20.10.01.La España de 1931.

              LA ESPAÑA DE 1931.

Conceptos clave: regeneracionismo, monarquía y república, sentido histórico de la república de 1931, la cuestión militar en 1931, la cuestión religiosa en 1931, la cuestión agraria en 1931, la cuestión regional en 1931, la cuestión económica en 1931, las clases trabajadoras en 1931, la masonería en 1931, el socialismo en 1931, el fracaso de la Segunda República, el fracaso de la derecha en 1931.

         La Segunda República como regeneracionismo.

     La Segunda República fue concebida por muchos como un regeneracionismo, similar al proyecto político de Cánovas, el de Silvela, el de Maura, el de Canalejas, el de Alba, el de Primo de Rivera, y lo sería también el franquismo. Todos participaban en la irracionalidad de generar grandes proyectos políticos que no contaban con las posibilidades económicas de España para financiarlos, ni con las posibilidades políticas de unir a los españoles en un ideal común, ni con las posibilidades técnicas para hacerlos posibles.

     Igualmente el proyecto de Primo de Rivera de 1923, había sido otro regeneracionismo: Un “Cirujano de Hierro” iba a terminar con la corrupción y el caciquismo, sin tener en cuenta que el Estado no intervenía en muchas de las necesidades de los españoles, como era su deber, y esas necesidades estaban siendo solucionadas por los caciques, o por “recomendaciones” de los militares y de los sacerdotes. Por tanto, la corrupción no era suprimible. Un gran gestor como Miguel Primo de Rivera, iba a construir, en teoría, miles de kilómetros de carreteras y ferrocarriles, pantanos y regadíos, y luego, el 90% de esas obras se quedaron en el papel. Eso significa, que el proyecto de Primo de Rivera era irracional y estaba condenado al fracaso.

     La Segunda República sería de nuevo un regeneracionismo en el sentido malo de esta acepción: teorizaron que, prescindiendo del Rey, una institución de la que decían que era de lo más corrupto, las cosas irían mejor. Era cierto que la monarquía española era corrupta, pero no bastaba con suprimirla. Estaba por ver si un Presidente de una República Española haría las cosas mejor. El Estado estaba en déficit crónico, la deuda era tan grande que ningún banco extranjero se atrevía a financiarla, los empresarios no admitían la autoridad del Estado, los obreros se sentían abandonados en manos de los capitalistas, los desórdenes marcaban el día a día de la calle, el terrorismo empezaba a ser aceptado como solución menos mala… Y todos esos males, y muchos más que iban adosados a ellos, no podían solucionarse por el simple hecho de tener un Jefe del Estado electivo, en vez de mantener un Rey hereditario.

     La lista de problemas a resolver en España con urgencia era muy larga:

  Agricultura:     Arcaísmo tecnológico; Desigual reparto de la propiedad; Descapitalización;      Exceso de población agraria; minifundismo; Absentismo de los grandes propietarios.

  Industria: concentración de instalaciones en regiones pequeñas, con desindustrialización del resto, lo que significaba escasa demanda generada en las regiones pobres;

  Comercio: Falta de poder adquisitivo generalizado; Exportaciones casi exclusivamente agrícolas y mineras;   Fuertes importaciones de bienes de equipo y manufacturas; Oligopolios financieros e industriales; falta de una red de comunicaciones interiores.

  Finanzas: Huida de capitales hacia el extranjero; Tesaurización y falta de inversiones; Depreciación de la peseta desde 1929: Durante la Segunda República Española, el problema de la crisis económica fue abordado por Prieto en 1931, y más tarde por Jaime Carner Romeu, el nuevo Ministro de Hacienda, restringiendo importaciones y restringiendo los gastos de Estado a base de reducir burocracia.

  Problemas Sociales: Autoconcepto del ejército de ser guardián del orden público; Autoconcepto de la Iglesia de ser la legitimación del poder; Fuertes migraciones campo-ciudad; Paro urbano masivo y en aumento desde 1930; Emigración hacia América; Arcaísmo ideológico sobre el bien, el mal, el deber, la familia y el trabajo, concebidos como deberes religiosos y no como valores morales; Analfabetismo del 32%; La imposibilidad de una extensión de la cultura, cultura que se creía que podía ser el vehículo de una transformación social; Falta de escolarización infantil; Falta de escuelas y maestros. Falta de presupuesto para abordar estos gastos; El fuerte anticlericalismo; la falta de libertad de expresión y los excesos en la libertad de expresión.

  Problemas Políticos: Reivindicación de la autonomía catalana, como sustracción de la soberanía española; Reivindicación de la autonomía vasca, en detrimento de la soberanía española; Reivindicación de la autonomía gallega desde 1930; Fuertes partidas de gasto para intereses de la deuda pública (23% del presupuesto) y para Guerra y Marina (20% del presupuesto), que dejaban muy poco dinero para temas sociales como la educación (8% del presupuesto); La actividad integrista de algunos obispos por organizar un movimiento católico con el lema «religión, familia, orden, trabajo, propiedad» y con el objetivo de ganar unas elecciones que se sabía que serían constituyentes; Proteccionismo que actuaba como factor retardatario del desarrollo agrícola e industrial; Partidos políticos demasiado elitistas; populismo como sistema de actuación de los políticos de todas las ideologías.

A ello se habían sumado desde finales del XIX, otros también de tipo político-histórico, heredados de un pasado que no los había sabido resolver: la descomposición del sistema político de turnos, el desprestigio del ejército tras las derrotas de Cuba 1898 y Marruecos 1909 y 1921, aparición de sindicatos beligerantes dispuestos a romper la sociedad y el Estado, y desprestigio de la monarquía tras la azarosa vida de Alfonso XIII, y el caciquismo que dominaba los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, gracias a la dejación que de ello hacía el Estado.

     La Segunda República era un momento de emersión y estallido de todos los problemas no resueltos en el siglo XIX y los acumulados a principios del XX. En este sentido, no era el único momento similar: se había planteado lo mismo en 1876, en 1898, en 1917, en 1923, y en otros momentos. España necesitaba soluciones, y estas soluciones se iban aplazando sucesivamente desde hacía décadas.

Monarquía o república.

Un Jefe del Estado hereditario no es democrático en cuanto al proceso de llegada al cargo, porque no todos los españoles están en igualdad de derechos de acceso al cargo. Pero puede ser útil a la democracia en el sentido de poder ser preparado para el cargo, y poder trabajar por cada uno de los derechos de cada uno de los españoles, la esencia misma de la democracia. La democracia liberal, no es votar, sino luchar por cada vez más derechos de cada vez más ciudadanos, para lo cual hay que votar, pues los derechos se contradicen unos a otros, y administrarlos es complicado. Si por democracia sólo entendemos votar, el Rey no es una institución democrática. Pero democracia fue el franquismo, el canovismo, y el comunismo, pues se votaba, pero nada de ello fue democracia liberal de respeto a los derechos humanos. Y de la democracia liberal y social, ni siquiera podemos hablar, pues no se planteó en España hasta finales del franquismo.

Si entendemos democracia como la voluntad de todos los ciudadanos, un Presidente de la República tampoco cumple siempre esas condiciones “democráticas” que se le suponen. Para su llegada al cargo, caben dos caminos: o por elecciones, en las cuales el ciudadano vota sobre lo que le informa la prensa, y la prensa es manejada por los poderes fácticos del momento, o por designación del Congreso de Diputados, en cuyo caso será el partido mayoritario, o una coalición de partidos, los que impongan al Presidente de la República, pero no estarán de acuerdo con esa designación los partidos perdedores. Y si esos partidos que imponen al Presidente de la República, ya están en la Presidencia del Gobierno, el que esos partidos posean además la Jefatura del Estado, no dispersa los órganos del poder, sino los concentra en unos pocos políticos, haciendo que las minorías y el ciudadano en particular, tengan menos posibilidades de recurrir y abogar por sus libertades. El sistema político perfecto no existe.

