20.14.13.El terror gubernamental en la Guerra de España.

   EL TERROR EN ZONA GUBERNAMENTAL en 1936.

     El terror en la Guerra de España.

En opinión de muchos europeos de la época, entre los que se encontraban Hitler y Mussolini, la Guerra de España era un juego de ineptos en materia de guerra, a los que importaba menos los objetivos militares, que el exterminio de un enemigo del que ambos decían que eran asesinos y violadores: columnas de soldados y milicianos, de un bando o del otro, llegaban a un pueblo, y hacían “limpieza” de ciudadanos acusados de ser del bando contrario por cualquiera. O bien dejaban a unas autoridades civiles, milicianos o falangistas degún el caso, que hicieran el exterminio de enemigos, con la excusa de que no tenían tiempo ni dinero para tratar con dignidad a los prisioneros. Los revolucionarios anarquistas, ugetistas y comunistas, decidían eliminar “fascistas”, como llamaban a todos sus enemigos, sin distinguir ideologías. Los rebeldes decidían en su caso eliminar marxistas, siervos de organizaciones internacionales, contrarios a la idea de patria y de la civilización e idiosincrasia española, y también liberales dados al librepensamiento y por ello al desorden. Y en medio de ambos, quedaba la parte de la sociedad más acuciada por los crímenes de ambos, aquellos que no se inclinaban por ninguna de las revoluciones, y que eran acusados por ambos bandos de contrarrevolucionarios, y sometidos a torturas y muertes hasta que se inclinaran por una de ellas. Era un mundo al revés, donde los locos se imponían sobre los cuerdos, y estaban orgullosos de ser locos. Y los pobres ciudadanos normales, aprendieron a declararse a favor de los unos y de los otros, con tal de salvar la vida, porque así se lo exigían los violentos. Algunos historiadores posteriores, alabaron las estupideces de los que asesinaban, como heroísmos dignos de homenajes y lápidas, y olvidaron al pobre ciudadano anónimo. Y cien años después, la situación no parece haber cambiado en este punto, y se siguen alabando a los de un signo o a los del otro, y condenando a los que no se pronuncian por ninguno de los bandos. Es el triunfo de los extremismos.

Durante décadas se había puesto a los marroquíes como símbolo de barbarie que justificaba el protectorado de un país europeo, porque sus métodos de guerra eran matar, violar, amenazar, robar y enviar lo robado a sus familias. En 1936, los marroquiés estaban haciendo lo mismo en España. Pero los españoles estaban haciendo exactamente lo mismo en nombre de la civilización cristiana, o de la civilización marxista o anarquista.

Esas matanzas no tenían ningún valor militar. Los militares saben que el exterminio es imposible, incluso cuando se intenta de modo radical y completo como lo hizo Hitler con los judíos y gitanos. Aparte de ser un crimen, es que es imposible borrar la memoria histórica. Y los dos bandos españoles estaban intentando la erradicación completa del contrario. De hecho, la represión practicada por ambos bandos, en el sentido de eliminar al contrario, había empezado antes de la guerra, y nos podemos remontar muy atrás, tal vez a los sucesos del terrorismo de los años veinte, o a la represión de Primo de Rivera, o a las batallas urbanas durante la Segunda República. La Guerra de España debemos encuadrarla por tanto dentro de la irracionalidad, o nunca la comprenderemos.

En 1936, surgieron unos estereotipos mayoritariamente aceptados, aunque eran mentira: los partidos de derecha y los católicos eran los rebeldes, y los partidos y sindicatos de izquierda eran los defensores de la República. Este estereotipo permaneció vigente muchos años después de la guerra. La falsedad era evidente, pues muchos hombres de derecha estaban en el bando del Gobierno, y muchos obreros y campesinos pobres estaban en el bando rebelde. Otro estereotipo era que la derecha era fascista, lo cual es imposible, porque el fascismo es revolucionario, mientras que la derecha es conservadora. El fascismo trata de imponer un modelo distinto de sociedad, no demasiado diferente al marxismo, pero opuesto a él, pues ambos colectivizan la tierra y nacionalizan la industria y la distribución de bienes y servicios, y ambos se basan en el populismo y son totalitarios. La diferencia entre ambos es que el fascismo lo hace al servicio de un modelo ideal nacional fijado por un líder de acuerdo con un pasado supuestamente glorioso, y el comunismo lo hace al servicio de lo que decidan las asambleas de trabajadores, y no cree en el nacionalismo ni respeta el pasado, sino que todo puede ser redefinido por el nuevo régimen obrero, en teoría por las asambleas de trabajadores, y en la práctica, por el líder, es decir, lo mismo que en el fascismo.

Si no se rompe con este irracional, no se entenderá nunca la Guerra de España. El estereotipo sirvió para asesinar impunemente, para robar, para justificar la violencia de los unos y de los otros. Todo el que había tenido una relación con organizaciones políticas de derechas, era susceptible de ser eliminado por los milicianos sindicalistas, y todo el que había tenido relación con partidos y sindicatos marxistas era susceptible de ser eliminado por los soldados y descamentos falangistas y requetés.

Incluso sin haber tenido ninguna relación con grupos considerados enemigos, bastaba ser acusado de tenerla, para también ser eliminado. Y si alguno pasaba la criba de la primera acusación popular, todavía le quedaba pasar la farsa de los tribunales de guerra. Y si pasaba los tribunales de guerra, le quedaba verse libre de las “sacas” de presos que eran fusilados en venganza por un bombardeo, o por la noticia de un “ejecutado” en el bando contrario, o por la acción de los comandos de milicianos o de falangistas, más allá de donde llegaban los tribunales. El terror de ser asesinado cualquier amanecer, a eso del alba, descomponía las caras y blanqueaba los cabellos de los afectados.

La represión no es una cuestión exclusiva de España, pues la Segunda Guerra Mundial causó una represión similar en Europa, y la Caza de Brujas se hizo en Estados Unidos con iguales características. En todas partes, da miedo llegar a saber quiénes fueron los denunciantes y los torturadores. Incluso en Polonia, Jan Gross publicó una lista de polacos que denunciaron a judíos ante los nazis, y tuvo que exiliarse por ello. La primera mitad del siglo XX es moralmente vergonzosa para la cultura occidental en su conjunto.

El historiador Julio Aróstegui ve también la represión ejercida por ambos bandos de la Guerra de España, como la explosión popular contra las clases dominantes, después de un siglo de represión de estas clases dominantes sobre el pueblo español. Habria que añadir el desquite de las clases dominantes contra los que les estaban haciendo imposible los negocios, e incluso la vida en algunos casos. En ese caso, sería una explosión irracional, de muerte de los explotadores, e incendio sistemático de sus bienes, y de exterminio de los líderes del desorden.

Pero hubo mucho más que una explosión de la rabia de los sin nada, pues también los millonarios prestaron sus fortunas para matar, los curas predicaron que era necesario eliminar a los enemigos de la religión, y los universitarios hijos de papá salieron a las calles armados y eliminando supuestos “enemigos”.

El terror originó vergüenza y rencor. Vergüenza por la que no se pudo aclarar en todo un siglo a continuación, cuántas eran las víctimas, porque ello implicaba idenficar verdugos y situaciones concretas, y rencor, porque los familiares de los asesinados nunca alcanzaron el derecho a la justicia. Mientras tanto, se recurrió al “y tú más”, o al “nosotros no, que fueron los otros”.

El terror originó entusiasmos entre los extranjeros, unos lo hicieron por propagar el fascismo, y otros por propagar el comunismo, otros por salvar la religión católica, y todo el mundo opìnó de lo que no sabía, e incluso dieron dinero para las múltiples causas abiertas en España a favor de los unos, o de los otros. Dar dinero para lo desconocido, es una tragedia que no suele servir a la buena intención del que dona.

