19.13.16.Narváez 1847-1849. A partir de mayo de 1848.

NARVÁEZ: OCTUBRE DE 1847-OCTUBRE DE 1849.

Segunda parte:   periodo mayo 1848-octubre 1849.

El Gobierno de Narváez duró desde octubre de 1847 a octubre de 1849. Por razones de espacio, hemos dividido este periodo en dos capítulos, de los cuales, éste es el segundo. Corresponde al Gobierno de Narváez tras los levantamientos de marzo y mayo de 1848.

En la segunda mitad de 1848, Narváez era un hombre popular en España y en Europa. Era el punto culminante de su carrera.

Narváez obtuvo mucha popularidad en Europa por lo bien que había gestionado los levantamientos de 1848, y además, logró el reconocimiento de la legitimidad de Isabel II por Austria y por Prusia en 1848. Siguió intentando ganar popularidad enviando tropas a Gaeta en mayo de 1849 (Fernando Fernández de Córdova), donde se había refugiado el Papa tras la rebelión de Roma. Simplemente era un gesto, pues España no podía emprender ninguna acción en el exterior, pero el Papa Pío IX agradeció el detalle y estuvo presto a negociar un Concordato (que al fin se logrará en 1851).

Narváez obtuvo popularidad en España por la reanudación de relaciones con El Vaticano, por la llegada de inversiones extranjeras que significaban puestos de trabajo.

El carlismo en 1848.

Los sucesos de 1848 eran una buena ocasión para los carlistas: En 1848, los carlistas intentaron extender el conflicto carlista a Extremadura, Castilla la Vieja y La Mancha, al tiempo que mantenían la máxima actividad en Cataluña, pero fracasaron.

El general Manuel Gutiérrez de la Concha luchó con los carlistas de enero a mayo de 1848. Parecía todo perdido para los carlistas, cuando en 23 de junio de 1848 llegó Cabrera desde Inglaterra y se hizo cargo de la dirección de la guerra. Cabrera reorganizó el ejército carlista declarándose a sí mismo general en jefe, nombrando su segundo al brigadier José Masgoret y organizando sus fuerzas en cuatro divisiones al mando de Estartús, Borges, Marsal y Tristany. Pero Cabrera no fue capaz de pasar al Maestrazgo, donde se sentía cómodo, porque se lo impidieron, primero, Fernando Fernández de Córdova, y más tarde, Manuel Pavía y Manuel de la Concha. Pero, sobre todo, era un problema para Cabrera que los campesinos no querían volver a pagar tributos a los carlistas, pues la guerra les suponía una doble imposición, y preferían a unos moderados que aseguraban el derecho a la propiedad, frente a un Cabrera que siempre había defendido “la guerra del que no tiene contra el que tiene”.

Reanudación de relaciones con la Iglesia Católica en 1848-1849.

La situación internacional en 1848 era que Austria, Prusia y Nápoles habían reconocido a Isabel II, y el Papa se había quedado solo en su negativa a hacerlo. De ahí su interés en reconocer a la Reina de España, a pesar de que tuviera que prescindir de denunciar la verdad de la moral de la Reina en materia sexual y la de la burguesía española en materia social.

El 22 de julio de 1848, monseñor Giovanni Brunelli fue recibido por Isabel II, y Martínez de la Rosa, el 3 de agosto de 1848 fue admitido como Embajador de España en El Vaticano.

En 24 de noviembre de 1848, la revolución liberal en Roma expulsó al Papa Pío IX, que huyó a Gaeta, donde estuvo protegido por Martínez de la Rosa embajador español. El Gobierno de Madrid envió una circular a las embajadas en Madrid para asegurar la independencia del Papa frente a los revolucionarios italianos. Narváez pedía la devolución de los Estados Pontificios al Papa. Se reunió una conferencia en Gaeta y allí se decidió armar un ejército franco-español que recuperase los antiguos reinos del Papa y se los devolviese. Para ello, Narváez ordenó disponer 8.000 hombres a las órdenes de Fernando Fernández de Córdova.

El 27 de mayo de 1849, el general Fernando Fernández de Córdova se desplazó hasta Gaeta en una acción simbólica e inútil, pues las fuerzas españolas realmente enviadas eran muy escasas, de unos 4.000 hombres. Las potencias que dominaban Italia eran Francia y Austria, y España no tenía papel ninguno en materia internacional. Luis Napoleón Bonaparte no era un lerdo en política y sabía de la trascendencia de poner ejércitos en Roma. Por ello quiso adelantarse a la presencia de las tropas españolas y tomó Roma antes de la llegada de Fernández de Córdova y los españoles. Fernández de Córdova se limitó a colaborar en la lucha contra los revolucionarios italianos en Terracina.

Siete meses más tarde, en diciembre de 1849, las tropas españolas regresaron a España. El único objetivo de Narváez era ganarse las simpatías del Papa y hacer progresar las conversaciones entre ambos. Ya había logrado sus objetivos.

Fue la ocasión para que Alejandro Pidal reanudase la negociación de un nuevo Concordato.

La nueva postura del Papa respecto a España, animó a Austria, Prusia y Piamonte a mejorar relaciones con España, y desde entonces, las relaciones de España con Napoleón III fueron también cordiales. Ello dio como resultado que España estuviera de nuevo en contacto con las grandes potencias después de muchos años, con las potencias absolutistas, por cierto. Pero Narváez no era un absolutista, sino un liberal moderado y autoritario, que creía en las limitaciones al poder del Rey expresas en una Constitución, y necesitaba de las potencias liberales, Francia y Gran Bretaña. Por ello, España no encajaba en el grupo de los amigos que le habían surgido en Europa.

