19.20.11.Democracia liberal y social.

    LA DEMOCRACIA LIBERAL Y SOCIAL, REPRESENTATIVA Y PARLAMENTARIA. EL ESTADO DEL BIENESTAR.

Conceptos clave: democracia.

Recientemente todo el mundo habla de democracia, todos se atribuyen ser más demócratas que los demás, y nadie especifica si se refiere a democracia dentro del liberalismo conservador, liberalismo progresista y demócrata, democracia popular, democracia orgánica fascista, o democracia liberal y social. Cuando alguien dice ser demócrata o que algo no es democrático, no es posible entenderle, porque no sabemos a qué tipo de democracia se refiere. Quizás por eso se utiliza este término tantas veces entre los políticos.

A la democracia liberal y social se llegó desde dos caminos diferentes a fines del siglo XIX, desde el socialismo, del que nació la socialdemocracia, y desde el liberalismo progresista, del que nació el liberalismo social. Vamos a considerar cada uno de ellos.

La socialdemocracia del siglo XX.

El revisionista que más influyó en la evolución del socialismo de cara al futuro fue Eduard Bernstein y sus ideas socialdemócratas desde la última década del siglo XIX. Bernstein afirmaba que no eran verdad determinados asertos de Marx: la lucha de clases no era una necesidad histórica, pues la mayoría de los obreros y la mayoría de los patronos no estaban dispuestos a la lucha sino al entendimiento y cooperación entre ellos; la catástrofe final del capitalismo sólo era un espejismo que Marx había visto por falta de perspectiva histórica, pues el capitalismo tenía fuerza para salir de las crisis y continuar el desarrollo de la humanidad como se estaba demostrando en la salida de la crisis de final de siglo; el Estado burgués no era en sí mismo la maldad absoluta, sino que, en democracia, podía introducir reformas sociales convenientes al proletariado, como se estaba demostrando en Gran Bretaña y Alemania; y la cooperación socialista con el Estado democrático era posible y beneficiosa.

Bernstein encolerizó a los revisionistas violentos, y Lenin, el principal líder entre ellos a partir de 1903, llegó a decir que ellos, los leninistas, eran la ortodoxia marxista, los verdaderos “marxistas”, y que los pacíficos de Berstein eran “revisionistas”, enemigos del proletariado. Desde entonces, “marxismo” significa teorías de los violentos, como Lenin y Stalin, no habiendo ningún término que designe las teorías de Marx libremente interpretadas sin la intermediación dogmática de los comunistas. Revisionista significa, para los comunistas, algo despectivo. Pierre Vilar proponía hablar de marxianos para los seguidores de Marx, puesto que marxistas eran los seguidores de Lenin. No tuvo éxito la propuesta.

La democracia liberal y social,

          representativa y parlamentaria.

La democracia liberal y social, representativa y parlamentaria, era imposible a fines del XIX y principios de siglo XX, dadas las circunstancias de desarrollo social, económico y moral de la mayor parte del mundo, pero es lo que se intentó en este periodo citado. Se inició un camino. De momento, sólo lo lograron los países más avanzados. Tras la Segunda Guerra Mundial lo lograrían muchos más países. La dificultad se deduce del propio concepto de democracia de este nivel:

Democracia es un estado de ánimo colectivo en pro de los derechos humanos de todos, en la medida en que ello sea económica y técnicamente posible. Ello implica, que se atenderá a la diversidad de opiniones, también a las minoritarias, se atenderán los problemas de los ciudadanos particulares tomados uno a uno, y como colectividades, y se tratará de buscar el máximo desarrollo del plan de extensión de esos derechos humanos, siguiendo la opinión del colectivo, lo que implica que se debe votar libremente para poder conocerla en cada caso. La democracia liberal es consciente de que los derechos y necesidades de los individuos y del colectivo son muchos e inabordables todos en su totalidad a la vez, y se debe priorizar. La democracia es consciente de que la democracia directa es imposible en las grandes colectividades. Y por último, es consciente de que el orden social y el respeto mutuo son completamente necesarios para realizar la gran tarea de lucha por los derechos humanos. Por ello, la ley, la fuerza pública y el ejército tienen sentido, pero al servicio de esos derechos del colectivo, y no al servicio de personas o intereses particulares.

