20.10.05.La reforma militar española de 1931.

         LA REFORMA MILITAR ESPAÑOLA DE 1931.

Conceptos clave: decretos militares de abril de 1931, decretos militares de mayo de 1931, decretos militares de junio de 1931, decretos militares de julio de 1931, reformas militares de verano de 1931, reformas militares en 1932, problemas del ejército español, los oficiales del ejército en 1931, presupuesto y dotaciones militares en 1931, la oficialidad militar en 1931, Manuel Azaña como reformador militar, Ejército y Constitución en 1931, crítica a las reformas militares de Azaña.

              El ejército español de 1931

     El ejército de 1931 era un fósil burocrático que servía para dar empleo a mucha gente. Solamente los 50.000 hombres de Marruecos estaban en condiciones de entrar en combate. Aun éstos, eran un ejército pobre y anticuado, sin apenas artillería y con muy poca intendencia (enfermería, mecánicos, cocineros, reposición y abastecimiento…). El mayor valor del ejército de África era su disciplina y su experiencia en combate. El problema que generaba el ejército de África respecto al resto del ejército, era que los oficiales de África ascendían rápidamente, mientras que los que regresaban a la península, tras el periodo obligatorio de servicio en África, se retrasaban unos 10 años en los ascensos porque los africanistas los copaban.

     La paga era escasa hasta alcanzar ascensos, pero los oficiales peninsulares solían buscarse un despacho en el ejército en el que no hubiera mucho que hacer, y un trabajo complementario en la vida civil donde ganar algún dinero. Los puestos sin ningún trabajo eran muchos: En Aerostación Militar había un negociado en el Ministerio y un regimiento de soldados para un solo globo aerostático. En aviación había aeródromos con un solo trimotor y unos pocos aviones de reconocimiento del que se ocupaban una multitud de militares. En artillería había munición en los parques para un día de combate, cuando lo normal estimado era tener para 8 días. Los cuarteles eran los antiguos conventos. No había campos de tiro suficientes. Los soldados tenían un solo uniforme para todo, sin casco, ni impermeable, ni ropa de maniobras.

     El ejército de 1931 no quería manifestarse ni por el Rey ni por la República. Sabía que tenía que afrontar una reconversión desde el momento de su fracaso en Marruecos de 1921 y de los escándalos levantados en los años veinte.

              Manuel Azaña y el ejército.

     Azaña era un estudioso del tema militar, que incluso había visitado el frente francés durante las campañas de 1914-18. Azaña tenía una nueva idea sobre el ejército: debería ser «…una escuela de ciudadanos en la que todos los españoles aprenderían disciplina, obediencia, manejo de muchedumbres, sentido de la responsabilidad y sentido de cohesión nacional…» La nueva idea implicaba abolir las viejas costumbres de intervenir en política y ser utilizado como fuerza de seguridad del Estado. Los militares, en adelante, podrían detentar cualquier cargo político, menos Presidente de la República, pero a título personal y no como jefes del ejército. Nunca podrían exigir del Estado ni de las Cortes ni del Gobierno, nada mediante imposición.

     En 1931 se reabrieron los juicios de El Annual 1921, se desarmó el somatén creado por Primo de Rivera y se cambió a todos los Capitanes Generales, respetando a Sanjurjo como Jefe de la Guardia Civil. Se dio amnistía para delitos políticos y de imprenta, lo cual cerraba muchos casos militares y antimilitares. Se cambió de nombre al Ministerio del Ejército para volverlo a llamar de la Guerra, como se llamaba antes de Primo de Rivera. Se formó un gabinete de asesores militares del Ministro de la Guerra, compuesto por oficiales de todos los cuerpos (resultó un fracaso porque fue aprovechado por gente que buscaba no trabajar y sí conseguir dinero fácil). Se exigió juramento de fidelidad a la República pronunciando la frase «Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas» (esta fórmula fue acusada de laica por los católicos). Se derogó la Ley de Jurisdicciones y el tribunal militar correspondiente, de modo que los delitos militares fueron juzgados en adelante por una sala del Tribunal Supremo, lo cual significaba que se suprimía el «cuerpo jurídico militar» y tenían accesos a los juicios los abogados civiles, y también que el Consejo de Guerra perdía jurisdicción sobre los asuntos que afectasen a militares y cuarteles, excepto en tiempo de guerra y con motivo de una guerra.

     Azaña quería implantar en España el modelo de ejército francés: El 4 de abril de 1931 abolió la Ley de Jurisdicciones, y obligó a todos los jefes y oficiales a jurar fidelidad a la República. Los que no quisieran jurar podían pasar a un retiro voluntario con el mismo sueldo que si estuvieran en activo. Pero Azaña cometió un error en esta Ley, pues decretó que, en caso de que no se acogieran suficientes jefes y oficiales al retiro voluntario, el Estado se reservaba el derecho de dar de baja, sin beneficio ni paga, a los que le pareciera conveniente. El 37% de los generales y jefes pasaron al retiro. El resto del ejército quedó bajo una amenaza intolerable, que hacía muy impopular a la República.

     Las Capitanías Generales fueron transformadas en jefaturas divisionarias, esto es, en jefaturas sobre tropa sin mando territorial. Los mandos se redujeron a 9 generales de división (antes 16) y 2 brigadas de montaña. Los Gobiernos Militares, antes gobernadores de provincia, se transformaron en Comandancias Militares con mando exclusivamente militar. Cada División sería una unidad autónoma con las siguientes dotaciones: Cuartel general, 2 brigadas de infantería, 1 escuadrón de caballería, 1 brigada de artillería ligera, 1 batallón de zapadores, 1 grupo de transmisiones, 1 escuadrilla de aviación, 1 unidad de aerostación, 1 parque de municiones y armas, 1 grupo de intendencia, 1 grupo de sanidad y 1 sección de veterinarios. Esta nueva reordenación de las Divisiones significaba que sobraba la mitad de la infantería existente, el 30% de la caballería y no sobraba nada de artillería, y que se separaban del ejército el cuerpo de Capellanes Militares, la Cruz Roja y el Cuerpo de Carabineros (policía fiscal) que pasaba a depender del Ministerio de Hacienda.

     La docencia militar fue renovada. Primo de Rivera había creado, en 1927, la Academia General Militar de Zaragoza como academia única, común a todos los cuerpos. El trasfondo de esta medida había sido eliminar a todos los militares intelectuales, sobre todo de artillería, e imponer una educación militar más disciplinaria, llevada por gente con pocos estudios pero mucha autoridad, como los africanistas y, concretamente, Franco. Francisco Franco, Director de la academia, llevó allí a sus amigos como profesores, encomendándoles imponer disciplina y más disciplina. A partir de 1931, se suprimió la academia de Zaragoza con la excusa de que las muchas instalaciones y prácticas, costaban demasiado dinero al Estado, y se crearon la Academia de Toledo para infantería, caballería e intendencia, y la Academia de Segovia para ingenieros y artillería. Además, la República exigió que todos los aspirantes a oficial del ejército, tuvieran el bachiller (de 7 años), un curso en una Facultad de ciencias y 6 meses de servicio militar. Franco entendió muy bien que se posponían sus ideas.

     Como el servicio militar era obligatorio desde 1912, se pensaba que una reorganización así de los mandos podría hacer un ejército con efectividad. El servicio militar se fijó en 1 año. Los estudiantes hacían el servicio militar de forma especial y se incorporaban a una Escala de Complemento.

     La plantilla teórica que encontró Azaña en 1931 era de unos 15.419 oficiales y 197.366 hombres, pero la realidad era deprimente pues había cerca de 20.000 oficiales y no más de 150.000 hombres. Azaña pensaba reducir oficialidad y el problema se complicaba al haber tanto exceso de oficiales. Los de academia opinaron que se debían marchar los llamados «chusqueros» o ascendidos desde soldado, que eran la mitad de la oficialidad. Eso no resolvía el problema porque los chusqueros no solían pasar de capitán, y de ahí para arriba seguían sobrando muchos, mientras que por abajo se quedaría el ejército sin suboficiales.

     En diciembre de 1931 la reorganización del ejército se completó con la creación de un Cuerpo de Suboficiales, concebido como una serie de ayudantes de los oficiales, y con un Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército CASE, que incluía empleados civiles sin graduación militar y sin posibles ascensos, con sueldos de suboficiales y oficiales, según sus categorías, para la fabricación de armas, sillas de montar, albañiles, mecánicos, herradores, etc. Este Cuerpo de Suboficiales implicaba la necesaria superación de unas pruebas de conocimientos, y otras de aptitud física, y la eliminación de la oficialidad «chusquera» o proveniente de la tropa por simple antigüedad o méritos. La supresión de la «escala de reserva retribuida» cortaba los ascensos de los chusqueros antes de llegar a oficiales. Los oficiales chusqueros existentes fueron admitidos en la escala activa formando una minoría no muy bien aceptada por el resto de los oficiales.

     La supresión de escalas de reserva conllevó la desaparición de muchos cuerpos adheridos: Ordenes Militares, cuerpo de alabarderos, somatenes (excepto el de Cataluña), cuerpo de inválidos, cuerpo eclesiástico del ejército, Academia General Militar (30 de junio de 1931) y algunas academias militares especiales. Todas las academias quedaron reducidas a 3, Toledo, Segovia y la auxiliar de Madrid.

     La supresión de la Academia General afectó a los africanistas como Franco Bahamonde, Franco Salgado, Esteban Infantes, Camilo Alonso Vega y otros. Había sido creada por Primo de Rivera en 1928 y funcionaba en Zaragoza. Allí acudían los cadetes o aspirantes a oficial para cursar dos años de estudios y disciplina antes de incorporarse a sus respectivas academias de arma o cuerpo otros tres años. Franco, Director General, restableció la Academia de Zaragoza en el momento de su triunfo en 1939.

