19.24.06.Gobierno Cánovas en 1891-1892.

          GOBIERNO CÁNOVAS EN 1891-1892

Contenido esencial: Rerum Novarum; Círculos Católicos; Unió Catalanista; proteccionismo; la escisión de Silvela; Antonio María de Cascajares; crisis política en 1892.

     Cánovas estuvo en el Gobierno desde julio de 1890 a diciembre de 1892. Tratamos aquí la segunda parte de este Gobierno, correspondiente a 1891-1892.

              Nuevos periódicos en 1891.

     En mayo de 1891 apareció el periódico La Lucha de Clases un semanario socialista dirigido por Valentín Hernández en Bilbao. En febrero de 1892, el periódico  fue suspendido y su redactor fue juzgado por insultos a la Guardia Civil, pero reabrió el 7 de octubre de 1894. Escribían José Aldaco, Luis de Aquino, Pablo Iglesias, Pedro Luero, Toribio Pascual, Unamuno en su época socialista de 1894 a 1897. Tenía poca tirada y se vendía en Bilbao, Vizcaya, Santander, Oviedo y Gijón. En 1900, Valentín fue expulsado del PSOE y se hizo cargo del periódico Álvaro Ortiz. Se cerró en junio de 1937.

     En 1891 apareció el periódico La Veu de Catalunya dirigido por Narcís Verdaguer Callís, en el que colaborarían Prat de la Riba y Francés Cambó. Fue semanal hasta 1899 y diario posteriormente. Nació como catalanista moderado y conservador, frente a El Poble Catalá que era catalanista más radical y republicano. Era el órgano de prensa de Lliga Regionalista. Este periódico sería famoso por ser asaltado por los militares el 25 de noviembre de 1905. En 1917 apoyaría a la Asamblea de Parlamentarios y por ello fue suspendido en 12 de julio de 1917. En 1923 era partidario de Primo de Rivera, pero se fue defraudando progresivamente respecto a él, y acabó en contra en 1927. En 1936 fue requisado por CNT para lanzar Diari de la Autonomía i la República, y Diari Antifeixista Controlat pel Comité Obrer.

     Valentí Almirall defendió unas ideas muy rudas y primarias: los castellanos desprecian todo lo catalán. Los catalanes son muy trabajadores, mientras el resto de los españoles son más bien vagos. Los catalanes son explotados por “Madrid” (entiéndase el Gobierno de España). Estas ideas cuajaban muy bien en ambientes populistas y de poca altura de pensamiento. El pensamiento de Valentí Almirall ya lo hemos tratado en otros capítulos.

              La Rerum Novarum en 1891.

     En 15 de mayo de 1891, León XIII publicó la Rerum Novarum, en la que reconocía como injusta la situación del obrero. Pero el Papa culpaba de esa injusticia al liberalismo y sus libertades, y al socialismo y sus ideas de hacer desaparecer la propiedad y de atraer a las masas hacia la violencia por medio de la teoría de la lucha de clases. Era llevarse el ascua a su sardina con muy poca base de pensamiento. No distinguía entre la teoría del liberalismo como defensa de los derechos humanos, y la práctica que se estaba haciendo del liberalismo como defensa de los intereses de los ricos. Y esta falta de precisión parece que era voluntaria, para defender unos intereses concretos, los intereses materiales de la Iglesia, o “el becerro de oro”.

La encíclica defendía la propiedad privada como derecho natural y pedía el derecho de asociación para poder luchar por salarios justos. Instaba a los católicos a formar sus propias asociaciones, al estilo de lo que fueron los Círculos Católicos. Pero la idea del Papa no era tanto defender derechos obreros como atraer a la gente al catolicismo. Partía de la idea de que el catolicismo era la solución de todos los problemas sociales, y por eso, por partir de ideas preconcebidas, llegaba a soluciones demasiado simples, que fracasaron en las siguientes décadas, a pesar del empeño que pusieron en su realización los dictadores españoles como Primo de Rivera y Franco, y los jesuitas y dominicos al servicio de la idea papal.

     La encíclica fue entendida en España como un impulso a los grupos obreros católicos.      La idea de León XIII tuvo éxito en España, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Italia y Holanda, de mano de los jesuitas y dominicos, que se pusieron a trabajar para cumplir los deseos del Papa. En 1891 surgieron muchos sindicatos cristianos a raíz de la publicación de la Rerum Novarum.

Los sindicatos católicos se propusieron cuatro fines: difundir la religión frente al ateísmo socialista;  Dar cauces de asociación y reivindicación a los obreros;  organizar actos que atrajeran a la juventud hacia el catolicismo, tales como conferencias, actos culturales, actos recreativos, escuelas nocturnas…; organizar sociedades de socorros mutuos, montes de piedad, cooperativas de consumo, cajas de ahorros, que atrajeran a los obreros al catolicismo.

     León XIII, 1878-1903, quiso poner a la Iglesia Católica a la altura de los movimientos sociales ya presentes en toda Europa y organizados desde mediados de siglo, de los que la Iglesia no se había ocupado, y propuso hacer sindicatos católicos y sociedades de socorros mutuos, y cooperativas de crédito rural, como las que estaban gestionando los socialistas y anarquistas. La idea buena de León XIII era que las masas tenían derecho a una más equitativa distribución de la riqueza, y no a la mera caridad. Lo malo de León XIII era que no concretaba el tema (cosa que la Iglesia tuvo a gala, y calificaba de prudente), salvo en el caso de abrir colegios y hospitales, lo cual era algo que la Iglesia venía haciendo desde hacía mil años.

