EL GOBIERNO LERROUX A PARTIR DE OCTUBRE DE 1934.
conceptos clave: campaña pro amnistía en octubre de 1934, Melquiades Álvarez, crisis de Gobierno en noviembre de 1934, la derecha en diciembre de 1934, la ruptura entre Lerroux y Azaña, el posicionamiento católico en enero de 1935, la discriminación de Asturias en 1935, la política de acercamiento al ejército en 1935, la campaña contra Azaña en 1935, la crisis CEDA-PRR, la difícil coordinación de la izquierda en 1935,
Decretos del Gobierno en octubre de 1934.
En octubre de 1934, el Gobierno decidió requisar las armas que los españoles tenían en sus casas. Se trataba de que no se organizasen milicias ciudadanas armadas. No hubo mucho éxito en la operación, pues los españoles se resistían a entregar sus armas, y en febrero de 1936, fue necesario decretar una nueva requisa de armas, esta vez con más empeño y dedicación de la fuerza pública que las requisaba. Pero eran los partidos políticos, los sindicatos, y las organizaciones paramilitares existentes en gran número, los que estaban acumulando armas, y por tanto, no bastaba un decreto y unas requisas de la Guardia Civil, para acabar con el problema.
El Gobierno demostró una falta completa de criterio moral, y se produjeron muchas contradicciones: Azaña fue a prisión. Algunos dirigentes de la insurrección catalana fueron indultados. Se condenó a muerte a dos asturianos que sólo habían sido unos comparsas y no organizadores ni dirigentes de ninguna revuelta.
La campaña de 1934 pro-amnistía.
Los republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas iniciaron una campaña masiva contra el ejército, para intentar salvar las vidas de muchos compañeros, y excarcelar a miles de correligionarios. Acusaban al Gobierno de ferocidad en la represión, y demandaban una amnistía, y la abolición del ejército por la ferocidad que había mostrado contra ciudadanos españoles. La campaña por la amnistía empezó el 12 de octubre de 1934, cuando el Consejo de Guerra condenó a muerte al Comandante Enrique Pérez Farrás, y a dos Jefes de la Escuadra que había apoyado la rebelión en Barcelona. Los tribunales militares no tenían reparo en condenar a compañeros militares de izquierda, aunque ello supusiera la división interna del ejército. El Consejo de Ministros optó por aprobar las ejecuciones.
El Presidente de la República, Alcalá-Zamora presidió la campaña por el indulto, y le siguieron los republicanos radicales. Se opuso al indulto CEDA.
Azaña dijo que si se había amnistiado a Sanjurjo, no tenía sentido ejecutar a estos rebeldes de menos categoría. Pero Gil Robles le replicó a Azaña, y envió una nota a Goded y a Fanjul para que los jefes de la guarnición de Madrid expresaran su parecer. La respuesta fue fulminante: “aunque haya que indultar a Pérez Farrás, no dimitan ustedes, porque el ejército no está en condiciones de impedir que el poder vuelva a las izquierdas”. La respuesta significaba que el ejército se veía como cimentación del Gobierno y del Estado, y que el ejército creía que las izquierdas estaban intentando la destrucción del Estado.
Y entonces, Gil Robles ordenó a sus Ministros que votaran por el perdón: en marzo de 1935 fueron indultados el dirigente socialista Ramón González Peña y otros veinte condenados por los sucesos de Asturias. El ejército se disgustó por el perdón, y la derecha comprendió que era el momento de hacer la contrapropaganda a los panfletos socialistas y comunistas. Los nuevos panfletos de la derecha decían que sólo el ejército podía impedir la desintegración de España: el 6 de noviembre de 1934, Calvo Sotelo hizo en las Cortes un ataque abierto al Gobierno, y alabó la actitud del ejército. En conclusión, todos intentaban que la política sustituyera a los Tribunales de Justicia, por su supuesto, cada uno a su favor, y que de paso, los tribunales hicieran parte de la revolución en que cada uno estaba pensando.
El 7 de noviembre, José María Fernández Ladreda, oficial retirado, Diputado por Acción Popular, culpó al Consorcio de Industrias Militares de que los trabajadores de Trubia hubieran tenido y todavía tuvieran armas, y de que hubieran podido hacer una revolución armada. Diego Hidalgo presentó el proyecto de disolver el Consorcio.
El 5 de noviembre de 1934 se reunieron las Cortes y hubo debate. Los carlistas se pusieron al lado del Gobierno en octubre de 1934. Sus hombres salieron a apoyar a las autoridades, en contra de los piquetes socialistas armados.
La posición moderada liberal, de Melquiades Álvarez.
El melquiadista Filiberto Villalobos votó contra la restauración de la pena de muerte, en contra del criterio de su propio partido, lo cual significaba la crisis del Partido Reformista, y la crisis española en general, pues no era él solo el que sentía el problema. El Partido Reformista era el representante en España del liberalismo progresista, y su desaparición dejaba solos a los conservadores radicales, frente a los revolucionarios marxistas y anarquistas.
La pena de muerte había sido abolida en el Código Penal de 1932, y el Gobierno de Lerroux, en 1934, quiso restablecerla para delitos de terrorismo y bandolerismo. A eso se opuso Villalobos. La pena de muerte sería plenamente restaurada en el bando franquista en 1938. Pero es un dato que carece de significado cuando decenas de miles de españoles estaban siendo asesinados en ambos bandos de la guerra, en las famosas “sacas”, en los no menos famosos “paseos”. No significa nada que la Ley diga que no existe la pena de muerte, cuando se está matando a diario fuera del frente de guerra, en las retaguardias de ambos bandos. Discutir quién era más liberal en este caso, parece una broma macabra.
La postura de Melquiades Álvarez es muy ilustrativa de los que estaba pasando en España en el primer tercio del siglo XX.