     El retiro voluntario fue eficaz, y se marcharon la mitad de los oficiales, quedando en 1932 unos 9.700 para un plantilla de 171.825 soldados.

     Se impuso el sistema de ascensos por antigüedad, respetando los méritos de guerra anteriores pero eliminando el derecho de designación, lo cual significaba que los ascendidos por méritos de guerra debían ocupar la última plaza del escalafón en el momento de ascender, y no la que se designase en el decreto de ascenso. Eso significó que Moscardó y Yagüe fueran degradados y que Franco perdiera su número 1 en el generalato y pasara a ocupar el puesto nº 24. Los tres fueron importantes en la rebelión de 1936.

     Respecto al Protectorado de Marruecos, se buscó una fórmula para que no fuera una carga para el Estado, ofreciendo tierras a los que quisieran cultivarlas. La colonización produciría unos impuestos que aliviarían los gastos, además de una normalización de la vida que haría menos necesaria la presencia militar. No hubo voluntarios para cultivar, y fracasó. De todos modos se redujeron unas 400 plazas de oficiales en Marruecos, para reducir gastos.

     En cuanto a la política de financiación militar se consideró necesario abrir fábricas de armas con dos fines: el primero que hubiera un autoabastecimiento. El segundo que se pudiera exportar. Esta medida fue causa de un escándalo en 1933, cuando se comprobó que los mineros asturianos rebeldes tenían armas de las fábricas del ejército.

     La Guardia Civil se hizo imprescindible al empezar la República. Azaña mantuvo en su cargo al antiguo Director de la Guardia Civil, José Sanjurjo. Este se encargó de controlar las manifestaciones campesinas que tuvieron lugar en Extremadura, Santander y Barcelona.

     Sanjurjo fue depuesto el 5 de febrero de 1932 tras los sucesos de Castilblanco y otros enfrentamientos entre campesinos y Guardia Civil en los que hubo muertos. Una vez retirado, recibió invitaciones por parte del sector militar republicano, Goded, y del sector militar monárquico, Barrera, para unirse a ambos grupos con ánimo de oponerse al decreto de retiro de los militares. Se unió a los monárquicos que iban a dar un golpe de Estado para el 10 de agosto de 1932 y los monárquicos le dejaron tirado en Sevilla, no sublevándose casi ninguno, con lo que Sanjurjo hubo de entregarse a la Guardia Civil de Córdoba que le había cercado en Huelva, camino de Portugal.

     En 1934-35 el ejército sufrió una fuerte escisión. Desde 1934, militares de baja graduación, cuya cabeza era un capitán de Estado Mayor, Hernández Barba, fundaron Unión Militar Española UME y se pusieron en contacto con Falange Española. Contra éstos, otros militares crean Unión Militar Republicana Antifascista UMRA en 1935.

         Los decretos militares de abril de 1931.

     El 17 de abril de 1931, Azaña derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906, la cual asignaba a los tribunales militares las causas que constituyeran ofensa al ejército, es decir, todo lo que los militares consideraran que les ofendía en los periódicos y otras publicaciones. Ello había sustraído a la justicia ordinaria, y pasado a tribunales militares, todos los temas que los militares habían considerado que no debían ser juzgados por el Poder Judicial, por razón de tema, razón de lugar del delito, razón de objetivo de la crítica, razón de persona, o cualquiera otra. La Ley de 17 de abril significaba que el Estado, a través de los tribunales de justicia ordinaria, recuperaba el control del poder judicial. Con ello empezaba la reforma militar republicana.

     El 22 de abril de 1931, Azaña hizo un Decreto de fidelización de los militares a la República. El militar que no quisiera hacer juramento, debía solicitar su retiro. De esta manera, el ejército se definía como la encarnación del espíritu de la Nación española para la defensa, y se proclamaba “un ejército en armas”. Azaña pensaba que los oficiales podían ser movilizados por los políticos en el caso de que hubiera necesidad de defender al Gobierno legítimo. Y por ello, la selección de la oficialidad la debía hacer el Gobierno, en función de que hubiera constancia de que los militares aceptaban la República. Muy pocos militares se negaron a firmar el juramento. Era un Decreto que parecía lógico en un sistema político distinto.

     Pero el Decreto de fidelización militar tenía un fallo muy grave: era equívoco por poco concreto. No decía si los militares debían servir a la Nación o al Gobierno. En el caso de servir a la nación, o al pueblo español, debía aclarar quién era el intérprete de la voluntad popular, si las Cortes legítimamente elegidas, o el propio ejército bajo su propia responsabilidad, erigiéndose en intérprete de la voluntad nacional, como había ocurrido durante los golpes de Estado del siglo XIX. En el caso de servir al Gobierno, debían someterse a las autoridades civiles, cosa que era insólito en España. Pero Azaña pensaba, equivocadamente según nuestro punto de vista, que la Nación y la República eran conceptos equivalentes, y que no habría problemas de interpretación. Según Azaña, el Gobierno era republicano, y defender la República era defender al Gobierno. El tema era mucho más complicado de cómo Azaña lo planteaba.

     Otros puntos del Decreto de fidelización eran conflictivos, pero no tanto: se redefinía la misión del ejército, las funciones que debía ejercer, y los valores que se debían asumir.

     El 22 de abril de 1931, Azaña decretó que todos los ascensos militares no ganados por vía de examen, oposición o antigüedad, serían sometidos a revisión.

Simultáneamente, el 22 de abril, Azaña suspendió los exámenes de ingreso en la Academia General Militar. Dijo que había exceso de oficiales en el ejército, y que iba a incrementar los ascensos procedentes de tropa, e impedir que entraran nuevos militares en el ejército. Lo cierto era que la Comisión Militar había recomendado el cierre de la Academia General Militar, pues no era lógico que, habiendo más del doble de oficialidad de la necesaria, se “fabricasen” cada año unos cientos de oficiales más. El 1 de julio se cerró la Academia General Militar.

     El 25 de abril, Azaña puso en práctica una idea para reducir el número de oficiales: Decretó que todos los generales, jefes y oficiales que lo desearan, pasasen a la reserva con la paga completa de retiro. Les dijo que no se repetiría una ocasión tan buena. Y dijo que el objetivo era una reducción drástica del número de oficiales. No era una solución realista, porque la tradición entre los militares españoles era colocar a sus hijos en la milicia, y hacerles ascender rápidamente. La aceptación de la propuesta de Azaña, significaba para los militares el dejar a los hijos sin el futuro asegurado. No se consiguió el efecto deseado.

     El 27 de abril de 1931, se convocó una Comisión que debía revisar todos los Decretos militares hechos durante 1923-1930. Entonces, los militares aprovecharon para enviar una Memoria a Azaña en la que pedían: derogación de los Decretos de ascensos por méritos de guerra; anulación de los efectos producidos en una serie de casos concretos; restauración de la Ley de 1918 sobre ascensos militares, la cual decía que se harían exclusivamente por antigüedad.

         Los decretos militares de mayo de 1931

     El 4 de mayo de 1931, un Decreto sobre ascensos militares reconoció arbitrariedad en la provisión de destinos militares hechos hasta esa fecha. Este Decreto causó insatisfacción en el ejército. Se demostró como muy imprudente. Estableció que el criterio de antigüedad debía ser prioritario en todos los ascensos en territorio peninsular. Y afirmó que el Gobierno tendría capacidad para promover algunos destinos por elección, sobre todo en los grados de general. O sea, que el Gobierno designaría a los generales que le pareciera oportuno, lo cual era lo mismo que venía sucediendo en épocas anteriores. El cambio de criterio era pues muy difícil de aplicar. El encargado de seleccionar al personal era el Gabinete Militar, el cual obró con la imparcialidad e independencia que ya eran habituales en España, ninguna. Pero para Azaña había surgido un problema grave: para que todo cambiase, era preciso no cambiar nada, pues de otro modo, no ascenderían los militares republicanos que le convenían a Azaña. Pero aún así, todo dependía de la continuidad de Azaña, y todos sabían que el que gobernase, podría hacer ascensos y conferir destinos a su medida. Era muy peligroso, según el partido que gobernase.

     Complementariamente, el 18 de mayo de 1931, Azaña derogó el Decreto de 1926 sobre ascensos militares por elección entre compañeros, y anuló todos los ascensos hechos por esta vía que afectaban a cargos inferiores al de general, excepto los que se hubiesen consolidado por haber cumplido con la antigüedad suficiente que debiera generar el mismo ascenso que ya se disfrutaba.

     Azaña intentaba colocar “republicanos” en los puestos militares de decisión, pero no se daba cuenta del enorme riesgo que corría la República en el momento en que él no fuera Presidente del Gobierno y gobernaran las derechas. Además, no existían suficientes militares republicanos preparados para ejercer los nuevos cargos, pues los republicanos habían sido convenientemente eliminados en Gobiernos anteriores. Y escogerlos por el simple hecho de haberse declarado contrarios a Primo de Rivera, era irracional, pues se podían entregar ascensos y destinos a gente indeseable, desleal para con la República. En fin, Azaña se estaba metiendo en un barrizal.

     El 11 de mayo de 1931, un Decreto limitó la jurisdicción del Tribunal Supremo de Guerra y Marina a los hechos y delitos exclusivamente militares por “razón de materia”. Es decir, el ejército ya no podría intervenir en la vida privada de los civiles y de la prensa, salvo utilizando los tribunales ordinarios. Desaparecían los supuestos de “razón  de persona” (situación en la que si alguien era militar, se quedaba el Tribunal militar con el caso), y la “razón de lugar de ejecución” (si se trataba de lugares relacionados con el ejército, el ejército se quedaba con el caso). Los Capitanes Generales perdieron sus funciones judiciales que habían tenido durante siglos, y los casos regionales pasaban a las Audiencias Regionales. Se abolió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y sus funciones pasaron a la Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo, una institución civil.

