LA DICTADURA ESPAÑOLA EN 1929[1].
Contenido esencial: el Gobierno de noviembre de 1928, la crisis política de 1929, el Anteproyecto constitucional de 1929, el Golpe de Sánchez-Guerra, la crisis económica de 1929, las exposiciones universales de 1929.
En enero de 1928, Primo de Rivera iba a casarse y parecía que iba a abandonar el Gobierno dejando como sucesor a Rafael Benjumea Burín[2] conde de Guadalhorce. El noviazgo salió mal y, en mayo, Miguel Primo de Rivera decidió que la dictadura durara cinco años más (no consiguió estar tanto tiempo). Los políticos se escandalizaron por el enorme plazo de la prórroga dictatorial, y esto fue la señal para una alianza definitiva contra el Dictador: los conservadores de Sánchez Guerra; los liberales en conjunto; los demócratas; parte de los catalanistas: Aunós, Macià y Companys; parte de los vasquistas; el PSOE-UGT después de 1927; los anarquistas y FAI; los republicanos; los militares liberales; algunos pequeños y medianos empresarios; los estudiantes FUE. Eran diferentes ideologías, pero con un propósito común: Descabalgar a Primo de Rivera.
El Gobierno de noviembre de 1928.
En 3 de noviembre de 1928, hubo crisis de Gobierno:
Economía Nacional (antes Hacienda), Francisco Moreno Zulueta, 1880-1963, conde de Los Andes, marqués de Mortera, / 21 enero 1930: Sebastián Castedo Palero.
Marina, contraalmirante Mateo García de los Reyes[3].
Justicia, se mantuvo a Galo Ponte Escartín.
Gobernación, se mantuvo al general Severiano Martínez Anido.
Fomento, se mantuvo a Rafael Benjumea Burín.
Estado, siguió en manos de Miguel Primo de Rivera Orbaneja. Instrucción Pública, siguió en manos de Eduardo Callejo de la Cuesta.
Se suprimía Estado y Hacienda, aunque ésta pasaba a Economía Nacional.
Subsecretarías creadas en 1928:
Asuntos Exteriores: 3 de noviembre de 1928: Miguel Primo de Rivera Orbaneja marqués de Estella.
Justicia y Culto (antes Gracia y Justicia), Galo Ponte y Escartín.
Ejército, Julio Ardanaz Crespo.
Trabajo y Previsión, 3 de noviembre de 1928: Eduardo Aunós Pérez.
Y también se cambió a jefes militares nombrando a José Sanjurjo Sacanell, Director General de la Guardia Civil; a Ricardo Burguete Lana, que dejaba el puesto citado, se le nombró Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina; y a Francisco Gómez-Jordana Souza, Alto Comisario en Marruecos.
La crisis política de 1929.
El 1 de enero de 1929 el Dictador clausuró temporalmente la Asamblea Nacional Consultiva. Se reconocía su fracaso. Y a lo largo de 1929, las sesiones de la Asamblea Nacional Consultiva fueron cada vez menos, y más erráticas en los temas a tratar. El desprestigio de la Asamblea entre los propios asamblearios era evidente.
El Proyecto Constitucional de 1929 fue rechazado por la opinión pública, donde, en medio de la irracionalidad, surgió una chispa de lucidez: se argumentó que el hecho de que el Rey y Primo de Rivera rompieran el principio de soberanía nacional, antiquísimo en la tradición española (nos podríamos remontar a los Austrias) y explícito a partir de 1812, iba en contra de todos los principios en los que habían creído los españoles durante siglos. Ello era evidente tanto entre los conservadores como entre los liberales, entre los partidos monárquicos, y mucho más entre los republicanos que luchaban contra el Rey. El Proyecto de Constitución de julio de 1929, contemplaba una soberanía radicada en el Estado, en vez de en la nación, en el Rey o en las Cortes.
Primo de Rivera intentó una “genialidad” que le salvara del abismo: invitó a los ex Jefes de Gobierno vivientes, y a los socialistas, a que propusieran unos principios constitucionales aceptables para ellos, y para ello, estos grupos políticos se deberían incorporar a la Asamblea Nacional Consultiva, un órgano antidemocrático. La trampa era muy evidente.