     Documentación sobre el terror.

El documento básico sobre el que empieza toda investigación sobre el tema, es la “Causa General Informativa sobre los hechos delictivos y otros aspectos de la zona roja desde 18 de julio de 1936 hasta la Liberación”, recopilado en 1940 por el bando ganador de la guerra, a raíz de un Decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril de 1940. Este documento, hecho por los que más habían torturado, y en un momento en que seguían torturando, tiene un valor muy relativo de exculpamiento de los delitos propios, y culpabilización del contrario, y debe ser leído con las debidas precauciones. Tuvo sucesivas ediciones durante la Dictadura de Franco, porque Franco necesitaba reafirmarse en el ejercicio de su violencia. Los “rojos” estuvieron excluidos como víctimas, y aparecieron siempre como verdugos, cosa que no han superado todavía sus sucesores.

El tema del terror, lo han intentado entre otros, con muchas dificultades:

Fernando Rey Reguillo, “Retaguardia roja. Violencia y Revolución en la guerra española”, Galaxia Gutemberg, 2019, estudia el tema desde Madrid.

Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez, Pablo Gil Vico y José Luis Ledesma, que trataron de concretar las víctimas de la represión en Contra el Olvido, Historia y Memoria de la Guerra Civil. Crítica, Barcelona 2010.

Francisco Espinosa Maestre, afincado en Sevilla.

José María García Márquez, trabajó desde Sevilla.

Pablo Gil Vico, estudió la violencia de Asturias de 1934, y la represión en Badajoz, y trabaja en Madrid.

Lucía Prieto Borrego, Represión en la retaguardia republicana, WordPress.com. Prieto Borrego colabora con Encarnación Barranqueiro Texeira, en el estudio de la represión en Málaga.

Peter Anderson puso de manifiesto que al igual que Gran Bretaña y Estados Unidos justificaban la esclavitud como una obra benéfica de sacar a los pueblos atrasados de la barbarie, Franco justificó el robo de cerca de 31.000 hijos de republicanos, en su liberación del comunismo y la masonería. También trabajó junto a Miguel Ángel del Arco Blanco, de Granada, en el estudio de la represión franquista.

Josefina Cuesta Bustillo, también se ocupó en Salamanca de la represión de los funcionarios por el franquismo.

Julián Casanova Ruiz, lo estudió desde Zaragoza.

José Luis Ledesma, desde Zaragoza, intentó hacer una lista de víctimas del franquismo.

Javier Rodrigo Sánchez estudia la violencia de la guerra, desde la Universidad de Barcelona.

Borja de Riquer Permanyer, estudia desee Barcelona la represión franquista, aunque muy centrado en el catalanismo.

Ismael Saz Campos, lo estudia desde Valencia.

Francisco Moreno Gómez estudia la represión desde Córdoba.

José Luis Rodríguez Jiménez, lo hizo desde Madrid.

Julius Ruiz lo estudia desde Oxford.

Hugh Swynnerton Thomas, lo hizo desde Londres hasta 2017.

Antony Beevor tocó el tema en The Spanichs Civil War. Londres 1992, y en The Battle for Spain: The Spanish Civil War. 2005.

Francisco Alía Miranda estudia el tema desde Ciudad Real.

Juan Sisinio Pérez Garzón, estudió el tema en Ciudad Real.

Carmen González Martínez, trabajó desde Murcia hasta 2019.

Alberto Reig Tapia, investigó desde Tarragona.

Pío Moa, desde el conservadurismo, trató de salir en respuesta a muchos “investigadores” que trataban de tratar el tema en beneficio de la izquierda, y se propuso justificar los hechos de una manera alternativa a ellos.

En el momento en que nos acercamos al centenario de los hechos, se han escrito centenares de libros sobre el tema, y todavía quedan muchos aspectos oscuros, y muchas cifras por concretar.

La Ley de la Memoria Histórica de 2007, trató de poner fondos para investigar las fosas comunes de 71 años antes, pero se convirtió en un arma política para achacar a la derecha el peso de las víctimas, sin querer reconocer que las víctimas fueron de ambos lados. La polémica política estorbó demasiado respecto al esclarecimiento de la verdad. Se intentó un mapa de fosas y víctimas, que está incompleto a fecha de 2023.

Puesto que las víctimas de los rebeldes se estiman en más del triple que las víctimas de los gubernamentales republicanos, los comunistas y socialistas esperan sacar rentabilidad política a las exhumaciones, y la derecha argumenta que los muertos están bien en sus tumbas. El muro es muy difícil de sobrepasar mientras las nuevas generaciones se muestren intransigentes y agresivas respecto a uno de los dos bandos, a veces más agresivas verbalmente que sus abuelos, ya bisabuelos.

El desorden gubernamental en 21 de julio de 1936.

Desde el mismo 18 de julio, todos los comités de obreros, comités de barrio, comités municipales, alcaldes y gobernadores de España empezaron a ejercer la violencia, contra unos o contra los otros. Hasta que, a fines de verano de 1936, se establecieron tribunales populares que dieron apariencia de legalidad a los asesinatos sistemáticos de miembros del bando contrario. Pero lo más frecuente durante toda la guerra, fue el “ajuste de cuentas” por el que quien tenía armas y un grupo de apoyo, se quitaba de en medio a quien le molestaba. Los artífices de este ajuste de cuentas guardaron, durante mucho tiempo y muy en secreto, que fueron ellos los denunciantes, los agentes de la detención y de la eliminación de sus víctimas, porque eran hermanos los que denunciaban a sus hermanos para quedarse con la herencia de sus padres, o por haberse quedado otro con esa herencia, o eran vecinos que discutían por lindes y muros medianeros, o “amigos” que en algún momento se habían sentido ofendidos con su “amigo”, o empresarios que se cobraban las afrentas recibidas en unas huelgas, u obreros que se cobraban despidos e insultos de su patrón, o curas que castigaban a los vecinos que se habían enfrentado a sus palabras, o estudiantes que decidían hacer justicia por su cuenta en su pueblo… El tema es tan oscuro, que los españoles no se han atrevido a investigarlo a fondo en el siglo siguiente a los hechos.

Los gubernamentales republicanos organizaron por todas partes comités, milicias obreras, unidades de policía populares, los cuales se permitían hacer registros en casas de ciudadanos tenidos por derechistas, o por rebeldes, e incluso se permitieron ejecutar a muchas de estas personas en los primeros días del conflicto. Era motivo de detención, e incluso de muerte, el haber pertenecido a CEDA, Comunión Tradicionalista, Falange Española, o ser terrateniente, poseer un título nobiliario, haber sido un líder de una organización católica. También se encargaban de liquidar prisioneros tras los combates. Los rebeldes nacionalistas estaban haciendo lo mismo en las localidades que “liberaban”.

La represión de los comités obreros, yendo a registrar casas particulares por su cuenta, al margen de los jueces, y ejerciendo el asesinato y la detención arbitraria, no hubiera sido posible sin la colaboración policial institucional y sin el silencio de los jueces. El método era disponer de los padrones y los registros policiales. Así se conocía la gente perteneciente a partidos de derechas en los años precedentes, lo cual facilitaba su nombre, domicilio y nombre de sus familiares. Y posteriormente, la impunidad por los asesinatos, detenciones y saqueos, estaba garantizada por el sistema bajo la excusa de haber buscado “sediciosos fascistas”. El sistema republicano fue pues culpable, como lo fue el sistema franquista en el otro lado, pero los españoles no logran todavía hoy asimilar su propio pasado.

