20.12.08.Gobierno Chapaprieta de septiembre de 1935.

         Gobierno Chapaprieta, septiembre de 1935.

ideas clave: Joaquín Chapaprieta, Niceto Alcalá-Zamora, el Gobierno Chapaprieta de septiembre de 1935, inacción del Gobierno Chapaprieta en octubre, relaciones con El Vaticano en 1935, crisis de Gobierno en 29 de octubre de 1935, la absolución de Largo Caballero, la dimisión de Chapaprieta, el memorándum de Nombela, el escándalo del 28 de noviembre de 1935, el debate parlamentario de 7 de diciembre de 1935, la difícil sustitución de Chapaprieta,

     Joaquín Chapaprieta Torregrosa, 1871-1951, había nacido en Torrevieja (Alicante) en 1871. Era un disminuido físico por causa de un accidente que le afectó a la columna vertebral, y esa circunstancia, unida a su apellido, daba pie a chistes fáciles. Se hizo abogado, y era muy bueno en lo suyo. Y se interesó por la política. En 1901 le interesaba el regeneracionismo de Rafael Gasset. En 1905, ingresó en el Partido Liberal en la facción de Santiago Alba. En los años del final de la Gran Guerra desempeñó un cargo de Subsecretario de Hacienda, y conocía el problema esencial de España, que era el déficit presupuestario crónico, y la deuda estatal excesiva que ya no financiaba ningún banco. En diciembre de 1922, fue Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, con García Prieto, y con ello dio el salto a la gran política. La dictadura de 1923, le cortó su carrera política cuando tenía 52 años. En 1931 era un líder de Derecha Republicana, junto a Miguel Maura. Retomó sus cargos políticos en septiembre de 1933, cuando la derecha ganó las elecciones y se enfrentó al gravísimo problema de la necesidad de restringir gastos, aumentar impuestos y mantener satisfecha a su clientela de votantes de derecha. En la necesidad de restringir gastos, estuvo de acuerdo José Calvo Sotelo, pero éste desistió del proyecto. El 6 de mayo de 1935, Chapaprieta fue nombrado Ministro de Hacienda, y proyectó un plan de estabilización presupuestaria semejante al de Fernández Villaverde en los primeros años del siglo XX. La Ley de Restricciones, o Ley de Contención del Gasto Público, se aprobó en 26 de julio de 1935, pero ponerla en marcha era más complejo que aprobarla en el Parlamento. Chapaprieta preparó una serie de Decretos-Leyes para septiembre de 1935, en los que pretendía proteger los sueldos bajos, y suprimir Ministerios, Subsecretarías y Direcciones Generales. Pero el Gobierno Lerroux cayó el 25 de septiembre, y los Decretos de Chapaprieta no se aprobaron. Entonces fue designado Presidente del Gobierno. Alcalá-Zamora no quería hacer Presidente a Gil-Robles ni a los líderes de izquierda, y tampoco quería mantener a Lerroux tras el escándalo del estraperlo. Y la designación de Chapaprieta fue una solución de emergencia, durante dos meses y medio. En 1936 fue Diputado por el Frente Popular.

     La crisis del estraperlo fue solucionada con la dimisión de Lerroux como Presidente del Consejo de Ministros, y su nombramiento como Ministro de Estado. Para Presidente de Gobierno se designó a Joaquín Chapaprieta Torregrosa el 25 de septiembre. Seguía siendo un Gobierno del Partido Republicano Radical. Le apoyaban en el Gobierno: CEDA, radicales, agrarios y Lliga Catalana. Además de Presidente, Chapaprieta era también Ministro de Finanzas. Pero Lerroux seguía estando en el Gobierno como si no hubiese pasado nada.

     Niceto Alcalá-Zamora Torres[1], 1877-1949, el Presidente de la República Española en ese momento, era hijo de un hacendado cordobés y estudió Derecho en Granada por libre. Tenía un discurso fácil, y muy retórico y abigarrado, que hoy calificaríamos de “decimonónico”. Fue Ministro de Guerra en 1922, y creyó en 1923 que Primo de Rivera regeneraría el país, hasta que comprendió que era una dictadura militar pura y dura. Era muy católico, y en 1930, se alió con otro católico, Miguel Maura, y fundaron Derecha Liberal Republicana, que pedía una República respetuosa con la Iglesia católica y los valores tradicionales españoles. Alcalá-Zamora estuvo en la reunión de San Sebastián de agosto de 1930, y fue designado Presidente del Comité Revolucionario porque era el único moderado, y el único que podía atraer al pacto republicano a los sectores de la derecha. Desde ese puesto, en abril de 1931 se convirtió en Presidente del Gobierno Provisional. Dimitió con motivo de las discusiones constitucionales sobre la Iglesia Católica, pero una vez aprobada la Constitución de diciembre de 1931, se le designó Presidente de la República a fin de que los católicos asumiesen el nuevo régimen político. Tras el pronunciamiento derechista de Sanjurjo en agosto de 1932, reaccionó de forma incomprensible permitiendo la Autonomía de Cataluña en condiciones inasumibles, puesto que al consentir la votación previa popular del Estatuto, se les cedía la soberanía. También era difícil de comprender para la derecha, el que Alcalá-Zamora admitiese las reformas de Azaña de 1931-1933. Era una contradicción personal de la que nunca se resarciría. El triunfo de la derecha en noviembre de 1933 constituyó el segundo fracaso de Alcalá-Zamora, pues no se atrevió a entregar el Gobierno a quien había ganado las elecciones, Gil Robles, lo que significó que la derecha desconfiase de Alcalá-Zamora, igual que la izquierda desconfiaba de él, y Alcalá-Zamora se quedó como un espantapájaros plantado en medio del huerto, sin apoyos firmes. El PSOE entendió que era el momento de su revolución del socialismo de clase, y promovió la revolución de octubre de 1934, al tiempo que los catalanistas declaraban la independencia de Cataluña. Alcalá-Zamora se esforzó por indultar a los catalanistas, mientras se ejecutaba a los asturianos, y tampoco alcanzó por ello la credibilidad necesaria. Los partidos de extrema izquierda, comunistas, anarquistas y socialistas de clase, prepararon su revolución definitiva conformando el Frente Popular en 1936, lo cual les llevó al Gobierno en febrero de 1936. Alcalá-Zamora estaba, en 1935, completamente sobrepasado por los acontecimientos. Las Cortes depusieron a Alcalá-Zamora, y éste se marchó de España, repudiado por la derecha y por la izquierda, poco antes de comenzar la Guerra Civil de julio de 1936.

