20.10.02.Gobierno Provisional de Alcalá Zamora en abril de 1931.

EL GOBIERNO PROVISIONAL DE ALCALÁ-ZAMORA,

 EN ABRIL DE 1931.

Conceptos clave: las elecciones de 12 de abril de 1931, la proclamación de la República el 14 de abril, los problemas españoles de 1931, Niceto Alcalá-Zamora, el Gobierno Provisional de 14 de abril de 1931, las negociaciones de Barcelona en abril de 1931, pérdida de la confianza internacional en 1931, reorganización de la derecha en 1931, depuraciones en el ejército en 1931, los Decretos y Leyes Laborales de 1931-1932.

         La proclamación del 14 de abril.

     El Almirante Juan Bautista Aznar, hombre puesto en el Gobierno para llegar a unas elecciones, celebró elecciones municipales el 12 de abril de 1931.

     Las elecciones municipales del 12 de abril, que en teoría debían ser previas a unas elecciones generales, fueron tomadas por los republicanos como un sondeo acerca de la aceptación que tendría un golpe de Estado para derribar al Rey. Para estas elecciones siguió en vigor la Ley electoral de 1907, incluido el Art. 29, y había sanciones para los que no votasen. Los distritos electorales eran distintos en tamaño, y la capacidad de voto del votante también era diferente: en los distritos con 1 sólo candidato elegible, el elector tenía un voto; de 2 a 4 elegibles, tenía x candidatos menos 1 voto; de 5 a 7 elegibles, tenía x candidatos menos 2 votos; de 8 a 9 elegibles, tenía x candidatos menos 3 votos; y en los de más de 10 elegibles, tenía x candidatos menos 4 votos.

     El 5 de abril de 1931 fueron proclamados los concejales elegidos por el Art. 29, casi todos monárquicos, pero ninguno en capitales de provincia. Por tanto, en las votaciones del 12 de abril se esperaba el resultado de las capitales de provincia con más interés que el resultado final, que debía sumar los concejales del Art. 29.

     Del 12 al 14 de abril, las calles estuvieron llenas de gente. Muchos llevaban banderas republicanas, y nadie hacía nada por impedir esas «manifestaciones», la Guardia Civil no intervenía, así que no hubo barricadas. Los partidos políticos y sindicatos decidieron salir a la calle, una vez observado el ambiente popular, para apuntarse el tanto de que era un movimiento suyo, de los partidos y sindicatos obreros.

     El 14 de abril se supo que casi todas las capitales de provincia (41 de 50) habían votado republicano: el conjunto de las capitales de provincia votó 61,76% a republicanos, socialistas y comunistas, y sólo el 27,08% votó a partidos monárquicos (queda un 11,13% de votos de difícil adjudicación a una u otra tendencia).

     Los resultados globales, para 81.000 concejales a elegir, fueron:           Globales y Capitales con mejores resultados.

  Comunistas-  67 concejales.

  Socialistas- 4.800 concejales: Granada 18, Madrid 15, Alicante 14, Ciudad Real 12, Bilbao 12, Jaén 11, Badajoz 10, Huelva 10, Valladolid 10, Santander 9, Sevilla 8, Córdoba 8, Guadalajara 8.

  Derechas- 15.000 concejales: Burgos, Toledo, Cáceres, Badajoz, Granada, Málaga, Avila.

  Monárquicos- 19.000 concejales: Cádiz 40, Mallorca 27, Lugo 21, Las Palmas 20, Murcia 19, Madrid 18, Valladolid 18, Córdoba 17, Burgos 16, Santander 15, Zaragoza 15, Pamplona 14, Albacete 14, Badajoz 12, Salamanca 12, Tenerife 11, Ávila 11, Segovia 10, Alicante 10, Cáceres 10, Cuenca 10, Málaga 10, Jaén 10, Pontevedra 9, Ciudad Real 8.

  Republicanos- 34.300 concejales: Barcelona 37, La Coruña 33, Valencia 32, Málaga 31, Oviedo 27, Zaragoza 26, Sevilla 25, Almería 24, Castellón 24, Lérida 23, Santa Cruz de Tenerife 22, Córdoba 19, Murcia 18, San Sebastián 18, Gerona 17, Granada 17, Madrid 16, Santander 16, Alicante 15, Cáceres 14, Huesca 14, Salamanca 14, Badajoz 11, Jaén 11, Segovia 8, Teruel 7.

     Resultados por regiones: Aragón, Cataluña y Valencia eran muy de izquierdas. Extremadura y Granada estaban fuertemente equilibrados entre la derecha y la izquierda, y había otros «equilibrios» de tipo regional como que Tenerife era fuertemente republicano-socialista, y Las Palmas monárquica; La Coruña republicana, y Lugo monárquica; Sevilla republicana, y Cádiz monárquica; o también como que las ciudades fueran republicanas y el campo monárquico, cosa que ocurría en Extremadura, Granada y otros lugares agrícolas.

     Como se puede ver por las cifras arriba expresadas, el movimiento social más importante de 1931 era el republicanismo, y su líder popular, y líder del Partido Republicano Radical, era Alejandro Lerroux. El otro polo del republicanismo era el PSOE. Pero Alejandro Lerroux no fue consciente de su fuerza, o no tenía credibilidad entre los demás líderes políticos, y fue sobrepasado inmediatamente por otros líderes con mejor argumentación intelectual, y sin un pasado que les desacreditase. Hablamos de Marcelino Domingo que creó un partido Radical Socialista, y de los líderes nacionalistas catalanes y vascos. El PSOE por su parte, colaborador con la dictadura y dividido internamente, tampoco estuvo a la altura de conjuntar las voluntades populares y darles un significado político adecuado. De otra parte, el anarquismo tuvo la oportunidad de hacer concebir esperanzas en muchos revolucionarios, esperanzas en una sociedad igualitaria y sin sumisión del individuo a ninguna autoridad, pero tampoco estaba organizado para la ocasión.

     El ejército estaba dividido y con muy diferentes posiciones políticas, y siempre sería un problema y una oportunidad, surgiese el régimen que surgiese, pues venía de la crisis de 1917, pasando por la época de 1923-1930 y su dictadura militar. El ejército no estaba unido desde los juicios de Annual de 1924, y desde la evolución de la Dictadura hacia el personalismo caudillista.

     Los obreros y campesinos se estaban afiliando de modo llamativo a PSOE-UGT. El PSOE que sólo tenía 8.000 afiliados en 1923, y 10.000 en 1929, pasó a 23.000 en 1930 y 75.000 en 1931. UGT, que sólo contaba con unos 200.000 afiliados en tiempos de la dictadura, subió a 270.000 en 1930, y a 650.000 en 1931. CNT contaba en sus filas con una cifra que estimamos alrededor del millón de afiliados, o más bien seguidores.     Millón y medio de afiliados a UGT y a CNT, pedían república en el 12 de abril.

Los catalanistas y los republicanos en general, habían pedido la República en el Pacto de San Sebastián de agosto 1930. La derecha maurista venía pidiendo la abdicación de Alfonso XIII desde 1909.

Solamente estaban con el Rey los obispos, algunos militares, los latifundistas, algunos grandes empresarios industriales y los monárquicos de siempre.

     Las masas como protagonistas en el 14 de abril.

     Los grandes políticos de Madrid no fueron los que tomaron la iniciativa del 14 de abril, porque estaban esperando a las elecciones generales. Fueron las masas y los políticos más provincianos, los que tomaron la iniciativa de romper el sistema monárquico, Éibar por la mañana, y Barcelona a mediodía.  Madrid reaccionó media hora más tarde que Barcelona, y durante la tarde del 14 de abril, muchas otras ciudades proclamaron la república de forma ya generalizada.

     Los republicanos no esperaron a unas elecciones generales que tenían la convicción de que serían falseadas, como tantas otras a lo largo de los últimos cien años. Y lanzaron el golpe de Estado con las masas en la calle. El golpe de Estado, popular e incruento, era la única salida posible en opinión de casi todos ellos. El integrismo religioso capitaneado por el cardenal Segura, la sobredimensión del ejército y las hipotecas del Estado respecto a los generales, el conservadurismo de los latifundistas y los graves problemas de los partidos políticos monárquicos, incluido el caciquismo, hacían temer el falseamiento electoral ya tradicional en España. Por eso, el 14 de abril se proclamó la República en la calle, y en los balcones de los Ayuntamientos, que no en las Cortes.

     Ya el 13 de abril, un coronel de la Guardia Civil y Jefe Superior de Policía en Madrid, José Aranguren Roldán, y un comisario de policía, Maqueda, se habían pronunciado por la República. Eran pequeños gestos individuales. Ambos serían fusilados por Franco en 1939.

