20.07.07.El Directorio. Política social.

          El Directorio: Política social.

Conceptos clave: Eduardo Aunós y Largo Caballero, el mundo del trabajo en 1923-1929, política social agraria en 1924-1929, Seguridad Social en 1924-1929, protección a la familia en 1924-1929, la enseñanza en 1924-1929, los espectáculos de masas en 1924-1929, UGT-PSOE en 1924-1929.

              Los protagonistas:

     En materia social colaboraban Eduardo Aunós Pérez y Francisco Largo Caballero. El abogado catalán Eduardo Aunós Pérez había irrumpido en la política de mano de Francesc Cambó, y fue uno de los hombres de confianza de Primo de Rivera. Admiraba al fascismo. En 1937 se hizo de Falange Española. Francisco Largo Caballero era sindicalista, de UGT-PSOE, partidario de un socialismo de clase, que gobernara para los obreros, populista que pensaba ser él el elegido para llevar a los obreros al poder. “Socialismo de Clase” significa que los representantes de los obreros se hacen cargo del Estado y de las empresas. Aunós puede ser calificado en términos vulgares como muy de derechas, y Largo Caballero como muy de izquierdas, y sin embargo, la colaboración entre los dos nos hace dudar de estas calificaciones de izquierdas y derechas. Los dos buscaban lo mismo, su encumbramiento personal. Igualmente, calificar a los fascistas como de extrema derecha, es artificioso y falso.

          Cambios en el mundo del trabajo.

Quizás, la transformación económica y laboral más importante de la época de Primo de Rivera fue la introducción del taylorismo y del trabajo en cadena, como sistema para obtener más cantidad de trabajo en las ocho horas a que había sido reducida la jornada.

     En junio de 1924, se abolió el Instituto de Reformas Sociales, el cual fue sustituido por el Consejo del Trabajo, en el cual tenían la misma representación los obreros que los patronos. Allí estuvieron Largo Caballero, Núñez Tomás, Lucio Martínez, y Santiago Pérez Infante, como vocales por los obreros. El Consejo del Trabajo era un cuerpo consultivo del Gobierno para hacer legislación laboral, y para aplicarla después.

     Eduardo Aunós Pérez elaboró un Código del Trabajo el 17 de agosto de 1926. Fue publicado del 1 al 3 de septiembre y hablaba del contrato de trabajo, del contrato de aprendizaje, de los accidentes de trabajo, de los tribunales laborales y los recursos posibles a sus sentencias. Obligaba al patrono a facilitar formación laboral a sus obreros, y a facilitarles alfabetización en caso de que la necesitaran. Prohibía contratar a menores de 14 años. En caso de muerte de un trabajador, el patrón debía pagar su sepelio, e indemnizar a viuda e hijos. Preveía la necesidad de seguridad e higiene en la fábrica.

Aunós había viajado a Roma a ver al Papa y a Mussolini, y regresó con la idea de “corregir los errores del individualismo” (entendemos liberalismo) mediante los Comités Conjuntos. En noviembre de 1926 apareció la Organización Corporativa del Trabajo, organismo promovido por Eduardo Aunós para tratar los conflictos laborales, legislar sobre el trabajo a partir de los informes emitidos por los “Comités Conjuntos” creados para el efecto (sustituían a los Comités Paritarios).

     Los Comités Conjuntos eran organismos de derecho público que juzgaban los conflictos laborales, compuestos a partes iguales por representantes de los patronos y de los obreros de un sector laboral, y presididos por un Delegado del Gobierno. Cada ramo de la producción tenía su Comité Conjunto y así existían el del textil, metal, artes gráficas, construcción… Cada localidad tenía sus propios Comités Conjuntos y éstos tenían competencias para dar normas de obligado cumplimiento en esa localidad y ramo de la producción sobre salarios, jornada, y condiciones laborales. Pero fundamentalmente se ocupaban en cuestiones de despidos. Los temas llevados al Comité Conjunto, resultaban casi siempre con empate de votos, y decidía el Presidente con su voto de calidad. Como el Presidente tenía órdenes de favorecer a los obreros, siempre ganaban los obreros. La reacción general fue entenderse en privado, los patronos y obreros, y prescindir de los Comités Conjuntos, por lo que el Comité Conjunto resultó una apariencia de tranquilidad laboral, puesto que oficialmente no había conflictos.