En cuanto a que un Presidente de la República pueda luchar por los derechos de cada español mejor que un Rey, es una cuestión casuística: si un Rey ha sido preparado durante su juventud para el cargo que va a ejercer, y se le ha preparado con honestidad, sin admitir asignaturas aprobadas “por ser el príncipe”, y además demuestra honestidad y sentido de la moral, puede ser un buen Rey. Si un Presidente de la República llega al cargo por su demagogia y capacidad de embaucar a los demás, puede ser un mal Jefe del Estado.  Monarquía o República, no es un dilema fácil de resolver.

     Los partidos de izquierda españoles querían república como banderín de enganche para una revolución, pero cada uno quería su propia revolución. De ello se derivó que, cuando tuvieron el poder en forma de República, lucharon los unos contra los otros en una lucha abierta y sangrienta: los comunistas estalinistas contra los trotskistas, los comunistas en general contra los anarquistas y contra los socialistas, los catalanistas contra los españolistas, los vasquistas contra los españolistas, y todos ellos contra los llamados “republicanos moderados” que sólo querían una democracia social representativa. Y el conjunto de la izquierda, se enfrentaba contra los partidos denominados de derecha. En España, República no significa lo mismo que en el resto del mundo. En 1931, república significaba para muchos españoles reparto de tierras, expulsión de los hacendados y grandes propietarios en general, ascenso de los trabajadores al poder… lo cual no es exactamente lo que se entiende comúnmente en el mundo por República.

              Continuidad o ruptura.

     En la idea de la República como regeneracionismo, vemos que la República Española fue continuidad en la lucha contra el analfabetismo, que del 70% en 1900, había bajado al 33% en 1930, y la república intentaría bajarlo aún más. La República fue lucha por la industrialización, pero poco pudo hacer aparte de proyectos. Fue un intento de reforma agraria, de modo que el campo tuviera más productividad, fue un intento de desarrollo de las comunicaciones, pero todo ello ya venía haciéndose desde hacía décadas. La República fue también continuidad de los viejos partidos, el conservador, el liberal, el PSOE, el PCE que siendo nuevo insistía en la vieja idea de revolución armada a favor de los trabajadores, y también de las viejas fuerzas movilizadoras de masas, los anarquistas y los católicos, pero no hubo renovaciones ideológicas como el liberalismo social o la socialdemocracia. Si contemplamos los proyectos de Santiago Alba en 1916, y los comparamos con los de la República de 1931 intentados por Chapaprieta, no vemos tantas diferencias. La idea fundamental regeneracionista, de convertir a los campesinos en propietarios minifundistas seguía siendo la misma irracionalidad de siempre: no había tierra para todos, no había presupuesto para hacer una reconversión como la que se proponían, no había dinero para capitalizar a los nuevos tenedores de la tierra, no tenía sentido expulsar de la tierra a los que sabían el estado de las explotaciones y la mejor manera de gestionarlas, los viejos propietarios, para instalar a unos nuevos colonos que sabían poco de los problemas agrarios, comerciales y financieros del campo.

La República era también continuidad en los proyectos de reforma militar, reforma religiosa, y reforma territorial de municipios y regiones. Azaña, el reformador republicano, no inventó nada. Todo estaba en los libros que él leía, pero que nadie hasta entonces había resuelto, y Azaña tampoco podría hacerlo.

     El 12 de abril de 1931, los políticos impusieron que los españoles votaran entre caciquismo y oligarquía por un lado, o democracia como alternativa. Y dieron por supuesto que la República era en sí misma la democracia, mientras lo anterior había sido caciquismo. Era una simpleza como planteamiento, y una falsedad. Y el pueblo español votó democracia, y los políticos entendieron que los españoles les habían votado a ellos, y cada uno entendió que los españoles habían votado por sus proyectos regeneracionistas, o por sus proyectos revolucionarios, aunque todos ellos eran distintos e incompatibles.

              La cuestión militar.

     Desde el punto de vista político, uno de los principales problemas era el militar, pues en España, desde principios del siglo XIX, era excesivo el poder de los generales. Los generales podían ir a ver al Rey sin pedir previamente permiso, y podían comunicarle lo que tuvieran a bien. Podían incluso sugerir amenazas, y aconsejar qué Ministro les gustaba, o manifestar que ya no les gustaba el Gobierno. Así, influían en el Rey, en los Ministros y en los Gobiernos. Esa actitud militar era política, y no funciones militares. No todos los generales aprovechaban estos privilegios, pero sí una minoría a los que les gustaba la política, o se creían representantes de la voluntad popular, o de la voluntad militar.

     Desde el punto de vista de la eficacia militar, otro problema paralelo al anterior, era la mala distribución del gasto militar: un excesivo número de militares consumía el presupuesto militar, y un gusto militar por la guerra, o por los ascensos conseguidos en ella, se traducía en déficits crónicos constantes. En cambio, se ahorraba en material militar, lo cual hacía que el ejército español fuera despreciable en Europa. Y se ahorraba en mantenimiento de cuarteles, ropa del soldado, instrucción de reclutas, comida de la tropa… lo que significaba que la moral del soldado era pésima en estas condiciones, y el prestigio social de los militares era nulo entre los españoles. El servicio militar inspiraba temor.

     En 1906, los militares habían ganado privilegios políticos mediante la Ley de Jurisdicciones, un estatus jurídico propio del ejército, que les permitía llevar a sus tribunales a todas las personas y asuntos que quisieran, con el simple pretexto de decir que incumbían a la moral, economía, buen nombre, o necesidades del ejército. En 1917, habían constituido Juntas Militares a modo de sindicatos, que también eran partidos de opinión política. En 1923, habían tomado el poder en forma de dictadura, y habían ocupado la totalidad de los Ministerios. El objetivo de esta dictadura era afirmar jurídicamente que ellos no eran responsables de las derrotas africanas, y que no estaban dispuestos a aceptar que el 50% del personal militar de mando tuviera que ser despedido a fin de hacer posible financiar al ejército. En el caso de los generales, sobraba el 80% de ellos.

     Primo de Rivera sobrevaloró su ascendencia sobre el ejército, y quiso solucionar el problema de Artillería. El Cuerpo de Artillería estaba enfrentado al resto de las Armas militares por los ascensos por méritos de guerra de los que disfrutaban los de infantería, complementado con la posibilidad de trasladarse de arma, y ocupar los puestos de mando altos. Ello impedía el normal ascenso por antigüedad rigurosa en Artillería. Primo de Rivera abrió el tema, y sólo consiguió reabrir viejas heridas. En 1930, se sabía que, cualquier decisión tomada por un Arma del ejército, sería contestada por otra Arma.

     El ejército estaba politizado y entre los militares, ellos distinguían entre monárquicos, republicanos, primorriveristas, artilleros y africanistas, cada uno de los grupos con sus líderes e ideología distinta.

     El problema era muy difícil para Primo de Rivera, lo fue para la República que no logró resolverlo, y lo siguió siendo para Franco, el cual decidió exigir la unidad de sus filas por las bravas. Fue duro, pero lo hizo, y ello le permitió ganar la guerra.

               La cuestión religiosa.

Los primeros roces entre el Gobierno y la Iglesia venían provocados por el Concordato de 1851, que daba privilegios a la Iglesia como estar al margen de la justicia ordinaria, no aceptar la supervisión del Estado sobre sus bienes y personal, cobrar sus propios impuestos, estar exenta de algunos que pagaban todos los españoles de clase media y baja, y administrar los matrimonios y entierros de todos los españoles. Los “neocatólicos” calificaban de “liberales” a los que querían quitar estos privilegios a la Iglesia. Por ello, llegaron a decir: “el liberalismo es pecado”.