Pero la incorporación de la oposición a la Asamblea Nacional Consultiva era imposible porque los viejos políticos querían acabar con la Dictadura, pero sin volver a la Constitución de 1876. Lo primero era difícil, y lo segundo requería abrir un proceso constituyente distinto a lo que se les proponía allí.
Un Decreto de 26 de julio de 1929 invitó a formar parte de la Asamblea Nacional a 49 nuevos miembros, representantes de las Academias Reales, Universidades, Colegios de Abogados, Sindicatos Libres, ex Jefes de Gobierno, ex Presidentes de las Cámaras del Congreso y el Senado, miembros del Consejo de Estado, y líderes de UGT. Y se advertía en el Decreto que no era necesario ser adicto al régimen para poder manifestar una opinión.
La Academia de Jurisprudencia se negó a enviar representantes a la Asamblea Nacional Consultiva. El Colegio de Abogados nombró sus representantes a personas proscritas políticamente por el régimen, tales como Santiago Alba, Sánchez Guerra, y Eduardo Ortega y Gasset. Aceptaron la invitación Romanones y Lliga Catalana.
En plena crisis política, en diciembre de 1929, Primo de Rivera admitió públicamente la quiebra monetaria de la peseta. Y empezó el deslizamiento del régimen político por la pendiente de la crisis definitiva.
El 26 de julio de 1929, Primo de Rivera anunció la remodelación de la Asamblea Nacional Consultiva, y ofreció a UGT 5 representantes en la Asamblea Nacional Consultiva si colaboraban con el Gobierno. Julián Besteiro y Enrique de Santiago propusieron a los socialistas el colaborar, insistiendo con ello en el error contumaz que habían iniciado desde el principio de la dictadura. El Comité Nacional del PSOE votó en contra, y ese fue el principio de la pérdida de autoridad de Besteiro para siempre, una vez que el Comité Central había votado contra el Presidente. El error de Besteiro era tanto más grande cuanto en ese mismo tiempo explicaba teorías de la lucha de clases, y fundamentalmente consiste en que no entendía el liberalismo como un paso adelante de la humanidad lleno de conquistas sociales (era profesor de filosofía y no de historia) y, por tanto, no le preocupaba que Primo de Rivera liquidase el liberalismo con su Asamblea Consultiva. Largo Caballero lo aprovechará para realizar su ambición personal de liderazgo. Por entonces aparecían en el PSOE nuevos nombres como Jiménez de Asúa y Negrín, y también se reincorporaba al partido Araquistain. El partido se declaró republicano y rompió definitivamente con Primo de Rivera.
El Anteproyecto Constitucional de 1929.
Fueron José María Pemán, Gabriel Maura y Juan de la Cierva los que redactaron un Anteproyecto Constitucional, que presentaron en 5 de julio de 1929, cuando la dictadura estaba a punto de caer.
En el Anteproyecto Constitucional de 1929, eran fundamentales la Asamblea Nacional Consultiva y el Consejo del Reino.
La Asamblea Nacional Consultiva elaboraba los Proyectos de Ley, y los sometía a la opinión pública durante tres años, pasados los cuales, el Gobierno elaboraba la ley como creía más oportuno.
El Consejo del Reino era Tribunal Contencioso, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, debía ser oído en todas las cuestiones importantes, y hacía las leyes urgentes que no podían esperar tres años. Tenía un Presidente nombrado por el Rey, un vicepresidente y un Secretario nombrados por los miembros del propio Consejo. Eran Vocales por derecho propio: el príncipe, los infantes, el arzobispo de Toledo, y los Presidentes de los Tribunales de Justicia, Hacienda, Consejo Supremo del Ejército, el Fiscal Supremo y el Decano de los nobles. El Rey nombraba el resto de vocales por derecho propio, hasta completar el 50% del total de vocales del Consejo del Reino. Eran Vocales elegidos, el otro 50%, y estas elecciones se celebraban en los Colegios profesionales, y su nombramiento era válido por diez años.
La soberanía se depositaba en el Estado, es decir en el poder constituido. No era soberano el pueblo, sino que se entendía que el pueblo venía representado por el Estado y por el líder, según las teorías del Volkgeist[4].