La reanudación de relaciones con la Iglesia católica no significó la paz con los católicos: Roma también cedió en cuanto a admitir la validez de las desamortizaciones ya hechas. En este último punto, las protestas del clero español contra la actitud del Papa fueron fuertes.

La apoteosis de Narváez.

En la segunda mitad de 1848, Narváez estuvo en el máximo de su popularidad internacional y española. Popularidad entre políticos europeos y entre el pueblo español.

Su popularidad sin embargo, bajaba mucho entre los políticos, progresistas y moderados, debido a las medidas de represión. Incluso la monja Sor Patrocinio, consejera de Isabel II, y el padre Fulgencio, consejero de Francisco de Asís, recomendaron que fuera cesado. También Don Francisco y Doña María Cristina se sentían incómodos por la enorme popularidad de Narváez, que podía desplazarles de Palacio, e incluso hubo tiranteces entre ellos y Narváez.

El fortalecimiento de la posición internacional de España se debía a varios factores: a que no había revoluciones liberales ni carlistas en España y a que el Gobierno de España estaba dispuesto a relanzar su revolución industrial.

España aprovechó para abrir varias embajadas en el extranjero. Pero, como potencia secundaria, seguía dependiendo de la diplomacia de París y de Londres. España era suficientemente fuerte como para pedir ser incluida en convenios internacionales, como fue el caso de los convenios de extradición, de heridos de guerra, de comunicaciones telegráficas de París 1865. Con ello se podía sentar junto a las grandes potencias, pero era una potencia secundaria. En los grandes convenios, como la declaración de 16 de abril de 1856, España se abstenía porque no era capaz de mantener una posición propia. Siempre buscaba el estar respaldada por otra potencia. En la Declaración de París de 16 de abril de 1856, se regularon los derechos marítimos en tiempos de guerra, de modo que ningún país se incautaría de los bienes y mercancías extranjeras, del enemigo, presente en barcos neutrales, así como ninguno otorgaría patentes de corso contra su enemigo.

A partir de 1848, España se abrió a las inversiones extranjeras. Hasta entonces, los banqueros internacionales habían sufrido miedo a que España no pagase, pero España empezó a pagar, aunque mal y ello hizo bajar las barreras impuestas a España. Lo decisivo en esta apertura de relaciones internacionales, fue que la necesidad de materias primas y de nuevos mercados convencían a los negociantes británicos y franceses de la posibilidad de correr más riesgos con España. Pero las contraprestaciones a estos préstamos, ya no fueron en adelante tratados de comercio ventajosos, sino la concesión de un control directo de las mines españolas y de los ferrocarriles españoles. La Ley de Ferrocarriles de 1855 les concedió esta petición, pues aseguraba que nunca se confiscarían los bienes extranjeros ni se embargarían por causa de guerra, les eximía de aranceles y de cualquier otro tipo de impuestos y les concedía privilegios a la importación de material y vehículos. La apertura a Europa fue, por lo tanto, en régimen de entrega completa a los empresarios europeos.

La popularidad de Narváez se puede concretar en tres detalles, cuyo conjunto expresa el ambiente español de fines de 1848:

El 27 de julio de 1848 se incorporó al Gobierno, como Ministro de Estado (Asuntos Exteriores) un peso pesado del Partido Moderado: Pedro José Pidal Carniado.

El jefe de la oposición, el progresista Manuel Cortina, negoció con Narváez la amnistía y, desde entonces, se llevó bastante bien con Narváez, que le consultaba muchos asuntos.

El 28 de octubre de 1848 se inauguró el primer ferrocarril español peninsular que enlazaba Barcelona con Mataró.

El 15 de diciembre de 1848 Narváez reabrió las Cortes y se encontró con un montón de protestas porque muchos diputados habían sido detenidos y varios periódicos cerrados. Ello contrastaba con la popularidad de Narváez en la calle.

Mentalidad de “Dictadura” de 1849.

En 4 de enero de 1849, Juan Donoso-Cortés y Fernández-Canedo justificó la implantación de una dictadura en España: «Cuando la legalidad basta, la legalidad. Cuando no basta, la dictadura». Las ideas de Donoso Cortés tuvieron eco en toda Europa, tal vez por la popularidad de Narváez en ese momento. Incluso el Congreso de Diputados español que escuchaba estas palabras de Donoso Cortés, hizo un silencio respetuoso y aplaudió al final del discurso. En la mente de todos estaban los sucesos de Francia y de España en 1848, que habían sido calificados de anarquía y caos.

Narváez cerró las Cortes durante nueve meses y convocó elecciones utilizando toda la corrupción electoral posible, de modo que obtuvo un Congreso como él deseaba. Los progresistas revolucionarios fueron enviados a Filipinas o al Caribe, o fueron encarcelados. Los que quedaban, fueron denominados en alguna ocasión «oposición consentida».

Narváez aconsejó a la Reina que conmutara las penas de muerte, de modo que quedase claro que era autoritario y duro, pero generoso.

Las libertades individuales fueron suspendidas cada vez que Narváez lo consideró preciso, una veces unas, y otras veces otras. Se prohibió la publicación de periódicos demócratas, pero se permitió que sus directores fundaran otros periódicos con distinta cabecera. Se cerraron los clubs revolucionarios, aunque se mantuvo alguno en la clandestinidad. No hubo más conjuras hasta octubre de 1849.

Y con ello, se inició una época que se denominó «dictadura de Narváez» y que era una semidictadura pues actuaban las Cortes, pero adaptándose éstas a la voluntad del Jefe de Gobierno. Andrés Borrego justificó la postura de Narváez en el interés del Estado, en que la seguridad era un derecho por encima de las libertades políticas que se suprimían temporalmente. Los conservadores admiraban la postura adoptada por Narváez en 1848 y después, y le denominaban «columna inamovible», y «firme roca» que sostenía el orden frente a los revolucionarios. Los progresistas guardaron silencio en todo momento. Los progresistas revolucionarios estaban indignados contra Narváez, contra los moderados en general y contra los progresistas pacíficos que no decían nada.