Melquiades Álvarez y González-Posada[1], 1864-1936, fue un asturiano formado en el Instituto Jovellanos de Gijón, y que estudio Derecho en Oviedo y fue profesor en esa Universidad. En esos momentos, Melquiades Álvarez era republicano federal seguidor de Pi y Margall. En 1901 fue elegido Diputado y se trasladó a Madrid, y allí fue moderando sus opiniones, al observar lo absurdo de la violencia y del marxismo. Incluso acusó a Nicolás Salmerón de mezquino y estrecho de miras, por perseguir la revolución, en vez del cambio y evolución a mejor. En 1908, se opuso a la legislación antiterrorista de Maura, porque no le gustaba la violencia institucionalizada, y también se opuso a la coalición de su partido con los socialistas, porque servían a otra revolución en proyecto. Y se opuso a la monarquía de Alfonso XIII, porque era un Rey que no respetaba la Constitución, la legalidad, ni la moralidad. En 1912, Melquiades Álvarez estuvo en la fundación del Partido Reformista de Gumersindo de Azcárate, y se convirtió en el teórico de más peso en el partido: planteó la secularización del Estado, una política de inversiones en carreteras y escuelas, una reforma fiscal con menos impuestos indirectos y mayores impuestos directos, y la conveniencia de un Estado de Autonomías, sin ruptura de la unidad de España. Y esas reformas, se debían hacer no de forma brusca, tras una revolución, sino cuando fuera más conveniente, por lo que fue llamado “accidentalista”. En 1917, se convirtió en líder de su partido, y en julio asistió a la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, que iba a cambiar la Constitución Española. En 1918, el Partido Reformista asumió plenamente el programa de Melquiades Álvarez, que incluía los principios ya citados, más una reforma constitucional, y el mantenimiento de la monarquía. Era un liberalismo social de tipo británico, que de ninguna manera fue comprendido por los españoles. Hablaba de colaborar con los Gobiernos democráticos a fin de transformar la realidad española. Y de hecho, José Manuel Pedregal, del Partido Reformista, apoyó la Comisión de Responsabilidades de Annual en 1922. A partir de ese momento, empezó a decaer la popularidad de Melquiades Álvarez, a medida que crecían las ideas revolucionarias de anarquistas, socialistas, comunistas, y fascistas. En noviembre de 1923, Melquiades Álvarez advirtió al Rey de que se necesitaban las Cortes, y no se le hizo caso. En 1930, se sumó al grupo que pedía una Constitución nueva, pero advertía que las reformas políticas y sociales debían ser paulatinas y pactadas. En febrero de 1931, ganaron los que querían revoluciones. Melquiades Álvarez creó el “Partido Liberal Demócrata”, de centro derecha, pero los revolucionarios de Asturias boicoteaban violentamente sus actos electorales, y fracasó. En 1933, fue Diputado, y en octubre de 1934, condenó la violencia de la revolución de octubre. No se lo perdonaron. Y peor fue que en mayo de 1936 condenara la violencia iconoclasta, pues en julio fue detenido y encarcelado, y en agosto asesinado por los milicianos republicanos.
Crisis del Gobierno en noviembre de 1934.
El 16 de noviembre, el Ministro Diego Hidalgo Durán dimitió por sus contradicciones cuando actuaba contra los militares. El Presidente del Gobierno, Lerroux, se hizo cargo del Ministerio de Guerra. Lerroux creía que sólo una minoría de oficiales del ejército estaban interesados en política, y que de éstos, unos eran republicanos, y otros monárquicos, y que la mayoría simplemente obedecía a sus jefes. Y Lerroux decidió nombrar a jefes y oficiales que habían sido postergados por Azaña, en la confianza de que así tendría un ejército fiel a su persona. El 16 de noviembre, Samper fue sustituido por Rocha, e Hidalgo por Lerroux. El razonamiento de Lerroux era propio de un populista, era simplista.
En 16 de noviembre de 1934 se reestructuraba el Gobierno: Guerra, Alejandro Lerroux García, sustituyó a Diego Hidalgo.
Estado, tras la dimisión de Ricardo Samper Ibáñez, PRR, el Ministerio fue asumido Por Juan José Rocha García, PRR, que ya era Ministro de Marina.
El Partido Republicano Radical de Lerroux, no perdía su cuota de Ministros.
En diciembre de 1934, Lerroux levantó el “estado de guerra” en la que el Gobierno podía declarar la ley marcial, y lo cambió por “estado de alarma”, que permitía censurar artículos de prensa, y cerrar locales sospechosos de alterar el orden público. Con ello, Lerroux se permitió cerrar Ayuntamientos que habían sido revolucionarios y cerrar la Generalitat, así como mantener en la cárcel a 30.000-40.000 presos de octubre de 1934. La campaña de la izquierda por liberar a sus presos fue feroz, y los liberaría de hecho en febrero de 1936.
La derecha en diciembre de 1934.
Los republicanos radicales de Lerroux eran mayoría en todas las provincias menos en Cataluña y País Vasco. Eran la derecha disfrazada de republicanismo. CEDA intentaba afiliar a las mujeres a través de Acción Católica para ganar votos. CEDA no se puede calificar de extrema derecha porque respetaba la legalidad. Y surgió otra gran fuerza de derechas llamada el Bloque Nacional, en diciembre de 1934.
En octubre de 1934, José Calvo Sotelo tuvo la idea de un bloque de derechas llamado Bloque Nacional e inmediatamente Renovación Española le dijo que sí, y el carlismo acabó entrando, pero lo abandonó en abril de 1936 porque no podía imponer sus ideas al Bloque. La derecha tenía la percepción de que se preparaba un golpe de Estado “marxista”, en el que no distinguían la revolución “socialista de clase” de Largo Caballero, la revolución del PCE de signo marxista leninista, y la revolución CNT, de signo kropockiniano. A todo lo llamaban marxismo, y tampoco se preocupaban de estudiar a Marx y a los marxismos. Por su parte, el conjunto de revolucionarios españoles del momento, denominó a todos los firmantes del Manifiesto de 8 de diciembre “fascistas”, sin analizar el pensamiento de cada uno, ni sus diferencias. El desconocimiento de cada bloque sobre el contrario era completo.