Los ricos terratenientes y los industriales vascos y catalanes, muy católicos, se sintieron cómodos con la nueva doctrina católica que les permitía dirigir ellos la vida de los obreros en cuanto a abrir barracones que se transformaban en escuelas y centros de catequesis, y de rezos y normas de vida dentro de la fábrica, lo cual no era exactamente redistribución del poder y de la riqueza, sino todo lo contrario. En realidad, los colegios quedaron para la clase alta y media, e incluso las becas fueron para la clase media, y no para la clase baja. A los pobres no les quedó otro recurso que entregar sus hijos a la propia Iglesia para sacarlos de la miseria, cosa que ya venía sucediendo desde mil años antes. Las reformas escolares católicas importantes no llegarán a España hasta después de 1905, cuando Francia decidió que el Estado se hiciese cargo de los colegios, y muchos religiosos huyeron a España (los maristas principalmente), y cuando Italia hizo otro tanto llegando a España los salesianos.

     León XIII, 1878-1903, hizo una política confusa: liberalizó un tanto el catolicismo al reconocer a los Estados el dominio temporal, esto es, renunciar al integrismo católico, siempre que las democracias defendieran los derechos humanos, pero se opuso al racionalismo, la masonería y el liberalismo, que le llevaban la contraria. También abrió los archivos vaticanos a los estudiosos de todas las creencias, lo cual era signo de liberalismo. Pero pretendía recuperar los Estados Pontificios y por ello boicoteó al Estado Italiano siempre, lo cual era entrar en temas que no competían a la Iglesia. Volvía a querer un reino “temporal”, lo que nos lleva de nuevo al “becerro de oro”[1].

               Los Círculos Católicos.

     Entre 1890 y 1892, el jesuita padre Antonio Vicent fundó 22 “círculos”, los cuales celebraron asamblea en Valencia en 1893. Los Círculos eran asociaciones católicas en las que se pretendía que participaran los obreros y los empresarios, de modo que éstos ayudasen en los problemas de los obreros. Los marxistas lo llaman sindicalismo vertical[2]. Sobre la ideología de estos Círculos hay que decir varias cosas: que estaban bajo la jerarquía católica; que tenían como fin secundar las enseñanzas del Romano Pontífice; que luchaban contra los sindicatos obreros, contra los republicanos y contra los liberales.

La Asamblea de Círculos de 1896 nombró presidente de honor al obispo de Madrid Alcalá, y presidente efectivo a Marcelo Azcárraga, vicepresidentes al II marqués de Comillas Claudio López Bru, al duque de Bailén consorte Manuel María de Castejón y Elío, y al marqués de Hinojares, vocales al marqués de Pidal, Rodríguez Sampedro, Severino Aznar y al vizconde de Eza, secretario a Carlos Martín Álvarez, consiliario al jesuita padre Antonio Vicent y viceconsiliario al jesuita padre Francisco de Paula Garzón, es decir todo el ultracatolicismo del momento y gran burguesía e iglesia católica. El marqués de Comillas llegaría a fundar en Barcelona un Centro de Defensa Social para luchar contra sindicalistas, republicanos y liberales, y el duque de Sotomayor fundaría otro igual en Madrid.

El programa social católico se completó desde 1892 con las Cajas Rurales para proporcionar crédito barato a los pequeños propietarios rurales, que se hicieron ultracatólicos naturalmente.

     En 1893, el padre Vicent publicó un libro titulado Socialismo y Anarquismo del que vendió miles de ejemplares. En plena fama, organizó una peregrinación a Roma y logró llevar a 18.527 personas, una cifra enorme para la época. Por entonces, Claudio López Bru II Marqués de Comillas, decidió apoyar el movimiento cristiano y llevó gratis a los peregrinos en sus barcos hasta Ostia, y él mismo fue con ellos. La idea del padre Vicent era que, interpretando la Rerum Novarum, debía organizar a los obreros en gremios en los que también ingresasen los patronos, y todos juntos, bajo la dirección de un sacerdote, discutieran los problemas laborales.

         Los Congresos Católicos.

     Desde 1889 y hasta 1902, se celebraron en España seis Congresos Católicos: Madrid 1889, Zaragoza 1890, Sevilla 1892, Tarragona 1894, Burgos 1899 y Santiago 1902, que representaban un intento de dar una respuesta católica ante el liberalismo y el progresivo acercamiento del Gobierno a las ideas liberales. Los integristas católicos creían que la libertad humana para decidir sobre sus ideas religiosas era perniciosa. Estas asociaciones tuvieron su influencia frente a los sindicatos obreros y frente a los Gobiernos.

               El regionalismo en 1891.

     El regionalismo español se relaciona en gran medida con la lengua. La búsqueda de diferencias culturales entre distintos colectivos, búsqueda hecha por diversos grupos burgueses, encuentra un elemento diferenciador en el idioma. La península ibérica se ha formado en torno a cuatro idiomas, una vez desterrados el judío y el árabe tras la Reconquista, y marcándose como fecha de referencia la de 1492. Son: el vasco, el gallego-portugués, el castellano y el catalán-valenciano-balear.