Los visitados por las bandas de milicianos sindicalistas, podían ser muertos en el acto, o podían escapar si eran avisados por alguien de dentro del sistema, puesto que la información venía de dentro y era conocida con anterioridad, o podían ser detenidos. En el este último caso, podían pasar a manos de las organizaciones populares, a lás cárceles instaladas en pisos particulares, denominadas checas, o ser entregados a la policía y a la justicia. De los entregados a la justicia, el 50% eran liberados porque nada les relacionaba con los sublevados, salvo a ojos de los milicianos, y la otra mitad eran llevados a cárceles preventivas, en espera de juicio, y allí podían sufruir “sacas” y ser fusilados, o podían sobrevivir y tal vez huir a zona segura. Se calcula que hubo unas 350 checas en 1936, no de forma simultánea, que desaparecieron en 1937, cuando se normalizó la acción de la justicia. Se calcula que los fusilados fueron el 25% de los llevados ante un tribunal. El número de checas varía en cada autor, porque eran centros ilegales, y no hay documentación suficiente. Algunos dan la cifra de 200, y otros la elevan a las 350.

El poder popular en la zona gubernamental.

Una vez repartidas armas entre los sindicatos y partidos del Frente Popular el 19 de julio, todo fue posible para estos hombres armados, porque el Estado no existía, y ellos se convirtieron en la Justicia y en la Ley. Dijeron que tenían que eliminar a posibles “quintacolumnistas”, y ello les dio pie a entrar en las casas de los burgueses, funcionarios, industriales, terratenientes, gentes de derechas, clérigos, miembros de CEDA, miembros de Falange Española, tradicionalistas del Requeté, e incluso republicanos moderados opuestos al comunismo y al anarquismo, y entraban para robar lo que podían, comida y bebida para empezar, con la excusa de hacer registros, y para detener a quien quisieron.

El término de “quintacolumnistas” surgió porque Mola dijo que enviaba cuatro columnas sobre Madrid, y que una quinta columna ya estaba dentro de la ciudad, los partidarios del golpe de Estado. Desde ese momento, patrullas armadas iban por las casas y se llevaban los hombres señalados en una lista, y de paso, las joyas, dinero y muebles de valor, con la excusa de hacer incautaciones oficiales de bienes.

El 21 y 22 de julio por la mañana, todos los periódicos gubernamentales mentían para tranquilizar a los españoles.Publicaban que la sublevación había sido dominada, y les importaba un bledo la verdad. Decían que la sublevación era exclusivamente militar, y era mentira. El Socialista, decía que la sublevación era “fascista”, lo cual estaba todavía más lejos de la verdad que el resto de los periódicos. Si un Gobierno necesita mentir, es que se siente débil. Si los periódicos mienten, puede ser que estén en una campaña de desinformación previa a una proyecto revolucionario. Pero en el inicio de las guerras, casi todo lo que se publica es mentira. Es el golpista el que dice que se levanta para defender la democracia y para prevenir un supuesto golpe de otros. Y es el Gobierno el que, para justificar una violencia injustificable, se inventa delitos y delincuentes. En el reciente 23-F de 1981, los pobres soldados fueron llevados a asaltar las Cortes bajo el pretexto de que habían sido ocupadas por unos etarras a los que había que desalojar. Más recientemente, Putin alardea de que Ucrania esta llena de nazis, y de que se debe liberar ese territorio. Mentir es lo normal en los golpistas, y también lo normal en la reacción contra esos golpistas.

La declaración de huelga general que habían hecho los sindicatos, no favorecía al Gobierno de la República, sino a los sindicatos. En primer lugar, producir menos en tiempos de guerra, es negativo de cara a la victoria. Pero preparar el golpe para la dictadura del proletariado, sí que requería huelgas, tal como había dicho Lenin.

En segundo lugar, cuando los piquetes sindicalistas se apropiaron de los automóviles y de edificios de particulares, y de los edificios de iglesias y conventos, alguien debería haber llamado la atención del Gobierno para preguntarse quién mandaba en España, pues esa decisión de expropiar, o incautar, no le correspondía a los sindicatos, ni a sus milicias. Los automóviles de sindiclistas circulaban a gran velocidad con letreros que rezaban CNT, FAI, JSU, UGT, UHP… lo que demostraba que esos eran los poderes reales en ese momento. También eran incautados los casinos, los palacios, las mansiones aristócráticas, los clubs y peñas de amigos. Los milicianos vigilaban la calle, registraban casas, perseguían a lo huidos, y cuando llegaban a una casa que tenía algo que les gustaba, se lo llevaban y entregaban a cambio un “vale”, un papel escrito sobre la marcha, que no valía nada. En las tiendas hacían lo mismo, lo cual significaba la ruina de los tenderos, pues se llevaban las existencias a cambio de nada. Estaban robando masivamente. Estaban asumiendo funciones de policía que no tenían. Tiempo más tarde, los tenderos se asociaron para reclamar esos vales, pusieron una demanda judicial, y Giral les tuvo que pagar seis millones de pesetas, con lo cual recuperaron algo de lo que los milicianos les habían quitado. Además, los milicianos quemaron las iglesias y los conventos que no les eran útiles, excepto en el País Vasco, porque allí los edificios religiosos fueron protegidos por el Gobierno vasco.

Y el reparto de armas y la disolución del ejército, que se ordenó el 17 de julio, acabó por traspasar el poder del Gobierno a los sindicatos y comités de obreros, organizados en piquetes. El Gobierno Republicano había cedido el poder, y le sería muy difícil recuperarlo.

Los milicianos gubernamentales abrieron las cárceles y liberaron a todos los presos, comunes y políticos, en un sinsentido jurídico que provocó que la criminalidad creciera espectacularmente durante los siguientes días en las zonas dominadas por el Gobierno republicano.

Para saludarse, los milicianos levantaban el puño y decían “Salud”, o “Salud, Camarada” y vestían monos de trabajo, camisas y camisetas de trabajo y gorras y boinas. Los republicanos anatematizaron signos externos como el sombrero o el traje y muchas personas murieron solamente por llevar puesto sombrero, traje, chaqueta, corbata. Para dirigirse a un interlocutor, decían “camarada”, o “compañero”. Como nadie quería pasar por capitalista en la zona gubernamental, los burgueses “se disfrazaban” de obreros, y pensaban que quizás así se librarían de registros en sus casas y en sus negocios, y tal vez de la muerte. Esas formas externas impuestas fueron una cara más del terror.

También liquidaron a los que se oponían a la colectivización de tierras, comercios, barcos, minas y otros factores productivos.

Los saqueos de las casas pertenecientes a gente calificada como de derechas, eran frecuentes. Ante ello, el Ministro de Gobernación manifestó que los que se apropiaban de bienes ajenos en las tiendas y las casas que asaltaban, eran unos fascistas, lo cual era una solemne tontería. En vez de hacer justicia, había dicho una estupidez. Y como era de esperar, nadie le hizo caso. Usar el término “fascista” sin saber lo que significa, es una estupidez. Ante todo, se debe tener en cuenta que el fascismo es un proyecto revolucionario, de colectivización de la tierra y estatalización de la industria y el comercio, y no es un conservadurismo de derechas, lo cual diferencia a la derecha y al franquismo, del fascismo.

Los exaltados crearon unidades de combate espontáneas que en Madrid se hacían llamar: “Los Leones de Carabanchel”, “Los Vengadores de Cuatro Caminos”, “Los Linces de la Victoria”, «Los Leones Rojos», «El Batallón de la Muerte», «Los sin Dios», que se dedicaban a sacar a gente de sus casas y «darles un paseo» cada noche. Muchos de estos asesinos eran delincuentes juveniles, excarcelados en febrero de 1936 tras las elecciones del Frente Popular, que ahora tenían armas e impunidad para matar.

