20.11.02.Gobierno Azaña de 1931. Economía.

Gobierno Azaña de 1931. ECONOMÍA.

conceptos clave: crisis económica de 1931, medidas de 1932 contra la crisis, reformas económicas de Marcelino Domingo, leyes agrarias de 1932, política fiscal en 1931, reforma fiscal de 1932, comercio exterior español en 1931, presupuesto del Estado en 1932, política de obras públicas en 1931, Conferencia de Otawa en 1932,

          LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN 1931-1936

     Los habitantes de España en 1930 eran 23.500.000, que significaban una población potencialmente activa de unos 8.407.000 millones de personas, de las cuales 3,78 millones (45%) trabajaba la agricultura, 2,18 (26%) millones la industria y 2,35 millones (28%) los servicios. La natalidad cayó entre 1930 (28,19%o) y 1935 (25,74%o). En 1935, los habitantes de España eran ya 24.400.000.

     La sociedad estaba muy definida en grupos profesionales de tamaño parecido:

   Obreros de industria y servicios  1,9 millones

   Obreros del campo                    1,8 millones

   Pequeños campesinos             1,0 millones

   Renteros y aparceros            0,7 millones

   Comerciantes y artesanos        0,4 millones

   Funcionarios                         0,22 millones

   Clero: Curas, 32.000; frailes y monjas, 104.000[1].

     El cambio a una sociedad industrial se estaba produciendo desde 1880, y sobre todo desde 1900-1930. El siguiente cambio, el de los servicios estaba a punto de producirse: las profesiones liberales subieron desde 153.000 personas en 1920 a 354.000 en 1930 y, como hemos visto en el párrafo anterior, el sector servicios de 1930 era ya superior al industrial, y sumados los dos, superiores al agrícola.

     Las grandes ciudades seguían creciendo en 1930, como lo venían haciendo en los últimos 30 años: Madrid pasó de 750.000 habitantes en 1920, a 952.000 en 1930; Barcelona, de 710.000, a 1.005.000; Bilbao, de 110.000, a 160.000.

     En 1930 se calculaba que había 33.446 unidades escolares, ocupadas por 34.680 maestros que atendían a 2.070.000 alumnos. 70.876 chicos estaban en los colegios de enseñanza media. En 1935 se calculaba que había 42.726 unidades escolares, ocupadas por 47.945 maestros que atendían a 2.500.000 alumnos. Los estudiantes de enseñanza media, eran unos 124.000.

La II República de 1931-1936, se propuso acabar con el problema del latifundio mediante la Ley de Reforma Agraria de 1932, pero hasta 1934 sólo había expropiado 529 fincas que representaban 117.837 hectáreas en las que había asentado a 12.260 campesinos. Ya hemos comentado que el latifundio no era el problema económico de España, sino un arma populista para que millones de campesinos se apuntaran a organizaciones socialistas y anarquistas. Y eso es lo que se hizo durante la república, populismo.

              Salarios y precios en 1931-1936.

     El salario medio español era de 8 pesetas diarias, con 10,5 para los mineros picadores, y 3,5 para los jornaleros del campo en periodos de poca demanda de mano de obra. En general, los salarios habían bajado en 1920-1930 en zonas no conflictivas y se habían mantenido en las zonas conflictivas.

     La bajada, o mantenimiento de salarios en los años veinte en sus cifras nominales, había sido posible porque los precios habían ido muy bien, algunos se habían mantenido y otros incluso habían bajado. Ello explica que los españoles de a pie no estuvieran disconformes con la dictadura. También explica, aunque no totalmente, el que bajara la mortalidad.

     Los precios fueron bastante estables durante la Segunda República, sobre todo los del pan.

     El verdadero problema de la República fue el paro forzoso, que UGT calculaba en 500.000 personas en 1931 y que llegaría a 619.000 en 1933, la mitad de ellos agrícolas. El paro tenía causas diversas: parte de él era estructural, parte se debía al nuevo comercio de contingentaciones que reducía las exportaciones españolas. En parte también hay que considerar el cierre de la emigración. También debemos considerar el lock out empresarial agrícola. Y por último la caída de las exportaciones mineras.

         Crisis económica en 1931

     La dificultad mayor que tenía que superar la República de 1931 era la crisis económica. Había varias crisis económicas españolas pendientes de resolución: la crisis iniciada en España en 1898, que afectaba a una necesaria remodelación del ejército que nunca se había hecho, y también afectaba a una remodelación del comercio exterior debido a la pérdida de las colonias; las colonias marroquíes, cuya explotación costaba mucho dinero a España, mientras en otras metrópolis se obtenía dinero de sus colonias. España pagaba no sólo un ejército de pacificación, sino subvenciones a empresas privadas instaladas en las colonias; la crisis provocada por la Gran Guerra, en la que España especuló con los precios y los subió al límite que los demandantes europeos estaban dispuestos a pagar, lo cual significó abandono del suministrador español en cuanto superaron la guerra a partir de 1919; la irracionalidad que había propuesto como soluciones a los problemas económicos de España unos repartos de tierras en minifundio; el problema del analfabetismo que venía de mucho atrás y había sido denunciado durante siglos; el problema de falta de altura de los estudios universitarios españoles que había llevado a la necesidad de la ILE, universidad paralela a la oficial, o a proyectos para estudiar en el extranjero; la pérdida del crédito bancario internacional; las tendencias de desintegración del Estado protagonizadas por catalanistas, vasquistas y galleguistas principalmente, las dos primeras porque eran las regiones más ricas y desarrolladas de España, con diferencia, y la tercera por abandono; y la concepción de la sociedad como una lucha de clases, en la que los trabajadores debían acabar con los empresarios y tomar el control del Estado, en vez de colaborar con la iniciativa empresarial y con las organizaciones del Estado, y desarrollar juntos el país, como pensaban la socialdemocracia y el liberalismo social que ya estaban planteándose en Centroeuropa. El tema era pues muy complejo.

La crisis económica española era crónica y secular. Había empezado en los siglos XVII y XVIII, con gastos del Estado que España no podía pagar, lo que sumió al país en un estado de deuda permanente y de dependencia de banqueros extranjeros. Las soluciones tomadas fueron de consolidar la deuda, es decir, de no pagar plazos de devolución, y de rebajar intereses. Y nadie quiso prestar a ese Estado en quiebra permanente. Y mientras tanto, la causa principal del gasto, las continuas guerras, se mantuvieron durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX. Si España era considerada en 1808 un Estado fallido por Napoleón, la idea había cambiado muy poco a lo largo del XIX. Y las independencias de las colonias no sirvieron para que los españoles reconociesen la verdad, su realidad actual. Mantener los negocios de los Reyes y de los grandes empresarios españoles, estuvo siempre por delante de sanear la economía española, de hacer inversiones productivas, y de lograr el pleno empleo. Y también, hacer las diversas “revoluciones” de los políticos y sindicatos de izquierdas, estuvo siempre por delante de los verdaderos intereses del país.

Dentro de esta crisis española multisecular, la Gran Guerra, en la cual no participó España, significó el agravamiento definitivo de todos los problemas: por un lado, los empresarios optaron por subidas descomunales de los precios, porque estaban exportando a los beligerantes, los políticos aceptaron el sinsentido de que hubiera escasez en el país abastecedor de los mercados europeos, y por otro lado, los “revolucionarios” creyeron llegado el momento de sus revoluciones, llegar al poder mediante la violencia, e instaurar la violencia como método de gobierno. Pero como cada uno tenía su modelo de revolución, los distintos sistemas violentos eran incompatibles entre sí, y lo mismo servían para asesinar gentes de derechas, que para asesinar cada grupo a los otros grupos de izquierdas. El terrorismo, la huelga general revolucionaria, y los abusos de los empresarios eran los paradigmas por los que sobresalía España.

El final de la Gran Guerra significó el cese de la demanda extranjera sobre los productos españoles, sobre todo a partir de 1919, a medida que los beligerantes producían en sus propios países. Pero los precios españoles ya no bajaron, y comer se hacía muy difícil en los hogares españoles. La crisis del mundo en 1929, se tradujo en que, hacia 1931, en España desapareció el crédito bancario internacional, el último recurso para empresarios y gobernantes españoles. Y los españoles se vieron enfrentados a sí mismos, sin posibilidad de escape. No fue la crisis de 1929 lo que echó abajo el sistema político español, pero sí el elemento que hizo explotar los parches que se intentaban poner a una situación ya inviable. Las soluciones de poner más represión, habían fracasado en 1923-1930. Y en 1931, lo que se intentaba era hallar una salida fácil, a lo que era muy complicado. La fuga de capitales era una señal de lo que estaba pasando, que se desconfiaba de los Gobiernos españoles. Y las amenazas de 1931 de acabar con la propiedad, con la religión, con el ejército y con los políticos tradicionales, no hicieron sino llevar más inquietud a los ánimos de los españoles.

