Gobierno Azaña de febrero de 1936.
ideas clave: Gobierno Azaña de febrero de 1936, traslados de militares en 1936, resultados electorales de febrero de 1936, restablecimiento de las leyes 1931-1933, ataques de la izquierda al Gobierno en febrero de 1936, primeras decisiones de Azaña, la segunda vuelta electoral de 1 de marzo de 1936, las Cortes de 15 de marzo de 1936, los desórdenes de marzo de 1936, los resultados electorales en marzo de 1936, la destitución de Alcalá-Zamora,
El acuerdo del Frente Popular de antes de las elecciones de febrero, era que sería presidente Azaña, de Izquierda Republicana, y colaboraría con él Martínez Barrio, de Unión Republicana, ambos moderados y de prestigio en círculos políticos. Apoyarían al Gobierno los socialistas y comunistas, ambos revolucionarios violentos. Y que Azaña formaría Gobierno con republicanos de izquierda, exclusivamente.
La llegada del Gobierno Azaña no fue considerada democrática por la derecha: el anterior Presidente del Gobierno, Portela Valladares se había comprometido a hacer unas elecciones, y las convocó para 16 de febrero en primera vuelta, y 1 de marzo en segunda vuelta. Pero ante las presiones de la derecha para que declarara estado de guerra, y las dudas de Alcalá-Zamora, el 18 de febrero Portela Valladares había dimitido a mitad de un proceso electoral, cuando no se habían hecho las impugnaciones, alegaciones y anulaciones de la primera vuelta, ni las elecciones en segunda vuelta. Posteriormente, nombrar para resolver todo ello a la parte más interesada, Azaña, e incluso que Azaña lo admitiese, no tenía aspecto democrático. Formalmente, todo era legal, pero no parecía presentable. Alcalá-Zamora no estuvo democráticamente muy fino al nombrar Presidente a Azaña antes de tiempo, pues los conservadores pensaron que quizás la derecha hubiera mejorado posiciones en la segunda vuelta sin un Gobierno del Frente Popular, y que la designación de Azaña era antidemocrática.
Además, el 19 de febrero de 1936, todavía no se conocían los resultados de la primera vuelta en Alicante, Cáceres, León y La Coruña, y faltaba toda la segunda vuelta, en la que se podían perder escaños que parecían conseguidos en la primera, por lo que, cuando menos, la designación del líder del Frente Popular, para Presidente del Gobierno, era precipitada.
La segunda vuelta, dirigida por Azaña, fue manipulada por el Gobierno, aunque no de forma significativa a juicio de la mayoría de los historiadores, y el Frente Popular ganó entre 29 y 33 escaños más.
Los historiadores opinan que no hubo ilegalidades graves cometidas por Azaña respecto a las elecciones de 1 de marzo, pero el simple hecho de que las presidiera el más interesado en ganarlas, no daba buena imagen democrática.
Y cuando se anularon las elecciones de Cuenca y Granada, y luego resultó que en la repetición, ganaba el Frente Popular en ambas, la derecha no se creyó que todo hubiera sido tan limpio como las comunicaciones oficiales decían. La anulación de resultados en Cuenca y Granada fue muy polémica, porque el Gobierno sentenció que había habido pucherazo de la derecha, y las anuló. En Granada se retiró la derecha de la segunda vuelta, y el Frente Popular se adjudicó todos los escaños, mientras que en Cuenca ganó el Frente Popular en unas elecciones formalmente limpias.
De hecho, muchos militares y algunas organizaciones de derechas empezaron a pensar en la necesidad de un golpe de Estado. No se pensaba en un golpe fascista, o en una dictadura militar, como luego resultó de hecho. No debemos adelantar los acontecimientos de la historia. Se trataba de exigir una rectificación de leyes y procedimientos republicanos que no parecían moralmente aceptables. En ello estaban de acuerdo muchos republicanos, sobre todo los conservadores, todos los monárquicos, tanto tradicionalistas como alfonsinos, y por supuesto, la idea era apoyada por las minorías fascistas, y los militares partidarios de la dictadura militar, que principalmente tenían seguidores entre los africanistas. Pero muchos africanistas, como Mola, eran republicanos demócratas, y no partidarios de una dictadura militar. La proyectada sublevación del ejército era por la moralización de la política, y en contra de las posibles revoluciones marxistas, anarquista, e independentistas, que podrían desmembrar España e introducirla en problemas nuevos de muy difícil solución por vía democrática. Entre los sublevados militares, había republicanos demócratas, había monárquicos, y también antirrepublicanos partidarios de una dictadura militar por tiempo indefinido.
Tras un sondeo, los militares concluyeron que un golpe de Estado no estaba maduro, y lo dejaron para más adelante. El resto del año 1936, se vivirá bajo la sombra de la amenaza de golpe de Estado, que los socialistas y comunistas decían que era de la derecha.
Pero el ejército era un ente podrido, con muy poca capacidad para regenerar un país, y profesionalmente, era tan poco eficaz, que al poco de empezar la guerra en junio de 1936, enseguida se demostró que las únicas unidades capaces de afrontar una guerra, eran los 30.000 soldados del Protectorado Marroquí, fuerzas mandadas por los autoritarios de extrema derecha, partidarias de la dictadura militar. Tras unos meses de dudas, en abril de 1937, estos militares antidemócratas se hicieron con el mando de la sublevación, y se organizaron no sólo para ganar la guerra, sino para exterminar al enemigo. Eso fue nueve meses después del golpe de julio de 1936.
La mayoría de los militares de muy alta graduación estaban con el golpe, aunque eran de diferentes opiniones políticas. Eso debería haber hecho que el Gobierno se preocupara mucho más de lo que lo hizo. Los Gobiernos de primera mitad de 1936, no actuaron con la rotundidad necesaria para el problema que se planteaba. Quizás no se lo creyeron del todo.