El Estado tomaba el modelo unitario centralista, de religión única, la católica, aunque toleraría las demás religiones. El Estado pagaría los gastos y mantenimiento del clero católico. Habría bandera única, idioma único. Pero las colonias tendrían leyes especiales. El Estado podría tomar la iniciativa empresarial.
Había una tabla de derechos, entre los que destacaba el sufragio universal masculino. Las mujeres podían ser diputadas por designación, pero no se podían presentar como candidatas a libre elección. Se garantizaba el derecho de propiedad.
El legislativo correspondía a “las Cortes con el Rey”, de modo que el Rey sancionaba y promulgaba las Leyes si lo tenía a bien. Las Cortes eran unicamerales. Los Diputados, hombres o mujeres, tenían mandato para cinco años y eran inviolables. El 50% de ellos eran elegidos en distritos provinciales en colegio único provincial. Del otro 50%, el Rey designaba a 30 Diputados, y las Corporaciones Profesionales elegían al resto. Eran electores: de un 50% todos los españoles mayores de edad, y del otro 50% las Corporaciones Profesionales. Los Diputados tendrían un tiempo de intervención en las Cortes limitado a 30 minutos.
El Rey limitaba el poder de las Cortes, pues podía convocarlas, disolverlas, suspenderlas y cerrarlas, aunque con el compromiso de volver a convocarlas en menos de tres meses. Las Cortes limitaban el poder del Rey en cuanto aprobaban el nombramiento del Rey, su matrimonio, y su abdicación.
El Ejecutivo le correspondía al Rey, el cual era Jefe de la Justicia, el ejército, y de todas las instituciones del Estado. El Rey era Alfonso XIII y sus sucesores en orden de primogenitura y con preferencia para los varones. El Rey podía ser suspendido en sus funciones por las Cortes por incapacidad física o mental, o por indignidad, y debía jurar fidelidad a la Constitución y las Leyes ante las Cortes. Era mayor de edad y podía asumir la Corona a los 16 años. El Rey era inviolable y los Ministros deberían hacerse responsables de las leyes que firmaban junto al Rey. El Rey gestionaba las relaciones exteriores, aprobaba las listas de Ministros, tenía poder para declarar la guerra y firmar la paz, gestionaba la moneda, organizaba los impuestos, concedía los empleos públicos, y mandaba sobre el ejército. También tenía la prerrogativa de la concesión de indultos.
El Poder Judicial se basaba en un fuero único para todo el Estado, gestionado por Tribunales y Juzgados que ejercerían la Justicia en nombre del Rey. Los juicios serían públicos. La máxima autoridad judicial sería el Presidente del Tribunal Supremo. El Rey podría intervenir a su gusto en el Poder Judicial.
Los funcionarios eran servidores de la Constitución, y eran inamovibles.
El territorio se organizaba en provincias (gobernadas por Diputaciones Provinciales) y municipios (gobernados por los Ayuntamientos), y cabía la posibilidad de mancomunidades de municipios, incluso de distintas provincias, cuando eran colindantes y tenían intereses comunes.
La Reforma constitucional se podría hacer por consenso de dos tercios del Consejo del Reino.
La separación de poderes no existía desde el momento en que el Rey intervenía en el Legislativo mediante la sanción y publicación de las leyes, designaba el Legislativo, tenía ascendencia sobre el Judicial, y detentaba la totalidad del poder Ejecutivo. En el Anteproyecto, la monarquía era un poder por encima de la Constitución y tenía la iniciativa de las reformas constitucionales. La monarquía era el poder constituyente en cuanto generaba la Constitución y sus reformas, y era extraconstituyente en el aspecto en que esa institución no podía ser considerada en la Constitución, pues estaba por encima de ella.
La única separación de poderes se establecía entre el Rey y el Jefe del Gobierno: El Rey era jefe del ejército y tenía la iniciativa legal. El Jefe del Gobierno quedaba muy limitado por el gran poder del Rey.
La recepción del Proyecto Constitucional.
El Anteproyecto de Pemán, Maura y De la Cierva no le gustó a Primo de Rivera, ni al Rey, ni a nadie.