La Iglesia se estaba enriqueciendo a gran ritmo, a pesar de las muchas declaraciones de pobreza. El signo externo más visible era que estaban construyendo colegios lujosos e iglesias carísimas, cuyo coste sobrepasaba las posibilidades del país y del Estado español.

La cuestión se complicó con la inmigración masiva de sacerdotes franceses a raíz de la proclamación de la III República Francesa, 1870-1940. Y también la inmigración de órdenes religiosas portuguesas a partir de 1910.

Pero reconducir el problema de la Iglesia era complicado. A los liberales les era muy difícil distinguir entre necesidades reales de la Iglesia, como gastos de culto y derecho a impartir la enseñanza religiosa, con las pretensiones católicas de dominar cuanto pudieran, y de dirigir las conciencias de los jóvenes mediante la enseñanza en sus grados elemental y medio.

Cuando la República declaró el Estado no confesional en 1931, el sobresalto de los católicos integristas fue muy grande.

     La cuestión agraria.

Había un problema de relaciones jurídicas entre los propietarios y los colonos de las tierras. Había un problema de regulación de las relaciones laborales entre los propietarios y colonos con los jornaleros. Y había un tercer problema de eliminación de privilegios señoriales. Esos eran los problemas reales. Pero lo que se pretendía atacar desde el Gobierno, era un reparto de la tierra entre millones de jornaleros sin tierra, aparceros sin seguridad en la continuidad de sus explotaciones, arrendatarios muchas veces minifundistas, y pequeños propietarios cuyo nivel de vida a veces era peor que el del resto de los grupos citados. Se intentaba abordar un imposible. Y el resultado previsible era el fracaso.

     La cuestión regional.

La cuestión regional afectaba sobre todo a las aspiraciones del País Vasco y de Cataluña de ser autónomos. Antonio Maura había intentado una cierta descentralización administrativa, y para ello tendía puentes a las peticiones de Prat de la Riba en Barcelona, y Francesc Cambó en Madrid. Pero Maura hablaba tan solo de descentralización administrativa, y Prat de la Riba hablaba de Autonomía Política. Eran cosas muy diferentes.

Canalejas intentó escuchar las reivindicaciones catalanistas, e hizo el Proyecto de Ley de Mancomunidades. Ello le enfrentaba al resto de las regiones españolas, pues el proyecto estaba hecho “para Cataluña”.

Eduardo Dato sacó adelante la Mancomunidad de Cataluña por Decreto Ley, la única vía posible en medio del descontento general de los demás españoles.

Prat de la Riba obtuvo para Cataluña poder sobre las infraestructuras viarias y sobre las actividades culturales, e hizo una campaña de propaganda por la que presentó los hechos como un abuso de Madrid sobre los “pobres catalanes”.

Santiago Alba quiso poner impuestos a los burgueses. Pero todos los españoles sabían que la mayoría de los capitalistas industriales españoles eran catalanes, o vascos. Entonces, los burgueses se envolvieron en la bandera catalana, y la bandera vasca, levantaron al pueblo, y se libraron de pagar impuestos al nivel que su enorme riqueza lo permitía. Y además, pasaron por progresistas, cuando era una actitud antisocial y muy de derechas.

En 1918, los catalanistas aprovecharon la declaración de paz tras la Gran Guerra, para relanzar el catalanismo. Las empresas habían ganado mucho dinero, y se preveían más ganancias en los próximos años. No fue así, sino que hubo contracción del mercado exterior, porque los extranjeros dejaron de comprar a precios tan altos como habían puesto los empresarios catalanes durante la guerra.

En 1919 se produjo una confrontación burguesa denominada “L`Espanya grand”, por la que Cataluña iba a recibir un Estatuto autonómico, y se lo iba a dar Romanones.

También en 1919 se produjo el inicio de una gran conflictividad social, uno de cuyos hitos fue la huelga de La Canadiense, planteada por CNT.

Los burgueses de Lliga mantenían que no había solución posible al conflicto social y al autonómico, si no les concedían los privilegios que ellos pedían, el más importante de los cuales era dominar el Gobierno de Cataluña. En el caso del terrorismo, que ellos mismos promovían en el caso de los pistoleros anti anarquistas, culpaban al Estado de no solucionarlo, es decir, de no quitarles de en medio a los anarquistas.

La izquierda catalana aprovechó para reivindicar una revolución proletaria, y el asunto presentaba varias versiones, muchas de ellas incompatibles entre sí.

En 1923, los burgueses catalanes simpatizaban con Primo de Rivera y apoyaron su golpe de Estado. Y Esquerra se puso radicalmente en contra. Se demostraba que el catalanismo tenía incompatibilidades dentro de Cataluña, y ambas tendencias no podrían convivir. Una era muy de derecha, y la otra muy de izquierdas. Pero el Dictador decidió ponerse en contra del regionalismo catalán, y ya tuvieron todos los catalanistas un punto en común: estar en contra de Primo de Rivera. Éste suprimió la Mancomunidad y se puso en contra de todos, pero contaba con la fuerza del ejército, y ello le bastaba para mantenerse.

     La cuestión económica.

     En 1930, España tenía 23,5 millones de habitantes y en 1935, 24,4 millones. La población potencialmente activa en 1931 era de unos 8,5 a 9 millones de personas, de los cuales más de 3,7 millones (45%) trabajaban en la agricultura, 2,2 en la industria y 2,5 en los servicios. 3,5 millones de personas trabajaban en el campo, y de ellos, 1,5 millones eran propietarios, 0,5 millones eran arrendatarios y aparceros, y más de 2 millones eran jornaleros y “criados agrícolas”, y muchos de ellos vivían en el sur de España: distintas fuentes hablan de entre 1.500.000 y 1.900.000 personas trabajando a jornal en el sur.

     Los jornaleros agrícolas eran muy abundantes al sur de la línea imaginaria que uniese las ciudades de Salamanca y Alicante. Al norte de esa línea había un 57% de familias explotadoras de la tierra en régimen de propiedad (40%) o de arrendamiento (17%). Al sur, solamente el 25% de las familias trabajaban su propia empresa agrícola, en propiedad (14%) o en arrendamiento (11%). Se podía considerar que el 12% de los propietarios y el 7% de los arrendatarios disfrutaban de suficiente tierra, puesto que podían contratar al menos un obrero fijo durante el año.

     La condición de jornalero del campo era especialmente penosa. Carecían de herramientas, animales, experiencia y conocimientos de agricultura y de cualquier otra cosa (eran analfabetos). En esas condiciones, hasta regalarles la tierra era un fracaso seguro, y se hizo a sabiendas de que lo era. Hasta el 44% de la población agraria eran jornaleros eventuales y otro 13% eran fijos en el sur, es decir, casi el 60% de la población agrícola vivía de jornales del campo. Eso representaba casi el 30% de la población activa total.

     Los jornaleros tenían trabajo entre 180 y 250 días al año, excepto cuando fallaba una de las cosechas, trigo, vid u olivo, en cuyo caso los jornales podían reducirse hasta los 130-150. El salario medio cobrado en el campo estaba en las 5 y 7 pesetas, algunas veces por debajo del mínimo legal que era de 5,5 pesetas, pero en Andalucía y Extremadura se pagaban muchos salarios de 3,5 pesetas. Como comparación, sirva que un obrero de Madrid ganaba unas 9 pesetas diarias, y un yuntero (el que trabajaba poniendo una pareja de bueyes suyos) cobraba 15 pesetas diarias. Las diferencias salariales eran excesivas.

     La situación de muchos propietarios no era mejor que la de los jornaleros. Se calculaban necesarias para vivir unas 10 hectáreas de secano, o 1 hectárea de regadío. Más de un millón de propietarios de fincas no llegaban a estas dimensiones, si bien siempre tenían el recurso de “dar jornales” que ayudaran en los ingresos familiares, pero ello implicaba trabajar duro para los demás y trabajar más, e implicar a la mujer y los hijos en el cuidado de lo propio.