Gobierno de Azaña, de 19 de febrero a 10 de mayo de 1936.
Presidente del Gobierno, Manuel Azaña Díaz, 1880-1940, Izquierda Republicana, IR.
Gobernación, Amós Salvador Carreras[1] 1879-1963, IR / 17 abril 1936: Santiago Casares Quiroga, IR.
Obras Públicas, Santiago Casares Quiroga 1884-1939, IR.
Instrucción Pública y Bellas Artes (educación), Marcelino Domingo Sanjuán, 1884-1939, IR.
Agricultura, Mariano Ruiz de Funes García, 1889-1953, IR.
Industria y Comercio, Plácido Álvarez-Buylla y Lozana, 1887-1939, independiente.
Hacienda, Gabriel Franco López, 1899-1972, IR.
Trabajo, Sanidad y Previsión Social, Enrique Ramos Ramos, 1873-1969, IR.
Justicia, Antonio de Lara Zárate, 1876-1939, Unión Republicana UR.
Guerra, interinamente José Miaja Menant, hasta la incorporación del general Carlos Masquelet Lacaci 1871-1947, hombre de confianza de Azaña.
Estado, Augusto Barcia Trelles 1881-1961, IR.
Marina, José Giral Pereira 1879-1962 IR.
Comunicaciones y Marina Mercante, Manuel Blasco Garzón 1887-1954, Unión Republicana.
El Gobierno Azaña era exclusivamente republicano, tal y como se había pactado en el Frente Popular. El PSOE quedaba fuera. 9 Ministros eran de Izquierda Republicana, 3 de Unión Republicana, 1 independiente, y otro era el general Carlos Masquelet que hacía de Ministro de Guerra, un militar de confianza de Azaña.
Publicación de resultados de primera vuelta.
El 20 de febrero de 1936, jueves, se dieron los resultados oficiales de las elecciones de la primera vuelta, celebrada el 18 de febrero. La Historia General da estos: la izquierda obtenía 4.654.116 votos y 265 diputados; el centro obtenía 490.901 votos y 59 diputados; la derecha obtenía 3.990.524 votos y 142 diputados; los vasquistas obtenían 125.614 votos y 8 diputados.
Gabriel Jackson da 257 escaños al Frente Popular (54,33%), 57 al centro, 139 a la derecha (29,38%) y 20 indecisos que requerían segunda vuelta. Como eran 473 escaños en total, y 237 eran mayoría, estaba clara la victoria del Frente Popular.
La enorme diferencia de escaños respecto a la poca de votos, se debía a la ley electoral de Maura en 1907, es decir, elaborada por la derecha, que en cada distrito otorgaba el 80% de los escaños al ganador, y el 20% al segundo. Un solo voto podía significar un Diputado, o hasta cuatro Diputados en las ciudades grandes. Ahora se beneficiaba la izquierda de una Ley hecha para mantener a la derecha en el Gobierno en 1907. La explicación era que la izquierda se presentaba unida como Frente Popular.
El llamado centro, era en realidad un conjunto de partidos de derecha que no aceptaban la corrupción habitual de la derecha española, y exigían la renovación de los principios morales de la derecha.
La derecha real, sumando centro, vascos y derecha propiamente dicha, obtenía más de 4,5 millones de votos, pero iba a perder las elecciones por muchos diputados, por el mismo motivo que las ganó en 1933, por dispersión del voto de derechas, frente a la concentración de votos de izquierdas. La izquierda, con 4.600.000 votos, sacó 265 escaños frente a los 201 de las derechas, porque estaba unida en torno a candidatos únicos.
La derecha ganaba en Navarra, Zaragoza, Teruel, La Rioja, Cantabria, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Granada y Castilla la Vieja. La CEDA obtenía 88 diputados. CEDA tenía mayoría de votos en Salamanca, Granada, León, Zaragoza y Ciudad Real. CEDA, con 87 escaños, había perdido 28 respecto a 1933, y los monárquicos, tradicionalistas y agrarios habían bajado a la mitad. Los republicanos apenas habían recuperado 9 escaños.
El gran cambio en las elecciones de 18 de febrero de 1936, se producía en el incremento pesoísta que ganaba 30 escaños, y en los comunistas que sacaban 26 escaños viniendo de la nada (1 escaño en 1933). El electorado se había inclinado hacia la extrema izquierda, mucho más de lo acostumbrado.
Resultaban tres grandes bloques: Los 116 escaños pesoístas-comunistas, tenían que competir con los 87 de CEDA, y con los 151 republicanos. En un cuarto bloque, los regionalistas contaban en casi todas las elecciones de la República con un centenar de escaños disponibles para quien les ofreciera estatuto de autonomía u otras ventajas alternativas.
La táctica de los marxistas fue asociarse a los republicanos, aún cediéndoles la Presidencia del Gobierno, y hacer propaganda cerrada contra CEDA, a la que tachaban de fascista por conveniencias electoralistas.
El Frente Popular ganaba en 37 de las 58 circunscripciones electorales y en todas las ciudades de más de 150.000 habitantes, y tenía un total de 4.654.116 votos. El PSOE tenía 99 diputados y el PCE 17. El Frente Popular ganaba en todas las grandes ciudades de Andalucía, Extremadura, Murcia, Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia (Coruña y Pontevedra). Los pesoístas eran fuertes en Asturias, Badajoz, Jaén, Córdoba, Valencia y Alicante. Izquierda Republicana tenía su principal fuerza en La Coruña, Asturias y Valencia.