A Primo de Rivera no le entusiasmaba entregar su poder a Alfonso XIII.No le gustaba que el Rey tuviera tanta autoridad como el Anteproyecto rezaba. Razonaba que precisamente, ése había sido el error de la política española del último siglo. Y además, desconfiaba de Alfonso XIII, del que sabía que le gustaba interferir en la política actuando por propia iniciativa. Y mirando al exterior, Mussolini había hecho del Rey una figura decorativa, y se había reservado todo el poder para él. Y respecto al Parlamento, Mussolini había hecho que fuera sólo una cosa aparente, que presentase los temas políticos ante la nación. Primo de Rivera conocía al Rey y le despreciaba.
Al Rey no le gustaba tener restricciones constitucionales. El Rey dijo que no sancionaría esa Constitución. El Rey pedía una Cámara única integrada por representantes populares elegidos por sufragio directo entre las corporaciones profesionales. También formarían parte de la Cámara un número reducido de expertos legisladores, que serían Diputados por derecho propio y no se someterían a votación popular. Esa Cámara única elegiría al Jefe del Gobierno, el cual tendría atribuciones supremas, sin límite, pero vigilado por los parlamentarios “sin trabas de otro linaje”.
A los liberales no les gustaba la soberanía en el Estado. A los socialistas no les gustaba la declaración de un estado burgués. Y ante este “proyecto constitucional antiliberal”, los intelectuales, los estudiantes (Antonio María Sbert), los viejos partidos, la burguesía, el catolicismo, los grupos sindicales, etc. se le pusieron en contra. Los socialistas criticaron que la dictadura era un obstáculo para la democracia popular y social que pensaban imponer. Y también los católicos se sentían postergados porque ellos no tenían el dominio de los Comités Paritarios, sino que la mayoría en estos Comités eran sindicalistas anarquistas y ugetistas. Pero era una oposición teórica puesto que no estaban organizados entre ellos ni tenían fuerza alguna en ninguna parte. Intentaron manifestarse o pronunciarse en Valencia, Sevilla y Ciudad Real, pero fueron detenidos y arrestados sin más consecuencias. El ejército preparaba una nueva conspiración contra la monarquía y la dictadura, cuya jefatura se atribuyó a Goded.
El Golpe de Estado de Sánchez-Guerra.
El 14 de enero de 1929 se constituyó un Comité Revolucionario para llevar a cabo un golpe de Estado contra el Dictador. Lo presidían el general Eduardo López Ochoa por los militares, José Sánchez-Guerra Martínez por los conservadores, y Alejandro Lerroux García por los republicanos conservadores populistas. Les falló la colaboración de PSOE-UGT. Apoyó el golpe el Cuerpo de Artillería, con el general Francisco Aguilera Egea a la cabeza, tras imponer que sólo se admitirían ascensos por riguroso orden de antigüedad (escalas cerradas).
Los conspiradores se habían reunido en Hendaya (Francia): José Sánchez-Guerra, conservador; Joaquín Sánchez de Toca, conservador; Álvaro de Figueroa y Torres conde de Romanones, liberal; Manuel García Prieto, liberal; Melquiades Álvarez, republicano reformista o moderado; Alejandro Lerroux, republicano reformista populista; Vicente Blasco Ibáñez, republicano federal; Santiago Alba Bonifaz, liberal. No había ningún Capitán General, lo cual era la principal debilidad del golpe proyectado.
Propusieron la vuelta a la Constitución de 1876 y la implantación de un Gobierno Provisional, presidido por el general Dámaso Berenguer, Jefe de la Casa Militar del Rey, el cual debía convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Acordaron expulsar de España a Alfonso XIII e imponer una monarquía constitucional.
Al proyecto se sumaron el resto de los republicanos, y los catalanistas de Acció Republicana, y después la CNT de Valencia, y con ello tuvo dimensiones de Estado.
Planificaron el comienzo del golpe para el domingo 29 de enero de 1929 a las 02:00 horas. El plan era el siguiente: Ese día por la mañana, Sánchez-Guerra debía llegar a Valencia y convocar huelga general. Los artilleros de Madrid detendrían a Primo de Rivera y a Alfonso XIII, mientras Sánchez–Guerra constituía un Gobierno Provisional en Valencia.
El movimiento preparatorio empezó con una huelga en Barcelona el 19 de enero de 1919 entre los obreros de la construcción (estaban haciendo edificios para la Exposición Universal y viviendas de vecinos).
