20.07.07.El Directorio. Política social.
El Directorio: Política social. Conceptos clave: Eduardo Aunós y Largo Caballero, el mundo del trabajo en 1923-1929, política social agraria en 1924-1929, Seguridad Social en 1924-1929, protección a...
EL GOBIERNO ALCALÁ-ZAMORA EN JUNIO-OCTUBRE DE 1931
ELECCIONES DE 28 DE JUNIO DE 1931.
La convocatoria de elecciones.
El 3 de junio se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, para el 28 de junio siguiente.
Por un Decreto Electoral previo (ley de 1907 y decreto reformando el anterior de 8 de mayo de 1931) tenían derecho al voto 6.199.000 electores, de los cuales votaron 4.348.000, esto es, el 70%. El número de personas con derecho a voto había subido en casi millón y medio respecto a la media, desde el decreto Sagasta de 1890 y Ley Electoral de 1907.
Se presentaron 1.134 candidatos para 470 escaños de Diputados: La derecha monárquica, presentaba el 10% de los candidatos, muy pocos. Ahí se notó el poco trabajo hecho por la derecha monárquica, en teoría el partido ganador en expectativas. O tal vez la derecha sólo fuera un complejo de perdedores. La derecha republicana y el centro moderado presentaban el 31% de los candidatos. El Partido Republicano Radical presentaba 165 candidatos. Los Radical Socialistas presentaban 125 candidatos. La Derecha Liberal Republicana presentaba 116 candidatos. Los republicanos de izquierda presentaban el 27% de los candidatos. Los socialistas y comunistas presentaban el 31% de los candidatos, excesivos para sus expectativas reales. El PSOE presentaba 144 candidatos.
La campaña electoral no fue violenta, quizás porque los republicanos de izquierda hicieron muy pocos actos electorales. Pero la derecha tuvo algunos problemas con autoridades locales, tanto cuando se presentaban candidatos monárquicos, como cuando se presentaba la derecha republicana. Los obispos emitieron un mensaje sobre la obligación del católico de votar “para defender los derechos de la Iglesia”. Y la derecha emitió algunos manifiestos, pero era obvio que perdería las elecciones, porque tenía pocos candidatos. La campaña, aunque no violenta, había sido muy dura: el cordobés Melquiades Álvarez, líder del Partido Reformista, fue acosado por grupos de izquierda. Lerroux, el líder Republicano Radical, y Marcelino Domingo, un Radical Socialista, hicieron campaña para atraerse a los anarquistas, que decían que iban a votar esa vez. Cataluña, el País Vasco y Galicia pidieron autonomía. Los socialistas no sabían si querían una democracia liberal, que les acercara a sus objetivos, o una dictadura del proletariado que les llevase directamente al poder, lo cual era insostenible ante los anarquistas, comunistas y católicos.
Las elecciones de 28 de junio de 1931.
El día 28 de junio participó el 70% del censo electoral. El número de votos realmente emitidos subió en cerca de dos millones respecto a la mayoría de las votaciones del siglo XX. Es decir, hubo un gran entusiasmo por votar. Para disimular su fracaso, la derecha dijo que sus votantes se habían abstenido, pero no es un dato creíble, porque la participación había sido alta. Los resultados, consultados en las distintas fuentes, son difíciles de interpretar porque cada autor considera más de derecha o más de izquierda a distintos grupos políticos. Pero vamos a intentar dar una idea general de lo que ocurrió:
La derecha, incluyendo Lliga y PNV, obtuvo buenos resultados en Navarra, País Vasco, Norte de Castilla la Vieja y Salamanca, y obtuvo unos 50 diputados, casi la mitad de los presentados. El conjunto de Acción Nacional ANV, Partido Nacional Agrario (24 Diputados), Comunión Tradicionalista, Partido Nacionalista Vasco, Unión Monárquica Nacional (partido creado por los primorriveristas), y Concentración Monárquica Regional (Vasquistas), obtuvo 41 escaños, lo cual no llegaba al 10% de la cámara. Lliga obtuvo 10 escaños en Cataluña, lo que suma 51 Diputados. Los carlistas obtuvieron 5 escaños en el País Vasco, y en Cataluña se unieron a Lliga y no obtuvieron ningún diputado.
La derecha republicana de Alcalá Zamora, Melquiades Álvarez y Miguel Maura, presentó candidatos “independientes”, porque algunos no habían sido aceptados en la Conjunción Republicana Socialista. Obtuvo 27 escaños (30 en otras fuentes), de los cuales 20 estaban en Conjunción Republicana Socialista, y 7 se habían presentado como independientes.
La Conjunción Republicana Socialista tuvo un éxito completo, 296 diputados, de los cuales: 113 eran socialistas (114 en otras fuentes), 87 u 89 eran republicanos radicales de Lerroux, 61 eran radical socialistas, 19 eran del Partido Republicano Federal, y 16 (30 en otras fuentes) eran de Acción Republicana de Azaña (5 de ellos presentados como independientes).