     El 25 de mayo de 1931 se produjo el Decreto de Reorganización del Ejército, porque estaba muy claro que hacían falta menos jefes militares. Azaña anunció que bajaría el número de Divisiones desde 16 a 8, reduciría el tiempo de servicio militar a un año, eliminaría el cargo de Capitán General, que servía para tener potestad de someter a las autoridades civiles de su región en caso de conflicto con el Gobierno, y anunció también que convertiría en jefes del ejército a los 8 Generales de División. Con este Decreto de reorganización del ejército, sobraban gran parte de los 26.000 oficiales existentes en el ejército, que, según Azaña, debían quedar reducidos a 7.600, y sobraban soldados que quedaban reducidos a 105.000 en la península y 42.000 en África. Los oficiales excedentes serían jubilados con la paga completa. La reacción del ejército fue desigual, opinando unos que Azaña destruía al ejército, y creyendo los otros que era una gran oportunidad de jubilarse y trabajar en otra cosa, cobrando dos veces: paga militar, y sueldo por el nuevo trabajo.

El ejército republicano disponía de ocho Divisiones. Cada División tenía dos Regimientos. Cada Regimiento tenía dos Brigadas de Infantería, un Escuadrón de Caballería, una Brigada de Artillería, y distintas unidades de apoyo según sus necesidades. Una de las unidades de apoyo en 1931, era la aviación. Las tropas y servicios de Cuerpo de Ejército eran la División Independiente de Caballería, las Comandancias Militares Insulares, y las Bases Navales. Con esta reforma, los Regimientos de Infantería disminuyeron desde 74 a 39. Y los Regimientos de Caballería bajaron desde 28 a 10.

     Un Decreto complementario redujo al 80% la paga de los oficiales en situación de “disponible forzoso”, y prohibió los ascensos mientras existieran excedentes de personal en la categoría superior. También se amplió el periodo en que se permitía solicitar el retiro voluntario. Se obtuvieron unas 1.000 peticiones de retiro en 1931. Y en el año 1932, hasta 31 de julio, hubo más peticiones todavía. Eran muy pocas respecto a las más de 25.000 previstas por Azaña. El 10 de agosto de 1932, se abrió un nuevo periodo de solicitudes para animar a los militares a irse. Y así, se llegó a 1936, cuando había 14.000 oficiales en escalas activas, y sólo 1.200 estaban sin destino. Entre los retirados, había grandes nombres: Alfredo Kindelán Duany, Enrique Marzo Balaguer, Francisco Gómez-Jordana Sousa, Dámaso Berenguer Fusté, Fidel Dávila Arrondo y Enrique Fernández de Heredia Gaztañaga. Pero también había generales conflictivos para el Gobierno republicano que no quisieron irse: Andrés Saliquet Zumeta, Carlos de Lossada i Canterac, Gonzalo González de Lara y los africanistas Emilio Mola Vidal, Manuel Goded Llopis, Gonzalo Queipo de Llano Sierra, José Sanjurjo Sacanell, José Enrique Varela Iglesias, José Millán-Astray Terreros, Juan Yagüe Blanco, Camilo Alonso Vega… El problema estaba muy avanzado cuando empezó la guerra de 1936, y entonces fueron necesarios dos ejércitos, uno para cada bando en guerra, con cuadros militares abundantes en cada uno de ellos, y el tema de la oficialidad militar volvió a la casilla de salida. Los efectos del Decreto de Reorganización del Ejército no eran tan beneficiosos como se podía imaginar Azaña, pues al final del proceso, sólo el 25% de los oficiales eran republicanos, y la ideología monárquica se mantenía como al principio.

     Azaña quería militares intelectualmente preparados, disciplinados, obedientes al Gobierno, con capacidad de manejo de muchedumbres, sentido de la responsabilidad y sentido de la cohesión nacional española. Pero los militares preparados y disciplinados eran los africanistas, y esos estaban en contra de Azaña. Ese era el nudo gordiano. Y entre estos africanistas, estaba el jovencito Francisco Franco Bahamonde, cada vez más popular entre ellos, al que, por su juventud, no le afectaban los Decretos de reducciones militares.

         Los decretos militares de junio de 1931.

     El 3 de junio de 1931, Azaña anunció la revisión de todos los ascensos obtenidos por méritos de guerra desde 1923 a 1931. Ello afectaba a 350 militares africanistas, los cuales quedaron en expectativa de graduación hasta que el Gobierno decidiese. Y los destinos alcanzados por estos militares se perdían también, en espera de resolución posterior. Generalmente, eran puestos cómodos y bien retribuidos, y con posibilidades de nuevos ascensos, pues esa era la causa por la que los militares iban voluntarios a la guerra. Azaña estaba atacando el centro del problema, pero había que ver si tenía fuerza suficiente para hacerlo.

     También el 3 de junio de 1931, de publicó el Decreto de Reorganización del Ejército de África. El Protectorado se dividía en tres zonas militares; se reducía el personal administrativo; y se redujo el número de legionarios y regulares sobre la zona. Este Decreto no afectaba significativamente a la oficialidad, cuyo número fue fijado en 26 de diciembre de 1932, y se fijó en 3 generales y 1.509 jefes y oficiales. Disminuía el número de jefes y oficiales en 247 efectivos, lo cual era una cifra insignificante y bastante racional, pero que fue utilizada como una ofensa al ejército africanista.

     El 16 de junio de 1931 se produjo el Decreto regulador de las funciones del Alto Comisario en Marruecos y del Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos, el cual quedaba subordinado al Alto Comisario, lo que implicaba que el jefe militar podía quedar subordinado a una autoridad civil. Se nombró Jefe Superior en Marruecos a Miguel Cabanellas, el cual era polémico por su historia reciente: era africanista, pero Miguel Primo de Rivera le había enviado a la reserva porque entendía que simpatizaba con los republicanos. La República le devolvió a la escala activa en abril de 1931, y le nombró Capitán General de Andalucía. Y después de junio de 1931, fue nombrado Jefe Superior de Marruecos, al lado del Alto Comisario Luciano López Ferrer, un civil de profesión abogado, nombrado el 10 de junio de 1931. Cabanellas se llevó mal con López Ferrer. A principios de 1932, Cabanellas fue nombrado Director General de la Guardia Civil, y se envió a África en su lugar a Augusto Gómez Morato. Cabanellas sería uno de los amotinados en julio de 1936 del lado de Franco. Luciano López Ferrer, fue franquista y falangista.

     El 16 de junio de 1931, un Decreto definió las jerarquías de mando y las competencias de las 8 Divisiones creadas en 25 de mayo último. Las Divisiones ya no tenían base territorial, y sus funciones serían estrictamente militares. Las antiguas Regiones Militares fueron abolidas, y consecuentemente, los cargos de Capitán General, de Teniente General y de Gobernador Militar Provincial desaparecieron. Y las antiguas Capitanías Generales desaparecieron. Todas las funciones que los militares habían arrebatado al poder civil en los últimos cien años, volvieron al poder civil. Las Divisiones eran coordinadas por tres Inspectores Generales, los cuales residían en Madrid y eran miembros del Consejo Superior de Guerra. Se decidió que los Capitanes Generales y los Tenientes Generales no pertenecieran al Estado Mayor por razón de cargo. Las regiones militares se restablecerían más tarde, en 4 de julio de 1939, aunque desde 5 de abril se dispuso que se llamasen Capitanías Generales, y Franco creó la 9ª Capitanía General sobre las provincias de Granada, Almería y Málaga.

     El 26 de junio de 1931 se expidió el Decreto de Aviación. Hasta ese momento, el personal de este cuerpo provenía de otros Cuerpos y Armas del ejército. Y tras el levantamiento de Jaca, Berenguer los había suprimido. Azaña había restaurado en abril de 1931 el servicio de aviación, y había nombrado a Ramón Franco Bahamonde como Director General del mismo. Pero Ramón Franco estuvo en contacto con determinados anarquistas durante los sucesos de mayo de 1931, y había sido destituido en junio, antes del Decreto de Aviación. Los ascensos del Cuerpo de Aviación se harían por antigüedad, pero un 25% se harían por elección durante el primer año de funcionamiento. Posteriormente, el 5 de abril de 1933, se creó la Dirección General de Aeronáutica que dependía de Presidencia del Gobierno, y quedaba unida a Aviación Civil.

         Los decretos militares de julio de 1931.

     El 1 de julio de 1931 se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, y aparecieron la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, de Toledo; la Academia de Artillería e Ingenieros, de Segovia; y la Academia de Sanidad Militar. El objetivo de reducir oficiales no estaba asegurado. La Academia suprimida estaba dirigida por Francisco Franco, un hombre que despreciaba a muchos de sus compañeros generales, a los que llamaba “burócratas”, y sólo creía en sus compañeros africanistas, los que se batían en el campo de batalla. Franco se enfureció en julio de 1931 y dijo que, como soldado, obedecía la orden de cierre, pero sabiendo que era un error. Franco se quedó sin destino unos meses, y luego fue enviado a La Coruña, alejado de Madrid. La Academia General Militar había sido pensada por Franco para eliminar rivalidades internas entre Armas y Cuerpos militares, y para formar a los oficiales en espíritu de combate, y no en el de burocracia. Razonaba Franco que debían ser compañeros algunos años, antes de ser enviados a sus respectivas Academias de Arma o Cuerpo. En cuanto a la procedencia de una reforma, Franco creía que hubiera sido suficiente con cambiar el Plan de Estudios y el profesorado, para que desapareciera la carga ideológica de la Academia, pero de ninguna manera era preciso suprimirla.

