20.04.08.Gobierno López Domínguez de julio 1906.

         Gobierno liberal de José López Domínguez

              6 julio 1906 – 29 noviembre 1906

     José López Domínguez nació en Marbella en 1829. Era militar, sobrino del general Serrano, y apoyó la revolución de 1854 como teniente de Artillería. Fue observador en Crimea en 1854. Se afilió a Unión Liberal y fue diputado. En el 68 ascendió junto a su tío, y fue Subsecretario de Presidencia y Secretario de Regencia, y en 1871 ascendió a Mariscal de Campo y Ayudante de Amadeo I. Intervino en la Guerra Carlista, y en el sitio de Cartagena en 1873. Venció al Cantón de Cartagena a principios de 1874. Llegó a Capitán General en 1874, obteniendo destino en Cataluña. La Restauración fue un contratiempo para su carrera, pero se apuntó a Izquierda Dinástica y al Partido Liberal llegando a Ministro de Guerra en 1883-84 con Posada Herrera, y en 1892-95 con Sagasta. A la muerte de Sagasta, tomó partido por Canalejas y eso le valió para ser Presidente en 1906. Murió en Madrid en 1911.

     El general José López Domínguez tenía 77 años en 1906, pero era un general prestigioso. Su principal objetivo era desplazar a Segismundo Moret y alcanzar la Jefatura del Gobierno y del Partido Liberal Fusionista, y lo había conseguido. Además de la Presidencia, se quedó con el Ministerio de Guerra, lo cual le hacía mucho más importante como Jefe también de los militares.

  Presidencia del Consejo de Ministros, José López Domínguez (del grupo Canalejas)

  Gobernación, Bernabé Dávila Bertoloti (grupo Canalejas)

  Fomento, Manuel García Prieto / 20 julio: Juan Fernández Latorre, interino / 18 agosto 1906: Manuel Garcia Prieto.

  Estado, Pío Gullón Iglesias (grupo Montero Ríos).

  Gracia y Justicia, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.

  Guerra, José López Domínguez / 16 de octubre 1906, Agustín Luque y Coca.

  Marina, Juan Alvarado y del Saz[1]

  Hacienda, Juan Navarro-Reverter Gomis / 18 agosto: Federico Requejo y Avedillo, interino / 31 agosto 1906: Juan Navarro-Reverter Gomis.

  Instrucción Pública y Bellas Artes, Amalio Gimeno Cabañas[2] (grupo Canalejas).

     El Gobierno tenía en contra a diputados de su propio partido, los del grupo de Moret, expulsado del Gobierno por los propios Liberal Fusionistas.

     Era Presidente del Congreso de Diputados, Antonio Maura.

     López Domínguez era un hombre de José Canalejas, que pasaba a ser el jefe de su partido por el acuerdo liberal de que quien fuera Presidente sería líder del partido. Pero la inteligencia la poseía Canalejas y, cuando se creó el grupo Partido Liberal Democrático de Montero Ríos, López Domínguez entabló conversaciones con Canalejas desde noviembre de 1903. Consideraba que la unión entre ambos, les daría el liderazgo indiscutible del partido. Por eso, nombró Ministro de Instrucción Pública a Amalio Gimeno, y Ministro de Gobernación a Bernabé Dávila, porque sabía que eran próximos a Canalejas. A Canalejas en persona, le ofreció que fuera él quien diera las orientaciones generales de la política del Gobierno, una especie de asesor de confianza del Presidente, pero desde fuera del Gobierno. Y así funcionó este Gobierno: Canalejas le escribía cartas a Amalio Gimeno en las que le indicaba lo que pensaba que se debía hacer, y Amalio se las pasaba al general López Domínguez.

         La primera carta de Canalejas.

     El 22 de agosto de 1906, Canalejas escribió la primera y más importante de sus cartas para el Gobierno. El contenido era todo un programa de Gobierno a corto plazo, y hablaba de lo que llamaba medidas urgentes. Constaba de 40 páginas. De las 40 páginas, 34 trataban de la cuestión religiosa. Decía que el problema religioso de España le parecía la cuestión fundamental a resolver, aunque había otros problemas como el cobro de impuestos para equilibrar el presupuesto, los problemas sociales, las autonomías locales, y las reformas agrarias. Sobre la cuestión religiosa, afirmaba que los españoles eran a la vez católicos y liberales, y el problema era que no se podía desarrollar un programa liberal si no se delimitaban de una vez los derechos de la jerarquía católica. España había pasado por dos o tres guerras carlistas, y en ese momento pendía la amenaza de otra guerra religiosa más. La justificación de esta afirmación tan grave, era que los integristas se habían infiltrado en las cátedras universitarias, en las academias, en el ejército, en los tribunales de justicia, en la Administración, en los obispados y en las órdenes religiosas. Creía que la dirección de este plan la estaban gestionando los jesuitas. Y pensaba que los integristas eran verdaderos fanáticos.