     El martes 14 de abril surgieron masas republicanas por todas partes, saliendo masivamente a la calle en Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Vigo, La Coruña y San Sebastián. El ejército y la Guardia Civil no actuaron, tal y como días antes habían dicho que harían.

     Parece que la primera ciudad en proclamar oficialmente la república fue Éibar, muy de mañana, el día 14. Pero la declaración importante se tenía que producir en una ciudad grande, y ello tuvo lugar a mediodía en Barcelona.

         Los catalanistas el 14 de abril de 1931.

Algunas personas con las que había que contar en Cataluña, la región que no sólo era la más rica de España, sino que representaba la mayor parte de la industria española en los sectores de la industria textil, la industria química, la industria eléctrica, la metalúrgica, el automóvil, los seguros, la banca (que se había arruinado recientemente), las conservas, y otras muchas, eran éstas:

La derecha de Francesc Cambó i Batlle, monárquico constitucional, dirigente de Lliga Regionalista, que en realidad representaba a un conglomerado de capitalistas catalanes; Jaume Carner Romeu, abogado representante de banqueros y empresarios catalanes, que aceptaban la República Española. Alberto Rusiñol Prats, era líder de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana. Con estos hombres podía dialogar Alcalá-Zamora.

 Los catalanistas: como Marcelino Domingo Sanjuán, líder en 1929 del Partido Republicano Radical Socialista Español, y del Partit Republicà Català, que había estado en el Pacto de San Sebastián, y también en la creación de ERC[1], representaba el ala más dialogante dentro de ERC; Lluis Companys i Jover, líder de Partit Republicà Catalá, integrado en ERC; Joan Lluhí i Vallescá, líder de un grupo de intelectuales que escribían en L`Opinió; Francés Maciá i Llusà, ex-militar republicano catalanista, líder en 1928 de un partido separatista revolucionario llamado Estat Catalá, exiliado en América hasta que en 22 de febrero de 1931 había decidido regresar. Macià era el ala violenta e intransigente de ERC. Jaume Aiguadé Miró, médico y escritor de Estat Català, que había estado en San Sebastián en agosto de 1930.

Lluis Nicolau d`Olwer, líder de Acció Catalana Republicana, no se integró en ERC porque la consideraba demasiado burguesa, pero era independentista. Manuel Carrasco Formiguera, abogado católico miembro de la Lliga Espiritual de la Mare de Deu, y de Lliga Regionalista, en 1922 se pasó a Acció Catalana. Macià (Matías) Mallol Bosch, católico republicano, armador, ferretero, banquero, constructor de barcos, aceitero… que en 1922 estuvo en la fundación de de Acció Catalana, y en 1928 en la de Acció Catalana Republicana.

Joaquín Maurín Julià, líder de Bloc Obrer i Camperol, que era comunista, más fuerte que el PCE en Cataluña.

     En las elecciones a concejales de 12 de abril de 1931 en Barcelona, surgió la sorpresa de que un grupo recién creado, Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, ganara las elecciones, mientras que el que esperaba ganar, Lliga, quedara relegado a un segundo lugar. ERC había propuesto candidaturas conjuntas a fin de conseguir la República Catalana, y parecía mucho más moderado que Acció Catalana Republicana, el tercer grupo en discordia. ERC tenía 25 concejales en Barcelona; Conjunción Republicana Socialista, 12 concejales; Lliga, 12 concejales; Partido Republicano Autónomo, 1 concejal; Partit Catalanista Republicá, cero; liberales, cero; Bloc Obrer i Camperol (comunistas), cero; total, 50 concejales.

     El 13 de abril, por la noche, se reunieron los vencedores para coordinar las acciones políticas a tomar. Macià y Companys decidieron tomar el Gobierno de Barcelona al día siguiente.

El 14 de abril, el primero en acudir al Ayuntamiento de Barcelona fue Lluis Companys, el cual depuso al alcalde, Antonio Martínez Domingo, salió al balcón central del Ayuntamiento, izó bandera tricolor, y proclamó la República a las 13:00 horas del 14 de abril. Seguidamente telegrafió a Alcalá–Zamora comunicándole los hechos.

     Seguidamente, a las 14:00 horas, llegó Francesc Macià al Ayuntamiento, y salió al balcón a las 14:15 horas para proclamar el Estado Catalán, la República Catalana. Luego, cruzó la Plaza de San Jaime y entró en la Diputación Provincial, destituyó a las autoridades judiciales y militares, y dijo que se hacía cargo de un Gobierno Provisional de Cataluña. Una emisora de radio hizo público el acto de Macià. En 14 de abril, Macià no sólo había proclamado la República Catalana, sino que invitaba a las demás regiones de España a hacer lo mismo, a independizarse, y conformar después la Confederación de Pueblos Ibéricos, una confederación como la de Estados Unidos antes de 1865.   Hacia las cinco de la tarde la República fue proclamada en Gerona, Tarragona, Lérida, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Huesca, San Sebastián, La Coruña, Salamanca y otras ciudades.

En la tarde del 14, Macià sabía que Madrid había proclamado la República, y había posibilidades de una República Federal, y por eso se conformaba con una provisionalidad. Pero se quitó de en medio a Companys nombrándole Gobernador Civil de Barcelona, lo cual le desplazaba de la alcaldía, un puesto con mucho protagonismo.

     Macià nombró cargos para gobernar Barcelona y Cataluña. Era una rebelión nacionalista y republicana. Ello significaba en Cataluña la victoria del nacionalismo de izquierdas (pequeña burguesía y obreros) sobre el tradicional nacionalismo burgués de derechas (alta burguesía catalana).

El coronel Macià intentó durante toda la noche del 14 de abril que Ángel Pestaña, de CNT, aceptara un puesto en el futuro Gobierno catalán, pero no lo consiguió. Suponemos que hubiera significado el levantamiento general de Cataluña. Entonces, dio marcha atrás, y retiró la proclamación del Estat Catalá, que desde entonces se denominó Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

     Los monárquicos en el 14 de abril.

El Ministro de Fomento, Juan de la Cierva Peñafiel, y el Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, general José de Cavalcanti de Alburquerque y Padierna de Villapadierna, propusieron al Rey el uso de la fuerza contra las masas que gritaban en la calle. Alfonso XIII se negó a ello, y decidió salir para Cartagena a las 20,15 horas, y desde allí salió para el exilio. Álvaro de Figueroa y Torres conde de Romanones, un monárquico convencido, decidió reconocer que había llegado el momento de los republicanos. José Sanjurjo Sacanell, Director de la Guardia Civil se puso al servicio del Comité Republicano. No había oposición a la declaración de República.

     La Guardia Civil en abril de 1931.

Un grupo que podía verse perjudicado por el advenimiento de la República era la Guardia Civil. Su Jefe era en ese momento José Sanjurjo Sacanell, marqués del Rif, un hombre que había colaborado en 1923 con el golpe de Primo de Rivera, pero que en 1931 se hallaba resentido contra la postura de Alfonso XIII de echar a Primo de Rivera. Se trataba de un colectivo de unos 25.000 hombres, armados con fusiles y pistolas. Tenía fama de ser el cuerpo reventador de las huelgas, presentándose ante las manifestaciones, armados y disparando a quemarropa, quedando siempre los tiradores en el anonimato, e incluso tapándose el suceso desde el Gobierno, si se podía. Sanjurjo animó a Miguel Maura en abril de 1931, a aceptar el Ministerio de Gobernación, y se declaró leal a la República. Pero las masas gritaban en las calles en estos primeros días de la República “¡Abajo la Guardia Civil!” y “Viva la República”. De ello ha quedado un confusionismo popular, por el que los españoles todavía creen, cien años después, que la Guardia Civil era el bastión de la Monarquía en 1931.

     El Comité de las Fuerzas Políticas Coaligadas.

     El Comité de las Fuerzas Políticas Coaligadas para la Instauración de la República, tenía la misión de constituir un Gobierno el 14 abril 1931. Formaban parte de él: Francisco Largo Caballero; Alejandro Lerroux García; Fernando de los Ríos Urruti; Manuel Azaña Díaz; Santiago Casares Quiroga; Miguel Maura Gamazo; Álvaro de Albornoz Liminiana.