     En 1928, Miguel Primo de Rivera había creado la Academia General Militar de Zaragoza, para impartir dos años de estudios comunes a todas las armas, tras los cuales pasaban a las distintas academias de cada arma o cuerpo. Esta iniciativa fue bien vista por Infantería y Caballería, pero mal por Ingenieros y Artillería. El problema que se generaba era que los mayores de edad no estaban en condiciones de competir con los aspirantes jóvenes que querían ingresar en la Academia General Militar. Los mayores no tenían el nivel de estudios de los más jóvenes, y eran pospuestos.

     El 4 de julio de 1931, se reorganizó el Ministerio de Guerra de modo que se restableció el Estado Mayor Central, que había sido suprimido en 1925 por Primo de Rivera; se creó el Consejo de Guerra como enlace entre el Gobierno y la jerarquía militar, y como organismo decisivo en los ascensos de coroneles y generales; y se ordenó que un Gabinete Militar despachara la correspondencia del Ministerio de Guerra, Audiencias y Prensa. El primer Jefe de Estado Mayor Central fue Manuel Goded Llopis, un africanista que, en 1926, había sido Jefe de Estado Mayor para el general Sanjurjo. Azaña le consideraba ambicioso, pedante y vanidoso, pero sabía que tenía gran prestigio entre la oficialidad. No obstante, Goded se sublevó contra la República el 18 de julio de 1936.

     El 12 de julio de 1931, un Decreto unificó las escalas de activos con los militares de la reserva retribuida. Se unificaba el militar de carrera (de academia) con el procedente de tropa (chusquero, o de cuchara). Pero no debemos exagerar el alcance de esta medida, porque al militar procedente de tropa se le exigía un nivel de conocimientos e instrucción militar para poder seguir ascendiendo, lo cual dejaba casi sin significado este Decreto, pues el militar chusquero por lo general carecía de estudios, incluso de bachillerato. Fue más un argumento retórico-populista para republicanos y antirrepublicanos. Además, si pensamos en el caso poco frecuente de que alguien se pusiese a estudiar, no había vacantes para ascender. En realidad, sólo servía para conseguir un ascenso el día del retiro de un oficial, y así cobrar un poco más cuando estaban retirados, igual que hacían los de academia.

     De todo ello, las medidas que disgustaron más a los militares fueron la supresión de la Academia Militar, la obligación de estudiar en la Universidad, y la subordinación de militares a abogados y tribunales civiles.

     El 14 de julio de 1931 se abrieron las Cortes, y se acabó la posibilidad de reformar todo por Decreto. Y las Cortes tendrían que ratificar, uno a uno, los Decretos de Azaña y transformarlos en Leyes.

     Las reformas militares de Azaña en verano 1931.

     El 4 de agosto de 1931, una vez abiertas las Cortes, comenzó la segunda fase de las reformas militares de Azaña. Azaña llevó a las Cortes todos los Decretos de mayo, junio y julio de 1931, y los hizo aprobar como Leyes a lo largo de los 18 meses siguientes.

     El 16 de agosto de 1931, se revalidaron los Decretos de reforma del ejército: se impuso el servicio militar obligatorio de 12 meses; se suprimieron la mitad de los regimientos y la mitad de la burocracia, con lo cual sobraba mucha oficialidad; de las 16 Divisiones existentes en 1931, quedaban 8. Se suprimieron las Capitanías Generales que se transformaron en Divisiones Orgánicas, y sólo fueron ocho. Se suprimían los cargos de Capitán General y Teniente General y el cargo máximo era el de General de División, que mandaba una división como su nombre indica. Se impuso la obligación de los militares de jurar fidelidad a la República. En caso de no querer hacerlo se les pasaba a la reserva con sueldo íntegro. Se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906. Se anuló con carácter retroactivo, la costumbre de la adjudicación de número de escalafón en los ascensos por méritos de guerra lo cual encolerizó a Franco, Fanjul, Goded, Orgaz y otros, que desde entonces tenían que guardar cola en el escalafón. Se suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, o Tribunal Supremo de Justicia Militar. Se suprimió la Academia General Militar, al tiempo que se creaban oficiales de complemento. Su Director, general Franco Bahamonde, se sintió muy ofendido. Se reorganizó el Estado Mayor. Se sustituyó la administración militar de Marruecos por otra administración civil.

     El 4 de diciembre de 1931, se creó el Cuerpo de Suboficiales del Ejército, como categoría intermedia entre el Cuerpo de Oficiales y la Tropa. El Cuerpo de Suboficiales incluía los empleos de sargento primero, brigada, subayudante y subteniente. El primero cobraba unas 3.500 pesetas al año, y el último citado cobraba 5.750 pesetas. Se decretaba que a los suboficiales que pasaran un año en una academia específica de su Cuerpo o Arma, se les permitiría ascender a oficial, usar los símbolos de su nueva dignidad profesional, y usar el tratamiento de “don”, sable, pistola, uniforme oficial, derecho al saludo y un dormitorio separado de la tropa. La creación del Cuerpo de Suboficiales no fue bien recibida por la clase de tropa, pues les parecía bien que les dejasen ascender, pero ellos no querían estudiar, porque resultaba casi imposible igualarse en estudios con los oficiales de academia, y quedaban relegados a no volver a ascender nunca más tras el primer ascenso. Y además, les ascendían a subtenientes, los cuales tenían un sueldo inferior a los alféreces que salían de las academias mucho más jóvenes, cuando la función de ambos era la misma, y generalmente un suboficial veterano lo hacía mejor que un alférez novato de academia.

         Las Leyes de Reforma del ejército en 1932.

     El 6 de febrero de 1932, Azaña reguló el material de guerra del ejército. Creó un Consorcio de Industrias Militares que agrupaba a las fábricas de armas de Toledo, Sevilla, Granada, Murcia, Oviedo, y Trubia (Asturias). Este Consorcio de Industrias Militares estaba integrado por representantes del Estado, representantes de la industria privada, y representantes del personal obrero de esas fábricas. El objetivo era que, entre todos, manifestasen qué se podía fabricar, y qué resultaba inviable y era más práctico comprarlo en el extranjero. Azaña esperaba poder generar una industria militar española potente. Pero a este proyecto se opuso Artillería, y en concreto el general Joaquín Fanjul, del Partido Agrario. Y este hombre logró que la derecha votase en contra de la dotación de presupuestos para el Consorcio. Y sin presupuestos, el proyecto quedó inoperativo, y fue suprimido cuando cayó Azaña.

     En cuanto a las reformas en el Arma de Caballería, Azaña transfirió el servicio de la cría caballar al Ministerio de Agricultura. Los oficiales de Caballería protestaron porque perdían un gran chollo, de poco trabajo y bastante bien pagado. Alegaban que transferir un servicio militar a los civiles era desmantelar el ejército. Estudios posteriores acusaron de que, en las Remontas militares, había mucha corrupción y muchos ineptos, y que Azaña tenía razón en su propuesta.

     En marzo de 1932, Azaña  decidió el pase a la reserva de los oficiales que no hubieran obtenido destino en los seis últimos meses: Azaña buscaba eliminar a generales hostiles como Saliquet, Mola, Orgaz, Millán Astray, González de Lara… También privaba de sueldo a los oficiales retirados que criticasen al Gobierno.

     El 13 de mayo de 1932, se aprobó el Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, CASE, y se reguló el sueldo y empleo del personal administrativo no militar al servicio del ejército, tales como armeros, mecanógrafos, mecánicos, obreros del la construcción… Este Cuerpo reemplazaba a los viejos cuerpos político-militares. En este misma Ley se negó a los obreros que trabajaban para el ejército la asimilación al personal militar, pero se les otorgaron los mismos derechos que tenían los suboficiales militares.

     El 13 de mayo de 1932, se publicó la Ley del Ejército Voluntario de Marruecos. Desde ese momento, los reclutas para Marruecos no serían enviados por sorteo. El Ejército de Marruecos sería similar al peninsular español, y se abastecería con voluntarios. Esta Ley no vino a cambiar casi nada, pues ya se habían dado cuenta de la inutilidad de la recluta forzosa, los Legionarios y Regulares, y habían optado por el voluntariado. Pero el resto de unidades desplazadas a África, siguieron siendo forzosos de reemplazo, porque no había voluntarios para ellas.

     El 12 de septiembre de 1932, salió la Ley Reguladora del Reclutamiento Militar y de los Ascensos de la Oficialidad. Era una nueva reestructuración militar. El ejército quedaba configurado en cuatro Armas: Caballería, Infantería, Artillería, e Ingenieros y Aviación. Aparecían cinco Cuerpos: Intendencia, Sanidad, Tren, Intervención, y Jurídico. El ejército contaba con un Servicio de Estado Mayor; el Instituto de la Guardia Civil; y el Instituto de Carabineros. De todos ellos, llamaba la atención el Cuerpo de Tren, pues apenas tenía sentido en 1931, aunque quizás debiera haber existido en el siglo XIX, cuando los ferrocarriles debían haber sido tan importantes para el ejército. También llamaba la atención el que el antiguo Cuerpo de Estado Mayor se convirtiera en un Servicio. El objetivo de este cambio era que no se pudiera pasar fácilmente de Infantería y Caballería a otros Cuerpos, a través del Estado Mayor. Una de las novedades eran los oficiales de complemento, que sólo se incorporaban al ejército en caso de guerra, y no causaban gastos al Estado.

     En septiembre de 1932, Azaña creó un Cuerpo de Intendencia para suministros, dotó de presupuesto a aviación, exigió que los aspirantes a oficiales, antes de ingresar en la academia, pasasen seis meses en los cuarteles, y también que los oficiales cursasen asignaturas de artes liberales en la Universidad, a fin de que conocieran el mundo civil. Azaña redujo las academias militares de cinco a dos, y subordinó los tribunales militares a un tribunal civil, el Tribunal Supremo, creando además un cuerpo de abogados civiles para casos militares, lo cual sacaba la justicia militar del ámbito de exclusividad castrense.