    Gobierno de Joaquín Chapaprieta Torregrosa.

          25 septiembre 1935 – 14 diciembre 1935.

  Presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta Torregrosa, Partido Republicano Independiente.

  Gobernación, Joaquín de Pablo-Blanco y Torres, 1878-1947, Partido Rrepublicano Radical, un hombre de Alcalá Zamora.

  Obras Públicas y Comunicaciones, Luis Lucia Lucia, 1888-1943, CEDA.

  Instrucción Pública y Bellas Artes (educación), Juan José Rocha García, 1877-1938, PRR / 29 de octubre: Luis Bajardí López. PRR.

  Industria, Comercio y Agricultura, José Martínez de Velasco y Escolar, 1875-1980, agrario / 29 octubre 1935: Juan Usabiaga Lasquívar, 1879-1953, PRR.

  Justicia, Federico Salmón Amorín[2], 1900-1936, CEDA.

  Hacienda, Joaquín Chapaprieta Torregrosa, 1871-1951, Partido Republicano Independiente.

  Guerra, José María Gil-Robles Quiñones, 1898-1980, CEDA.

  Estado, Alejandro Lerroux García, 1864-1949, PRR. / 29 de octubre: José Martínez de Velasco Escolar[3], 1875-1936.

  Marina, Pedro Rahola Molinas, 1877-1956, Lliga Regionalista Catalana.

     Alcalá-Zamora había dicho que, si Chapaprieta no lograba formar Gobierno, disolvería las Cortes, y se iría a elecciones. Y los Jefes de los partidos, que sabían que, en unas elecciones, podía ganar Gil-Robles, decidieron apoyar a Chapaprieta como mal menor. A Gil-Robles se le dejó una cartera, para no tenerlo en la oposición. Lerroux pasó a Ministro de Asuntos Exteriores del nuevo Gobierno, como si no fuera culpable de nada.

     La consigna en el Gobierno Chapaprieta era que el escándalo del estraperlo no se hiciera público, dado el ambiente de crispación en que se movía la calle. Era una posición inmoral, que les ponía en manos de la oposición, en el momento en que ésta fuera capaz de demostrar la corrupción de los lerrouxistas, y ello hacía un Gobierno débil.

         La inacción como sistema de Gobierno.

     El 1 de octubre de 1935, se presentó el Gobierno a las Cortes. La derecha estaba indignada con Alcalá-Zamora por haberse extralimitado en sus funciones como Presidente de la República: muchos, ignorantes o conscientes de la corrupción habida, querían a Lerroux como Presidente, pero Alcalá-Zamora lo había vetado y había impuesto su voluntad a la del Parlamento. Era el primer fallo de la decisión de ocultar la inmoralidad.

De noviembre de 1935 a enero de 1936, no hubo en España ninguna actividad importante de Gobierno. Lerroux estaba escondido en su despacho, y prefería no salir en público. Los rumores de corrupción eran muy sonoros, y el Presidente Chapaprieta carecía de autoridad. Pero la demostración jurídica de delito no era posible.

     El 9 de octubre hubo un homenaje del bloque gubernamental a Alejandro Lerroux, el Presidente dimitido, y éste habló contra Alcalá-Zamora, el Presidente de la República. Además de ser pocos en la derecha, se atacaban entre sí. Y Lerroux, además de corrupto, reprimía supuestos errores de los demás.

     Así que el 12 de octubre, Alcalá-Zamora decidió no seguir en el secreto, y convocó en su casa a Chapaprieta, a Gil Robles y a Martínez de Velasco, y les contó la verdad del caso Strauss, o del estraperlo, y la implicación de Lerroux en el escándalo. Los convocados le dijeron a Alcalá-Zamora que ése no era el camino adecuado para hacer las cosas, pues si había pruebas, debería haberlas presentado en las Cortes, o en los juzgados. Alcalá-Zamora dijo que les había llamado para anunciarles que iba a enviar los papeles del caso al Gobierno. Y una vez hecho público el caso, el Gobierno envió la acusación al Tribunal Supremo. Pero el escándalo todavía no había sido comunicado a la prensa.

     El 18 de octubre de 1935 se hizo público el “asunto del estraperlo” que comprometía a Lerroux. Se hacía público porque se supo que Azaña lo conocía, y que se disponía a hacerlo público. Azaña iba a hacer un discurso en lo que hoy es el campus de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, el día 20 de octubre, y se esperaba que contara todo. Las Cortes nombraron una Comisión Parlamentaria de Investigación, comisiones que sólo suelen servir para dar unas voces en el Congreso, salir en los periódicos, y hacer que se olviden los asuntos. “Si quieres que nada se resuelva, nombra una Comisión Parlamentaria” es la máxima política atribuida a Napoleón y vigente pues, desde el siglo XVIII.

