19.24.05.Gobierno de Cánovas en julio de 1890.

         GOBIERNO CÁNOVAS, JULIO DE 1890.

Contenido esencial: elecciones de 1890-1891; el mito del sufragio universal.

         Gobierno, Cánovas, conservador,

          5 julio 1890 – 11 diciembre 1892

     El Gobierno conservador de 1890 fue integrado por canovistas, del Partido Liberal Conservador, ahora ya conocido como “Partido Conservador”, a los que se sumaron algunos disidentes del Partido Liberal Unionista, ya conocido como “Partido Liberal”, como era el caso de Carlos Manuel O`Donnell duque de Tetuán, y del almirante José María Beránger Ruiz de Apodaca.

     El personaje clave de este nuevo Gobierno era Francisco Silvela de le Vielleuze colocado por Cánovas en Gobernación.

Alejandro Pidal y Mon había quedado fuera de este Gobierno, lo que dejaba a Unión Católica fuera.

     Gobierno de 5 de julio 1890

  Presidencia del Consejo, Antonio Cánovas del Castillo

  Gobernación, Francisco Silvela de le Vielleuze / 23 de noviembre de 1891: José Elduayen Gorriti marqués de Pazo de la Merced / 25 de junio de 1892: Raimundo Fernández Villaverde marqués de Pozo Rubio / 30 de noviembre de 1892: Manuel Danvila Collado.

  Estado, Carlos Manuel O`Donnell-Álvarez Abreu, duque de Tetuán y marqués de Altamira.

  Marina, José María Beránger Ruiz de Apodaca / 5 noviembre 1891: Antonio Cánovas del Castillo, interino / 23 de noviembre de 1891: Florencio Montojo Trillo / 22 de febrero de 1892: Marcelo de Azcárraga Palmero / 11 de marzo de 1892: José María Beránger Ruiz de Apodaca

  Hacienda, Fernando Cos-Gayón Pons / 23 de noviembre de 1891: Juan de la Concha Castañeda[1].

  Gracia y Justicia, Raimundo Fernández Villaverde, marqués de Pozo Rubio / 23 de noviembre de 1891: Fernando Cos-Gayón y Pons

  Guerra, José María Beránger Ruiz de Apodaca, interino / 5 de julio 1890: Marcelo de Azcárraga Palmero.

  Ultramar, Antonio María Fabié / 23 de noviembre de 1891: Francisco Romero Robledo

  Fomento, Santos de Isasa Valseca / 23 de noviembre de 1891: Aureliano Linares Rivas / 27 noviembre 1891: Juan Muñoz Vargas.

     Francisco Silvela, colocado en Gobernación, era la pieza fundamental del Gobierno, pues se iban a celebrar elecciones por sufragio universal y el Ministro de Gobernación controlaba las elecciones. Además, colocando a Silvela en el puesto clave del Gobierno, parecía que Cánovas designaba sucesor. Con ello, caía definitivamente del número dos del partido Francisco Romero Robledo, que había estado flirteando con el Partido Liberal y volvería al Partido Conservador a finales de 1891. Silvela era un intelectual, legalista, íntegro e insobornable. También era tímido. No es fácil entender el nombramiento de Silvela en un momento tan delicado para Cánovas y para España, en el que se requería gran fortaleza de carácter. Tal vez era que Silvela era dócil y fiel, y permitía que Cánovas tuviera en él un servidor.

     Ya desde el discurso inaugural de su Gobierno, Cánovas demostró que era capaz de respetar el Pacto de El Pardo, pues anunció que respetaría la Ley del Jurado y la del Sufragio Universal, con las que no había estado de acuerdo en años anteriores.

         La convocatoria de elecciones para 1891.

Cánovas convocó las primeras elecciones por sufragio universal de la Restauración, la segunda época de sufragio universal en España tras la de 1868. Las provinciales se celebrarían a lo largo de diciembre de 1890, y las generales el 1 de febrero de 1891.

     El decreto de convocatoria de elecciones fue firmado por Francisco Silvela, pero parece redactado por Cánovas. Tal vez ahí radique la explicación del nombramiento de Silvela como Ministro, un hombre manejable y fiel a Cánovas.

El 9 de julio de 1890, Silvela envió la consabida circular a los Gobernadores Provinciales, de cómo actuar durante las elecciones. Silvela advirtió que no quería que los resultados se manipularan a favor de Cánovas, sino que lo que deseaba, era orden en la calle y respeto para lo que saliera de las urnas. Se iban a respetar las normas del quinquenio anterior, y las elecciones serían por sufragio universal. El objetivo era evitar desórdenes como los habidos en el pasado, pero se advertía que aquella era la última ley progresista que admitiría el Partido Conservador, y no la primera para que los liberales consiguieran otras.