Carlismo en 1849

El 1 de enero de 1849 los carlistas fueron atacados en su cuartel general, Amer (20 kilómetros al oeste de Gerona), y lucharon en Pasteral. Entonces, Manuel de la Concha tuvo la suerte de herir a Cabrera. Cabrera llamó a Carlos VI a España pues consideraba que su presencia era lo único que podía revitalizar la sublevación, pero Carlos VI conde de Montemolín fue detenido en la frontera francesa por los franceses.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que había muerto el Papa Gregorio XVI, 1831-1846, que apoyaba a los carlistas, y había sido elegido Pío IX, 1846-1878, que ya no les suministraba ayudas. Montemolín pretendió lograr nuevos apoyos casándose con Carolina de Nápoles, pero el Rey de Nápoles, Fernando II, rectificó en 1851 y reconoció a Isabel II.

El resto de los jefes carlistas pasó a Francia antes de fin de mayo de 1849, con lo que la Segunda Guerra Carlista, o Guerra dels Matiners, estaba concluida en mayo de 1849. En 8 de junio, Narváez lo anunció oficialmente y dio una amnistía a los soldados carlistas lo cual permitió el regreso de unos 1.500 de los 5.000 combatientes carlistas. Los jefes no pudieron volver. Isabel II organizó grandes fiestas con motivo del final de la guerra.

Tras la derrota carlista de 1848-1849, Cabrera abandonó el levantamiento carlista, y Gran Bretaña y Francia retiraron su apoyo a los ejércitos carlistas. Los franceses no dejaban circular a Cabrera por su territorio para contactar con sus fieles catalanes y navarros y fue detenido en Francia. Se le dejó ir a Inglaterra donde se casó en 1850 con una protestante inglesa llamada Marianne Catherine Richards. Vivió en Wentworth con el nombre de Conde de Morella.

Desde entonces, el carlismo será más integrismo católico que otra cosa. Y surgieron algunas contradicciones: Carlos VI vivía amancebado con Adeline de Horsay, lo cual era contrario a la doctrina católica. El escándalo saltaría en 1850, y Carlos VI abdicaría en su hermano Juan, que fue el líder del carlismo 19 años. Cuando Adelina de Horsay se enteró de la abdicación, dejó plantado a Carlos VI, que decidió casarse con una italiana, María Carolina de Borbón Nápoles. Aun así, los carlistas le volvieron a reconocer líder del carlismo durante algún tiempo y en 1 de diciembre de 1860 había emitido un comunicado desde Trieste, diciendo que volvía a reivindicar sus propósitos de ser rey de España. Pero se murió sin lograr hacer una nueva guerra. Sólo provocó una escisión en el carlismo, entre el jefe de la Casa, su hermano Juan, que lo fue de 1849 a 1869, y el líder ideológico que era Carlos VI. La ruptura se acabará en 1869, con Carlos VII, hijo de Juan, como jefe de la Casa Real.

Don Juan era el segundo hijo de Carlos V de Borbón, y hermano, por tanto, de Carlos VI conde de Montemolín. Don Juan alardeaba de demócrata y liberal, y por ello era un mal líder carlista, pues el carlismo era absolutismo y catolicismo ultra. La princesa de Beira, su madrastra y verdadero líder del carlismo, le dijo que hiciera otro tipo de manifestaciones o abdicase los derechos carlistas en sus hijos. Don Juan no sólo se negó a abdicar, sino que intentó cambiar la manera de pensar de los carlistas. Éstos protestaron y Don Juan intentó acercarse a España, cosa que era imposible porque una ley de 1834 prohibía a los pretendientes carlistas residir en España. Por esta vía, el carlismo no tenía posibilidades de continuación porque sería liberalismo, y entonces debían reconocer a Isabel II.

“La Época”, periódico conservador.

El 1 de abril de 1849, Luis José Sartorius, el conde de San Luis emitió el primer número de La Época, un periódico conservador, muy caro, que se vendía por suscripción entre las clases altas. El primer director fue Ramón de Navarrete, pero sólo duró unas horas. Enseguida se hizo cargo de la dirección Ignacio José Escobar, dueño del periódico, que lo dirigió hasta 1887. Lo dirigieron después otros Escobar, su hijo Alfredo Escobar y su nieto José Ignacio Escobar.

De 1849 a 1851, La Época fue defensor de Narváez, pero ese año decidió criticar el autoritarismo del general y en 1856-68 criticó la corrupción existente en los Gobiernos moderados. En 1868 apoyó a Montpensier para rey, pero luego se hizo alfonsino en 1872, partidario de Cánovas en 1874, de Maura en 1905-1909, de Dato en 1913, de Primo de Rivera en 1923. El periódico La Época se cerró en 1936 pocos días antes de empezar la guerra, y sus locales fueron aprovechados por los republicanos para editar El Sindicalista, dirigido por Ángel Pestaña.

EL PARTIDO PROGRESISTA DEMÓCRATA.

En 1847, José María de Orense marqués de Albaida pidió el reagrupamiento del liberalismo progresista de izquierdas, a fin de evitar que se originase un nuevo partido, o más, por la izquierda y se dividiesen los progresistas aún más de lo que estaban, lo cual les excluiría de la política. Pero pidió un partido diferente del Partido Progresista de Salustiano Olózaga, Pascual Madoz, Juan Álvarez Mendizábal, Bardomero Fernández Espartero, Pedro Calvo Asensio, Facundo Infante, Miguel de Roda y Manuel Cortina, que estaba organizado en ese momento. Siguieron la idea de reorientar al partido, pedida por José María Orense: Tomás Jaén, Pedro López Grado, Aniceto Puig, Nicolás María Rivero, Práxedes Mateo Sagasta y José Ordax Avecilla.