     Efectivamente, el 20 de octubre de 1935, Azaña hizo público “el escándalo del estraperlo” ante una audiencia de 400.000 personas, reunida en el campus de Comillas, de Madrid. Fue de gran impacto porque en España se jugaba mucho en los casinos, y escándalo trataba de que las ruletas estaban trucadas. Tampoco hay que ser muy despierto para saber que todo el juego está siempre preparado para que gane dinero el organizador, y que pierda siempre el participante, pero que se demuestre que eso funciona así, causa mucha indignación.

     El 29 de octubre, la Comisión Parlamentaria de Investigación emitió su dictamen sobre el caso Straus y Perl, pero ya influida por el discurso de Azaña, y no le cabía ocultar los hechos, o deformarlos. El Dictamen reconocía la culpabilidad de todos los inculpados, pero, como suelen hacer las Comisiones Parlamentarias, trataba de salvar a los principales responsables, Salazar Alonzo y Alejandro Lerroux. El problema era que el informe de la Comisión Parlamentaria no era creíble.

         El Vaticano tensa la situación política.

     Del 9 al 14 de octubre de 1935, Eugenio Pacelli fue enviado como Delegado del Papa a un Congreso Eucarístico Internacional que debía celebrarse en Argentina. Pacelli pasó por Barcelona y habló con Vidal i Barraquer, con Tedeschini y con Luis Carreras. Pacelli dijo que El Vaticano se mantendría firme en que el memorandun español sobre las relaciones con la Iglesia católica era inaceptable. Exigió que el Gobierno español presentase un nuevo memorándum. No era una sorpresa para los negociadores españoles, pues ya en 29 de septiembre anterior, Giuseppe Pizzardo, Secretario de la Congregación de Negocios Extraordinarios de El Vaticano, le había comunicado a García Comín que las negociaciones con España las llevaría personalmente el Papa Pío XI, lo cual cortaba posibilidades de intentar negociaciones con personalidades de menor categoría. Y Pizzardo le reiteró a Vidal i Barraquer el 23 de octubre, que Pío XI se reservaba este asunto, y que nadie de El Vaticano podría hablar de él sino el Papa. Y como el Papa no jugaba papel ninguno en la práctica, todos sabían que lo gestionaba Eugenio Pacelli. Pacelli, estaba tomando el dominio absoluto sobre las negociaciones con España. Y mientras Pacelli estuvo en América, Roma no aceptó dialogar con el Estado español. Vidal i Barraquer no se conformó, y escribió a Pacelli una carta, que envió a Argentina. Le decía que habían entrado tres Ministros CEDA y dos Agrarios en el Gobierno. Pero las esperanzas de abrir un diálogo eran muy pocas, pues del 6 al 18 de octubre de 1934, la quema de iglesias en Asturias había roto las posibilidades de diálogo.

     El 1 de noviembre de 1935, Pacelli volvió a pasar por Barcelona. Se vio con Leandro Pita Romero y supo que el Gobierno español había iniciado la redacción de otro Memorándum o modus vivendi, un anteproyecto de Concordato. En realidad había dos trabajos en estudio, el de Pita Romero, y el de los cardenales, el Nuncio y de algunas personalidades de El Vaticano. Ambos proyectos entraron en confrontación, y Vidal i Barraquer presentó el suyo como contrapropuesta al del Gobierno.

         Crisis de Gobierno en 29 de octubre.

Chapaprieta hizo crisis de Gobierno el 29 de octubre, cambiando Ministros, pero eso no bastó para calmar el escándalo surgido el 18 de octubre.

     Remodelación 29 de octubre de 1935:

  Estado, José Martínez de Velasco, 1875-1936, agrario sustituyó a Lerroux, que estaba implicado en el escándalo.

  Instrucción Pública, Luis Bajardí López, 1880-1942, PRR, sustituyó a Juan José Rocha García, 1877-1938, PRR.

  Agricultura Industria y Comercio, Juan Usabiaga Lasquivar, 1879-1953, PRR, sustituyó a José Martínez de Velasco, que fue a Estado.

Se posponía a los hombres, pero se salvaba a los partidos, pues los republicanos radicales depuestos eran sustituidos por otros republicanos radicales. Daba la impresión de que nuevamente se quería echar tierra sobre el asunto del estraperlo. Pero el Partido Republicano Radical, que representaba el centro parlamentario y a los españoles moderados, perdió su credibilidad. Y ello supuso una radicalización de las Cortes entre la derecha y la izquierda. La derecha reclamaba el poder para ellos, y la izquierda quería disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Nadie tenía mayorías, y se hacía imposible legislar.

     Otro problema a salvar, era que Chapaprieta se empeñaba en lograr el equilibrio presupuestario, de modo que fuera posible sanear Hacienda. Pero los criterios económicos utilizados por Chapaprieta estaban desfasados, eran demasiado pobres intelectualmente: se limitó a hacer despidos de algunos funcionarios, y acosó a algunos terratenientes que abusaban de su posición de superioridad. Fue una política inoportuna, que logró encender la ira de muchos españoles y no dio los resultados apetecidos. Se pueden hacer ajustes con los intereses de la deuda, con los privilegios onerosos otorgados a determinadas personas e instituciones, con el precio del dinero, con el cobro de servicios…

         La absolución de Largo Caballero.

     Otro asunto manejado políticamente por la izquierda y por la derecha, fue la absolución de Largo Caballero por el Tribunal Supremo, en 20 de noviembre de 1935. El responsable moral de la revolución de octubre en Asturias, salía libre. El hombre que predicaba la necesidad de un PSOE revolucionario, que acaparara el capital y la iniciativa empresarial, además de los cargos estatales y sindicales, era exonerado de culpas anteriores, y se le permitía iniciar su política agresiva. Era un error táctico del Gobierno, tal vez por no plantear correctamente la acusación ante la Justicia.

     La dimisión de Chapaprieta en diciembre de 1935.