En este capítulo hay que advertir que la Alianza Republicana de 1931, comprendía a Partido Republicano Radical Socialista (56 diputados) y a Acción Republicana, que iban en coalición desde 1926. No se debe confundir esta Alianza Republicana de 1931, con la de 1934 que también se llamará Izquierda Republicana y se coaligará a Acción Republicana, Radical-Socialistas y ORGA. También hay que tener en cuenta que los republicanos radicales de Alejandro Lerroux habían hecho propaganda antisocialista y anticlerical, y era difícil su alianza con los otros grupos de izquierda. En fin, los apartados no son claros.
Esquerra Republicana de Catalunya, un partido constituido expresamente para las elecciones de 1931, obtuvo 36 diputados.
Los nacionalistas gallegos obtuvieron 19 diputados, de los cuales Organización Republicana Galega Autónoma obtuvo la mayoría, pero eran muchos grupos coaligados.
Llama la atención la disparidad de datos en un tema que debía ser tan sencillo como la constatación de los escaños obtenidos por cada candidatura, pero cabe la subjetividad de considerar, o no, que un candidato perteneciera a un grupo político. Así están las cosas sobre el tema de la Segunda República Española.
El triunfo de una previsible coalición republicana, republicanos de derechas más conjunción republicana socialista, 65% de los escaños, era abrumador, pero endeble puesto que estaban divididos entre ellos. Unos eran conservadores y los otros revolucionarios. Ellos estaban llamados a formar Gobierno, pero se trataba de 7 partidos que, llamándose todos republicanos, diferían en muchas cuestiones incompatibles. El problema de las alianzas a la contra de algo, en este caso de la monarquía, tienen el problema de cómo administrar el triunfo.
Apertura de Cortes en 1931.
El 14 de julio de 1931, aniversario de la toma de la Bastilla en Francia, se abrieron las Cortes en España. El mismo 14 de julio se cerró la Academia Militar General de Zaragoza. Los simbolismos se acumulaban. Imaginación no faltaba.
Se constituyó la Cámara de Diputados. No había Senado, pues las Cortes de 1931 eran de cámara única. Se eligió Presidente del Congreso de Diputados a Julián Besteiro, una figura ya desacreditada dentro del PSOE, al que se desposeía de poder dentro de su propio partido.
Los Diputados en Cortes eran 468, y de ellos, 371 eran contrarios a las posiciones ultracatólicas: 59 radical-socialistas; 17 Republicanos federales; 43 de Esquerra Republicana; 117 de PSOE; 26 de Acción Republicana; 93 de Republicanos Radicales; 16 de Federación Gallega; 22 independientes; 14 de Agrupación al Servicio de la República.
El Anteproyecto Constitucional.
Ángel Ossorio y Gallardo y su equipo jurídico, tenían un Anteproyecto Constitucional ya redactado, que fue muy importante a la hora de redactar el nuevo Proyecto Constitucional.
Ángel Ossorio y Gallardo, 1873-1946, era un abogado madrileño que fue concejal en Madrid en 1902, y se hizo maurista. Fue Gobernador de Barcelona en 1907, y se enfrentó a los sucesos de la Semana Trágica de 1909, tras la cual fue sustituido por Evaristo Crespo Azorín. En 1919, fue Ministro de Fomento para Maura. Era de ideología católico-social, y en 1922, se pasó al Partido Social Popular. En 1923, se retiró de la política porque era contrario a las dictaduras, y en 1931 apareció como republicano de derechas, antifascista y anticomunista. Ángel Ossorio y Gallardo, se había pasado en 1930, desde el maurismo al Pacto de San Sebastián al convencerse de que Alfonso XIII no tenía intención de volver al orden constitucional.
Pero las Cortes no aceptaron el Anteproyecto de Ossorio y Gallardo, y el 29 de julio de 1931, nombraron una Comisión Parlamentaria, presidida por Jiménez de Asúa, para redactar un nuevo Proyecto de Constitución. La integraban cinco socialistas, cuatro radicales, tres radical socialistas, dos catalanistas y siete miembros de otras minorías. Las Cortes quisieron empezar de nuevo para dar la mayor legalidad al texto.
Luis Jiménez de Asúa 1889-1970 había estudiado derecho en Madrid y ampliado estudios en París, Ginebra, Zurich y Berlín y era catedrático de Derecho Penal en Madrid desde 1918. Era del PSOE. En 1939 se marcharía a Buenos Aires.