El 28 de enero de 1929 hubo tormenta, y el barco de José Sánchez-Guerra no pudo llegar a Valencia hasta la noche del 29, 18 horas después de la hora señalada. En esas condiciones, el Gobernador Militar, Alberto Castro Girona, dijo que había que abortar el golpe, porque el Gobierno de Madrid estaba preparado para actuar contra los golpistas, y el golpe iba a ser un fracaso. El 5º Regimiento Ligero de Artillería de Valencia renunció a salir a la calle. Y Sánchez-Guerra estuvo de acuerdo cuando llegó a Valencia. Murcia abandonó inmediatamente, y Queipo de Llano, que se había trasladado a Murcia desde Madrid, se quedó esperando órdenes. Lo mismo le ocurrió a López Ochoa que se había trasladado a Barcelona para iniciar el golpe. Pero Ciudad Real se había sublevado a las 06:00 horas, y el Regimiento de Artillería de la ciudad tuvo que abandonar a mediodía, cuando supieron que se había abortado el golpe.
José Sánchez-Guerra se presentó voluntariamente en Capitanía General de Valencia para que le detuvieran, en contra de la voluntad de los hombres de Capitanía que no querían detenerle. El Capitán General de Valencia, Castro Girona, el arzobispo de Valencia, Prudencio Melo Alcalde, y Sánchez-Guerra tuvieron una entrevista que acabó llevando a la cárcel a Sánchez-Guerra. Fue llevado a las Torres del Quart, y luego al navío “Canalejas” y después al navío “Dato”. Aprovechó el momento para manifestar que, una monarquía que negaba la soberanía nacional no tenía derecho a permanecer en España.
Primo de Rivera envió a Valencia al general José Sanjurjo, Jefe de la Guardia Civil, para ocupar las sedes de los periódicos, los centros culturales, y los centros sociales de la ciudad. Convocó a los sublevados poco comprometidos, y les dio durante días unas largas charlas de reeducación política, tema en el que era muy experto, como demostraría en 1936.
Los sublevados de Ciudad Real fueron sometidos a Consejo de Guerra, y luego recurrieron al Consejo Supremo de Guerra y Marina, el cual, en 18 de diciembre de 1929, anuló las penas de muerte y de cadena perpetua impuestas por el primer Consejo de Guerra. 38 jefes militares estaban condenados a prisión.
Reacciones contra el golpe.
El Dictador se enfureció y disolvió el Cuerpo de Artillería que había protagonizado esa rebelión. Alfonso XIII opinaba que no era conveniente disolver Artillería, porque se ganaban enemigos para futuros tiempos.
El 19 de febrero de 1929, Alfonso XIII firmó el Decreto de disolución del Cuerpo de Artillería, debiendo los militares de ese Cuerpo pedir su ingreso, si querían, en otros cuerpos, con la condición de jurar fidelidad y obediencia al Gobierno. Los artilleros habían conseguido la escala cerrada del cuerpo de Artillería (que sólo ascenderían por antigüedad y no por méritos y antigüedad) y la dictadura suprimió las escalas cerradas para dar paso al antiguo sistema en el que infantería ascendía por méritos de guerra y se trasladaba a artillería y a otras Armas y Cuerpos.
Como es frecuente en los dictadores, a partir de enero de 1929, Primo de Rivera se enrocó en sí mismo, y en 1929 ya no intentaba cambiar nada, sino sólo hacer pervivir su Dictadura. Y sin embargo era evidente que había que reorganizar Unión Patriótica, celebrar unas elecciones municipales y provinciales, y normalizar la vida pública.
Se confeccionó un censo de miembros de Unión Patriótica con subdivisiones de jóvenes, obreros, mujeres y secciones generales. Pero era evidente que Unión Patriótica era una institución política por y para el dictador, y que duraría los días que durara el dictador. Porque las fuerzas reales de la sociedad, los círculos económicos, los viejos partidos políticos incluida la derecha, rechazaban los modos dictatoriales de Primo de Rivera.
Parecía que el Gobierno hubiese entrado en pánico, y en 3 de febrero de 1929, concedió facultades extraordinarias a los Gobernadores Provinciales, antes reservadas únicamente al Consejo de Ministros, para remover funcionarios y sustituirles por personal de confianza. Cualquier centro oficial y que funcionara con autorización oficial, podía ser intervenido por la autoridad gubernativa. Esa posición de dureza extrema indicaba estertores de muerte del régimen.