Alcalá-Zamora seguía creyendo que debía hacer un Gobierno sin CEDA, y los republicanos radicales de Lerroux hicieron una segunda crisis de Gobierno. Entonces, la CEDA decidió hacer denuncias contra el Gobierno radical de Chapaprieta, a fin de echarle abajo. Los dos grupos mayoritarios en las elecciones, ambos de derechas, se estaban atacando entre´si.

     El escándalo sacado en noviembre de 1935 a la luz para hacer dimitir a Chapaprieta fue conocido como “escándalo Tayá-Nombela”[4]: Se hizo público a fines de noviembre de 1935, que los contratos de suministros a las colonias, uno de los mejores negocios de España, había sido adjudicados a los amigos personales de Lerroux a dedo, con lo cual se demostraba que Lerroux y gran parte de su camarilla, habían sido desde siempre unos corruptos que se estaban aprovechando de su poder para hacer mucho dinero. De nuevo se exculpó a Lerroux, pero un tercio de la Comisión Parlamentaria que le había investigado, le había considerado culpable. El escándalo se sumaba al del estraperlo de 18 de octubre, por el cual había dimitido Lerroux. Gil-Robles, la esperanza de la derecha, no dudaba en elegir la inmoralidad y la mentira, a la hora de sacar adelante sus proyectos políticos. Si a ello sumamos que a la izquierda le preocupaba muy poco todo lo que no fuera “la revolución”, es decir, adueñarse de los cargos políticos, la esperanza del español medio en una salida política del marasmo económico y social en que estaba sumida España, se anulaba completamente. La desmoralización colectiva era la dominante social.

     Antonio Nombela Tomasich, 1900-1986, era un funcionario público ejemplar y eficiente, Inspector General de Colonias. Había sido militar, y en 1924 se hizo observador aéreo, el hombre que acompañaba al piloto de un avión para observar el terreno. En 9 de septiembre de 1925, abastecieron de hielo y comida a una guarnición militar española, con grave riesgo para su vida, y obtuvo la Laureada de San Fernando el 16 de noviembre de 1927. En recompensa, en 1931 le dieron un destino en Guinea Ecuatorial, y en 1934, le nombraron Inspector General de Colonias.

El asunto Tayá-Nombela, discutido en 1935 era así: el empresario catalán Antonio Tayá había fundado una naviera en 1914, la Compañía de África Occidental, para importar productos tropicales a España. La compañía se quedó sin encargos de trabajo en 1918, al finalizar la guerra mundial, y Tayá se salvó de la ruina al obtener la exclusiva del transporte entre España y Fernando Poo, Annobón y Rio Muni, y entre estos territorios entre sí, y obtuvo una subvención estatal para cubrir los déficits anuales. Como las subvenciones no se pagaban, Tayá acudía a los despachos de los políticos a pedir al Gobierno que cumpliera el contrato de subvencionarle. El contrato con Tayá se canceló en 1929. Los barcos de Tayá habían desaparecido, pues dos se habían hundido mientras estaban en puerto, y el tercero estaba por España. La República en 1932 rescindió de nuevo el contrato a Tayá por considerarlo un privilegio escandaloso, y Tayá recurrió al Tribunal Supremo.

Lerroux le debía varios favores de Tayá, pues éste empresario catalán le había financiado parte de sus campañas políticas cuando Lerroux estaba despegando como político en Barcelona, hacia 1910. Tayá ganó el juicio, y esperaba una gran indemnización, que posteriormente se vio que el tribunal no le asignaba ninguna. Pero pidió una cantidad, y Lerroux firmó la orden de pago a Tayá sin el mandato judicial y sin el preceptivo visto bueno del Consejo de Ministros.

El expediente llegó a Antonio Nombela, Inspector General de Colonias que debía pagar esa indemnización, y Nombela se negó a dar curso a la orden de pago “porque faltaba la firma de…“.

     El 20 de septiembre de 1935, cayó el Gobierno Lerroux por el escándalo del caso del estraperlo, lo que hacía más difícil cobrar a Tayá, pues una corrupción se sumaba a la otra. Nombela intentó entonces hablar con Chapaprieta, el nuevo Presidente del Gobierno. Chapaprieta le prometió solucionar el asunto. Conocía muy bien el asunto, pero no se quería comprometer demasiado.

     Nombela se entrevistó con varios Diputados, sin éxito ninguno, pues nadie daba importancia al cese de un funcionario. Por fin, el 28 de noviembre de 1935, presentó un memorándum a Santiago Alba Bonifaz, Presidente de las Cortes, y pidió ser reintegrado a su puesto de trabajo. Santiago Alba también había sido atraído por la verbosidad de Lerroux, y se había afiliado al PRR, pero era más honrado que Lerroux. El Partido Republicano Radical asumió el encargo de presentar el asunto en las Cortes. En ese punto, y al ver la trascendencia que cobraba el caso, se interesó por el tema Miguel Maura, el cual habló con Martínez Barrio, Augusto Barcia y Cirilo del Río advirtiéndoles que podían estar ante un caso grave, que debían observar.

     Chapaprieta entendió la gravedad del tema, y se esforzó porque éste nunca llegara al Congreso de los Diputados. Propuso abrir una “Comisión Parlamentaria”, de las que suelen pedir tiempo para que los asuntos se olviden en la prensa. Pero el Presidente de las Cortes lo presentó en el Parlamento, lo cual era lo mismo que dárselo a la prensa.

     El asunto se complicó porque Nombela había enviado copias de su denuncia a periódicos de París y de Lisboa, para ser publicadas en caso de que le pasase algo, o cuando les llamase para que lo hicieran.

         El Memorandum de Nombela.