Las dificultades se expresaban en quejas constantes sobre la actuación del Gobierno español en cuanto a política, industrial, política agraria y política laboral. Quejas de los empresarios y quejas de los trabajadores, pero sobre todo, quejas de los políticos profesionales. Las protestas se expresaban de forma violenta generalizada.

     El déficit de Hacienda era insostenible desde hacía décadas, y los Diputados no aceptaban más impuestos, como el impuesto progresivo por el que los ricos pagarían más, y el impuesto de utilidades por el que se generalizaría la tributación. Ni tampoco se aceptaban los recortes de gastos del Estado, que afectarían a ejército e Iglesia católica, y a servicios del Estado que daban muchos puestos de trabajo, aunque eran prescindibles.

Un Estado sin dinero, no puede hacer reformas de ningún tipo, ni de derechas ni de izquierdas. Y si la organización de funcionarios del Estado es corrupta, y está ahí para exprimir a los ciudadanos, en vez de para servirles, mucho peor. Ante estas condiciones objetivas, los programas de Gobierno resultaban utópicos: La Ley de Bases de la Reforma Agraria era inaplicable, porque disponía de 50 millones de pesetas anuales de presupuesto para hacer unas expropiaciones y reformas que necesitaban miles de millones. El Instituto de Reforma Agraria era burocráticamente lento. Además, se carecía de Reglamentos para aplicar la Ley. Y el campo se hizo incultivable, pues ni los empresarios obtenían rendimientos, ni los pobres accedían a cultivarlo directamente. El déficit presupuestario anual del Estado era creciente. La política de la Segunda República era una política absurda y suicida, con la que el Estado no podría cumplir con las reformas que prometía. Antes o después, tenía que estallar. El que fuera mediante una rebelión militar, sólo fue la realización de una de las posibilidades.

     Cuando el problema principal de la mayoría de los políticos españoles era la lucha de clases, cuestiones más importantes como la planificación económica, los objetivos sociales de Gobierno perdurables a largo plazo, y la priorización de los cambios sociales y económicos, no tenían oportunidad. Y ahí, quedaban subsumidos el comercio exterior que estaba en recesión, la política salarial que era conflictiva, algunas producciones que sólo se sostenían gracias a subvenciones, como era el caso del carbón asturiano y el hierro vasco. Y las huelgas desestabilizaban la vida normal de los ciudadanos todos los días, sin más sentido que desestabilizar a fin de romper la fuerza del Gobierno y propiciar el ambiente revolucionario. La lucha de clases era el principal objetivo de los largocaballeristas, de los anarquistas, y de los partidos de derechas, que trataban de hacer permanecer a la clase burguesa en sus privilegios. El millar de comunistas que había en España, no creemos que tuviera más importancia que la de incordiar.

Y a ello, se unió la crisis internacional, que empezó en Estados Unidos en 1929, y que se dejó notar en Europa a partir de 1930. Los bancos quebraban, y el crédito era cada vez más difícil. La crisis, iniciada en 1929 en Estados Unidos, llegó a España hacia 1931. En 1932, Francia había reducido el 27% de su producción, Alemania el 34%, Inglaterra el 14% y Estados Unidos el 35%. Era la recesión de los años treinta. Los países más desarrollados sufrieron mucho más que España la crisis de 1929: A la caída del sector exterior les sobrevino el paro, que fue horroroso en Alemania. La industrialización y el sector servicios eran más vulnerables que la agricultura.

     Esa crisis afectó a España bastante menos que a los países industrializados: España perdía exportaciones de naranjas, aceite, vino y productos mineros (66% del hierro, 50% del plomo, 33% del cobre). Las exportaciones cayeron un 80%, pero no eran el sector básico de la economía española. Perdía producción de acero, al no haber exportaciones. Perdía inversiones extranjeras. Perdía puestos de trabajo en la mina y en la construcción. Perdía confianza, pues la inestabilidad política era tan grande, que los inversores y capitalistas perdieron la fe en el futuro de sus inversiones. Ante la crisis, los patronos agrícolas trataron de bajar los salarios a partir de 1934.

     En cuanto a la agricultura, la época fue normal en producción de trigo (con excelentes cosechas en 1932 y 1934), y en producción de cebada, maíz, arroz, leguminosas, olivas, y peores cosechas en 1933. Se redujo un poco la producción de naranja por la pérdida de mercados exteriores. Creció la producción de remolacha.

En industria, creció la producción de electricidad (25%), sulfúrico (100%), se mantuvo la producción de carbón, pues se consumía en el interior, y se mantuvo la de cemento.

     En conclusión, los empresarios españoles no estaban en la ruina como tratan de decir algunas publicaciones. La verdadera crisis fue la de 1936, el inicio de la guerra, pues surgió el pánico, hubo ausencia total de inversiones extranjeras y huyeron los capitales nacionales.

En España, la primera consecuencia observable era el descenso del comercio exterior, principalmente las exportaciones. El 50% de las naranjas, aceites, y productos mineros, que antes se exportaban, dejaron de venderse. El sector textil catalán tuvo una crisis menor porque tenía el territorio español como monopolio de ventas, y siguió teniéndolo. Los españoles soportaban precios más altos que los del mercado internacional, aunque tenían rentas familiares más pequeñas que Europa central. Las importaciones por su parte, sufrieron una ligera caída. También hubo dificultades de salida de emigrantes, pues nadie les aceptaba.

     En 1931, en España no se dio demasiada importancia a la crisis: Como el sector exterior español no era decisivo, apenas un 12% de la economía española, la economía general seguía funcionando bien, aunque forzada en su estructura por la baja productividad y los precios altos de los productos. España mantenía su base económica agrícola, y se resignaba a no hacer su revolución industrial fuera de las regiones de Cataluña y País Vasco. En estas condiciones, en 1932 hubo buena cosecha, y a España le fue bien, en 1933 con mala cosecha, le fue peor, y en 1934 otra buena cosecha mejoró la economía española. Se jugaba a la ruleta rusa, y unos años consecutivos de malas cosechas, podían significar la catástrofe política en cualquier momento.

El problema del paro obrero achacable a la crisis del 29, no fue demasiado importante en el conjunto de España en 1930-1934, pues sólo afectó a un 3% de la población, elevándose los parados desde el 10% en 1932, al 12,9% en 1934. Había mucho paro obrero, pero no se contabilizaba, y se mantenía en niveles similares en el trascurso del tiempo. Otra cosa era que ese 3% del paro se concentrara en Barcelona y País Vasco, porque el paro industrial sí se contabilizaba.

La crisis se notó en España principalmente en la banca, donde la Bolsa de Madrid cayó en 1929, y se derrumbó en 1931-1933, para recuperarse en 1935. Pero eso afectaba a una mínima parte de los españoles. Desde luego tuvo menos impacto que la quiebra del Banco de Barcelona de 1920. La realidad española no era mucho peor que cinco años antes, pues las empresas ganaban dinero, pero el miedo que impuso el Gobierno republicano a los empresarios, hizo que progresivamente se retiraran los capitales y sobreviniera el paro masivo. La oposición empresarial a los Gobiernos republicanos fue muy evidente.

     El problema económico de España durante la Segunda República, provino de la política misma de los Gobiernos de la II República en 1931-1936: Los Gobiernos republicanos decidieron una política de alza de salarios, subida de impuestos a los empresarios, al tiempo que los empresarios veían caer el mercado de exportación, y ello desincentivaba la contratación de personal. De 1931 a 1933, los salarios del campo español duplicaron sus cuantías, y los precios de los productos agrarios bajaron.

     La concepción política económica de los Gobiernos de la Segunda República era acertada, si se veían las cosas sectorialmente, pero era un fracaso previsible tomada en conjunto. Si se decidía reformar toda la economía al mismo tiempo, había que afrontar la emersión de cuatro o cinco millones de parados, durante al menos un lustro, algo imposible de abordar. Unos planes que debieran haberse hecho para treinta años, se exigía que concluyeran en un lustro, y a veces se atendía a un sector económico abandonando a otros, sin entender que la economía es un “cuerpo” que afecta a toda la realidad social en conjunto. Por ejemplo, una política de protección cerrada al trabajador sin atender para nada a los intereses de los empresarios, llevó a un ambiente de desconfianza por el que muchos industriales se declaraban en suspensión de pagos, y muchos terratenientes decidieron no sembrar. Si algo no tuvo la República fue consenso y diálogo con los empresarios. El espíritu revolucionario de Largo Caballero era destructivo para la economía española. Y sin producción de riqueza, no hay nada que repartir entre los trabajadores.