El 8 de diciembre de 1934, la derecha emitió un manifiesto, que se considera el inicio del Bloque Nacional, y estaba firmado por: Antonio García Cosculluela que era maurista y alfonsino; Tomás Domínguez Arévalo conde de Rodezno, era carlista; Juan Víctor-Pradera Larumbe era un teorizador del carlismo; Eduardo Aunós Pérez era catalanista de Lliga; Julio Palacios Martínez era físico; Fernando Álvarez de Sotomayor Zaragoza era pintor; José Gafo Muñiz era un dominico sindicalista; Darío Rumeu Freixa barón de Viver, era un banquero barcelonés; José María Yanguas Messía vizconde de Santa Clara de Avedillo era abogado; Ramiro de Maeztu Whitney era novelista y político; Pedro Sainz Rodríguez era monárquico de Juan de Borbón; Jacobo Fitz-James Stuart Falcó era primorriverista; Jacinto Benavente Martínez era dramaturgo; José Albiñana Sanz era médico y del Partido Nacionalista Español; José María de Areilza y Martínez de Rodas era monárquico de Juan de Borbón; Andrés Amado Reygondaud de Villebardet era abogado; Juan Antonio Ansaldo Vejarano era un aviador militar monárquico; Fernando María de Ybarra de la Revilla marqués de Arriluce de Ybarra era abogado maurista; Benito Badrinas era un empresario textil catalán; Joaquín Bau Nolla conde de Bau era carlista; José Bertrán Güell era un empresario catalán; José Calvo Sotelo era de Renovación Española; Tomás Borrás Bermejo era un periodista que denunciaba la próxima revolución comunista en España; Eduardo Callejo de la Cuesta era primorriverista; Pedro González-Bueno Bocos era alfonsino y falangista; María del Pilar Careaga Basabe era una empresaria bilbaína de Renovación Española; José María Carretero Novillo era periodista; Julián Cortés Cavanillas era un periodista monárquico; Francisco de Asís Moreno de Herrera marqués de Aliseda era monárquico y falangista; Vicente Gay Forner era economista pro nazi; Santiago Fuentes-Pila Ochoa era monárquico; Federico García Sanchís era un conferenciante profesional; Agustín González de Amezúa Mayo era abogado integrista católico; Pedro González Ruano; Rafael Benjumea Burín conde de Guadalhorce era un ingeniero primorriverista; José María Lamamié de Clairac y de la Colina era un terrateniente salmantino católico carlista; Ricardo León Román era maurista; Salvador Gil Vernet era urólogo catalán; José Félix de Lequerica Ezquiza era un empresario vasco; Manuel Linares-Rivas Astray-Caneda era dramaturgo; Honorio Maura Gamazo, hijo de Antonio Maura, era abogado y dramaturgo; José Luis de Oriol Urigüen era empresario vasco; Eugenio Rodríguez Pascual era el marido de María Luisa Gómez Pelayo marquesa de Pelayo; José María Pemán Pemartín era un teórico de la derecha católica; Alfonso Peña Boeuf era falangista, y luego fue franquista; Leonardo de la Peña Díaz era médico; Fernando Gallego de Chaves Calleja marqués de Quintanar era monárquico; Antonio Gregorio Rocasolano era un químico que se hizo famoso en 1939 por la depuración franquista del profesorado; Marqués de Rozalejo; Carlos Ruiz del Castillo Catalán de Ocón, era abogado fascista; Alfonso Sala Argemí conde de Egara era un empresario textil catalán; Miguel Lasso de la Vega López de Tejada marqués de Saltillo era un historiador sevillano; Alfredo Serrano Jover era abogado maurista; Enrique Súñer Ordóñez era un médico primorriverista; Tiburcio Romualdo de Toledo Robles era carlista; Cirilo Tornos Lafitte era abogado católico; Honorio Valentín Gamazo era católico; Fernando Suárez de Tangil Angulo conde de Vallellano era primorriverista; José Luis Zamanillo González-Camino era carlista. La mayoría habían salido de CEDA y habían adoptado como líder a Calvo Sotelo.
José Calvo Sotelo hablaba de una España “una e indivisible”, regida con criterios autoritarios en la que sobraba Gil Robles y su CEDA. La ideología del Bloque Nacional hablaba de un «Estado integrador» sin luchas de clases, orgánico, con unidad de mando y continuidad histórica, basado en un ejército fuerte. Hablaban de superación del parlamentarismo, de superación de los conceptos de derecha e izquierda, y de la necesidad de organizar un Estado corporativo. Por tanto, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo era antiliberal y próximo al fascismo.
El Bloque Nacional renovó su apoyo a Tradicionalistas y Renovación Española, la TYRE, y entonces las Juventudes Unidas de Acción Nacionalista, JUAN, cambiaron de nombre para llamarse Organizaciones Juveniles Calvosotelistas.
El Bloque Nacional se escindió en dos ramas:
restauracionistas, liderados por Antonio Goicoechea (fundador de Renovación Española, partido de los alfonsinos), antiguos liberal conservadores, ahora de ideología conservadora autoritaria.
instauracionistas, liderados por Calvo Sotelo, antiguos mauristas y primorriveristas, ahora de ideología del Estado corporativo totalitario. Utilizando las juventudes del TYRE, Calvo Sotelo se hizo con el Bloque, o Renovación Española, en abril de 1935.
A partir de este momento, podemos considerar a la región cantábrica y Madrid como alfonsinos, norte del Ebro como Renovación Española (Goicoechea), y carlistas y de otras opciones el resto de España de derechas.
Calvo Sotelo pretendía una monarquía, con Don Juan como rey, que llevase al Estado corporativo. Pero Don Juan se declaró más partidario de Goicoechea que de Calvo Sotelo en el momento de su boda en Roma en octubre de 1935.
El Bloque Nacional de Calvo Sotelo le pidió a Gil Robles, líder de CEDA, 80 puestos en las listas electorales, y Gil Robles prefirió siempre hablar con Goicoechea, al que consideraba más dúctil y flexible. La derecha seguía sin poder tener una unión completa.
En los primeros meses de 1936, el Bloque Nacional se desmoronó, todos luchaban contra todos, y la victoria de la izquierda, Frente Popular, fue un paseo. Pero la idea de una sublevación contra los manejos políticos de la izquierda estaba viva. El que luego, la sublevación cayera en manos de Francisco Franco, en vez de en los militares republicanos y demócratas, que eran los líderes de julio de 1936, es otra deriva distinta inesperada para muchos de los sublevados. Las revoluciones nunca se sabe dónde acaban y en manos de quién.
También Falange Española pensó en hacerse con la sublevación de julio de 1936, y también fracasó ante Franco. En 1935, Falange Española no aceptó la propuesta de Ramiro Ledesma Ramos de hacer unidades fascistas autónomas populares, y Ramiro se marchó de FE a principios de 1935. José Antonio Primo de Rivera quería un partido sumiso al líder, a él mismo. Ramiro Ledesma quería un partido fascista “democrático”, abierto a todos los líderes.