         Reforma judicial militar.

     La organización judicial militar más importante de esta época tuvo lugar en el Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890 que organizó los Tribunales Militares y sistematizó las leyes militares aplicables. Eran complementos de la Ley Constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889.

         Política proteccionista.

     Cánovas era decididamente proteccionista y empezó a preparar una Ley en ese sentido, pero entre tanto, elaboró un Decreto transitorio.

     En diciembre de 1890 se derogó la base quinta del Arancel Figuerola, es decir, se renunció al librecambismo. Un año después Cánovas consagraría un proteccionismo muy cerrado.

         Las elecciones de 1890-1891.

En diciembre de 1890, se celebraron elecciones provinciales por sufragio universal.

     El 1 de febrero de 1891 se celebraron elecciones generales, también por sufragio universal.

Tenían derecho al voto 4.800.000 personas, frente a los 800.000 que habían votado en las elecciones anteriores, y ello daba un poco de miedo si no se podían controlar los resultados. Silvela pidió a los Gobernadores honestidad, pero los resultados fueron similares a los de siempre:

  262 conservadores, de los cuales 9 eran de Romero Robledo.

  83 liberales,

  31 republicanos (se habían aliado federales con posibilistas)

  8 de Cristino Martos

  5 carlistas.

  2 del Partido Integrista.

  1 de Cassola

  y 16 de otros grupos.

     La mayoría eran 271 votos, lo que significaba que el Gobierno de Cánovas no tenía la mayoría, sin pactos. Le faltaban nueve votos. El caciquismo había funcionado al servicio del Gobierno, pero el efecto Silvela también se había notado, y las mayorías aplastantes se habían perdido, e incluso ni siquiera había mayoría simple del 50% más uno. Parecía que el caciquismo ya funcionaba solo, sin necesidad de instrucciones oficiales.

     En realidad, Silvela había dejado libertad a las circunscripciones urbanas, pero había asegurado los resultados en los pueblos, que eran la mayoría de la población. Así había evitado desórdenes y había dado apariencia de limpieza electoral.

     El sistema caciquil electoral español funcionaba automáticamente, sin necesidad de caciques ni de violencias contra los candidatos del partido contrario. Los españoles votaban a quien estaba en el Gobierno. En las ciudades, la oposición sacaba algunos resultados a su favor, pero la población era mayoritariamente rural y los republicanos, con una treintena de escaños, no suponían ningún peligro para el Gobierno.

La bolsa subió inmediatamente, nada más saberse los resultados.

         El mito del sufragio universal

     Hay razones para pensar que Sagasta tampoco creía en el sufragio universal como solución por sí misma para alcanzar una verdadera representación de los ciudadanos. Desde luego, Cánovas desconfiaba mucho del sufragio universal.

     Las elecciones por sufragio universal se prestan a inmoralidades, incluso con más facilidad que el sufragio restringido. Se supone que en el sufragio restringido, solo votan los que tienen ciertos conocimientos, al menos para haber ganado o mantenido un patrimonio personal. Y en el sufragio universal, aparecen sectores poblaciones menos cultos, e incluso ignorantes, que resultan más manipulables y que son la mayoría de los votantes. Los electores del sufragio universal se prestan más a irregularidades, manejos y manipulaciones.

Esas manipulaciones electorales son más temibles cuando el sufragio universal es elevado a la categoría de mito, lo que significa que el sistema de sufragio ya no es sometido a un análisis racional constante. Se identifica sufragio universal con democracia, lo cual es un error, pues una cosa es el sistema de voto, y otra el respeto a los derechos humanos en ese sistema político, y el uso del voto a favor de los derechos humanos.

De hecho, los pensadores que presumen de progresistas, han hecho poca crítica del sufragio universal. Claro, que si no han hecho esa crítica, difícilmente pueden ser calificados de progresistas, pues progresismo es la crítica constante, constructiva, analítica, divulgadora de la realidad de cada momento, buscadora de la interpretación correcta de la realidad. Los que no hacen esta crítica y se dicen progresistas, son conservadores, por muchos carteles publicitarios que saquen diciendo que ellos son progresistas y de izquierdas. Hacer votaciones para ir contra los derechos humanos, desde luego no es progresista. Y hacer muchas votaciones no indica nada sobre progresismo, ni sobre democracia. Suele ser un engañabobos.