Los Comités Conjuntos debían negociar las condiciones de trabajo y la legislación social, en reuniones presididas por un funcionario del Ministerio de Trabajo. Tanto los sindicatos como las patronales elegían a sus miembros por mayoría, y UGT tenía mayoría en cuanto a los obreros, pues CNT no quería participar. Aunós no dudó en nombrar representantes de los obreros a miembros de UGT, por lo que Largo Caballero empezó a ser popular, como si de verdad estuviera haciendo cosas importantes por  los obreros.

Por encima del Comité Conjunto estaban los Consejos de Corporación, dirigidos por el Estado. Los Comités Conjuntos desaparecerían en 1931 sustituidos por los “Jurados Mixtos”, que eran lo mismo, pero cambiado de nombre para no parecer que la izquierda copiaba a la derecha.

Inicialmente, los patronos recibieron bien este nuevo organismo, los Comités Conjuntos, que era el promovido por la Iglesia católica desde hacía décadas, pero se encontraron una sorpresa: en los tradicionales Comités Paritarios, los patronos decidían siempre lo que había que hacer, pero en los nuevos Comités Conjuntos, la UGT reaccionaba en bloque, lo que llevaba siempre a un recurso al Estado, el cual decidió siempre a favor de las tesis de UGT, pues el Presidente tenía voto decisivo. Los patronos empezaron a protestar, porque las decisiones eran inapelables, y argumentaron que la situación era completamente injusta porque eran ellos los que pagaban los gastos de funcionamiento del Comité Conjunto, para luego tener que hacer la voluntad de los obreros.

Las decisiones finales de los Comités tenían fuerza de Ley y debían ser ejecutadas por las fuerzas de orden público. Y como no había Cortes, los patronos no podían actuar en el Congreso de Diputados para cambiar las cosas. No les quedaba más recurso que la campaña de prensa, en la que pidieron elecciones directas e individuales de los miembros de los Comités Conjuntos, pero que no fueran obligatoriamente paritarios, que fuera el Estado quien corriese con los gastos de estas instituciones, que en estos Comités se tratara solamente de arbitraje y conciliación, pero nunca las decisiones se convirtieran en normas con valor legal. Aunós nunca les concedió a los patronos sus reivindicaciones. En estas condiciones, fue UGT la que defendió en todo momento la existencia de estos Comités Conjuntos, pues les daba mucha ventaja sobre los empresarios. Durante el funcionamiento de la Organización Corporativa Nacional, el caso típico era que patrones y obreros no llegaran a acuerdo, y el tema fuera llevado a tribunales laborales, los cuales daban la razón sistemáticamente a los obreros. Por ello, los empresarios empezaron a decir que los tribunales laborales del régimen estaban a favor de los obreros. Ello causó admiración en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su director, Albert Thomas, llegó a comentar su admiración por el trabajo de UGT en España.

     Entonces, los patronos crearon Asociación de Estudios Sociales y Económicos, AESE, organismo que tenía por finalidad hacer proyectos para reformar los Comités Conjuntos. Aunós era consciente de la voluntad de los patronos en este tema, y rechazó siempre todas las propuestas de AESE.

         Política social agraria.

Una nota negativa del sistema es que no se atreviera a tocar los latifundios y minifundios, y solucionar un poco el problema de la tierra. Probablemente, este olvido fuese muy positivo para España.

     Los obreros del campo no se vieron favorecidos por la acción del Estado de Primo de Rivera. Los gobernantes entendían que no se podía ir contra corriente, ni mantener las explotaciones inviables con alto coste para el Estado, para fracasar al poco tiempo y perder toda la inversión. Era precisa la transformación laboral de España, y ello llevaría algún tiempo. De todos modos, en 1923 se legalizaron las ocupaciones de tierras hechas por los pequeños campesinos desde tiempos antiguos.

     En 1925 se creó la Organización Nacional del Crédito Rural.