     El idioma castellano se afianzó en los siglos XVI y XVII llegando a ser el idioma culto de Europa, hablado en casi toda la Europa occidental. Fue desplazado por el francés en el XVIII y por el inglés a partir del XIX. En la península, el castellano ocupó la casi totalidad del territorio: El vasco se redujo a zonas rurales de Guipúzcoa y Vizcaya, cada una de las cuales hablaba distinto entre ellas. El catalán perduró sobre todo en el pirineo, en zonas interiores de la provincia de Barcelona, en el Maestrazgo, en Reus-Tortosa, y en zonas rurales de la región valenciana y balear, casi siempre en forma de dialectos diversos. El gallego tuvo una evolución diferente en un Portugal independiente y en una Galicia fuertemente castellanizada.

     El regionalismo, a finales del siglo XIX y principios del XX, se esforzó por unificar esos residuos dialectales para reconstruir un idioma que, dotado de una gramática y una literatura propias, y elaborada por ellos mismos, pudiera oponerse al castellano. El regionalismo tomó así una segunda característica además de la burguesa, se realizó en contra del idioma castellano, se politizó. Para esta labor se favorecía, desde medios burgueses, la aparición de «Juegos Florales», escuelas, revistas de poesía y difusión de novelas.

     La tercera característica regionalista, basada en las otras dos, es la reivindicación de la autonomía política.

     Caso especial es el regionalismo andaluz, de raíz social regeneracionista, que cultiva las peculiaridades folclóricas andaluzas dentro del idioma castellano, y reivindica la autonomía política como generadora del desarrollo y la industrialización a la que aspira.

     El regionalismo gallego, por sus características económicas resultó muy distinto del vasco y del catalán. En medio de un ambiente rural y sin industrialización, siempre fue un esfuerzo de grupos universitarios románticos que no lograron convencer a los campesinos de la necesidad de ser distintos a Castilla. Los campesinos hablaban gallego pero no entraban en reivindicaciones de tipo político. Alfredo Brañas, en 1888, publicó «El Regionalismo» en la idea de crear regionalismos en toda España y los regionalistas gallegos crearon comités regionalistas en las cuatro provincias gallegas en 1890, e incluso una revista «Patria Gallega» en 1891. No pasarán de pequeños grupos románticos hasta 1918.

         Nacionalismo catalán en 1891.

     En 1891, Lliga de Catalunya fundó Unió Catalanista como una confederación de grupos, periódicos y personalidades catalanas dispuestas a propagar ideas nacionalistas. Se reunieron el 15 de marzo de 1891 y decidieron celebrar la Asamblea de Manresa en marzo del año siguiente. Estaba presidida por el arquitecto Lluis Domenech i Montaner, siendo secretario Prat de la Riba. Allí estaban Ángel Guimerá, Pere Aldavert y Joan Josep Permanyer i Ayats[3]. La ideología de estos nacionalistas, partidaria de una sociedad rural, era antiliberal y antidemocrática, pues creía en el corporativismo y el catolicismo como sistema político.

En 1897, los catalanistas apoyaron a los nacionalistas griegos que luchaban por la libertad de Creta. En 1897-98 apoyaron la libertad de Cuba. Es decir, apoyaban todo movimiento separatista a fin de obtener apoyos para su separatismo.

En 1898, los nacionalistas catalanes se dividieron entre los “posibilistas”, representados por La Veu de Catalunya, que creían en la posibilidad de negociar y participar en los Gobiernos de Madrid, y los “nacionalistas”, representados por “La Renaixença”, que no admitían el diálogo ni participación con los liberales de Madrid.

En 1901 llegará la crisis de Unió Catalanista, cuando los nacionalistas crearon Centre Nacional Catalá (1899) y lucharon por una Lliga Regionalista (creada en 1901) que pudiera jugar en la política española. Martí Juliá, presidente de Unió, tratará de darle a Unió Catalanista contenido social, pero los nacionalistas rechazarán esta evolución, y en 1916 hicieron dimitir a Martí Julià y se radicalizaron definitivamente en cuanto a nacionalistas, y se hicieron muy de derechas en cuanto a política social. Con ello, ya estaba configurado el modelo nacionalista catalán.

         Equilibrio monetario en 1891

     España fue al equilibrio monetario en 1891, tras siglos de desequilibrios:

     El 4 de julio de 1891, el ministro de Hacienda, Francisco Cos Cayón, decidió regular la cantidad de billetes en circulación decidiendo que la suma de billetes en circulación, más los depósitos en cuentas corrientes, nunca podrían exceder de las existencias en metálico, más pólizas de préstamo, más créditos con garantía, más efectos a 90 días.

              Proteccionismo en 1891.

     El Gobierno Cánovas de 5 de julio de 1890 a diciembre de 1892, se caracterizó también por la imposición de altos aranceles proteccionistas y por fortalecer al Banco de España para que controlara toda la economía del país. La Ley Arancelaria de 1891 será recordada durante muchos años.

     En 31 de diciembre de 1891 se dio la Ley del Arancel. El arancel de Cánovas era proteccionista y, sobre todo, eliminó los privilegios de importación de hierro para los ferrocarriles españoles, lo cual fue una concesión a los vascos que habían creado en 1882 sus siderurgias, a los textiles catalanes que no lograban exportar y a los grandes productores cerealistas castellanos. Otra consecuencia de esta ley fue la prohibición de exportar a Estados Unidos, cosa que afectó a los productores de azúcar cubanos. Esta restricción hizo a los hacendados cubanos solidarios con los importadores norteamericanos, ambos enemigos del Gobierno de España. Los norteamericanos pusieron dinero en manos de Máximo Gómez, Calixto García y Antonio Maceo para reorganizar la insurrección cubana, muy débil desde 1878. Esta Ley del Arancel sería confirmada en 1906 y 1922 con nuevos aranceles proteccionistas.