     La justificación de por qué se hacía esta política, que tildamos de irracional, o de exceso de teorización de despacho, es que, a fines de 1932, había en España 600.000 parados, y no recibían ayuda estatal ninguna. Era una cifra enorme, que debemos valorar teniendo en cuenta que las mujeres no trabajaban (no eran retribuidas por su trabajo), y que los agricultores, el 48% de la población, no se consideraban parados nunca si tenían alguna propiedad o arrendamiento. El descontento obrero era muy grande, al tiempo que el descontento empresarial también lo era. Las cifras no son en absoluto comparables con nuestra época, cuando hoy estamos en una economía industrializada.

     Y las soluciones de los políticos populistas del momento, era hablar de legislación anticlerical, o de expropiaciones a los ricos. Azaña llenaba horas de discursos en esa tarea inservible. Y los españoles, que no tenían para comer, se iban cansando, de los discursos de Azaña, y de la República. Alcalá-Zamora, muy católico, acabó discutiendo con Azaña, y se produjo una crisis de Gobierno importante.

     La República Española también se equivocó al no protegerse contra políticas agresivas del exterior. Algunos países decidieron cargar la crisis sobre los demás, poniendo impuestos especiales a la exportación e importación, y España no quiso responder con medidas similares, aceptando el papel de víctima. El ansia de parecer liberal y democrático, fue muy perjudicial al Gobierno español. Sólo en 1933 se tomaron las primeras medidas arancelarias.

         Las medidas de 1932 contra la crisis.

     El proyecto Lorenzo Pardo, u Ordenanza para Obras de Riego, OPER, pretendía poner en regadío a partir de 1932, millones de hectáreas, pero que no se llevaron a efecto porque no había suficientes medios técnicos, y no hubo suficiente financiación en todo el tiempo que duró la República. El Proyecto Tajo-Segura, el más avanzado de esos proyectos de regadío, será retomado en 1960 por Franco, y realizado a partir de esa fecha para regar Murcia.

     La Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932, era una aventura azarosa, cara y a muy largo plazo, hecha contra la opinión del capital, y de difícil realización en todo caso, y más cuando se confrontaba un modelo político con otros contradictorios.

La República trató de mantener su prestigio manteniendo el valor de la peseta, lo cual iba en contra de los intereses de los importadores y exportadores españoles. Era un error grande, sobre todo cuando Gran Bretaña, el máximo defensor de la ortodoxia monetaria, había abandonado el patrón oro en 1931. Disminuyó la inversión privada, y hubo que parar las obras públicas.

Al final, las políticas reformadoras de 1931-1933 no fueron socializantes, como presumían y amenazaban los políticos, sino liberales. Se limitaron a hacer algunas reformas que debieron haber sido hechas 50 años antes. Quisieron relanzar las obras públicas, pero no tenían fondos, y los relanzamientos de 1931 y 1932 fueron cortos en realizaciones. También quisieron relanzar la construcción de escuelas. Y Jaume Carner intentó una reforma fiscal en 1932.

Pero las disponibilidades de dinero eran pocas, y de hacho, cuando el público reclamó dinero a los bancos en 1931, estuvo a punto a provocar una catástrofe monetaria.

     Las medidas económicas racionales aplicables en 1931, no fueron consideradas por diversas causas:

El Gobierno se sentía débil, y ante el problema de paro, un paro agrario de más de dos millones de personas, decidió no mecanizar, pues cada máquina significaba más obreros en paro. Pero no mecanizar era no hacer rentable la actividad agrícola, y producía paro a largo plazo. Y ante el problema de la desigual industrialización de las regiones españolas, Cataluña y País Vasco muy industrializadas, y el resto de las regiones españolas sin industrias importantes, el Gobierno decidió no actuar. Y la irracionalidad sindical y populista, convenció a las masas de que era posible el reparto gratuito de la tierra, lo cual se convirtió no sólo en la meta de la revolución, sino en la revolución misma. Y Cataluña y el País Vasco decidieron que serían más felices independizándose del resto de España, una revolución consistente en abandonar a los pobres en sus propios problemas, y sálvese quien pueda, pero sabían que los medios para la salvación sólo los tenían las regiones ricas.

La Iglesia se posicionó contra la República, porque los políticos populistas y sindicatos populistas predicaron el odio a la Iglesia, porque la existencia de un enemigo a batir es fundamental en todos los populismos (Hitler creó como enemigo a los judíos, y Franco a la conjura judeomasónica internacional). Las jerarquías católicas tenían muchas riquezas, templos, conventos, oratorios, tierras, rentas del Estado, bonos del Estado, que los políticos de izquierdas querían incautar, y los obispos se los querían llevar fuera de España para que eso no sucediese. Y en vez de la solución, la Iglesia se convirtió en un problema más, que se tradujo en quemas de iglesias y conventos.

Los Gobiernos fueron timoratos y no fueron capaces de imponer el orden público, identificaron revolución con desorden público, de modo que los partidos y sindicatos populistas tenían carta blanca para el desorden. Y los Gobernantes fueron populistas, de características populistas más próximas al fascismo o al comunismo leninista, que a la racionalidad liberal social. Lerroux hacía electoralismo republicano entre las derechas, y Largo Caballero hacía caudillismo en la llamada izquierda socialista o “socialismo de clase”.

La idea de gobernar con déficit era defendida por Prieto. Ello era una política que se impondría en Estados Unidos a partir de 1932, y en otros países europeos un poco más tarde, pero que se consideraba completamente heterodoxa en 1931. Implicaba que el Estado debería intervenir en economía controlando los precios y la moneda, controlando las importaciones y exportaciones, y controlando las inversiones. Roosevelt explicó que se podía gobernar con déficit si se utilizaba la racionalidad: cerrar las empresas que eran inviables y subvencionar a las que eran viables, de forma que en pocos años, la mejora de rendimientos pudiera cubrir los déficits generados para reconvertirlas. Pero las cosas no iban bien en España, en el sentido de que los sindicatos organizaron muchas huelgas y mucha violencia, sobre todo a partir de 1933, los empresarios hacían boicots, y el plan económico de la República se vino abajo. La República no controlaba la economía.

Si el plan de la Segunda República hubiera sido más moderado, menos precipitado, y menos sectario, posiblemente hubiera dado buenos resultados. De hecho, en 1931-1935, La subida de los salarios, junto a la estabilidad de los precios, significó nuevas posibilidades de desarrollo, y se recogieron más cereales y verduras, se pescó más, e incluso se mantuvo la producción textil tanto en producción como en ventas, y también se mantuvo la construcción gracias al plan de hacer carreteras y viviendas. Pero la República tenía prisa porque las revoluciones, socialista, anarquista, catalanista y otras, amenazaban con tirar todo al traste, y todo se vino abajo.

     Las reformas económicas de Marcelino Domingo.

     Los problemas económicos españoles de 1932 se vieron más nítidamente en tres temas bandera: el trigo, el carbón y los cítricos.

     El trigo se producía en zonas frías, la meseta castellana y tierras altas de Aragón, muy poco favorables a ese cultivo. También en Andalucía y Extremadura, más propicias a la agricultura. Resultaba un trigo de alto coste de producción, más caro que el estadounidense o argentino. Se cultivaba tanto en latifundios, como en fincas de tamaño medio arrendadas, y en fincas de tamaño medio y pequeño, abundando mucho los minifundios. La solución al problema del trigo era muy compleja porque se trataba de distintas comarcas con distintas productividades, y distintos modos de tenencia de la tierra. Todos los campesinos se solidarizaban con los terratenientes, pues todos estaban dominados por una mentalidad conservadora católica que beneficiaba a los más ricos. En primavera de 1932, los portavoces del campo, los grandes terratenientes, denunciaron que habría mala cosecha, cosa por otra parte muy habitual entre los campesinos. Lo hacían para presionar a Marcelino Domingo a que subiera los precios mínimos de venta de cereales. Marcelino Domingo hizo un estudio de la situación y se informó de que los precios mínimos estaban en 46-49 pesetas el quintal, y de que los costos estaban en 33-47 pesetas el quintal, por lo que decidió que no era preciso subir el precio del cereal. Los agricultores iniciaron una campaña de prensa contra el Gobierno “porque iba a faltar trigo”. Marcelino Domingo les pidió previsión de cosecha, y dieron cifras bajas, y entonces, Marcelino Domingo decidió importar trigo. Era abril y mayo de 1932. Pero la cosecha de junio fue la mejor de los últimos tiempos. El resultado fue que los precios se hundieron, y lo malo era que el trigo importado era muy caro porque Marcelino Domingo había decidido no comprarlo al contado, barato, sino financiado, mucho más caro. Los agricultores culparon al Ministro de no haber sabido interpretar sus demandas y de equivocarse al importar trigo, pues ya se sabía que los campesinos tienden a prever a la baja. El error era grave. Todos se echaron la culpa los unos a los otros.