     Conocido sobradamente el problema agrario por los gobernantes, éstos dedicaron sus esfuerzos a otras medidas menos populares pero, aparentemente, de más fácil ejecución, tales como la reforma de los arrendamientos a corto plazo, la reforma del minifundio y la cancelación de los foros (arrendamientos perpetuos).

     El sector secundario tendría unas 2.400.000 personas. El sector terciario unas 2.500.000 personas. Los asalariados urbano-industriales se calculan en 1,5 millones. Había muchos grupos asimilables a pobres, tales como empleados de pequeño comercio (vendedores ambulantes), artesanos con muy poco trabajo y servicio doméstico (350.000 sirvientes).

     En el sector secundario había muchas diferencias de salarios. Los mayores, de 6 a 10 pesetas, se cobraban en la metalurgia, vidrio, albañilería, minería y ebanistería, mucho de ello en la cornisa cantábrica. Los medios, de 5 a 8 pesetas, se cobraban en el sector textil y derivados de la agricultura, la mayor parte en Cataluña y Región Valenciana. Los menores, de 2 a 4 pesetas eran los cobrados por los oficios de la mujer (costureras, modistas y fábricas textiles).

     El sector secundario tenía unos problemas específicos: La vida en la ciudad era más cara que en el campo y se calcula que vivir dignamente costaba unas 15 pesetas diarias. Aunque los salarios de la industria eran más altos que los del campo, no solía llegar para vivir dignamente sin la cooperación de la mujer y los hijos. Por ejemplo, la renta de un piso (vivienda) de pobres costaba unas 50 pesetas, lo que ya subía a casi dos pesetas diarias.

     Los días de vacaciones a que tenía derecho un trabajador, agrícola o industrial, eran 52 domingos, 8 festivos (1 de enero, 14 de abril-Día de la República, 1 de mayo, 12 de octubre, 25 de diciembre y 3 fiestas locales) y, cuando se llevaba más de un año en una empresa, unas vacaciones que oscilaban entre 7 y 21 días según la gracia del empresario.

     El pan valía a 0,6 pesetas por kilo; la   carne de vaca,  3,40 pesetas por kilo; la carne de cerdo, 4,80 pesetas por kilo; la leche, 0,64 pesetas por kilo; el vino, 0,61 pesetas por litro; el aceite, 1,95 pesetas por litro.

     Un obrero ganaba unas 44 pesetas semanales, lo que representa 7 pesetas y pico diarias, y los domingos no trabajaba y no cobraba. Habían bajado los salarios desde 1925 debido a las crisis de posguerra de la Primera Guerra Mundial unas 4 pesetas semanales. Los obreros metalúrgicos ganaban hasta 10 pesetas diarias, y los jornaleros del campo no llegaban a las 5 pesetas diarias.

     La ley y los jurados mixtos, eran bastante ineficaces a pesar del todo el autobombo que se daban los socialistas en cuanto a sus logros sociales. En las grandes empresas, los jurados mixtos tenían sentido. En la empresa familiar con uno o dos obreros y algunos eventuales, las cosas funcionaban al margen de la ley.

     En el sector terciario era muy importante el grupo de empleadas de hogar (criadas, sirvientas, amas de cría, nurses, amas de llaves, cocineras, señoras de compañía), muchas de las cuales trabajaban por la comida, cama y un vestido al año, sin retribución dineraria alguna. Ello nos puede llevar al engaño de creer tener una sociedad con cierto grado de desarrollo puesto que las cifras frías dan un 25% de sector terciario. Si entendemos por sector terciario solamente el comercio, banca, servicios prestados por empresas y los funcionarios públicos, el sector terciario reduciría en mucho sus cifras.

     El paro conocía cifras oficiales del 4% en 1930 y del 7% en 1934 en plena crisis de los años treinta. Estas cifras eran gravísimas dada la dimensión de la población activa del sector secundario y terciario que no superaba el 33% de la población total. Debemos tener en cuenta que no se consideraba que trabajasen las mujeres, que había unas pensiones de vejez muy bajas, que aunque había subsidio de maternidad y accidentes de trabajo, no había subsidio de desempleo, ni de enfermedad común ni protección ante los accidentes de la agricultura o las enfermedades profesionales por parte del Estado. El paro de una persona suponía, casi indefectiblemente, el ingreso cero para una familia de cinco o seis miembros.

     Las clases altas estarían conformadas por unos 12.000 terratenientes, 80.000 grandes empresarios y 40.000 grandes comerciantes en términos generales, muy difíciles de precisar.

     Lo más importante de esta sociedad es su sentido de clase en lo que respecta a la política, pues se intentaba cambiar el sistema de propiedad impuesto por el siglo XIX en España.

     Latifundistas, banqueros e industriales se apoyaban políticamente en la Iglesia y el Ejército. Las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda representaban a las clases revolucionarias. La pequeña burguesía, clave para evitar el enfrentamiento entre las clases alta y baja, no tenía un proyecto político desarrollado.

     A partir de 1931, las élites sociales perdieron cierto control sobre las elecciones con las medidas republicanas, pero conservaron su poder económico para presionar sobre los votantes y sobre los Ministros. El caciquismo evolucionó a formas más sibilinas.

     El nuevo arquetipo de político de 1931, era el intelectual y profesional liberal de poco poder adquisitivo, esto es, maestro, profesor, médico, veterinario, abogado, etc. Sobre él, pesaban siempre el poder del dinero, las influencias que puedan tener sobre su voluntad el dinero y las promesas y favores de la oligarquía económica.

     La poca participación directa de auténticos burgueses en el Gobierno, da una pobre impresión sobre la burguesía española. La autentica burguesía, propietaria de muchos mediso de producción, existía en Cataluña, País Vasco, algunos industriales y comerciantes de las grandes ciudades y los tradicionales propietarios agrícolas latifundistas. También hay que tener en cuenta que la gran burguesía se había apuntado al regionalismo y, quizás por eso, se les veía menos en Madrid.

     Los problemas sociales a resolver por el Estado eran fuertes. El analfabetismo llegaba al 30%. Los niños de 6 a 12 años sin escolarizar eran el 51%, lo que equivalía a más de 1.000.000 de niños no escolarizados. El número de aulas era de 42.766 y ello daba una ratio de 48 alumnos por aula, aunque en la práctica cada maestro tenía cada día poco más de una docena de alumnos.

     La crisis de los años treinta se traducía en España en una crisis por abandono de la política de inversiones de la dictadura de Primo de Rivera y de retracción de la producción agrícola por inseguridad ante las decisiones del Gobierno. El comercio exterior casi desapareció por efecto de la crisis mundial. El estancamiento económico, quizás no podemos hablar de crisis en España, se tradujo en ansias revolucionarias como única salida a la situación española que veían los partidos de izquierda. Revolución se identificaba con República. Una vez declarada la república, la revolución amenazaba con convertirse en dictadura de un socialismo de clase, o en un anarquismo, y daba miedo incluso a parte de los revolucionarios.

Calvo Sotelo quiso en 1929 aliviar la deuda pública española. Pero la banca extranjera no le concedía créditos, como ya venía sucediendo desde hacía décadas con otros gobernantes. No era una cuestión política, sino que España era un país pobre con una deuda inmensa, y el Estado parecía insolvente. Los programas regeneracionistas se quedaron sin hacer, porque no había dinero.

En 1929 empezó la crisis mundial. Y las cosas desde entonces fueron a peor para España: Según Ramón Tamames, las exportaciones españolas cayeron en picado a partir de 1930. Tomando como índice 100 el año 1929, en 1931 se exportó el 46,9; en 1932, el 35,1; en 1933, el 31,9; en 1934, el 29,6; y en 1935, el 27,8 de lo exportado en 1929. Así pues, todo el periodo de la Segunda República fue una época de crisis económica, en la que los Gobiernos de España estuvieron fuera de la realidad, intentando reformas muy caras, que eran imposibles de financiar y, por tanto, irrealizables. Cuando hablemos de Reforma Agraria, o de expropiaciones, habremos de tener en cuenta que todo era una ficción de los políticos, muchos de ellos ignorantes como Largo Caballero, y otros conscientes como Azaña.