         Problemas políticos pendientes en 1931

     La monarquía se había mostrado autoritaria poco democrática y poco parlamentaria: Poco democrática, porque los sectores asalariados, obreros y campesinos, tenían muy poca representación política. Y poco parlamentaria, porque no se reconocía al Parlamento como autoridad máxima en todas las cuestiones políticas. En esas condiciones de falta de legitimidad popular, el Gobierno buscaba esta legitimidad en el apoyo de la Iglesia y del ejército, y trataba de sumarse a ellos, lo cual creaba dependencias que cada uno de ellos no dejaba de explotar a su favor. La evolución de los monárquicos en 1931-1936 fue desde el constitucionalismo demócrata aceptado en 1931, al antiparlamentarismofrente a las reformas republicanas a partir de 1933, y a la conspiración en 1936.

     El caciquismo había dado lugar a una sociedad violenta y de difícil convivencia entre patronos y obreros del campo. En el campo se veía cada vez más difícil una más equitativa distribución de la riqueza, y de la tierra más concretamente. Y la violencia estaba a flor de piel, y se manifestaba cada poco.

     La lenta industrialización por inseguridad ciudadana, conflictos sindicales-políticos, falta de comunicaciones, escasa red de comercio, huida de capitales… estaba manteniendo una tasa altísima de paro, y las masas de parados no tenían nada que perder en las calles. Y la masa ingente de obreros del campo que esperaban huir hacia las ciudades, presionaba en los barrios pobres urbanos contra la autoridad constituida.

     La dictadura de 1923-1930 que había enemistado a la derecha con la monarquía por el empeño de los militares de perpetuarse en el poder, con el apoyo del Rey, había roto el ejército, y las fuerzas de orden, quedando una parte de ellas al servicio de cualquiera que propusiese cambios.

     Los centros del poder económico, Cataluña principalmente, y el País Vasco en segundo lugar, no tenían el poder político, y lo reclamaban, lo cual había generado un enfrentamiento “con Madrid”, expresión que hacía referencia al Gobierno central de España que les impedía su autogobierno. Las diferencias habían llegado a tal grado, que se estaban creando fuerzas paramilitares juveniles, a fin de preparar la independencia de estos dos territorios.

     Los sindicatos estaban al servicio de la política, por encima del servicio debido a sus militantes obreros. UGT servía al PSOE, y CNT servía a los anarquistas. Las cúpulas dirigentes estaban fuertemente comprometidas en política. Y ambos grupos políticos buscaban la toma del Gobierno, para hacer su modelo de revolución, distinta cada uno de ellos e incompatibles entre sí. Y ambas revoluciones eran también incompatibles con la revolución comunista, que también pretendía tomar el poder.

     Varios millones de campesinos no podían sobrevivir por falta de tierra. Eran jornaleros, pequeños arrendatarios, y pequeños propietarios. Se les venía engañando desde principios del siglo XIX con que se les daría la tierra, pero estaban cansados de esperar. Eran una presa fácil para los revolucionarios de todos los signos políticos.

     El problema del militarismo no se había resuelto aunque se hablaba de ello desde hacía décadas. Sobraban mandos militares, y faltaba material y atención al soldado. Y la mayor parte del ejército el peninsular, era incompetente para las funciones que se le suponen de defensa de los ciudadanos.

Las jerarquías católicas eran mayoritariamente integristas, y reclamaban su ascendencia sobre el Estado en cuestiones económicas, jurídicas, de enseñanza, e incluso legislativas. Y ello había llegado a un grado en el que el enfrentamiento era violento.

El analfabetismo hacía fáciles los discursos populistas, redentoristas, y regeneracionistas.

Los políticos se habían radicalizado, los unos a la derecha, en contra de la extensión de los derechos sociales, y los otros hacia la izquierda, en contra del principio de iniciativa empresarial libre. Y muchos sólo creían en la imposición de sus soluciones por la fuerza de las armas. Los tolerantes con otras ideologías, eran minoría.

          Niceto Alcalá-Zamora

     Niceto Alcalá-Zamora Torres, 1877-1949, se formó en Cabra, y estudió Derecho en Granada. En 1897 emigró a Madrid, y en 1899 ganó las oposiciones a oficial letrado del Consejo de Estado, y poco después ingresó en el Partido Liberal en el grupo de Romanones. Era un orador grandilocuente, con una gran memoria, al estilo de lo que gustaba en el siglo XIX. Era católico muy convencido, siendo el catolicismo el valor dominante en su personalidad. En la escisión del Partido Liberal en 1903, se fue al grupo de García Prieto, y fue diputado en 1905. Fue Ministro de Fomento en 1917, de Guerra en 1922, y estaba con el golpe de Primo de Rivera en 1923. Pero se decepcionó y se hizo republicano. En 1930 se alió a Miguel Maura en Derecha Liberal Republicana, y conspiraba contra Primo de Rivera y fue encarcelado. Participó en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y presidió el Comité Revolucionario. Creía en una República conservadora y católica. El 14 de abril, al saber el resultado de las elecciones municipales, exigió la abolición de la monarquía. En 1931 ingresó en la Real Academia Española.

La figura de Niceto Alcalá-Zamora, como Presidente Provisional de la República y del Consejo de Ministros, prometía una república de derechas y católica, pero se había asociado con gente de izquierdas anticlerical. El experimento era extraño. En 1931, Alcalá-Zamora se opuso a las medidas anticlericales de Azaña, lo cual le convirtió en una opinión extraña, lejos de las izquierdas y de las derechas republicanas. Pero Azaña le hizo Presidente de la República para que los católicos aceptasen el nuevo sistema político. Alcalá-Zamora ceptó las reformas radicales de Azaña, pero cayó en múltiples contradicciones, que casi nadie entendía, y los socialistas y comunistas acabaron por pedir su destitución.

En abril de 1936, Alcalá-Zamora fue acusado de extralimitación en el ejercicio del poder, por haber disuelto las Cortes. Fue destituido como Presidente de la República, y se marchará a Francia en 1939 y desde allí a Argentina. Murió en Buenos Aires en 1949.

     Gobierno Provisional de 14 abril:

En la tarde del 14 de abril de 1931 se constituyó el nuevo Gobierno.  Gobernó de 14 abril 1931, a 14 octubre 1931.

  Presidente, Niceto Alcalá-Zamora Torres, derecha liberal republicana PRC.

  Gobernación, Miguel Maura Gamazo 1881-1971, derecha liberal republicana.

  Fomento, Álvaro de Albornoz Liminiana 1879-1954, radical socialista, procedente de Partido Republicano Radical.

  Educación Nacional, Marcelino Domingo Sanjuán[2] 1880-1940, radical socialista / diciembre: Fernando de los Ríos Urruti.

  Hacienda, Indalecio Prieto Tuero 1883-1962, socialista PSOE.

  Trabajo y Previsión Social, Francisco Largo Caballero 1869-1946, socialista PSOE-UGT.

  Justicia, Fernando de los Ríos Urruti[3] 1883-1962, socialista PSOE.

  Guerra, Manuel Azaña Díaz 1880-1940, Acción Republicana.

  Marina, Santiago Casares Quiroga, 1884-1950, republicano gallegista de Organización Regional Gallega Autónoma.

  Estado, Alejandro Lerroux García 1864-1939, Partido Republicano Radical.

  Comunicaciones (el Ministerio se desgajaba de Fomento), Diego Martínez Barrio 1884-1950, republicano radical.

  Economía, Luis Nicolau D`Olwer, 1888-1961, catalanista de Acció Catalana.

     El Gobierno de 14 de abril era un “Gobierno de concentración”, o de coalición de todos los grupos participantes en el golpe de Estado: 2 de Derecha Liberal Republicana (el presidente, Alcalá Zamora, y Gobernación, Maura), 2 radicales (Estado y Comunicaciones), 3 socialistas (Justicia, Hacienda y Trabajo), 2 radical socialistas (Fomento e Instrucción Pública), 1 de Acción Republicana (Guerra), 1 galleguista (Marina) y 1 catalanista (Economía).

En cuanto a los partidos de ese momento: Se consideraban de centro: Alianza Republicana, una coalición de Acción Republicana de Azaña, Partido Republicano Radical de Lerroux, Partido Republicano Catalán de Marcelino Domingo, y Partido Republicano Federal de Manuel Hilario Ayuso Iglesias.

Se consideraban de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español PSOE, el Partido Comunista de España PCE, Confederación Nacional del Trabajo CNT, Oposición Comunista de España – Izquierda Comunista de España de Andreu Nin.

Estaban dispuestos a romper la unidad de España: Organización Regional Gallega Autónoma ORGA de Santiago Casares Quiroga, Esquerra Republicana de Catalunya ERC (fundada el 19 de marzo de 1931 con ese fin), la Unió de Rabassaires de Lluis Companys, la Federación Democrática Nacionalista de Francesc Macià, la Lliga Regionalista de Cambó.