     Decía Canalejas que gran parte de la culpa de la situación en que vivía España en cuanto al integrismo, la habían tenido los propios liberales por no abordar el problema de frente, porque los Gobiernos liberales habían tratado de evitarse problemas y discordias, y mientras tanto, habían concedido a los frailes la capacidad de adquirir casas, escuelas, asilos y otros bienes. Y una vez que la jerarquía católica se había hecho poderosa económicamente, habían empezado a introducirse en política.

Decía que hacían política desde el púlpito, desde las pastorales de los obispos, desde las homilías de los párrocos. Incluso muchas sediciones políticas se preparaban en círculos religiosos. El campo más grave de actuación de los religiosos había sido la enseñanza, porque a la vez que enseñaban, se dedicaban a formar conciencias, un terreno que debía estar reservado a la familia, y no a los sacerdotes, frailes ni monjas. Incluso se daba el caso de profesores que no tenían nivel para impartir al enseñanza, pero ello no les importaba a los dueños de los colegios religiosos, si cumplían la función para la que les ponían en ese puesto, el adoctrinamiento moral y político.

Decía que el adoctrinamiento que estaban haciendo los clérigos católicos era culpa de los liberales, porque el Estado debería controlar que los profesores tuvieran el nivel necesario en las asignaturas que explican, y no se estaba haciendo. Al parecer de Canalejas, la enseñanza debería ser controlada por las familias, de modo que se pudiera evitar el adoctrinamiento de sus hijos en las ideas que los padres rechazaban. Incluso no vendría mal la acogida de maestros extranjeros, y el hacer viajar a los niños al extranjero, para que los niños mismos vieran que existen sistemas de enseñanza libres, donde los profesores educan respetando la libertad de cultos.

     Respecto a la cuestión del matrimonio, Canalejas decía que había que dejar claro que era una competencia del Estado. En el caso de los católicos, podía acordarse que el Estado se lo debiera comunicar a la Santa Sede, pero de ninguna manera podía suceder al revés, que el Estado recibiera notificación sobre la gente que los sacerdotes habían casado. Ni tampoco podía rebajarse el Estado a pactar la gestión de ese hecho social con quien no tenía derecho alguno en lo civil.

     Respecto a la doble obediencia de los religiosos, la civil y la eclesiástica, en la que los integristas creen que, en caso de discrepancia, deben obedecer al párroco, obispo o Papa, y no al Estado, Canalejas afirmaba que los seminaristas y religiosos debían saber de su obligación de cumplir los deberes civiles como cualquier ciudadano español, incluido el servicio de armas en el ejército.

     En lo que respecta al ejército, los soldados no deberían ser obligados a oír misa.  

Y en el ámbito de lo civil, se debía acabar con los privilegios de la Iglesia católica en materia de disfrutar de rebajas tributarias, en el privilegio de la mano muerta, y en la ocultación que hacen sobre la propiedad eclesiástica de que disfrutan. Es decir, con la contradicción de tener muchos bienes, y simultáneamente estar siempre diciendo que la Iglesia es pobre y que vive en la pobreza evangélica.

En cuanto a los conventos, era preciso limitar el número de profesos nacionales y reducir la llegada de extranjeros. Estas medidas no irían contra el derecho de asociación, aunque seguramente habría que prohibir algunas asociaciones religiosas, porque las asociaciones de carácter perpetuo, irrevocable y totalitario, son contrarias a los derechos humanos, están hechas para confundir la voluntad individual de los niños y jóvenes novicios, y no pueden ser legalizadas y toleradas por el Estado.

Por todo lo anterior, el Estado debía denunciar el Concordato con la Santa Sede y hacer una nueva Ley de Asociaciones que derogara la Ley de 1887. En esta nueva Ley de Asociaciones, el Estado tenía que reservarse la autorización para la existencia de cada asociación y congregación religiosa, la posibilidad de suspenderlas si llega el caso, la posibilidad de suprimirlas si es preciso, y el Estado debía regular las propiedades de cada asociación y congregación, de forma que pudieran poseer los bienes necesarios para su subsistencia, pero no todos los bienes que apetecieran acumular. El Estado debía conocer en número de miembros de una asociación, y debía conocer en todo momento sus cuentas económicas. El Estado debía declarar que los votos perpetuos de las órdenes religiosas no tienen efectos jurídicos en materia civil y, por ello, debía denunciar el convenio de “modus vivendi” de 1902, y el convenio hecho por Maura en 1904.