Falange Española FE, se marchó del Bloque Nacional, llevándose algunos alfonsinos consigo, como el marqués de Aliseda y Ansaldo, que eran jefes del Bloque hasta ese momento. FE consideraba al Bloque como reaccionario.
Fal Conde, jefe de los carlistas en 1934, vetó a los carlistas que estaban en el Bloque Nacional.
Ruptura definitiva entre Lerrouz y Azaña.
En diciembre de 1934 se reguló la huelga prohibiendo las huelgas no laborales y las que no tuvieran autorización gubernativa.
Los patronos se permitieron seleccionar a los obreros a los que daban trabajo. Lo hacían confeccionando “listas negras” y crearon una «Confederación Española de Sindicatos Obreros» CESO, que era amarillismo puro.
Los militares de derecha se agruparon en Unión Militar Española UME, cuyos militantes eran oficiales de graduación media baja y su presidente era un capitán de Estado Mayor llamado Hernández Barba. El único militar de alta graduación de UME era Goded, pero no tenía cargos en la asociación.
El Gobierno tomó el camino de amedrentar a los obreros, juzgando poco a poco a los implicados en los sucesos de octubre, y condenándoles a muerte uno tras otro. Lisardo Doval, Comandante de la Guardia Civil, fue nombrado por Franco Delegado Especial del Gobierno en Asturias. Los tribunales militares podían condenar a muerte, aunque los ordinarios no.
Manuel Azaña fue encerrado en el barco “Uruguay” en Barcelona, juzgado y absuelto por falta de pruebas (28 de diciembre). Otros fueron condenados a muerte (González Peña, Teodomiro Menéndez) pero no ejecutados. Alguno fue ejecutado (sargento Vázquez y el obrero Pichilatu). En la primavera de 1935 había más de veinte penas de muerte pendientes de confirmación o indulto.
La campaña de la CEDA pidiendo el restablecimiento de la pena de muerte fue contrarrestada con un manifiesto de los intelectuales en contra. Firmaban: Azorín, Américo Castro, Ignacio Bolívar, Pío del Río Ortega, Gregorio Marañón, Lafora, Bastos, Hernando, Calandre, Juan Ramón Jiménez, José Bergamín, Pedro Salinas, Oscar Esplá, Valle Inclán…
Esta campaña de terror gubernamental, llevó a los partidos y sindicatos de izquierda a una fuerte unión entre ellos: empezaron formando un «Comité de Ayuda» para atender a los presos y luchar por los indultos de los condenados a muerte. Estaban allí los socialistas, comunistas, republicanos, federales, ugetistas, Federación Universitaria Española y Esquerra Valenciana. Esta unión es el preludio del futuro «Frente Popular», una vez que los comunistas reciban la orden de Moscú de aliarse con todos los grupos democráticos para luchar contra el fascismo.
El 28 de diciembre de 1934, Azaña fue puesto en libertad por falta de pruebas en su contra. La derecha estaba en proceso de escisión, y la izquierda, estimulada por Azaña, estaba en proceso de convergencia. Pero el centro democrático representado por Azaña, se entregaba a la izquierda, una vez que no tenía el apoyo de Lerroux. Lerroux había hecho el ridículo acusando e incausando a Azaña, y el error era de gran calado. La izquierda tampoco era democrática, y el error de Azaña también era de trascendencia.
Por otra parte, el 27 de diciembre de 1934 dimitió el Ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, un probado demócrata. Fue sustituido por Joaquín Dualde. El Gobierno perdía credibilidad, pues Villalobos era muy popular.
Lerroux necesitaba apoyos políticos nuevos para no perder en adelante las elecciones, y su política cambió rotundamente a partir de principios de 1935.
Posicionamiento católico en enero de 1935.
El 14 de enero de 1935 nació el periódico “Ya” en Madrid, un periódico de Editorial Católica que dirigía Vicente Gallego Castro, y colaboraban Joaquín Arrarás, Melchor Fernández Almagro y Juan Aparicio Gómez. Sus talleres serían incautados en 1936 por el PCE, pero resurgiría en la época franquista. En 1939 reapareció como diario de la tarde, y pronto pasó a la mañana siendo su director Juan José Pradera. En 1952 lo sería Aquilino Morcillo. Destacaba por sus secciones de religión, educación, y Madrid. Era moderado en cuanto a su estilo literario y moralizante en cuanto a sus objetivos de contenido. En 1960 empezó a discrepar de la dictadura y se formó el “grupo Tácito”, un grupo de jóvenes democristianos que pedían una transición pacífica a la democracia. Trabajaban en el periódico Luis Sánchez Agesta, Luis Apostua. En 1974 el director era Alejandro Fernández Pombo. En 1976, a la muerte del dictador, “Ya” era uno de los grandes, tras ABC, y apoyó el movimiento de UCD hasta 1979, pero entró en crisis conjuntamente con esta formación política hasta que, en 1986, la Conferencia Episcopal lo entregó a un grupo empresarial considerado afín, siendo directo Ramón Pi.
Discriminación de Asturias frente a Cataluña.
El 1 de febrero de 1935, fueron ejecutados los líderes asturianos Vázquez y Argüelles. Para ellos no hubo indulto ni conmutación de pena. Los juicios continuaron hasta 19 de febrero de 1935 y hubo 19 condenas a muerte.
Diego Velázquez Corbacho era un pobre sargento destinado en el Cuartel Milán nº3, de Oviedo, el cual se pasó a los obreros revolucionarios en octubre de 1934, y se puso al frente de unos 500 hombres durante la sublevación.
Jesús Argüelles Fernández alias Pichilatu, era un empleado de comercio que fue acusado de incendiar el diario Avance, y también se le añadieron otras acusaciones de las que muchos historiadores discrepan que fueran posibles.
La cuestión es que los personajes importantes catalanes, fueron condenados a prisión, mientras estos pobrecitos de Asturias, fueron fusilados.
Los republicanos, socialistas y comunistas, pedían indultos. Gil Robles dijo que indultar era mostrar debilidad. Y el Presidente de la República propuso que formara Gobierno Martínez de Velasco. Pero éste no aceptó porque no quería dejar fuera a CEDA.