     La incorporación de Largo Caballero al Gobierno en Trabajo y Previsión Social, aseguraba que UGT no saliera a la calle y hubiera así una cierta paz en ella. Como CNT renunció a acciones violentas, el Rey, desde su exilio, recomendó aceptar la República, y la Iglesia dijo que respetaría lo que viniese, hubo paz social cuando todo el mundo pensaba que sobrevendría una guerra en España. Pero esa paz se fue deteriorando a partir de 1931 con atentados y huelgas por una parte, y malas decisiones políticas por la otra. Y los españoles estuvieron convencidos de que la guerra era inminente en 1936. Y no se equivocaron.

La derecha había sido derrotada, y no aceptaba de buena gana esa derrota: el Partido Nacional Agrario (Partido Agrario Español a partir de 1933), Acción Nacional con sus alfonsinos partidarios de Alfonso XIII, y sus juanistas partidarios de Juan de Borbón, tercer hijo de Alfonso XIII. En la derecha, aceptaban la República los llamados “accidentalistas”, pues reconocían los muchos errores de Alfonso XIII.

La ultraderecha de Comunión Tradicionalista (carlistas), tenía posiciones complejas, pues los tradicionalistas eran federalistas, y defendían los fueros vascos, navarros y catalanes. El Partido Nacionalista Español de José María de Albiñana Sanz, había creado en 1930 los Legionarios de España, fuerzas de choque contra la izquierda.

Las derrotas de la derecha recordaban fechas muy precisas como 1808, 1820, 1856 o 1873, rápidamente contrarrestadas con levantamientos en sentido contrario.

     Primeras actuaciones del Gobierno del 14 de abril.

En realidad, el Gobierno de abril de 1931 no era tan rupturista como se podría presumir. Cierto que cambió a los 50 Gobernadores Civiles de España, pero respetó en sus puestos al Subsecretario de Guerra general Enrique Ruiz-Fornells Regueiro, al Jefe de Estado Mayor, general Manuel Goded Llopis; al Subsecretario de Presidencia para Marruecos y Colonias, Francisco Agramonte Cortijo; al General en Jefe de la Guardia Civil, general José Sanjurjo Sacanell; y a todos los Comandantes de la Guardia Civil. Era una medida prudente no precipitarse el primer día. La ruptura con los nombramientos del pasado, vino por otros caminos, como la designación del Director General de Correos y Telecomunicaciones, señor Nistal, en mayo de 1931, momento en que empezaron los incidentes.

El 15 de abril de 1931 se conoció el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional, o programa de reformas que pensaba emprender el Gobierno de España. Entre esas reformas estaban la reforma agraria, la reforma militar y la reforma de la enseñanza. En enseñanza, se mostró el deseo de crear muchos puestos escolares y muchas plazas de maestro, a la vez que el deseo de subirles el sueldo considerablemente a los maestros. Nunca se cumplieron los planes porque se necesitaba mucho dinero para ello, y no eran suficientes las buenas intenciones.

Llama la atención que el Gobierno más débil del siglo XX, pretendiera hacer las reformas más profundas que España demandaba desde hacía décadas. Era una postura romántica, pues no tenía medios para realizarlas. Como tal figura romántica, la República pasó a la posteridad como un “ideal”.

  Las negociaciones de abril en Barcelona.

El Gobierno de España se puso en contacto con Lluis Companys, un hombre de Esquerra Republicana de Catalunya, la coalición política en la que destacaba Francesc Macià, y que también había sido, tiempo atrás, colega y abogado asociado de Marcelino Domingo. Le recordaron que había que cumplir lo pactado en San Sebastián, y ello era un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes Constituyentes. Macià insistía en que en San Sebastián se había hablado del derecho de autodeterminación de los pueblos de España, es decir, la soberanía de cada uno de ellos. Ninguno de las dos partes estaba en la legalidad, pues en San Sebastián se habían reunido dos docenas de republicanos que no tenían representación democrática de nadie para decidir sobre el futuro de España, y que simplemente hablaron de un programa político. No era legal, de momento, que el Gobierno de Madrid concediese ni la autonomía, ni el derecho de autodeterminación. Y tampoco era legal que Macià asumiese la soberanía catalana. Companys fue nombrado Gobernador Civil de Barcelona, desplazándole del protagonismo político.

El 17 de abril llegaron a Barcelona tres Ministros de Alcalá-Zamora: Marcelino Domingo Sanjuán (republicano catalán), Nicolau d`Olwer (republicano catalán), y Fernando de los Ríos (socialista), para convencer a Francesc Macià de que no declarara la independencia, sino que esperase a la aprobación de la Constitución, prometiéndole un Estatuto de Autonomía pronto. Y estos Ministros pactaron con los catalanistas, Manuel Carrasco Formiguera, de Acció Catalana, Matías Mallol Bosch, de Acció Republicana de Catalunya, y Jaume Aiguadé Miró, de ERC, la renuncia a ese proyecto de República Catalana, a cambio de que: Las Cortes españolas aprobaran un Estatuto de Autonomía para Cataluña; el Proyecto de Estatuto sería elaborado por los catalanes, y sería aprobado, previamente a ir a las Cortes, por una Asamblea de Representantes de los Ayuntamientos catalanes y por el referéndum popular de todos los catalanes, lo cual era la cesión de la soberanía hecha por quien no tenía capacidad para tomar esa decisión. Por si quedaba duda sobre la soberanía, serían los catalanistas los que decidieran las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado español.

La concesión de la autonomía a Cataluña era un asunto polémico en el que no estaban de acuerdo muchos liberales, demócratas y socialistas, como Ortega y Gasset y Unamuno, por ejemplo. Cataluña era la zona más rica y desarrollada de España, con mucha diferencia sobre el resto de las regiones, y quería una autonomía basándose en el Tratado de Versalles de 1921 que reconocía la independencia de las pequeñas naciones de Europa Central, y en la declaración de San Sebastián de 17 de agosto de 1930, en la que docena y media de republicanos habían afirmado el derecho de autodeterminación de las regiones españolas.

Se estaba mitificando la reunión de San Sebastián, a la que se conferían poderes constituyentes, cuando en realidad fue una reunión insignificante de unos pocos republicanos que no representaban a nadie, salvo a sí mismos. El significado histórico de la Reunión de San Sebastián, lo tomó precisamente en estos días posteriores al 14 de abril, cuando Cataluña y el País Vasco reclamaron su soberanía basándose en el “Pacto de San Sebastián”, un “pacto” que nunca existió entre poderes legitimados, sino sólo entre grupos republicanos.

La República Española recién creada se sentía débil,y buscando apoyos, o evitando enemigos, estaba cometiendo un error gravísimo: la concesión de facto de la soberanía a Cataluña.Fue hecho de manera ilegal, por exigencia de los catalanistas y sin el consentimiento preceptivo del Parlamento español. Tres personas del Gobierno de España estaban actuando en nombre del pueblo español, sin delegación alguna, y sin legitimidad ninguna para ello. Los representantes de Madrid cedieron que la Generalitat se hiciera cargo de las cuatro Diputaciones Catalanas y se llamara Diputación Provisional de la Generalitat, que organizara las elecciones y Asamblea de Representantes de Ayuntamientos, y el referéndum popular. El Gobierno de Madrid aceptó a Companys como Gobernador Civil de Barcelona. Macià esperaba ser Presidente de la Generalitat.

Las consecuencias se pagaron durante los cien años siguientes. La primera y más inmediata fue dar argumentos a la derecha, como el que la República había aceptado la ruptura de España, lo cual justificó los golpes de Estado de 1932 y de 1936. El ejército y la derecha, se posicionaron definitivamente en contra de la República a partir de ese momento.

La cesión de soberanía a Cataluña, implicaba que cualquier región española pudiera reclamar lo mismo, lo que equivalía a la desaparición de España. El País Vasco y Galicia, tal vez reclamaran esa soberanía, y pudiera ser que Aragón, Valencia y Baleares se adhirieran a Cataluña. Las consecuencias en las demás regiones, eran imprevisibles, pero era de suponer que Andalucía hiciera lo mismo.

     La pérdida de la confianza internacional.

La confianza internacional en el Gobierno de España decayó mucho: en abril de 1931 la Banca Morgan retiró el préstamo concedido al Gobierno de Juan Bautista Aznar, y la peseta se depreció en un 20%. Prieto, Ministro de Hacienda, no sabía nada de economía, sino que era un periodista, dueño de El Liberal, de Bilbao, persona muy inteligente y con influencia en el PSOE, pero nada más. En Hacienda, Indalecio Prieto tomó medidas económicas poco ortodoxas: Exigió licencias para importar equipo extranjero y para poseer cuentas y moneda extranjera; puso multas a los que evadiesen dinero. Negoció con la URSS la compra de gasolina barata. Depositó 257 millones de pesetas oro en Francia como garantía de un préstamo que sustituyese al de Banca Morgan. Estas medidas de Prieto fueron un fracaso, tanto ante los capitalistas extranjeros como ante los españoles. La realidad es que el nuevo Gobierno no tenía acceso a los medios económicos para hacer reformas.