     El 28 de noviembre de 1935, Antonio Nombela Tomasich presentó un Memorandum al Presidente de las Cortes, Santiago Alba Bonifaz, exponiendo su caso. Con ello se suponía que las Cortes quedarían enteradas del escándalo. El Informe de Nombela exponía que él era Inspector General de Colonias desde 29 de agosto de 1929, y que le habían encargado renovar la política colonial. Que le habían asignado como colaboradores a José Antonio de Castro Martín como Secretario General de Colonias, y a Ángel Manzaneque que era Gobernador General de Guinea. Cuando llegó Lerroux al Gobierno, en octubre de 1934, nombró como Subsecretario de Presidencia a Guillermo Moreno Calvo, el hombre decisivo en el asunto Nombela. A los pocos días de estar gobernando Lerroux, Nombela fue llamado por Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la República, para advertirle de la catadura moral de los políticos que gobernaban en ese momento, y para decirle que se debía oponer a sus chanchullos y manejos de los Ministros. Le dijo que no dimitiese, y que hiciera lo posible por mantener la decencia. Muy pronto le llegó a Nombela un caso de corrupción de este Gobierno de Lerroux y Gil-Robles: el empresario Antonio Tayá pedía 524.832 pesetas al Gobierno como indemnización por la pérdida de un negocio en colonias. La cantidad eran unos 87 años de ingresos de un obrero medio español. Y Guillermo Moreno Calvo le pasó a Nombela el documento de autorización del pago. Nombela puso inconvenientes. Moreno argumentó que Tayá había ayudado a Lerroux cuando éste estaba apurado, y se le debía este favor. Moreno ordenó a Nombela recibir a Antonio Tayá y a su abogado Gómez Piñán. Como no se consiguió hacer efectivo el pago, Moreno Calvo se llevó el expediente Tayá del despacho de Nombela, e hizo desaparecer la denegación que Nombela había hecho. A continuación, pidió a dos abogados del Estado que justificasen la legalidad de aquel pago, y la inexistencia de defecto de forma que alegaba Nombela. Cuando los abogados devolvieron el expediente a Nombela, éste le manifestó a Moreno que faltaba la hoja de denegación, y Moreno dijo que la habría perdido algún funcionario. El abogado de Tayá, Gómez Piñán, puso un “Recurso de Reposición” ante la Junta de Colonias, pero la Junta le rechazó el recurso. Moreno Calvo se enfrentó entonces Nombela con insultos personales y descalificaciones, y le exigió autorizar el pago, o de lo contrario, despediría a todos los de la Junta de Colonias. Nombela consultó con un abogado del Estado, Manuel Gómez Acebo, que le dijo que esperara la resolución del Tribunal Supremo en el Recurso de Reposición emprendido por Gómez Piñán[5]. El 22 de abril de 1935, hubo sentencia del Supremo, y la sentencia anulaba la rescisión de contrato que el Gobierno le había hecho a Tayá, pero no indicaba derecho ninguno a indemnización. Moreno Calvo exigió a Nombela que pagara la indemnización considerándola una decisión administrativa que debía obedecer como funcionario. Puestas así las cosas, Tayá pedía 2.592.000 pesetas, y Moreno Calvo le sugirió que elevara la cifra hasta los 7 u 8 millones de pesetas. Gómez Piñán pidió, al final, 7.450.117 pesetas. Nombela quedó asustado por el incremento de la cifra, y se lo comunicó a Lerroux, creyendo, como muchos españoles de entonces, que Lerroux era honrado. Lerroux le dijo que él no sabía nada, pero en cuanto salió Nombela de su despacho, Lerroux llamó al Subsecretario Moreno Calvo, para que expedientase a Nombela por haberse dirigido al Presidente del Gobierno sobre temas que competían a sus superiores, saltándose la escala de mando. Moreno Calvo nombró a Nombela Comendador de la Orden de África, y buscó un abogado que indagase cómo encausar a Nombela, y deshacerse de él. El elegido fue Martínez Almeida, el cual, cuando conoció el caso, dimitió. Se buscó un nuevo abogado llamado Marín, para que buscase el juez adecuado para condenar a Mandela, y dar la razón a Tayá. Ante ese abogado, Tayá reclamó esta vez 3.033.318 pesetas, porque pensaba que tal vez se habían sobrepasado pidiendo siete millones la vez anterior. Marín aconsejó que el documento de pago pasase por el Consejo de Estado, y allí se ordenase el pago del mismo. Pero el Consejo de Estado autorizó el pago de 200.000 pesetas, una cantidad ajustada a las pérdidas de Tayá, y los buscadores de dineros del Estado quedaron muy defraudados. Entonces, Moreno Calvo elaboró un escrito argumentando que, si se hacía caso al Consejo de Estado, se acabarían pagando siete u ocho millones de pesetas en juicios posteriores, por lo que, en bien del Estado, era mejor pagar los tres millones. Y los debía pagar la Inspección General de Colonias, es decir el departamento de Nombela, sin necesidad de obtener permisos de otras instancias del Estado. El tema llegó al Consejo de Ministros como un trámite sin importancia, y se aprobó por unanimidad. Y a continuación, Moreno Calvo exigió a Nombela, el 12 de julio de 1935, que hiciese efectivo el pago. Nombela dijo entonces que faltaba la firma del Secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia, y Moreno Calvo, que ya creía haber vencido a Nombela, estalló en ira.