Debido a la falta de efectivo en divisas, y a la falta de crédito exterior, las importaciones españoles hubieron de ser reducidas en el mismo grado en que se empequeñecían las exportaciones. Y ello produjo escasez y malestar generalizado.

Los graves conflictos sociales que la izquierda echaba en cara a la derecha, y la derecha a la izquierda, tenían mucho que ver con la crisis económica, y menos con la política. Pero debemos decir que a muchos les interesaba el conflicto por el conflicto, el alboroto, la calle sublevada, porque creían que ése sería el caldo de cultivo de su revolución, de su proyecto revolucionario. El paro ascendió a 700.000 personas en 1935, en una España donde se consideraba que los agricultores no estaban en paro, y los agricultores sin trabajo eran millones. El poder adquisitivo familiar bajó mucho desde que la República decidió no hacer subidas de salarios paralelas a la inflación. Eso provocaba que los obreros se afiliaran masivamente a UGT y CNT, y nos cabe la sospecha de que los sindicalistas estaban muy felices con la crisis, porque les daba muchos afiliados y ello hacía ver más cerca la revolución, socialista en un caso, o anarquista en el otro.

         El proletariado industrial.

     El proletariado urbano tenía un nivel de vida más alto que el rural. Trabajaban como empleados de banca, comercio y servicios públicos (serenos, barrenderos y empleados municipales diversos).

     Un obrero metalúrgico de Madrid o de Barcelona podía ganar entre 6 y 10 pesetas al día, un poco más en Barcelona en las grandes fábricas, y un poco menos en los pequeños talleres. Un obrero del campo podía ganar entre 4 y 6 pesetas al día.

     El nivel de vida de los obreros era pues muy diverso, pues las diferencias entre el que ganaba 4 pesetas, o no llegaba a esa cantidad, y el que ganaba más de 10 pesetas, eran muy grandes. En Cataluña, las diferencias entre catalanes de pro que ocupaban los puestos buenos, y los inmigrantes que ocupaban los peor retribuidos, eran muy evidentes.

Los que vivían en distintas regiones tenían costumbres diferentes y hasta idioma diferente. Los obreros sólo tenían en común la dependencia de un patrón que trataba de reducirles el salario e incrementar el tiempo de trabajo, y la amenaza del paro. Un ferroviario ganaba 7 pesetas al día. Un albañil ganaba entre diez y 12 pesetas diarias, pero no ganaba nada cuando no trabajaba, y había paro casi todo el invierno.

     Una familia con tres hijos, que sería muy normal, pues era frecuente que tuvieran más de esa cantidad, necesitaría unas 70 pesetas semanales para comer, 40 pesetas para alquiler de casa y transporte, vestido, electricidad, calefacción (carbón o madera), seguros, médico y tabaco. El hombre podía aportar 60 pesetas semanales en un trabajo bien pagado, e incluso 70 pesetas a veces. Era necesario que la mujer trabajase por otras 40 pesetas a la semana, pues había gastos médicos, y otros gastos imprevisibles y casuales. La forma de vivir más barato era instalarse en una chabola, con lo cual se ahorraban el alquiler. Los pisos de renta asequible costaban menos de 50 pesetas al mes, pero eran muy pocos, y los obreros solían alquilar una habitación con derecho a cocina, a alguien que tenía una casa. En esa habitación dormían el matrimonio y tres o cuatro chiquillos.

     El desempleo en 1930 era grande, y fue creciendo en años sucesivos. No tenemos datos.

     Las industrias que ocupaban a más trabajadores eran:  La construcción, con 430.000 obreros en 1933, se concentraba en las áreas más ricas, como Barcelona, Madrid y Vizcaya. En la construcción había paro crónico casi todo el invierno. Las metalúrgicas, con 200.000 obreros en 1933 (la mayoría en el País Vasco); la metalúrgica pesada radicaba en Vizcaya, y secundariamente en Asturias y Valencia, y contaba con 50.000 obreros; la metalúrgica ligera se localizaba en Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa y Valencia, y ocupaba a unas 120.000 personas. El sector textil, con 220.000 obreros, la mayoría en Cataluña, y centros secundarios en Valencia y Alicante. El sector de la confección se concentraba en Barcelona y Madrid, y ocupaba a 130.000 personas. La industria de la madera se concentraba cerca de las grandes aglomeraciones urbanas de Barcelona y Vizcaya, y ocupaba a unas 190.000 personas. La industria química se concentraba en Barcelona y secundariamente en Madrid, y ocupaba a unas 55.000 personas. La minería se concentraba en Asturias (carbón), Vizcaya (mineral de hierro), y ocupaba a una cifra entre 120.000 y 170.000 hombres. La industria de la alimentación se concentraba junto a las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, y ocupaba a unas 140.000 personas. La industria de la alimentación estaba dispersa, pues es un sector que busca la proximidad al consumidor.

     En el sector servicios trabajaban unas 750.000 personas: 210.000 en el comercio; 185.000 en los transportes; 70.000 en banca; 70.000 en agua, gas y electricidad; 45.000 en hostelería; 130.000 personas eran funcionarios del Estado, y 45.000 trabajaban en la enseñanza.

     Desde 1904 era obligatorio el descanso dominical, ratificado en 2 de febrero de 1920 por una nueva ley. Y desde 1918, sólo se trabajaban ocho horas al día.

     Barcelona era en 1931 la ciudad con más diferencias sociales y hasta raciales, entre el catalán viejo, los nuevos catalanes, y los charnegos (inmigrantes). Sus habitantes estaban segregados en barrios distintos, destacando los ricos barrios de la burguesía, en el Ensanche, y los distintos barrios obreros, según capacidad de consumo de cada uno.

     En Madrid, los obreros estaban repartidos entre los diez distritos de la ciudad, y algunos obreros vivían en los pisos altos de las viviendas de los burgueses, según el modelo decimonónico de bajos para sirvientes y cocheros, además de alguna tienda, principal para vivienda del burgués, primero y tal vez segundo para funcionarios, y piso alto y buhardillas para asalariados y estudiantes con poco poder adquisitivo.

     En Bilbao, la burguesía vivía en un margen de la ría, la derecha, y los obreros en la izquierda.

          Masonería y república en 1931.

La masonería estaba ampliamente extendida entre las élites políticas españolas. Era una tradición que venía desde el siglo XVIII. Eran masones: Melquiades Álvarez, del Partido Reformista; Manuel Portela Valladares; Diego Martínez Barrio, de Unión Republicana; Marcelino Domingo; Lluis Companys; Alejandro Lerroux, que abandonó en 1932; Rafael Salazar Alonso, que abandonó en 1932; General López Ochoa; General Sebastián Pozas; Jiménez de Asúa, socialista; Fernando de los Ríos, socialista; Cayetano Bolívar, comunista; Manuel Azaña se hizo masón a finales de 1931.

     Los masones eran republicanos anticlericales, de clase media. La Gran Logia Española predicaba la libertad de pensamiento, de expresión y de culto; el sufragio universal; la separación de la Iglesia y el Estado; el matrimonio civil con divorcio; la expulsión de las órdenes religiosas de obediencia distinta a la debida al Estado; abolición de la pena de muerte; ejército voluntario; enseñanza laica y gratuita; usufructo de la tierra para los que la trabajan; Estado federal; abolición de los ejércitos, de los reclutamientos forzosos; abolición de la pena de muerte. En fin, no era más que un liberalismo progresista, pero como en España era difícil sobrevivir a los ataques de los antiliberales, las ideas progresistas sólo se manifestaban en privado, y en reuniones secretas como las de los círculos masónicos.