En 1926 apareció la Junta Central de Acción Social Agraria, organismo para ayudar a grupos de arrendatarios que se comprometieran a pagar el 20% del beneficio obtenido de la compra en conjunto de una gran  propiedad agraria. Los dueños de las grandes propiedades eran libres de venderlas o no, pero los pequeños agricultores tenían la opción de hacer ofertas mancomunadas. El resultado de la acción de la Junta Central de Acción Social Agraria fue que 4.202 colonos compraron 21.501 hectáreas de tierra, lo cual es algo insignificante en el conjunto de la agricultura española, pues los campesinos sin tierra eran millones. Los arrendatarios seguían pidiendo, como siempre, la expropiación forzosa de las fincas no cultivadas, con cargo al Estado, y para repartirlas entre ellos, pero a eso se opuso siempre el Gobierno de Primo de Rivera, pues era imposible para el Estado y además se tenía la experiencia de que las fincas eran revendidas o abandonadas en poco tiempo por los beneficiarios de las asignaciones, y no se solucionaba el problema social nunca.

     En mayo de 1928, apareció un Decreto para extender la organización corporativa al campo, es decir los Comités Conjuntos. Entonces, la Confederación Nacional Católica Agraria CONCA, que representaba a 600.000 pequeños agricultores y arrendatarios y braceros, y la Liga Nacional de Campesinos, y otras patronales agrarias, protestaron contra la formación de Comités Conjuntos en el campo. La CONCA y la Liga Nacional de Campesinos eran organismos católicos, que gestionaban estos asuntos al buen criterio e interés del párroco y del obispo respectivo, y el asunto se complicaba pues se mezclaba política con religión. El Gobierno desistió y dejó que los clérigos siguiesen actuando a su buen saber y entender.

En noviembre de 1929 se dio una Ley de Subarrendamientos para conseguir arrendamientos de larga duración y concedía reducciones de los impuestos en casos de mala cosecha. Respecto a los foros minifundistas, o arrendamientos de arrendamientos, se decretó que los que trabajaban la tierra tenían derecho a comprarla y para ello se ponían a su disposición las Cajas Provinciales de Crédito Rural, pero el tema no progresó adecuadamente, pues en el caso de subarrendamientos en cuarto y quinto grado, era muy difícil definir quién quedaba en posesión de la tierra, quién cobraba la venta, etc.

         Avances en Seguridad Social.

     En materia de Seguridad Social, se elaboró un proyecto corporativista patrocinado por los farmacéuticos y médicos. Una vez dadas las leyes de Accidentes de Trabajo de 1900, instaurado el INP en 1908, y hechas obligatorias las cuotas para la vejez e invalidez, en 1918 se planteaba un nuevo sistema de protección al obrero: Se argumentaba que las antiguas Mutuas representantes de la libertad comercial, siempre habían estado en quiebra, cosa que era verdad, pero que la estatalización que querían los obreros era perniciosa pues casi siempre las organizaciones políticas estaban mal regidas, e incluso abandonadas. Por ejemplo, era conocido que en la elaboración de los presupuestos municipales, se dejaban los apartados de sanidad y beneficencia para el dinero que sobrase al final, si sobraba algo, de modo que el maestro y el médico, muchos años se las veían mal para cobrar. Los médicos y farmacéuticos propusieron unas Mutuas “sin ánimo de lucro”, privadas (pensaban que serían gobernadas por ellos), y patrocinadas por el Estado, que debería cubrir los déficits que se produjeran. El negocio estaba claro, y no había más que provocar cada año el déficit para obtener dinero del Estado. Un “sin ánimo de lucro” suele significar lo contrario de lo que parece decir.

Otras leyes de Seguridad Social: Se hizo legislación sobre el retiro obrero. Se promulgó la Ley del Descanso Dominical. El Tesoro del Emigrante ofrecía protección a los emigrantes y facilitaba la repatriación de los que se hallaban en dificultades para regresar a España.

         La protección a la familia:

Una Real Orden de octubre de 1924, complementaria de otra de julio de 1925, procuraba créditos para construir viviendas.

     En junio de 1926 se concedieron subvenciones a las familias numerosas.

     En 1927, se hizo la Ley del Descanso Nocturno de la Mujer Obrera, y el Reglamento del Trabajo a Domicilio, que implicaba a muchas mujeres.

     En 1928, el Gobierno se comprometió a redimir en los Montes de Piedad los objetos de menos de 25 pesetas por lote, liberar de impuestos de utilidades a los que ganaran menos de 8,90 pesetas diarias, e inició un programa de construcción de casas baratas, y otro de acceso a la tierra de pequeños agricultores.

En 1929 apareció la seguridad social de las mujeres embarazadas. Fue una de las últimas medidas sociales de la dictadura.

          Avances en cuestiones de enseñanza.

