlos por comunistas probados, concienciados de la necesidad de la revolución popular. En esta idea, colaboraron algunos militares comunistas como Luis Barceló, Emilio Bueno, Manuel Márquez, Francisco Cacho…

La figura esencial del nuevo ejército sería la del Comisario Político. El Comisario Político debía velar por el mantenimiento del carácter popular y antifascista de los combatientes, elevar su moral mediante charlas diarias, apoyar la autoridad de los mandos, al mismo tiempo que vigilaba a esos mandos, imponer disciplina en los soldados, y atender las necesidades materiales y morales de estos soldados. El modelo militar que debía cuidar un Comisario Político, eran mantener la unidad con el Frente Popular, mantener alto el espíritu de lucha, formar cuadros para dirigir adecuadamente a los soldados, colaborar con los militares leales al frentepopulismo, mostrar intransigencia frente a los débiles en el combate, exigir disciplina y sumisión al mando.

Gregorio López Raimundo, 1914-2007, era un zaragozano emigrado a Barcelona en 1931, a los 17 años de edad, lo cual era frecuente en Aragón para buscar trabajo. También su hermano mayor, que trabajaba en banca, estaba en un sindicato de banca comunista-socialista. Ingresó en Juventudes Socialistas en 1935. Hizo el servicio militar en Zaragoza, y estaba en ello cuando fue a Barcelona con permiso por enfermedad y empezó la guerra. Su hermano era del Comité Central de Milicias Antifascistas y él fue comisario político en Sarriá, en un centro de recluta de jóvenes comunistas. En verano de 1937, fue comisario político en el Frente de Aragón en el X Cuerpo de Ejército.

Unos pocos comunistas entrenados en la URSS, tomaron a unos 300 milicianos suyos y les pusieron a marcar el paso y a obedecer órdenes del jefe de pelotón en el patio de su centro de reclutamiento. El organizador de aquel nuevo estilo era Vittorio Vidali, alias Carlos Contreras, y su organización se llamó el Quinto Regimiento. El Quinto Regimiento no era un regimiento propiamente dicho, sino una Comandancia General comunista que contaba con un servicio de información, un servicio de organización y recluta, un servicio de operaciones equivalente a Estado Mayor, un departamento de servicios que incluía sanidad, abastecimiento, reparaciones… y un servicio de Trabajo Social, el cual se encargaba de la propaganda, las orientaciones políticas, la formación de cuadros y el control de los Comisarios Políticos. Por tanto, el Quinto Regimiento no era una unidad de combate, sino un centro de instrucción, una escuela de mandos dirigida por el comandante Oliveira, que era portugués. Sus unidades de combate eran llamadas Compañías de Acero. Y estas Compañías entraron en fuego el 5 de agosto en El Guadarrama, y luego fueron vivero de mandos para una docena de unidades de combate más.

El Quinto Regimiento contaba con 31 cuarteles en Madrid, y otros más en Guadalajara, Valencia, Murcia, Albacete, Cartagena, Córdoba y otras localidades más pequeñas. No tenía centros en el País Vasco ni en Cataluña, porque no les admitieron los nacionalistas.

La dirección del Quinto Regimiento la llevaba una Comandancia General, la cual tenía dependencias de Organización, Información, Servicios, y Trabajo Social. La Organización creó su propia escuela militar, en donde se enseñaba topografía, empleo de armas, organización de un pelotón, disciplina, régimen interior de las unidades, y servicios necesarios para mantenerlas en pie de guerra. También creó unidades de guerrilleros. Creó un Estado Mayor para dirigir las distintas unidades de combate. Y se crearon servicios de Intendencia, Sanidad, Armamento y Transportes. La Intendencia en Madrid se puso a las órdenes de Daniel Ortega. La Sanidad se puso a las órdenes de Juan Planelles Ripoll, médico nacido en Jerez de la Frontera  hijo de un médico alicantino. Planelles creó una red de hospitales fijos, unos hospitales móviles de campaña, un sistema de ambulancias, unos centros de convalecencia, una escuela de enfermeras, y unas guarderías para hijos de milicianos y milicianas. En el servicio de Armamento, se crearon talleres de fabricación de proyectiles y cartuchos, de bombas de mano, de morteros ligeros, un servicio de recuperación de vainas, un servicio de reparación de armas y vehículos. En Transportes, se organizó una red de transportes, una red de enlaces para información, y una red de transmisiones.