     El carbón era otro problema similar, pues el carbón asturiano, en su mayor parte era de baja calidad, y no servía para las locomotoras del ferrocarril, ni para altos hornos porque producía mucha escoria. El carbón bueno se importaba de Gran Bretaña. Los mineros asturianos eran de UGT, y pidieron que el Gobierno les comprase el carbón asturiano para las locomotoras, y se pusieron en huelga. Para que eso fuera posible, había que adaptar las locomotoras, traer los técnicos correspondientes, y gastar mucho dinero en transformarlas. El Gobierno se comprometió a hacerlo, y les compró 100.000 toneladas de carbón a los asturianos. El Gobierno no sabía qué hacer con todo ese carbón, y lo amontonó en depósitos. Era dinero tomando el sol.

     Pero entonces, de forma sorprendente, el carbón entró en conflicto con los cítricos: Valencia, el gran productor de cítricos, tenía muchos obreros republicanos seguidores de políticos como Luis Lucia y Marcelino Domingo. Valencia había plantado muchos árboles desde 1914-18, al abrirse el mercado europeo a ese producto español. El mercado de cítricos estaba en manos de los navieros, que fijaban los precios a los agricultores y les hacían pagar una comisión en concepto de transporte. El negocio era muy bueno, porque los barcos, que volvían de vacío, cargaban, sin costo para el naviero, muchas mercancías en retorno. Los acuerdos de Ottawa de 1932 obligaban a Gran Bretaña a adquirir los productos de sus colonias con preferencia a países terceros, y entonces Palestina exigió exportar sus cítricos con preferencia sobre España. Además, la calidad del producto español era muy mala, porque era desigual, mezclando todo en la venta, y no tenía por tanto el favor del público británico. Al no comprar carbón británico, los productores valencianos temieron que se perdieran las exportaciones de cítricos al Reino Unido, el principal consumidor. El Gobierno propuso que los cítricos valencianos se clasificasen por calidades a fin de garantizar un prestigio, y también que los portes los hiciera el Estado, cosa que no aceptaron los valencianos, pues incrementaba costos y les hacía perder negocio a los navieros. El mercado se vino abajo poco a poco, al estar en inferioridad de calidad y precio frente a los palestinos.

     A estos problemas, habría que añadir el problema del ferrocarril, una empresa en la que se perdía dinero, y en la que los obreros, fuertemente organizados y politizados, pedían menos horas de trabajo y más paga.

     Marcelino Domingo Sanjuán, desde diciembre de 1931 Ministro de Agricultura Industria y Comercio (antes Ministro de Instrucción Pública), intentó racionalizar la economía aunque fracasó.    Marcelino Domingo Sanjuán[2], 1884-1939, estudió bachillerato y magisterio en Tarragona, y en 1906 trabajaba en un colegio de Roquetas (Tarragona). En 1909 se inició en la política como concejal por Tortosa. Luchó por la unidad de los republicanos, divididos en Cataluña en una decena de grupos, y logró unir a Republicanos Federales, Unión Republicana y Centre Nacionalista Republicà, en una alianza llamada Unión Federal Nacionalista Republicana. Los llamaban los republicanos solidarios. Con este trabajo por delante, logró ser Diputado en 1914. En 1915 trabajó en la misma idea de unión de republicanos desde La Publicidad, y buscaba una coalición más grande de todos los catalanes llamada Bloc Republicà Autonomista, BRA. En 1918, se sintió lo suficientemente fuerte como para pedir el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Llegada la Dictadura de 1923, lo pasó mal y estuvo en la cárcel y en el exilio, pero en julio de 1929, seguía en su idea de unir a los republicanos en Partido Republicano Radical Socialista Español. Pero ya aspiraba a unir a todos los españoles, y no sólo a los catalanes. Entraba en la gran política. En agosto de 1930, Marcelino Domingo estuvo en el Pacto de San Sebastián, y fue designado miembro del Comité Revolucionario allí formado. Todos confiaban en él, y llegó a ser simultáneamente miembro de Partit Republicà Català, Esquerra Republicana de Catalunya, y del Partido Republicano Radical Socialista Español. Estaba en la cima de la popularidad. Por ello fue nombrado Ministro de Instrucción Pública en abril de de 1931 para Alcalá-Zamora, y siguió en el puesto en el Gobierno de Azaña. Fue capaz de negociar con Macià el que éste abandonara la idea de independencia y aceptara conformarse con la autonomía. Pero ahí se acabó su ascenso en popularidad.

     En julio de 1931, Azaña reprimió una huelga de CNT en Andalucía y hubo 30 muertos y 200 heridos, y la popularidad de los republicanos empezó a decaer. La solución de Marcelino Domingo no fue muy racional, ni coherente, y decidió retirarle a Azaña el apoyo de los catalanistas en las Cortes. Con ello cortaba su popularidad en el resto de España, aunque tratase de ganarse a los catalanes. Fue una decisión equivocada. Luego, el 8 de agosto de 1931, Marcelino Domingo y Gabriel Alomar pidieron a los catalanistas que aplazaran sus reivindicaciones independentistas y esperasen a que se resolvieran los problemas generales de España, lo cual abriría nuevas perspectivas para todos. Pero Esquerra Republicana de Catalunya se puso en contra de Marcelino Domingo, y su popularidad dentro de Cataluña empezó a caer también.

     La reacción de Marcelino Domingo contra ERC, fue crear el Partido Republicano Radical Socialista Catalán, PRRSC, y plantearle la guerra a ERC. Se fusionó con los Radical Socialistas de Azaña, y creó el Partit Republicà de Esquerra, PRE. Pero perdió las elecciones frente a ERC, y ése fue el final de su popularidad en Cataluña.

     En diciembre de 1931, Domingo fue nombrado Ministro de Agricultura, Industria y Comercio, y realizó una gran labor reformista: el 13 de abril de 1932, hizo el Decreto de Importaciones de Trigo; el 23 de abril de 1932 creó el Consejo Ordenador de la Economía Nacional; el 12 de agosto de 1932, creó el Consejo de Protección y Fomento de la Industria Nacional; el 24 de agosto de 1932, aprobó el Decreto de Expropiación de los Latifundios de los Grandes de España; el 1 de septiembre de 1932, hizo el Decreto de Intensificación de Cultivos; el 9 de septiembre de 1932, publicó la Ley de la Reforma Agraria. Demasiada tinta ministerial, con poco soporte en billetes de banco.

     Pero ya era un hombre desgastado, y el resto de su vida significó decadencia: en junio de 1933, su Partido Republicano Radical Socialista Español se rompió en un Partido Republicano Radical Socialista Independiente, liderado por él, y una facción liderada por Gordón Ordax. Intentó su recuperación aliándose con Acción republicana de Azaña, y con Organización Regional Gallega Autónoma de Casares Quiroga, y crearon Izquierda Republicana, pero ya no era el hombre respetado que había sido. En 20 de febrero de 1936, fue llamado para ser Ministro de Instrucción Pública de nuevo, pero era un recurso de emergencia. En septiembre de 1936, se marchó a París, y en 1938 se retiró de la política.

         Las Leyes Agrarias de 1932.

     Mientras se discutía la Ley de Bases de la Reforma Agraria, otras Leyes de 1932 iban anunciando la dureza de la reforma que se aproximaba:

  Ley de Obras de Puesta en Riego de 13 de abril de 1932 para obras de regadío, caminos y poblados.

  La Ley de Expropiación de las tierras de los Grandes de España, de 24 de agosto de 1932, que expropió sin indemnización 562.520 hectáreas pertenecientes a 65 propietarios. La única indemnización que se pagaba eran las mejoras útiles que se hubieren hecho sobre las fincas, y las fincas que fueran de utilidad social (el paro podía ser una causa social suficiente), con indemnización si se trataba de propiedad normal no vinculada a la nobleza.