Cataluña y el País Vasco votaban a partidos nacionalistas: Cataluña votaba Esquerra que obtenía el 59% de los votos y Companys volvía a la Generalitat tomando medidas como la semana de 44 horas y la readmisión de todos los despedidos por motivos políticos y sindicales. La llegada de Esquerra al poder provocó un gran conflicto social en Cataluña porque los empleados de comercio pidieron un 7% de subida de sueldos y los empresarios afirmaban que no podían darlo. El desenlace de este conflicto no tuvo lugar debido a que estalló la guerra primero.
Ataques de la izquierda al Gobierno.
Aunque eran socios, Largo Caballero calificó a Azaña de burgués, y anunció una “revolución socialista”. Los implicados en los sucesos de Asturias de octubre de 1934, que estaban encarcelados, salieron a la calle, y fueron recibidos entre aclamaciones populares. La UGT aprovechó el momento de euforia popular para hacer una demostración de fuerza. Amenazar con la revolución del proletariado, o “socialismo de clase”, era una torpeza política y una fanfarronada. Desacreditaba al Frente Popular y al propio Azaña que lo había promovido como solución para acabar con las corrupciones de la derecha.
Los catalanistas salieron a la calle reivindicando el Estatuto de Cataluña. Estaban recibiendo clamorosamente al Gobierno de la Generalitat que era excarcelado.
La izquierda se estaba equivocando en su táctica política de provocación a la derecha, y ese error anunciaba violencias. Eran desquites políticos, provocaciones gratuitas a la derecha. Estaban provocando miedo en todos los españoles, miedo a un levantamiento militar y miedo a una revolución comunista, o revolución del socialismo de clase, muy similar a la comunista. La izquierda se estaba granjeando el rechazo general de los españoles. Evidentemente, los partidos de izquierda estaban preparando su revolución, cada uno la suya, pero ninguno estaba velando por los verdaderos intereses de España. Y estos partidos de izquierda se “legitimaban” en que los partidos de derecha estaban preparando sus propias revoluciones, fascista o dictatorial, que tampoco velaban por los intereses de los españoles. Los unos se sostenían a los otros en aquello de que el contrario era peor. Lo malo posiblemente fuera que ambos tenían razón.
Los generales Mola, Sanjurjo, Goded y Franco no estaban esperando otra cosa que un nivel de provocación suficientemente generalizado, para lograr apoyos para un golpe de Estado. El miedo general se debía a la amenaza de cinco levantamientos: el militar, el catalanista en connivencia con UGT, el socialista de clase de Largo Caballero, el comunista, y tal vez el anarquista. Un sexto levantamiento, fascista, era muy improbable, salvo que se apoyara en otros, como podía ser el ejército.
El proletariado de UGT y FNTT, creía que, en las elecciones de febrero de 1936, ya había triunfado la revolución del proletariado, y que el Frente Popular sólo había sido la excusa para poder llegar a este triunfo. Por ello, no iban a respetar el pacto implícito en el Frente Popular de respeto a la convivencia nacional, sino que iban a exigir el poder para los trabajadores. Iban a dar el segundo paso hacia su revolución.
Y los catalanistas creían que el Frente Popular sólo era un escalón hacia la consecución de su independencia, y también iban a traicionar el pacto del Frente Popular.
Los del Frente Popular estaban en febrero de 1936 en una alianza extraña, de grupos muy dispares, con intereses contradictorios, lo cual es muy peligroso en política. En el PSOE, sólo Prieto comprendía la situación. Y al contrario, estaban por la revuelta: el comunismo en sus distintas versiones, el sindicalismo de Largo Caballero, los anarquistas y los catalanistas, todos ellos enemigos entre sí.
El Frente Popular había sido un experimento importado de Francia, y no bien comprendido en España. En España no se tendía a la homogeneización económica de territorios, ni a la modernización de planteamientos políticos, sino que cada grupo aspiraba a sacar adelante unas creencias más o menos extremistas y utópicas. Sólo estaban de acuerdo en derribar la democracia burguesa. Y hablaban de imponer una democracia popular, que supuestamente era la verdadera democracia. Pero no era la democracia liberal parlamentaria de derecho. Democracia significa muchas cosas contradictorias entre sí, y por eso es un término que gusta a los políticos. La democracia liberal y social, no es lo mismo que la democracia popular, ni que la democracia orgánica, ni que la democracia anarquista, y ni siquiera que la democracia liberal burguesa.
Primeras decisiones de Azaña.
Azaña quiso tranquilizar a todos, y lo primero fue tomar medidas de urgencia para aplacar a la izquierda que era la que más desorden amenazaba: Los obreros organizaron manifestaciones “para celebrar la victoria”, y desde ellas atacaban a la policía y amenazaban las cárceles, y las Iglesias. Incluso en Madrid, el Gobierno puso guardia ante El Debate y el ABC. La celebración de la victoria era prematura, pues faltaba la segunda vuelta de las elecciones. Pero creían que el Frente Popular se haría cargo del Gobierno de una u otra manera.
En la semana del 19 al 25 de febrero de 1936, Manuel Azaña tomó muchas decisiones importantes: restableció los Ayuntamientos de izquierdas suspendidos por los radicales en 1934; decretó una amnistía general para los presos de carácter social y político, que eran unas 30.000 personas; ordenó readmitir a los trabajadores despedidos después de 1933; restableció las Leyes de Largo Caballero de 1931-1932; prorrogó hasta diciembre de 1937 la vigencia de la Ley de 22 de junio de 1935 sobre el paro; restableció los Jurados Mixtos, lo que significó que los salarios subiesen entre el 6% y 8% en los siguientes cuatro meses.
Entre el 22 de febrero y el 3 de marzo de 1936, fueron readmitidos los militares de izquierdas separados del ejército a raíz de los sucesos de 1934.