     El papel más importante jugado por la masonería en este tiempo, fue ayudar a los “hermanos” a huir de las persecuciones. Se hacía por Gibraltar en julio de 1936, o durante los disturbios de Asturias. También por Lisboa y por algunos puertos españoles. Un papel secundario fue la difusión de ideología, lo cual no puede confundirse con protagonismo en la política, aunque ambas cosas fueran más o menos coincidentes.

     Eduardo Comín Colomer, 1908-1975, policía y periodista franquista, publicó en 1956 y 1959 que todo lo sucedido durante la República lo habían hecho los masones, pero ello no es cierto, pues los socialistas y anarquistas tuvieron un papel mucho más importante que los masones. Además, la mitad de los hombres que cita como masones, no lo eran. Representa la obsesión franquista por culpabilizar de todo lo malo a “la conjuración judeomasónica internacional”. Los franquistas “enterados”, decían tonterías como que los masones estaban al servicio de Inglaterra. Otros decían que eran judíos, y otros que eran comunistas, evidenciando un desconocimiento absoluto del tema.

         Socialismo y República

     El PSOE-UGT eran el organismo mejor preparado en infraestructuras, para organizar el Gobierno de la República, puesto que tenían muchas agrupaciones por todo el territorio y tenían muchos afiliados. Pero la postura de colaboración con la Dictadura en 1923-1929, les hacía no deseados por los republicanos. Los republicanos pensaban que el protagonismo había sido suyo, y no estaban dispuestos a ceder a los socialistas el poder. En cambio, la mayoría de los españoles creía que era la hora del PSOE-UGT, y se afiliaron masivamente a estos organismos. Los republicanos necesitaban a los socialistas, a los que no querían. Y entregar el poder a los anarquistas era un suicidio político. Los españoles apoyaron a PSOE.

     Pero el PSOE no estaba preparado ideológicamente para la responsabilidad de democratizar España. Los análisis de la realidad que hacía eran deficientes, y estaban condicionados por el dogma de la revolución del proletariado, por la conquista del poder para el socialismo, lo cual se denomina “socialismo de clase”.

     Ningún dirigente socialista interpretó correctamente el momento de la Segunda República. Todos se atenían a la doctrina impuesta por Pablo Iglesias de que era necesaria una revolución burguesa anterior a la revolución socialista, y de que los obreros se impondrían finalmente para tomar el Estado y las empresas bajo su poder. Los dirigentes socialistas de principios del XX dijeron que había una burguesía progresista, los republicanos, que querían desplazar a la vieja burguesía terrateniente que había gobernado durante el XIX. Era una teoría demasiado simplista. Esta teoría adolecía de calificar a todos los republicanos como progresistas, y a todos los terratenientes como conservadores. El análisis no se atenía a la realidad de su tiempo, y al aceptar viejos esquemas del pasado, no contaba con que la realidad es dinámica, y en ello fallaba en uno de los principios del marxismo. Precisamente, entre los Ministros de la Primera República, habría gentes de todos los signos políticos, incluso de extrema derecha. Era cierto que Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Diego Martínez Barrio eran progresistas, pero también era verdad que el Presidente Niceto Alcalá-Zamora, y el Ministro del Interior Miguel Maura eran conservadores, y que aparecía un tipo extraño, Alejandro Lerroux, que se presentaba a sí mismo como republicano de izquierdas, pero era un ultraconservador populista, aunque su partido se llamase Republicano Radical. Y efectivamente, seis meses después, octubre de 1931, Lerroux ya se manifestaba como enemigo del PSOE. Por lo tanto, no era seguro que la República condujese a un liberalismo progresista, y cabía la posibilidad de que pudiera incluso alejar las posibilidades de una revolución socialista.

     Y en otro aspecto de este error de análisis socialista, había que tener en cuenta que la oligarquía terrateniente había dejado de ser feudal en 1812, y ya no era un elemento a derribar, sino en los libros de texto escolares. Había que tener en cuenta a la oligarquía terrateniente en el caso de que se asociara a la burguesía comercial, la cual había aprovechado la desamortización para comprar tierras y explotarlas, no siempre cultivándolas precisamente. Si hubieran analizado mejor el siglo XIX deberían haber llegado a la conclusión de que las relaciones de producción habían cambiado, y de que era una tontería seguir afirmando, como hacían algunos, que en España continuaban las relaciones feudales, y que lo prioritario era acabar con ellas. Eso era pura demagogia y falsedad. Tal vez el argumento era válido para los mítines electorales, pero no se debe creer en todo lo que los políticos dicen en los mítines. Alguna de estas cosas siguen diciéndolas en el siglo XXI.

     La importancia de que los intelectuales dirijan los partidos, consiste en evitar errores como los que estaban cometiendo los socialistas en 1931: en primer lugar, confundían los conceptos de revolución burguesa, capitalismo industrial y democracia burguesa, socialismo de clase y socialdemocracia. Revolución burguesa es que los propietarios se hagan con el poder; capitalismo industrial es que se junten grandes capitales para emprender negocios como los que requiere la industria de después de la revolución industrial, lo cual no es bueno ni malo, sino lo importante es quién controla esos capitales; democracia burguesa es que el sistema político burgués se ponga al servicio de los intereses de los burgueses, en vez de al servicio de los intereses generales. Socialismo de clase es que los obreros tomen el poder, y se impongan sobre la iniciativa empresarial y sobre el tinglado de funcionarios del Estado. Y socialdemocracia es que el Estado se ponga al servicio de los intereses de todos los ciudadanos, también los de los empresarios, además de los de los trabajadores. Nadie había llegado en España a esta altura conceptual.

     En segundo lugar, los socialistas confundían latifundismo, caciquismo y feudalismo. Latifundista es el propietario de extensiones agrarias muy superiores a lo que una familia es capaz de trabajar en una región determinada. Caciquismo es que los grandes propietarios influyan sobre los políticos y las instituciones políticas, a favor de sus intereses personales o de grupo. Feudalismo es la división de la sociedad en estamentos, o grupos de los que no se puede salir ni entrar sino por decisión de una segunda persona ajena a los intereses del individuo, el Rey que ennoblece, o el obispo que ordena sacerdotes. En el liberalismo, el individuo progresa por sí mismo, o por méritos hechos ante instituciones estatales.

     Y en tercer lugar, los socialistas querían que las doctrinas de los teóricos franceses fuesen aplicables a España, lo cual es imposible, pues se trataba de dos realidades diferentes, en distinto grado de desarrollo, y las soluciones tenían que ser, por fuerza, distintas. Ningún modelo de ningún país vale para otro cuando la realidad social, económica, jurídica y de tradiciones de cada uno, es distinta.

     Tras un análisis mal hecho, las consecuencias de las políticas adoptadas por los socialistas resultaban equivocadas: En primer lugar, no había en España una clase política burguesa deseosa de cambios hacia un liberalismo avanzado y progresista. Al contrario, la burguesía española soñaba con recuperar los viejos privilegios que la revolución burguesa les había arrebatado durante el XIX. Querían recuperar el voto exclusivo para ellos, y el manejo del Gobierno. Pero eso no significaba que quisieran recuperar el feudalismo, lo cual no era más que una expresión tonta, dicha para oyentes presuntamente más tontos todavía. En esta posición, las iniciativas socialistas estaban condenadas al fracaso. Y en efecto, la derecha ganó las elecciones de noviembre de 1933, lo cual tampoco sirvió para que los socialistas aprendiesen. Y como no aprendieron, los socialistas se dividieron entre un grupo moderado (Prieto, De los Ríos y Saborit) que seguía pensando que no era precisa la violencia para conseguir la revolución, y un grupo radical (Largo Caballero) que se pasó a defender la violencia como único camino al socialismo, lo cual le acercaba a los comunistas.