Democracia socialista equivale a comunismo, y en ese sistema el Estado se propone dar todos sus derechos a todos los ciudadanos. Pero fue un fracaso, y en 1989, se constató que los países de la democracia liberal y social habían avanzado mucho más en los derechos humanos que los socialistas. El Estado de la URSS se había empobrecido y, tras el éxito a corto y medio plazo, de entregar viviendas a los obreros y tierras y maquinaria para que trabajasen los campesinos, no pudo abordar los nuevos cambios tecnológicos y necesitó importar tecnología y comprársela a los llamados capitalistas. Era un fracaso. Si no quería empobrecerse masivamente, debían renunciar al comunismo, que es lo que hicieron.

Estamos negando taxativamente que democracia sea votar, votar mucho, votar en todas las cosas. Estamos afirmando que democracia es la búsqueda de los derechos humanos de todos, para lo cual, muchas veces hay que votar, cuando hay contradicciones entre diversos derechos.

Liberal significa que se reconoce al individuo como valor superior a las instituciones, que están precisamente a su servicio y el de la comunidad, y no al contrario. La democracia es auténtica cuando es libre, cuando no está al servicio de intereses partidistas, ni populistas, ni caciquiles, ni empresariales, ni sindicales, ni religiosos, ni militares, ni corporativistas, es decir, cuando los cargos de gobierno y las leyes se pueden renovar de acuerdo con la voluntad de la mayoría libremente expresada por el pueblo y respetada por las minorías, cuando el interés general prevalece sobre esos intereses citados. Para ello es preciso que las minorías se sientan a su vez respetadas. Y que cada individuo se sienta respetado en sus derechos. La democracia debe seguir el principio de conseguir el desarrollo y goce efectivo del máximo de derechos para el máximo de individuos. Ese nivel resulta indeterminado siempre, pues unos derechos interfieren con otros, unos derechos de unas personas interfieren con los de otras personas, y muchos derechos son caros e imposibles de otorgar a todos los ciudadanos en su máximo grado, puesto que la sociedad no alcanzado el nivel de desarrollo económico para poder sufragarlos. Para eso, unas elecciones libres, discusión libre en el Parlamento, y lealtad de los diputados para con los ciudadanos, por encima de interese personales y partidistas, puede ayudarnos a hallar el camino correcto.

Social significa que existen unos derechos sociales al lado de los individuales típicos del liberalismo del XIX, tales como la vivienda, el trabajo, la justicia, la educación, la sanidad, atención a la vejez, la cultura física, cuidado del medio ambiente, acceso a las tecnologías… de los que el Estado también debe cuidar pues son muy caros de obtener individualmente. Incluso son demasiado caros para el Estado, que sólo puede atender al nivel a que alcancen sus medios económicos. La Ilustración llamaba a este concepto “Estado Providencia”, y el siglo XXI prefiere llamarlo “estado de bienestar”.

Los gastos para garantizar estos derechos son altísimos, y como no se puede gastar más de lo que se tiene y se puede pagar, los socialistas tienden a subir los impuestos al máximo que la sociedad admita, mientras los conservadores tratan de que el capital no se sienta amenazado y se puedan seguir ofreciendo derechos desde el Estado. Los conservadores prefieren impuestos más bajos, de modo que se generen muchos puestos de trabajo y el individuo pueda financiarse a sí mismo algunos derechos. Incluso los tenidos por más liberales piensan que “el buey suelto bien se lame”, y lo privado tiene más éxito que lo administrado desde el Estado.