Todo ello se estaba haciendo en el intervalo entre la primera y la segunda vuelta electoral, que se debía celebrar el 1 de marzo de 1936.
El 22 de febrero se dio amnistía para los presos políticos, unos 30.000, principalmente los mineros asturianos y el Gobierno catalán. La liberación del Gobierno catalán, que estaba en la cárcel, supuso una gran manifestación catalanista para recibirles. El catalanismo amenazaba con el Estado Federal de nuevo.
El 23 de febrero se decretó suspensión de pago de rentas en Andalucía y Extremadura, en los casos en que había sentencia pendiente, lo cual significaba que se podía aplicar la ley Agraria y hacer expropiaciones, sin miedo a pagar rentas y abogados y luego perder el juicio. Se suspendían todos los juicios de desahucio de arrendatarios y aparceros, se reintegraban a los yunteros las fincas que se les habían concedido en 1932 y se les habían arrebatado, con Nicasio Velayos como Ministro, a partir de mayo de 1935. Se ponía otra en vez en marcha el programa de reforma agraria, o reparto de nuevas fincas expropiando a latifundistas, según la Ley de Reforma Agraria.
El 26 de febrero de 1936, se reabrió el Parlamento catalán restituyéndole su autonomía, y su presidente, Lluis Companys.
Se alejó de Madrid a los jefes militares de la derecha, destinando a Francisco Franco a Canarias, y a Manuel Goded a Baleares. Se decretó el retiro forzoso para los generales Losada, Saliquet, Villegas, González Carrasco, Fanjul, Orgaz, Varela y López Ochoa, que pasaron a la situación de disponible. Emilio Mola fue destituido como Alto Comisario de Marruecos, y perdió así el mando de la tropa de élite española, y fue destinado a Pamplona, donde no tenía apenas hombres a su mando y dependía de Burgos. Azaña no creía que el ejército estuviera en condiciones de sublevarse. Pero tuvo noticias de que Goded y Franco preparaban una sublevación, y ordenó vigilar a todos los militares sospechosos y trasladar lejos de Madrid a los posibles cabecillas de una sublevación militar.
El 19 de febrero de 1936, Azaña nombró nuevos Gobernadores Provinciales. Siendo los Gobernadores los que debían controlar las elecciones de 1 de marzo, la intromisión de Azaña en el proceso electoral era muy evidente.
Marcelino Domingo restableció la coeducación de chicos y chicas en las escuelas, como ya había sucedido en 1931, y reanudó el programa de construcción de escuelas. Por entonces, había un movimiento pedagógico renovador de estudiar sin libros en las escuelas, y de que los estudiantes universitarios aprobaran sin exámenes, con la simple presentación de un buen cuaderno de apuntes. Los políticos hablaban de conformar clases de 30 alumnos, pero la realidad es que había 60 alumnos por aula. Los maestros protestaron y pidieron el libro de texto, y las editoriales vivieron así un buen negocio, pues se obligó a los estudiantes a comprar muchos libros. Había mucha teoría pedagógica difícil de llevar a la práctica.
Azaña presentó su Proyecto de Reforma Agraria, como se había pactado, “con paz y orden”.
El Ministro de Agricultura, Ruiz de Funes presentó varios Proyectos de Ley: Anulación de la Ley de Arrendamientos de 1935 y sustitución por otra, parecida a la de 1932; reducción de los límites máximos de la propiedad; devolución de los comunales a los municipios; implantación del impuesto progresivo para los terratenientes. Y fue capaz de aprobar la mayoría de ellos.
Los funcionarios y obreros despedidos de sus puestos de trabajo en 1934, fueron reintegrados a esos puestos de trabajo. Se puso en marcha una Ley de Amnistía.
El 24 de marzo de 1936, el Ministro de Guerra, Carlos Masquelet, derogó las disposiciones existentes sobre destinos de militares, a fin de poder colocar a su voluntad a los oficiales republicanos en la cúpula del ejército.
El caso Emilio Mola.
El 1 de marzo de 1936, el general Emilio Mola Vidal fue destituido como Jefe de las Fuerzas Militares en Marruecos. Fue destinado a Pamplona como Comandante Militar de la Plaza y Jefe de la 12ª Brigada de Infantería. El último día de su estancia en Marruecos conferenció con el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, con el teniente coronel Juan Luis Beigdeber Atienza, con el teniente coronel Juan Yagüe Blanco, con el teniente coronel Heliodoro Rolando de Tella y Cantos, con el comandante Antonio Castejón Espinosa, y redactó una nota que decía: “Comprobada la conspiración roja, urge organizar un movimiento nacional que pueda anular el peligro marxista”. Conocidos los hechos por el Gobierno, el que se le diera mando en tropa, aunque fuera en Pamplona, toma dimensiones específicas para analizar. Cuando Mola llegó a Madrid, encontró un ambiente desconcertante con varias conspiraciones en marcha, pero sin coordinación: la de los monárquicos Emilio Barrera Luyando, Luis Orgaz Yoldi, Luis Miguel Limia Ponte y Manso de Zúñiga; la propiamente militar de Manuel Goded Llopis, Ángel Rodríguez del Barrio, Rafael Villegas Montesinos, Joaquín Fanjul Goñi y José Enrique Varela Iglesias, partidarios de una dictadura militar; y la de la UME del coronel Valentín Galarza Morante, Alfonsino simpatizante de Falange Española y de JONS. Goded aparecía como miembro de las tres conspiraciones. Todas tenían imprecisión de fines, medios y organización, y podían ser tres desastres.