El 27 de abril, Alcalá-Zamora visitó Cataluña y fue aclamado en las calles de Barcelona. Era otro gesto romántico que no servía de nada.

El 28 de abril de 1931, el cardenal primado de España, monseñor Pedro Segura[4], afirmaba que los cristianos debían ayudar a la monarquía. Las masas se sintieron decepcionadas por la actitud de la Iglesia. ¿Pretendía la Iglesia una vuelta atrás? Eso todavía era más difícil que las reformas, pues nadie aceptaría las injusticias del pasado. ¿Que pretendía Segura? ¿Tal vez apelar a la buena voluntad de los católicos para restablecer el integrismo católico? ¿Había necesidad de posicionarse en contra del Gobierno republicano?

     Reorganización de la derecha en abril de 1931.

     El 26 de abril de 1931, en los locales de El Debate, se creó Acción Nacional, una organización “para agrupar a los elementos de orden”. Su líder era José María Gil Robles. El partido había sido trabajado por Ángel Herrera Oria desde El Debate, con la finalidad de defender la religión católica, la propiedad y la familia. Enseguida aparecieron, dentro de Acción Nacional, accidentalistas que sólo querían acabar con la República, y catastrofistas que querían salvar la monarquía y el catolicismo de una supuesta debacle. El 19 de octubre de 1931, Ángel Herrera cedió la jefatura a José María Gil Robles, y su junta directiva en la que militaban Antonio Goicoechea Cosculluela[5] y Fernando Suárez de Tangil[6] conde de Vallellano.

     Gil Robles le dio otro sentido a Acción Nacional, “para la salvación político-social de España”, colocándose en el lado de los catastrofistas. En abril de 1932, el partido tuvo que cambiar de nombre porque el Gobierno prohibió a instituciones no estatales el uso del término “nacional”, y se llamó Acción Popular. En enero de 1933, Goicoechea y Vallellano se fueron del partido, y fundaron Renovación Española. En febrero de 1933, Ángel Herrera Oria abandonó El Debate. Y Gil Robles creó Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, sin cerrar Acción Popular, y CEDA fue mucho más conocida que el partido original. No obstante, en su tiempo sí que eran muy conocidas las JAP, Juventudes de Acción Popular, que vestían una camisa verde, y 15.000 de ellos entraron en Falange Española en 1936, y otros 12.000 lo hicieron en 1937.  Acción Popular desapareció en 19 de abril de 1937, cuando Franco hizo el Decreto de Unificación, y eliminó casi todos los partidos.

     El 1 de mayo de 1931, el cardenal arzobispo de Toledo, Segura, hizo una pastoral en la que alababa la monarquía. La Iglesia y los monárquicos se acercaban mucho entre sí.

         Depuraciones en el ejército.

El 22 de abril se pidió a la oficialidad militar que declarara su fidelidad al nuevo régimen político.

El 25 de abril se decretó el pase a la reserva de todos los oficiales que lo solicitasen. Saldrían del ejército con sueldo íntegro, y se esperaba que la mayoría solicitase su retiro. Pero no hubo apenas solicitudes.

Uno de los errores mayores de la Segunda República se produjo en los primeros días de su funcionamiento: el Director General de Seguridad, Ángel Galarza, ordenó detener a varios oficiales por delitos cometidos en el periodo 1923-1931. Aquello era una revancha y una depuración. Entre ellos estaban el general Dámaso Berenguer y el general Fernández Heredia. Se les acusaba de consentir la ejecución de Fermín Galán y de García Hernández, anarquistas y militares rebeldes que se habían hecho famosos. Y también Emilio Mola, Director General de Seguridad durante el Gobierno de Berenguer y durante el de Aznar, fue encarcelado en mayo de 1931. Era una reivindicación de los anarquistas, pero tal vez no era tan urgente empezar a hacer depuraciones. Se estaban consiguiendo efectos contrarios: líderes militares para la lucha contra la República.

Y la cuestión no quedó en una anécdota, sino que las Cortes crearon una Comisión de Responsabilidades que debía depurar tanto responsabilidades políticas, como responsabilidades de gestión. Aquello era aterrorizar inútilmente a los militares. Se buscaba juzgar las altas responsabilidades en Marruecos, la política social de los Gobernadores en Cataluña, el golpe de 13 de septiembre de 1923, la gestión durante la dictadura, y los procesos de Jaca. En todos los casos, se buscaba a los que se pensaba que eran los máximos responsables, los más altos cargos militares. Y entre la lista de acusados, encontramos a casi todos los protagonistas del golpe de 17 de julio de 1936.

          Las reformas sociolaborales de 1931[7].

     Hasta diciembre de 1931, la agricultura era gestionada por el Ministerio de Fomento, junto a las materias de industria y comercio. De junio de 1933 a septiembre de 1935, la agricultura tuvo Ministerio propio, y luego se agruparon de nuevo las actividades de agricultura, industria y comercio. En febrero de 1936, se volvió al Ministerio de Agricultura, específico para esta actividad económica y social.

     Largo Caballero fue Ministro de Trabajo y Previsión Social de 14 de abril de 1931, a 12 de septiembre de 1933. Marcelino Domingo fue Ministro de Agricultura desde diciembre de 1931, a septiembre de 1933. Eran los grandes protagonistas del momento.

     Las reformas sociales atribuidas a Largo Caballero, pero que en propiedad deben ser atribuidas a todo el Gobierno republicano, son un conjunto de leyes a través de las cuales se pretendía hacer la revolución desde el Gobierno.

     El Gobierno de abril de 1931 era heterogéneo y, a fuerza de cautelas, se hizo confuso en sus actuaciones: El 15 de abril de 1931 garantizó la propiedad privada, y dijo que no podría ser expropiada sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. En la Ley de Reforma Agraria de 1932, discutió el derecho de propiedad. Otra contradicción se manifestó en cuanto al derecho de iniciativa empresarial: Manifestó al principio preocupación por los empresarios, al tiempo que dijo que la tierra tenía que tener una función social, y dijo que no haría Decretos sobre este tema, pero entre 28 de abril y la apertura de las Cortes de 14 de julio de 1931, se puso a hacer Decretos para bloquear situaciones que pensaba que empeoraban la situación del campesinado.

     El 28 de abril de 1931, el Decreto de Términos Municipales establecía que los propietarios de fincas debían contratar a los obreros del pueblo donde estuviese situada la finca, y mientras hubiera un solo obrero del pueblo sin trabajo, no se podían contratar forasteros. Por una parte, era una catástrofe para el empresario no poder contratar todo lo necesario para atender a todas sus fincas. Por otra parte, los obreros del pueblo podían decidir el precio del trabajo, con sólo ponerse de acuerdo en el sindicato. La disposición gubernamental era tan polémica, que se pidió varias veces su suspensión por irracional, pero Largo Caballero se negó siempre a derogarla. Cuando hubo Cortes, se convirtió en Ley.

     Otro inconveniente del Decreto de Términos Municipales, era que si un patrono tenía que recibir a hombres a los que había abroncado en ocasiones anteriores por falta de rendimiento laboral, la situación era muy tensa.

     El decreto de Términos Municipales obligaba, de hecho, a que los trabajadores que quisiesen obtener trabajo, se registrasen en el municipio, en la Casa del Pueblo (propiedad de UGT, o de CNT), y ello perjudicaba a los trabajadores emigrantes, que eran muchos, y a los empresarios que no podían contratar a estas cuadrillas ambulantes de trabajadores. El Decreto de Términos Municipales de Largo Caballero resultaba inaplicable para faenas de urgencia de mucha mano de obra, como la siega, la recogida de la aceituna o la vendimia. Cuando se resolvían los trámites, ya era tarde. La contratación exclusiva de mano de obra del pueblo significaba la pérdida de gran parte de la cosecha. El Gobierno hubo de rectificar permitiendo a los empresarios agrícolas contratar obreros «de la provincia» en vez de obreros del mismo pueblo donde estaba la finca. Tampoco esto resultaba fácil, y la Ley de Términos Municipales fue abolida definitivamente en 1934.