Y en Barcelona, donde eran mayoría los anarquistas, estaban “Los Peripatéticos”, “Los de la Dinamita Cerebral”, “Els Fills de Puta” (Los Hijos de Puta) y otros. Esos grupos armados representaban el único poder real existente en España en ese momento, y causaban pavor en los ciudadanos normales.

Los partidos y sindicatos “requisaban” cuanto podían, un robo no contenido por nadie, que tomaba aspecto de legalidad. Y hacían propaganda política, en la que afirmaban la necesidad de sindicarse, y de que los que no lo hicieran serían calificados de “burgueses”. Tanto los anarquistas, como los pesoístas y comunistas, decían que “estaban luchando contra el fascismo”.

Los “revolucionarios” organizaron comités. Y todos los milicianos iban armados, y entraban con las armas en los restaurantes y cines, donde nunca pagaban. Y todos almacenaban armas en sus casas, incluso sustrayendo las que debían salir para el frente. Si había algún control sobre los comités, era por parte del partido o por la organización anarquista o comunista, pero no por el Gobierno ni por la justicia. En la noche del 21 de julio de 1936, los comités “ejecutaron” a algunas personas sin explicación ni motivo probado.

Entre los anarquistas y comunistas, había una diferencia: los comunistas querían ganar la guerra, para después hacer la revolución. Los anarquistas querían hacer la revolución, para que no fueran necesarias las guerras. Pero la revolución comunista era incompatible con la anarquista, y ambos lo sabían.

Parece que el primer comité surgió en Barcelona como “Comité Central de Milicias Antifascistas”, y era de CNT-FAI. Y enseguida se les ocurrió organizar comités de partido, comités de barrio, comités de distrito… Cada comité tenía autoridad plena sobre la propiedad, la libertad y la vida de las personas.

Los detenidos por las organizaciones populares, iban a parar a cárceles ilegales, que dieron en llamarse checas, en donde se les interrogaba para saber de sus actividades políticas, de sus compañeros y amigos, y muchas veces se les torturaba porque no querían denunciar a nadie.

 Había muchos voluntarios para integrar estas patrullas, pues cuando Iban a una casa, registraban todos los rincones, y se apropiaban de cuanto les apetecía, comida, bebida, joyas y dinero.

         Terror popular. Las Chekas.

Las organizaciones republicanas decidieron asesinar a población civil y prisioneros, con la peculiaridad de que las matanzas las organizaban por su cuenta tanto los comunistas, como los anarquistas o los socialistas, cada uno por su lado y por su propia iniciativa. Para ello orgnizaron las checas.

Una CHEKA, “Comisión Extraordinaria Panrusa para la Supresión de la Contrarrevolución y el Sabotaje”, fuera de España era un centro de información de un partido político o sindicato. Pero en la España de 1936, donde había desaparecido la soberanía del Estado y ésta había pasado a los partidos y sindicatos, y a los comités de obreros espontáneos de cada lugar, la checa fue mucho más que eso. Una checa era una vivienda particular, en donde un partido, muchas veces el comunista, o un comité obrero cualquiera, almacenaba detenidos al margen de la ley y de la justicia, los torturaban para obtener delaciones, y decidían sobre su vida o su entrega a las autoridades para sser encarcelados. Actuaban atendiendo a cualquier denuncia de cualquier vecino o vecina, y se constituían en “tribunal revolucionario” que interrogaba y juzgaba a los presos. De los interrogatorios salían más nombres y direcciones, y unas patrullas se dedicaban a buscar a los señalados.

Surgieron entre 200 y 350 checas en diversas partes del territorio español, la mayoría en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Cada una era un grupo de unos 20 matones armados, dirigidos por un autoproclamado jefe. Admitían denuncias anónimas, y a raíz de ellas investigaban a los denunciados yendo a registrar sus casas, y muchas veces los detenían. Como cada checa era soberana, cada una hizo lo que le vino en gana. Cuando registraban la casa de los detenidos, se llevaban de ella las cosas que consideraban de interés, que solía ser la comida, bebida, dinero y joyas. Era un robo a mano armada, bajo la excusa de motivos polticos. Y todos estos alimentos y dinero los almacenaban o se los repartían los de la checa. Los detenidos eran interrogados, teniéndoles por culpables desde el primer momento, y se buscaba que denunciaran a otros, lo que se lograba torturando hasta que dijeran algunos nombres. Muchos de los interrogados acababan muertos a los pocos minutos. También era posible que los integrantes de una checa, que habían averiguado que algunos denunciados estaban en la cárcel, se presentaran en la prisión y exigieran llevarse a esos sospechosos, lo que acababa en un fusilamiento de los presos en cualquier lugar cercano.

En Madrid estuvo la “Checa Oficial del Comité Provincial de Investigación Pública”, sita en Alcalá 40, la “Inspección General de Milicias” situada en Ríos Rosas 37, que era cabeza de otras muchas checas distribuidas por todo Madrid, y las checas de Fomento entre las que destacaron los “Linces de la República” (de Juan Tomás Estelrich, Marcos García y Emilio Losada, miembros del Cuerpo de Seguridad y Asalto), la “Escuadrilla del Amanecer” p “Brigada del Amanecer”, la “Espartaco”, la de Marqués de Cubas, y la “Brigada de Investigación Criminal” de Agapito García Atadell, la del Palacio del Conde de Eleta de Julio Mora. “La patrulla del amanecer”, “La brigada de Investigación criminal de Agapito García Altadell”.

Fue conocida la banda de Agapito García Atadell, por sus robos y asesinatos. Atadell era miembro de UGT y se hizo comunista en 1921, y decía ser católico. Fue nombrado Jefe de Milicias Populares de Investigación de Madrid, y se instaló en el Palacio de los condes de Rincón en la confluencia de Martínez de la Rosa con Castellana, y formó una banda de 48 miembros, entre los que destacaban Ángel Pedrero García, Luis Ortuño, Antonio Albiach Chiralt y Pedro Peñabad. Se dice que hicieron más 800 detenciones, con la peculiaridad de que además de robarles e interrogarles, pedían un rescate a sus familias. En octubre de 1936, al regularizarse el Gobierno Republicano, se cuestionó su labor gansteril, y entonces los dirigentes de la banda huyeron a Marsella, donde tomaron un barco para América llevándose maletas de dinero, pero el Gobierno Republicano les denunció ante el Gobierno de Franco, y fueron detenidos al llegar a Santa Cruz de la Palma el 24 de noviembre de 1936. Fueron juzgados y ejecutados en 1937.

En Barcelona, las checas aparecieron a mediados de 1937 a raíz de que el Comité de Milicias Antifascistas crease unas Patrullas de Control con el encargo de que descubriesen espías enemigos. Eran tanto sistemas de policía paralelos al del Gobierno, como patrullas de investigación independientes. En teoría, estaban subordinadas a la Junta de Seguridad, cuyo Secretario era el faísta Aurelio Fernández y tenía su sede en Cortes Catalanas 617. La Junta de Seguridad disponía de 12 checas en distintas zonas de la ciudad. Los servidores de esas checas eran milicianos de CNT y de FAI. Las más famosa y temida de esas checas fue la de San Elías, situada en calle San Elías, cuyo nombre oficial era Sección 12, cuyo jefe era Aurelio Fernández, jefe de Servicios era Asens, Secretario General era González Batlle, y también estaba Tomás Fábregas. La checa de San Elías tenía jurisdicción sobre toda Cataluña y era temida por su facilidad para ejecutar, para lo cual utilizaba el Cementerio de Montcada. Más mortífera que la checa de San Elías, fue la checa del edificio de Fomento del Trabajo Nacional, antigua patronal tomada pro los anarquistas para este fin: estaba dirigida por Manuel Escorza Val, un hombre tullido y encorvado, de aspecto infantil y delicado, que se dedicó a asesinar “sin hacer ruido” al servicio de la revolución. Estaba protegido por la familia Puig, y ello le dio inmenso poder. Él mismo seleccionaba jóvenes de buena presencia y bien vestidos, a los que instruía para los registros y detenciones, y les proveía de una pistola ametralladora metida en un maletín. No trabajaba por dinero, sino por conciencia de tener que “matar a los fascistas”. Una de las víctimas más sonadas fue el obispo Manuel Irurita Almandoz, el cual fue detenido por la Sección 11 de la Calle Pedro IV 166 de Barrio Nuevo, en una operación en la que se buscaban facciosos que se reunían en Montserrat. Fueron localizados en calle Call 17, y uno de ellos resulto ser el obispo citado. Fueron llevados a San Elías, el 1 de diciembre, y aparecieron asesinados en Montcada el 4 de diciembre. También fue temida “La oficina jurídica de Eduardo Barriobero”,