Mola se entrevistó con todos los golpistas, y también con el general Francisco Franco Bahamonde, que no estaba en ninguno de los grupos golpistas, pero era muy popular entre los soldados de África. De los conspiradores, logró que todos esperaran a que las circunstancias fueran favorables. En cuanto a la entrevista con Franco, éste le exigió que el golpe fuera exclusivamente militar “sin ninguna etiqueta determinada”. Mola, un hombre con mucha capacidad intelectual, organizó una Junta Militar para preparar el golpe, la cual estaba integrada por: Luis Orgaz Yoldi, Rafael Villegas Montesinos, Joaquín Fanjul Goñi, Ángel Rodríguez del Barrio, Andrés Saliquet Zumeta, Miguel García de la Herrán Martínez, Alfredo Kindelán Duany, Manuel González Carrasco y Enrique Varela Iglesias. El líder del golpe sería José Sanjurjo, líder también de la UME, lo cual aseguraba la adhesión de la mayoría del ejército. Como Sanjurjo estaba fuera de España, en España actuaría como su delegado Rodríguez del Barrio. Como Goded se iba a Baleares, y no podía estar mucho tiempo en Madrid, Rodríguez del Barrio se convertía en el verdadero coordinador del futuro golpe.
Nadie salió satisfecho de las decisiones de Mola. Los golpistas de Madrid querían que el golpe fuera enseguida. Francisco Franco proponía no dar un golpe prematuro que echara todo a perder, y sugirió que había que agotar todos los recursos legales antes de tomar la decisión de un golpe de Estado. Franco aconsejó que lo importante era que los comprometidos asumiesen el mando real de sus zonas correspondientes, y que el día del golpe no hubiera excusas ni improvisaciones. Cuando todos hubieran asumido el mando de sus zonas, habría que decidir qué se hacía, y hasta entonces, había que esperar. Goded dijo que el momento del golpe era precisamente en esos días, y estaba muy nervioso porque era contrario a la opinión de Franco. Mola opinaba que las cosas estaban cogidas con alfileres, que no había instrucciones de comportamiento de cada uno, ni directrices de actuación conjunta, ni plan de acción, y que todo eso tenía que estar listo antes de arriesgarse a un golpe. Los de Madrid no aceptaron la decisión de Mola, y siguieron reuniéndose como para dar el golpe por su cuenta, si llegaba la ocasión. Imaginaron planes absurdos e imaginativos, que disgustaron a Franco.
La segunda vuelta de las elecciones.
El 1 de marzo de 1936 hubo segunda vuelta electoral: en Vizcaya y Guipúzcoa gano el PNV; en Álava ganó el tradicionalismo; en Soria ganó el maurismo; y en Castellón ganó el Frente Popular. En Granada no se presentó la derecha, tras anularle las primeras elecciones por supuesto pucherazo electoral, y todos los candidatos elegidos fueron del Frente Popular. En Cuenca se repitieron las elecciones, también por su puesto pucherazo electoral, y ganó ampliamente el Frente Popular en medio de un ambiente poco adecuado para votar a la derecha.
El 8 de marzo de 1936, a Azaña le apoyaban el Frente Popular, los vascos, Lliga, radicales y mauristas y por eso salió elegido Presidente del Gobierno.
Las Cortes de 15 de marzo de 1936.
El 15 de marzo se abrieron las Cortes. Los socialistas y comunistas se mostraron provocativos: El acontecimiento se había producido dentro de una discusión política entre los marxistas y un militar: Los diputados marxistas pidieron al contralmirante Ramón de Carranza Fernández de la Reguera[2] que gritara “viva la República” y, como él se negara, le cantaron La Internacional. Era una provocación muy evidente a la derecha y al ejército. Y también era un anuncio de lo que se proponían. La derecha ya no tenía dudas de que se iba a una dictadura del proletariado, y de que Azaña era el tonto útil de los marxistas.
El 16 de marzo se nombró Presidente del Congreso de Diputados a Diego Martínez Barrio.
La situación en las Cortes era que Largo Caballero no podía ganar ninguna votación, pues no tenía suficientes diputados con él, pero podía impedir el triunfo de cualquiera, con sólo aliarse a la oposición a cada proyecto. Y Largo Caballero hacía discursos populistas hablando de la unidad de la clase obrera española de cara a la revolución que estaba próxima. En sus discursos, prometía que la revolución tendría lugar en el mismo momento en que él llegase al poder. Era lo único que le interesaba a Largo Caballero. Sus ansias por ser Presidente del Gobierno explican todas sus acciones, y para él no había límites de moralidad, pues no los tenía. La retórica de Largo Caballero estaba escindiendo al PSOE, pero los demás líderes pesoístas no demostraban mayor moralidad, pues no lucharon contra esta corrupción interna al partido. En estas condiciones, no es extraño que CNT estuviera ganando posiciones en la industria, sector que siempre había sido de UGT. De hecho, en mayo de 1936, el Sindicato único de CNT dominaba el sector de la construcción en Madrid. También el PCE estaba ganando influencia en las Cortes, donde era una minoría insignificante, pero podía hablar en nombre de toda la izquierda, pues nadie más lo hacía.
Los desórdenes de marzo de 1936.
En el campo andaluz, los obreros estaban ocupando fincas, y se enfrentaban a la Guardia Civil cuando ésta iba a desalojarles. Los campesinos del sur, que pertenecían a Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT-UGT, y a Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, decidieron ocupar las tierras de latifundios, y labrar la tierra por ellos mismos sin esperar legalizaciones. En marzo de 1936 se produjeron muchas de estas ocupaciones irregulares. En mayo, el Gobierno decidió solucionar el problema legalizando las ocupaciones hechas, porque el problema era muy extenso: 103.000 campesinos habían ocupado 500.000 hectáreas de terreno.