     Intervino entonces Luis Lucia, que llamó a Nombela en presencia de Gómez Piñán, y le entregó una orden de Lerroux que autorizaba el pago. Y Nombela se fue de allí al Palacio de las Cortes para hablar con Gil-Robles, al que también creía honrado por entonces, para informarle de lo que estaba ocurriendo. Gil-Robles no le recibió, pero le envió un recado para que le dijeran que Gil Robles estaba apesadumbrado por los hechos, y que se había sorprendido su buena fe, pero que no se podía afrontar en esos momentos una crisis de Gobierno cuando las izquierdas amenazaban con una revolución. Entonces Nombela se fue al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a ver si Luis Lucia le escuchaba. Luis Lucia tampoco le recibió, y un intermediario le comunicó a Nombela que conocía el asunto, y que había llegado a la conclusión de que no se podía hacer nada. Nombela declaró que tenía copias del asunto en periódicos de París y Lisboa, y que podía hacerse público en cualquier momento, y eso asustó a los Ministros y Presidente del Gobierno. Como era ya el anochecer, se limitó a llamar por teléfono a Lerroux, que no le cogió el teléfono en ninguna de las llamadas. Y por fin, Nombela habló con Sánchez-Guerra, Secretario del Presidente, y le contó el caso. Había dado con un hombre que podía remover a los políticos. Efectivamente, Gil-Robles se puso muy nervioso, y llamó a Luis Lucia durante la noche, y ambos decidieron una estrategia para acabar con Nombela.

     Al día siguiente, 13 de julio de 1935, Luis Lucia se negó a firmar el documento de pago a Tayá, porque se olía que iba a haber un escándalo, y no quería ser él la cabeza de turco. Le dijo a Moreno Calvo que era preciso que el documento fuera estudiado por Gil-Robles detenidamente. Gil Robles consultó a sus asesores, que le informaron de que todo eran ilegalidades del Gobierno, y que Nombela tenía razón. Moreno Calvo se enfadó con Nombela. El 17 de julio de 1935, el Consejo de Ministros revocó la orden de pago a Tayá. Y a continuación, cesó a Antonio Nombela y a Castro Martín, por insubordinación, por saltarse los cauces reglamentarios en el funcionariado. Nombela fue despedido el 26 de julio de 1935.

         El escándalo de 28 de noviembre de 1935.

     En 28 de noviembre de 1935, el Diputado independiente Dionisio Cano López, había preguntado en el Congreso la causa de las destituciones de Antonio Nombela Tomasich y José Antonio de Castro Martín. Al oír la pregunta, Lerroux abandonó el hemiciclo alegando enfermedad. Contestó la interpelación Gil-Robles, y salió por peteneras. Insistió en la pregunta Cano López. Y Gil-Robles habló de un exceso de celo de un funcionario, que había obligado a abrirle un expediente. El expediente existía pero no se había concluido, por lo que la declaración de Gil Robles era mentira. Nombela había sido cesado el 17 de julio, y tampoco tenía sentido que cuatro meses después no hubiese concluido el expediente, ni que se hubiese cesado a Nombela sin haber concluido el expediente.

     Al terminar la sesión, Gil Robles decidió “arreglar el asunto” por su cuenta, y ordenó revisar toda la vida funcionarial de Nombela, para encontrar un fallo, e incluirlo en el expediente, y así justificar su expulsión como funcionario. Le encargó el trabajo al abogado del Estado Martínez Almeida, que tras conocer el caso, renunció. Se le encargó el trabajo al abogado del estado Marín, que no encontró nada punible y hasta felicitó a Nombela.

El 29 de noviembre de 1935, hubo un nuevo debate parlamentario sobre el caso Nombela. Gil Robles tuvo que admitir que sí había habido una decisión de Consejo de Ministros autorizando el pago a Tayá. Pero se le ocurrió otra estratagema de Gobierno: Nombró una Comisión de 21 miembros, de esas que no sirven para nada, salvo para dar la razón al Gobierno: Presidía Gregorio Arranz Olalla, y había 5 Diputados de Ceda, 3 de PRR, 2 agrarios, 1 liberal demócrata, 1 progresista, 1 de ERC, 1 de PNV, 1 de Unión Republicana, 1 de Izquierda Republicana, 1 tradicionalista, 1 de Lliga, 1 independiente, y 1 monárquico. No quiso a nadie del PSOE ni del PCE en la Comisión.

     En su momento, Arranz dimitió para complicar la investigación y alargar el proceso. La Comisión exculpó a Lerroux, lo cual era la finalidad para la que había sido constituida. Pero los Republicanos Radicales sabían lo que estaba pasando, y que quedaba probado que Lerroux era un personaje inmoral y corrupto, que nunca se le probaría que había tomado nada del Estado, pero que lo había repartido entre sus allegados. Los radicales hicieron dimitir a Lerroux de todos sus cargos en el partido. Lerroux anunció el 7 de noviembre de 1935, que se retiraba de la vida pública. Samper abandonó el PRR, y ello inició una fuga de Diputados radicales, que terminó con el partido en pocos meses.

El debate parlamentario de 7 de diciembre de 1935.

     El 7 de diciembre de 1935, a las 17:00 horas, hubo sesión parlamentaria y duró 14 horas. Se volvió sobre el caso Tayá-Nombela:

José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española de las JONS, contó la verdad del caso Nombela, condenó a Gil-Robles por mentiroso, inmoral e indigno, y dijo de él que estaba arrastrando a los jóvenes hacia la mentira, lo cual impedía la formación de un Frente Nacional contra el marxismo. José Antonio Primo de Rivera, dijo que no se podía culpabilizar a los Subsecretarios de los errores de los Ministros, pues el Ministro es responsable directo de lo que hace su Subsecretario. Dijo que Lerroux era un delincuente, como ya se había demostrado en el caso del estraperlo, y aunque nunca se pudiera probar que se había enriquecido personalmente, era claro que estaba enriqueciendo a las personas de su entorno, lo cual era lo mismo en cuanto a corrupción. Dijo que apoyaría  a Nombela con todas sus fuerzas. José Antonio Primo de Rivera Daba la explicación que nadie quería oír: que dos barcos de Tayá se habían hundido amarrados a un muelle, sin mala mar ni motivo conocido alguno. Que la empresa de Tayá no tenía libros de contabilidad ni libros de actas. Que se estaba pidiendo al Gobierno de España una cantidad a voleo. Que Gil-Robles era un tipo tan corrupto como los demás políticos que había en ese momento en España. Y que Lerroux era un inmoral que repartía dinero entre sus allegados.