Otro servicio del Quinto Regimiento fue Milicia Popular, un periódico que publicaba hasta 70.000 ejemplares de cada número, y se distribuía gratuitamente.

En cuanto al Trabajo Social, el Quinto Regimiento organizó carteles, conferencias, mítines, exposiciones, actuaciones musicales, propaganda para territorio enemigo, reclutamientos, relaciones con otras unidades militares, “Milicias de Cultura” que eran escuelas de alfabetización, una editorial para publicar autores afines al comunismo, sección de cine, emisora de radio en la que se entrevistaba a generales, personalidades políticas, intelectuales y brigadistas internacionales, y también organizó una sección de contraespionaje.

El Gobierno captó el nuevo modelo de ejército comunista, y en 15 de octubre de 1936, creó el Comisionado de Guerra, con funciones muy similares al Comisario Político, pero trabajando para el Gobierno.

En noviembre de 1936, el Quinto Regimiento desarrolló mucha actividad. Y en sus actividades participaban también pesoístas, galleguistas y otras ideologías. Los comunistas estaban entusiasmados, y dijeron que tenían 70.000 milicianos enrolados en el Quinto Regimiento, y Vittorio Vidali dijo que eran 130.000, pero lo cierto es que los estudiosos sólo encuentran cifras de entre 15.000 y 25.000. Reclutaban gente en Madrid, Guadalajara, Córdoba, y País Valenciano. Se cree que el 50% de los integrantes de Quinto Regimiento eran comunistas, 25% comunistas de Juventudes Socialistas, 15% republicanos y 10% de no adscritos. El 65% militaban en UGT, 20% en CNT. El 50% eran campesinos, 40% obreros y 10% empleados.

El Quinto Regimiento preparó columnas de milicianos que se llamaron: Compañías de Acero de las hubo unas 12, Juventudes Obreras y Campesinas, Octubre, Thaelmann, Hierro, Leones Rojos, Balas Rojas, Artes Blancas, La Pluma, Asturias, Condé, Capitán Benito, Leningrado, Comuna de París, Comuna de Madrid, La Victoria, Marinos de Kronstad, Jaén, Líster, PVA, José Díaz, Compañías de Acero. Y también tal fueran o estuvieran relacionadas con el Quinto Regimiento: Heredia, Oliveira, Batallón Alpino, Amanecer, Alicante Rojo, Cavada, Ferroviario, Extremadura, Centuria de Choque, Dinamitero, Pacífico, Leal, La Montaña, Juanita Rico, Garcés, Sargento Vázquez, Batallón de El Campesino 1, Batallón de El Campesino 2, Móvil Campesino de Valentín González.

El 27 de enero de 1937, fue disuelto el Quinto Regimiento por el Gobierno.

     El ejército de la Generalitat de Catalunya.

El Gobierno de la Generalitat estaba preocupado por retomar el poder real, que estaba en manos de las milicias anarquistas, y de algunos PSUC.

El 27 de julio la Generalitat asumió la vigilancia de fronteras, inmigración, emigración, extranjería, y extradiciones. También se apropió de Hacienda y del edificio del Bando de España en Barcelona.

El 28 de julio, la Generalitat decidió que los Decretos del Gobierno de Madrid no tuvieran vigencia en Cataluña hasta que el Gobierno de la Generalitat les diera su visto bueno y ordenara publicarlos en el Boletín Oficial de la Generalitat.

El 31 de julio de 1936, empezó Joan Casanovas Maristany como Conseller en Cap de Cataluña. Su preocupación era recuperar la autoridad del Gobierno de la Generalitat, y para ello, creó la Consejería de Defensa, un Gobierno que debía someter a los anarquistas y presentar alternativas al PSUC. Para ganar popularidad y arrebatársela a los anarquistas, en 24 de julio, 27 de julio, y 12 de agosto, hizo algunos Decretos que aprobaban la semana de 40 horas, una subida de salarios, y una reducción del precio de los alquileres. Y además, organizó una expedición para “liberar” Mallorca de los rebeldes.