La verdad es que nadie esperaba que el Gobierno de Azaña perdurase mucho tiempo: la derecha se preparaba a derrocar al Gobierno; la izquierda esperaba iniciar la revolución, cada grupo la suya, e imponer el Gobierno revolucionario que le conviniese a cada uno.
Curiosamente, Cataluña, el País Vasco y Asturias, las zonas ricas tradicionalmente conflictivas, estaban muy tranquilas, mientras Madrid era un hervidero de intrigas y de enfrentamientos armados entre falangistas de extrema derecha y jóvenes socialistas de extrema izquierda.
Los trabajadores industriales convocaban huelgas para que sus compañeros despedidos en 1934 fueran readmitidos, y para que los readmitidos fueran compensados económicamente por el tiempo en que estuvieron despedidos. Podía ser visto como un acto de justicia, pero era a todas luces irrealizable, absurdo. Las empresas en crisis, que necesitaban despedir mano de obra, no podían admitir a muchos más trabajadores, y menos aún podían pagarles salarios atrasados de hasta 18 meses. La medida era populista, porque era irracional. El Gobierno seguía criterios políticos, con apariencia de servir a los trabajadores. El socialismo “de clase” se imponía sobre la racionalidad.
Los patronos alegaban que los decretos de Azaña eran inconstitucionales, pues la ley decía que los patronos podían despedir a aquellos obreros que no se presentaban al trabajo de manera no justificada, y que la convocatoria ilegal de una huelga no era motivo justificado para ausentarse del trabajo. Alegaban que el tema no se podía llevar a los Jurados Mixtos, pues no era un tema laboral, sino jurídico. Y además planteaban a los sindicatos la cuestión de qué se debía hacer con los obreros contratados para sustituir a los despedidos, para lo cual los sindicatos no tenían contestación, sino la de “que se joda el patrón”.
CNT y UGT decidieron que los patronos debían admitir a todos los despedidos, y elaboraron unas listas con todos aquellos que declaraban haber sido despedidos. Para ser incluido en la lista no se necesitaba aportar pruebas. Los sindicatos buscaban la revolución, y utilizaban a los obreros como carne de cañón.
Los patronos aportaron la idea de que los salarios no abonados entre 1934 y 1936, fueran abonados por el Estado, pues de lo contrario, toda la pequeña y mediana empresa iría a la bancarrota, y la gran empresa cerraría ante perspectivas de pérdidas. Y el periódico El Sol, en 24 de mayo de 1936, advirtió a los trabajadores de que estaban destruyendo la industria, y tras ello no habría trabajo para nadie. El periódico decía que si seguían en esa postura intransigente y absurda, lo siguiente sería una dictadura. Si la dictadura iba a ser de derechas o de izquierdas, ya se vería más adelante. Estaba publicando algo muy racional, pero no eran tiempos de razonar.
El Gobierno Azaña no supo tomar una postura adecuada. En medio del absurdo político, no encontraba soluciones. Y el tiempo le iba desgastando inútilmente: los militares y las derechas se quejaban con razón de los desórdenes públicos; los generales se pusieron a conspirar, cada uno en su ideología; y Largo Caballero se sentía feliz en sus discursos y actuaciones, apoyando al Gobierno en sus declaraciones en las Cortes, y convocando continuas huelgas contra el Gobierno en la calle. En Madrid, las manifestaciones se hacían cada pocos días, y en ellas se pedía el poder para el proletariado “como en la Rusia de 1917”.
Sucesos de Marzo de 1936.
El 7 de marzo de 1936, Hitler envió sus tropas sobre Renania contraviniendo el tratado de Versalles. La derecha española justificaba la acción. La izquierda se escandalizaba.
11 de marzo, Azaña advirtió a Largo Caballero que cesara en sus manifestaciones incendiarias en la calle.
El 12 de marzo de 1936 los falangistas intentaron asesinar a un diputado socialista, profesor de Derecho Penal, que se llamaba Luís Jiménez de Asúa. Fallaron el intento, y mataron a su policía de escolta llamado Jesús Gisbert.
El 13 de marzo, José Antonio Primo de Rivera exigió de Francisco Franco un compromiso rotundo y abierto para con la sublevación. Franco se negó a comprometerse. No era falangista.
En los pueblos, los campesinos quemaban iglesias ese mes de marzo de 1936. El 14 de marzo ardieron dos iglesias y también el periódico La Nación, donde escribía Calvo Sotelo. Era la respuesta marxista a los falangistas.
El 15 de marzo, Azaña hizo detener a José Antonio Primo de Rivera y a ocho dirigentes más de Falange Española, e ilegalizó Falange Española, “por incitación al desorden público”. José Antonio Primo de Rivera fue llevado a los calabozos de los sótanos de la Dirección General de Seguridad (Puerta del Sol, actual Casa de Correos, edificio significado por el famoso reloj). Desde su celda, hizo un llamamiento a los estudiantes, intelectuales, obreros, militares y españoles, “para la empresa peligrosa y gozosa de la reconquista de España”. Los falangistas intentarán su liberación presentándole como candidato a diputado por Cuenca, pero no salió elegido. El Gobierno tenía miedo de que asaltasen la cárcel de Madrid, y lo trasladó a la cárcel de Alicante, el 6 de junio de 1936. Lo inexplicable es que el Director de la cárcel de Alicante fuera simpatizante falangista, y que José Antonio organizase desde la cárcel una revolución nacional sindicalista e intentara capitanear la rebelión militar que se sabía que se preparaba.
La tensión social se extendió a los clubes de izquierdas, y a los cuarteles. El ejército dio un ultimátum a Azaña sobre los desórdenes públicos. No eran los militares fascistas. Eran militares de diverso signo político, republicanos, monárquicos y conservadores, y también los partidarios de sistemas autoritarios fascistas, pero éstos últimos no dirigían todavía el proyecto de la sublevación militar.