     En cuanto a los ascensos, regulados en 13 de septiembre de 1932, en adelante serían por antigüedad, pero tras aprobar un curso de aptitud en el escalón de capitán a comandante, momento en el que los militares eran reclasificados según su grado de aptitud. Y luego, ya se ascendería por antigüedad. Se acababa el privilegio de ingresar pronto en el ejército, los hijos de generales, y tener asegurado el generalato con muy poco que se esforzase el candidato. En el curso de ascenso a comandante se perdía la clasificación obtenida en la Academia Militar, y la antigüedad acumulada hasta entonces. Y en el salto a general de brigada, había que haber aprobado otro curso y otra recalificación, de modo que no se podía ser general si se era inculto.

     El 60% de las vacantes de las Academias Militares se reservaban para suboficiales y sargentos que quisieran probar a estudiar. Debían expresar su deseo de ir a la Academia. Con los aspirantes, se hacía una lista, y se daba la oportunidad a los más antiguos, dentro de los que tuvieran los mismos méritos. Los méritos se adquirían en un examen previo. Los suboficiales de cierta edad, debían pasar seis meses en la academia militar. Los suboficiales jóvenes debían pasar cuatro semestres, y se consideraban iguales a los demás cadetes de la academia. La instrucción que se impartía al cadete de edad en la academia, se redujo al mínimo porque para los suboficiales era mucho nivel. Pero los jóvenes que querían seguir ascendiendo, tenían los mismos programas que un cadete normal, y debían aprobar todos los cursos completos.

     Los aspirantes a cadetes de fuera del ejército, debían pasar un año en la Universidad, y seis meses en filas, antes de ingresar en la Academia Militar. De ese modo, conocían a los estudiantes y a los soldados, antes de empezar su carrera.

     Sanidad Militar y Justicia Militar, se hacían íntegramente en la Universidad, de modo que los médicos y abogados militares eran como mínimo, tan competentes como los profesionales civiles. Y los miembros de Justicia Militar no quedaban asimilados a militares, sino que podían abandonar en cualquier momento.

     Y en cuanto al reclutamiento, la Ley de 12 de septiembre de 1932, mantenía el servicio militar obligatorio. La situación anterior databa de 1929, cuando se había reducido el tiempo de servicio a 12 meses. La reducción se había hecho por razones económicas, pues el Estado no podía pagar el mantenimiento de tantos reclutas. Azaña quería reducir más el tiempo de servicio, pero no podía prescindir de los 15 millones de pesetas.

     El mayor problema a solucionar era el de la cuota militar de la Ley de Reclutamiento de 1912, por el que los quintos podían pagar una cuota por reducir su tiempo de servicio a seis meses, y esas cuotas proporcionaban al Estado 15 millones de pesetas cada año. Por eso, la reducción del tiempo de servicio militar quedó en una declaración de intenciones. Los Republicanos Radicales aprovecharon su sentido de la propaganda populista, y plantearon el servicio militar de seis meses, sabiendo que no era posible hacerlo. Pero se trataba de atacar a Azaña. También propusieron eliminar la “cuota militar” cuando sabían que no se podía prescindir de ese dinero. Y propusieron una instrucción preliminar a la aceptación como soldado, que debía contabilizar como tiempo de servicio. La propuesta era absurda, pues el periodo de instrucción igualaba al de servicio militar, lo cual dejaba al ejército español sin soldados. Los Republicanos Radicales actuaban como populistas irracionales, e iban a por las simpatías y el voto de los españoles.

     Azaña mejoró las condiciones de vida del soldado, pues añadió dinero para gasto en comida. De los 80 céntimos por soldado en concepto de rancho diario, se pasó a los 120 céntimos. También mejoró el nivel de enseñanza del soldado, pues ordenó que en todos los Regimientos hubiera un servicio de alfabetización, de modo que muchos de los que llegaban como reclutas analfabetos, aprendían a leer, y hasta a escribir. Y por otro lado, Azaña creó un Hogar del Soldado en cada Regimiento, una taberna en la que los soldados podían pasar el tiempo juntos, vigilados en todo momento para que no se emborrachasen, pero podían jugar a las cartas y beber algo. También se mejoraron las existencias de ropa del soldado.

     Azaña redujo los gastos administrativos del ejército en 79 millones de pesetas, y de los 478 millones gastados en 1931, se pasó a presupuestar 390 millones de pesetas en 1932. Y también ahorró 27 millones de pesetas en el gasto del Ejército de Marruecos, lo que era muy positivo, y abría la posibilidad de comprar material moderno, y pertrechos del soldado, mejorar las condiciones de los cuarteles, mejorar la instrucción militar. Pero la práctica no resultó tan fácil, y a fines de 1932 se habían gastado realmente 402 millones de pesetas, 12 más de lo presupuestado. Para 1933, presupuestó 433 millones de gasto, porque las mejoras dichas en los cuarteles subían el gasto, y porque subió la paga del soldado en 40 céntimos diarios, lo que elevaba el gasto en 17 millones de pesetas al año.

     Pero Azaña falló en su pretensión de reducir el número de oficiales. Quería eliminar entre 11.000 y 12.000 oficiales, lo cual supondría un ahorro importante, tal vez de otros 50 millones de pesetas. Pero la situación política sólo permitió pasarlos a la reserva cobrando el sueldo íntegro. Ello suponía que disminuirían a largo plazo, tal vez veinte años, pero no era efectivo en el momento del Gobierno de Azaña.

     El resultado global fue que Azaña no pudo comprar el material de guerra que había proyectado, y no pudo subir los sueldos de los oficiales, motivos por los que fue criticado entre la oficialidad. El gasto de 100 millones de pesetas anuales en pagas a los retirados, era la gran cuestión, pues no era apreciado dentro del ejército y constituía un gran gasto para el Gobierno.

     Problemas del ejército español anterior a 1931.

     El militarismo y las campañas de Marruecos habían dividido el ejército en dos bloques. El ejército era entendido como el necesario salvador del orden público y político, y el sustituto que rellenaba el vacío de poder producido por la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo y para gobernar el Estado.

Estos papeles políticos del ejército venían heredados de los hechos de todo el siglo XIX y del levantamiento de 1923: El Estado era entendido como mantenimiento de la unidad territorial de España y del imperio de la ley, frente a regionalistas que pedían la pluralidad nacional, socialistas que despreciaban la ley y pedían una nueva legalidad, y anarquistas que se oponían por completo a la existencia de la ley. Estas funciones debieran haber sido asumidas por los sucesivos Gobiernos, pero como los gobernantes no las asumían, los militares se apropiaron de ellas.

El insurreccionalismo había sido cultivado en ciertos ámbitos castrenses como una heroicidad, como una virtud, como un valor superior que distinguía a los héroes. El insurreccionalismo instrumentalizaba la violencia al servicio de ideales y modelos políticos diversos. La llegada de la República, al igual que ocurriera en 1868, pareció el momento del cambio definitivo hacia el modelo que cada uno de los grupos sociales españoles, y sus correspondientes facciones del ejército, tenía del Estado. La democracia no era entendida en sí misma, en 1931, sino como ocasión y medio para la realización final de los diversos modelos revolucionarios. El ejército aparecía como el árbitro entre los diversos grupos sociales y sus ideologías. Pero las izquierdas habían dejado de confiar en el ejército desde la experiencia de 1923-1930, y el divorcio entre la sociedad y el ejército se manifestaba como un nuevo problema en 1931-1936. En 1931, en artillería, intendencia y aviación, había bastantes republicanos. Pero en general todo el ejército estaba descontento con los sucesivos Gobiernos.

El ejército español estaba muy anticuado, y los oficiales lo sabían. Su armamento correspondía a los desechos del colonialismo y de la Gran Guerra, provenientes de Francia y Gran Bretaña. Se presumía, para consumo de las masas ignorantes, de una gran fuerza militar, pero todo eran apariencias. De hecho, en 1936, la única fuerza operativa en España era la del Protectorado del Rif, los africanistas. En toda Europa se conocía esta realidad, pero no en España. Para la guerra civil, como la de 1936, sí que había un ejército numeroso, pero en el contexto internacional, el ejército español no era considerado eficaz.

     ¿Por qué se producía esta situación de inoperatividad del ejército? Pues porque el ejército no cumplía con los fines que se le suponen: Proteger las fronteras, asegurar el territorio frente a posibles enemigos exteriores, y defender los derechos de los españoles, cuando los representantes legítimos de los españoles lo demandasen. Durante todo el siglo XIX, el ejército se había utilizado para defender la preeminencia política de uno o varios partidos contra los demás, para defender los intereses espurios de la monarquía, para defender privilegios económicos de la burguesía, y para asegurar que el orden social instituido no peligrara, es decir, para asegurar la continuidad de la fortuna de los ricos en manos de los ricos. Ningún Gobierno se había atrevido a cambiar las funciones del ejército. Es más, los Gobiernos habían ido cediendo al ejército poder político, una jurisdicción propia, la capacidad de influir sobre los Reyes, la reserva de puestos en el Senado. Ante la falta de ética en los Gobiernos, la Iglesia y el ejército se habían convertido en los tutores éticos de los gobernantes, y habían asumido papeles que no les correspondían de forma institucionalizada y permanente.

     Y el resultado final era pésimo: además de un ejército mal equipado, la instrucción militar era pésima, y la corrupción alcanzaba grados insólitos a costa de la comida, uniformes, botas, mantas y pagas del soldado, además de la exigencia de cuotas de redención a personas que no estaban en condiciones de conseguirlas. La corrupción estaba generalizada, y la practicaban los suboficiales, los oficiales, los jefes y el generalato.

     Y lo peor de todo, era que los militares culpaban sistemáticamente de su propia incompetencia a los políticos, y los políticos culpaban de sus propios errores a los militares. Pero mientras tanto, los políticos sostenían a los militares, y los militares sostenían en sus puestos a los políticos.