El 15 de agosto, la Generalitat asumió la competencia del comercio exterior. También el Presidente de la Generalitat se autoatribuyó el derecho de gracia sobre los condenados a muerte. Y para completar su dominio sobre los milicianos, la Generalitat legalizó los Tribunales Revolucionarios, que ya existían de hecho, de modo que parecía que el poder emanaba de la Generalitat. El 24 de octubre, la Generalitat hizo un Decreto de colectivizaciones.

Si el Comité Catalán de Milicias Antifascistas CCMAF, se había extralimitado en sus acciones de Gobierno, la Generalitat estaba dispuesta a extralimitarse con el fin de hacerse obedecer por los milicianos. Era una competición por ver quién se hacía con la autoridad en Cataluña. Ambos prescindían del Gobierno de España, y trataban de mostrarse fuertes ante los catalanes. Cada sección catalana creía que estaba avanzando hacia su propia revolución, al independentismo, al anarquismo, o a la revolución comunista. Y en medio de esta lucha, donde los más importante era ser popular y logar el apoyo de los milicianos, los crímenes de los incontrolados debían ser “ignorados”, y por eso nunca sabremos si se debieron a anarquistas, comunistas o nacionalistas. Todos se culpabilizarían después los unos a los otros, pero sin presentar cargos concretos contra los demás. En Sabadell murieron 83 personas, en Tarrasa murieron 226, y en los pueblos pequeños la suma de asesinatos fue muy grande, pero difícilmente se conocerá algún día la verdad. Para justificarse ante la opinión pública los gobernantes catalanes publicaron que la salida de delincuentes de las cárceles había provocado una oleada de crímenes, pero la realidad era mucho más dura: los nuevos dirigentes locales estaban liquidando a sus enemigos personales y políticos. Los “paseos” eran ejecutados por forasteros, pero era imposible que esos forasteros supieran a quiénes debían matar y sus domicilios. Sin contar que otro día cualquiera, los vecinos de ese pueblo se convertían en los forasteros que ejecutaban en el pueblo de al lado, en una devolución del servicio prestado. Estos crímenes de Estado son difíciles de investigar, pues no hay documentación.

En diciembre de 1936, Cataluña creó la Escuela Popular de Oficiales, y decretó la militarización del ejército, y un reclutamiento militar, para crear el Ejército de Cataluña. Allí no se aceptó la formación de Brigadas Mixtas como pedía Largo Caballero. El Ejército de Cataluña contaba con la División de Barcelona, División de Tarragona, y la División de Gerona, todas ellas mandadas por profesionales militares. Y en enero de 1937, se creó una Cuarta División, que fue catalana, y no reconoció la autoridad de Largo Caballero.

Los anarquistas acabaron disolviendo su Comité de Milicias, y aceptaron la militarización del ejército, pero mantuvieron sus “Patrullas de control”, las cuales no se sometían a las Milicias de Retaguardia creadas por Largo Caballero y la Generalitat, sino que se mantenían autónomas. Los anarquistas consiguieron que en Cataluña hubiera en todo momento un doble servicio de policía, de vigilancia de puertos y fronteras, el uno militar, y el otro anarquista. Ello significaba una competencia interna por hacerse con las armas y municiones, en vez de cooperación completa.

Cuando Largo Caballero mandó reclutar nuevas brigadas en Cataluña, la orden se obedeció, pero su cumplimiento fue tan lento, y la agrupación en Divisiones se hizo tan lentamente, que era obvio que no existía la autoridad de Largo Caballero.

     El ejército del País Vasco.