Criticaban al Partido Progresista en el sentido de que había hecho la desamortización, pero había prescindido de la oportunidad de cambiar la sociedad española, pudiendo haber dado tierras a los jornaleros y aparceros, lo cual había alejado a las masas de los progresistas. Se necesitaba un partido que diera más comida y más barata, mejor vestido y más barato a la gente. Entonces, algunos diputados progresistas se pusieron a concretar los principios que debían constituir el programa del nuevo partido. Y hubo dos planes, el de los progresistas puros y el de José Ordax Avecilla, al que se sumaron Manuel María Aguilar, Aniceto Puig y Nicolás María Rivero. Estos cuatro diputados tomaron el nombre de “progresistas demócratas”[1].

Al grupo de Ordax Avecilla se adhirieron Sixto Sáenz de la Cámara y Fernando Garrido, que era socialistas utópicos, Patricio Olavarría, Wenceslao Ayguals de Izco, Manuel García Uzal, Lorenzo Calvo y Mateo, y Juan Lorenzo Calvo de Rozas, que eran republicanos. De entrada, el nuevo grupo era heterogéneo. Ya en los años cincuenta se sumaron al partido Emilio Castelar, Francisco Pi y Margall y Nicolás Salmerón, que eran universitarios demócrata republicanos.

El 6 de abril de 1849 se tiene por la fecha de aparición del Partido Demócrata en España.

La fecha sugiere que se habían beneficiado de los movimientos de protesta social de 1848 contra la política de los moderados. También hay que tener en cuenta que el 18 de diciembre de 1848 los progresistas se habían escindido con motivo de la contestación al Discurso de la Corona, para el cual se nombró una Comisión integrada por Manuel Cortina, Pascual Madoz, Antonio González, Francisco Cabello y José Ordax Avecilla. Los miembros de la Comisión no se pusieron de acuerdo y resultaron dos propuestas de contestación, la de los cuatro primeros y la de José Ordax Avecilla.

José Ordax Avecilla entregó su dictamen a Nicolás María Rivero, Manuel Aguilar y Aniceto Puig, para que lo revisasen. Ordax Avecilla pedía que se cumplieran los programas liberales de 1810-1814 sin demora y sin ninguna concesión ni transacción con los moderados. El texto fue publicado en 6 de abril de 1849 como Manifiesto del Partido Progresista Demócrata, tal y como hemos dicho más arriba. Hablaba de la existencia de un proceso de cambio en el mundo “occidental” que afectaba a todas las naciones y hacía inadecuados los viejos sistemas políticos, los viejos partidos, las viejas ideas políticas.

A continuación hacía una declaración sobre los derechos humanos en el sentido de que éstos debían ser reconocidos por los Estados y garantizados a todos los seres humanos. Estos derechos eran la libertad de conciencia, la libertad de reunión de cualquier tipo, política o de otra clase, y la libertad de asociación para fines morales, científicos o industriales.

Eran partidarios de la plenitud de los derechos individuales como seguridad, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de expresión. Participaban de la ideología progresista en cuanto a soberanía nacional y Rey constitucional, así como de las ideas económicas de desamortización, libertad de comercio y tributos iguales para todos, pero irán más allá en las reformas pidiendo supresión de las quintas, un ejército integrado por voluntarios profesionales, instrucción (enseñanza) obligatoria y sufragio universal.

En segundo lugar, hacía una enumeración de los “principios políticos” en que creía, que eran la monarquía constitucional, la soberanía universal, el derecho a la representación de los ciudadanos en una sola cámara de parlamentarios, la independencia del poder judicial, la participación popular en los Ayuntamientos y Diputaciones, la libertad de expresión y el juicio por jurados en todo tipo de delitos.

En tercer lugar, exponía un “programa práctico” que debía seguir un Gobierno demócrata y se centraba en el liberalismo económico, dar garantías de las libertades, recuperar la Milicia Nacional armada, reformar la Constitución en sentido adecuado, reformar la Justicia, la Administración, los tributos y la enseñanza, mostrar respeto por todos los países defensores de la democracia, y establecer relaciones especiales con Portugal y Latinoamérica.

En septiembre de 1849, los demócratas elaboraron un nuevo manifiesto ratificando lo dicho el 6 de abril.

Hacían una declaración de derechos tales como sufragio universal, libertad de reunión, expresión y asociación, libertad de conciencia (frente al integrismo católico), derecho a instrucción primaria universal, gratuita y obligatoria.

Una exposición de principios políticos tales como soberanía universal masculina o sufragio universal masculino, Cortes unicamerales, independencia del poder judicial, participación popular en los Ayuntamientos y Diputaciones y descentralización del poder del Estado a favor de estas instituciones, juicio por jurados en todos los casos, y monarquía constitucional con Isabel II en el trono.

Un programa práctico de gobierno con liberalización económica, garantía de libertades, rearmamento de la Milicia Nacional, reformas en la Constitución, justicia, administración, tributos y educación, principio de no intervención en los países extranjeros, aproximación a las democracias de Portugal y América latina cuando las haya, y extensión de todos los derechos anteriores a las provincias de ultramar o colonias españolas.

Los Manifiestos demócratas de abril y septiembre de 1849 son bastante sorprendentes por lo moderno, por expresar ideas más bien del siglo XX.

Los jóvenes demócratas españoles estaban apoyados por los carbonarios italianos, la Joven Italia, los “Defensores de los Derechos del Hombre” y por el grupo anarquista “Vengadores de Alibaud” de Ramón Xaudaró. La Joven España se unió a este nuevo Partido Demócrata y actuó como medio de propaganda del mismo, se diluyó en él y desapareció.