     Los problemas tradicionales, que provenían de 1808-1814, y se fueron agravando sucesivamente en las siguientes guerras carlistas y las de Marruecos, México, el Pacífico y Cuba, dieron como resultado un problema casi inabordable, como exceso de oficialidad, politización de la cuestión de los ascensos y nombramientos de cargos administrativos, y escasez de material. En 1930, había 190 cargos de generales y niveles asimilados, 20.500 jefes y oficiales, y otros 4.500 en reserva retribuida, y 240.000 soldados. Si repasamos las cifras de 1898, vemos que el problema era sensiblemente igual en 1931, y no se había hecho nada en los últimos 30 años. De los 240.000 soldados, había 75.000 en el ejército colonial de Marruecos, 41.500 utilizados como fuerzas de seguridad.

     La dictadura de 1923-1930 había sido un fracaso completo en este campo de relaciones entre política y ejército, y los enfrentamientos internos por motivo de algunas acciones en Marruecos, no se podían disimular. De hecho, cada vez había más republicanos en el ejército.

     En 5 de febrero de 1930, Dámaso Berenguer concedió una amnistía a los acusados de rebelión y sedición, la cual perdonaba a los artilleros castigados en 1929. Y el 7 de febrero de 1930, suspendió el Decreto de 1926, que permitía los ascensos por votación de sus compañeros. Con ello se volvió a la normalidad de 1918 de las escalas cerradas. Y en noviembre de 1930, aceptó el derecho de renunciar a los ascensos concedidos por méritos de guerra, como pedían los artilleros. Era un intento de reconciliar internamente al ejército.

     Pero el ejército estaba roto y no parecía tener arreglo: en 1930 se fundó la Agrupación Militar Republicana. Pero no debemos exagerar la importancia de este grupo de militares, si bien tomó protagonismo en el levantamiento de Jaca de 1931. Se constató que la Agrupación Republicana tenía pocos seguidores y que la mayoría de los militares estaba con Berenguer. Tras el levantamiento de Jaca, se trató de no hacer mucho daño en el ejército: si bien Galán y García Hernández fueron ejecutados, se procuró que las sentencias del Consejo de Guerra dieran castigos leves, de modo que los civiles implicados, y los 63 oficiales y suboficiales cómplices, no fueran demasiado dañados.

     El 27 de marzo de 1930, el Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Ricardo Burguete, demandó la vuelta de la política a un sistema constitucional. Inmediatamente fue destituido. Ahí quedaba el mensaje para el Gobierno Aznar.

Por todas estas razones, y aunque los conservadores no se lo esperaban, el ejército tomó una actitud pasiva a la hora en que el Rey abandonaba España el 14 de abril de 1931.

     En abril de 1931, Berenguer recomendó mucha prudencia en el tema militar porque el ejército estaba dividido. Observó que era muy difícil defender el trono de Alfonso XIII sin provocar una guerra civil. Y también el General Sanjurjo, Director General de la Guardia Civil, se negó a asegurar el apoyo de todo el ejército al Rey, porque no le era posible hacerlo. El Rey decidió salir de España.

         Los oficiales del ejército español en 1931.

     El problema más grave en el ejército español era la oficialidad: sólo una parte de los oficiales estaba en activo en el mando. Muchos tenían mando en regimientos que no existían realmente, salvo en el papel. El sueño de un oficial era colocarse en un puesto burocrático en alguna de las ocho Regiones Militares, puestos en los que se trabajase poco, y se pudieran aprovechar de las ventajas de avituallamientos, recluta y servicios propios del ejército, que se podían utilizar para provecho propio. El ejército tiene albañiles, pintores, carpinteros, electricistas, mecánicos… que pueden ser utilizados para servicios particulares de militares, y material que puede ser sustraído con cierta facilidad por este personal. Otro lugar apetecido era una oficina de reclutamiento, donde las tentaciones de corrupción eran grandes, a cambio de exenciones en la incorporación al servicio.

3.000 oficiales estaban en situación de “disponible forzoso”, “disponible voluntario” o “supernumerarios”. Ciertamente, estos últimos sólo cobraban la mitad del sueldo, pero estaban libres para trabajar en otras cosas, como amanuenses, pendolistas, contables en un pequeño comercio, empleados de comercio, transportistas, descargadores, gestores, o intermediarios, lo cual suponía un alto nivel de vida, mejor que estando dentro del ejército.

     Los oficiales de categorías inferiores cobraban poco. Un capitán de 40 años de edad y con 15 años de servicio, cobraba en 1930 en términos reales, menos de la mitad que uno de igual categoría en 1917, pues la alta inflación de 1919-1929, les había destruido el sueldo. Donde no había casas militares, el sostenimiento de una vivienda era un coste alto en alquiler.

La aspiración de cualquier oficial era ascender hasta los cargos altos, muy bien retribuidos. Era una aspiración un tanto irracional, pero humana. Se sabía que los pocos puestos bien retribuidos no podían ser alcanzados sino por una minoría.

En 1923-1930, casi todos los oficiales habían recurrido a un empleo complementario. Berenguer prohibió en 1930, trabajar en trabajos de fuera del ejército, lo cual era absurdo, pues sin ello, los oficiales de baja graduación no podían mantener una familia y una casa. Se podía prohibir, pero no se podía cumplir. La Correspondencia Militar se quejaba en 1930 de lo bajo de los sueldos militares. La solución para el militar joven era ir voluntario a África, ascender joven, antes de los 40 años de edad, y pedir el traslado a la Península.

     Berenguer incrementó el gasto militar al permitir que los disponibles forzosos cobrasen su paga completa, e incluso en 1931, les subió el sueldo en unas 500 a 2.000 pesetas al año.

     Los sueldos militares en 1931: Un Capitán General cobraba 32.000 pesetas al año; un Teniente General, 27.000; un General de División, 22.000; un General de Brigada, 17.000; un Coronel, 13.000: un Teniente de Coronel, 11.000; un Comandante, 9.000; un Capitán, cobraba 7.500 pesetas al año. Y más abajo de este nivel comenzaban los problemas de las grandes diferencias en el sueldo:   un Teniente cobraba 5.000 pesetas al año, y un Alférez, 4.000 pesetas al año. En el nivel de vida que se le suponía y exigía a un oficial, era poco dinero.

     Cada quinquenio significaba un sobresueldo de 500 pesetas más, y además, se cobraban distintas gratificaciones, las cuales resultaban necesarias para mantener a la familia. Las primas de las categorías superiores eran muy altas, y las de las inferiores muy bajas.

     Para valorar estos sueldos militares, vamos a tener en cuenta el trabajo de Luis Germán Zubero, Coste de la vida y poder adquisitivo de los trabajadores en Zaragoza, durante el primer tercio del siglo XX. Universidad de Zaragoza. Este estudio nos comunica que un obrero cobraba entre 4 pesetas los peor pagados, y 20 pesetas diarias los mejor retribuidos, lo que multiplicado por veinte jornales que se pueden dar al mes, hacen una mensualidad entre las 80 y las 400 pesetas, y ello se traduce en un año a las 1.000 pesetas en el caso de los más pobres, y las 5.000 pesetas entre los obreros mejor retribuidos en la zona de Zaragoza. En Barcelona podíamos encontrar salarios todavía mayores.

Sabiendo que una familia de 5 miembros, común en esas fechas, necesitaba para subsistir, un mínimo de 1.162 pesetas al año, deducimos que los obreros mal pagados no llegaban al mínimo de subsistencia. Y sabiendo que los suboficiales y oficiales eran cambiados de destino a menudo, y necesitaban trasladar a su familia y pagar una renta por vivienda, mobiliario y gastos de la misma, colegio de los niños, además de mantener gastos de mantenimiento de uniforme y de relaciones sociales, necesitaban un sueldo más alto de lo normal. Cobraban mucho desde el punto de vista del español medio, y poco desde el punto de vista del militar de alcurnia. Las diferencias de sueldo entre los distintos grados militares eran enormes.

     En cuanto al cursus honorum habitual: El Teniente de academia, ascendía a Capitán tras 7 ú 8 años de servicio. Pero en esa situación se estacionaba, y podía perder sus esperanzas de llegar a cobrar los sueldos altos, pues podía permanecer hasta 20 años sin ascender.

     La causa de este estancamiento en los ascensos, se debía a los ascensos por méritos de guerra, los cuales copaban las plazas posibles. Y los méritos de guerra, que se habían conseguido en América durante el siglo XIX, se conseguían en Marruecos a principios del XX. Y si se era hijo de militar y se ingresaba en la Academia, dos o tres años antes que los demás aspirantes, la antigüedad era definitiva para situarles en la cabeza de las listas de los ascensos. Por méritos de guerra e hijo de militar, se podía llegar a Coronel 20 años antes que un oficial normal. También se ascendía rápido entre los diplomados de Estado Mayor. En 1930, el general Franco tenía 38 años, y casi todos los capitanes a su mando eran mayores que él en edad.

     En 1889, se había establecido que, en tiempos de paz, los ascensos fueran por rigurosa antigüedad. Pero como seguían vigentes los ascensos por méritos de guerra, y España estaba casi siempre en guerra, lo común era el ascenso por méritos. Los artilleros y los ingenieros exigieron que todos los mandos de sus cuerpos renunciaran a los ascensos por méritos de guerra. A cambio de este sacrificio, se concedían condecoraciones pensionadas.

     Pero en las restantes armas de infantería y caballería, se sabía que los ascensos se conseguían en Marruecos. Un hijo de general con recomendaciones suficientes, podía ir a Marruecos, no hacer ningún combate, y ascender por méritos de guerra de su batallón, o de cualquier destacamento del mismo.