     Ante el fracaso, los pseudointelectuales que dirigían el socialismo, en vez de hacer mejores análisis de la realidad, se dedicaron a culpabilizarse los unos a los otros. Ese divertimento no es más que una pérdida de tiempo, y una injusticia a veces. Los más feroces, tratan entonces de hacer purgas, catarsis, limpiezas ideológicas, de los que no piensan como ellos, y se convierten en auténticos absolutistas, retrocediendo en el progresismo, aunque ellos dicen de sí mismos ser muy progresistas.

     Los socialistas trataban de defenderse de la acusación de colaboracionismo con la dictadura, con el argumento de que colaboraban cada vez que el obrero necesitaba ayuda, y de que colaborarían con la República el tiempo necesario antes de que llegara la oportunidad del movimiento revolucionario socialista.

     Hubo tres obras de pensamiento socialista en 1932:

  Cordero Pérez, Manuel. Los socialistas y la revolución. Cordero era un vividor que acumulaba sinecuras en UGT, y a través de UGT, e hizo una fortuna gracias a su militancia en el socialismo. Llegado agosto de 1933, explicó el ascenso de Hitler como un fenómeno transitorio, que acabaría en el momento en que terminase la crisis moral que sufría Alemania. No era un analista fiable. Había sido un inmigrante a Madrid que se hizo tendero, panadero, y mozo de imprenta, y en 1905 se afilió a PSOE, donde aprendió a leer y a escribir, y empezó su promoción personal: vocal de la Comisión Ejecutiva de UGT en 1914, Concejal por Madrid en 1919, Diputado en 1923, Diputado en 1931, Presidente de la Comisión de Responsabilidades para juzgar a monárquicos y partidarios de la dictadura, gestor del Frente Popular de 1936. En 1939 huyó a Francia, y desde allí a Argentina.

  Ramos Oliveira, Manuel. Nosotros los marxistas. Ramos empezó haciendo una apología de la actuación del PSOE durante la Dictadura, y echando abajo los argumentos del comunista Joaquín Maurín. Afirmó que el éxito de Lenin en Rusia era simple oportunismo, y que Lenin no representaba al marxismo. El marxismo estaba mejor representado por los partidarios de la revolución gradualista, como Pablo Iglesias. Las reformas progresivas desplazarían a la burguesía, y ello sería la tarea de la República. Y en un momento dado, vendría la oportunidad del PSOE de introducir el socialismo. Mientras tanto, no había que asustar a la burguesía diciendo que los socialistas iban a la revolución socialista, porque ello actuaría en contra del socialismo mismo. Ramos Oliveira no analizaba las relaciones de producción ni la distribución del poder en su tiempo. El motivo que impulsó a Ramos a escribir, era contestar a Gabriel Morón, un dirigente sindical cordobés que en 1929 había escrito contra el PSOE por su colaboracionismo. Morón afirmó que las tácticas gradualistas y reformistas nunca tendrían éxito, y había que ir a la revolución violenta para adueñarse de los resortes del poder. También Javier Bueno había criticado al PSOE y era replicado por Ramos. Javier Bueno se oponía a que hubiera una posición dominante dentro del PSOE, pues ello reproducía la injusticia social. En 1933, Bueno dirigía la revista Avance, y se mostraba radical en la necesidad de que los socialistas tomaran el poder por la fuerza.

  De Santiago, Enrique. La UGT ante la revolución. De Santiago era amigo de Besteiro y se limitó a afirmar que sólo los socialistas podían dirigir responsablemente el movimiento obrero, lo cual está bien como autoadulación, pero servía de poco. Afirmaba que los socialistas tenían una moral muy superior a otras formaciones políticas, lo cual también era agradable de oír a los demás socialistas.

     Todos estos autores trataban de justificar las actitudes de PSOE-UGT, y ninguno era un avance en el análisis objetivo de la realidad de su tiempo. Todos vivían de la organización PSOE-UGT, y servían a su amo.

     En conclusión, el PSOE y UGT tenían claro en 1931, que debían apoyar a la República, pero no estaban entre ellos de acuerdo en las formas de ese apoyo, ni en el papel que debía jugar el socialismo español. Y a falta de un buen análisis, el debate versó en si debían aceptar puestos ministeriales, o no.

     El exponente de lo que era el PSOE en 1931 es sin duda Largo Caballero. Francisco Largo Caballero, 1869-1946, era madrileño, hijo de un carpintero inmigrante y con muy pocos medios. Sus padres se divorciaron, y su madre le llevó a Granada en 1874, y a los Escolapios, pero regresaron a Madrid en 1875, porque el trabajo estaba peor en Granada que en Madrid. En Madrid fue a las Escuelas Pías de San Antón. Los padres escolapios no vieron posibilidades en aquél niño, y recomendaron que se pusiese a trabajar desde pequeño como mejor solución a su porvenir. Así que a los ocho años de edad se pasó a trabajar en el cartón, la encuadernación, la cordelería, y por fin aprendió el oficio de estuquista, un oficio muy bien pagado. Pero nunca le gustó trabajar, y prefirió la comodidad de la política. Así como no estaba dotado para aprender, tenía facilidad de palabra y podía hablar de cualquier cosa durante bastante tiempo. En 1890 se afilió a UGT, cuando tenía 21 años, y allí asistió a clases para adultos que le enseñaron a leer y escribir, materias en las que sabía muy poco hasta entonces. En 1893 ingresó en PSOE. Los socialistas prestaban libros, y le dieron El Manifiesto Comunista y la Crítica del Programa de Ghota, como primeras lecturas, y también El Programa de Erfurt de Kautsky. Evidentemente no eran las lecturas adecuadas a un principiante. Pero Largo Caballero aprendió frases leyendo y releyendo, y esas frases le venían muy bien para rellenar su falta de contenidos ideológicos y su exceso de oratoria. De hecho, los sindicalistas de UGT empezaron a valorarle como líder revolucionario, y le eligieron para cargos políticos, lo cual le permitió abandonar el trabajo manual para en 1904, ingresar en el Instituto de Reformas Sociales, lo que fue su plataforma de despegue definitiva. En 1905 fue concejal en Madrid, y conoció de cerca a Pablo Iglesias, que por entonces era ya un mito, aunque nunca fue tampoco un intelectual de altura. En 1907, Largo Caballero era Presidente de la Agrupación Socialista Madrileña. Fue su liberación definitiva del trabajo. La Agrupación le pagaba 50 pesetas semanales, el doble de lo que ganaba antes como estuquista. La liberación le permitió dedicarse por entero a la política, y hablar contra la Guerra de Marruecos, y contra José Canalejas. Luego estuvo entre los organizadores de la huelga de 1917. Y en 1918 fue elegido Secretario General de UGT y miembro de la Ejecutiva del PSOE. En 1921, se opuso a la integración de los socialistas españoles en PCE, tal vez porque los comunistas tenían cierto nivel intelectual del que él carecía.