Se inició un programa de construcciones escolares por el que se crearon 1.000 plazas de maestros al año, y se crearon 5.000 unidades escolares, además de las Escuelas de Trabajo (o de formación profesional). Eduardo Callejo de la Cuesta impuso el texto único en educación. Las tasas de analfabetismo se redujeron drásticamente en la década de 1920-1930, bajando al 8,7% en los hombres y el 9,15 en las mujeres. En 1928, el Gobierno puso maestros en 1.500 unidades escolares e inició la construcción de 700 escuelas nuevas (construyó 5.000 en el periodo 1923-1929).

Se construyeron bastantes institutos de enseñanza media, y los alumnos de media pasaron de 57.000 en 1920, a 70.000 en 1930 en el conjunto de España. Y los alumnos universitarios pasaron de 24.000 a 31.000 en las mismas fechas[1].

De 1900 a 1930 se produjo un gran desarrollo de los colegios privados religiosos en España. Si los colegios privados ya habían crecido mucho en 1880-1898, hasta alcanzar los 11.000 alumnos, atenderán a 34.088 alumnos en 1930 en 295 colegios religiosos, lo cual era una fuerte competencia para los Institutos de Enseñanza Media.

El 25 de agosto de 1926 se produjo el decreto de bachillerato de Eduardo Callejo de la Cuesta que dividía el bachillerato en dos partes: tres años de bachillerato elemental, y tres años de bachillerato universitario (superior), que estaban divididos en ciencias y letras. Las reformas de Callejo continuarían en 1928 para la Universidad y la escuela.

Este decreto de bachillerato de 25 de agosto de 1926, se complementará con el Decreto de 19 de mayo de 1928 de Enseñanza Universitaria, el cualconcedía a las Universidades libertad pedagógica, pero sometiendo a los profesores a la autoridad del Rector y de la inspección. Todas las Universidades podían conferir el título de doctor, y no sólo Madrid. El Decreto reordenó enseñanzas, estableció asignaturas obligatorias y optativas que se debían impartir en todas las Universidades, de modo que fuera posible homologar los títulos dados por cualquiera de ellas, reguló la matriculación, titulación, exámenes… Callejo puso en la Universidad asignaturas obligatorias y asignaturas optativas, de modo que todos los planes de las diversas Universidades eran compatibles, y así, la titulación era uniforme en todo el Estado. También afectaba esto a las Universidades privadas de jesuitas y agustinos, que no podían hacer planes de estudios diferentes.

El número de estudiantes de las Escuelas Normales, centros no universitarios que preparaban para ser maestro, creció en un 80%.

El número de universitarios casi se duplicó, desde los 27.800 de 1923 a los más de 50.000 a partir de 1929.

     En 31 de octubre de 1924, se produjo el Estatuto de la Enseñanza Profesional para que los obreros se formasen y pudieran ascender de categoría laboral. La Escuela Social estaba dotada de biblioteca y archivo, y facilitaba a los obreros el estudio de las cuestiones sociales.

Sobre espectáculos de masas.

     Primo de Rivera decidió tener grandes estadios de fútbol, que por entonces era ya el espectáculo deportivo preferido por las masas. Estos estadios se construyeron en Madrid y en Barcelona. En 1923, el Atlético de Madrid construyó el Stadium Metropolitano para 20.000 espectadores. En 1924, el Barcelona construyó Les Corts para 30.000 espectadores. En 1925, el Real Madrid construyó el Chamartín para 15.000 espectadores. Las cifras se multiplicarían durante el franquismo, cuando el Real Madrid construyó en 1947 el Bernabeu para 75.000 espectadores, y el Barcelona construyó el Camp Nou en 1957 para 99.000 espectadores.

     También se reglamentó en 13 de junio de 1928 la fiesta de los toros, en lo relativo a los caballos. Por entonces, el despanzurrado de caballos y esparcimiento de sus tripas por la arena, era lo más aclamado por los espectadores de la fiesta de los toros. Primo de Rivera impuso el peto que protege al animal frente al toro. Y el picador dejó de ser la estrella de la faena, dejó de trabajar en el centro de la plaza, y su labor se limitó a preparar el toro según instrucciones del matador. La nueva función del picador era restar fuerzas al toro para que fuera posible la suerte de la muleta, pero no quitarle tantas fuerzas como para dejarle renqueante, cosa que también hicieron los toreros malos, pues ello les permitía hacer piruetas, desplantes y figuras que encandilaban al público más ignorante, la mayoría de los espectadores.