La mayor novedad de estos Manifiestos demócratas de 1849, dentro del sistema liberal general que pedía que el Estado no se inmiscuyese en nada, era la petición de que el Estado interviniese para corregir las desigualdades sociales. Señalaba como campos de actuación del Estado la enseñanza, la reforma fiscal, la asistencia social. La finalidad de esta intervención era ayudar a las capas sociales bajas a elevar su estatus a fin de conseguir la igualdad liberal. A esta actividad la llamaban “progreso”.

La inclinación por la república, luego generalizada entre los demócratas, fue posterior a estas fechas.

El Manifiesto demócrata no gustó nada a Ramón María Narváez, el Presidente del Partido Moderado, que organizó la represión sobre los demócratas.

En este ambiente de represión, se reunieron unas 300 personas en casa de Manuel Aguilar el 6 de agosto de 1849, y se organizaron como partido:

Estaban en la reunión Cristino Martos, Manuel Becerra Bermúdez, Sixto Sáenz de la Cámara, Antonio Cervera, Javier Moya, Fernando Garrido, Patricio Olavarría, Eduardo Asquerino, Wenceslao Ayguals de Izco, Lorenzo Calvo Mateo, Manuel García Uzal, y Lorenzo Calvo de Rozas. También estuvieron representantes de “La Joven España”. Eligieron un Comité Directivo, cuyo presidente era Lorenzo Calvo Mateo, y secretario Sixto Sáenz de la Cámara. Se le encomendó a este Comité, abrir la recluta de militantes en provincias y seleccionar a los candidatos, y abrir comisiones de trabajo para redactar un programa político demócrata y un proyecto de organización del nuevo partido.    Los militantes del nuevo Partido Demócrata fueron jóvenes salidos de los progresistas radicales. Nicolás María Rivero, 1814-1878, destacó en la organización del nuevo partido, poniendo mucho dinero suyo en el empeño y pagando periódicos como El Siglo, La Tribuna, El Pueblo, La Reforma Económica, El Eco de la Juventud, que divulgaban el ideario demócrata. Otros demócratas de primera hora fueron José Ordax Avecilla, Calisto Bernal, Rafael María Baralt, Nemesio Fernández Cuesta.

Narváez encarceló a todos los líderes demócratas alguna vez. Ello provocó la aparición de organizaciones clandestinas e incluso violentas como “Los Hijos del Pueblo”. Con Narváez y con O`Donnell, el Gobierno de España involucionó hacia la derecha, y con Bravo Murillo, Roncali, Lersundi y Sartorius hacia la intolerancia radical y violenta.

El Partido Demócrata era un conglomerado de grupos distintos, entre los que había republicanos, socialistas y progresistas radicales (Izquierda Progresista).

Los tres grupos demócratas coincidían en que los moderados estaban creando extrañas doctrinas liberales doctrinarias que no hacían otra cosa sino vaciar de contenido la revolución liberal. También acusaban a los progresistas moderados de no estar reaccionando adecuadamente contra el engaño, o tomadura de pelo en que se habían convertido los Gobiernos moderados, que no hacían apenas reforma alguna y se mantenían en formas próximas al absolutismo, con la diferencia de hacer grandes declaraciones de apariencia liberal, pero vacías de contenido.

Los tres grupos fundadores, republicano, socialista y progresista radical, habían aparecido al tiempo de la Constitución de 1837, poco antes o poco después.

Hay que precisar que los demócratas eran unos centenares de personas, muy pocos, cuatro gatos, y no tenían presupuesto ninguno.

Es importante constatar que el grupo demócrata tenía mucha doctrina “anti”, antimoderada y antiprogresista burguesa, y poca doctrina positiva demócrata. Estaba destinado a durar muy poco. Eran los herederos de los exaltados de 1820-1823, lo mismo reivindicables por los socialistas, por los republicanos, por los progresistas radicales, que por los nacionalistas, grupos que sí tuvieron un cuerpo doctrinal más desarrollado y que acabaron devorando al Partido Demócrata español.

Los antecedentes “exaltados”.

Para entender a los republicanos de 1849, hay que tener en cuenta a los exaltados de 1820-1823, grupo que teñía la política de oposición en el segundo cuarto del XIX. Como figura representativa de este grupo exaltado, consideraremos a Ramón Xaudaró Fábregas, 1802-1837:

Xaudaró, hijo de un hacendado catalán, se había opuesto a la política de Fernando VII durante la “década ominosa”, con el grupo disidente de los exaltados, y había emigrado a Francia en 1826, a sus 24 años de edad. En Francia fue encarcelado hasta que la revolución orleanista de 1830 le puso en libertad. Entonces se sumó a un nuevo grupo político discordante, la Junta Patriótica de los Pirineos Orientales, cuya sede estaba en Perpignán y estaba integrada por el coronel José Grases, Isidro Conill, Juan Carreras y José Escluz Gómez. En 1832, se inclinaba por la república y escribió Bases d`une constitución politique ou príncipes fundamentaux d`un systheme republicain, libro en el planteaba un república moderada. En 1834, fundó en Barcelona El Catalán y se relacionó con Abdón Terrades, Narcís Monturiol, Françés pi i Margall y Pascual Madoz, que eran entonces progresistas radicales. Era la tercera faceta de Xauradó, además de exaltado y republicano, ya mencionadas. En septiembre de 1835, Javier Istúriz ordenó detener a Xauradó, y se le capturó en enero de 1836, siendo enviado preso al Castillo de El Morro (La Habana), hasta que en abril de 1836 se le permitió regresar a la Península. Estuvo en la cárcel de San Antón (La Coruña) y fue liberado definitivamente el 30 de junio de 1836. Se le acusaba de haber capitaneado el “Batallón de la Brusa”, el cual tenía por objetivo organizar sublevaciones en Cataluña para iniciar una República independiente. Regresó a Cataluña para insistir en lo mismo y organizar el “Batallón de Zapadores”. Publicó La Bandera, una proclama republicana independentista donde pedía la muerte de los aristócratas y de todos los ricos a fin de que fuera posible la república catalana independiente. Era de una pobreza de ideas muy grande. Creyó que para conseguirlo, debía ir a Madrid y allí estuvo a fines de 1836 publicando “El Corsario, periódico político, literario y mercantil, dedicado especialmente a defender los derechos e intereses del pueblo”. Colaboraba en esta publicación, Máximo Andrés de Herreros. También publicó “Manifiesto de las injustas vejaciones sufridas”, un capítulo más de la llorosa saga catalanista. No logró nada en Madrid, y se trasladó de nuevo a Barcelona, donde creó una sociedad secreta de tipo carbonario anarquista, Vengadores de Alibaud, a cuyo frente puso a Rafael Degollada. El movimiento de rebeldía fue descubierto y se supo que estaba arraigado en el Ayuntamiento de Barcelona, que fue destituido. Xauradó se fue a Valencia, para no estar localizable. De todos modos, Xauradó intentó el levantamiento en Barcelona en mayo de 1837. El 4 de mayo se puso al frente de un grupo de milicianos y ocupó Diputación y Ayuntamiento de Barcelona (la Plaza San Jaime), acudió el ejército y les rindió. Xaudaró fue fusilado el 9 de julio de 1837.

Lo importante a considerar de Ramón Xauradó, es que, a pesar de todos los formalismos externos republicanos, independentistas, radicales, anarquistas y revolucionarios, era un hombre de ideas de un liberalismo moderado. Tenía muy poca formación política, que es lo típico de los “exaltados” de 1823. Xauradó, es sólo un ejemplo de esa minoría de descontentos con todo que estaba presente en la primera mitad del XIX español.

La ruptura tras la Constitución de 1837.

El descontento mayor en los exaltados, surgió a raíz de la Constitución de 1837, una Constitución de consenso entre moderados y progresistas. Muchos no entendían que se pudiera abdicar de principios fundamentales del progresismo en bien de la convivencia, porque así nunca se conseguirían los avances de la revolución liberal. Creían que no se podía abdicar del sufragio universal, de la soberanía del Parlamento de modo que el Rey quedase sometido a las Cortes, del unicameralismo, lo cual implicaba abandonar un Senado representante de las clases opresoras de la sociedad, del federalismo que significaba la igualdad de los pueblos españoles. A ello hay que añadir la idea de que, tal vez, era mucho mejor la república que la monarquía, aunque en esto no estaban todos de acuerdo.

Y así nació el grupo demócrata, con pocas ideas y muchos proyectos, opuesto a casi todo y sin mucha teoría e ideas propias. Estaba destinado a durar poco.

La idea básica que debemos tener presente, es que los demócratas entendían democracia como progreso del pueblo en lo material y en lo intelectual.

En 1841, Patricio Olavarría abrió La Revolución y El Huracán, periódicos de ideas republicanas.

En 1844, ya había una tendencia o facción demócrata dentro del Partido Progresista, liderada por José María Orense, Nicolás María Rivero y José Ordax Avecilla. Reaccionaron los progresistas Manuel Cortina, Juan Álvarez Mendizábal y Salustiano de Olózaga y pidieron conversaciones con la nueva tendencia demócrata. Cortina exigió lealtad a la monarquía y descartó la posibilidad de practicar el sufragio universal a corto plazo, porque una práctica de ese tipo podía llevar a la descomposición completa del Estado. El debate se cortó con motivo de la revolución de 1848, y en 1849, los demócratas dieron el paso hacia adelante: sufragio universal y república.

En 1844-1849, durante el Gobierno Narváez, surgieron autores aparentemente apolíticos, pero que hacían literatura social. Es el caso de Wenceslao Ayguals de Izco, Juan Martínez Villergas y Aduardo Asquerino. Su literatura provocaba debates sobre la organización del trabajo y sobre la pobreza.

El grupo progresista radical.

En cuanto a los progresistas radicales, hay que decir, que “radical” denominaba en ese momento a personas que querían cambios en profundidad (“de raíz”) y de forma inmediata, para llevar la sociedad a las ventajas del liberalismo: libertad, igualdad y fraternidad. Su idea básica era la creencia en el librecambismo. La mayor fuerza la tenían en Cataluña. Sus acciones son las que hemos visto en capítulos anteriores como progresistas exaltados.

El grupo progresista radical provenía de la izquierda del Partido Progresista español. Estaba liderado por José María de Orense Milá de Aragón marqués de Albaida. Pedía un “verdadero sistema representativo” el cual se lograría con monarquía constitucional, libertades de expresión, de reunión y de asociación y sufragio universal. Defendía el unicameralismo, la soberanía nacional popular y el sufragio universal directo. En el terreno de lo económico, creían en la libre competencia, pedían la reducción del gasto público y el fomento de los sectores productivos básicos, y que el Estado defendiera a las clases medias y clases populares. No explicaban la contradicción de cómo reducir el gasto público fomentando la economía mediante inyección de dinero público y haciendo programas sociales. En 1873, Orense simpatizaba más con los socialistas que con los progresistas librecambistas. Había evolucionado.

José María Orense Marqués de Albaida era el hombre de más prestigio entre los demócratas. Sus obras fundamentales eran La democracia tal cual es, Madrid 1861, Treinta Años de Gobierno representativo en España, Madrid 1863, y La empleocracia, Madrid 1872. En esas obras criticaba el sistema monárquico constitucional y defendía la desamortización, el librecambismo y la descentralización administrativa. Orense estaba en contra de los demócratas-socialistas, y defendía un progresismo radical librecambista.