     Felipe Sánchez Román, profesor de Derecho, preparó un Plan de Expropiaciones para Extremadura, Andalucía, Ciudad Real y Toledo, las provincias con mayor latifundio, y lo presentó en julio de 1932, pretendiendo asentar a 60.000-75.000 familias en tierras expropiadas. Los latifundistas protestaron y lograron que se pospusiera el plan indefinidamente.

     Si el problema de la reforma agraria era de por sí difícil, hacerla en 1931-1932, en medio de una recesión mundial, era mucho más difícil todavía. Pero, además se hizo mal: faltaba teoría económica de lo que se debía hacer, gente con conocimientos económicos que trazara la ruta adecuada. En estas condiciones se hicieron las cosas de forma “pragmática irracional”, confusa, a veces contradictoria, como los dirigentes lo sentían. Resultó que, como los problemas eran diferentes en las diferentes regiones españolas, no fueron capaces de abordar las múltiples reformas regionales que se debían hacer, y las decisiones eran inadecuadas para la mayoría de los objetivos que se proponían, y para mucha más tierra de aquella en la que acertaban con las decisiones de gobierno. Hubieran sido necesarias muchas reformas agrarias, tal vez entre media y una docena de reformas diferentes, para cada una de las circunstancias peninsulares distintas. El asunto, que ya era complejo de por sí, resultó mucho más complicado debido a la actuación uniformizadora del Gobierno. Y como remate, por si era poco difícil la reforma agraria, resultaba que era preciso expropiar fincas, y esas fincas eran de quienes gobernaban, miembros del Congreso y el Senado, Ministros del Gobierno, que no tenían interés alguno en que les expropiaran las fincas. La efectividad de las leyes agrarias era casi nula.

     En 9 de septiembre de 1932 salió la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Hemos dedicado expresamente todo un artículo al tema, en una entrada distinta a ésta (ver 20.10.11.). Se expropiaban: las fincas ofrecidas voluntariamente para ello, las de propiedad privada del Estado, Provincias y Municipios, los señoríos jurisdiccionales, las que no tuvieran título de propiedad, las incultas, mal cultivadas y no regadas, las situadas a menos de 1.500 metros de los pueblos en determinadas circunstancias, parte de las de los propietarios que poseyeran más del 20% de un término municipal, las explotadas en arrendamiento por un tiempo superior a 12 años, las mayores de un número determinado de hectáreas.

     La expropiación la hacía el Instituto de Reforma Agraria, el cual localizaba las tierras expropiables, las valoraba y las adjudicaba a los nuevos propietarios.

     Se indemnizaba: Nada, a los grandes y fincas consideradas de señorío, excepto las mejoras útiles no indemnizadas en el momento de la expropiación. A las demás fincas, se indemnizaba según la renta expropiada. Parte de la expropiación se haría en dinero y parte en deuda pública a 50 años al 5%, dándose menos porcentaje de dinero cuanto más grande era la finca expropiada.

     El resultado fue muy discreto, pues se si preveía colocar a 60.000 campesinos al año, en los dos años que funcionó sólo se colocaron 12.500 campesinos. Luego se paralizó en 1933, y luego fue revisada.

     La reforma agraria se había hecho en Europa en años anteriores. La reforma era necesaria para adaptar la actividad agraria a la nueva sociedad industrial emergente. El problema era si eso mismo se podía hacer en España en donde la revolución liberal del XIX no había acabado, y en donde los socialistas pensaban utilizar el problema para lograr su revolución a través de la socialización de la tierra en cooperativas y organizaciones tuteladas por sindicatos, y en donde la revolución industrial era sólo incipiente, y no podía dar trabajo al ingente número de parados que resultaría de una racionalización de la producción agraria.

     La Ley de Bases de la Reforma Agraria, venía preparándose desde primavera de 1931, al mismo tiempo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dos problemas muy complejos. Los debates sobre el proyecto tuvieron lugar en 1931, las discusiones en Cortes empezaron el 10 de mayo de 1932, y la aprobación definitiva se produjo en 9 de septiembre de 1932.

     Vamos a resaltar aquí las dificultades políticas de hacer una Ley como ésta:    Latifundio es la finca de dimensiones mayores de lo que puede trabajar una familia con todos los medios técnicos disponibles a su alcance, e incluso mano de obra eventual, sin utilizar arrendamientos, ni aparcerías. En cada lugar las dimensiones son diferentes, y depende del suelo y del clima y de la orografía. Quizás por esa imposibilidad manifiesta de reconocer qué es latifundio en términos cuantitativos en una Ley para toda España, Largo Caballero decidió romper el nudo gordiano con sus seis Decretos de 1931, ratificados en Cortes en 1932: Decreto de Términos Municipales; Decreto de Jurados Mixtos; Decreto de Congelación de Arrendamientos; Decreto de la Jornada de Ocho Horas; Decreto del Laboreo Forzoso; Decreto de Intensificación de Cultivos. Aun así se llegó a la paralización de las reformas en 1935 por ilegalidad manifiesta de los Decretos de 1932.

     La solución final de 1936 fue que el Gobierno adquiriese fincas «por razones de utilidad social» y las distribuyese entre campesinos. Así lograron colocar a unos 114.000 campesinos en 1936. De los más de dos millones de agricultores sin tierra, sólo se colocaba a una mínima parte, menos del 5% de los proyectados. Y ya era tarde para hacerlo. Era una medida que olía a populismo, y no a racionalidad. La guerra paralizó el proceso. Quizás esa autoatribución de adquirir fincas que se dio el Gobierno fuera una de las causas de la guerra.

         Crítica a la Reforma Agraria

     Desde nuestro punto de vista, el problema estaba mal planteado desde el principio, y estaba condenado al fracaso mucho antes de empezar. Era cierto que se debía acabar con algunos latifundios muy grandes y mal explotados, y con el absentismo de los propietarios, pero era un error crear minifundios para dar trabajo a millones de campesinos. En el transcurso de la historia, el desarrollo se produce gracias a una bajada general de los precios, previsible en toda actividad industrial y agrícola. Los minifundios no son viables a medio plazo, cuando el incremento de la producción se transforma en bajada de precios generalizada. Y la mecanización, ya presente en países avanzados como Alemania y Gran Bretaña, hacía prever que el concepto de minifundio evolucionaría hasta considerar minifundio una extensión mucho más grande que lo considerado habitual en España en esa época. La solución era crear propiedades medias, como las británicas, pero eso significaba dar trabajo solamente a unos pocos cientos de miles de personas, y se sabía que los desempleados, los jornaleros, los minifundistas de explotaciones inviables, eran varios millones, tal vez cerca de tres millones de personas. Incluso los políticos del momento hablaban de nueve millones. La tentación de decir que, repartiendo los latifundios, habría tierra para todos, era muy grande, pero era mentira. Y los populistas como Largo Caballero no estaban dispuestos a dejar pasar esa ocasión de ser aclamados por las masas.

     Azaña sabía que la Reforma Agraria era un tema muy complicado, una barbaridad jurídica. ¿Por qué la hizo?:

  Tesis a: La reforma agraria podía desactivar la violencia agraria que amenazaba con una guerra civil. Creía que podía eliminar algunos parados en el campo. España era el único país mediterráneo y del este de Europa que no había hecho una ley de ese tipo, e internacionalmente se podía ganar credibilidad. La eliminación de unos pocos ricos podía además eliminar alguna disparidad en la disponibilidad de recursos y hasta era posible aumentar ligeramente la producción de alimentos. Se podía crear una clase media agrícola que estaría perfectamente integrada en la sociedad española en cuanto a la producción y al consumo.

  Tesis b: La reforma agraria puede ser interesante de cara a un desarrollo industrial. En efecto, en determinados lugares de España, era posible que con ella surgiera la explotación de unos recursos de explotación inmediata que permitieran y estimularan la inversión industrial si ello iba acompañado de una subida de salarios que estimulase el consumo, y de un proteccionismo que estimulase la industrialización, y de una política monetaria que protegiera las inversiones.