Unión Republicana a Izquierda Republicana dijeron que Gil- Robles era tan inmoral como Lerroux, pues había conocido y tapado en todo momento el asunto Nombela. Gil Robles contestó que tenía la conciencia tranquila.

El reformista Muñoz de Diego dijo que probablemente Lerroux fuera inocente, y que el culpable posiblemente fuese su Subsecretario.

Royo Vilanova dijo que se debía revisar el expediente completo.

Pérez Madrigal dijo que Lerroux y Moreno Calvo eran inocentes, y que se trataba de una añagaza política contra el Gobierno.

El republicano radical Samper, dijo que no se podía aceptar la opinión de Pérez Madrigal porque había que respetar la verdad.

El republicano radical Martínez Moya, dijo que Nombela era pundonoroso e íntegro, pero había faltado a las normas del funcionario no siguiendo la escala de mando.

Fernández Castillejos dijo que Alcalá-Zamora estaba fuera de toda sospecha.

El tradicionalista Romualdo de Toledo, el monárquico Fuentes Pila, y Miguel Maura, pidieron la condena de Lerroux.

Augusto Barcia dijo que las responsabilidades afectaban a todos los que habían intervenido en el asunto, y no sólo a una persona concreta.

En la votación final del 8 de diciembre, se exculpó a Lerroux, y se culpabilizó a Nombela y a Castro Martín, y fueron inhabilitados. Nombela nunca fue repuesto en su cargo de Inspector General de Colonias. Tayá nunca llegó a cobrar la indemnización que pedía.

         La difícil situación del PSOE en 1935.

En noviembre de 1935, una vez caída la coalición Radicales-CEDA, los diversos grupos republicanos y el PSOE se pusieron a negociar su posición ante unas previsibles elecciones generales. La pretensión era constituir el Frente Popular que venían negociando desde hacía meses.

El PSOE estaba dividido, pues Largo Caballero se oponía a cualquier coalición con los republicanos, y pedía el “socialismo de clase”, o toma del poder por los obreros, desplazando de él a la iniciativa empresarial libre, y a las instituciones del Estado independientes,  mientras gran parte del PSOE se oponía a estas medidas no democráticas. El socialismo de clase no lo consideramos hoy democrático liberal y social, excepto los propios socialistas de clase y los comunistas, que consideran que es la verdadera democracia, la democracia socialista. Pero la asunción del poder por los trabajadores, y la anulación de la iniciativa empresarial privada, y de las fuerzas integrantes del Estado, bajo la autoridad de comités obreros, no podemos considerarlo una democracia en el sentido ordinario de la palabra. Democracia liberal y social, es lo contrario de democracia socialista. La primera respeta la libertad de iniciativa empresarial, la libertad del funcionario en su papel de Administración, y la libertad del obrero, mientras la democracia socialista asume para los cuadros del partido y cuadros sindicales, la iniciativa empresarial, los cargos de la Administración, y la dirección sindical, lo cual supone monopolio sobre todos los poderes del Estado.

El PSOE estaba en una tremenda crisis interna entre Largo Caballero y su socialismo de clase, y Prieto y su socialismo más democrático, aunque no socialdemócrata, pues el que resultara líder para las elecciones próximas, sería el nuevo jefe del partido, e inclinaría al partido hacia una posición definitiva, pues una era incompatible con la otra. Largo Caballero procuró retrasar las reuniones del Comité Nacional del PSOE, porque se veía en minoría, y no quería reunirlo hasta prever que él saldría elegido Secretario General. Pero la situación era de una urgencia evidente, y convocó reunión para el 11 de diciembre de 1935.

Largo Caballero actuó por su cuenta, diciendo que lo hacía en nombre de todo el PSOE, y pidió a los republicanos cooperación electoral. Largo Caballero fijaba un programa mínimo que incluiría la nacionalización de la tierra y de la banca. Ese programa debería ser presentado al PCE y a su sindicato, la Confederación General del Trabajo Unitaria, CGTU, para que asintiesen, antes de ser entregado a consideración de los republicanos.

     Indalecio Prieto se indignó con esta actuación de Largo Caballero que ya actuaba como líder del PSOE sin haber sido elegido por el Comité Ejecutivo.

     La difícil sustitución de Chapaprieta.

     El 8 de diciembre de 1935, el Presidente Alcalá-Zamora trató de evitar la disolución de Cortes proponiendo un Gobierno de Concentración, que no fuera de derechas, pero que tuviera el apoyo de CEDA.

El 9 de diciembre de 1935, Gil-Robles provocó la crisis del Gobierno. José María Gil-Robles, estaba fuera de la realidad cuando pensaba que la crisis del Partido Republicano Radical le daría a él la Presidencia del Gobierno. Porque si se había sorprendido a los españoles con que Lerroux era el líder de una cuadrilla de corruptos, también se había demostrado que Gil-Robles era un inmoral que callaba lo que le parecía, y actuaba al margen de la legalidad cuando lo creía conveniente. Gil-Robles era considerado partidario del fascismo por la izquierda, y se desconfiaba de él desde la derecha. Sólo tenía el apoyo de los católicos y de muchos militares, lo cual no era poco. Y además, Gil-Robles dijo que si el Parlamento no se plegaba a su política, prescindiría del Parlamento. Fue un error colosal, y aunque él no lo sabía todavía, fue el final de su carrera política. En diciembre de 1935, incluso era partidario de un golpe militar que se impusiera sobre Alcalá Zamora, para que no fuera nombrado Presidente Portela, sino que le hicieran Presidente a él.