En adelante, continuaba Canalejas, las Leyes de Asociaciones se deberán comunicar a Roma, pero nunca se debería negociar con Roma, ni se admitirían rectificaciones de un poder ajeno al propio Estado. Sobre la futura Ley de Asociaciones, decía que ésta debía contemplar en un aparte el tema de la Iglesia.

Sobre la libertad de cultos dada por Moret en mayo de 1906, había que denunciar que era una maniobra de Moret para proclamarse más liberal que nadie, pero la verdad era que Moret no había introducido ninguna reforma en las relaciones del Estado español con la Iglesia, y se había limitado a admitir los símbolos y letreros en las fachadas de las iglesias y edificios religiosos, y a admitir la exigencia de juramento para tomar posesión de los cargos públicos, juramento que se hacía encima de símbolos católicos. Es decir, sólo había hecho nuevas concesiones a la Iglesia.

Y sobre el tema de querer cambiar la Constitución para todas las nimiedades que se proponían en Cortes, Canalejas decía que era era imprudente. Se podía resolver con una Ley.

Aparte de todo lo citado, Canalejas citaba otras reformas a acometer por el Gobierno, pero las resolvía todas en 6 páginas: reformas económicas; descentralización; servicio militar obligatorio; reformas sociales; reforma agraria; y reforma militar.

Se debe advertir que Canalejas era un católico ferviente, y que incluso tenía oratorio privado en su casa, a fin de que se pudieran decir misas en él. Pensaba que la Iglesia estaba haciendo un buen papel en cuanto a abrir talleres, visitar presidios y hacer reintegraciones sociales. Lo que ocurre, es que los católicos integristas no le toleraron, y dijeron de él falsedades, como que era ateo, o que era masón. Canalejas distinguía entre religión católica y clericalismo, y era católico y anticlerical[3].

         López Domínguez y el Nuncio Rinaldini.

     En consecuencia con las recomendaciones de Canalejas, López Domínguez decidió mostrarse fuerte ante la Iglesia. El problema se planteaba así: en primavera de 1906, el Nuncio Aristide Rinaldini había enviado al Gobierno de Moret dos peticiones: que la custodia y dominio de los cementerios le fuera concedida a la Iglesia católica, y que no se pudiera contraer en España matrimonio civil sin abjuración previa del catolicismo documentada. Y argumentaba que así lo decía la Constitución de 1876 y el artículo 42 del Código Civil, base tercera, además del Concordato. La Iglesia no cejaba en pedir poder y privilegios.

     López Domínguez respondió al Nuncio que los cementerios eran propiedad de los Ayuntamientos, y que, a la Iglesia le correspondían únicamente los ritos religiosos que las familias tuviesen a bien contratar.

Los entierros se pagaban, y había categorías de primera, segunda y tercera, con distinto precio según el lujo, y las sepulturas las vendía la Iglesia a precios muy altos, aparte de funerales, triduos, semanarios, aniversarios, que se establecían como costumbre católica y también se pagaban.

Y respecto a los matrimonios, López Domínguez contestó que los españoles no tendrían en adelante que declarar qué religión profesaban, en el caso de que se estuvieran casando civilmente.

     Romanones se opuso tajantemente a las demandas del Nuncio y exigió, por contra, autorización legal a los colegios que estuvieran impartiendo enseñanza, lo cual obligaba a pedir autorización a todos los colegios religiosos, pues ninguno la tenía.

La Iglesia jugó la carta del victimismo: Los obispos consideraron que la Iglesia Católica estaba siendo perseguida. El Papa Pío IX se enfadó muchísimo y dijo que, en esas condiciones, no estaba dispuesto a renegociar el Concordato.

     Se estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua: porque en España se casaban civilmente menos de 100 parejas al año. En realidad, se trataba de una campaña de los integristas católicos contra López Domínguez y Canalejas. El obispo de Tuy, Menéndez Conde, publicó una Pastoral diciendo que el matrimonio civil era un “concubinato legal” (vivir en pecado, en el lenguaje de la Iglesia), y que Romanones decía tonterías. El arzobispo de Valencia, Guisasola, se adhirió a lo dicho por Menéndez Conde.