     El librecambismo lo había intentado Laureano Figuerola en la Ley de 30 de junio de 1869, previendo que se producirían rebajas de derechos arancelarios en 1875 y en otras fechas precisas posteriores. En 1875, el Ministro Salaverría suspendió sine die la medida de rebajar aranceles, en la famosa Base Quinta. En octubre de 1881, Juan Francisco Camacho levantó la suspensión, mandando realizar las rebajas entre 1887 y 1892. En 1885, los conservadores anularon las decisiones de 1875. En 1886, el ministro Moret trató de ir hacia el librecambismo insinuando que todos los productos europeos pasasen a un sistema como el pactado con Francia en 1882, por el que se rebajaban muy considerablemente los aranceles. Y fue en 1891, cuando se derogó definitivamente el proyecto librecambista de Figuerola de 1869, y se fijó un arancel muy proteccionista.

A Francia se le suprimió la cláusula de nación más favorecida y Francia se enfadó, denunció el acuerdo de 1882 y acordó multiplicar por diez los aranceles que debían pagar los productos españoles. España reaccionó haciendo lo mismo, y el problema se contagió a todos los países europeos, que multiplicaron sus derechos arancelarios. El error, una vez generalizado, ya no tuvo solución, y la renegociación de todos los tratados comerciales nunca lograría rebajar suficientemente los aranceles, y más bien no logró rebajarlos casi en nada, salvo acuerdos muy puntuales.

     Francia era por entonces proteccionista y exigía en sus tratados comerciales internacionales el trato de “nación más favorecida”, es decir, gozar en todo momento de las mismas ventajas que la nación más favorecida en los tratados de comercio de un país.

     Y España tuvo que ceder ante Francia por causa de su debilidad económica: el dinero en París se pagaba al 12% de interés y aún más. Y en Londres, la peseta se cambiaba a 28 pesetas por libra. La renta del Estado español cotizaba a menos del 67% de nominal, es decir, estaba muy poco apreciada, con un 33% de pérdidas.

     El arancel de 1891 tenía sentido porque ayudaba a los industriales catalanes y con ello mejoraba el orden público en Barcelona, pero no era sostenible a largo plazo. Sin embargo se mantuvo muchos años.

         La industria española en 1891.

     En 1891, Asturias abrió varias minas de carbón y la producción de 6 millones de toneladas anuales de 1891 se incrementó hasta los 12 millones de toneladas en 1900. Esta intensificación de producción de carbón coincidió con caída de la producción de hierro para el mercado español y aumento de las exportaciones de hierro.

     En 1891 se puso en funcionamiento el convertidor Siemens para la producción de acero, que ya no necesitaba mineral sin fósforo, y las exportaciones de mineral de hierro español comenzaron a bajar a medida que se imponían los nuevos convertidores. Las minas de Cantabria y el País Vasco estaban condenadas a abastecer solamente el mercado español. Asturias había abierto altos hornos en Mieres con capital extranjero y en La Felguera con capital de Duro y de Pidal asociados a inversores extranjeros, lo cual tenía pocas perspectivas una vez inventado el Siemens. Los siderúrgicos intentarán el cartel y el proteccionismo del Estado, pero fracasarán. Ahora los siderúrgicos dependían de los políticos y concretamente de Cánovas, pues si se cortaba el proyecto de renovación de la escuadra y no se invertía en ferrocarril, no habría salida para el mineral de hierro, el hierro, ni el acero que se estaba fabricando.

         La crisis política de noviembre de 1891.

En 1891, el Partido Conservador se estaba rompiendo entre silvelistas y romeristas. Cánovas intentó reforzar el Partido Conservador y hacer de él el partido hegemónico que había sido en el pasado. Cánovas consiguió que Romero Robledo volviera al Partido Conservador, y el partido tuviera oportunidad de reconstruir su unidad y fuerza, pues entraba de nuevo el apoyo cubano. Pero resultó todo lo contrario. El error de Cánovas, al confiar de nuevo en Romero Robledo, era notorio, porque los había tenido a los dos, a Silvela y a Romero Robledo, en el mismo Gobierno en 1884, siete años antes, y ya se había constatado la incompatibilidad de caracteres. Y porque Romero Robledo había abandonado el Partido en 1885 y volvía en el momento de que el Partido Conservador alcanzaba el poder.

  Francisco Romero Robledo decía que gobernar era alcanzar cada día acuerdos para ir tirando. Romero Robledo volvió al Partido Liberal Conservador en el otoño de 1891 y surgió el enfrentamiento entre Silvela y Romero Robledo. Había sido conservador, se había pasado a los fusionistas, y regresaba a los conservadores.

  Francisco Silvela de le Vielleuze quería la pureza y legalidad de todas las decisiones y acuerdos políticos y no aceptaba componendas.      Silvela, un moralista, no admitió la vuelta de Romero Robledo al partido, pues creía que había que reformar el Estado en beneficio del ciudadano. Empezaba el regeneracionismo político. Silvela quiso convocar una auditoría que revisase los sueldos que se pagaban a ciertos caciques de Madrid, entre los que había algunos toreros famosos, y eliminar estas corruptelas manejadas pro Romero Robledo. Los conservadores no lo aceptaron. Silvela hablaba de la independencia de los jueces y de elecciones limpias.