El sufragio universal es un campo más propicio al populismo que el sufragio censitario. Y en el terreno populista, tanto la llamada derecha, como la autodenominada izquierda, tienen intereses similares cuando ambas no son más que sistemas populistas. Ambos sistemas hacen muchas votaciones.

El sufragio universal se eleva a la categoría de mito, cuando se renuncia a la crítica constante del sistema. Crítica no es estar siempre en desacuerdo con el otro, cosa que cualquier lerdo puede hacer, sino hacer análisis del presente para poder interpretarlo correctamente y estar preparado para el futuro, tener propuestas de futuro sostenibles en el tiempo. Es preciso demostrar que tu análisis es mejor que el del contrario. La crítica es una disputa entre inteligencias, y no un duelo a garrotazos.

     Sagasta había aprobado el sufragio universal para atraerse a los republicanos, pues de esa manera, los republicanos se quedarían sin su punto más fuerte de protesta y populismo. Por supuesto, lo pensaba manipular como ya se venía haciendo con el sufragio censitario anterior, y como él mismo ya había hecho en ocasiones anteriores.

Pero manipular el sufragio universal iba a ser técnicamente distinto, pues requiere de un manejo de los medios de comunicación de masas. De hecho, en los países más avanzados, los ciudadanos se enteran de la verdad de lo que pasa, 20 años después, cuando se levanta el secreto de Estado, y en los más atrasados, cuando lo divulgan los historiadores jugándose el puesto, o tal vez la vida en el caso de las dictaduras. Algunas veces, los ciudadanos corrientes que votan, se enteran de la verdad casi un siglo después de los hechos que han votado. En España no se necesita poner ejemplos para entender lo que acabo de decir. ¿En qué condiciones se puede votar sobre lo que no se conoce?

En el caso de Sagasta y Cánovas, se encontraban con una población mayoritariamente rural, 70% analfabeta, completamente indiferente ante la política. La población creía que la política era un medio para medrar y hacer fortunas personales, y nadie esperaba que se hicieran los cambios que España necesitaba, pues esa promesa se había roto en 1814, 1823, 1836, 1845, 1856. Después de 1856, ya no existía la inocencia del elector, pero se seguirá haciendo.

Objetivamente, a finales del XIX, el resultado de unas elecciones por sufragio universal limpio, con resultados diferentes a los de siempre, era completamente imprevisible. Todos los políticos de final del XIX creían en el aforismo de que “la política no es sincera porque el pueblo no está preparado para ello, y el pueblo no está preparado porque la política no es sincera”.

El caciquismo se mantenía incólume. Pero, si con el sufragio censitario, los votos eran previsibles sin error, con el sufragio universal se corría el peligro de error, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas en las que el anonimato permitía a muchos escapar del caciquismo. Ello se solucionaba con un sistema de “orden público” adecuado.

El problema del sufragio universal es un problema universal, y no sólo español. A finales del siglo XIX, nos consta que todos los Gobiernos del mundo occidental estaban en el quid de la cuestión, y Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos estudiaban el modo de influir sobre los resultados del sufragio universal, y cada uno experimentó a su modo en este campo. De hecho hay técnicos especializados en esa materia de influir sobre las masas, los cuales pueden servir a los partidos, a los sindicatos, o a cualquier grupo de presión social interesado. Todo el mundo conoce las mentiras que se cuentan en las campañas electorales, y es famosa la anécdota de tiempos de la República de 1931, si non e vero e ben trovato, del que prometió un puente nuevo para el pueblo, y los oyentes le contestaron: “¿Para qué queremos un puente, si no tenemos río?”. A lo que contestó el político: “Os traeré un río”.

     El problema del sufragio universal.

El sufragio universal complica mucho la realidad política. En el tema de las elecciones, están interesados: por un lado el Gobierno que quiere permanecer en el poder, y por otro lado los partidos políticos que quieren acceder a él, pero existe también la clase empresarial, dueña de los negocios del país, que quiere ventajas legales para sus negocios, y los empresarios extranjeros interesados en las materias primas o el mercado del país en cuestión, y las grandes asociaciones religiosas y culturales. Todos están interesados en influir sobre las masas. Y el sufragio universal abre un melón que se va complicando con el tiempo.