     Los desórdenes de las Juntas de Defensa de 1917, tenían relación con estos hechos. Se ponía en cuestión el favoritismo de que algunos gozaban a la hora de los ascensos. La injusticia era evidente, pues muchos oficiales competentes en su oficio, no tenían la oportunidad de ascender, pues nunca conseguían mando en tropa en zona de guerra. Y surgieron opiniones controvertidas, como que cada Cuerpo militar votara quién era digno de un ascenso, lo que implicaba a su vez que gente no preparada ascendiera por votaciones populares.

     La Ley de Ascensos de 1918, estableció la escala cerrada en tiempo de paz y de guerra. Los ascensos por méritos requerirían la aprobación del Consejo Supremo de Guerra y Marina (que era una especie de Tribunal Supremo Militar), y un Acta de las Cortes. No tenía sentido, pues España estaba constantemente en Guerra. Lo único que variaba era que los políticos podían hacer su propia clientela militar con el poder de ascender en Cortes a quien quisieran. Los africanistas se enfadaron con esta Ley, pues les sometía a los políticos. Y como el General Berenguer, Alto Comisario en Marruecos, era partidario del ascenso por méritos de guerra, los africanistas apoyaron el golpe de septiembre de 1923, el cual abolió inmediatamente la Ley de ascensos de 1918.

     En adelante, Primo de Rivera se dedicó a dar recompensas a los militares, que debían ser interpretadas como gracia concedida por el Dictador.

     Y el Real Decreto de de 26 de julio de 1926, estableció que un determinado número de ascensos se haría por elección entre los compañeros. Esta apariencia “democrática” se demostró una farsa, y resultaba que siempre eran elegidos los fieles al dictador. Ocurre en todas partes del mundo, que el líder político gana todas las votaciones de sus subordinados. Y eso sirvió a Primo de Rivera para obligar a los artilleros a aceptar el ascenso por méritos. Los artilleros quedaron en disconformidad con el Dictador. Primo de Rivera no se anduvo con chiquitas ante la sublevación, y les dejó sin empleo ni sueldo a todos los artilleros peninsulares durante dos meses, y luego debían pedir su reingreso en el ejército, lo cual fueron haciendo todos porque es preciso comer, y había mucho paro en España.

     Por esa razón, en 1929, muchos artilleros apoyaron el golpe de José Sánchez-Guerra, y tras su fracaso, Artillería fue disuelta una vez más. La Academia de Artillería de Segovia fue cerrada. Esta vez, cuando se les ofreció reintegrarse, lo cual requería pedir perdón, unos 200 oficiales no lo hicieron, lo cual no fue valorado en cuanto a su gravedad, pues cualquier disidente político tenía a su disposición un cuadro de oficiales para dar un golpe de Estado.

         El presupuesto y dotaciones de Defensa.

     En 1930, el presupuesto del Ministerio de Guerra era de 734 millones de pesetas.

     Los salarios de la oficialidad consumían más del 35% del presupuesto del Ministerio de Guerra. Y eso dejaba poco para material, instrucción, retribución y mantenimiento de la tropa. La tendencia general era a ahorrar en material, cañones, fusiles y munición, en instrucción del soldado, en comida, en vestuario y en mantenimiento de los cuarteles.

     La artillería de campaña había sido comprada a Francia hacia 1890, y eran cañones Schneider de 7,50, cuyo alcance era la mitad del que alcanzaban los cañones alemanes y franceses de la misma época. Era otra razón por la que el ejército español era poco valorado en su época. Y lo peor era que el servicio de camiones era tan escaso, que el abastecimiento de municiones de cañón se calculaba para un solo día de lucha.

     España sólo disponía de un avión bombardero en 1930, y el resto eran aviones de reconocimiento, que además eran antiguos y presentaban problemas mecánicos. En la guerra de 1936, se compraron aviones por centenares.

     La Caballería sólo disponía de una Compañía de Tanques Renault, de tecnología francesa.

     La Infantería tenía rifles máuser de 1893, ya muy usados en la Guerra de Marruecos de 1907-1925.

     Los cuarteles eran muchas veces antiguos conventos readaptados de mala manera. Los soldados dormían en catres de madera y colchones de paja, muy propicios a los insectos y arácnidos.

     Cada soldado disponía de un solo uniforme, el mismo para el invierno que para el verano, y en ese uniforme solían faltar las botas, los cascos y los abrigos, porque no había para todos. Cuando escaseaban, las botas se suplían con alpargatas. Un soldado en alpargatas en el desierto de Marruecos, en periodo de guerra, era un soldado inútil.

     Algunos regimientos contaban con unos 80 hombres tan solo, cuando en teoría debían tener entre los 600 y los 1.000 hombres.

     Estos problemas eran antiguos, y ya habían llevado a la derrota ante Estados Unidos en 1898, y eran la verdadera razón por la que España se había declarado neutral en 1914, por muchos enjuagues que se quisiera dar al tema. Y toda Europa lo sabía, menos los españoles. Hasta Abd el Krim lo sabía en Marruecos, y hacía frente a un ejército que, en teoría, podía aplastarle en pocos días, pero sólo en teoría. En cambio, respetaba al ejército francés, que era mucho más eficaz.

     Los oficiales españoles hacían análisis simples y falsos de sus problemas: decían que simplemente se necesitaba más dinero. Y al mismo tiempo se negaban a despedir a los oficiales, jefes y generales que sobraban en el ejército. Y falseaban la realidad.

     Evolución del número de militares en 1931-1936:

                                  1931     1933     1936

Generales en la península           163       83      102

Generales en África                   5        3        3

Jefes y oficiales peninsulares   12.600    7.772    8.851

Jefes y oficiales en África       2.365    1.509    1.683

Jefes y oficiales en reserva      5.100    3.000    3.500

Suboficiales y tropa península  118.178  119.120  112.728

Suboficiales y tropa en África   58.869   36.094   32.549

     Los oficiales procedentes de clase de tropa, al no haber plazas de ascenso, debido a que eran copadas por los de Academia, entraban en la Escala de Reserva. Algunos podían ascender a los empleos inferiores, pero les era muy difícil ascender. El ascenso era considerado una recompensa.

     Los oficiales de la Escala de Reserva conformaban una clase social diferente dentro del ejército, una clase de oficialidad baja, con poca instrucción. Aspiraban a fusionarse con los oficiales de la llamada Escala Activa, pero los militares de Academia les rechazaban.

     Gracias a las reformas de Azaña, se retiraron unos 8.000 jefes y oficiales de los 20.000 ó 22.000 existentes. Muchos de estos oficiales estaban de acuerdo con las reformas, pero no estuvieron de acuerdo con el método autoritario utilizado por el Gobierno, sin acceder a diálogo alguno.

     Como consecuencia no buscada de la reforma del ejército, al sobrar tantos oficiales, se les ofreció a estos el retiro voluntario con haberes íntegros, y el resultado es que los coroneles y generales que tenían 30 a 40 años de edad, quedaron como dirigentes militares. Algunos de ellos, los africanistas, tenían pocos estudios y mucha ambición. Entre ellos estaban Franco, Asensio, Orgaz y Varela, los líderes de la futura sublevación contra la República en 1936. Cuando sucesos como los de Castilblanco, dejen a Azaña sin militares veteranos como Sanjurjo, Azaña se ofrecerá a mantener a Sanjurjo como jefe de carabineros (policía fiscal o de aduanas y fronteras), con tal de no perder a estos veteranos.

A fines de mayo de 1931, Azaña dijo que habían solicitado el retiro 7.000 oficiales, y se habían reincorporado a la escala activa 150 oficiales de los represaliados por Primo de Rivera. La veracidad de estas declaraciones es dudosa. En marzo de 1932, Azaña se jactaba en las Cortes de haber eliminado entre 11.000 y 12.000 oficiales en el ejército. Era una falsedad de esas que relatan los políticos tan frecuentemente. El historiador militar Ramón Salas Larrazábal, se dio cuenta en 1971 de la doble contabilidad que había utilizado Azaña: una cosa eran las escalas activas, y otra las plantillas reorganizadas. Con Azaña, sólo se habían retirado unos 6.500 oficiales en el periodo 1931-1936. Tal vez ocurrió que pidieron el retiro en 1931 unos 8.000 militares, y se incorporaron unos 3.500 nuevos, lo cual dejó la disminución de efectivos en una cifra inferior a los 5.000. Y como se retiraban con la paga completa, el gasto del Estado seguía siendo el mismo, y no se progresaba apenas nada, a no ser a muy largo plazo. Lo que sí disminuyó fue el número de oficiales en excedencia, los que cobraban una paga del 80%, pues al haber plazas por abandono, los excedentes se incorporaron a la escala activa.

         Manuel Azaña, el reformador militar.

     Durante abril de 1931 a septiembre de 1933, el Ministro de Guerra fue Manuel Azaña Díaz. Era un intelectual de 51 años de edad y con sobrados conocimientos sobre los ejércitos: en 1918 había presentado una ponencia en el Partido Republicano Reformista sobre el ejército. En 1919 había publicado un ensayo sobre la política militar francesa, titulado “Estudios de política francesa: la política militar”. En este ensayo, consideraba que el ejército español debía ser reformado, porque era monárquico y antidemocrático, y por tanto no estaba al servicio del pueblo español. Afirmaba que eso mismo le había ocurrido al ejército francés anterior a 1905, que había estado divorciado de la realidad social francesa, pero el caso Dreyfus había sacado a la luz la necesidad de reformarlo, y la República Francesa lo había reformado en materia de reclutamiento, formación y selección de oficiales, los cuales en adelante, debían ser republicanos convencidos y conocedores de que estaban al servicio del pueblo francés, y no de ningún cargo político particular. En el momento del reclutamiento, se les enseñaba que servían al país. También Francia había reducido el número de oficiales a una cantidad que pudiera ser instruida convenientemente en la defensa nacional. E incluso los franceses se plantearon la inconveniencia de tener militares profesionales, excepto los estrictamente necesarios, porque el militar profesional buscaba la situación de guerra como conveniente, y los ascensos y ventajas para los militares, lo cual iba en contra de los intereses del pueblo francés. Francia había creado el Cuerpo de Oficiales de Complemento, ciudadanos normales que recibían instrucción militar, y en tiempo de paz, se retiraban a sus actividades como civiles, sin causar gastos en el ejército, y siguiendo como civiles.