La ocasión de ruptura entre las dos facciones fue la detención de María Isabel Álvarez Castro, II Duquesa de Castro Enríquez, por haber maltratado a una doncella. Romero Robledo intercedió a favor de la duquesa, mientras Silvela exigió la absoluta independencia del poder judicial. La mayoría de los diputados conservadores se puso del lado de Romero Robledo, pues no parecía proporcionado exponer a tan alta dama a un juicio público, por una cuestión doméstica. Entonces, Silvela hizo unas declaraciones al Diario de la Marina acusando a Romero Robledo.

Cánovas llamó en privado a los dos y les exigió la reconciliación, pero Silvela se mantuvo en su criterio y dimitió.

Pero la elección de Romero Robledo tenía una consecuencia lógica inmediata: Silvela, comprendió que su programa regenerador de la política española, no tendría cabida en el sistema de Cánovas, y como era hombre de conciencia escrupulosa, planteó crisis de Gobierno y abandonó el Gobierno en 19 de noviembre de 1891.

En la disputa, Cánovas se inclinó por Romero Robledo. Lo hizo porque Romero Robledo era menos picajoso que Silvela, no se andaba con tantos miramientos, ni era tan legalista, y además, Silvela era vengativo contra quien no se atenía a todos los puntos de la legalidad. El cambio de líder se produjo en el otoño de 1891, y fue un error para Cánovas. Cánovas pensó que, con el apoyo de Romero Robledo y el grupo cubano, crecería el Partido. Eso mismo opinaban Martínez Campos, Elduayen, el duque de Tetuán y la esposa de Cánovas, que era amiga personal de la esposa de Romero Robledo. Premiar a Romero Robledo, un hombre que se había pasado al Partido Liberal y volvía a su partido de siempre, no parece una genialidad de Cánovas.

Romero Robledo fue nombrado en noviembre de 1891 Ministro de Ultramar, un ministerio muy relacionado con sus amigos cubanos. Era un nuevo error de Cánovas.

Siempre en la vida de Cánovas hay una laguna de nuestros conocimientos sobre su relación con los cubanos. Y Romero Robledo era un representante del grupo cubano. La explicación que se da a este acontecimiento viene ligado al problema del caciquismo: si el caciquismo era la realidad que funcionaba en España, el Gobierno tenía dos opciones, o se constituía un Gobierno fuerte que acababa con el caciquismo, a largo plazo por supuesto, o se utilizaba el caciquismo. Silvela era partidario de erradicar el caciquismo, pero era un político “débil” en cuanto a apoyos políticos, y por tanto, no era apto para ninguna de las dos soluciones. Eso explicaría que Cánovas, en una situación difícil para su partido, optara por Romero Robledo.

Francisco Silvela dimitió como Ministro de Gobernación. La escisión de Silvela en diciembre de 1891 fue la crisis más importante del canovismo.      Entre los conservadores se discutía ya la sucesión de Cánovas como jefe del Partido Conservador y había dos grupos principales, el de Romero Robledo y el de Francisco Silvela. Cánovas, al llamar a Silvela a Gobernación, parecía que apoyaba a éste como sucesor. Ello significaba que el Estado se preocupara por las cuestiones sociales y el control de las empresas. Cuando Cánovas sugirió que el Estado debía preocuparse por las cuestiones sociales, inmediatamente fue contestado por la derechas de su propio partido: Alberto Bosch Fustegueras, amigo de Romero Robledo, se opuso a que las leyes redujeran el tiempo de trabajo. José Manuel Ortí, católico integrista, acusaba a Cánovas de estar asomado a la “sima del socialismo”, de atacar el sagrado derecho de propiedad, y alegaba que la pobreza no era mala y además permitía practicar la caridad cristiana.

     Cánovas decidió no tratar cuestiones sociales y dedicarse más bien a las económicas. Las propuestas de reformas sociales provenían de asociaciones obreras que no gustaban a Cánovas, o de asociaciones católicas dirigidas por obispos que no eran nada imparciales ni adecuadas y estaban condenadas al fracaso.

         La crisis en el Partido Liberal.

     No era menor la crisis en el Partido Liberal: Germán Gamazo propuso el proteccionismo en contra de la opinión de Segismundo Moret, pero se asustó de sus propias palabras al ver que podía provocar un levantamiento campesino en Valladolid, que además le proclamaría su jefe si se llegaba a producir. No quiso fundar un partido alternativo y se conformó con pedir unas enmiendas proteccionistas para que el Gobierno pudiese elevar los aranceles a voluntad.

         Gobierno Cánovas de 23 noviembre 1891,

     Hubo sustituciones de los Ministros de Gracia y Justicia, Marina, Hacienda, Gobernación, Fomento y Ultramar.

  Presidencia del Consejo, Antonio Cánovas del Castillo

  Gobernación, José Elduayen Gorriti, marqués del Pozo de la Merced/ 25 de junio 1892: Raimundo Fernández Villaverde, marqués de Pozo Rubio / 30 de noviembre 1892: Manuel Danvila Collado

  Marina, Florencio Montojo Trillo /22 febrero 1892: Marcelo de Azcárraga Palmero / 11 de marzo de 1892: José María Beránger Ruiz de Apodaca

  Gracia y Justicia, Fernando Cos-Gayón y Pons

  Estado, Carlos Manuel O`Donnell-Álvarez y Abreu, duque de Tetuán.

  Guerra, Marcelo de Azcárraga y Palmero

  Ultramar, Francisco Romero Robledo

  Hacienda, Juan de la Concha Castañeda[4]

  Fomento, Aureliano Linares Rivas (27 noviembre 1891: Juan Muñoz Vargas)

     Se podía interpretar como que Cánovas renunciaba a erradicar el caciquismo, y que no iba a abordar el problema cubano sino en beneficio de los grandes empresarios cubanos. Cánovas estaba retrocediendo en sus posiciones ideológicas.