Representativa significa que los políticos deben representar de verdad a los ciudadanos, y ser su verdadera opinión, la de cada día y la de cada caso concreto, ante el Parlamento, conviniendo que los ciudadanos son ante todo personas, y solamente de modo secundario miembros de una corporación, asociación, partido político, religión… Las instituciones europeas actuales son difícilmente calificables de representativas, desde el momento en que el ciudadano no puede expresar su opinión de cada asunto a su representante y se limita al derecho a votarle cada cuatro años, y el ciudadano no puede revocar su consentimiento de nombrarle diputado cuando el elegido traiciona los programas con los que se presentó a las elecciones. Las democracias son poco representativas porque el ciudadano no conoce al candidato al que vota, sino por la campaña de prensa organizada  para ello. Pero sabemos que la prensa desinformativa es mucho más poderosa que la honesta, y que el ciudadano no tiene medios para distinguir qué es la verdad, sino hasta pasado un tiempo. Es habitual que periodistas indecentes manifiesten años después de un suceso, que ellos ya conocían los hechos que en ese momento se aclaran. Debería ser delito no haber informado a su tiempo a sus lectores, cuando podían hacerlo. En todo caso, es una inmoralidad.

Parlamentaria significa que el conjunto de los representantes de los ciudadanos, libre y legalmente elegidos, es decir, el Parlamento, sea plenamente soberano, por encima de todo tipo de instituciones como la monarquía, los partidos políticos, los sindicatos, las Iglesias, los poderes del Estado, la gerontocracia, la plutocracia…

No todos los países tienen sistemas plenamente parlamentarios: Por ejemplo, el Presidente de Estados Unidos no es una institución plenamente  parlamentaria, pues tiene unas elecciones al margen de las del Congreso y actúa independientemente del mismo en muchas ocasiones, aunque los ciudadanos americanos se han reservado el impeachment. El Rey de España no es una institución plenamente parlamentaria, pues no es elegido por el Parlamento, ni puede ser criticado y destituido por los diputados y senadores, pero pudiera ser removido en condiciones muy especiales. Hay otros muchos países que se han reservado instituciones un poco al margen del Parlamento, tal vez para protegerse de los inconvenientes de un Parlamento, que también los tiene, también puede actuar al margen del pueblo que los ha elegido.

De todos modos, si algunas instituciones permanecen al margen del parlamentarismo, habrá sus razones. Lo importante es que en los momentos decisivos, la soberanía sea ejercida por ese parlamento, y nadie pueda atacarlo ni disolverlo por el hecho de llevar la contraria a otras instituciones del Estado.

Hacia la democracia.

Cuando hablamos corrientemente de democracia, nos referimos a democracia liberal y social, representativa y parlamentaria. Pero hay que tener cuidado: muchos de los que no creen en la democracia, hablan de democracia, y entonces deberíamos preguntarles de qué democracia exactamente están hablando.

De lo expuesto hasta aquí, se deduce que no existe la democracia perfecta, ni muchas veces la queremos porque raya en la utopía, que hay grados de acercamiento a la idea de democracia, y que cada país tiene su propio ideal de democracia.

Pero es que además, hay sistemas llamados democracia, que no tienen nada que ver con la democracia liberal y social, representativa y parlamentaria. Otros tipos de democracia llevan adjetivos distintos y significan cosas distintas: los comunistas prefieren hablar de “democracia real” para hablar de comunismo. Franco prefería hablar de “democracia orgánica” para su sistema dictatorial al servicio de varios órganos estatales controlados desde el Estado. “Democracia popular” suele significar que el pueblo vota sobre todo, y se produce en sistemas socialistas, pero ni el pueblo puede votar sobre todo, sobre cientos de asuntos que a diario le competen, ni el pueblo conoce de todos los asuntos sobre los que se le pide votar, y votar sobre lo que se desconoce no tiene sentido, salvo el de mantener a líder carismático que propone la votación.

Democracia y moral social.

La ética es el estudio del bien y del mal, de la recta conducta del ciudadano y forma parte de la reflexión individual. Es voluntaria, consciente y universal.