Y en los siguientes años, Azaña publicó varios artículos de tema militar en la revista “España”. Era un crítico contrario a Primo de Rivera. En junio de 1930, le hicieron Presidente del Ateneo de Madrid, y presidió la Comisión de Responsabilidades sobre los abusos del régimen dictatorial. Durante su gestión ministerial, publicó muchos decretos que intentaban remodelar el ejército, tal vez apresurados.

     A Azaña se le ocurrió crear por Decreto en España, un Cuerpo de Oficiales de Complemento. Opinaba que si lo llevaba a Cortes se tardarían muchos años en aprobarlo, si llegaba a aprobarse. Pero legislar por Decreto se contradecía con sus doctrinas de servicio al pueblo.

Azaña constituyó un Gabinete Militar de asesoramiento personal, lo cual le servía para estar informado de los asuntos militares. Muchos Ministros en España no saben nada sobre los asuntos de su Ministerio. Este Gabinete empezó a funcionar en abril de 1931. Sus consejeros eran muchas veces de Artillería y Aviación, Cuerpos que habían estado en la oposición política en las décadas anteriores. Y nombró Jefe de este Gabinete Militar a Juan Hernández Saravia, un artillero separado del ejército por el Gobierno de Primo de Rivera.

A los militares de derechas no les gustó nada este Gabinete Militar, al que llamaban “el gabinete negro”. A veces, el disgusto estaba justificado porque se produjeron venganzas personales por agravios sufridos años antes. Azaña conocía estas maquinaciones militares, y nombró a Enrique Ruiz Fornells como Subsecretario suyo, aunque sabía que Ruiz Fornells era monárquico. Pero su presencia serviría para limitar los posibles abusos del Gabinete Militar. Pero las luchas internas entre militares provenían de décadas anteriores y se heredaban de padres a hijos, y no era posible eliminarlas.

Los militares en conjunto, creyeron que con la República se iban a cambiar todas las leyes de épocas anteriores, pero sólo era una impresión mal fundamentada, un rumor falso, una leyenda urbana. Se eliminaron aspectos secundarios: los lazos especiales que los generales tenían con la monarquía, se eliminaron los lazos del ejército con la Iglesia Católica, se eliminó la escolta real, el Cuerpo de Alabarderos y las Órdenes Militares. Se suprimieron las nomenclaturas reales, los emblemas, insignias, y santos patronos que relacionaban al ejército con la Iglesia, y se hizo voluntaria la asistencia a misa, así como la presencia de militares en las ceremonias religiosas. Se abandonó el nombre de Ministerio del Ejército que Primo de Rivera había impuesto, y se volvió a la denominación de Ministerio de Guerra.

     Ejército y Constitución de 1931.

Resultaba extraño que la Constitución de 1931 declarara ilegal la guerra. No sólo es un tema polémico, que lo fue, sino una estupidez, que pudo ser causa importante de perder la guerra de 1936-1939.  Ante la sublevación de 1936, cuando la República pidió ayuda a Estados extranjeros, éstos dijeron que España no ayudaba a nadie, pues tenía prohibida la guerra en la Constitución, y por tanto, ellos no tenían por qué ayudar a España, lo cual puso en bandeja la victoria a los sublevados. Sólo las potencias fascistas, la URSS, los comunistas de todo el mundo, y la vecina Francia, que tenía intereses muy obvios en pacificar su frontera sur, participaron en la Guerra de España. En vez de ayudar, esas “ayudas” empeoraban mucho la situación en España.

     Crítica a las reformas militares de Azaña.

     Esta política militar realizada por Azaña le perjudicaba a él mismo, pues no podía colocar a los suyos, sino que debía respetar el riguroso orden de antigüedad, y los cambios en el ejército serían más difíciles, mientras el golpismo tendría más seguidores. Si hubiera obrado con más realismo, o astucia, al menos los puestos decisivos, debería haberlos nombrado Azaña por sí mismo, y más tarde ponerse a realizar los cambios deseados.

     Los militares monárquicos se enfadaron mucho con los Decretos de Azaña. Escribían en La Correspondencia Militar, y en Ejército y Armada. El tema se debe enfocar así: muchos militares retirados se sentían expulsados del ejército por Azaña. Y argumentaban que se les había enviado al retiro antes de poder conocer la reestructuración de las plantillas militares, y porque los recortes de funcionarios civiles no eran tan drásticos como los de los militares. Se quejaban de que había favoritismo en la provisión de nuevos destinos, lo cual era verdad, pues los republicanos no querían nombrar antirrepublicanos en los puestos de mando. Se quejaban de las revisiones de los ascensos obtenidos por méritos de guerra, pero también había militares que estaban a favor de esas revisiones. Y se quejaban de que los criterios políticos privaban sobre los criterios profesionales militares.

     Al no hacer las cosas con maquiavelismo, y resultar que la oposición estaba en los mandos militares, Azaña desconfiaba de su propio Gabinete Militar de Gobierno del ejército. Pero era él mismo el que estaba fallando, pues no había sido capaz de elaborar un Decreto Extraordinario para hacer un Gabinete Provisional acorde con los principios republicanos. Azaña estaba repitiendo los errores de la monarquía y de la Dictadura, pues estaba sustituyendo criterios, pero no las formas. Y siguió sin haber un control institucional sobre las cuestiones militares profesionales.

     Tomás Peire, Comandante retirado de Estado Mayor, encabezó en las Cortes la oposición a las reformas militares de Azaña. Era diputado del Partido Republicano Radical, elegido por Huesca. Se había asociado al grupo de March, y defendía que los suboficiales ganaban poco con la reforma. Proponía un cursillo reducido para suboficiales aspirantes a oficial, lo cual sabía que sería bien recibido por la suboficialidad. Era populismo.

     Por otra parte, Azaña había interpretado mal la Ley Militar francesa de “la nación en armas”, y había abandonado su estudio sobre el ejército francés, sin actualizarlo. Si se hubiera puesto al día, hubiera visto que la reforma francesa había fracasado, y que Francia había abandonado esa ley que tanto gustaba a Azaña. Azaña lo reintentó en España, y obtuvo un fracaso que debía estar previsto.

     Y por otro lado, había inconcreciones: nadie sabía objetivamente qué era un mérito militar. Podían ser los criterios de los profesionales, o podían ser los servicios prestados, y en este caso, podían ser los servicios militares, o los servicios políticos.

     Azaña se proponía eliminar a muchos oficiales, pero no se podía ponerlos en la calle directamente, porque la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 reconocía los empleos militares como una propiedad del beneficiario reconocida por la Ley. Entonces, tuvo que ofrecerles sueldos íntegros. Y el dinero del Presupuesto no llegaba para hacer las reformas que se pretendían.

     Azaña se enfrentaba a un nuevo problema: si reducía altos puestos militares, las posibilidades de ascensos en el ejército eran menores, y más lentos, y todo el ejército se le pondría en contra. Cualquier charlatán levantaría el ejército contra el Gobierno, que fue lo que sucedió, y no sólo en julio de 1936. Por eso, nadie se había atrevido a hacerlo antes, y ya se había planteado desde 1898. Las cosas que se hacen mal, muchas veces no tienen solución buena, sino soluciones que perjudican a muchos. Y el que quisiera hacer la reforma, se quedaría sin apoyo militar, en unos Gobiernos que dependían de ello para su continuidad. Azaña debería haber estudiado mejor la historia reciente de España. Antes de 1898, ya se lo habían planteado y renunciaron, en 1898 no se atrevieron ni a plantearlo, y Berenguer lo había planteado de nuevo.

     En la práctica, Azaña se equivocó en su decisión de hacer reformas políticas en el ejército a fin de que le dejaran hacer reformas técnicas, pues ocupó el dinero de que disponía en hacer esas reformas políticas, y no pudo hacer los cambios reales y efectivos que el ejército necesitaba. Concedió los gastos de que hubiera demasiados oficiales, y de que hubiera ascensos por antigüedad para los artilleros, y para ello tuvo que acceder a que se mantuviese el ingreso de la cuota militar. En lo único que se mostró inflexible, fue en no subir la paga de los oficiales. Como no pudo darles material más moderno, y no quería darles autonomía en asuntos internos militares, el ejército desconfió de Azaña, y el conjunto del proyecto de reforma del ejército de Azaña, fue un fracaso.

     Y pensamos que en 1931, podía haber hecho las reformas militares que, en 1932, le eran ya muy difíciles. Cuando entró a gobernar, no quiso aparecer como un “dictador”, y se equivocó. Y en cuanto a la Milicia Militar en la que había pensado y pedía el PSOE, no llevó a cabo sus proyectos porque dudó, porque no sabía a quién obedecería esa Milicia, si a los anarquistas, a los socialistas, o tal vez al Gobierno.

     Azaña se convirtió en un populista más. Hacía mucha retórica en las Cortes, y era llamativa en sus mítines. Dominaba muy bien el idioma español. Y se dejó llevar por su propio discurso, y acabó creyéndoselo él mismo. Al final de su vida, se creía un revolucionario, pero no había cambiado casi nada en la España que decía querer reformar. Perdió muchas ocasiones de estar callado, y actuar. Una de sus fanfarronadas más señaladas se produjo en Valencia en 10 de junio de 1931, donde en un discurso se dejó llevar, y dijo que él iba a triturar el caciquismo. Era una afirmación tan absurda, que se debía interpretar. Y los militares interpretaron que iba a liquidar el ejército. Nada era verdad: ni acabó con el caciquismo, ni con el ejército. El discurso se había comido al personaje.