     También se interpreta como la ruptura del sistema de turno de partidos, pues si cuando el Partido Liberal Conservador entraba en crisis, lo adecuado hubiera sido ceder el Gobierno al Partido Liberal Fusionista, en cambio lo que se hacía era introducir a un hombre como Romero Robledo, especialista en mantenerse en el Gobierno, aun a costa de falsear elecciones. Cánovas optaba por resistir en el Gobierno.

El sistema canovista estaba acabado. La crisis del sistema venía anunciada desde 1885 con el Memorial de Greuges, es decir, con la disputa del proteccionismo, la cual no fue bien manejada por Cánovas y se dejó llevar por los empresarios cubanos. Y sin embargo, mediante las corruptelas tradicionales, el sistema aguantó todavía 40 años más. Pero ya no era un sistema de renovación política, como podía haberlo sido, sino un sistema de cultivo de las corruptelas políticas, más allá de lo previsible.

         Antonio María de Cascajares en 1891.

     Que el momento era difícil en 1891, fue captado por el Obispo de Calahorra, Antonio María de Cascajares y Azara, antes de la dimisión de Silvela. Y se propuso intervenir en las directrices del Gobierno, y hasta fue aceptado. Cascajares era de familia noble aragonesa y había sido militar artillero antes de ser sacerdote. Cascajares elevó un Memorandum a la Reina y afirmaba que el estado de los partidos políticos era crítico y premonitorio de una descomposición no muy lejana. El Partido Conservador vivía del prestigio de Cánovas y del egoísmo de los políticos por conseguir un carguillo, e incluso un Ministerio si era posible. Cascajares advertía que, en estas circunstancias, ningún partido sería capaz de aguantar unos años en la oposición, sin cargos que repartir entre los suyos. Antonio Cánovas en 1874, había reorganizado el Estado, y cerrado con ello la crisis del Sexenio 1868-1874, pero después, el comportamiento de Cánovas no era nada ortodoxo: él mismo había creado el partido de la oposición, y años después no era capaz de dominar el sistema del turno de partidos. En 1876, según Cascajares, Cánovas había dado la primera muestra de debilidad al verse obligado a conceder a Sagasta la tolerancia religiosa en la Constitución, a pesar de que, con ello, sabía que se enemistaba con los carlistas, un grupo con mucho apoyo popular. En 1881, Cánovas había dejado de ser necesario. En 1885-1890, Sagasta se había consolidado, mientras que el Partido Liberal Conservador de Cánovas no había sido capaz de elaborar un programa de gobierno y ello era constatable en que los agricultores se estaban arruinando, las industrias perdían mercados, el comercio se debilitaba, mientras los sucesivos Gobiernos no sabían otra cosa que subir impuestos, lo cual agobiaba a los ciudadanos sin razón suficiente para ello. Y en esa actitud de los Gobiernos, los ricos holgazaneaban, mientras la miseria progresaba. En conclusión, si no aparecía alguien con energía que pusiera remedio a la situación, la crisis llegaría pronto.

              Cuba en 1892.

     En Cuba, en 1892, surgió el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí. Aprobó sus estatutos el 8 de enero de 1892. Y en marzo, lanzó un periódico que se denominaba “Patria”, y era netamente independentista. No era un partido de notables, como ocurría con Unión Constitucional de Martínez Campos, sino un movimiento de amplia base social, e incluso con gente que no tenía nada que perder. El nuevo partido tenía mucho futuro por muchas razones:

     Maura, que desde 1888 se había interesado mucho por el problema de las colonias, había llegado a la conclusión de que España no tenía fuerza económica, ni intelectual, ni militar, ni política para retener la soberanía sobre sus colonias. Y por otra parte, Maura estudió hasta qué punto Cuba era imprescindible para muchos negocios peninsulares. Por ese lado, no había solución.

     Pero todavía era peor la situación española en el Caribe ante Estados Unidos. Los precios de los productos estadounidenses vendidos en Cuba eran mucho más bajos que los españoles, y lo que los estadounidenses pagaban por la caña y el tabaco, mucho más alto. España no era competitiva. Así que no había ninguna solución para el problema cubano. Tampoco una política liberal de permitir la entrada de los comerciantes americanos era una solución, pues no se podía abordar el problema de la desaparición de las empresas españolas en Cuba, y de muchas empresas españolas que trabajaban con materias primas cubanas.

     En 1891-1892, se hizo cargo del problema cubano Francisco Romero Robledo, el cual estaba casado con la hija del mayor hacendado cubano. La política de este Ministro fue:

  Mantener las ventajas de los industriales, comerciantes y funcionarios peninsulares;

  Abrir en Cuba una política de asimilación de la población, que sería escalonada y larga, de forma que no afectara a los intereses españoles, lo que equivalía a no hacer cambio alguno;

  Se opuso rotundamente a la autonomía política cubana, porque sabía que ello implicaría la llegada masiva de empresarios estadounidenses que no sólo coparían el mercado de importación y exportación y perjudicarían los negocios de los españoles-cubanos, sino que comprarían haciendas, abrirían industrias y se instalarían masivamente, pues el negocio de producir barato en la isla y vender caro en los Estados Unidos era muy atractivo.

              Desórdenes en 1892.