La moral es el conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas, tiene sentido social además de personal, y es distinta para cada civilización, cada época histórica, y para cada grupo social. No existe la moral universal y de todos los tiempos.

Las instituciones democráticas suponen un nivel ético muy desarrollado de todos los individuos de la sociedad, tanto en la aceptación de unos valores como en la aceptación de las instituciones que deben luchar por desarrollarlos y aplicarlos, de modo que el Estado adquiera un nivel moral alto y adecuado para la convivencia en los derechos humanos.

Para ello, son precisas las leyes, para asegurar que esas normas de convivencia, que implican los valores admitidos, van a ser respetadas. Mucha de esa seguridad en la posibilidad de la convivencia la proporciona la misma historia cuando constata que las normas de convivencia se han venido observando. Los demócratas respetan el pasado de su propio pueblo, no como un dogma, pero sí como algo importante a tener en cuenta para mejorar sus fallos y conservar sus aciertos, pues no se puede pensar que todos nuestros antepasados han sido tontos y han hecho las cosas a la ligera. Pero ese respeto a la historia no debe ser ciego, sino debe ser juzgado dialécticamente, porque las circunstancias siempre cambian, y nunca el agua del río que pasa delante de nosotros es la misma agua. La historia es magistra vitae si la sabemos utilizar para completar nuestros análisis de la realidad presente.

Ese nivel ético generalizado tiene que ver con que cada ciudadano admita que debe trabajar como un servicio a la sociedad, que cada uno cumpla en su trabajo, cada uno pague los impuestos que le corresponden, con que los políticos estén para servir al ciudadano y no para enriquecerse en la política, ni para crear clientela otorgando muchos puestos de trabajo inútiles e incluso falsos, de modo que los recursos del Estado vayan a parar verdaderamente a los fines sociales a que se supone están destinados.

Los grandes dogmas sindicalistas y empresariales del siglo XIX, como por ejemplo, el de la justa retribución del trabajo como una cifra fija inamovible, pueden ser reconsiderados: cada empresa tiene unos rendimientos y unas circunstancias, y debe retribuir al trabajo según la medida de sus posibilidades. Los empresarios no deben tampoco aceptar el principio “librecambista” del máximo beneficio, y escudarse en los mínimos legales para retribuir el trabajo. Deben adquirir principios éticos. Es una inmoralidad el que los empresarios con más plusvalías paguen salarios mínimos porque así está el mercado, y es otra inmoralidad que los sindicatos exijan salarios iguales para todas las empresas, las que pueden pagarlos y las que no. Es evidente que, si se fuerza a una empresa a subir salarios por encima de sus posibilidades, se está empujando a la empresa a su cierre. También es evidente que los salarios de hambre pagados por empresarios boyantes destruyen el poder adquisitivo necesario para el funcionamiento general de las empresas y para la creación de nuevos puestos de trabajo. Se necesita una moral del trabajo. El campo de la inmoralidad ha crecido en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, pues multinacionales que ni siquiera conocen el lugar en donde trabajan los obreros que están explotando, no tienen escrúpulos en practicar la inmoralidad. Y los Estados prefieren tener empresas, a sufrir el paro obrero.

Las instituciones democráticas cuestan mucho dinero y son susceptibles, quizás más que nunca, de hacer populismo: si un líder concede muchos derechos y atenciones sociales, será muy atractivo para las masas, pero seguramente no podrá pagarlas y arruinará a la sociedad a medio o largo plazo. Si un líder presta menos servicios sociales, obtendrá menos popularidad y tenderá a perder elecciones, puesto que el nivel medio cultural de la sociedad en general es bajo. La moralidad del líder es algo importante en nuestra sociedad.

El estado de bienestar.

Aunque se trata de un concepto divulgado a mediados del siglo XX, debemos decir que, con otro nombre, era ya perseguido desde la Ilustración, donde lo llamaban “estado-providencia”, y durante el liberalismo y socialismo del XIX, cuando fue denominado “estado social”. Actualmente lo denominamos estado del bienestar.