Pero las checas de Barcelona fueron también lugares de conspiración contra partidos políticos diferentes: La checa de Ernö Gero, alias “Pedro”, era de la NKVD rusa, y trataba de localizar y eliminar miembros de POUM, comunistas revisionistas. La checa de Puente del Ángel, dirigida por Moritz von Rank y Seppt Kapalantz, su mujer, se encargaba de asesinar a anarquistas y a trotskistas, para que triunfara el comunismo estalinista.

     La cesión de la justicia al pueblo.

El 27 de julio de 1936, Pedro Prado Mendizábal tomó una decisión vergonzante para el Gobierno de la República Española: Decidió no mantener la responsabilidad sobre la vida de los prisioneros en los barcos de la Armada Española, y permitió que la marinería actuase a su criterio. El resultado fue que, cada vez que caía una bomba y mataba a alguien, los milicianos bajaban a los sollados de los buques prisión, y se complacían asesinando presos. Y las sacas en las cárceles normales, muchas veces respondieron a este mismo motivo. El término “saca” se refiere al verbo sacar, pues los presos eran sacados para ser “trasladados”, pero muchas veces el traslado no llegaba a destino, sino que los camiones eran desviados a algún lugar retirado, donde los presos eran bajados y acribillados a balazos.

El hecho de que el poder estuviera en manos de sindicatos y partidos, hace muy difícil la investigación sobre los muertos por represalias en zona gubernamental, porque no se levantaban actas, no se identificaba a los cadáveres, y cada patrulla actuaba por libre. Cada Ayuntamiento, cada Comité Popular, y cada organismo sindical o político, condenaban a muerte y ejecutaban por su cuenta. Dieron en denominar “fascistas” a todos los rebeldes, sin distinguir entre republicanos liberales, socialdemócratas, monárquicos tradicionalistas, monárquicos alfonsinos, requetés, falangistas, y otros grupos rebeldes. Incluso los pesoìstas moderados fueron calificados a veces de fascistas. El PSOE de fin de siglo XX, se convirtió en una marca que sirve para obtener puestos de trabajo en la Administración, en el partido y en el sindicato, y en él hay gente de derechas, de centro, de izquierdas, e incluso fascistas… aunque todos presuman de “socialistas”. La posesión de un carnet sirvió para que todos fueran considerafdos socialistas.

En Barcelona se apilaron cadáveres en La Rabassada y en el cementerio de Moncada. En Madrid, aparecían por las mañanas cadáveres en la Casa de Campo, en la Pradera de San Isidro, o en El Pardo, sin que nadie los identificase. Y así sucedía también en las ciudades y pueblos más pequeños.

Se fusilaba a los terratenientes y sus familiares, por el hecho de ser terratenientes, a los que habían detentado cargos municipales en el periodo 1933-1936, a los jueces que habían juzgado a algún obrero, que eran todos los jueces, a los guardias civiles que habían detenido a algún obrero, a los colaboradores con la Guardia Civil…

La acusación general era de “fascismo”, pero era una falsedad evidente: en mayo de 1937, cuando el Partido Obrero Unificado Marxista POUM, fue vencido en Barcelona, sus miembros fueron acusados de fascismo. Y cuando una parte del PSOE no estaba de acuerdo con la violencia comunista, les acusaron de socialfascistas.

El procedimiento de exterminio era que una cuadrilla de un pueblo se subía a un camión y visitaba algún pueblo vecino llevando una lista de personas a eliminar y sus direcciones, y muchas veces un vecino que les guiara certeramente sin que se le viera. Cargaban a los que encontraban, durante la noche, los llevaban a algún paraje cercano como las tapias del cementerio, o cualquier edificación un poco retirada, o simplemnte un terraplén al lado de la carretera, y los fusilaban. Luego volvían a su pueblo y dejaban en el anterior una lista de los vecinos que una patrulla debía eliminar otro día cuando les devolvieran la visita.

Las listas de condenados eran elaboradas por el comité de vigilancia de cada pueblo, el cual juzgaba la desafección a la causa obrera, y era motivo para ser desafecto cualquier cosa, como no haber dado trabajo, ir mucho a misa, haber pertenecido a CEDA, Falange, u otro partido de derechas, o no haberse prestado a la colaboración con los obreros. Los fusilados eran curas, patronos, jueces, policías, guardias civiles, soplones, o matones al servicio de los grandes propietarios, propietarios. Cualquier denuncia de cualquier obrero, bastaba para ser incluido en la lista.

         Las patrullas de control.

En territorio republicano, las patrullas de control ejercían como policías y tenían atribuciones ilimitadas, lo cual es un absurdo jurídico de resultados lamentables. Muchos individuos no se limitaban a detener gente, sino que la ejecutaban sobre la marcha en nombre de la República, el socialismo o cualquier otra patraña. Bastaba con que un vecino o viandante acusara a otro, para que el acusado fuera fusilado inmediatamente. Se les acusaba de desafectos sin comprobar tan siquiera su identidad. Ello hace que hubiera muchos desaparecidos casi imposibles de encontrar después. Los sacerdotes, religiosos y frecuentadores de iglesias eran fusilados sistemáticamente cuando caían en manos de algunos fanáticos, igual que los fanáticos católicos eliminaban comunistas y anarquistas. Era una actitud ajurídica, y el Gobierno hizo los Decretos de 23 y 24 de agosto de 1936, para que cada Provincia crease un Tribunal de Rebelión y Sedición y Ataques a la Seguridad del Estado. Cada uno de estos Tribunales contaba con Tres Magistrados y un Jurado de 14 personas nombradas: 2 del PSOE, 2 de UGT, 2 del PCE, 2 de Izquierda Republicana, 2 de Unión Republicana, 2 de CNT y 2 de FAI. Ninguno era juez ni sabía de derecho, y significaban la imposición de la política sobre la justicia. Eran asesinatos con aspecto legal. El 4 de noviembre, los jurados se redujeron a 8 personas.

Estos tribunales populares tan atípicos, incrementaron su jurisdicción a delitos militares con Ruiz Funes como Ministro de Justicia. Y en octubre, volvieron a incrementar jurisdicción a delitos de traición y espionaje.

El sistema era completamente inmoral, y no había instrucción de la causa, ni aportaciones de pruebas. Simplemente había una acusación y una sentencia. La sentencia no se ajustaba casi nunca a derecho, y resultaron arbitrarias, cuando no corruptas, pues por ejemplo, se eliminaba a un hermano o cuñado para quedarse con la finca familiar, o al titular de una finca para quedarse el arrendatario con ella en propiedad.

Otro tema de terror era el de los desafectos. El 21 de agosto se autorizó al Gobierno a expulsar de sus puestos a los funcionarios que no se manifestaran fehacientemente favorables a la República.

Terror Gubernamental. Los Tribunales Populares.

Las organizaciones de represión gubernamentales tuvieron una apariencia de legalidad: El Gobierno creó el Departamento Especial de Información del Estado.