El 14 de agosto de 1931, los Diputados Agrarios, el zaragozano Santiago Cuéllar y el burgalés Ricardo Gómez Rojí, ambos sacerdotes, pidieron a todos los obispos que enviasen a Madrid algún sacerdote “cualificado, bien relacionado y hábil”, que fuera capaz de presentar enmiendas al Proyecto de Constitución. La idea era pasar las enmiendas a los diputados católicos, y entorpecer la discusión constitucional para hacer tiempo. La idea fue recogida por las Órdenes Religiosas, que se pusieron a elaborar enmiendas. Por Tarragona, acudieron a Madrid: Luis Carreras desde Barcelona, y Antonio Vilaplana desde Gerona. Optaban por el obstruccionismo.
El 18 de agosto de 1931, las Cortes recibieron el nuevo Anteproyecto de Constitución, para iniciar su discusión. El nuevo Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Parlamentaria de Jiménez de Asúa, se había basado en el Anteproyecto de meses antes de Ossorio y Gallardo, y había introducido muchas ideas generadas dentro del PSOE por Luis Araquistáin. Pero las reformas no eran tantas y se redactaron en tan solo veinte sesiones. El 27 de agosto tuvo lugar el acto de la presentación del Proyecto Constitucional de la República Española.
El Proyecto de Constitución de agosto de 1931, constaba de 121 artículos distribuidos en 10 títulos, más una Disposición transitoria. Jiménez de Asúa decía que era una Constitución de izquierdas, pero no socialista. Pero la derecha española dijo que aquello era socialismo puro porque permitía socializar algunos bienes. Llamaba la atención la posibilidad de hacer Autonomías Regionales, la posibilidad de disolver órdenes religiosas y de nacionalizar sus bienes.
El error republicano en Sevilla[1], julio de 1931.
Sevilla era una ciudad pobre con grandes contrastes sociales. Grandes latifundistas gozaban de una vida llena de lujos y dispendios, mientras decenas de miles de jornaleros malvivían luchando contra el hambre. Ello estaba manifestándose en huelgas continuas y en delincuencia callejera insoportable. Las autoridades de la ciudad decidieron acabar con esa situación, atacando a los sindicalistas y a los obreros. Provocaron que la derecha monárquica ocupara el Gobierno Civil para justificar la intervención del ejército. José Bastos Ansart era Gobernador Civil de la ciudad, y el general Leopoldo Ruiz Trillo mandaba el ejército. El ejército, la guardia civil y la policía se encargaron de la represión. Los hechos más graves se concretaron en el asesinato, por el método de la Ley de Fugas, de cuatro obreros en Parque de María Luisa, el bombardeo del bar “Casa Cornelio” en Barrio de La Macarena el 7 de julio, y el asalto al Barrio de Triana el 21 de julio. El resultado fue de unos 40 muertos y 200 heridos.
Este error republicano fue muy grave: En primer lugar, habían permitido que los plutócratas monárquicos se impusieran en Sevilla como quien domina un coto de caza. Y en segundo lugar, Miguel Maura Gamazo, Ministro de Gobernación, decidió no tomar acciones de justicia contra los represores que pudieran dañar al buen nombre de la República, sino tapar el tema y decir que la violencia había sido cosa de anarquistas y comunistas. Los monárquicos se sintieron reforzados, y ello explica que Sevilla fuera el centro antirrepublicano en 1932 con Sanjurjo, y en 1936 con Queipo de Llano. En tercer lugar, en 1931 se ensayó el plan perfecto de un golpe: una simulación de un acto de violencia, que algún ignorante siempre está dispuesto a acometer, y una represión subsiguiente espectacular.
Reforma militar de 1931.
Una de las obras importantes de las Cortes de 1931, fue la reforma del ejército llevada a cabo por ley de 16 de agosto de 1931 por Manuel Azaña. El ejército fue apartado de su papel tradicional en la política, papel de controlar a los Gobiernos y controlar al Congreso de Diputados, y se restringieron sus competencias a la preparación y estudio de la guerra. Las reformas fueron muchas y hemos dedicado un capítulo específico a ello en 20.10.05. de esta serie:
Se puso el servicio militar obligatorio de 12 meses. Se suprimieron la mitad de los regimientos y la mitad de la burocracia, con lo cual sobraba mucha oficialidad. De las 16 Divisiones existentes en 1931, quedaban 8. Se suprimían los cargos de Capitán General y Teniente General y el cargo máximo era el de General de División, que mandaba una división como su nombre indica. Se impuso la obligación de los militares de jurar fidelidad a la República. En caso de no querer hacerlo se les pasaba a la reserva con sueldo íntegro. Se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906. Se anuló con carácter retroactivo, la costumbre de la adjudicación de número de escalafón en los ascensos por méritos de guerra lo cual encolerizó a Franco, Fanjul, Goded, Orgaz y otros, que desde entonces tenían que guardar cola en el escalafón. Se suprimieron las Capitanías Generales que se transformaron en Divisiones Orgánicas y sólo fueron ocho. Se suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, o Tribunal Supremo de Justicia Militar. Se suprimió la Academia General Militar, al tiempo que se creaban oficiales de complemento. Su Director, general Franco Baamonde, se sintió muy ofendido. Se reorganizó el Estado Mayor. Se sustituyó la administración militar de Marruecos por otra administración civil.