Igualmente, en el País Vasco, Aguirre emprendió la militarización y reclutó 45 batallones en cinco semanas, pero carecía de mandos intermedios. El 26 de octubre de 1936, militarizó las milicias, y el 6 de noviembre creó un Estado Mayor, a las órdenes del comandante Montaud. Pero siempre los vascos fueron distintos: los vascos podían escoger el batallón en que se querían enrolar. Desde el punto de vista del Gobierno de Valencia, el País Vasco era parte del Ejército del Norte, el cual estaba compuesto de tres Cuerpos de Ejército, que eran Asturias, Santander y Vizcaya. Pero desde el punto de vista de los vascos y asturianos, ese Ejército del norte no existía. Aguirre nunca reconoció la autoridad del capitán Ciutat, teórico Jefe del Ejercito del norte, ni aceptó a los Comisarios Políticos de Largo Caballero, y los Asturianos y santanderinos, estaban dispuestos a ayudar a los vascos, pero no se mezclaban con ellos, ni los vascos querían mezclase con los otros.

A fines de noviembre de 1936, el País Vasco tenía unos 15.000 soldados en los diversos frentes, y hasta 25.000 si contamos los que estaban en fase de entrenamiento. Pero no tenía un ejército moderno y eficaz, porque carecía de aviación, tenía poca artillería y heterogénea, lo cual era un problema de municionamiento.

Cuando Llano de la Encomienda fue nombrado Jefe de Operaciones del Ejército del Norte por Largo Caballero, el panorama militar era desolador: tenía tres ejércitos independientes, difíciles de hacer convivir. El Primer cuerpo de Ejército, Vizcaya, obedecía al Gobierno Vasco y actuaba en los frentes de Guipúzcoa, Álava y Burgos. Y el Gobierno Vascos había dividido los diversos frentes citados en 12 sectores, cada uno de ellos autónomo. La eficacia de esos ejércitos era muy escasa.

La organización del Ejército Vasco se hizo a toda prisa en el momento en que Franco atacó Bilbao. Hasta entonces, se habían tomado la cuestión poco en serio. Y lo hicieron precipitadamente, mostrando el poco interés que habían puesto hasta entonces y el mucho que tenían en esos momentos.

Por su parte, Santander no hizo la reorganización de su ejército hasta marzo de 1937, cuando el teniente coronel García Vayas creó tres Divisiones, una para desplazarse hasta Asturias y Potes, otra para defender la costa, y una tercera preparada para el choque en las montañas de Burgos y Palencia.

Asturias se organizó a principios de 1937 en siete Divisiones

         El ejército de Negrín.

En agosto de 1937, en el Gobierno Negrín, se crearon el XIV Cuerpo de Ejército vasco, el XV Cuerpo de Ejército santanderino, el XVI Cuerpo de Ejército asturiano de reserva, y el XVII Cuerpo de Ejército asturiano.

Negrín diseñó una nueva forma de guerra. Quiso olvidarse de la guerra defensiva de Largo Caballero, y planificó campañas de ataque a los rebeldes, sobre todo la campaña sobre Extremadura que debía cortar el territorio rebelde en dos zonas, además de cortar las principales carreteras de suministros desde Lisboa.

Pero Negrín tenía dos problemas por resolver. El uno era la ruptura con los anarquistas. El otro era que se estaba perdiendo la costa del Cantábrico. Y tras la pérdida del carbón asturiano y del hierro vasco, Franco se convertía en más potente que el Gobierno. Franco era además superior en aviación, marina y artillería. Había dado la vuelta la situación de 1936.

Negrín remodeló el Estado Mayor Central que, en vez de ser la jefatura del ejército, pasó a ser el coordinador de las fuerzas de tierra, mar y aire. Creó una Comandancia Militar en cada provincia, y exigió que cada Comandancia Militar levantase un batallón de defensa o reserva. Creó nuevos centros de reclutamiento, instrucción y movilización. Mejoró la enseñanza en los centros de artillería, ingenieros y demás cuerpos técnicos. Esta reforma militar se la encomendó a Prieto, al que puso como asesor militar a Vicente Rojo.

Para recuperar el espíritu militar, hizo olvidar los distintivos de partidos y sindicatos, y ordenó que las categorías de jefes y oficiales fueran reconocidos por distintivos en estrellas. Dio autoridad al Ministro de Guerra para deponer incluso a generales.