La teoría de la necesidad de un golpe de Estado tenía audiencia entre algunos militares: Faljul le dijo a Gil-Robles: “si usted me lo ordena, yo me echo esta misma noche a la calle”. Pero entonces, Gil Robles se echó atrás, porque un golpe no estaría bien visto a esas alturas del siglo XX. O tal vez no se echó atrás del todo, porque dijo que, si el ejército en pleno opinaba que él debía tomar el poder, no pondría a ello ningún obstáculo. O sea, que estaba deseando un golpe militar que le hiciera Presidente, pero que la iniciativa fuera de un militar. Y ya tenía el plan: una vez proclamado Jefe del Gobierno, declararía el “estado de guerra” y facilitaría con ello la acción del ejército para realizar lo que tenían planificado. Gil-Robles confiaba ciegamente en que los militares darían el golpe, pero pensaba que luego, se retirarían a los cuarteles una vez restablecido el orden constitucional. No había aprendido de 1923, y se sorprendió en 1936 de lo que él mismo había propiciado. Pero el golpe de 1935 no tuvo lugar, porque Francisco Franco dijo que no se podía improvisar, sin saber a dónde conduciría una aventura así, que era posible que fracasase. Franco se negó a ser él el que tomase la iniciativa “ni por el deber de disciplina, ni por la situación de España”. No quería ser el pardillo que cargase con los problemas del Gobierno.

     Alcalá-Zamora se negó a nombrar Presidente del Gobierno a Gil-Robles, como le pedía la CEDA. El nuevo Presidente de Gobierno fue Portela Valladares, el 15 de diciembre de 1935. El nuevo Gobierno se constituiría sin CEDA y sin el Partido Republicano Radical. Y con la oposición frontal de republicanos de centro, y socialistas, tenía muy pocas posibilidades.

     El Partido Republicano Radical ya no era un partido con opciones de formar Gobierno, porque estaba en disolución: Los Ministros del Partido Radical presentaron su dimisión como miembros del partido, y perdía muchos militantes.

     Alcalá-Zamora quería el triunfo de un partido moderado, de centro, que evitara los radicalismos que se estaban observando en la derecha y en la izquierda, pero no sabía cómo lograrlo: La derecha estaba rota pues los monárquicos estaban enemistados con CEDA, por haber aceptado ésta la república.

     Alcalá-Zamora llamó a formar Gobierno a Miguel Maura que declinó la oferta, y también la declinó Chapaprieta, y los mismo hizo Martínez de Velasco, y por fin aceptó Portela Valladares.

El 12 de diciembre, Alcalá-Zamora optó por Manuel Portela Valladares. Portela no tenía diputados que le apoyasen, pero se consideraba que podía organizar un grupo de centro, un Gobierno de transición.

     El proyecto Portela, estaba pues patrocinado por Alcalá Zamora. Como Portela no tenía detrás un partido político, la medida presuponía una vuelta al caciquismo, necesario para crear un partido a medida de las necesidades del líder del momento. La idea era que, si había dos bloques incompatibles en la derecha y la izquierda, la oportunidad política estaba en la creación de un bloque de centro, pues jugaría con el apoyo de unos, o de otros. Se consideraba que aunque este bloque fuera artificial, funcionaría. Pero la idea fracasó. Tras eliminar a Miguel Maura y a Alejandro Lerroux, sucedió la caída de Alcalá- Zamora, y sólo quedaron los bloques de derecha y de izquierda frente a frente.

[1] Carlos Seco Serrano, Niceto Alcalá-Zamora. Real Academia de la Historia, DB-e.

[2] Federico Salmón Amorín, 1900-1936, era un joven abogado católico, líder de los católicos de la región levantina. Nacido en Alicante, se formó en los jesuitas de Valencia, estudió Derecho en Valencia, se hizo abogado del Estado, y acabó como profesor de Derecho Público en Murcia. Colaboraba con todas las iniciativas católicas del momento y estuvo en la formación de CEDA en 1933. Fue Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión para Lerroux en mayo de 1935, Ministro de Justicia para el también alicantino Chapaprieta en septiembre de 1935, y Ministro de Trabajo Justicia y Sanidad en octubre de 1935. Fue fusilado por los gubernamentales republicanos en 1936 en una de las “sacas” que se llevaron a Paracuellos del Jarama.

[3] José Martínez de Velasco Escolar, 1875-1936, fue un madrileño que estudió Derecho y se hizo miembro del Partido Liberal Demócrata de José Canalejas. Se negó a colaborar con Primo de Rivera en 1923, y en 1931 reapareció como líder de los Agrarios, y desde entonces, se opuso a todas las reformas que los socialistas querían introducir sobre la tierra. En 1933, era líder del Partido Agrario y portavoz del partido en el Congreso. Aceptaba la República, siempre que ésta respetase los derechos de los agricultores y ganaderos, mantuviese un diálogo respetuoso con la Iglesia católica, respetase la unidad nacional aunque admitiera las autonomías administrativas de las distintas regiones españolas. Pedía un Senado corporativo, y un Concordato con la Santa Sede. Fue asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid en 1936.

[4] Donato Ndongo Bigyogo. Guinea durante la Segunda República. El escándalo Nombela. Implicaciones. Endoxa. Series Filosóficas nº 37, 2016, pg.101-119. UNED, Madrid.

[5] Tomás Gómez Piñán, 1896-1957, era sacerdote, había hecho teología y Derecho en Oviedo, y en 1926 había ganado la cátedra de Historia General del Derecho en Murcia, por incomparecencia de los demás opositores.