Gracias a estas reformas, se retiraron unos 8.000 jefes y oficiales de los 20.000 ó 22.000 existentes. Muchos de estos oficiales estaban de acuerdo con las reformas, pero no estuvieron de acuerdo con el método autoritario utilizado por el Gobierno para realizarlas, sin acceder a diálogo alguno.
Para que abandonasen el ejército, se les ofreció a los jefes y oficiales el retiro voluntario con haberes íntegros. Pero el retiro de los viejos cargos militares no garantizaba que fueran republicanos los que se quedaban. El resultado objetivo fue un rejuvenecimiento del escalafón, y algunos coroneles y generales, que tenían entre 30 y 40 años de edad, quedaron como dirigentes militares. Algunos de ellos tenían pocos estudios y mucha ambición. Y en ese ambiente, triunfaban los africanistas. Entre ellos estaban Franco, Asensio, Orgaz y Varela, los líderes de la futura sublevación contra la República en 1936. Cuando los sucesos como los de Castilblanco priven a Azaña de militares veteranos como Sanjurjo, la autoridad de los africanistas creció. Por eso, Azaña se ofrecerá a mantener a Sanjurjo como jefe de carabineros (policía fiscal o de aduanas y fronteras), con tal de no perder a estos veteranos.
Reforma de las fuerzas de orden público.
Otra de las reformas del verano de 1931 fue la de las fuerzas de orden público. Para evitar los enfrentamientos que la Guardia Civil tenía con las manifestaciones obreras, se constituyó un cuerpo de Guardias de Asalto, armados de porra y revólver, que debían enfrentarse a las manifestaciones sin hacer uso de las armas de fuego. 10.000 guardias de asalto se sumaban a las fuerzas del orden compuestas por 27.500 guardias civiles y 16.000 carabineros.
La autonomía catalana en verano de 1931.
El 2 de agosto de 1931, el Gobierno de Cataluña hizo votar un plebiscito para aprobar el Estatuto de Autonomía de Nuria, antes de presentarlo a las Cortes. Los catalanes se tomaban la soberanía por su cuenta, y presentaban al Parlamento sus Estatutos como cosa ya hecha y aprobada por el pueblo catalán. Como no estaba aprobada la Constitución, en 1931 no incurrían en anticonstitucionalidad.
El problema debería haber sido resuelto no obstante por el Gobierno: Si la soberanía correspondía a las Cortes Españolas, el Estatuto debía votarse en Cataluña después de ser aprobado en Cortes, y no antes. Votar primero, era una imposición de Cataluña al resto de España.
Tras la campaña correspondiente, votaron sí al Estatuto el 99,5% de los votantes catalanes. Y Francesc Macià acudió a Madrid, no a pedir el Estatuto, sino a presentar el resultado de la votación catalana, una exigencia ante el resto de los españoles. Hizo la entrega del texto al Presidente de la República. El Estatuto era ponderado y sensato, pero las formas eran absolutamente antidemocráticas. Por tanto, era inaceptable. Alcalá-Zamora no supo reaccionar, y su Gobierno tampoco.
Los católicos y la Constitución.
La Iglesia católica, que siempre había sido un grupo de presión político discreto, pasó a actuar abiertamente, pero sólo contaba con 61 Diputados: 26 Diputados Agrarios; 18 de Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora y Miguel Maura; 14 nacionalistas vascos y tradicionalistas navarros; y 3 de Lliga Regionalista. Pero a pesar de que eran pocos, casi todos intervinieron en las discusiones de Cortes, firmaron enmiendas y pusieron votos particulares. Destacaron: José Martínez de Velasco Escolar (agrarios); José María Gil Robles (agrarios); Ricardo Julián Gómez Rojí (canónigo de Burgos, profesor de teología, católico-agrarios); Marcelino Oreja Elósegui (Comunión Tradicionalista y miembro de ACNP); José Horn Mendía Areilza (nacionalista vasco); José Antonio Aguirre Lecube (PNV); Josep Ayats Surribas (Derecha Liberal Republicana, pero antes había sido tradicionalista carlista); Ramón Abadal Calderó (Lliga Regionalista); Amadeo Hurtado Miró (abogado catalán); Manuel Carrasco Formiguera (catalanista de Acció Catalana).