Se trata en cualquier caso de la situación en la que el Estado se propone sufragar y administrar los derechos llamados “sociales”, de modo que se facilite su extensión hasta la universalidad de los ciudadanos, si ello fuera posible. Ello implica un mejor reparto de los beneficios del trabajo, a fin de lograr menor disparidad entre las fortunas, y abandonar la idea de dejarlo de manos de la libre actuación moral de los ciudadanos, pues no todos van a tener siempre un nivel moral adecuado. Donde el Estado no llega, debe legislar adecuadamente para que la actuación de las empresas se mantenga en un nivel moral aceptable para esa sociedad. Y también puede ampliarse la acción del Estado a repartos de la riqueza excesiva, mediante la lucha contra los monopolios y oligopolios, a fin de dar oportunidades a empresarios más pequeños que garanticen la libre competencia entre productores.

Los campos de acción del Estado en este tema serían muchos y, a modo de ejemplo, citaremos el cuidar de una seguridad ciudadana frente al delincuente, protección a la vejez que necesita cuidados suplementarios al final de su vida, protección a la juventud que quiere estudiar o emprender un negocio, protección a la situación de desempleo, sanidad generalizada y gratuita o al menos subvencionada, sistema de enseñanza generalizado a toda la población (construcción de centros, ayudas al acceso a esos centros, y becas de estudio, calidad de los enseñantes), protección a la cultura y administración de servicios públicos al alcance de todos los ciudadanos (autobuses urbanos e interurbanos, red de carreteras, recogidas de basuras y aguas residuales, servicios recreativos, acceso generalizado a la justicia).

El sistema de protección al ciudadano en derechos sociales se empezó a generalizar al inicio del siglo XX con el seguro obligatorio frente a los accidentes de trabajo, leyes de protección al trabajador, ley del salario mínimo, políticas de expansión de los servicios sanitarios y de los servicios de enseñanza.

A mediados del XX se intentaría incluso abordar el derecho de todos a una vivienda (en propiedad, o en alquiler subvencionado por el Estado[1]), la lucha contra la pobreza extrema, políticas contra el desempleo (bien dificultando a los empresarios el despido, o bien pagando salarios a los desempleados, o bien dando facilidades para la creación de nuevas empresas), lucha contra el dolor y no solo contra la enfermedad, evitación de la crueldad penal, lucha contra la esclavitud moderna, contra la discriminación racial y religiosa, lucha por la equiparación progresiva de la riqueza entre las familias, y lucha contra los males de la guerra.

A mediados del siglo XX se llamó a esta política social “estado de bienestar”, copiando la expresión británica “Welfare State”, la cual había sido inventada con intención de contraponerlo al “Warfare State” hitleriano. A finales del siglo XX, la nueva expresión se impuso.

Así pues, el siglo XX se caracterizó porque el Estado asumía la responsabilidad de administrar el bienestar social y económico de los ciudadanos, de todos ellos.

En unos casos, como los comunismos, el Estado asumía la totalidad de la responsabilidad y fracasó a las pocas décadas.

En otros casos, como las democracias, el Estado compartía esta responsabilidad con las instituciones privadas de buena voluntad que colaboraran en la causa. Se reconocía que el Estado no tenía los suficientes recursos como para atender a todas las necesidades sociales. Pero ello significaba que el Estado requería de mayores ingresos, los cuales no podían extraerse de los impuestos, pues condenarían a los pobres a pagar más y conseguirían empobrecer a los pobres. La solución era sustituir el viejo “impuesto proporcional” que se consideraba muy justo en el XVIII, pues eliminaba los viejos privilegios señoriales y eclesiásticos, por el “impuesto progresivo” haciendo pagar más a los que más tienen, y progresivamente más cuanto más se tiene. Otra solución complementaria era la extensión de sistemas de seguros, bien privados o bien subvencionados. El impuesto progresivo es de finales del XIX y principios del XX.