       El Proyecto de Ley de Asociaciones Religiosas.

El liberal José Morote redactó un proyecto de ley de Asociaciones Religiosas que Bernabé Dávila (Ministro de Gobernación) presentó al Consejo de Ministros para que España tuviese unas leyes, y no los acuerdos del Concordato con Roma. Maura opinaba que se iba hacia la guerra civil. Moret, líder liberal, decidió retirar su apoyo a López Domínguez, y escribió al Rey para que le retirara la confianza a López Domínguez, y el Rey así lo hizo, y exigió su dimisión, que se conoce como la “crisis del papelito”.

     Las campañas católicas contra el Gobierno.

     Los católicos iniciaron una campaña de manifestaciones proclericales. Las organizaba el Comité Barcelonés para la Defensa Social, el cual se había constituido en 1903. Estaba integrado por carlistas, integristas católicos y pidalistas.

     En noviembre de 1906, el Comité de Defensa Social, una organización católica, recogió firmas contra el Proyecto de Ley de Asociaciones, y presentó 100.000 firmas, cuyo valor es cuestionable pues nadie puede comprobar la autenticidad de las firmas recogidas en la calle. La mayoría de las firmas habían sido recogidas en Cataluña, Huesca y Santander. Y junto a ellas, enviaron un escrito de protesta a las Cortes. Y los carlistas y católicos integristas hicieron algunos mítines, a los que acudían entre 3.000 y 4.000 personas, y luego publicaban que habían reunido 30.000 ó 40.000 personas. Pero no debemos imaginar que hubiese grandes manifestaciones y preocupaciones en la calle. El catolicismo español empezaba a ser más superficial de lo que oficialmente se decía.

         El cese de López Domínguez.

     Entonces, Segismundo Moret Prendergast envió una carta a Alfonso XIII diciendo que en adelante él no apoyaría a López Domínguez, y asumía las consecuencias de romper el Partido Liberal Fusionista. Como tantas veces ocurre con los traidores, culpaba a los demás líderes de su partido de ser ellos los que habían roto el partido. Era la llamada “crisis del papelito”. El papelito era la carta de Segismundo Moret.

     El Rey le comunicó los hechos a López Domínguez, y éste dimitió, porque dejaba de tener mayoría en la Cámara de Diputados, y además tenía dentro de su partido un enemigo que votaría siempre en contra.

[1] Juan Alvarado y del Saz 1856-1935, fue ministro de Marina en 1906, de Hacienda en 1909, de Gracia y Justicia en 1916, de Estado en 1917.

[2] Amalio Gimeno Cabañas 1852-1936 era médico, catedrático de Patología en Santiago de Compostela en 1875, de Terapéutica en Valencia 1877, de Higiene Privada y Pública en Madrid 1888 y de Patología en Madrid 1891, fue ministro de Instrucción Pública en julio de 1906, en diciembre de 1906, y en abril de 1911, de Marina en diciembre de 1912, de Estado en abril de 1916, de Marina en noviembre de 1917, de gobernación en diciembre de 1918 y de Fomento en diciembre de 1919.

[3] José Canalejas Méndez, 1854-1912, nacido en Galicia por casualidad, estuvo desde el principio de su vida en Madrid. Era hijo del ingeniero José Canalejas Casas, Director de los Ferrocarriles Madrid-Ciudad Real-Badajoz. Estudió en Madrid en el Colegio Pantoja, y en el Instituto de San Isidro, y en la Universidad Central, donde hizo Filosofía y Letras y Derecho, de lo que se licenció en 1871 y 1872. Tenía un tío catedrático de Literatura, Francisco de Paula Canalejas, y le hizo Profesor Auxiliar de Literatura en la Universidad, trabajo en el que estuvo tres años. Su tío, tenía también una tertulia en su casa, a donde acudían demócratas y republicanos, por lo que se relacionaban con hombres de izquierda como Morayta y Ruiz Zorrilla. Se presentó a la oposición a la cátedra, una oposición por sistema de “trincas” entre los opositores, confrontaciones entre unos y otros que duraban hasta un mes. La oposición la ganó Marcelino Menéndez Pelayo, y Canalejas quedó segundo. En 1880 se sentía próximo a los republicanos, pero acabó en el Partido Liberal Fusionista. Fue Ministro de Fomento en 1888, de Gracia y Justicia en 1888, de Hacienda en 1894, de Agricultura, Comercio y Obras Públicas en 1902, Presidente del Congreso de Diputados en 1906 y Presidente del Consejo de Ministros en 1910.