Los Diputados católicos eran la punta de lanza de una organización católica mayor: las enmiendas católicas las redactaban unos sacerdotes y religiosos expresamente presentados para ello. Entre los sacerdotes: el madrileño José Romero Otazo; el madrileño Manuel Graña; el sabadellense y catalanista Lluis Carreras; Antonio Vilaplana. Y también los religiosos: el jesuita Nemesio Otaño; el benedictino Ramiro de Pinedo; y el paúl Carmelo Ballester. También redactaban enmiendas los miembros de Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ACNP, como Ángel Herrera y Inocencio Jiménez; los de Acción Popular de Cataluña como José María Gich; y el demócrata cristiano José María Ruiz Manent.
En algunos puntos de sus enmiendas, los católicos llevaban mucha razón, pues había cuestiones vejatorias para con la Iglesia, como cuando el artículo 3 prohibía que la Iglesia pudiera ser considerada “corporación de derecho público”, cosa que también le ocurría a las demás confesiones religiosas. Ello se debía a que no existía en España la figura de la “corporación de derecho público”, por lo que se requería crear esa figura, e introducirla en la Constitución. También tenían razón en cuanto el artículo 25 sobre libertad de conciencia y de cultos, en cuanto se obligaba a algunos a declarar sus creencias personales, y en cuanto no se admitía a eclesiásticos a los altos cargos del Estado. Igualmente no era democrático someter a los cementerios católicos a la jurisdicción civil, sino que el Estado debería, o bien nacionalizar esos cementerios, o crear cementerios civiles alternativos. No era justo unificar los cementerios civiles con los católicos perjudicando los intereses de la Iglesia católica. Y era muy discutible el que todas las ceremonias de culto necesitasen autorización previa del Gobierno, cuando se trataba de actividades de una entidad legalizada y autorizada.
El polémico artículo 26 decía en el Anteproyecto: “Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales del país. El Estado no podrá, en ningún caso, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes”. A lo largo de estas tres frases, el artículo empezaba bien en cuanto a considerar iguales todas las confesiones religiosas, pasaba a ser discutible en la segunda frase, y terminaba muy mal en cuanto a la disolución de órdenes religiosas, pues ello afectaba a la libertad de asociación. Y el 26, fue el artículo que suscitó mayor alarma entre los católicos. Entonces, actuó la prensa, y empeoró las cosas buscando polémicas en vez de avenencias y acuerdos. Las campañas de prensa duraron de septiembre a noviembre a nivel muy fuerte, y cinco años más con menor intensidad.
El Nuncio propuso crear una Comisión Permanente Católica con tres arzobispos (uno del norte, otro del centro y otro del sur de España), y no le fue aceptada la propuesta. Federico Tedeschini le comunicó el 26 de agosto, al cardenal Francisco Vidal i Barraquer, que se debía presentar en Madrid mientras durase la discusión de la Constitución. Y también llamó al Patriarca de las Indias, y Arzobispo de Madrid, Ramón Pérez Rodríguez.
Pero Vidal i Barraquer no quería estar junto al Patriarca en una Comisión, y pidió que sustituyeran a éste por el arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundáin Esteban. El Nuncio decidió no eliminar al Patriarca, sino sumar a la Comisión al arzobispo de Sevilla. Al fin y al cabo, era lo que él había propuesto al principio. En El Vaticano, esa Comisión fue denominada “Oficio de Presidencia”.
Los católicos y el Gobierno republicano en 1931.
En verano de 1931, había dos problemas católicos que parecían urgentes: la situación del cardenal Pedro Segura Sáenz, y la cuestión de qué se haría con los jesuitas.
La situación política del Cardenal Segura empeoró en agosto de 1931, porque estaba enviando cartas manuscritas a todos los obispos españoles, en las que afirmaba que la Santa Sede había concedido a todos los obispos españoles prerrogativas especiales para poner a salvo los bienes de la Iglesia en caso de que se los quisieran incautar. Y el 14 de agosto, la policía de Irún capturó una de las cartas que portaba el Vicario General de Vitoria, Justo Echeguren, el cual viajaba hacia Anglet (Francia), donde residía el obispo de Vitoria-País Vasco, Mateo Múgica Urrestarazu[2]. El cardenal Segura, que creía que la Iglesia iba a ser expropiada, ordenó desde Roma vender todos los bienes de la Iglesia católica y sacar el dinero de España. Era cometer un delito grave en beneficio de la Iglesia española.
Entonces el Gobierno decretó en 20 de agosto que no se podían vender los bienes de la Iglesia española, porque eran de los españoles, y pidió que Segura fuese privado del arzobispado de Toledo. El Gobierno retiró las pagas que cobraban Segura y Múgica.
El Papa pidió informes al Nuncio en España, y Tedeschini informó a Pío XI que Segura era un intransigente monárquico. El Papa pidió a Segura que dimitiese, y Segura dijo que lo haría por obediencia debida al Papa, pero contra su voluntad.