El fracasado golpe militar de enero de 1929, fue seguido el 9 de marzo de 1929 con una huelga de Estudiantes contra la Dictadura. Los estudiantes hacían manifestaciones diarias en las ciudades universitarias, y éstas se prolongaron durante varias semanas. Crearon una red clandestina para la redacción y distribución de folletos. Una de las manifestaciones se plantó delante de la casa de Primo de Rivera y se puso a apedrearla. Otras apedrearon los locales de los periódicos clericales y monárquicos. Eso se denominó más tarde escraches, porque eran heridas superficiales, ataques de poca importancia.
Primo de Rivera cerró la Universidad de Madrid, y nombró funcionarios del Gobierno para dirigir las Facultades Universitarias en lugar de los Decanos. Ello provocó la ira de Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Fernando de los Ríos, Sánchez-Román Gallifa y Jiménez de Asúa, los cuales se unieron a Federación Universitaria Española y abandonaron sus cátedras. Era una campaña contra el tirano. Y la rebelión universitaria llegó a preocupar al Gobierno.
Lo peor para el Gobierno era que aquello de lo que más presumía, la restauración del orden público en 1923, estaba desapareciendo.
El 6 de febrero de 1929 murió la reina madre, María Cristina de Habsburgo Lorena, una mujer culta y con sentido de la política. Alfonso XIII perdía una consejera importante en un momento muy delicado para él. María Cristina tenía la inteligencia que le había faltado a casi todos los Borbones.
La crisis económica española de 1929.
La crisis económica española de 1929 no fue un crash bursátil ni financiero, sino la llegada a un punto sin salida de los errores cometidos a lo largo de muchos años. Los errores empezaron por no aceptar equilibrios presupuestarios en los primeros años del siglo XX. Continuaron por hacer políticas monetarias de prestigio internacional, al margen de la realidad del país, que era pobre y no quería reconocerlo públicamente. Y acabaron por que la Dictadura adoptara la política de tomar créditos ilimitados, en teoría para hacer muchas obras públicas, lo cual suele convencer a los tontos y a los mal informados de que un gobernante es bueno. Todos los dictadores han hecho obras colosales que epataban a los nacionales y a los extranjeros. Luego, la realidad se impone, el dinero se acaba, y las obras se paralizan al poco de empezarlas, dejando todo empantanado.
Las perspectivas económicas al empezar 1929 eran buenas: las acciones bancarias estaban en máximos de cotización, la producción de energía eléctrica crecía, la industria minera había contratado a 5.847 mineros más en el último año, las exportaciones iban en aumento, y el número de quiebras era mínimo. Si nos fijamos en estos datos estadísticos para consumo de la prensa y del gran público, no podríamos prever la crisis. Si pensamos un ratito, por qué métodos y a qué precio se estaban consiguiendo estos datos, la crisis era inevitable. Y entonces acabaríamos en lo mismo que terminan diciendo todos los dictadores: “no pienses”.
El primer signo de la caída económica fue el deterioro de cotización de la peseta. Ocurrió a mediados de 1928. El significado de este fenómeno es que los mercados extranjeros dejaban de confiar el Primo de Rivera y en la economía española. A los extranjeros no se les podía engañar como se estaba haciendo con los españoles. Había factores políticos, como que la dictadura no era sostenible a corto plazo, pues los españoles se estaban rebelando contra Primo de Rivera. Pero había también factores objetivos, que llamaban la atención: los precios subían en España, y ello llevaría a la contracción del mercado; la inflación era muy alta porque el Estado gastaba mucho más de lo aceptable en el terreno de las finanzas; y las importaciones crecían sin parar (689 millones de pesetas en 1927, y 886 millones de pesetas en 1928) sin que hubiera respaldo suficiente como para asegurar a los extranjeros que se podrían pagar.
El Gobierno de Primo de Rivera encontró una solución “mágica” para el problema económico exterior: creó un Comité de Cambio Exterior. Este Comité debería conseguir la paridad oro de la peseta, a fin de darle credibilidad. Pero las soluciones mágicas no funcionan en economía, donde se demuestra que los trileros no son más que ladrones con cubiletes en las manos.