Política de acercamiento al ejército en 1935.
Lerroux decidió atraerse tanto a los militares partidarios del golpe militar, como a los militares fieles al Gobierno de la República. Se había proclamado a sí mismo como Ministro de Guerra.
El 2 de febrero de 1935, Alejandro Lerroux permitió un ascenso militar por cada cuatro vacantes de empleo, y el 12 de julio de 1935, las Cortes autorizaron el ingreso de los sargentos en el Cuerpo de Suboficiales. Y además, aprobaron una subida de sueldo para los miembros CASE.
En febrero de 1935, los generales más autoritarios fueron premiados: Francisco Franco Bahamonde fue nombrado Jefe de las Fuerzas Militares en Marruecos; Manuel Goded Llopis fue nombrado Comandante Militar de Baleares; y Joaquín Faljul Goñi fue ascendido a General de División.
Pero en su afán de hacerse amigos, Lerroux también premió a los militares republicanos como José Riquelme López-Bago, que en febrero de 1935 fue nombrado jefe de la II División Orgánica, Sevilla; Juan García Gómez-Caminero nombrado Jefe de la VIII Disición, La Coruña; Domingo Batet Mestres, que había dominado con éxito la rebelión de Cataluña de octubre de 1934; Eduardo López-Ochoa Portuondo, que había dominado la rebelión de Asturias. A los dos últimos los condecoró con la Laureada de San Fernando. Lerroux intentaba congraciarse con todos para llegar a un resultado que condujera a su encumbramiento personal, a través de la restauración de la paz dentro del ejército.
Pero la derecha política se enfureció con Lerroux, porque se daba un trato igual a los oficiales de derecha, que no se habían sublevado, que a los de izquierda cuyos partidos habían protagonizado una sublevación, y Lerroux presentó un proyecto de prohibición de la masonería entre los militares, lo que podía suponer la postergación de todos los generales de izquierdas. Era una insensatez de Lerroux.
El 15 de febrero de 1935, el Diputado Dionisio Cano López presentó un informe en el que identificaba a algunos militares como miembros de la masonería, y pedía que se votara la prohibición citada. Gil Robles votó a favor de esta proposición. La posición de Gil Robles fue un error, pues cuando se votó el tema de los indultos a los rebeldes asturianos, tuvo que dimitir.
El caso de Carlos Masquelet Lacaci[2], 1871-1948, es muy ilustrativo de lo que estaba pasando en el ejército durante la Segunda República: se había formado en la Academia General de Toledo, y en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, y escogió destino en zapadores minadores, y luego se trasladó a pontoneros. En 1897 sirvió en telégrafos. En 1919 estuvo en Ceuta y se encargó de teléfonos y telégrafos. Era por lo tanto un buen técnico, cuando ascendió a general en 1930. Pero era moderado y liberal, y no le gustó ni a la derecha ni a la izquierda, salvo a Azaña, al que le parecía un hombre idóneo para una política de centro. Lerroux le hizo Jefe de Estado Mayor Central, pero el Ministro de Guerra, Diego Hidalgo, prefería a hombres más de derechas, y encargó a Francisco Franco la represión de la sublevación de octubre de 1934. Lerroux le nombró Ministro de la Guerra el 3 de abril de 1935, porque era un colaborador de confianza de Azaña. Y sobrepuso el juego político por encima de la competencia profesional o la honestidad. Los socialistas y comunistas le odiaban porque no aceptaba sus iniciativas, y le llamaban “fascista” e “indiferente”. Los de derechas le odiaban porque no se comprometía contra el marxismo. Durante la guerra de 1936-1939, tuvo puestos secundarios. En 1939, se exilió a Francia, porque había luchado en el bando derrotado.
El 28 de mayo de 1935, Lerroux permitió de nuevo los Tribunales de Honor. El 31 de mayo de 1935, un Ley delegó la decisión del pase a la reserva al Consejo Superior de Guerra, organismo que estaba subordinado a Ministerio de Guerra, el cual quedaba subordinado a Presidencia del Gobierno.
Reforma militar de Gil Robles: Gil Robles ordenó la restitución de los nombres tradicionales de los Regimientos; la obligación de asistir a misa los domingos y días de fiesta; el servicio de cría caballar o de remonta, dentro del Ministerio de Guerra; y, a propuesta de Franco, reabrió la Academia General Militar de Zaragoza. Esta vez, se impartirían tres años de estudios en las Academias especiales de cuerpo o arma. También intentó rebajar en dos años la edad en que los coroneles y generales debían pasar a la reserva, para así agilizar los ascensos, lo que le permitiría anular a Masquelet, Batet, La Cerda, García-Gómez Caminero… los oficiales republicanos. Pero el Proyecto de Ley no fue aprobado por las Cortes.
Gil Robles intentó subir los sueldos militares, y lo consiguió del Ministro de Hacienda para el ejercicio de 1936, pero el Gobierno cayó en diciembre de 1935, y la subida no tuvo lugar. Pero quedaba claro que un gobierno de derechas subiría los sueldos militares, cuando ganó la izquierda del Frente Popular.
El 4 de junio de 1935, las Cortes del Frente Popular aprobaron la disolución del Consorcio de Industrias Militares, y la actividad de fabricación de armas pasó a la Dirección General de Industrias, dependiente de Ministerio de Guerra. Y los obreros de las fábricas de armas podían ser militarizados en caso de rebelión en España. Los obreros sindicados en partidos de izquierda, dejarían de ser un problema, y los sindicatos perderían ascendencia sobre cuestiones militares. Complementariamente, el 1 de agosto, se prohibió a los obreros de la Dirección General de Industrias sindicarse o afiliarse a partidos políticos.
El 6 de junio, el porcentaje permisible de voluntarios en el ejército, se subió al 8%, con intención de ir a una profesionalización militar a fuerza de subir este porcentaje.
El 8 de junio de 1935 las Cortes aprobaron el proyecto de Diego Hidalgo de que se revisaran los ascensos por méritos de guerra, y el 18 de julio siguiente, el Consejo de Guerra confirmó todos los ascensos por méritos de guerra. Ello significaba que el ejército pasaba a manos de los africanistas, cuyos miembros eran ascendidos a los máximos cargos militares. En julio, las Cortes aprobaron el servicio militar de tres años, y desde el servicio, si no se habían tenido notas desfavorables, se podía ingresar en la Guardia Civil o en la Policía Municipal.