El 22 de agosto de 1931, el sacerdote católico, Luis Carreras, comunicó que el caso Segura-Echeguren-Múgica se estaba complicando mucho porque Múgica se presentaba con demandas extremistas. El Presidente del Gobierno Provisional, Alcalá-Zamora, llamó a Vidal i Barraquer, y éste se entrevistó con Alcalá-Zamora y con el Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos. El 10 de septiembre, estos políticos le comunicaron a Vidal y Barraquer que, si no se removía a Segura de la diócesis de Toledo, el Gobierno no aceptaría el nombramiento de un obispo coadjutor con derecho a sucesión en el arzobispado. El Nuncio y el Arzobispo de Tarragona insistieron en que el Estado ofreciera algunas garantías que permitieran la concordia con la Iglesia, lo que significaba mitigar el texto constitucional.
El 14 de septiembre, Vidal i Barraquer, Tedeschini, Alcalá-Zamora y Fernando de los Ríos llegaron a un acuerdo: la Iglesia no contaba con mayoría en las Cortes, y por tanto, sólo era posible un convenio o Concordato, el cual podía ser apoyado por los católicos republicanos, que eran muchos en España: se reconocería la personalidad jurídica de la Iglesia; se respetarían las congregaciones religiosas y sus bienes; se mantendría el presupuesto del clero; se concedería libertad de enseñanza. El ofrecimiento del Gobierno satisfacía casi todos los defectos hallados en el Proyecto de la Constitución, y los obispos estuvieron de acuerdo.
Pero surgió la discrepancia de los ultracatólicos Pérez Rodríguez, Remigio Gandásegui Gorrochategui[3] y Eustaquio Ilundáin Esteban[4]. Exigían más precisiones y seguridades al Gobierno de España. Vidal i Barraquer le comunicó la situación a Fernando de los Ríos.
Sobre el tema de la Compañía de Jesús, el 18 de septiembre Alcalá-Zamora recibió a una “comisión de católicos” que pedía precisiones: el problema que todos se temían era que en las discusiones en Cortes se dañara a la Compañía de Jesús, lo cual repercutiría en las demás confesiones religiosas. El grupo de católicos llegó a aceptar que se expulsara a los jesuitas de España, y entonces el Gobierno empezó a recopilar pruebas de las injerencias de los jesuitas en temas políticos y sociales en los últimos tiempos. La Comisión de católicos no informó a los obispos de lo que estaba pasando. Y el Gobierno no hizo declaraciones al respecto. Ello incomodó a Miguel Maura, el cual le comentó a Azaña que no era posible averiguar nada de los que estaba ocurriendo, y que los jesuitas se estaban concentrando en Loyola (Azpeitia-Guipúzcoa), cerca de Francia, pues pensaban que iban a ser expulsados. Marcelino Domingo propuso intensificar la investigación sobre los jesuitas. Alcalá-Zamora y Miguel Maura, que eran católicos, querían dar largas al asunto sin investigar nada. Y al final, no hubo acusaciones.
Intranquilidad política en verano de 1931.
El 25 de agosto, el Parlamento recibió del Gobierno un proyecto de Ley de Reforma Agraria (proyecto Azaña), distinto del elaborado por los expertos el 15 de julio anterior. Los miembros del Gobierno no estaban de acuerdo entre sí, y los miembros de las comisiones presentaban desacuerdos graves.
En marzo de 1932, Marcelino Domingo Sanjuán, Ministro de Educación Nacional, presentó un tercer borrador de la Ley de Educación. Las discusiones no llevaban a ningún acuerdo.
La escisión anarquista de agosto de 1931.
En 30 de agosto de 1931 se produjo una importante escisión entre los anarquistas, que se consumaría en marzo de 1939. En 30 de agosto de 1931 se produjo el Manifiesto de los Treinta contra la concepción catastrófica de la revolución anarquista. Firmaban este manifiesto Juan López Sánchez y otros, entre los que estaban Joan Peiró, y Ángel Pestaña, los cuales formaron un grupo llamado “Cultura Libertaria” y conocido popularmente como los Treintistas, porque fueron treinta los firmantes de 30 de agosto. Criticaban a FAI, y se negaban a eliminar los supuestos sobre los que se organizaba la CNT. Presentaban la nueva situación de declaración de República, aumento desmesurado del paro obrero, e inacción del Gobierno, lo cual llevaba a la necesidad de una revolución, pero que no debía ser la fiesta de los motines y algaradas, la fiesta de la violencia por la violencia, sino una revolución sujeta a un plan ordenado y coherente, sin individualismos disturbadores.
Juan López Sánchez, 1900-1972, era murciano y provenía de Solidaridad.
Joan Peiró Belís 1887-1942 había nacido en Barcelona el 18 de febrero de 1887 y era obrero del vidrio y metal cuando entró en CNT. En diciembre de 1920 había sido encarcelado por Martínez Anido hasta finales de 1921. Había elaborado un línea de pensamiento por el que la política no era el arte de gobernar los pueblos sino la participación del pueblo en la solución de los problemas sociales.