     En 1924, Largo Caballero era partidario de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. En ello coincidía con un intelectual como Julián Besteiro, un hombre que no supo interpretar la misión del socialismo. De modo más coherente, se oponían a colaborar con una dictadura burguesa como la de Primo de Rivera, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto. Y en diciembre de 1925, murió Pablo Iglesias, el santo idolatrado por los socialistas, y dejó como referente del socialismo a Julián Besteiro, el padrino de Largo Caballero. La colaboración con la dictadura fue muy mal, pues la dictadura evolucionaba al fascismo en la Asamblea Nacional Consultiva. No obstante, Largo Caballero era incapaz de verlo, y colaboró con la Dictadura en contra de las advertencias de Indalecio Prieto. El 12 de septiembre de 1927, puesta en vigor de la Asamblea Nacional Consultiva, UGT y PSOE se negaron a colaborar con el dictador. Y Largo Caballero siguió colaborando. En verano de 1929, Primo de Rivera ofreció a PSOE que éste designase miembros en la Asamblea Nacional Consultiva, y el PSOE contestó que para ello debía prometerles Cortes Constituyentes. Y Largo Caballero tuvo la habilidad de abandonar a Primo de Rivera, mientras Besteiro persistía en el error. Largo Caballero se impulsó dentro de PSOE-UGT. En 1931, Largo Caballero era miembro de Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián, que iba a ser decisivo en el futuro de España. Y el 14 de abril de 1931, resultó Ministro del Trabajo de la República Española. Largo Caballero se caracterizó por unas leyes radicales que enfrentaron a toda la sociedad española. En septiembre de 1933, triunfaron las derechas, y Largo Caballero optó por la vía revolucionaria de “la redención de la humanidad”, por echar abajo la propiedad privada, por utilizar la ilegalidad cuando la legalidad no le gustaba, por la aceptación de la revolución violenta. Estuvo en la revolución de octubre de 1934, y fue encarcelado. Fue acusado de rebelión militar y fue defendido por Jiménez de Asúa, que fue capaz de sacar la causa de los tribunales militares para llevarla a la justicia ordinaria. El juicio se celebró en la Cárcel Modelo de Madrid, y era fiscal Marcelino Valentín Gamazo, el cual pedía 30 años para Largo Caballero. El 3 de noviembre salió la sentencia, y fue absuelto.

     En 1935, empezó una nueva etapa en la vida de Largo Caballero. Pedía que el PSOE hiciera pactos con PCE y CNT para hacer una revolución en España. De nuevo se le opuso Indalecio Prieto, que veía que una revolución así no dría frutos para el PSOE, sino para las otras formaciones minoritarias y más radicales.

En 1936 empezó la Guerra de España, y Largo Caballero insistió en colaborar con PCE-POUM. Y el 4 de septiembre de 1936 fue elegido Presidente del Gobierno, un caso singular en el que un obrero ignorante llegaba a la máxima responsabilidad del Estado. Inmediatamente mostró su personalidad, e insistió en ejecutar al líder fascista, José Antonio Primo de Rivera, contra la opinión de Indalecio Prieto y de Mariano Ruiz de Funes, que no veían nada positivo en ejecutar a un enemigo político. El 26 de noviembre de 1936, se produjo la ejecución. Por entonces, Largo Caballero decía no creer en el Parlamento sino en la fuerza de los obreros y en la del ejército republicano. Las declaraciones en este sentido llamaron la atención de José Stalin. Pero los dirigentes del PCE querían los cargos políticos, y Largo Caballero percibió que iba a ser desplazado, y rompió las alianzas con los comunistas, y también con Indalecio Prieto y con los socialistas que le amenazaban desde el PSOE. Se quedó solo. Y en 1936, tras la derrota de la Segunda República, huyó a Francia, donde fue detenido en París por los nazis. Franco pidió su extradición y fue juzgado de nuevo en 1941, pero fue denegada la extradición. De todos modos, vivía confinado por los alemanes. Y el 20 de febrero de 1943 fue detenido por la Gestapo y llevado a un campo de concentración. Allí estuvo dos años. Fue liberado el 24 de abril de 1945, y tratado muy bien por los rusos, pues le consideraban un hombre que le había caído bien a Stalin. Murió el 23 de marzo de 1946 en París.

         El fracaso de la Segunda República.

     La República Española fracasó tres veces consecutivas: primero fracasó el Gobierno de izquierdas social azañista de 1931-1932; luego fracasó el Gobierno de derechas radical cedista; y por fin fracasó el Gobierno del Frente Popular de 1936. El conjunto del periodo 1931-1936 fue un fracaso continuado. La izquierda se enrocaba en el rupturismo con todo el pasado, y la derecha apelaba al integrismo católico. Y ambos proyectos eran inaceptables para un demócrata.

     Las reformas republicanas fueron irracionales, imposibles de realizar, y sólo pretendían ser banderines de enganche populistas. Mucho entusiasmo popular se derrochó para nada.

Una de las pobres realizaciones republicanas fue la bandera, una enseña  tricolor, con tres bandas iguales en dimensión, roja, amarilla y morada. En la banda roja superior estaba escrita la palabra Libertad. Y en el centro llevaba un escudo tradicional, que representaba a Castilla-León, Aragón-Navarra y Granada. Estaba franqueado por dos columnas que soportaban el lema Plus Ultra.

     La gente asoció la idea de “república” con la de “el poder para los obreros”, y los obreros se tomaron el poder de formas muy extrañas, como hacer huelgas continuas, y quemar iglesias, lo cual poco tiene que ver con la idea de República. Y en el campo, asociaron la idea a reparto de la tierra, y además querían la tierra ya, y se pusieron a ocupar fincas recurriendo a la violencia contra la Guardia Civil y contra los propietarios que acudían a echarlos. Alguien les había contado la mentira de que había tierra para todos. Pero en España había 23,5 millones de habitantes, y de ellos 9 millones eran trabajadores, y casi 4 millones trabajaban en el campo, y más de 2 millones eran asalariados del campo. La tierra cultivable en España es de 25 millones de hectáreas, gran parte de ellas en ínfimas condiciones de productividad. En una simple operación matemática, 25 entre 4 da 6,2, y ello significa que nadie podría comer, pues con 6,2 hectáreas de terreno de secano y en zonas de inviernos helados, y cultivando por hojas, sólo una parte de la propiedad cada año, no se puede comer. Divididas en tres hojas, como es necesario para permitir descansar a la tierra, cada campesino podría cultivar como máximo 4 hectáreas. Y además debemos tener en cuenta que a 800 metros de altitud, como el Valle del Duero, o a 600 metros de altitud, como La mancha, la tierra da unos rendimientos miserables. No había tierra para todos por mucho que lo repitieran los voceros comunistas y anarquistas, y también los fascistas.

         El fracaso de la derecha.

     Miguel Maura fue el primero en aceptar el centrismo dentro del Gobierno Provisional. Pero chocó con el problema religioso y no lo supo resolver. A partir de ese momento, quedó eliminado y, con ello, se perdió un hombre con experiencia de Estado. No volvió a tener protagonismo. Miguel Maura era católico, liberal y republicano, y prácticamente el único capaz de frenar las impertinencias de Azaña. La derecha y la izquierda se pusieron de acuerdo para eliminarle. Le acusaron injustamente de no haber hecho nada en los incendios de mayo de 1931, y lograron su objetivo.

     Alejandro Lerroux fue estudiado por Octavio Ruiz Manjón, El Partido Radical. Giner Ediciones, Madrid 1976. El Partido Radical era una esperanza para muchos españoles, pero Lerroux no tenía una ideología precisa, se inclinaba descaradamente a la derecha en los temas económicos y sociales, y era incompatible con el socialismo. Y como los que rodeaban a Lerroux eran corruptos, como el núcleo catalán de los “jóvenes bárbaros”, no tenía oportunidad alguna de persistir en armonía con la derecha ni con la izquierda. Lerroux estaba acertado en cuanto decía que era preciso dotar a la República de instituciones sólidas, de legalidad indiscutible, de autoridad fuerte, y en cuanto a que había que incorporar a todas las fuerzas políticas al juego de la política, siempre que esas fuerzas fueran pacíficas, pensaran en la reconciliación nacional, y fueran tolerantes a la vez que enérgicos y con voluntad de sacrificio para imponer la ley y guardar el orden.

     Estas ideas de Lerroux le gustaron a Stanley G. Payne, uno de los escasos historiadores defensores de Lerroux. Pero la práctica del Partido Republicano Radical, cuando estuvo en el Gobierno con el apoyo de CEDA, en 1933, fue un ataque continuo sobre los republicano socialistas, al tiempo que un desprecio a la ultraderecha, y se hizo odioso a casi todos.