     El fútbol y los toros fueron utilizados por los gobernantes como medios de manipulación de masas durante gran parte del siglo XX. Cuando había problemas políticos, aparecían en la prensa grandes partidos de fútbol y grandes disputas sobre toreros, que servían de sustitutivo a la atención popular sobre la política.

              UGT-PSOE en la Dictadura.

     El Secretario de Guerra de diciembre de 1925 a marzo de 1928, Juan O`Donnell Vargas, III duque de Tetuán, Capitán General de Madrid, visitó la Casa del Pueblo de Madrid en señal de amistad del Gobierno con UGT. Era el símbolo de la realidad laboral de la época de Primo de Rivera.

A pesar de la labor de UGT, Largo Caballero, el líder de UGT fue acusado por CNT y por los comunistas, de haber abandonado la lucha de clases, a lo que contestó Largo Caballero que él estaba humanizando la lucha de clases, pero que abandonaba la huelga continua y el recurso a la violencia, que eran los motivos que movían a los revolucionarios, a los que poco importaba el progreso en el bienestar de los obreros, pues querían la revolución y la conquista del poder. Largo Caballero aducía que él había conseguido convenios colectivos favorables a los obreros, y había conseguido que un sindicato obrero, UGT, estuviera jugando un papel importante en la legislación del trabajo y la ejecución de esa legislación.

Esta argumentación de 1924, no se comparece con la contraria que caracterizaría a Largo Caballero a partir de 1929, profundamente clasista y agresiva. De lo cual se deduce, que el fin que perseguía Largo Caballero era su estabilidad personal en el poder.

     UGT se había convertido para 1924 en una gran organización burocrática, con mecanógrafas y secretarias que realizaban una gran actividad, como llevar seguros laborales y organizar cooperativas obreras. Primo de Rivera les había prometido respeto en 1923. La perspectiva de la destrucción del sector radical de CNT les hacía pensar a los ugetistas en ganar afiliados, e incluso fundirse con una CNT moderada para formar un sindicato único. Ello tenía un gran inconveniente en la figura de Largo Caballero, partidario de ligar UGT al PSOE, y realizar el sueño de poseer un Estado obrero. A eso le llamaban sindicalismo “de clase”, porque pensaban llevar al poder a la clase obrera.

     Largo Caballero se proponía que UGT superara en peso a los Sindicatos Libres Católicos, los cuales estaban fuertemente implantados en Cataluña, pero el resultado fue distinto en las diferentes regiones españolas: el SOMA del PSOE de Asturias perdió militantes e incluso en 1927, convocó una huelga contra la intervención de Manuel Llaneza; el PSOE perdió militantes en Aragón; y en las zonas rurales, UGT perdía afiliados de forma continua, pues los obreros del campo se pasaban a Confederación Nacional Católico Agraria CONCA, impulsados por los curas rurales. UGT tenía en 1922 el 31% de los sindicados en el campo, y se quedó en el 24% en 1928.

Cuando CNT fue declarada ilegal en 1923, UGT creció en afiliados. Pero los socialistas no ganaron demasiados afiliados durante la dictadura, y mucho menos de forma decisiva como esperaban, a pesar de sus políticas de colaboración con el Gobierno a cambio de obtención de beneficios para los trabajadores: el PSOE pasó de 9.089 afiliados en abril de 1923, a 12.737 en diciembre de 1929. Y UGT tenía 210.617 afiliados en 1923 y pasó a 225.000 en 1929. Las teorías de Largo Caballero, sobre que los socialistas iban a representar a todos los obreros españoles, fallaron.

La creencia de Largo Caballero se fundamentaba en que Primo de Rivera le concedió a Largo Caballero los «Comités Conjuntos» para decidir en cuestiones laborales y así, los obreros de UGT-PSOE se mostraban condescendientes con la dictadura.

[1]He encontrado un texto de fecha anterior, no explicitada, que hablaba de 17.514 alumnos oficiales (presenciales) en los institutos, escolarizados en 100 institutos, y otros 26.284 alumnos libres que también se examinaban en los institutos, lo que hacía un total de 43.798 alumnos en la Enseñanza Media. No lo puedo identificar.