Los ricos encontraron enseguida la solución contra este impuesto discriminatorio, pues atribuyeron todo su capital a sus empresas, con lo cual incluso se podían permitir declararse pobres y declarar haber tenido pérdidas. Las empresas, puesto que proporcionan trabajo, tienen siempre múltiples posibilidades de bonificaciones y subvenciones, y un tratamiento distinto ante la Hacienda pública.

Entonces surgió la polémica sobre el intervencionismo del Estado:

Los neocapitalistas dicen que la intervención del Estado en estos temas va contra la libertad individual, pues se obliga a pagar a los ciudadanos más activos la indolencia o falta de preparación del resto de los ciudadanos. Y además, ello precisa de una gran burocracia, que es cara, y hace necesario subir los impuestos en general. Si el costo de recaudar es superior al monto de lo recaudado, el Tesoro no gana nada.

Los conservadores opinaron que el proteccionismo iba a desmotivar la iniciativa empresarial y la asunción del riesgo correspondiente, y también el espíritu del trabajador, pues si daba lo mismo no crear negocios y no trabajar, porque el Estado sufragaría la situación, era deseable la pereza y la ociosidad.

Los matemáticos decían que si un estado de bienestar de altas cualidades no era posible a nivel individual, tampoco sería posible en el conjunto de la sociedad.

Los socialistas decían que el estado de bienestar era una nueva careta del capitalismo para disimular la explotación del hombre por el hombre. Los socialistas dicen que el hombre tiene unos derechos inalienables, los cuales deben aportárseles siempre y al máximo grado, lo cual les sirve para llamar a la revolución de los ciudadanos.

Los economistas liberales afirman que los derechos sociales universalizados no pueden existir, sino que son sólo una responsabilidad moral de los gobernantes en materia social. Es imposible pagarlos todos en el grado deseable. Son un objetivo moralmente deseable, pero no exigible a los gobernantes.

Modelos de estado del bienestar liberal.

En el siglo XX, se establecieron en Europa cuatro modelos de estado de bienestar: el nórdico, el continental, el anglosajón y el mediterráneo. Todos ellos pretenden el acceso generalizado a las prestaciones sociales, políticas activas de creación de empleo, y todos cuentan con la colaboración del Estado en la creación de empleo mediante los empleos públicos. Pero difieren a la hora de gestionarlo porque tienen distintas sociedades en poder adquisitivo, y distintas culturas respecto a lo público.

El modelo nórdico hace políticas de no dispersión del nivel de la cuantía de los salarios, y de elevadas cuantías de percepción de impuestos a fin de poder pagar muchas prestaciones. Los nórdicos europeos pasan su vejez en países del Mediterráneo disfrutando de un tiempo más apacible. Lo paga el Estado. Y no son unas vacaciones, sino estancias muy largas e incluso permanentes.

El modelo continental se esfuerza en pagar pensiones, pero en lo que respecta a otros derechos sociales, hace depender la calidad de éstas de las aportaciones previas y voluntarias del individuo a seguros estatales, mutualistas o particulares. Ello somete a los ciudadanos a una doble imposición, la estatal de Hacienda y la voluntaria de sus seguros.

El modelo anglosajón se caracteriza por dar bajos niveles de protección social, lo cual hace que el sistema sea más sostenible, y así, la asistencia social será grande como último recurso, pero irá disminuyendo a medida que el ciudadano cuenta con más ingresos o capital ahorrado. Por otra parte, tiene muchísimas prestaciones muy generalizadas como asignaciones a las familias por cada hijo habido, garantía de unos ingresos mínimos a los 16 años de edad si se desea seguir estudiando, y pensiones muy generalizadas aunque mínimas en cuantía. Y a donde no llega el Estado anglosajón, el ciudadano debe buscárselo por sus propios medios.