     El Decreto de Términos Municipales hacía muy difícil a los patronos el boicotear las huelgas, que en Andalucía eran endémicas. El que la Casa del Pueblo de cada localidad dijera quién debía ser contratado cuando los patronos necesitaban mano de obra, era considerado por los patronos un ataque a la libertad de contratación. No podían contratar a los obreros idóneos, sino a los que le imponía el sindicato. Al mismo tiempo, eso le daba un gran poder a UGT y a CNT, pues los obreros se veían obligados a afiliarse masivamente a los sindicatos para poder trabajar. Esta ley hizo que una gran masa de obreros se afiliara a UGT, que llegó a tener 1.000.000 de afiliados (450.000 en agricultura en FNTT, muchos de ellos del sur, 290.000 en industria y 161.000 en servicios, aparte de 13.000 empleados, 6.000 profesionales liberales y otros). CNT debió quedarse sin muchos afiliados, calculamos que tenía unos 600.000, pero mantenía su fuerza en las regiones de implantación más tradicional como Cataluña (300.000 afiliados) y Andalucía (100.000 afiliados). Los sindicatos de inspiración católica bajaron a menos de 275.000 afiliados que, además, estaban dispersos y sin iniciativas laborales propias puesto que dependían de los obispos para tomarlas. Los sindicatos libres, además de perder su pequeño número de afiliados, fueron ilegalizados. En estas condiciones, la huelga era fácil. La mayor parte de las huelgas se iniciaban por solidaridad, aunque se reivindicaban siempre motivos salariales, y no es descartable la connivencia con el Gobierno socialista en ellas.

29 de abril de 1931, el Decreto sobre Arrendamientos Rústicos o Decreto de Desahucios, prohibía expulsar a los arrendatarios cuya renta fuera inferior a las 1.500 pesetas,salvo por falta de pagos en el arrendamiento.

     7 de mayo de 1931, Decreto de Asociaciones Obreras.

     7 de mayo de 1931, Decreto de asociaciones de propietarios de tierras, ganado y propiedades industriales.

     El 7 de mayo de 1931 se dio el Decreto de laboreo forzoso. Se decretó una autorización para que los Ayuntamientos pudieran exigir el cultivo forzoso de las tierras. Se obligaba a los propietarios a seguir cultivando las fincas “según los usos y costumbres tradicionales” del lugar de su emplazamiento, o en caso contrario, ceder el uso y cultivo a las organizaciones obreras locales. Se obligaba a los propietarios a hacer labores de escarda y desbroce, que daban muchos jornales, a fin de no declarar abandonada la finca.  Para vigilar su cumplimiento se crearon los Consejos Municipales de obreros, que exigían que el control de las actividades laborales fuera gestionado por comités formados por igual número de representantes de los trabajadores que de representantes de los empresarios y negociaban los convenios colectivos. No se sabía qué eran “los usos y costumbres”, y ese tema lo decidía un Consejo Municipal integrado por obreros de la localidad. Los empresarios estaban “vendidos”.

     El Decreto de Laboreo Forzoso de la tierra, era inconstitucional, y cuando fue presentado en Cortes en verano de 1933, para ser convalidado como Ley, fue rechazado.    Se hizo para que no fuese torpedeado el programa de la Reforma Agraria no cultivando las fincas, pero era un tema muy polémico.

     El 7 y el 27 de mayo de 1931, se hicieron los Decretos de Jurados Mixtos del Trabajo Rural. Eran muy similares a los de Primo de Rivera, y mantenían los niveles locales, comarcales, provinciales y nacionales. Estaban integrados por igual número de obreros que de empresarios-propietarios, y tenían un Presidente y un Vicepresidente nombrados por el Gobierno. Como los votos eran la misma cantidad siempre en cada sentido, decidían el Presidente y Vicepresidente del Jurado con su voto de calidad, es decir, los delegados del Gobierno. Estos Jurados Mixtos entendían de conflictos laborales, cumplimiento de la legislación, imposición de penas por incumplimiento de la legislación. Lo criticable de estos Jurados Mixtos es que a los Presidentes los nombraba Largo Caballero. Y el resultado era predecible. Este Decreto se transformó en Ley de Jurados Mixtos profesionales de noviembre de 1931 para resolver los conflictos entre patronos y obreros. En realidad era el restablecimiento de los Comités Paritarios de Largo Caballero, cambiados de nombre. Largo Caballero nombró Presidentes de los Jurados Mixtos a socialistas de su confianza y, como el voto del Presidente solía ser decisivo en los continuos empates entre empresarios y trabajadores, todos los conflictos estaban sentenciados de antemano a favor de los trabajadores. Este es el motivo por el que los empresarios no aceptaron el Decreto de Jurados Mixtos. Por ejemplo, y refiriéndonos al año 1932: En Barcelona, los jurados mixtos resolvieron 2.200 casos, y los obreros ganaron 1.553, es decir, el 69,6% de los casos; en Madrid los obreros ganaron ese año el 70,6% de los casos; en Oviedo, los trabajadores ganaron el 84,7% de los casos; en Valencia, los trabajadores ganaron el 83,5% de los casos.

Con estos Decretos, y luego Leyes homónimas, el jornal del obrero, controlado por los sindicatos, subió espectacularmente desde las 3,5 pesetas diarias (que eran un salario de hambre) a las 5 pesetas, e incluso a las 10 pesetas en casos extraordinarios. Los sindicalistas consideraron que éste era un gran triunfo de los obreros.

     11 de mayo de 1931, se produjo la Ratificación del Convenio de la Conferencia Internacional del Trabajo, de Ginebra 1921, para extender a los asalariados agrícolas las indemnizaciones por accidentes laborales. El 12 de junio se publicó el Decreto de Accidentes de Trabajo. El Reglamento se aprobó en 31 de agosto de 1931.

     19 de mayo de 1931, salió el Decreto sobre Arrendamientos Colectivos, que autorizaba a los sindicatos a explotar las fincas abandonadas con preferencia sobre las personas particulares. Como los sindicatos también tenían potestad para declarar abandonada una finca, el decreto era altamente subversivo. También se facultaba a los sindicatos obreros campesinos a exigir contrataciones colectivas, de todos los obreros del pueblo, supervisadas por el sindicato. Esto fue convertido en Ley en octubre de 1931 de modo que los sindicatos pactaban con los patronos los contratos de trabajo.

21 de mayo de 1931, se publicó el Decreto de creación de una Comisión Técnica Agraria, elaborado por el Ministro de Justicia Fernando de los Ríos (socialista) y presidida por el liberal Felipe Sánchez Román. El objetivo era redactar un Proyecto de Reforma Agraria. No prosperó porque preveía la «ocupación temporal por tiempo indefinido» de las fincas mayores de 10 hectáreas en regadío, y mayores de 300 hectáreas en secano. Los propietarios la consideraban una ilegalidad y los socialistas, la consideraban insuficiente.

     25 de mayo de 1931, se estableció una Caja Nacional contra el paro forzoso.

     El 26 de mayo de 1931 se puso en marcha el Seguro de Maternidad. Este seguro habíanacido por Real Decreto de 22 de marzo de 1929, tiempo de Primo de Rivera, e indicaba que la mujer tendría derecho a médico, comadrona, cuidados de gestación y puerperio, y medicamentos necesarios para ello. Sería administrado por INP. Pero el Real Decreto no tenía eficacia ninguna. El 26 de mayo de 1931, se puso por fin en marcha porque se definió su financiación, para la que el patrón pagaba 1,90 pesetas al año por cada obrera que tuviera, y la obrera pagaba 1,85 pesetas al año. La cuota era obligatoria para todas las mujeres entre 16 y 50 años, independientemente que estuvieran casadas, solteras o viudas. El 1 de octubre de 1931, se estableció el derecho a descanso de la mujer seis semanas antes del parto, y prohibición de trabajar hasta seis semanas después del parto. Y se decretaba un servicio gratuito, a costa del Estado, de comadrona y médico, e indemnización a costa del Estado de los jornales perdidos.

     27 de mayo de 1931, se estableció un servicio para el fomento y régimen de previsión contra el paro, incluido dentro del INP.

     28 de mayo de 1931, Decreto para la concesión de préstamos a pequeños empresarios para las tareas urgentes de recolección y otras tareas agrícolas.

17 de junio de 1931, el Decreto de Contratos de Trabajo establecía inspectores de trabajo, seguro de maternidad, y seguro de accidentes de trabajo.

     El 1 de julio de 1931 salió el Decreto de limitación de la jornada laboral a ocho horas en el campo. Este decreto significaba una importante subida de salarios, pues durante los periodos de urgencia de los trabajos agrícolas y ganaderos, las horas no se pueden limitar, y si había que pagarlas a precios extraordinarios, los que dijeran los sindicatos obreros de cada localidad, el precio resultaba mucho más alto.