  Tesis c: La Reforma Agraria era imposible porque de los ricos se podían obtener tierras para colocar como máximo a unos 50.000 campesinos, y había dos millones de campesinos sin tierra. Pero era una vieja reivindicación popular que databa de 1821. También era imposible una industrialización porque estamos en la crisis de los años treinta y no hay inversión exterior ni ganas de invertir en el interior. La Reforma Agraria era imposible porque lo que España necesitaba era una reforma de las estructuras productivas y los que pedían los sindicatos y agrupaciones de campesinos era simplemente acceso a la propiedad, acceso que crearía minifundistas pobres y empeoramiento de las condiciones generales de vida. La Ley de Reforma Agraria dio lo que quería al populacho, y ello significaba el fracaso del Gobierno republicano y de la República en general. La idea de fortalecer con ella al Gobierno era una utopía.

     Desde el principio sabía Azaña que la Ley Agraria era una bomba de relojería. Desde 1931, se habían pedido informes a los alcaldes sobre los comunales y señoríos que había en sus municipios y el resultado era desalentador: Andalucía y Aragón declaran que habían perdido sus tierras comunales, que habían desaparecido. Galicia las tenía pero no las quería perder y se oponía a su privatización. Muchos alcaldes responden preguntando si los baldíos y propios son también comunales. En lo único que todos están de acuerdo es en suprimir los señoríos jurisdiccionales, y muchos, en suprimir la gran propiedad y señoríos territoriales.

     Decretos complementarios a la Ley de Reforma  Agraria de 9 de septiembre de 1932:

Plan de Urgencia del Centro de Estudios Hidrográficos de 1933 sobre regadíos, que preveía poner en riego más de un millón de hectáreas.

El 22 de octubre 1932 (publicado el 1 de noviembre) se dio el Decreto de Intensificación de Cultivos que permitía expropiar las primeras fincas, las susceptibles de ponerse en regadío y las que hubieran estado arrendadas más de 12 años. En Extremadura se expropiaron las fincas que habían abandonado la agricultura y se habían dedicado sólo a ganadería.

         Resultados de las reformas agrarias:

     Con las reformas agrarias de la República, se logró colocar a 32.570-45.000 yunteros (según las fuentes) a los que se adjudicaron un total de unas 125.000-150.000 hectáreas, es decir unas 3 Hectáreas por explotación, un minifundio inviable. Los propietarios medios y pequeños susceptibles de ser afectados por la ley eran muchísimos. Los campesinos defraudados por no haberles tocado ninguna tierra en suerte eran centenares de miles. Los campesinos «afortunados» no deberían sentirse muy felices con tierras tan pequeñas, que a medio plazo y con la industrialización, serían absolutamente insuficientes. Por otra parte, no se les concedía la propiedad plena, pues no podían vender, con lo cual se convertían en colonos. Los partidos políticos riñeron entre ellos, entre los que creían en un reparto masivo y rápido de la propiedad, y los que tuvieron que hacer realmente las cosas. El anarcosindicalismo salió ganando pues parecía demostrarse que no se podía esperar nada del Estado. Los propietarios rurales constituyeron un grupo político contrario a la República, constituido en agosto de 1931 como Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas y realizaron su primera asamblea económico-agraria en Madrid, marzo de 1933 organizándose para oponerse a las nuevas leyes socialistas. Ellos buscaron intelectuales contrarios a la República y apoyaron las protestas católicas. La Ley Agraria sería derogada en 1935.

         Una nueva política fiscal en 1931.

Hasta 1931, la política fiscal se basaba en la idea de la necesidad del equilibrio presupuestario. Y como siempre había pasado en España, los Ministros se gastaban por sistema mucho más de lo presupuestado. No había seriedad respecto a los presupuestos. Pero el sector público apenas representaba entre el 10 y el 13% de la economía nacional, y los Ministros no podían hacer todo el daño a la economía española que se les supone a su incompetencia en algunos estudios sobre el tema.

     Los impuestos de principios del XX, no se basaban en la suma de ingresos de cada persona, sino en los ingresos por cada fuente de producción que poseía la persona. Y como el Estado no tenía modo de conocer todos los negocios de todas las personas, muchos de los ingresos le pasaban desapercibidos al Estado. El sistema fiscal tenía poca flexibilidad y era muy insuficiente. Así que el capítulo de ingresos más importante de Hacienda eran los impuestos indirectos.

     En 1930 se había conseguido no tener déficit público. Pero lo normal era cerrar el año con un déficit de entre el 5 y el 10%. Incluso Primo de Rivera ideó un doble presupuesto, de modo que el presupuesto ordinario se cerraba sin déficit, pero ello sólo afectaba a la presentación del problema, y no al problema real. Ello suponía que cada año, un 1% de la Renta Nacional pasaba a incremento de deuda. No se trataba de una política deliberada de crear deuda, sino de defectos en el sistema recaudatorio, y en el sistema de control del gasto.

En 1931 se decidió una política de ahorro estatal: En el Ministerio de Guerra, la República bajó el gasto de defensa desde el 11% del presupuesto en 1927, al 8,6% en los ejercicios 1932-1935. Se hizo a costa de disminuir las compras de bienes y servicios para el ejército, y no a costa de la masa de los sueldos y salarios militares. La República no estaba haciendo lo que decía que se debía hacer.

Pero el programa de ahorro se contradecía con otros programas: En Fomento se incrementó el gasto continuamente a un ritmo muy grande, del 30%, porque se creía en la necesidad de las obras públicas.  En Enseñanza el gasto se incrementó suavemente, en un 5% anual aproximadamente. En Pensiones el gasto creció moderadamente, en un 5-7% anual. Y la inversión pública crecía al ritmo de entre el 6% y hasta el 9%.

     Los Gobiernos a partir de 1931 decidieron una medida revolucionaria para su tiempo, que era gobernar con déficit público. Con el déficit se debían pagar las escuelas, los pantanos y regadíos, y las medidas sociales de Largo Caballero. Estos Gobiernos fueron tachados por la derecha de derrochadores, manirrotos y enemigos de España, y también perdieron la confianza de la izquierda en 1932, porque la realidad de la escasez se impone sobre las buenas palabras.

     Sin embargo, en 1932, en los Estados Unidos, Roosevelt ponía en 1932 un New Deal, que consistía en gobernar en déficit público, lo cual inauguraba la política económica de todos los países durante el resto del siglo XX. Pero el dinero se iba a gastar en Estados Unidos con inteligencia: cierre de las empresas no viables, y apoyo a las viables. De este modo, el sector industrial dejaría de ser deficitario en un plazo razonable, y acabaría aportando ingresos al Estado, en vez de gastos. Esa política no es lo mismo que subvencionar a ciegas, o subvencionar por criterios políticos a quien digan los sindicatos, o las patronales.

     El dinero mal gastado lleva a un punto en el que no es posible continuar, porque las entidades financieras no prestan dinero. El corte del flujo del dinero para hacer una economía más ortodoxa en 1932 en España, es una de las causas importantes para explicar miles de huelgas y violencias en 1932-36. Pero no podemos afirmar que los socialistas no supieran de economía, ni que los demás Gobiernos quisieran volver a la ortodoxia administrativa. Más bien se trataba de un juego político en el que los unos utilizaban el dinero para sus ideales, y los otros trataban de impedirlos, sin tener en cuenta la correcta administración económica del país, ni los usos que se estaban ensayando en el extranjero. De todos modos, los economistas de mediados del XX demostrarán que la deuda también tiene un límite, y que no es posible gobernar aumentando la deuda más allá de esos límites.

En España, los incrementos de gasto en Ministerios, se financiaban con emisiones de deuda pública, pero su colocación en el mercado fue de dudosa legalidad. Los empresarios y la banca se quejaron.

Y el déficit que resultaba cada año, se compensaba con más deuda pública, lo que suponía unos 2.000 millones de pesetas cada año. Pero sumando la deuda del Tesoro, con la deuda de las Cajas Especiales, el incremento anual de la deuda ascendía a más de 3.000 millones de pesetas anuales.

     En 1931, Indalecio Prieto pagaba el 6,5% de interés por la deuda del Estado. En 1932, Carner decidió que no se podía pagar tanto y bajó los intereses al 6%. Y los siguientes Ministros siguieron bajando los tipos de descuento, o tasa que pagaban los bancos al Banco de España. En marzo de 1934, Marraco ya sólo pagaba el 3,5%, y en agosto de 1935, Chapaprieta pagaba el 4%. El resultado fue que los empresarios dejaron de tomar deuda.