Todos los grupos sociales necesitan de los políticos para ver favorecidos sus negocios. Y los políticos necesitan los votos de los diversos grupos sociales. Es un círculo vicioso difícil de romper. Y cabe la posibilidad de que en esa vorágine de intereses, la víctima sea la democracia, los ciudadanos corrientes, los derechos de esos ciudadanos. La superación del problema radica en una elevación de la moral individual, cuya suma de moralidades individuales da como resultado la moralidad del conjunto social. No existe la moral social, pues los grupos no tienen moral, sino que ésta es una cualidad que puede adquirir el individuo en diversos grados, pero sólo el individuo.

En este punto, la corrupción de unos y otros es algo ordinario y consubstancial al funcionamiento de cada país. Los empresarios que dispongan de un buen respaldo político actuarán con más descaro que nunca, en el límite de la ley, o al margen de la misma. La corrupción va a ser consubstancial al sistema político. El problema es si se lucha contra la corrupción, y si se la mantiene en límites mínimos, o se es permisivo. Todos los partidos de todos los signos hacen lo mismo, al establecer alianzas con determinados grupos sociales influyentes. Todos acusan a los demás de corrupción y niegan que ellos la toleren en su partido. Todos mienten en favor de sus propios intereses. La solución es que haya trasparencia y se pueda indagar en esos terrenos, quizás a través de la justicia, quizás a través de la prensa, quizás dando oportunidades a los propios ciudadanos para que denuncien sin verse después perjudicados por la denuncia hecha. La pretensión de partidos de izquierda de que la corrupción es cosa de las derechas, es una solemne tontería.

El problema está ahí y es real. Negarlo es un absurdo. Gestionarlo es muy difícil. Y los populistas, tendrán más fácil el engañar al pueblo, pues no tendrán más que acusar de todo a todos los políticos y a los empresarios, para conseguir una pléyade de seguidores, dispuestos a realizar cualquier utopía. El tema es fascinante, y sorprende que Cánovas lo viera con tanta claridad en su tiempo, a fines del XIX.

       Los republicanos y el sufragio Universal.

     Los republicanos, que en 1886 habían obtenido 23 diputados, consiguieron en 1891, con sufragio universal, 31 diputados. El resultado no variaba de forma significativa su influencia en la Cámara de Diputados. Tampoco se puede argumentar que la sorpresa del sistema, o la tradición electoral, les estuvieran limitando, pues en 1893, obtuvieron 33 diputados. El voto republicano parecía haberse consolidado en esas cifras. Desde entonces, a veces sacaron todavía menos, y a veces, como tras el pacto de Unión Republicana, obtuvieron un poco más.

Los intentos de reconciliación interna entre los republicanos siempre fracasaron: tuvieron una coalición electoral en 1866; hicieron una coalición de 58 partidos republicanos en 1889; se unieron en 1891 unos pocos; crearon Fusión Republicana en 1897, que perduró hasta 1903; crearon Unión Nacional Republicana en 1900…

Los republicanos nunca encontraron un programa común, porque era imposible compatibilizar ideas contradictorias. Por ello, cuando se unían electoralmente, los resultados electorales no mejoraban, sino que obtenían el mismo número de diputados. La unión electoral provocaba discrepancias internas y no servía para nada, porque no había unidad de programas políticos.

La idea de república centralista de Salmerón no era compatible con la república federalista de Pi, y los nacionalismos republicanos de Morayta no cabían en ninguno de los dos anteriores. Y los Republicanos Progresistas de Esquerdo, que querían una república de las clases populares, no eran compatibles con los modelos que querían repúblicas que incluyeran a todas las clases sociales.

Entre los republicanos, se estaba mezclando socialismo, anarquismo, federalismo, Estado unitario y república burguesa, una ensalada demasiado compleja para cocinar. El intento más serio de unión republicana se hizo en 1903 con Unión Republicana Federal, de lo cual hablaremos a su tiempo.

     En 1891, el PSOE estaba preparado para presentar candidaturas a las elecciones. Pero eran malos tiempos para el socialismo.

     LA CRISIS EN LOS “PARTIDOS DEL PACTO”

     El sistema de alternancia de partidos estaba empezando a fallar por formación de fracciones dentro de los partidos conservador y Liberal, y Cánovas introdujo en su Gobierno a dos ministros liberales intentando un Gobierno “de concentración de facciones”. Justificaba su opción en que era necesario proteger el trabajo y la producción nacional y sanear la hacienda pública, lo que hacía necesario posponer los enfrentamientos políticos o dejarlos a un nivel inferior.

     Empezaba el desorden público, la oposición entre los partidos dinásticos, la división interna del partido conservador.

[1] Juan de la Concha Castañeda 1818-1903 fue un cacereño que estudió Derecho en Salamanca y fue ministro de Hacienda en noviembre de 1891.