Francisco Franco hizo planes para mejorar la fuerza aérea, renovar la artillería, adquirir tanques y ametralladoras y establecer un laboratorio químico militar, según las necesidades que conocía por su estancia en África. Y llamó a Mola para preparar un plan de movilización general, para caso de que fuera necesario. Mola estaba en África, y se incorporó al Ministerio en Madrid.
De 30 de julio y el 4 de noviembre de 1935, el Consejo de Ministros aprobó un total de 1,5 millones de pesetas, que se pagarían con los ahorros de una Ley de Restricciones, y con la Ley de Revisión del Sistema Tributario. Pero las Cortes se negaron a aceptar esa petición del Gobierno.
En octubre, la Aeronáutica pasó a depender de Ministerio de Guerra.
El 5 de diciembre de 1935, una Ley ascendió a los subtenientes al empleo de Alférez, es decir, permitió a los “chusqueros” el ingreso en la escala activa, lo que también les permitía ir a la Academia Militar. Ascendieron unos 3.000 suboficiales, sin tener los estudios de Academia necesarios para ser considerados alféreces. Era una situación extraña, pues muchos no deseaban pasar por la Academia, sino simplemente una subida de sueldo.
Y Gil Robles se planteó, a fines de 1935, la cuestión más ardua y compleja en el ejército: controlar la ideología de los reclutas. El Estado Mayor Central y la Dirección General de Seguridad calculaban que el 25 % de los reclutas pertenecían a organizaciones extremistas, principalmente anarquistas. Se trataba de un posible “lavado de cerebro” colectivo. Y el 13 de mayo de 1935, recordó a los oficiales que “sin disciplina, no hay ejército”, y que había que promover las virtudes militares y luchar contra las ideas y tendencias “disolventes”.
Las reformas de Gil Robles no habían logrado cambiar el ejército. Intentó mayor efectividad técnica, mayor satisfacción profesional, y más tranquilidad política. Pero cometió el error de hacer necesaria la intervención política para que funcionara el ejército, y ello generó disgusto interno entre los militares. En el campo en que más éxito tuvo Gil Robles fue en halagar el orgullo profesional de los oficiales más ambiciosos. Pero eso condujo a que en diciembre de 1935, el ejército estuviera politizado. Todavía no estaba dispuesto a rebelarse. Y esto era lo que Franco sabía, y sus compañeros no habían sido capaces de detectar. Franco esperaría hasta el momento óptimo, cuando estuviera convencido de que el ambiente era el preciso.
La campaña contra Azaña de marzo de 1935.
21 de marzo de 1935, hubo debate en las Cortes sobre las “Responsabilidades de Azaña”: El 21 de marzo de 1935 las Cortes intentaron acabar con Azaña aprovechando las acusaciones que pesaban sobre él desde octubre pasado: Antonio Goicoechea, monárquico, acusó en las Cortes a Azaña de los sucesos de Casasviejas de enero de 1933, de la revuelta catalana de octubre de 1934, y de la insurrección de Asturias de octubre de 1934. Los monárquicos estaban envalentonados por la postura de Lerroux de liquidar, condenándolos a muerte, a los jefes socialistas y comunistas, mientras no se tocaba a ninguno de los violadores, torturadores y asesinos del ejército que fueron sobre Asturias. Es más, Lerroux estaba divulgando la mentira de un “terror rojo” para imponer un terrorismo de Estado, lo cual necesitaba de una censura hermética para que no se supiera de la violencia y abusos cometidos desde la derecha. El objetivo era que Azaña apareciese como asesino y torturador. Pero el pueblo español intuyó, o supo, algo de alguna manera, y convirtió a Azaña en un mito popular. Los carlistas, Renovación Española y CEDA votaron en contra de Azaña, mientras republicanos, PNV, Esquerra, socialistas y comunistas votaron por su inocencia en las Cortes el 21 de marzo de 1935.
Crisis entre CEDA y PRR.
El 29 de marzo de 1935 fue indultado Ramón González Peña, un socialista líder de los mineros asturianos, 1888-1952, prototipo de lo que se entendió por izquierda a partir de ese momento en el PSOE, la violencia armada. González Peña abandonó el duro trabajo de la mina para vivir de cargos en UGT y PSOE. Presidió la Federación Nacional de Mineros. En 1931 fue Diputado por Asturias, y luego fue Gobernador de Huelva, Alcalde de Mieres, y Presidente de la Diputación de Oviedo, siempre defendiendo la violencia. En octubre de 1934 era uno de los impulsores de la extrema violencia minera asturiana. Huyó, pero fue detectado en diciembre, detenido y condenado a muerte. Un oportuno indulto le cambió la condena a cadena perpetua. En 1936 fue de nuevo Diputado y, como destacado líder de los violentos, fue elegido Presidente de PSOE-UGT. Fue Ministro de Justicia para Negrín. En 1939 huyó a Francia. En 1940 se fue a México. En 1946, regresó a Francia a organizar de nuevo la violencia, y fue expulsado del PSOE.
El indulto de González Peña, hecho por los republicanos radicales, hizo que CEDA se enfadara y culpabilizara al Gobierno del PRR de blando. El Ministro de Justicia, Rafael Aizpún, dijo que no se trataba del indulto de un delincuente, sino de una actitud del Gobierno frente a la subversión. Era partidario de la pena de muerte, y la había restablecido en 11 de octubre de 1934. Pero Alcalá-Zamora no soportaba las penas de muerte, y dio el indulto. CEDA se enfadó, y acabó abandonando el Gobierno.
Rafael Aizpún Santafé[3], 1889-1981, era un católico navarro que estudio en Barcelona y fue liberal, y luego maurista. Se hizo famoso en 1926-1930 por el juicio de las Bardenas Reales de Tudela (Navarra), una finca de 41.000 hectáreas, que el Rey había cedido a 21 pueblos para su aprovechamiento en pastos y leña. Algunos querían repartirla, y Aizpún consiguió que quedara en usufructo y no se dividiera. Creó un partido demócrata cristiano llamado Partido Social Popular, con poco éxito. En 1932, consiguió que las Leyes Agrarias de Largo Caballero no se aplicaran en Navarra alegando los fueros navarros. También consiguió que el PNV no se adueñara políticamente de los destinos de Navarra, y luchó por un Estatuto navarro distinto al vasco. Y en 1933, fundó “Unión Navarra”, grupo que asoció a CEDA, y luego se llamaría “Acción Popular Navarra”. El 4 de octubre de 1934, fue nombrado Ministro de Justicia, y el 6 de mayo de 1935, Ministro de Industria y Comercio. En 1936, se pasó a los partidarios de Juan de Borbón.