Albaida fue demócrata-radical en 1849-1868 y republicano federal a partir de 1868.

Otros miembros destacados de Izquierda Progresista fueron Nicolás María Rivero, Manuel Aguilar, Manuel Becerra, Eduardo Asquerino y José Ordax Avecilla.

Parece clara la existencia de radicales en los levantamientos de Barcelona de noviembre y diciembre de 1842. El levantamiento lo iniciaron los burgueses para protestar contra los decretos de librecambio de Espartero. Pero enseguida los radicales se hicieron con el control de la calle.

A partir de 1854, apareció como líder Emilio Castelar Ripoll, 1832-1899. Era hijo de “exaltados” de 1820-1823, que habían estado exiliados en 1823-1830. Se educó en Elda (Alicante), estudio bachillerato en Alicante, y Derecho y Filosofía en Madrid. Fue catedrático de Historia filosófica y crítica de España desde 1857. Había aparecido en política en 1854 como demócrata republicano liberal. Será muy conocido por el hecho de ser cesado en su cátedra en 1865, tras escribir un artículo, “El Rasgo”, en el que criticaba a Isabel II, lo cual provocó el descontento de alumnos y profesores. Fue Presidente del Gobierno en septiembre de 1873.

También estaba en esta facción, Eugenio García Ruiz, palentino que estudió Derecho en Valladolid y se hizo progresista, y en 1854 se pasó a los demócratas. Se caracterizó por sus críticas a los integristas católicos. Fue republicano unitario y apoyó a Castelar.

El grupo republicano.

Los republicanos aparecieron en 1837, cuando los progresistas abandonaron la Constitución de 1812 y transigieron con una Constitución de consenso, la de 1837. Leyeron en esos años a Lammennais, el cual decía que el pueblo llevaba en su conciencia colectiva el plan providencial de Dios, y por ello era la esperanza del futuro y no el “populacho” como había sido considerado recientemente[2].

Militaban en el grupo republicano José Gorosarri (diputado por Cádiz), Antonio María García Blanco (sacerdote hebraísta catedrático en Madrid, diputado por Sevilla), Diego Montoya, Juan Alfonso Montoya, Bartolomé Venegas y Antonio Gutiérrez Solana (El Pasiego). En 1839 eran ya un grupo de cierta consideración y en el periodo 1839-1843, con Espartero en la Regencia, crecieron mucho.

En Madrid fueron capaces de organizarse con una Junta Directiva en la que estaban Antonio Gutiérrez Solana (El Pasiego), Luis Antonio Pizarro conde de Navas, y Pedro Méndez Vigo. En un determinado tiempo se expresaron en El Huracán, y en ese periódico escribieron Espronceda, Martínez Villergas, García Tejero, Pruneda y Wenceslao Aiguals de Izco. En 1840 soñaban con una Junta Central que proclamara la República Federal Ibérica, y defendiera los derechos y libertades ya citados en el Manifiesto de 6 de abril de 1849. Para entonces, este grupo ya consideraba que la monarquía era incompatible con la libertad y propugnaba una revolución armada del pueblo “porque la libertad no se concede, se arrebata”.

Otro grupo republicano se había originado en El Ampurdán, con Abdón Terrades. Este hombre formó un grupo de obreros y menestrales catalanes y organizó una Sociedad de Socorros Mutuos, que eran las organizaciones permitidas, legales. Pero su objetivo era mejorar las condiciones de trabajo en Cataluña, lo cual ya no era un asociacionismo legal. De todos modos, el grupo puede ser considerado demócrata, socialista o republicano, pues es muy difícil diferenciar en estos años a estos grupos.

Abdón Terrades, en El Republicano, pedía una Constitución republicana, por lo que puede ser englobado entre los republicanos. La revuelta de Barcelona de noviembre y diciembre de 1842 fue apoyada por la Milicia Nacional a cuyo frente se puso Juan Manuel Carsy, redactor en El Republicano. Se constituyó una Junta Popular Directiva compuesta exclusivamente por artesanos, la cual elaboró un Manifiesto en el que expresaban su programa político: unión de todos los liberales; echar abajo a Espartero y a su Gobierno; abrir Cortes constituyentes; si hubiera Regencia, que fuera de más de uno; si hubiera matrimonio de Isabel II, que fuera con un español; justicia y protección a la industria nacional. Los alzados en Barcelona, controlaron la ciudad durante veinte días, hasta el 3 de diciembre de 1842, fecha en la que fueron sometidos por el ejército de Espartero.

En 1840, los republicanos apoyaron a Espartero, creyendo que era el hombre del cambio social que España necesitaba. Mudaron de opinión en 1841, al ver la realidad de Espartero.

Además de ser pocos, los republicanos estaban divididos en tres grupos: los moderados republicanos como Ayguals de Izco, García Uzal y Antonio Seijas, dominaban en Madrid y querían alianzas con los progresistas porque se reconocían como una minoría política insignificante. Los radicales republicanos seguían a Patricio Olavarría, el cual escribía en El Huracán. Los republicanos revolucionarios estaban representados por Abdón Terrades, partidario de la insurrección armada.

En agosto de 1843, Abdón Terrades proclamó la República en Figueras (Gerona) y levantó una Junta que se mantuvo independiente hasta 10 de enero de 1844, fecha en que fueron sometidos por el ejército. Fue un acontecimiento intrascendente. En noviembre de 1843, organizaron en Barcelona “La Jamancia”, nuevo grupo insurrecto.

En 1843-1848 se sumaron al grupo nuevos adeptos como Francisco Pi i Margall, Estanislao Figueras, Francisco Núñez Capdevila, Juan Tutau, Narciso Monturiol y Fernando García Rovira.