     En 1931, Prieto propuso que el Banco de España cargase con la mitad de las pérdidas que suponía el sistema de la deuda. Y el 26 de noviembre de 1931, derogó la Ley Cambó de 19 de diciembre de 1921, para que el Estado pudiese intervenir en el Banco de España. No era una nacionalización, que no se hizo hasta 1962. Y se creó un nuevo Consejo de Administración del Banco de España en el que entraron 3 representantes de los Bancos y de Consejo Superior de Cámaras y Corporaciones Agrícolas, y 3 representantes del Estado, que fueron el catedrático de la Universidad Central, Antonio Flores de Lemus; el catedrático de Granada, Agustín Viñuales; y el catedrático de Salamanca, Gabriel Franco. Y Prieto nombró Gobernador del Banco de España a un hombre de su confianza, que fue Julio Carabias, que ya tenía experiencia en banca.

     La Ley Bancaria de 1931 confiaba al Ministerio de Hacienda la política de los tipos de interés, y ampliaba el margen de la cuenta de tesorería del Banco de España desde el 10% al 12% de los créditos presupuestarios. Estos créditos los adelantaba el Tesoro, y podía solicitarse su reintegro en oro hasta el 50% de su importe. Con ello, el Estado pretendía sostener el comercio exterior.

     Carabias propuso la fusión de los dos organismos encargados de intervenir en el mercado de divisas: el Centro Regulador de Operaciones de Cambio, y el Centro Oficial de Contratación de Moneda. Y se dispuso a establecer negociaciones con la banca extranjera a fin de obtener créditos con los que fortalecer la peseta. Carabias estaba incurriendo en el viejo error de que la inestabilidad de la peseta se debía a especulaciones extranjeras, y pensaba que, si eliminaba la deuda flotante a corto plazo, se acabarían las especulaciones. Era la parte menor del problema, pues la parte mayor era producir más barato, exportar más, y equilibrar la balanza de pagos. Y la banca extranjera reaccionó como era de esperar, y no concedió los créditos que pedía Carabias, ni aunque estuvieran respaldados por el Banco de España y el Gobierno de España. Ninguna de las dos entidades tenía ya crédito. La banca extranjera sugirió el remedio a los males españoles: un plan de estabilización económica, un plan de estabilización de la peseta, y unas políticas de descuento más agresivas (diferenciación de clientes según categorías, diferencias según plazo de cobro y condiciones del cobro, regulación de los pagos estacionales…).

     El Ministerio de Hacienda en 1931, Indalecio Prieto, compró pesetas en el extranjero a cambio de oro, redujo los billetes en circulación en el interior, elevó los tipos de descuento, y trató de hacer lo que le aconsejaban los banqueros internacionales. Pero el Banco de España no estaba de acuerdo en hacer esas cosas en época de crisis, cuando lo primero era recaudar más, y hacer bajar el déficit del Estado. Entonces, Carabias se enfrentó a los accionistas del Banco de España, y Prieto ordenó en 1931 al Centro Oficial de Contratación de Moneda, que mantuviera el cambio de la peseta. Esta arbitrariedad de Prieto estaba al margen de la realidad, era propia de quien no entendía de economía, y se consumieron 500.000 libras esterlinas en pocos días para nada. Los accionistas del Banco de España protestaron, y no sólo por las pérdidas, sino por el modo de adoptar medidas económicas ineficaces sin consultar a los expertos.

     Y en junio de 1931, Indalecio Prieto decidió contratar un nuevo crédito de 6 millones de Libras en París. El Banco de Francia se lo concedió bajo la garantía de 5 millones de libras-oro depositadas en Londres, y 6 millones de libras que el Banco de España debía enviar a Mont de Marsan en Francia. España se tenía que arriesgar a perder su oro, lo único que le quedaba de un pasado colonial.

     El 21 de septiembre de 1931, Gran Bretaña suspendió temporalmente el patrón oro. Al Gobierno español dejó de interesarle el valor internacional de la peseta, y la peseta se revaluó desde las 50,3 pesetas por libra, que se pagaba en junio a de 1931, a las 40,5 pesetas por libra que se pagaban en diciembre. Pero no era un éxito. En realidad era que la libra se devaluaba, pues la peseta valía menos respecto al dólar y al franco.

     En diciembre de 1931, Carner decidió cambiar de política económica, y fue por fin al equilibrio presupuestario, como se estaba intentado desde principios de siglo. Porque aunque se desvalorizara la peseta, ello podía ser la oportunidad de exportar más. Pero los depósitos bancarios fluctuaron mucho, pues en marzo de 1931 eran 6.899 millones de pesetas, y en junio ya sólo eran de de 5.982 millones de pesetas. La explicación estaba en el 14 de abril y la proclamación de la República, que se había traducido en la huida de España de 1.000 millones de pesetas.

     El 11 de mayo de 1931 quebró el Credit Anstalt de Viena. Ello originó una serie de quiebras en toda Europa. Los bancos buscaban dinero líquido como locos. Y pedían oro a España a cambio de sus créditos y anticipos a las importaciones españolas, y también por la renovación trimestral de la deuda flotante. No renovaban plazos de los créditos, y España tuvo que cancelar muchas deudas exteriores.

     De 30 de marzo a 30 de septiembre de 1931, desaparecieron 1.300 millones de pesetas corrientes en imposiciones a plazo, lo que equivalía a un 20% del total de imposiciones. El pasivo de los bancos desaparecía, y recurrieron a aumentar el líquido disponible deshaciéndose de pasivos ajenos. El Banco de Cataluña, el Banco de Reus y el Banco de Tortosa suspendieron pagos. Pero la crisis no afectaba tanto a los bancos del resto de España. El Banco de Cataluña atribuyó la quiebra a que Prieto le retiró las cuentas de CAMPSA, pero sólo era un chivo expiatorio que le venía bien a los independentistas, era mentira.

     El 6 de mayo de 1931, el Ministerio de Hacienda amplió los billetes en circulación hasta los 6.000 millones de pesetas, aumentó el crédito de que podía disponer la banca privada hasta los 510 millones de pesetas, y redescontó efectos por valor de 370 millones de pesetas. Es decir, la banca privada estaba recibiendo más de 1.000 millones de pesetas, lo cual equivalía a los depósitos que los particulares habían retirado. Y “esta crisis” se superó bien en España.

Reforma fiscal de noviembre de 1932.

El 20 de noviembre de 1932, Manuel Azaña y el Ministro Jaime Carner Romeu, decretaron la “Contribución General sobre la Renta”, la cual entró en vigor en 1 de enero de 1933.

Los tributos que se pagan al Estado son de tres tipos: Tasas, son los dineros pagados por un servicio prestado por el Estado.  Contribuciones Especiales, son los dineros pagados por una obra pública o servicio público, a fin de sufragar su coste. Impuestos, son los dineros pagados al Estado sin contraprestación alguna concreta, sino para poder sostener la estructura misma del Estado, tales como: Impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre transmisión de bienes, impuesto por actos jurídicos documentados, IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades IS.

     Los impuestos pueden ser: personales cuando gravan a la persona física teniendo en cuenta la circunstancias de cada uno, como puede ser que tenga hijos, que padezca invalidez, que sea viejo, que ingrese determinadas cantidades más o menos grandes…  Los impuestos reales no tienen en cuenta las circunstancias de la persona paciente, y es el caso del IVA y el IBI. Impuesto ad valorem, es el que se calcula sobre el precio de venta de una cosa, como el IVA. Impuesto ad quantum, es el que se paga por unidad consumida, como el caso de la gasolina.   Impuestos especiales, o accisas, IIEE, son los que gravan sobre algunos artículos seleccionados por el Estado, como pueden ser el alcohol o el tabaco.

     La edad contemporánea se caracteriza por la evolución hacia un mayor peso de los impuestos personales, la forma más justa de redistribución de la riqueza.

     La Contribución sobre la Renta empezó a pagarse en 1845 por decisión del Ministro Alejandro Mon, el cual suprimió impuestos que le parecían negativos para la economía nacional, como las aduanas interiores, los diezmos, la alcabala, y los millones, y puso en su lugar este impuesto personal a grandes fortunas[3]. Pero cuando los españoles tuvieron conciencia de la existencia de este nuevo impuesto fue tras la Ley del Ministro Jaume Carner Romeu, de 20 de noviembre de 1932, que entró en vigor el 1 de enero de 1933. La razón es que en 1932, se sumaban en la declaración de cada individuo las rentas obtenidas de propiedades inmuebles, las rentas obtenidas de capital mobiliario, y las rentas obtenidas del trabajo personal en cualquier lugar de España. Con ello, era más difícil escapar a Hacienda, alegando separación de ingresos, separación que los interesados pretendían hacer por temas y por regiones de procedencia[4].