La mayor parte de la opinión pública estaba por el castigo ejemplar a los subversivos, y ello encolerizó mucho a los radicales de izquierda, los perjudicados, que respondieron radicalizando su discurso y sus acciones violentas.
La derecha se reforzaba en sus viejas ideas antiliberales, y acusaba a Gil Robles por no haber impuesto una dictadura anticomunista. El terror a un comunismo era evidente y exigieron medidas de protección: Franco fue nombrado Jefe de Estado Mayor, Fanjul Subsecretario de la Guerra, y también obtuvieron cargos Mola, Millán Astray, Varela…
CEDA no era tan ultraderechista como se quería hacer ver en esos momentos en círculos de la izquierda: De octubre de 1934 a marzo de 1935 rigió una Ley de Arrendamientos que permitía a los colonos acceder a la propiedad en doce años a un precio razonable y se preparaba una Ley para asentar a los campesinos extremeños (Ley de los Yunteros extremeños de enero 1935), pero Giménez Fernández fue acusado de «Bolchevique blanco» y eliminado del Gobierno. Los terratenientes de derecha, le dijeron: “Si su señoría desea quitarnos las tierras con encíclicas en la mano, terminaremos por hacernos cismáticos”. Fue sustituido por Nicasio Velayos, del Partido Agrario.
Manuel Giménez Fernández[4], se formó en los jesuitas de Sevilla, e hizo Filosofía y Letras y Derecho en Sevilla. Colaboró con los jesuitas en los Luises, y también fue carlista y miembro de ACNP y de Liga Católica, un grupo sevillano demócrata cristiano. En 1930, exigió responsabilidades a los miembros de la Dictadura y obtuvo la cátedra de Derecho Canónico en Sevilla. Hizo amistad con Gil Robles y se afilió a CEDA. En octubre de 1934 fue Ministro de Agricultura y se propuso reformar las Leyes de Largo Caballero, mediante una Ley de Protección de Yunteros, Ley de Arrendamientos Rústicos, y Ley de Acceso a la Propiedad. Naturalmente, el PSOE le declaró su enemigo y enemigo del pueblo, pero lo sorprendente, o no tanto, fue que también los propietarios agrícolas le declararan su enemigo por desacralizar su derecho a la propiedad. Defendía ideas de la democracia cristiana, y fue excluido del Gobierno a partir de abril de 1935.
Gil Robles pedía tomar medidas que leía en periódicos italianos y alemanes, y el centro y la izquierda desconfiaban mucho de quien copiaba a los fascistas. Gil Robles pidió tener un peso en el Gobierno, proporcional a los votos obtenidos, pero no se atrevían a dárselo. Los pesoístas tenían muy fácil acusar a Gil Robles de fascista, y hacer populismo con esa idea.
La difícil coordinación de la izquierda.
La izquierda democrática intentaba coordinarse inútilmente. Álvarez de Albornoz y Augusto Barcia (Izquierda Republicana) se reunieron el 31 de diciembre de 1934 con Martínez Barrio y Gordon Ordax (Unión Republicana), con Franchy Roca (federal), con Botella Asensi (izquierda radical socialista), tras haber hablado con Sánchez Román, Miguel Mihura y Cirilo del Río. No llegaron a nada. En enero intentó la coordinación Martínez Barrio, y Azaña sugirió que nada se podía hacer sin la colaboración de los socialistas, y escribió una carta a Prieto. Azaña se convertía en pieza clave de la izquierda, pero los republicanos no querían pactar con los socialistas y comunistas, la izquierda no democrática.
13 de marzo 1935, Marcelino Domingo pidió la unidad de las izquierdas. En abril de 1935, los distintos grupos de izquierda empezaron a ceder, y se empezó a gestar lo que sería en 1936 el Frente Popular.
En la izquierda se creó un ambiente antidemocrático de violencia en la calle en los primeros meses de 1935, que se llamó “izquierdismo”, e inmediatamente esa tendencia en el PSOE fue liderada por Largo Caballero. El perjudicado en el PSOE fue Prieto. El PSOE fue al irracionalismo, y esa postura será denominada de izquierdas durante el resto del siglo XX.
El 20 de marzo, el Secretario en funciones de la Ejecutiva del PSOE, Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, escribió a Prieto una carta proponiendo una gran alianza de las izquierdas, que Prieto entendió como una gran alianza de izquierdas para formar Gobierno, pero Largo Caballero la transformó en la «Circular nº 3», o propuesta que podía ir más allá de una coalición electoral. Vidarte fue nombrado Vicesecretario General del PSOE en 1932-1939, y era del sector prietista, y actuaba en la Ejecutiva como contrapeso a Largo Caballero, el nº 1 del PSOE-UGT.
El debate sobre la pena de muerte.
El 3 de abril de 1935, Alcalá Zamora y Lerroux se negaron a reimplantar la pena de muerte en los procesos civiles, y hubo una crisis de Gobierno. Las Cortes debatían en esos días las penas de muerte dictadas por los tribunales militares contra dirigentes socialistas como Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez Fernández, responsables de los disturbios de octubre de 1934. Niceto Alcalá Zamora pidió la conmutación de penas, y Lerroux accedió, pero Gil Robles dijo que de ninguna manera se podían conmutar.
El 29 de marzo de 1935, siete Ministros del Partido Republicano Radical habían votado por la conmutación de las penas. Los cedistas y agrarios votaron por aplicar las penas de muerte. Los condenados fueron indultados y los ministros CEDA y del Partido Agrario, y del Partido Liberal, dimitieron.
Los republicanos radicales tuvieron que hacerse cargo de todos los Ministerios una vez que la derecha les abandonó. Pero los radicales no podían gobernar en minoría, y se hizo la crisis que acabó entregando el Gobierno a la CEDA.