Ángel Pestaña Núñez, 1886-1937, era leonés, autodidacta, y acabó en Barcelona en 1914 como relojero. Se le tiene como autor material del texto del Manifiesto de los Treinta de 1931.
Más adelante, en 1935, Peiró intentaría la acción conjunta de la izquierda contra el fascismo y lograría aprobar esa idea en el congreso anarquista de Zaragoza de mayo de 1936, reunificando los sectores de CNT, lo que conllevaba el denunciar a los sectores violentos. Por ello, los anarquistas decidieron participar en el Gobierno Largo Caballero de 4 de noviembre de 1936. Peiró sería Ministro de Industria. Desde este puesto, intentó incautar toda la industria civil y realizar la utopía anarquista, pero a ello se opondría Negrín, y se creó un enfrentamiento dentro del Gobierno. Cuando Negrín subió al poder en mayo de 1937, CNT abandonó. Sin embargo, Peiró acusaría a los comunistas, y no tanto a los socialistas, de haber provocado la crisis y de hacer represiones en contra del POUM. En 1938, Peiró huiría a Francia. En 1940 le detuvo la Gestapo alemana y le entregó a España, siendo ejecutado en Valencia el 27 de julio de 1942.
El caso Galarza, 2 de septiembre de 1931.
Ángel Galarza Gago, 1891-1966, fue un gran represor de izquierdas. Era un abogado madrileño que en 1929 fue acusado de preparar un golpe contra Primo de Rivera y fue encarcelado. En 1929, fue unos de los fundadores del Partido Republicano Radical Socialista. Estuvo en el Pacto de San Sebastián en verano de 1930. Participó en el golpe de diciembre de 1930 y fue encarcelado de nuevo. Fue liberado en abril de 1931 y elegido Concejal por Madrid por el Partido Republicano Radical Socialista. Le hicieron Fiscal del Tribunal Supremo, y el 16 de mayo de 1931, Director General de Seguridad. Creó los Guardias de Asalto y los Vigilantes de Caminos. En su afán de perseguir a la derecha, vigilaba a todos los generales africanistas y a sus colaboradores como Guerra del Río y Juan March. El 7 de diciembre de 1931, viajó a París sin traductor y sin saber francés, y visitó a su colega Chiappe, pero no fueron capaces de entenderse por causa del idioma. Buscaba que le entregaran a los exiliados españoles de la derecha. El 18 de diciembre dimitió como Director General de Seguridad. En febrero de 1932, Galarza fue expulsado del PRRS y al año siguiente se hizo del PSOE, al sector de Largo Caballero, del que fue gran colaborador durante la Guerra Civil.
El caso Galarza se originó cuando, el 2 de septiembre de 1931, la Comisión de Responsabilidades ordenó el arresto de doce generales y cuatro Ministros colaboradores con Primo de Rivera. Galarza se excedió, y detuvo a todos los derechistas que encontró. No encontró a Severiano Martínez Anido, ni a José Calvo Sotelo porque habían huido a París. Azaña se enfureció a saber de tantos arrestos. Azaña creía que la dictadura era un asunto ya olvidado que alguien estaba empeñado en remover y sacar de nuevo a la superficie política. La prensa de derechas declaró que los arrestados eran unos héroes. El 6 de septiembre, Gil Robles se aprestó a defender a todos los arrestados. Entonces, Galarza se envalentonó, y manifestó que seguiría “haciendo detenciones sensacionales”. La prensa entendió que detendría a Sanjurjo, pero no fue así. Las detenciones se hacían por criterios políticos, igual que en 1923, pero ahora protagonizadas por la izquierda: se instruían sumarios por rebeldía en 1923; se arrestó a Berenguer y a Fernández Heredia por haber hecho Consejo de Guerra a los rebeldes de 1930; se sacó el tema de Galán y García Hernández otra vez; se ascendió a los supervivientes del golpe de 15 de diciembre de 1930, y además se les condecoró y pensionó, de modo que cobraran buenos sueldos; y en mayo de 1931 se pensionó al general Francisco Aguilera y se le ascendió a Capitán General por el mérito de haberse sublevado en 1926, algo que era jurídicamente inaceptable. Galarza se comportaba como un vengador que hacía pagar a la derecha todo lo malo hecho en décadas anteriores.
Destierros de Orgaz y Tella.
En septiembre de 1931 hubieron de ser desterrados el general Luis Orgaz Yoldi, a Canarias, y el general Heliodoro Rolando de Tella y Cantos, al Sahara Español, porque todo el verano habían estado conspirando, e intentando que Sanjurjo, Goded y Franco se unieran a ellos para organizar un golpe de Estado. La conspiración se retrasó así hasta agosto de 1932 y fue la de Sanjurjo. El general Tella era un africanista que poseía la Laureada de San Fernando. El general Orgaz era africanista y monárquico.