El 19 de marzo hubo disparos sobre el domicilio de Largo Caballero.
El 24 de marzo de 1936, los frentepopulistas asesinaron en Oviedo al Diputado Alfredo Martínez García-Argüelles. Se trataba de un médico asturiano, que estudió en Valladolid y en el Instituto Pasteur de París. Era del Partido Republicano Liberal Demócrata. En 1934, los mineros asturianos habían asaltado su casa y su clínica, habían secuestrado a su dos hijos y asesinado a uno de ellos. El pecado del doctor Martínez era que el médico pesoísta largocaballerista, Marcelino Pascua, profesor de Higiene en la complutense de Madrid, había propuesto abrir sanatorios psiquiátricos, centros de atención primaria en los pueblos, y sanatorios antituberculosos, y el Gobierno de derechas no se lo había concedido, obviamente porque no había presupuesto. Marcelino Pascua fue premiado con el nombramiento de embajador en la URSS, y fue quien hizo de intermediario para el depósito del oro del Banco de España en la URSS, y luego fue un cargo de la Organización Mundial de la Salud. Marcelino Pascua no tuvo nada que ver en el asesinato de Alfredo Martínez, pero es la muestra de cómo el populismo decidía quién vivía y quién moría.
Los falangistas organizaban patrullas que se subían a coches, entraban en barrios obreros, y disparaban al azar sobre la gente, para huir luego a toda velocidad. Era absurdo. Los vendedores de periódicos de uno y otro signo, se pegaban entre ellos todos los días como si fueran los defensores de las ideas políticas de esos periódicos.
Resultados electorales definitivos.
La Comisión de Actas Electorales, encargada de dirimir conflictos en las elecciones, también hizo su provocación a la derecha. Tenía planteados recursos en Cuenca, Granada y Orense. Estaba presidida por Indalecio Prieto y los vocales querían “dar una lección a la derecha”. Prieto dimitió en disconformidad con esos métodos que se parecían al caciquismo. Y la decisión final del resto de la comisión electoral, fue anular las actas de Granada y Cuenca, quitar 32 escaños a la derecha, y dárselos al Frente Popular. Según Tussel, la anulación de las actas de Granada fue correcta, porque había habido mucha corrupción electoral y mucho caciquismo para que ganara la derecha. Era la única provincia andaluza en la que había ganado la derecha y ello destacaba mucho. Pero en Cuenca las cosas no estaban claras, era una provincia conservadora de siempre, y era cierto que había habido presiones de la derecha para conseguir el voto, pero también presiones de la izquierda iguales. La decisión de anular porque había habido presiones de la derecha no era equitativa.
El 31 de marzo, los resultados electorales de las elecciones de 16 de febrero fueron modificados tras las impugnaciones de Cuenca y Granada por haber aparecido algunas papeletas falsas en las urnas, para quedar definitivamente en: La Izquierda sumaba 278 diputados: Socialistas, 99 diputados; Izquierda Republicana, 87; Unión Republicana, 39; Esquerra Republicana, 36; Comunistas 17.
El centro sumaba 61 diputados: Centristas, 16 diputados; Progresistas, 6; Radicales, 4; Republicanos conservadores, 3; Lliga, 12; PNV, 10; Independientes, 10.
La derecha sumaba 125 diputados: CEDA, 88 diputados; Agrarios, 11; Bloque Nacional, 13; Tradicionalistas, 9; independientes de derechas, 3; mesócratas, 1 diputado.
Varios: sin clasificar había 6 diputados, y 3 escaños quedaban vacantes.
CEDA se retiró de las Cortes en disconformidad con la actuación de la Comisión Electoral. La retirada de la derecha de las Cortes, debió ser valorada en su justa medida, como un peligro para la democracia, y no como una alegría para los frente populistas.
Las elecciones de febrero de 1936 no habían resuelto ningún problema político, sino al contrario, volvieron los enfrentamientos tradicionales del siglo XIX: terratenientes contra campesinos; católicos integristas contra anticlericales; regionalistas contra centralistas; obreros contra empresarios; y diversas tendencias entre ellos, dentro del ejército.
La opinión de Azaña, tras el triunfo electoral de la izquierda, cambió radicalmente, y desde entonces, creyó que la sublevación militar de la derecha sí era posible.
La destitución de Alcalá-Zamora
En abril de 1936, Manuel Azaña e Indalecio Prieto decidieron deponer al Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Largo Caballero apoyó la idea, y se comprometió a votar a Manuel Azaña para Presidente de la República, pero se opuso a que Prieto fuera el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, porque quería ese cargo para él. Y tras la discusión consiguiente, se decidió una solución de compromiso: se haría Presidente de la República a Casares Quiroga, que era Presidente del Congreso, y continuaría Azaña como Presidente del Gobierno.
El 3 de abril de 1936, se abrieron las Cortes con 21 escaños vacíos, aun sin decidir.
El 3 de abril de 1936 Los socialistas, largoballeristas o prietistas, plantearon un conflicto legal: el artículo 89 de la Constitución decía que el Presidente de la República podía disolver las Cortes dos veces como máximo en una misma legislatura, y en caso de segunda disolución, las nuevas Cortes examinarían la necesidad del Decreto de Disolución de las Cortes anterior, y si decidían que no había sido preciso disolver, debían destituir al Presidente de la República. Alcalá-Zamora conocía este punto constitucional, y en el Decreto de Disolución había hecho constar que la primera disolución no contaba “por tratarse de Cortes constituyentes”. Pero Prieto dijo que sí que contabilizaba. Estaba disgustado con Alcalá-Zamora y planteó el inconveniente el 3 de abril.