 En agosto de 1936, se creó en Madrid el Comité Provincial Investigación Pública, integrado por delegados de los distintos partidos gubernamentales, los cuales se dedicaron a arrestar “quintacolumnistas”. Sus desmanes fueron tan ecvidentes y vergonzosos, que tuvo que ser disuelto en noviembre de 1936.

El ejército republicano creó para el mismo fin su propio servicio de contraespionaje, que se llamó Inspección General de Milicias, y que también fue disuelto en noviembre de 1936.

El Ministerio del Interior creó, en septiembre de 1936, las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, un híbrido de militares y milicianos. Se disolvió en diciembre de 1936.

En diciembre de 1936, el Gobierno decidió controlar el orden público en su zona y fusionó los institutos policiales en un solo Cuerpo de Seguridad, en el que quedaban subsumidos la Guardia Nacional Republicana (antigua Guardia Civil), la Guardia de Asalto, el Comité de Investigación y Vigilancia, las Milicias de Vigilancia Republicana y la Inspección General de Milicias. El Cuerpo de Seguridad tenía una policía uniformada, y otro grupo no uniformado.

Pero pronto se rompió la unidad de estas fuerzas de orden y en junio de 1937 se creó el Departamento Especial de Información del Estado, DEDIDE, y en agosto de 1937 la Sección Dos de Estado Mayor, que posteriormente se redenominó como Servicio de Investigación de Estado Mayor, SIEM.

El Estado gubernamental republicano tuvo muy poco cuidado en la preservación de los derechos de los ciudadanos, y admitió denuncias de cualquiera, lo cual puede ser normal si luego se comprueban y no se dan por ciertas por el mismo hecho de haber sido denuinciadas. Los milicianos denunciaban y actuaban sin esperar permisos judiciales ni policiales. Sebastián Pozas Perea, encargado del Orden Público, fue muy permisivo frente a los milicianos asesinos. José Antonio Mallol, Jefe de la Dirección General de Seguridad intentó mantener las instituciones estatales frente a los desmanes sindicales y partidistas, pero tuvo que dimitir en 31 de julio de 1936, porque el poder real estaba en manos de los partidos y sindicatos que tenían las armas y los milicianos. Manuel Muñoz Martínez tampoco consiguió nada mejor. Ángel Galarza Gago también fracasó en el intento. Santiago Carrillo Solares y José Cazorla Mauré se hicieron cargo a principios de noviembre de 1936, de la Junta de Defensa de Madrid, pero Carrillo abandonó Madrid en diciembre de 1936. Nadie de entre los encargados de la seguridad del Estado, duraba mucho en el cargo. Fueron docenas de hombres los que fracasaron en el intento de imponer los criterios de la ley y el orden frente al populismo miliciano.

En septiembre de 1936, se creó el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles; en octubre se crearon Jurados de Urgencia y Jurados de Guardia, que se abolieron en 1938; y en junio de 1937 se creó el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición. Estos tribunalesdictaron expropiaciones, multas, condenas a trabajos forzosos, pero también utilizaron la violencia en forma de violaciones, mutilaciones,  torturas varias, humillaciones, y sobre todo, despojo de objetos de valro que los apresados llevaban encima, con lo cual sus actuaciones son muy discutibles.

Los ejecutados son todavía una cifra desconocida. The Guardian dijo en 1937, que habían sido ejecutadas 40.000 personas, y Franco se apresuró a decir que el Gobierno Republicano había ejecutado a 60.000 ciudadanos. Pero los historiadores posteriores rebajaron la cifra a un máximo de 18.000 ejecutados, y un mínimo de 9.000, y la horquilla queda abierta. El tema es complicado porque aparecen nombres de ejecutados en dos lugares diferentes, porque hay desaparecidos a los que interesó figurar como ejecutados para pasar desapercibidos y tomar luego una identidad falsa.

La mayor violencia se produjo en 1936, y el máximo, en el verano de 1936.

La Cárcel Modelo de Barcelona no sufrió ninguna “saca de presos”, lo cual significó que los rebeldes que estaban en ella no fueron asesinados como en el caso de Madrid. Pero los barcos prisión como “Río Segre” en Tarragona, y “Uruguay” en Barcelona, si sufrieron muchas sacas de militares rebeldes para ser asesinados sobre la marcha.

En los tribunales populares, cualquiera podía denunciar a sus antiguos patronos, a los curas, a los guardias civiles, a los terratenientes, a los notarios, a los farmacéuticos y médicos a los que se tenía odio. La simple acusación por rebeldes y fascistas, les llevaba a la muerte. En Andalucía y Murcia murieron así 30 ó 40 personas en cada pueblo. En Castilla, muchos menos. En el País Vasco y Cataluña, sólo unos 4 ó 5 por pueblo. O sea que este tipo de asesinatos fue proporcional a la incultura social existente.

El 10 de agosto, Prieto habló por radio para condenar los paseos. Los agustinos de Madrid se salvaron por la llegada de unos guardias de asalto que hicieron retirarse a una patrulla anarquista. Los salesianos de Ronda de Atocha se salvaron porque tuvieron una guarnición militar permanente.

El Gobierno republicano nombró cuando pudo a jueces íntegros, con personalidad, que retrasaban los juicios hasta tener pruebas concluyentes y llegó a darse el caso de personas que preferían las cárceles, protegidas por los jueces, a sus propias casas amenazadas por los piquetes de paseos. Las primeras semanas del conflicto fueron por eso las más duras en terror, y luego se controló más esa violencia.

CMT y UGT sabían que se estaba asesinando y llegaron a la situación de amenazar de muerte a los informadores falsos, pues muchos empleados acusaban a sus patronos y muchos sinvergüenzas acusaban a los curas de fascismo.

El terror continuó hasta el 4 de septiembre en la zona republicana, momento en que Largo Caballero exigió el control de todos los actos de guerra, lo cual significaba que, a partir de esa fecha los asesinatos serían reprimidos, aunque no significó que desaparecieran.

    Represión oficial gubernamental.

En 1936, se crearon en el bando republicano tribunales con jurisdicción especial contra los desafectos. Y desafecto era todo aquel que no manifestaba entusiasmo por los comités obreros y sus acciones. Hubo tribunales populares que juzgaban delitos comunes sin tener ni idea de jurisprudencia. También juzgaron delitos militares, como esconderse para no ir a la guerra, o como la deserción tras haber sido llamado a filas. Luego se juzgaron los delitos de opinión, por decir cosas contra cualquier organización republicana. Y luego se pasó a tribunales populares de responsabilidades civiles para sospechosos de actuar contra la república. La sospecha ya era un delito. Y se crearon tribunales populares de guerra, para delitos militares, o delitos cometidos por militares, y un Tribunal Especial para delitos de espionaje, alta traición o derrotismo.

Estos tribunales podían ordenar todo tipo de condenas. En delitos leves, se condenaba a trabajos forzados, para lo cual hubo que abrir campos de trabajo. La legitimidad se basaba en que el pueblo era soberano.

Y Largo Caballero declaró cesantes a todos los funcionarios de todas las categorías. Los funcionarios debían sobrepasar una depuración popular, tras la cual podían recuperar sus puestos de trabajo, o podían perderlos, lo que no era tan malo como ser condenados a trabajos forzados, o a penas mayores incluida la de muerte. Quedaban exentos de este cese y depuración los militares, los cuales estaban sometidos a la autoridad del Gabinete de Información y Control. En este caso se dependía de quiénes eran los miembros de este gabinete, si militares profesionales ordinarios, o militares comunistas.

Al mismo tiempo, se decretó una amnistía para delitos de todo tipo cometidos antes de 15 de julio de 1936, y todos los datos sobre ello fueron destruidos. No quedaron antecedentes en los registros.