     El Decreto de 11 de julio de 1931 sobre Contratos de Arrendamiento, concedió a los arrendatarios la posibilidad de reducir sus rentas por diversas causas. Se pasó al sistema de arrendamientos colectivos que podían hacer las organizaciones obreras legalmente constituidas. Era un Decreto parcial, perjudicial para los propietarios.

     19 de julio de 1931, creación del Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado, el cual debía construir viviendas baratas al alcance de los ingresos de los obreros.

     13 de agosto de 1931, eliminación de las empresas privadas de empleo, y sustitución de la prestación de ese servicio por oficinas del Estado de forma gratuita.

     El 25 de agosto de 1931, se aprobó un Reglamento sobre Accidentes de Trabajo en la Agricultura. Este era un tema muy complejo que hubo de ser retomado varias veces: El 12 de junio de 1932, se aprobaron las bases para una Ley de accidentes de trabajo en la agricultura. Un seguro de accidentes de trabajo significaba más costes para los propietarios. El 4 de julio de 1932, se aprobó como Ley, que se publicó el 7 de julio de 1932.

El 4 de julio de 1932, también hubo Ley de Accidentes de Trabajo en la Industria.   

     Un proyecto de Largo Caballero era regular la previsión social. Uno de sus puntos era la unificación de todas las mutuas obreras en una sola. Desde 1918 era obligatorio estar en una Mutua para tener derecho al «retiro obrero» o pagas de jubilación. Los distintos Gobiernos habidos desde entonces habían tratado de reducir el número de mutuas por integración, dado que la proliferación de muchas pequeñas propiciaba la quiebra de una parte de ellas y el desamparo de sus afiliados. Por otra parte, las cantidades aseguradas, que siempre parecen altas a la hora de contratar el seguro y pagar las primas, resultan bajísimas, transcurridos treinta años, por efecto de la inflación. La unificación resultó un proyecto imposible porque faltaban estadísticas de riesgos y costos, y nadie podía hacerse cargo de un seguro de tales dimensiones. Se decidió que lo más práctico era hacer una ley que aclarase el problema de las pensiones y que eliminase el haz de decretos y leyes, complejo y contradictorio, que existía hasta entonces. Este Proyecto fue presentado por Largo Caballero en 1932 y aportaba la novedad de unificar enfermedad, maternidad y accidentes de trabajo con los tradicionales seguros de vejez, invalidez y muerte del trabajador. Largo Caballero nunca llegó a lograr aprobar una ley de seguros contra el paro, su mayor obsesión.

     21 de octubre de 1931, Ley de Cooperativas de Trabajo. Esta Ley se complementó el 4 de junio de 1932, con el Régimen Tributario de las Cooperativas de Trabajo.

     21 de noviembre de 1931, Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba el contrato laboral, la negociación colectiva, los salarios, los despidos y concedía 7 días de vacaciones al año, y el derecho de huelga. La huelga sólo era legal después de la negociación, aviso de huelga y un plazo razonable.

     Ley (non nata) de intervención obrera en la gestión de la industria.

     La Ley de Subsidios por Accidentes de Trabajo de 6 de diciembre de 1931 garantizó las prestaciones por accidente laboral. El 12 de junio, un Decreto de Bases hizo aplicable la Ley de Accidentes de Trabajo, tanto en la industria, como en la agricultura. Creaba unas mutualidades para cubrir esta eventualidad. El Reglamento de agosto de 1931, lo puso definitivamente en marcha. La Ley de Indemnización por accidentes de trabajo, de 4 de julio de 1932 regulaba su financiación en la industria.

     15 de enero de 1932, Reglamento de organización del Ministerio de Trabajo, Delegaciones de Trabajo y Previsión Social.   

     26 de marzo de 1932, Convenio del Seguro de Enfermedad para la industria, el comercio y los servidores domésticos.

     26 de marzo de 1932, Convenio sobre el trabajo nocturno para los menores de 18 años, y sobre el trabajo de las mujeres en la industria.

     27 de marzo de 1932, Convenio sobre enfermedades profesionales.

     El 8 de abril de 1932, la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros, muchas veces citada como Ley de Asociaciones Obreras transfirió al Ministerio de Trabajo, presidido por Largo Caballero, el tema de las asociaciones obreras que antes gestionaba Gobernación interpretándolo como un asunto de orden público, y venía siendo tratado por el Negociado de Policía.

     El Reglamento de la Inspección de Trabajo, de 1932, creó un cuerpo de Inspectores que debía controlar los abusos sobre los trabajadores, y obligar a los patronos a cumplir las leyes.

     15 de septiembre de 1932, Ley de la Reforma Agraria, por la cual se pretendía hacer un censo de campesinos, un censo de tierras expropiables, y crear un Banco Nacional de Crédito Agrícola.

     Octubre de 1933, Cirilo del Río hizo un Proyecto de Ley de Arrendamientos. Se trabajó en ello nueve meses, y entró en Cortes el 15 de marzo de 1935, promulgándose el 1 de agosto de 1935.

     12 de octubre de 1932, Refundición de las Leyes de Accidentes de Trabajo.

     A todos estos Decretos habría que añadir, de cara a contemplar gastos empresariales, el Seguro Obligatorio de Retiro Obrero, quehabía sidocreado en 11 de marzo de 1919 por Romanones, y ratificado en el Real Decreto del Reglamento General del Régimen Obligatorio del Seguro Obrero de 1921, alcanzó en 1932 a 5,5 millones de trabajadores, dos millones más que un año antes. Los obreros se jubilaban a los 65 años. Y mientras tanto, el Estado ponía 12 pesetas al año por trabajador, y los empresarios debían cotizar 36 pesetas al año por trabajador.

     Casi todos estos Decretos se hicieron en el corto plazo de tres meses, de abril a julio de 1931, y se hicieron en forma de legislación provisional. Y luego se pasaron a Leyes a partir de julio de 1931. Excepto el Decreto de Arrendamientos, todos se convirtieron en Leyes definitivas a su tiempo. Los estamos considerando todos juntos, porque es el modo de entender el problema agrícola real del momento.

     Los campesinos, engañados por la propaganda sindicalista, creyeron que se les regalaba la tierra.

         Crítica de las reformas laborales de 1931.

     Viendo una a una, las reformas laborales de la República, nadie puede estar más que de acuerdo con cada una de ellas. El problema era la financiación, y sobre todo, asumirlas todas en bloque en muy poco tiempo. Los patronos se encontraron con nuevos gastos salariales y gastos de cuotas de seguros obreros, que nunca habían tenido en la historia de España. El paso era brusco, y la pequeña y mediana empresa no era viable en la mayor parte de los casos, en las nuevas condiciones legales. Los patronos fueron condenados de improviso a pagar muchas nuevas cotizaciones por trabajador, además de incrementos de gastos salariales.

     Largo Caballero obtenía mucha popularidad entre los millones de obreros y campesinos, que era el objetivo buscado por él, pero el conjunto de sus actuaciones era, como mínimo, imprudente. Era de esperar un lanzamiento general de obreros al paro.

     Con la política de Largo Caballero, la crisis económica, que no había sido demasiado grave para España, se convirtió en un problema muy serio, porque muchos capitales huyeron de España, y muchas pequeñas empresas cerraron. El Decreto de Términos Municipales, significaba un gasto para el empresario de 6 pesetas extras por hora extraordinaria obrero y día, durante la cosecha, que en un mes de cosecha, podían ser hasta 800 pesetas, y si los obreros se usaban en catástrofes, sequías o heladas, mucho más dinero al año. El Seguro de Retiro, 36 pesetas por trabajador cada año. El seguro de maternidad, 1,90 pesetas por cada trabajadora. El Seguro de Accidentes de Trabajo incrementaba más gastos. Ello nos lleva a pensar en un incremento de gastos patronales de unas 1.000 pesetas por trabajador y año. Recordemos que un trabajador del campo mal pagado cobraba poco más de 1.000 pesetas por año, lo que significaba que en algunos casos, el gasto para el empresario se elevaba al doble. Ese incremento no era asumible por las explotaciones más pobres. Y no era deseable por las más ricas.

     Esta política le venía bien a Largo Caballero, porque ante el problema del paro, los obreros del campo se afiliaban a UGT, y a su sindicato agrícola asociado, Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, porque los Alcaldes eran socialistas y eran los que procuraban trabajo aplicando las Leyes de Largo Caballero. Pero era una política de cortas miras, en beneficio de UGT y de Largo Caballero, y no del interés general. UGT daba además ayudas a los parados, cuando estaban sindicados. Las ayudas salían de las cuotas de los afiliados y se completaban con subvenciones estatales. La impresión generalizada era que, para conseguir trabajo, se debía estar en UGT.