El Ministro de Guerra era Indalecio Prieto, y contaba con 400.000 hombres teóricos. Eran menos que los de Largo Caballero, porque se había perdido el norte. Pero esos 400.000 hombres no eran un verdadero ejército, pues hacían falta una disciplina y un respeto a la autoridad. Para ello, Prieto reforzó la justicia militar, el Servicio de Información Militar SIM, los servicios auxiliares del ejército, creó una Escuela Superior Popular de Estado Mayor, creó Escuelas de Batallones, y creó Centros de Instrucción Premilitar para los no movilizados.

El ejército de Negrín no estuvo maduro nunca, y sus iniciativas acabaron siempre en fracasos. No era fácil pasar de un ejército “democrático” e incapaz, a un ejército disciplinado, sobre todo cuando los dirigentes no eran capaces de prescindir de ese aire “popular”.

En la campaña del norte del verano de 1937, se habían perdido 200.000 hombres, y se habían recuperado unos 100.000 a fuerza de hacer nuevas reclutas: hasta mayo de 1937 se habían movilizado seis reemplazos, y Negrín movilizó 20 reemplazos más, pero la zona que dominaba era mucho más pequeña, y cada reemplazo significaba una proporción menor de hombres. Las movilizaciones eran forzosas, y ello causaba problemas con los anarquistas y los catalanistas. Los comunistas colaboraban con Prieto y Negrín, y se vieron muy favorecidos en popularidad.

Negrín creó un Cuerpo Único de Comisarios, a fin de unificar criterios y disminuir el ingente número de comisarios que había, cientos de ellos. El Comisario General, Álvarez del Vayo, filocomunista, fue sustituido por Crescenciano Bilbao Castellanos[4], de UGT-PSOE. Negrín necesitaba las armas comunistas, pero no quería en principio ceder el poder a los comunistas, un equilibrio demasiado inestable.

También Negrín prohibió que los militares se afiliasen a partidos y sindicatos, e incluso que asistieran a actos políticos de los partidos y sindicatos. El problema que se quería solucionar era que los partidos no estuvieran sometidos al Gobierno. En efecto, en tiempos de Azaña, había militares azañistas como Hernández Saravia y Leopoldo Menéndez, militares comunistas como Francisco Galán y su hermano Galán, Gallo, Barceló o Cordón, militares conservadores católicos como Escobar, y militares profesionales no complicados en partidos como Vicente Rojo y José Miaja. Incluso había oficiales de simpatías rebeldes, que no habían tenido ocasión de ponerse al servicio de los rebeldes. Los oficiales rebeldes dejaron de pasarse al enemigo a partir de la campaña de 1937, por en el bando franquista se les juzgaba por no haberse sumado antes a la rebelión, y a veces se les ejecutaba. Pero eso no implica que dejara de haber militares con simpatías hacia los rebeldes en el bando gubernamental.

         La flota gubernamental.

El Gobierno tenía la mayor parte de la flota, pero su dominio del mar no era muy efectivo debido al sistema político que regía en la República de España: Cada buque era dirigido por un comité de soldados, los cuales decidían sus actuaciones libremente, aunque comunicaban lo decidido en cada momento al crucero Libertad, que actuaba como Jefe de la flota. En el Libertad navegaba el reputado como Jefe de operaciones de la flota, teniente de navío Pedro Prado Mendizábal. Éste sabía que, si no se sometía a la obediencia a todos los buques, la flota sería poco efectiva. Pero la política iba en otro sentido, y el 19 de noviembre de 1936, se creó el Comisariado de la Flota, el cual se atribuyó la misma autoridad que el Jefe de Operaciones. También se creaba un Estado Mayor Central de las Fuerzas Navales de la República, del que dependían el Estado Mayor del Cantábrico, el Estado Mayor de Cartagena, el Estado Mayor de Mahón, y el Estado Mayor de Málaga. El jefe de ese Estado Mayor Central era el capitán de Corbeta Luis González de Ubieta, y lo fue hasta 25 de octubre de 1937, en que pasó a ser Jefe de la Flota. También el 19 de noviembre de 1936, se creó la Flotilla de Destructores y Submarinos integrada por el crucero “Libertad”, el crucero “Méndez Núñez”, el acorazado “Jaime I”, y varios destructores y submarinos más.