En febrero de 1929, los banqueros españoles se negaron a suscribir deuda pública, pues se les pedía un crédito para el desarrollo turístico. Los banqueros habían perdido su confianza en el Gobierno, y el Gobierno había perdido la palanca que le permitía financiar todo lo que se le ocurría a cualquier politiquillo de medio pelo.
El Consejo de Comercio, Industria y Navegación advirtió al Gobierno en junio de 1929 sobre que la oscilación del precio de la peseta, incluso varias veces en el mismo día, era un asunto grave para los industriales y los comerciantes, que convertía en un riesgo toda operación de compra de artículos en el exterior y toda operación de ventas.
En enero de 1930 la peseta perdió valor, desde 37 pesetas por libra, a 40 por libra. Y José Calvo Sotelo dimitió en el Ministerio de Hacienda. Empezó a rumorearse que se iba a hacer un “Gobierno Nacional”, o de concentración de todos los partidos políticos, presidido por Cambó. Pero no había partidos, salvo en la ilegalidad, ni Cambó era la persona de prestigio que había sido. Calvo Sotelo dijo una media verdad en su despedida: “Mientras no estabilicemos políticamente a España, será tiempo perdido acometer la estabilidad monetaria”.
La subida de los precios de las importaciones hacía más difícil los negocios industriales, porque España era un país de precios altos, artificialmente altos por el proteccionismo secular, y el incremento de precios incidía muy directamente en disminución de la demanda. Y ello se traducía en aumento de los stoks. En cuanto a la posible solución de exportar productos, era una lotería, pues los exportadores podían pactar unos precios de venta, y meses más tarde recibir el pago con una peseta devaluada, mucho menos de lo pactado en la realidad anterior. Era menos dinero, pues a la hora de comprar nueva tecnología o materias primas, había que pagarlas mucho más caras.
Las exposiciones Universales de 1929.
Hubo Exposiciones Universales en Barcelona y Sevilla, donde ya se vio afectada la imagen del Gobierno, que no era la que pretendía dar al mundo cuando fueron proyectadas.
En mayo de 1929, Primo de Rivera utilizó la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 9 de mayo, y la Exposición Internacional de Barcelona de 20 de mayo, para promocionar su buen nombre. Pero la cotización de la peseta se hundió en estos días por la mala gestión económica y financiera del régimen. El régimen ya estaba en crisis.
El 9 de mayo de 1929 se inauguró la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que estuvo abierta hasta el 21 de junio de 1930. Se construyó sobre los jardines del Palacio de San Telmo[5] (propiedad del arzobispado) y los jardines del Parque de María Luisa, a lo largo de varios kilómetros que empezaban en la Plaza de España. Participaban casi todos los países americanos, incluido Estados Unidos, y también Portugal, Marruecos y Guinea. El proyecto se inició en 1910, y se fueron aportando anualidades para hacer posible la construcción de pabellones, y la urbanización de toda la zona. El proyecto fue dirigido por Vicente Rodríguez Martín, según diseño de Aníbal González, el cual planificó unos Pabellones de Bellas Artes y Artes Decorativas, Pabellones Americanos, Pabellones de las Regiones Españolas, Pabellones Sevillanos, y un Parque de Atracciones. A ello se sumó en 1917-1929 el hotel Alfonso XIII, y el Palacio de las Ciencias y las Letras. Se construyó un ferrocarril metropolitano de cinco kilómetros de largo, para que fuera cómodo ver todo el conjunto. Todo este esfuerzo no sirvió apenas de nada, pues Sevilla tiene la costumbre de no aprovechar posteriormente las instalaciones de forma sostenible y productiva, destruir algunas una vez pasado el evento, y dedicar otras a ser contempladas. Un derroche inútil de dinero.
El 20 de mayo de 1929 se inauguró la Exposición Internacional de Barcelona, que estuvo abierta hasta 15 de enero de 1930. Participaron unos 20 países europeos y diversos expositores privados de las grandes multinacionales. Se hizo sobre la montaña de Montjuich, desde su base en Plaza de España, hasta lo alto del promontorio. Las obras, comenzadas en 1917, acabaron en 1923, pero la exposición no se celebró hasta 1929. La base era Plaza de España y Avenida de América (Avenida de María Cristina), donde se colocaron cuatro hoteles y dos campaniles que daban acceso a los palacios dedicados a los diversos temas. Al final de la avenida se hizo la Fuente Mágica, que era un juego de chorros de agua de colores, delante del Palacio Nacional (hoy Museo Nacional de Arte de Cataluña). En la subida al promontorio, se colocó el Pueblo Español, las Pistas de Tenis, y un Parque de Atracciones. Y arriba, se construyó el Estadio Olímpico. Los diversos países y empresas tenían sus propios pabellones en un complejo muy amplio de edificios.