     En enero de 1892, los campesinos de Jerez tomaron la ciudad armados de hoces y palos. Un campesino murió, y cuatro fueron ejecutados un mes más tarde.

     La crisis política afectaba a todos los grupos españoles: en 1 de mayo de 1892, los ácratas decidieron que ellos no podían participar en la manifestación obrera porque ellos no eran socialistas reformistas y no podían reivindicar mejoras para el proletariado. A partir de ese momento, se produjo una decadencia del anarquismo y casi no tuvieron más protagonismo que organizar desórdenes y asesinar de vez en cuando a alguien. El partido Unión y Solidaridad, decayó continuamente en lo que restaba de siglo.

      Remodelación de Gobierno 25 de junio de 1892:

  Gobernación, Raimundo Fernández Villaverde.

  Marina, Marcelo Azcárraga Palmero

     Remodelación Gobierno 30 de noviembre de 1892:

  Gobernación, Manuel Danvila Collado, 1830-1906

  Hacienda, Juan de la Concha Castañeda

         Final de la época exportadora de vinos.

     En 1892 Francia denunció el contrato de compra de vinos españoles pues ya se había recuperado de la filoxera, y la exportación caerá bastante en los siguientes años.

     Por el contrario, se abrieron empresas consumidoras de hierro, como Iberia S.A. que fabricaba hojalata, La Basconia y Tubos que fabricaban forjados, Talleres de Deusto, Zorroza, pero era insuficiente para dar salida al producto nacional, y la exportación se hacía cada vez más difícil.

     En 1892 se abrió en Madrid el Instituto Central Meteorológico que continuaba las labores de estudio de astronomía, cuyo observatorio se había abierto en Madrid en 1846. Este instituto se integrará más tarde en el Instituto Geográfico y Estadístico y cambiará de nombre para llamarse Observatorio Central Meteorológico en 1910. Los estudios se complementarán con los de Barcelona que, en 1921 abrió su Servicio Meteorológico de Cataluña que, ya en 1922 se atrevió a hacer previsión diaria del tiempo.

         Autonomismo catalán en 1892.

     En 25 a 27 de marzo de 1892, la Asamblea de Manresa dirigida por Almirall pidió la autonomía, unas Cortes Catalanas, la oficialidad de la lengua catalana, la capacidad de recaudar impuestos, la capacidad de legislar en materia penal y comercial de manera diferente al resto del Estado español y la entrega al Gobierno de la Generalitat de las cuestiones de justicia (jueces catalanes y en catalán) y orden público (funcionarios catalanes y fuerzas armadas catalanas). A esa autonomía la llamaban “Constitución Regional Catalana”, pero no conviene que el nombre nos confunda.

Los burgueses que así se manifestaban formaron en 1891 Unió Catalana y en 1901 la Lliga, y este programa será repetido insistentemente durante todo el siglo XX.

     Unió Catalana era una coordinadora de agrupaciones y periódicos catalanes nacionalistas que se reunían en asambleas anuales. Era una agrupación de tipo liberal doctrinario, es decir, conservadora de derechas. Creía en la doble soberanía del Rey y la Asamblea de Representantes de los distintos distritos y circunscripciones, es decir, era tradicionalista. Admitía el Código Penal y el Código de Comercio de España, pero reclamaba para los catalanes la capacidad de reformar estos códigos en beneficio de la industria y comercio catalanes, que entonces era la mitad de la actividad económica española. Las Bases de Manresa, eran un intento de poner en práctica un federalismo, repartiendo las funciones económicas entre los ciudadanos y el poder central, un federalismo conservador.

     El redactor de las Bases de Manresa fue Enric Prat de la Riba i Sarrà 1870-1917, nacido en Castelltersol (Barcelona), doctor en derecho, secretario de Unión Catalanista. Este hombre escribía el Lo Catalanista, La Renaixença, Revista de Catalunya y La Veu de Catalunya. Será presidente de la Mancomunidad de Cataluña en abril de 1914. Murió el 1 de agosto de 1917. Prat de la Riba defenderá que Cataluña sí es una nación, mientras que España sólo es un artificio, resultado de la conjunción de varios territorios. Por tanto, Cataluña tiene el deber de liberar a los otros territorios de España, a las distintas naciones españolas y hacer una federación.

     En 1892, el Gobierno de Madrid había publicado el arancel de las Antillas, reservando ese territorio como monopolio del Estado español, lo cual hay que traducir en monopolio catalán, pues lo que se vendía era textiles catalanes, aguardiente catalán. De hecho, a partir de entonces, en la siguiente década, los catalanes exportarían mucho a las Antillas: en 1883, 9.100 Tm. de textiles; en 1898, 10.297 toneladas. También importaban los catalanes algodón y ese tratado les aseguró el abastecimiento durante los próximos ocho años: en 1883, importaban 54.000 toneladas de algodón en rama; en 1899, 63.000 toneladas; en 1895, 64.000 toneladas; y 1896-1900, 70.000 toneladas de media.

     En conclusión, los catalanes se quejaban de que ellos eran los grandes importadores y exportadores españoles, pero no estaban suficientemente representados en el Gobierno como creían que les correspondía.

     Este punto debe ser tenido en cuenta para valorar que la derrota de 1898, afectó a los catalanes mucho más que al resto de los españoles. El “desastre” no hundió las industrias y el comercio, pero les amenazó con superproducción en textiles, pues sentían que no eran competitivos en precios con los Estados Unidos, ni con otros países europeos si las Antillas entraban en régimen de libre comercio.