     UGT progresó también en Barcelona, que antes de 1931 era un predio de CNT, y los socialistas estaban eufóricos por haber entrado en un territorio muy difícil. No valoraban si se apuntaban por fe en el socialismo, o por necesidad de comer.

     La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT, era una asociación de unos 100.000 individuos, dirigida por Lucio Martínez Gil, un socialista del grupo de Besteiro, partidario de la negociación, y no de la insurrección armada. Besteiro y Martínez Gil se habían opuesto a participar en el Comité Revolucionario de 27 de agosto de 1931 en San Sebastián porque opinaban que una república era un sistema prematuro que podía acarrear la guerra, y no traer el socialismo, y se habían opuesto a la decisión de Largo Caballero de integrarse en dicho Comité. Por lo tanto, Largo Caballero estaba creando también discordias dentro de UGT y del PSOE. FNTT llegó a los 450.000 asociados tras los acontecimientos de 1931.

     Largo Caballero llevó la discordia a los pueblos de España, que se dividieron en tres sectores estereotipo: los terratenientes y jerarquías del pueblo que eran monárquicos; los obreros, jornaleros y pobres de las Casas del Pueblo, que, junto a algún médico o cura, eran republicanos; la clase media que permanecía expectante.

         Entusiasmo popular por Largo Caballero.

     Los ugetistas estaban entusiasmados con Largo Caballero, y le llamaban “el Lenin español”. Era terrible que se planteasen la confrontación social como sistema político sindical, pero a ese punto habían llegado las cosas.

     Los socialistas del PSOE, proponían repartir los comunales entre los campesinos, solución mexicana al estilo de Pancho Villa en México. Una revolución a las bravas.

     Los republicanos, más radicales, proponían la entrega de la propiedad a los campesinos, a partir de la abolición de las leyes de 1811 y 1837, cosa muy complicada debido a las circunstancias del propio paso del tiempo. Anular decisiones con un siglo de por medio, es jurídicamente complejo.

     CNT añadía a estas reivindicaciones de Largo Caballero, la reivindicación de la supervisión de todas las relaciones laborales por comités de obreros. La interpretación que los campesinos españoles, en su mayoría anarquistas, hicieron de los decretos de Largo Caballero, fue que se trataba de hacer concesiones para evitar la revolución, y le llamaban “el nuevo Stolipin”, y decían que era un neoliberalismo a la moda del New Deal de Roosevelt, con interés en reactivar el mercado industrial, pero sin ninguna utilidad para la agricultura, y que no iba a solucionar el problema agrícola a corto ni a medio plazo. La confrontación entre UGT y CNT estaba pues de manifiesto desde 1931. El término “comité” se volvió una expresión odiosa entre los propietarios.

[1] Cuando en mayo de 1931, Marcelino Domingo vio que ERC no colaboraba con los republicanos españoles y que hacían un Estatuto autoatribuyéndose la soberanía, se decepcionó de los catalanistas, y cuando vio que Azaña utilizaba la violencia contra los obreros andaluces, se decepcionó de los republicanos españoles, y creó Partido Republicano Radical Socialista Catalán, un catalanismo diferente.

[2] Marcelino Domingo San Juan, 1884-1939, era un catalán que se hizo maestro en 1903, y en 1909 se afilió a Unión Federal Nacionalista Republicana. En 1915 se pasó a Bloc Republicá Autonomista, partido que evolucionaría en 1917 a Partido Republicano Catalán. En 1917 colaboró activamente en la huelga general y en la Asamblea de Parlamentarios. En 1918 presentó en las Cortes el Proyecto de Autonomía de Cataluña, que fue rechazado. En 1929 era líder del Partido Republicano Radical Socialista. Fue ministro de Educación en abril de 1931, y en octubre de 1931, de Agricultura en diciembre de 1931 y en junio de 1933. En 1934 se produjo la unión de Acción Republicana, el partido de Azaña, ORGA de Casares Quiroga, y el PRRS, y, juntos, formaron Izquierda Republicana. En febrero de 1936 sería Ministro de Instrucción Pública, y lo volvería a ser en mayo de 1936.

[3] Fernando de los Ríos Urruti, 1879-1949, fue un niño malagueño huérfano a los 4 años de edad, enviado a Córdoba en principio, y más tarde con su tío Francisco Giner de los Ríos, que trabajaba en la ILE. Estudió Derecho y se licenció en 1901, pasando a ser profesor de la ILE inmediatamente, hasta que en 1911 fue catedrático en Granada. En 1919 entró en el PSOE, y en 1920 ya estaba en la Ejecutiva, enviándole el PSOE a Moscú, de donde regresó informando negativamente sobre el ingreso en la Tercera Internacional. Escribió, a la vuelta, «Mi viaje a la Rusia Sovietista». Se hizo masón con el apelativo de “Jugan”. En 1923 se opuso a colaborar con Primo de Rivera, pero como la mayoría del PSOE, Largo Caballero, quiso colaborar, quedó un tanto relegado. Se autoexilió en 1923-29. En 1930 fue detenido pro haber asistido al Pacto de San Sebastián, pero fue liberado al proclamarse la República de 1931. Fue ministro de Justicia en abril de 1931, en octubre de 1931, de Instrucción Pública en diciembre de 1931, de Estado en junio de 1933. Fue embajador de España en Washington desde 1936 a 1939. En 1939 fue depurado por Franco y expulsado de la cátedra.    Murió en Nueva York en 1949.

[4] Pedro Segura Sáez, 1880-1957, hijo de maestros de Carazo, un pueblo de Burgos,  los cuales dedicaron varios hijos a la Iglesia (Emilio, canónigo de Toledo; Quintín, capellán de las Adoratrices de Burgos; Pedro, cardenal arzobispo de Sevilla). Pedro estudió en los escolapios de San Pedro de Cardeña, en el seminario diocesano de Burgos y en la Universidad Pontificia de Comillas, acabando como un integrista ultraconservador. En 1916 fue obispo auxiliar de Valladolid. En 1920 fue obispo de Coria-Cáceres, donde en 1922 recibió a Alfonso XIII en su visita a Las Hurdes y se mostró muy enérgico y monárquico. En 1926 fue arzobispo de Burgos, cardenal, y a final de año arzobispo de Toledo. No era diplomático, sino hosco en el trato, y como integrista católico duro, resultaba desagradable. El 13 de mayo de 1931, se marchó de España para evitar a los republicanos, y regresó el 13 de junio, siendo detenido en la frontera y expulsado de España. Había ordenado vender los bienes de la Iglesia y sacarlos de España. En 1937 fue nombrado arzobispo de Sevilla, creyendo los franquistas que era uno de los suyos, pero se equivocaron. Se opuso a que Franco fuera llevado bajo palio, a que en los muros de las iglesias y catedrales se pusieran placas con los falangistas muertos en la guerra civil, y cruces de los caídos en las que se celebraban ritos fascistas. Los falangistas le hicieron continuas pintadas en las paredes de la catedral. Se oponía a que Franco utilizase el apelativo de “Caudillo”. Era integrista católico, pero no fascista. En 1954 le pusieron al lado a un fiel servidor del franquismo, José María Bueno Monreal, como obispo coadjutor de Sevilla, hombre tan servil al franquismo que provocó que muchos sacerdotes abandonaran la sotana.

[5] Antonio Goicoechea Cosculluela había nacido en Cuba de padres vascos, pero había estudiado Derecho en Madrid y se hizo abogado de los políticos del Partido Conservador. Más tarde se hizo maurista y, tras la muerte de Maura, lideró a los mauristas. Colaboró con Primo de Rivera, y perdió gran parte de los militantes a partir de ello.

[6] Fernando Suárez de Tangil, 1886-1964, conde de Vallellano, había sido Alcalde de Madrid en 1924-1927, y representaba el alfonsinismo de Alfonso XIII y el tradicionalismo. En 1931 fue Vicepresidente de Acción Nacional, llamada Acción Popular a partir de 1932, hasta que se pasó a Renovación Española de Antonio Goicoechea en 1933. Implicado en el golpe de Estado de 1932, primero se fue a París, y luego fue encarcelado al regresar. En 1933 fue Diputado por Palencia y Vicepresidente de las Cortes. Tras el asesinato de Calvo Sotelo en 1936, Vallellano fue líder de los monárquicos, pero se retiró a Portugal porque sabía del golpe de 17 de julio. volvió para hacerse cargo de la Cruz Roja en la zona franquista, y luego colaboró en todo momento con el franquismo. Fue Ministro de Obras Públicas en 1951-1957.

[7] Evellin Dillge, La Política Agraria de los Gobiernos Republicanos.