La crisis carlista de septiembre de 1931.
Los carlistas sufrieron una nueva crisis en septiembre de 1931. Murió Juan III sin hijos. Fue proclamado candidato carlista al trono su tío Alfonso Carlos de Borbón y Austria Este, llamado Alfonso Carlos I duque de San Jaime, hermano de Carlos VII. Alfonso Carlos entonces tenía 80 años y todavía vivió hasta 1936. En medio de esta crisis, los distintos grupos carlistas y católicos estuvieron unidos. Una de la claves de la unión es que Alfonso Carlos repartió los cargos del partido entre todos. La otra y más importante, es que tenían enfrente un enemigo formidable, la República y ello les daba miedo. Los carlistas integraron entonces a las mujeres en sus filas: las mujeres se afiliaban a agrupaciones locales femeninas llamadas “margaritas” y vestían boinas blancas. La principal preocupación del carlismo era reunir soldados para una guerra que se preveía próxima. Llegaron a tener 10.000 jóvenes enrolados, pero los jefes de sus requetés y juventudes fueron detenidos en 1932. Entonces se organizaron en guerrillas urbanas que se enfrentasen a las juventudes socialistas y comunistas en las calles de Bilbao, Madrid y Barcelona. El 10 de agosto de 1932 se sumaron a la rebelión de Sanjurjo y fueron represaliados.
Dimisión de Alcalá-Zamora.
El 14 de octubre por la tarde tuvo lugar el acto formal de dimisión de Alcalá Zamora en las Cortes. Manuel Azaña fue el nuevo Presidente Provisional del Consejo de Ministros.
Los Diputados le habían acusado de manipulación de la Cámara, porque se reservaba siempre el último turno de las discusiones constitucionales, sin posibilidad de réplica de sus adversarios. Estaban discutiendo el tema de la propiedad.
Hubo reunión informal del Consejo de Ministros en casa de Indalecio Prieto. Dimitieron tanto Alcalá-Zamora como Miguel Maura, Ministro de Gobernación. Ambos eran de Derecha Liberal Republicana. En ese momento, los agrarios y los vasco navarros, anunciaron que se retirarían de las Cortes cuando terminase el debate constitucional.
Se sugirió que, o Lerroux o Azaña, debían suceder a Alcalá-Zamora. Lerroux no aceptó. Y convencieron a Azaña para que aceptara. No estaba previsto ante quién dimitirían, pues no había instituciones formales. Y Besteiro propuso el procedimiento para solucionar la crisis: se haría un acto público en las Cortes, el cual tuvo lugar el 14 de octubre de 1931, por la tarde.
Niceto Alcalá-Zamora dio paso a Manuel Azaña en la Presidencia del Gobierno Provisional. Miguel Maura fue sustituido por Casares Quiroga en Gobernación.
[1] José María García Márquez, La Semana Sangrienta de julio de 1931 en Sevilla. Aconcaua Libros, 2019.
[2] Mateo Múgica Urrestarazu, 1870-1968, se formó en la Universidad católica de Oñate, en el Seminario Diocesano de Vitoria y en la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1918, fue obispo de Osma, en 1922, lo fue de Pamplona, y en 1928 lo era de Vitoria y de todo el País Vasco. En 1931 fue expulsado de España por sus ideas monárquicas, pero se le autorizó a regresar en 1933. Entonces se hizo vasquista independentista y se enemistó con los que serían rebeldes en 1936. En 6 de agosto de 1936, Mateo Múgica de Vitoria, y Marcelino Olaechea de Pamplona, formaron una pastoral conjunta, que se atribuye al cardenal Gomá, en la que condenaban el comunismo, el socialismo y a los gobernantes vascos que colaboraron con el Gobierno republicano de Madrid. Pero también defendía el independentismo vasco, y en 1936, Franco le pidió al Papa su expulsión, y Múgica fue a Roma, donde denunciaba los asesinatos de sacerdotes, religiosos y obispos españoles. Franco le permitió regresar en 1947, y desde entonces, se convirtió en un mito para los independentistas vascos.
[3] Remigio Gandásegui Gorrochategui, 1871-1937, fue Prior de Órdenes Militares, Obispo de Segovia en 1914-1920, y arzobispo de Valladolid en 1920-1937.
[4] Eustaquio Ilundáin Esteban, 1862-1937, iba para fraile carmelita, pero abandonó para ser sacerdote diocesano en 1886. Fue profesor de Teodicea, Ética, Derecho Natural y Metafísica en el seminario de Pamplona, ciudad en la que había nacido. En 1903 fue Rector del Seminario de Segovia. En 1904 fue obispo de Orense. En 1921 fue Arzobispo de Sevilla y en 1925 fue nombrado cardenal, constituyéndose en un referente del catolicismo conservador español. Murió de gripe en agosto de 1937.