En el Cantábrico se situó el destructor “José Luis Díaz”, auxiliado por varios submarinos, una flotilla que fue incapaz de imponerse a la flota rebelde en la zona. También en el Cantábrico, estaba la Flota Auxiliar Armada de Euzkadi, que era un conjunto de bacaladeros y bous artillados, que estaban a las órdenes de José Antonio Aguirre, Presidente de Euzkadi, y del marino Joaquín Eguía. La flota de Euzkadi obedecía a Aguirre, y no al Gobierno de la República de España.


[1] Gabriel Cardona. “Milicias y Ejércitos”, La Guerra Civil,10, Historia 16, 1986.

[2] Juan Hernández Saravia, 1880-1974, natural de Ledesma (Salamanca), estudió en la Academia de Artillería desde 1898 y estuvo en África, pero al contrario que la mayoría de los africanistas, él era liberal, contrario a las dictaduras. En 1923, se exilió a Portugal, y regresó en 1931 tras el final de la dictadura. En 1933, tras el advenimiento de la derecha al Gobierno, pidió el pase a la reserva. Y volvió al ejército en 1936 con el grado de coronel. En julio de 1936, fue Subsecretario de Guerra, y el 6 de agosto, Ministro de Guerra. Organizó varias columnas de milicianos, sin darse cuenta de que, con ello, entregaba el poder a diversos partidos políticos. En septiembre de 1936, fue relevado y destinado a Córdoba. Estuvo en la batalla de Brunete, y luego en la de Teruel de diciembre de 1937, donde ascendió a general. Se le concedió el Grupo de Ejércitos de la Región Oriental GERO, y dirigió la Batalla del Ebro y la retirada hacia Cataluña, donde intentó defender Barcelona, pero fue sobrepasado antes de poder organizar nada, y huyó a Francia. Estuvo al lado de Azaña hasta el final de la vida de éste. Se exilió a México.

[3] Sebastián Pozas Perea, 1876-1946, se formó en la Academia de Caballería y pasó a Melilla. Ascendió hasta general de brigada en 1926. En febrero de 1936, era Inspector General de la Guardia Civil. En julio de 1936, se declaró fiel al Gobierno y fue Ministro de Guerra para Martínez Barrio el 19 de julio. El 22 de octubre de 1936, fue Jefe del Ejército del Centro, y por tanto encargado de la defensa de la zona de Madrid, lo cual hizo bastante mal, y fue Miaja, en colaboración con los comunistas, el que llevó el peso de esa defensa. Fracasó en la Batalla del Jarama, y fue sustituido en el cargo por José Miaja, que había defendido Madrid con éxito. En diciembre de 1936, seguía siendo Jefe del Ejército del Centro cuando atacó en Guadalajara. En febrero de 1937, enfermó. En mayo de 1937, volvió para tomar el mando del Ejército del Este, lo que implicaba defender la zona de Barcelona. Dirigió la ofensiva de Aragón en Belchite y Teruel, y acabó depuesto, y nombrado Comandante Militar de Gerona, un puesto muy secundario, pero que le permitió huir a Francia en el final de la guerra, y marcharse a México.

[4] Crescenciano Bilbao Castellanos, 1893-1961, era un ferroviario palentino de Norte, afiliado a UGT y a PSOE desde joven, que emigró a Barcelona en 1921 para trabajar en calderería de locomotoras, donde se pagaban sueldos muy altos. Y en 1931, emigró a Huelva, ya como líder de UGT. Participó en la revolución de octubre de 1934, y huyó a Portugal, pero fue detenido y entregado a España, donde fue encarcelado. En 1936, fue elegido diputado y liberado. Y en julio de 1936 se unió al general Miaja, que operaba en Córdoba. Enseguida ingresó en el Comisariado Político del Ejército por UGT, y Negrín le ascendió a Comisario Jefe, puesto que ejerció hasta 1938.

Post by Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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