Gil Robles salió en defensa de Alcalá-Zamora, y dijo que lo que procedía en esa ocasión era el artículo 82, que requería tres quintos de los Diputados para echar al Presidente. Como la izquierda no los tenía, invalidaba las pretensiones de la izquierda. Y Prieto insistió en que lo procedente era el artículo 81.
El 7 de abril de 1936, Niceto Alcalá-Zamora Torres, Presidente de la República, fue depuesto por 238 votos contra 5. Los grupos de derecha y de centro no votaron. Se nombró Presidente Provisional de la República a Diego Martínez Barrio, en su calidad de Presidente de las Cortes, tal como lo mandaba la Constitución y hasta que se nombrara nuevo Presidente de la República.
Alcalá–Zamora tenía en contra a la izquierda por permitir ministros CEDA en octubre de 1934, y a la derecha CEDA por no dejarles gobernar a ellos en octubre de 1934. La derecha sospechaba que Alcalá Zamora quería ser el líder de la derecha y maquinaba para que Gil Robles no se encumbrara. Utilizaron un artículo de la constitución de 1931 que decía que el presidente podía disolver dos veces las Cortes, pero tras la segunda disolución sería sometido a la moción de confianza. La izquierda argumentó que la primera había sido diciembre de 1931 y la segunda enero de 1936. Alcalá Zamora defendía que la Ley se refería a dos disoluciones en la misma legislatura, y que en su caso, estaban en legislatura distinta. Votaron 238 en contra del Presidente y sólo 5 a favor.
Parecía que la maniobra de expulsar a Alcalá-Zamora procedía de un pacto entre Prieto y Azaña. Prieto quería un Gobierno de republicanos y socialistas que pudiese hacer las reformas oportunas. Azaña quería ser Presidente de la República para contener a los extremistas de ambos lados.
Madariaga dijo que había una pugna entre Prieto y Largo Caballero, y que había sido Prieto el que se había adelantado para consolidar un socialismo moderado frente a los disparates de Largo Caballero.
Seco Serrano dijo que, efectivamente, la iniciativa de echar a Alcalá-Zamora había sido de Prieto, que no perdonaba la actitud de Alcalá-Zamora en junio y septiembre de 1933.
Tuñón de Lara dijo que tanto la izquierda como la derecha estaban cansados de Alcalá-Zamora.
Azaña quería que Prieto fuese Presidente del Gobierno, pero éste se negó ante la negativa del PSOE de colaborar con un Gobierno al que tachaban de burgués.
Largo Caballero quería la revolución socialista y estaba ganando elecciones en los órganos locales del partido pidiendo la nacionalización de la tierra y de la banca, la protección al pequeño agricultor y el colectivismo con preferencia a la pequeña propiedad. El programa máximo del partido hablaba de dictadura del proletariado y Largo Caballero se mofaba de los que temían esa dictadura y de los que estaban imponiendo una república burguesa. Otras ideas expuestas por Claridad, eran la deseable unión del PSOE con el PCE, la unificación de UGT con CNT y la confederación de pueblos ibéricos con autodeterminación para cada uno de ellos.
Azaña continuó como Presidente del Gobierno.
Programa de Gobierno de Azaña, abril de 1936.
El 7 de abril de 1936, Azaña presentó su programa de Gobierno, previo a su designación como Presidente del Gobierno definitivo: reforma agraria, construcción de escuelas, autonomía de los ayuntamientos, autonomía para el País Vasco, readmisión de despedidos por razones políticas y sindicales a partir de 1933. No habría socializaciones de la tierra, la banca y la industria.
Algunos Diputados de la derecha, como Miguel Maura, o Giménez Fernández, estuvieron de acuerdo con el programa de Azaña, e incluso José Calvo Sotelo no se opuso al programa, sino a que no se controlase a los obreros en la calle.
Las derechas pidieron aplazamiento de las elecciones municipales previstas para segunda semana de abril, y Azaña accedió porque no había el necesario orden público para celebrarlas con garantías.
Largo Caballero se negó entonces a integrarse en el Gobierno con Azaña. Largo Caballero calificaba a Azaña de burgués, y decía que él quería la revolución socialista. Las Juventudes Socialistas venían denominando a Largo Caballero, “el Lenin español”. No obstante, Largo Caballero estaba dispuesto a apoyar al Gobierno de Azaña, como paso previo a la revolución y entonces, Azaña empezó a ser denominado por las Juventudes Socialistas como “el Kerenski español”. Largo Caballero se gustaba a sí mismo como el Lenin español.
El Frente Popular aparecía así como un fenómeno muy extraño desde el momento en que el triunfador de las elecciones, el PSOE, se negaba a formar Gobierno. Las Juventudes Socialistas de Santiago Carrillo acabaron abandonado el PSOE, y pasándose al PCE, lo cual radicalizaba la política española. Todavía se radicalizaba más en el momento en que FAI lograba dominar CNT.
[1] Amós Salvador Carreras 1879-1973, era hijo de Amós Salvador Rodrigáñez. Fue ministro de Gobernación en febrero de 1936.
[2] Ramón de Carranza Fernández de la Reguera, 1863-1937, marqués de Villa de Pesadilla, 1930-1937, había nacido en El Ferrol, pero la familia se trasladó a Cádiz en 1866, por lo que es considerado gaditano. Se hizo marino militar, y fue agregado en Washington y luchó luego en la Guerra de Cuba. En 1903 fue Diputado por el Partido Conservador. En 1910 fue Senador. en 1927 fue Alcalde de Cádiz. En 1930 ascendió a contralmirante, y en 1933 y 1936 fue elegido Diputado, esta vez por la ultraderechista Renovación Española.