El modelo mediterráneo se caracteriza por las muchas diferenciaciones y casuística en las prestaciones, subvenciones a políticas de empleo y subvenciones al desempleo, pero no todos los empresarios reciben esas subvenciones ni todos los desempleados las disfrutan. Muchas veces dependen de las negociaciones colectivas y, en general, se desconfía de la honradez del ciudadano a la hora de apuntarse a recibir prestaciones del Estado. El modelo mediterráneo tiene como principal defecto los cambios de política de los sucesivos Gobiernos, lo cual genera incertidumbre de futuro.

Monarquías parlamentarias.

Las monarquías persistentes en Europa, han adoptado un nuevo papel de gobierno completamente distinto a lo que venían siendo los tradicionales absolutismos, y se han convertido en poder representativo, moderador y de relación. Al aceptar la democracia liberal y social representativa y parlamentaria, han renunciado a su viejo papel ejecutivo, judicial e incluso legislativo. Su nuevo papel consiste en los tres conceptos antes expresados.

Por el poder representativo, es la figura que representa al Estado frente al interior y al exterior, de modo que todos aquellos que tengan que dirigirse al conjunto del Estado, lo hacen al Rey. Seguidamente, el ministro de Asuntos Exteriores se hace cargo de los asuntos surgidos en estas relaciones. Tiene la ventaja de que el representante del Estado es permanente y los empresarios exteriores no tienen que esperar cambios en sus negocios con el Rey.

Por el poder moderador, el Rey tiene el deber de llamar la atención a los políticos y al pueblo español cada vez que estén en peligro los principios pactados en la Constitución, o los principios del liberalismo social democrático y parlamentario, y hacer lo mismo dirigiéndose al pueblo español, si los políticos no son capaces de resolver el asunto. El Rey debe ser informado periódicamente por el Jefe de Gobierno, para que pueda ejercer esta función de vigilancia sobre la correcta marcha del Estado.

Por el poder de relación, el Rey tiene derecho a ser informado por el Jefe de Gobierno y por los jefes de los partidos políticos, sindicatos, corporaciones, asociaciones… de los asuntos graves que vengan sucediendo, así como de sus previsiones a la hora de votar nuevo Presidente, a fin de que el Rey pueda proponer al candidato. Con estos conocimientos, el Rey puede poner en relación a unos líderes con los otros jefes de partidos y llamar al diálogo entre las partes a fin de que los problemas puedan tener alguna solución.

Fuera de estas funciones, el Rey no tiene poder alguno en el legislativo, reservado a las Cámaras y al Gobierno, ni en el judicial, reservado a las instituciones judiciales, ni en el ejecutivo, reservado al Gobierno. Pero esto último no quiere decir que el Rey “no haga nada” como vulgarmente se viene diciendo. Esperamos que haya quedado claro el papel y trabajo de un Rey.

En caso de que no hubiera Rey, las funciones que acabamos de citar deberían ser ejercidas por un Presidente de la República, que jugaría un papel parecido, excepto que sería elegido. El hecho de ser elegible el Jefe del Estado, es un tema discutible, pues si le votan los mismos que ya han votado al Jefe de Gobierno, se producen dos posibles situaciones, la de igualdad de signo político y la de disparidad. En igualdad de signo político, cabe que un solo partido obtuviera ambos cargos supremos del Estado, con el consiguiente peligro de corrupción. En caso de disparidad, o “cohabitación”, es posible que la falta de cooperación entre uno y otro sea perjudicial para el bien de los ciudadanos. Por ello no está claro si es mejor monarquía o república, y unos países optan por uno y otros por el otro sistema.

El tema más complicado es la moralidad de la persona del Rey, pues el Rey es inviolable, no imputable ante la justicia en el ejercicio de su cargo. El problema consiste en definir con claridad los casos de inviolabilidad.

[1] La política de subvenciones dio lugar a una polémica muy evidente: las subvenciones hacían subir el precio de los alquileres y resultaban un dinero traspasado directamente del Estado a los propietarios, creando con ello situaciones de desigualdad. Entonces se pensó en la conveniencia de políticas de alquileres bajos en sustitución de la política de subvenciones a la vivienda.