Gil Robles pensaba en ese momento, que el Rey le llamaría a formar Gobierno. Y estaba dispuesto a provocar la crisis. Pero Niceto Alcalá Zamora se negó a convocar elecciones, lo cual defraudó las esperanzas de CEDA y de los socialistas, cada uno por su lado. Se cerraron las Cortes, y Alejandro Lerroux siguió gobernando a pesar de que estaba desacreditado ante la derecha y ante la izquierda.
La situación no era estable y todos pensaban que, en cualquier momento tendrían que llegar las elecciones.
Prieto se dirigió a Azaña, y el 14 de abril de 1935 escribió un artículo en El Liberal, titulado “Sobre la Lucha Electoral. Alcance y Situación de la coalición de Izquierdas”. En ese artículo defendía la necesidad de una alianza de izquierdas. Y a los pocos días, Prieto pidió a los partidos de izquierda un inicio de conversaciones. Ramón Lamoneda, jefe de la minoría socialista en Cortes, secundó a Prieto.
El Liberal era entonces el periódico del PSOE, dado que El Socialista estaba cerrado. Se editaba en Bilbao. El periódico se había inclinado por Prieto, en el tema de los encarcelados, es decir optaba por un socialismo moderado. Por eso, Prieto pudo publicar cinco artículos entre el 22 y el 26 de mayo de 1935, titulados “Del momento: Posiciones Socialistas”. En ellos se decía que el PSOE debía renunciar por el momento a la revolución social, y construir una alianza con los republicanos, combatir a los radicales que habían aparecido dentro del PSOE, y a los bolcheviques que habían aparecido en FJSE.
Otro pesoísta moderado, Besteiro, se había refugiado desde abril de 1934 en la revista Tiempos Nuevos, publicada por Andrés Saborit. No tenía mano en la directiva del PSOE. Pero en primavera de 1935 volvió a ser admitido en altos cargos del Partido Socialista. El 28 de abril de 1935, Besteiro ingresó en la Academia de Ciencias Políticas y Morales, y allí habló del marxismo, y trató de demostrar que Marx era enemigo de la idea de “dictadura del proletariado”, que era una idea de Lenin, al que los comunistas habían declarado único intérprete ortodoxo del marxismo. Besteiro dijo que la evolución era también una revolución sostenible, mientras el camino de la revolución violenta era un movimiento temporal de dudosa base marxista. Y citó que Mussolini había sido socialista en su juventud, y dijo que Hitler había llamado a su partido “socialista”, si bien había utilizado el prefijo “Nazional”. También dijo que el fascismo era un movimiento romántico que protestaba contra todo, igual que venían haciendo los anarquistas desde hacía un siglo, pero que el fascismo sólo servía a los intereses de la burguesía más rancia. No importaba que los fascistas vociferaran contra la burguesía, pues eran burgueses en el fondo. Por último, Besteiro dijo que había un socialismo inteligente, como el caso del laboralismo inglés, la socialdemocracia sueca, o el New Deal estadounidense, y un socialismo distorsionador de las teorías marxistas que había inventado “la dictadura del proletariado”.
La conferencia de Besteiro ocupaba cien páginas escritas, y era un estudio profundo. Pero no tuvo apenas difusión, ni la tendría en el futuro, cuando a nadie le gustaba la reinterpretación de Marx. Sólo nos sirve a nosotros como referencia para situar los problemas españoles de 1935.
Largo Caballero y Santiago Carrillo lanzaron entonces una amplia campaña de proselitismo desde la cárcel, lo cual era posible porque el Director de la prisión, Elorza, les dejaba hacer lo que quisieran. En uno de sus artículos, “Octubre: Segunda Etapa”, Carrillo pedía la bolchevización del PSOE y decía que debía reconocerse como auténtico líder del PSOE a Largo Caballero. Este artículo molestó a Largo Caballero, porque él no había sido consultado por Carrillo para decir esto, pero en el fondo, le gustaba.
Hubo una discrepancia entre los encarcelados de Oviedo y los encarcelados de Madrid. El debate del socialismo se había iniciado.
Carlos de Baraibar Espondaburu publicó entonces “Las Falsas Posiciones Socialistas de Indalecio Prieto”. Baraibar había sido colaborador de Largo Caballero cuando éste era Director General de Trabajo. En el artículo, defendió que la democracia española había llegado a un tope que nunca superaría, y que era necesario un golpe revolucionario para desatascar la situación. Ese golpe debía hacerse mediante la insurrección, como en octubre de 1934. Y decía que el PSOE era el organismo designado por la historia para esa misión. En este sentido, los que se oponían a este destino, como era el caso de Prieto, no eran más que un cáncer que debía ser extirpado.
El artículo de Baraibar fue contestado por Antonio Gascón y por Victoria Priego, en otro artículo titulado “Por Hoy y por Mañana”.
Y luego publicaron otros artículos Prieto, Ramón González Peña, y otros, en el sentido que se sobreentiende para cada uno. El caso es que la polémica era amplia, y amenazaba la existencia del PSOE. Los dirigentes asturianos apoyaron a Prieto y tal vez salvaron al partido socialista.
Por último, se produjo el artículo de Luis Arasquistáin “El Profesor Besteiro o el Marxismo de Academia”. Araquistáin trataba de ridiculizar a Besteiro, y dijo que un marxista nunca hubiera aceptado un puesto en la Academia de Ciencias Políticas y Morales. Dijo que le parecía vergonzante. Acusó a Besteiro de fabianismo, de inoperante, y de ignorante que no sabía nada de marxismo.
Besteiro acusó el golpe y se retiró de la política. España perdía un gran pensador. El PCE había ganado una batalla en la guerra por destruir el socialismo moderado.
Alcalá–Zamora se limitó a dejar pasar el tiempo, como si no estuviera viendo el terrible enfrentamiento y ruptura social que se estaba produciendo en España. Dejó que las cosas evolucionaran solas y renovó a Lerroux en el Gobierno en abril de 1935.
[1] Manuel Álvarez Tardío. Melquiades Álvarez y González-Posada, Real Academia de la Historia, DB-e.
[2] Gabriel Cardona Escanero, Carlos Masquelet Lacaci. Real Academia de la Historia. DB-e.
[3] José Andrés Gallego. Rafael Aizpún Santafé, Real Academia de la Historia, DB-e.
[4] Leandro Álvarez Rey, Manuel Giménez Fernández, Real Academia de la Historia, DB-e.