  La crisis el Partido Liberal Conservador en 1892.

La crisis interna de 1892 era continuación de los acontecimientos protagonizados por Silvela en 1891:

Romero Robledo había impuesto, en su vuelta al Partido Conservador, a Alberto Bosch i Fustegueras como Alcalde de Madrid. Reaccionó Raimundo Fernández Villaverde, ministro de Gracia y Justicia, y denunció al Alcalde y a varios Concejales por inmoralidad administrativa y propuso llevarles a todos a los tribunales. Cánovas quería aprobar la gestión de Alberto Bosch, y Fernández Villaverde y Silvela querían condenarla. Se opuso el Consejo de Ministros y Villaverde dimitió.

     Fernández Villaverde encomendó al Subsecretario Eduardo Dato elaborar un informe sobre la cuestión. La investigación complicó lo que en principio parecía un simple caso de corrupción. Detrás del alcalde Bosch, aparecía Francisco Romero Robledo. Entonces, Francisco Silvela se interesó por el tema, porque era enemigo político de Romero Robledo, y también investigó. Se había demostrado que se estaban alquilando locales de las escuelas municipales para obtener ingresos irregulares, que faltaba dinero en los suministros y en las contratas hechas por el Ayuntamiento, que faltaba dinero de la recaudación del impuesto de consumos, que había irregularidades en las expropiaciones del ensanche de Madrid, que no era correcta la lista de personal que figuraba en nómina, pues algunos de ellos no iban a trabajar nunca. Bosch Fustegueras era un corrupto.

     Y en noviembre de 1892, Raimundo Fernández Villaverde llevó el asunto de Bosch Fustegueras al Consejo de Ministros porque le parecía demasiado grave. Pidió que el asunto se llevase a los juzgados. Pero los Ministros decidieron no levantar demasiada polvareda, y llevarlo al Tribunal de Cuentas, que sería más benevolente para con el Gobierno. Entonces, Villaverde y su subsecretario, Eduardo Dato, dimitieron.

La dimisión del Ministro dejaba el asunto a la luz pública. Intervino Segismundo Moret y lo hizo público en las Cortes a primeros de diciembre. La discusión tuvo por protagonistas a Francisco Silvela por un lado, y Francisco Romero Robledo por el otro, ambos del Partido Liberal Conservador, aunque Silvela ya había abandonado el partido. En realidad, ellos sabían que eran los protagonistas de todo aquello, que había sido Silvela, y no otros, el que había sacado los papeles a la luz, y que el objetivo de Silvela era Romero Robledo, el beneficiado por aquellos productos de la corrupción.

     El 6 de diciembre de 1892 Silvela rompió públicamente con Cánovas cuando dijo en las Cortes que parecía que el deber de los políticos era soportar a sus jefes. Exactamente dijo: “el primer deber que tenemos todos los políticos es el de soportar al jefe”. Cánovas se excitó sobremanera, nunca se le había visto así de excitado. Y dimitió como Presidente del Gobierno. La gente gritaba en las calles ¡muera Cánovas!, y eso le enfurecía todavía más, pues se creía popular. Nunca había imaginado que la gente pidiera su cabeza.

     En 1892, fue Silvela el que formó su fracción silvelista dentro del Partido Conservador, en solidaridad con Villaverde, al que creía honesto frente a la corrupción general. Silvela era un hombre de derechas, y Villaverde era de izquierdas, pero ambos se tenían el uno al otro como honrados. Silvela fue expulsado del partido en diciembre de 1892. Silvela se convirtió entonces en jefe de un partido llamado “Unión Conservadora”.

     La escisión de Silvela y la formación del partido de Unión Conservadora significaba la ruptura del sistema de Cánovas y ello hacía fuertes a los catalanistas y ponía en peligro al Estado español. Entonces hubo una nueva reunión de Cánovas y Sagasta que algunos dieron en llamar “Segundo Pacto de El Pardo”. Decidieron que ambos lucharían por eliminar a las facciones que estaban surgiendo en cada uno de sus partidos y nadie apoyaría a las facciones disidentes del otro partido. Por supuesto, nadie cumplió estos acuerdos de 1892.

     Al conservadurismo le salieron líderes jóvenes en disidencia, como Silvela, Villaverde y Dato.

     En la votación de 6 de diciembre, sobre las  medidas contra la corrupción, las minorías y los diputados del Partido Liberal Conservador de Cánovas se abstuvieron, y aún así, hubo 121 votos a favor de tomar medidas. Cánovas presentó crisis de Gobierno.

[1] Para los no entendidos en cuestiones religiosas, explicaremos que el pueblo judío, protegido por Yahvé, en determinados momentos abandonó el verdadero culto debido a Dios, y construyó becerros de oro a los que adoraba, por lo cual Yahvé les castigó, y no los perdonó hasta hacer la penitencia debida.

[2] Es costumbre de los falsos marxistas poner motes despectivos a lo que no les gusta, y con ello hacer populismo, y utilizaban el término “vertical” despectivamente. No menos verticales son sus sindicatos, ligados y puestos al servicio de un partido, en vez de al servicio de los intereses obreros.

[3] Joan Joseph Permanyer i Ayats, 1848-1919, estuvo el Lliga de Catalunya, cofundó Unió Catalanista, fue presidente de la Asamblea de Manresa en 1892, ponente de las Bases de Manresa.

[4] Juan de la Concha Castañeda 1818-1903 fue un cacereño que estudió Derecho en Salamanca y fue ministro de Hacienda en noviembre de 1891.