     La reforma impositiva de 1932, sólo gravaba a los perceptores de más de 100.000 pesetas de rentas, lo cual era unas 43 veces el salario medio de un obrero español[5]. Los afectados eran muy pocos, y generalmente no tenían ingresos procedentes de todos los orígenes, sino que sus ingresos provenían muy mayoritariamente de sólo algunos de los sectores mencionados. En Madrid, una de las regiones ricas de España, sólo afectaba al 6,1% de la población. Gestores de las grandes empresas, o empresarios, eran en Madrid el 43% de la población; propietarios mobiliarios, o accionistas, eran otro 43% de la población madrileña; propietarios de inmuebles urbanos, o caseros, eran el 7,4%; y propietarios de inmuebles rústicos que vivían en Madrid eran el 3% de estos posibles contribuyentes. Pero sus ingresos excedían muchas veces de las 250.000 pesetas al año, y no demasiado infrecuentemente, de las 500.000 pesetas, lo cual era 250 veces el salario medio de un trabajador español.

Se gravaba con tarifas que iban del 1% al 7,7% de la renta, no demasiado altas desde nuestro punto de vista actual, pero que a los sujetos pasivos les parecían elevadas en 1932. Estas tarifas fueron elevadas el 14 de noviembre de 1935, hasta el 11% por el Ministro Joaquín Chapaprieta, a la vez que rebajaba el límite a partir del que se pagaba el impuesto hasta las 80.000 pesetas.

     De todos modos las grandes reformas españolas en este sentido fueron las de 1964, cuando se impuso el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, IGRPF, y 1977, cuando Fernández Ordóñez aprobó el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, IRPF. En 1977, el impuesto se generalizó a todos los españoles, cualquiera que fuera su renta personal.

         El Comercio exterior en 1931.

     El 2 de junio de 1931, una Orden Ministerial creó la Comisión Interministerial de Comercio Exterior, CICE, y el organismo entró en funcionamiento el 17 de noviembre de 1931. Era un organismo que ponía en contacto el Ministerio de Estado con el Ministerio de Economía. El objetivo era regular el comercio exterior. Y se reformaron los servicios arancelarios.

     En 1931, Francia había iniciado una “política de contingentes”, o cantidades cerradas de cada producto, que no se podían superar en los intercambios con cada país concreto. Y la idea pareció bien en España.

     El 11 de septiembre de 1931, se produjo un Decreto de represalias contra países que aplicaran recargos a las mercancías españolas. El Decreto no se llegó a aplicar porque Gran Bretaña abandonó el patrón oro.

     El 23 de diciembre de 1931, España autorizó al Ministro de Agricultura, Industria y Comercio a imponer contingentes a las importaciones y exportaciones.

         El presupuesto del Estado para 1932.

     La discusión del Presupuesto del Estado era un problema difícil. Se debía hacer en plena crisis mundial de 1929, la cual se dejó notar en España a partir de 1931, lo que significaba que no había crédito exterior. Y por otra parte, la República había heredado un déficit de caja enorme, y no estaba en condiciones de abordar una crisis. La única solución era incrementar fuertemente los ingresos vía impuestos, y eso no era viable. Los pobres estaban exhaustos y no pagarían más por subirles los impuestos, y los ricos estaban acostumbrados a las subvenciones, y a los engaños a Hacienda, y no a contribuir.

     Se proyectaron una serie de restricciones de gastos militares, sobre todo en Marina y en Marruecos, y los militares los tomaron como una ofensa al ejército, utilizando el populismo. Se presentaron algunas restricciones a los beneficios otorgados a la Iglesia, y se hizo populismo con ello, pero no se dieron soluciones sostenibles.

     Pero el Gobierno de 1931 no era consecuente en la elaboración del Presupuesto: se aumentaban gastos masivos en Trabajo, Instrucción Pública, Gobernación, Hacienda y Obras Públicas. Todo ello era razonable por separado, pero el conjunto era absurdo. Ni había dinero, ni había capacidad de financiación. Sólo se estaba haciendo populismo prometiendo cosas que nunca se iban a poder financiar.

         La política de Obras Públicas en 1931-1933.

Indalecio Prieto, Ministro de Economía en el Gobierno de diciembre de 1931, tomó la decisión de dejar relegado el sector de construcción de ferrocarriles, y potenciar el de carreteras. Ello significaba malos negocios para los siderúrgicos vascos y los mineros asturianos, a pesar de que Prieto era asturiano, vivía en Bilbao, y era propietario de El Liberal en Bilbao. Los vascos, ya habían sufrido pérdidas en la demanda tras haber finalizado la Guerra de Marruecos en 1927. Y si se hundía la demanda de carbón, Asturias perdería sus minas.

Indalecio Prieto argumentaba que el ferrocarril era un negocio deficitario y que todavía perdería más dinero con la implantación de la jornada de ocho horas. Además creía que el camión representaba el futuro, pues hacía servicio puerta a puerta sin necesidad de transportes auxiliares.

Los obreros siderúrgicos eran mayoritariamente de UGT, el sindicato de Prieto, y se hallaban confundidos entre el abandono que anunciaba el Gobierno, y la jornada de ocho horas que pensaba imponer.

En octubre de 1931, Prieto pasaría al Ministerio de Obras Públicas, y decidió construir pantanos, regadíos y carreteras: Inició obras en pantanos en el Ebro, Guadalquivir y Guadiana (Cíjara). Decidió hacer un túnel en la Sierra de Guadarrama que se terminaría en 1933. Electrificó la línea ferroviaria Madrid-Segovia. Soterró las vías en los accesos a Madrid y Barcelona e hizo estaciones nuevas. Prolongó La Castellana de Madrid, e inició obras para construir los Nuevos Ministerios en Madrid. Prieto necesitaba mucho dinero y ello era contradictorio con la escasez de numerario que tenía la República. La contradicción estalló en 1933, cuando dimitió el Ministro Jaime Carner porque se negaba a conceder los dineros que pedía Prieto. El nuevo Ministro en junio de 1933, Agustín Viñuales Pardo, propuso un método para financiar las obras de Prieto, y era que los bancos financiaran las obras de pantanos y canales de riego, y cobrasen luego un canon a los agricultores beneficiados por los regadíos, y otro canon a los consumidores de electricidad, pero la idea fracasó al caer el Gobierno Azaña en septiembre de 1933.

          La Conferencia de Ottawa de 1932.

     Gran Bretaña reguló las relaciones comerciales con los países de la Commonwealth entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 1932. Adoptaba el proteccionismo un país que había presumido de liberalismo hasta entonces. Gran Bretaña era el primer mercado de los productos agrarios españoles, y desde este momento se contingentaban. Gran Bretaña abría acuerdos bilaterales en los que se solicitaba a diversos países unas restricciones en el comercio. En el caso de España, se la exigió más que a otros países, porque España tenía superavit en la balanza de pagos con Gran Bretaña.

     Para comerciar con Gran Bretaña, había que esperar una autorización de adquisición de divisas, a continuación pagar a los exportadores británicos… Como el Centro Oficial de  Contratación de Moneda casi no tenía divisas, los permisos se solían demorar mucho. Y España pasó a tener saldos negativos en sus exportaciones a Gran Bretaña, año tras año. Y la principal entrada de divisas se cortó. También se cortaron las remesas de los emigrantes que ayudaban a conseguir divisas. Era el principio de la crisis para España. Hasta entonces, la crisis de 1929, apenas se había notado.

     En 1933, Manuel Lorenzo Pardo presentó un Plan de Obras Hidráulicas, complementario y sucesor del Plan de 1902, previendo un sinfín de pantanos y canales de regadío, e incluso el trasvase Tajo-Segura. La mitad del plan será realizado por Franco a partir de 1950, y gran parte de él nunca se hizo porque sencillamente no hay tanta agua disponible en España para tantos regadíos, lo que se comprobará desde finales del XX: los acuíferos se agotan y los ríos llevan caudales limitados.

    [1] Tuñón de Lara en Historia 16.

[2] Josep Sánchez Cervelló, Marcelino Domingo Sanjuán, Real Academia de la Historia, DB-e.

[3] Juan Andrés Rubert, Historia de la Renta… Redactor de la COPE, 5 de abril de 2018. En la web.

[4] Miguel Artola Blanco, Las élites económicas en Madrid durante la posguerra. Un estudio a través de la contribución de la renta. Universidad Autónoma de Madrid, 2012.

[5] Luis Germán Zubero, Coste de la vida y poder adquisitivo de los trabajadores en Zaragoza durante el primer tercio del siglo XX. Universidad de Zaragoza,