El anarquista Juan García Oliver dictó las competencias de estos tribunales populares. Ello es un tremendo baldón en el recuerdo de este hombre. Pero también se le recuerda por grandes aciertos como declarar a la mujer como sujeto pleno de derechos y por aceptar el matrimonio no católico. La polémica quedó abierta.

     Las muertes del terror gubernamental.

En Madrid, a partir del 19 de julio de 1936 tuvo lugar la primera oleada del terror republicano, y se fusiló a muchas personas en la Casa de Campo de Madrid, todos los días al amanecer.

El día 20 tuvieron lugar los fusilamientos del Cuartel de la Montaña.

El terror era similar en Andalucía y Galicia, donde los rebeldes fusilaban republicanos a mansalva.

En el Penal de la Mola, Mahón, fueron fusiladas unas cien personas en la madrugada del 3 de agosto unas 100 personas.

La segunda oleada de terror tuvo lugar a partir de 5 de agosto de 1936, sobre todo a partir del 15 de agosto, con rebrotes a fines de septiembre y también el terrible noviembre de 1936.

El 5 de agosto se fusiló a la oficialidad del “Libertad”. Se fusiló a cientos de prisioneros. El crucero “Libertad” se llamaba “Príncipe Alfonso” hasta tiempos de la República, y “Libertad” en 1931, pasando a ser denominado “Galicia” cuando cayó en manos franquistas.

Se ametralló a los presos en La Mola (Menorca).

Las excusas para los fusilamientos eran que los presos se amotinaban y no se podía entretener fuerzas en la represión de estos motines.

El día 13 de agosto fueron fusilados los presos del “España nº3” y del “Sil”, en Cartagena. Eran 81 hombres del Cuerpo General de la Armada.

El 13 de agosto fueron fusilados unos 104 sacerdotes y religiosos en varias localidades de España, pero coincidiendo en el mismo día.

El 22 de agosto tuvo lugar el asalto a la Cárcel Modelo de Madrid y a la Prisión de Toledo, donde murió Luis Moscardó. Fueron famosos los fusilamientos de la Cárcel Modelo de Madrid del 23 de agosto en los que murieron, entre otros, 14 personas muy importantes como Melquiades Álvarez (diputado por Oviedo, Fernando Primo de Rivera (hermano de José Antonio), Julio Ruiz de Alda (uno de los fundadores de Falange), Rico Avello (ex-ministro de Gobernación en 1933 cuando los republicanos perdieron las elecciones), general Villegas (jefe de policía de Madrid), Santiago Martín Báguenas (líder de los nacionales en Madrid, ex jefe de policía de Madrid) y el barón Berchgrave (encargado de negocios de Bélgica en Madrid y representante de la casa Mercedes, muerto porque los falangistas habían asesinado a Juana Rico en un Mercedes).

También fueron famosas las represalias de Málaga en donde se fusilaban prisioneros cada vez que se enteraban de bombardeos. Unos 50 prisioneros fueron fusilados el 23 de agosto.

En San Sebastián, cuando bombardearon la ciudad el “España” y el “Almirante Cervera”, murieron 4 personas y fueron fusiladas en represalia 8.

En Bilbao hubo bombardeos aéreos del 23 de septiembre al 2 de octubre, y los bilbaínos fusilaron en represalia a un centenar de prisioneros. El 31 de agosto de 1936, los milicianos gubernamentales atacaron esa noche al barco prisión “Cabo Quilates” y fusilaron a muchos de los prisioneros sublevados que allí se guardaban. Entre ellos estaba Gregorio Balparda de las Herrerías, alcalde de Bilbao.

En Málaga, a partir de 19 de agosto, se llevaron a cabo juicios a bordo del planero “Tofiño”, en los que resultaron condenados a muerte 36 jefes y oficiales por el delito de rebelión. Los juicios terminaron el 20 de septiembre.

También se fusilaba después de cada bombardeo “fascista”, y la costumbre fue ir a las cárceles y llevarse montones de presos en camiones para ser fusilados en represalia por los muertos en el bombardeo del día anterior. Se denominaron “sacas”. En Málaga fueron fusilados 130 personas en 30 de septiembre de 1936. En Santander fueron fusiladas 290 personas el 27 de diciembre de 1936. En Jaén fueron fusiladas 260 personas el 1 de abril de 1937. Y así en decenas de ocasiones.

Incluso sin motivo ninguno se hicieron “sacas” de presos de las cárceles, con el simple motivo de celebrar algo, y lo que empezaba con una cena, terminaba con el fusilamiento de unas decenas de presos. En Madrid, entre el 6 y el 8 de noviembre de 1936, fueron “sacados” de la Modelo, la Porlier, San Antón y Ventas tal vez hasta 2.750 presos. La señal para los presos era la orden de un traslado injustificado, o una puesta en libertad. En realidad, eran cargados en camiones, y fusilados en cualquier paraje que les parecía adecuado a los asesinos. En Madrid fueron utilizados parajes en Paracuellos del Jarama y en Torrejón de Ardoz. Los vecinos del pueblo eran obligados a abrir una zanja, llegaban los camiones durante la noche, eran fusilados al pie de la zanja, y los vecinos echaban los cadáveres a la zanja y los tapaban con tierra. Nadie se podía oponer, pues al que protestaba se le ponía en la fila de los que iban a ser fusilados.

El 11 de agosto de 1936, Claridad, el periódico largocaballerista, y Mundo Obrero, el periódico comunista, censuraron la orden de Giral de 20 de julio que les prohibía hacer registros y tomar represalias contra los burgueses y rebeldes. Entonces, Giral reaccionó, haciendo responsables a los porteros urbanos de que nadie entrase en los domicilios particulares en horas nocturnas. Desde el punto de vista legal esa medida era una solemne tontería. De hecho, aparecían cadáveres todos los días y nunca nadie investigó quiénes eran los asesinos, aunque todos lo sabían.

A partir de 23 de agosto de 1936, se intentó controlar estos asesinatos sistemáticos, y el Gobierno ordenó crear “tribunales populares” que juzgaran a los detenidos. Estos tribunales debían ser presididos por un magistrado, aunque los jurados fueran miembros del pueblo. Y las sentencias debían ser publicadas en la prensa. Juzgaron mucho y muy rápido, sin garantías para los acusados, y sin que hubiera luego testimonios que comprometieran a los jurados y jueces. Queda el testimonio de los familiares de los asesinados, pero estos hubieron de callar durante los siguientes 40 años de dictadura de Franco.

     Represión de clérigos.

Uno de los blancos de las iras de esta multitud republicana fue la Iglesia, y se quemaron muchas iglesias y se asesinó a algunos curas, frailes y monjas. Sólo del 18 de julio al 3 de agosto de 1936, fueron asesinados unos 1.000 religiosos católicos, y otra cantidad similar de sindicalistas y políticos republicanos del bando contrario.

En cuanto a las víctimas del clero católico, proporcionalmente no fueron menos ni más que en otros sectores de la población de derechas. Se dice que entre julio de 1936 y mayo de 1937, fueron fusilados 13 obispos, unos 4.132 ó 4.184 curas y seminaristas, 2.365 frailes y 283 monjas, la mayoría de ellos en Cataluña. El total de sacerdotes y clérigos muertos fueron 6.832.

Estas víctimas fueron convertidas en “mártires“ y en razón para tomarse una revancha, en lo cual estuvieron unidos los franquistas y el clero católico durante un tiempo.