En 1929 se aprovechó para crear embajadas de España en Cuba y Chile, que se sumaban a la que había en Argentina, única existente hasta el momento en América del Sur, cuyo embajador era Ramiro de Maeztu, un convencido de la dictadura.
La imagen de España no era la adecuada para unas exposiciones internacionales, y la Cámara de Comercio de Madrid y las Cámaras de Comercio angloamericanas-españolas sugirieron al dictador que sería más positivo que reabriera la Universidad, petición a la que se sumó ABC.
A mediados de mayo de 1929 se reunió la Sociedad de Naciones en Madrid, y el descrédito de España ante los delegados internacionales fue muy evidente, pues las calles aparecían llenas de estudiantes gritando contra la dictadura. Primo de Rivera mandó reabrir la Universidad y suspender el artículo 53 de la Ley de Reforma Universitaria, que equiparaba los centros privados con más de veinte años de antigüedad, con la Universidad estatal. Los estudiantes consideraron que habían derrotado al Gobierno y decidieron no parar, seguir con las manifestaciones, hasta que en 20 de enero de 1930 declararon la huelga general de todas las Universidades.
[1] Me llama la atención los pocos acontecimientos fechados en 1928 que aparezcan citados en los libros de historia. Los he buscado, pero es muy difícil encontrarlos.
[2] Rafael Benjumea Burín, 1876-1952, I conde de Guadalhorce, era un propietario agrícola sevillano, con la típica ganadería andaluza, que se casó con una Heredia, acaudalados industriales de Málaga, lo cual le elevó a la élite de la plutocracia. Se hizo entusiasta del Dictador y llegó a Ministro de Obras Públicas en 1926, momento en el que proyectó grandes obras que nadie podía pagar. Una vez caído Primo de Rivera, estuvo en Unión Monárquica Nacional en la idea de derribar a la Segunda República, pero huyó a Portugal y luego a Biarritz, y por fin se marchó en 1931 a Argentina. En 1932 estuvo complicado en el golpe de Estado de Sanjurjo. En 1933 estaba en la ultraderechista Renovación Española. Se acogió a la amnistía de 1933, pero no volvió a España de momento. Tenía negocios en Argentina, la Compañía Hispano Americana de Obras Públicas y Finanzas, negocios por los que fue a la cárcel por irregularidades financieras. Y una vez consolidado el régimen de Franco, en 1947 regresó a España.
[3] Mateo García de los Reyes, 1872-1936 era un militar de Marina que adquirió cierta fama cuando la Ley Miranda de febrero de 1915 decidió adquirir cuatro submarinos para España, que fueron puestos a sus órdenes en 1917. En 1915, García de los Reyes viajó a Estados Unidos y a Italia para ver la construcción de los submarinos que España había comprado, y también a Suiza para observar los motores de combustión interna “Sulzer”. Fue ministro de Marina en noviembre de 1928, ordenando entonces construir siete destructores. Fue fusilado en Paracuellos del Jarama el 17 de noviembre de 1936, junto a otros muchos jefes y oficiales franquistas.
[4]Lo consideramos un segundo paso hacia el Estado fascista. El primero había sido la definición de la familia y del municipio en 1924.
[5] El Palacio de San Telmo fue construido en 1682 al sur del casco viejo de Sevilla y a la vera de Guadalquivir, para sede del Seminario de la Universidad de Mareantes. En 1849 pasó a ser residencia de los Duques de Montpensier, que hicieron de él una joya arquitectónica. Tenía unos jardines de 18 hectáreas, parte de los cuales se convirtieron en el Parque de María Luisa. En 1897, fue donado al Arzobispado y en 1901 se convirtió en Seminario Diocesano. En 1989 fue nacionalizado para convertirlo en sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