En el País Vasco, que era zona gubernamental republicana, no se mató apenas a sacerdotes, porque gran parte de los clérigos eran nacionalistas, y el PNV les protegió, como le interesaba. Su problema vino cuando Franco tomó el País Vasco en 1937, y 16 curas ultranacionalistas fueron fusilados por los rebeldes. La jerarquía católica, integrista y franquista, no protestó por ese fusilamiento, porque los muertos eran enemigos de la causa franquista, excepto el obispo de Vitoria, el cual fue expulsado de España. El Vaticano también protestó, pero los obispos españoles tuvieron buen cuidado de que esta protesta nunca fuese publicada en España.

Otros 39 clérigos fueron asesinados en “sacas” hechas en los barcos prisión y en cárceles, porque habían apoyado al Gobierno legítimo en 1936, y tampoco nadie se quejó de ello. En cambio, los obispos publicaron a lo largo de los 40 años de franquismo, todo tipo de protestas contra los asesinatos de curas  en 1936, porque ello era propaganda política a favor de Franco, su protector, el que les daba de comer.

     El escape de la muerte.

Muchas personas de derechas pidieron asilo en las embajadas y el Gobierno facilitó esta maniobra permitiendo que las embajadas alquilaran los edificios contiguos a ellas y extendiendo la extraterritorialidad a estos edificios.

Las personas que se sabían perseguidas, buscaban dormir cada noche en un sitio diferente, pero ello comprometía a sus colaboradores, y muchas acabaron pidiendo refugio en las embajadas. La idea era huir de España de alguna manera, y las más comunes eran embarcar en puertos del Mediterráneo con destino a África o a Francia, o llegarse a Barcelona y contactar con los pasadores de montaña que les llevaban hasta Francia andando. La frontera de Portugal no era válida porque eran devueltos a España. La frontera de Gibraltar actuó como vía de escape una vez más en la historia de España.

     El terror a fines de 1936.

Cuando los rebeldes se presentaron frente a Madrid a fines de 1936, el “entusiasmo” del “No Pasarán” se convirtió en una consigna obligada, que todos debían repetir para no ser acusados de falta de entusiasmo, de desafección, pero muy pocos creían ya en los dirigentes comunistas, socialistas y anarquistas.

El 18 de diciembre de 1936 se creó el Consejo Superior de Seguridad Interior, y pocos días más tarde el Cuerpo de Seguridad, cuyo trabajo era desenmascarar a “la quinta columna”, los franquistas que no se estaban dando a conocer y se mantenían en zona republicana, y sobre todo en Madrid.

Largo Caballero cambió el Régimen de Administración Local. Los Ayuntamientos fueron sustituidos por Consejos Locales. Y las Diputaciones, por Consejos Provinciales. Los nuevos Consejos eran frentepopulistas, muy politizados a favor de socialistas y comunistas, y poco representativos del pueblo.   También creó Largo Caballero un Consejo Interprovincial de Aragón, un Consejo de Asturias y León, y un Consejo de Santander, Palencia y Burgos.

Para rematar el Estado revolucionario, Largo Caballero decidió suspender indefinidamente el derecho a reclamar contra las resoluciones de la Administración anteriores a 17 de febrero de 1936, incluidos los recursos de casación. Con ello, quedaba legalizada toda la obra de la República.

Se suprimieron las Academias de Arte, y las culturales, y apareció un Consejo Nacional de Cultura, cuyo Director fue Ramón Menéndez Pidal. Se nombró Director del Museo del Prado a Pablo Picasso, lo cual no tenía sentido alguno, pues Picasso era un millonario inmoral, aunque se hubiera declarado simpatizante de los comunistas por entonces. Afortunadamente, Picasso no llegó a tomar posesión de su nuevo cargo.

Los ejecutados por el bando del Gobierno de la República fueron muchísimos, pero su cifra es desconocida un siglo después. Gabriel Jacson hablaba de 17.000 muertos, una cifra que parece ridícula tras los conocimietos de época posterior a Franco, Jesús Salas hablaba de 65.000 o mas, la Causa General dijo 85.490, y Ramón Salas dijo 72.344. Posiblemente estas cifras no alcancen ni a la mitad de los fusilados, y la investigación completa de los hechos está por hacer.

    La investigación de la violencia.

Muy pocos se atrevieron a denunciar como asesinatos las matanzas que se estaban produciendo en el bando gubernamental. Uno de estos denunciantes fue el anarquista Joan Peiró, y lo hizo en un periódico de Mataró. Este hombre fue detenido por los nazis en 1942, y fusilado en Valencia en julio de 1942. El Director General de Prisiones, Melchor Rodríguez, se atrevió a denunciar algunos hechos, y acabó en prisión al finalizar la guerra. El Presidente de la Generalitat, Companys, amenazó con dimitir si seguían los asesinatos, pero los asesinatos continuaron y Companys no dimitió.

En mayo de 1937, la Generalitat ordenó investigar los delitos de sangre habidos en 1936, nombró jueces especiales y ordenó exhumar cuerpos, e incluso detuvo a varios integrantes de comités obreros que se habían dedicado a robar y matar.

El horror era muy evidente, y las embajadas extranjeras acogieron a muchos refugiados, principalmente las de Chile, Argentina, México y Noruega, que acogieron a cientos, y otras que acogieron a cantidades más pequeñas. Estados Unidos no admitió refugiados en su embajada. Se calcula que, a principios de 1937, los refugiados en embajadas eran 8.444 personas. Las embajadas procuraban hacerles salir de España, llevándoles en sus coches diplomáticos hasta puntos de escape, como Valencia, donde embarcaban para Argel o Marsella; Barcelona, donde se les facilitaba el paso de la frontera a través de los montes Pirineos; Gibraltar, donde podían embarcar para otros países…

          Los refugiados.

Un problema inesperado para los republicanos fueron los refugiados. A medida que Franco avanzaba las gentes de los territorios ocupados por los rebeldes acudían en masa a Madrid, Valencia o Barcelona. No se habían previsto las derrotas, y aquello era una sorpresa. Se organizó un Comité Nacional de Refugiados, lo que se hace siempre que no se sabe qué hacer. En los gobiernos no revolucionarios se llaman “comisiones” en vez de “comités”, y son lo mismo. El comité no servía para nada y fue disuelto en febrero de 1937, creándose en su lugar la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la cual se puso bajo la autoridad de la anarquista Federica Montseny.

         La pérdida del patrimonio.

Otro problema del Estado fue la falta de dinero. La primera reacción fue “aceptar donaciones de oro y plata” de los particulares, que no tuvieron nada de voluntarias. Pero esto duró muy poco tiempo. Luego se recurrió al tesoro artístico, mobiliario e inmobiliario, que fue vendido si había comprador, o en caso de ser objetos difíciles de vender, fundidos para venderlos como metal.

     Las cifras de muertos represaliados.

Los muertos en la zona gubernamental por represión, fueron bastantes menos de la mitad de los habidos en zona rebelde: 8.367 en Andalucía; 3.901 en Aragón; 2.000 en Asturias; 323 en Baleares; ninguno en Canarias; 1.283 en Canatabria; 7.524 en Castilla La Mancha; 575 en Castilla y León; 8.352 en Cataluña; 1.567 en Extremadura; ninguno en Galicia; 8.815 en Madrid; 740 en Murcia; ninguno en Navarra; 945 en el País Vasco; ninguno en La Rioja; 4.880 en el País Valenciano.

La represión gubernamental, muy dura en el verano de 1936, casi desapareció en la segunda mitad de 1937 en lo que respecta a población civil, aunque siguió habiendo purgas de disidentes políticos y de milicianos delincuentes. Incluso el Gobierno empezó a ejecutar a los que imponían el terror en su propio beneficio.

Se fusiló en el bando gubernamental a los que eran propietarios y no habían dado los jornales que los sindicatos les exigían, a los conocidos como miembros de partidos de derechas, y en alguna ocasión, a los que iban demasiado a misa al parecer de los milicianos.