A ellos se sumó meses después Francisco Pi i Margall, 1824-1901. La mentalidad de este hombre se entiende mejor dentro de este grupo de “exaltados” que todavía no se habían definido como socialistas, republicanos o nacionalistas. Será reivindicado por todos ellos en algunos puntos y rechazado en otros. Como hijo de un obrero textil catalán, sargento de la Milicia Nacional, había sido impregnado de las ideas “exaltadas” desde pequeño. Empezó estudiando Filosofía en la Universidad de Barcelona, y enseguida empezó Derecho, que era lo que le gustaba. En 1847 se trasladó a Madrid y se doctoró en Derecho en 1848. En este tiempo, escribió artículos polémicos en El Correo, en los que trataba de forma poco ortodoxa para la época el catolicismo, la historia de España y la economía política. En resumen, consideraba que el sistema político moderado de entonces impedía la democratización de los españoles y que la Iglesia era otro impedimento más en esa tarea. Naturalmente, provocó reacciones entre los católicos integristas de su época. En 1848 ingresó en el Partido Progresista Demócrata. Sus ideas nos son conocidas a partir de 1854, cuando pedía Cortes constituyentes, sufragio universal y libertades de imprenta, conciencia, enseñanza, reunión y asociación. Expresó sus ideas en 1854 en Reacción y Revolución:

Reacción es oponerse a la marcha de la humanidad en la conquista de sus libertades, y Revolución es el trabajo para conseguir el desarrollo del saber y de las libertades de cada individuo. Revolución es aplicar la razón para conseguir las libertades posibles para el individuo. La Revolución es el camino hacia la paz social, mientras la reacción es la contención de un río imparable que acabará necesariamente en violencia. Los inmovilistas dicen que todo está establecido, por Dios o por la tradición, y que todo cambio acarrea peligro de violencia. Pero es al contrario: a lo largo de la historia ha habido muchos cambios y la historia demuestra que el cambio es necesario cuando la sociedad y la política se corrompen. La tesis fundamental de esta obra es la afirmación de la Iglesia y la monarquía son criticables, y no por fatalidad, sino por racionalidad, por amor a la libertad, y en defensa de la paz y el orden. La Providencia no es Dios, sino que Dios es la sabiduría, la inteligencia suprema que actúa sobre nosotros mediante la Providencia. El hombre es libre y está capacitado para criticar la realidad en la que vive y para intentar cambiarla. El cambio es posible, como lo habían demostrado las revoluciones de 1789, 1820 y 1830. El hombre tiene derecho a desearlo todo, aunque no todo sea factible. Debe utilizar su inteligencia para discernir lo que es posible y lo que no lo es. Para ello, debe utilizar el método dialéctico de Hegel. En este análisis de la realidad, encontramos que los moderados españoles lo hicieron muy bien en 1833, cuando abandonaron un sistema político absolutista y crearon un sistema constitucional. Pero más tarde, los moderados se convirtieron en un baluarte de los privilegios y un obstáculo para la necesaria evolución hacia la libertad. La Iglesia de 1854 se había cerrado en el inmovilismo, en el dogmatismo, y se había corrompido en el tema de la política y de la propiedad, y era necesario renovarla, como ya había dicho Lutero en el siglo XVI, y España no había acometido los cambios al iniciarse la segunda mitad del XIX. Igualmente, la monarquía española se había cerrado a las innovaciones políticas y sociales. En tiempos pasados, había salvaguardado a la sociedad de las teocracias y las oligocracias (Pi dice oligarquías), pero en el siglo XIX estaba defendiendo la desigualdad social y los privilegios, y por tanto, ya no tenía sentido. El constitucionalismo había sido el último avance importante en el camino a la libertad, pero se había atribuido al Rey el derecho de sanción y veto de las leyes, y la monarquía servía solamente a la reacción y no a la revolución. En la situación de actualidad de Pi cuando escribió el libro, 1851 (aunque fue publicado en 1854), había que dejar asentado que la libertad y el orden eran derechos e intereses sociales permanentes, aunque a veces contradictorios. Hay que limitar las ansias de libertad en la racionalidad del orden público. Pero no hay derecho a matar la libertad con la excusa del orden público. Se estaban defendiendo los privilegios establecidos con la excusa de guardar el orden social. Los derechos del hombre son absolutos, universales, inenajenables e imprescriptibles. Toda limitación a los derechos humanos es un crimen cunado es arbitraria. Observaba Pi que España carecía de Declaraciones de Derechos y libertades, y que las pobres declaraciones de derechos de las Constituciones españolas eran penosas. Por ejemplo, nunca se había hablado del derecho a la vida,, nunca se había dado libertad de cultos, y nunca había habido verdadera libertad de enseñanza, ni se había proclamado el derecho de asociación y el de reunión, ni se habían desarrollado los principios del librecambio. En cambio, los políticos no cesaban de proclamar la necesidad de guardar el orden, lo cual era mantener la ficción de paz, pues defendiendo los privilegios adquiridos se estaba alimentando la violencia social para el futuro. Creía Pi en 1854, que la libertad estaba representada en España por los demócratas. Acababa Pi afirmando que el hombre es soberano porque es libre y para poder seguir siendo libre. Esta última afirmación la consideraba una verdad absoluta. La soberanía radica en cada individuo y no hay soberanías por encima de ella. Incluso la ley moral es superior a la ley escrita de los tribunales del Estado y de la Iglesia. La mejor manera de interpretar la soberanía es la república. La república debe ser federativa, porque las repúblicas unitarias no son estables, como demuestra la Historia. Y en cambio, la república federal es múltiple, más rica en ideas, y más estable por ello. Esta afirmación no la fundamentó demasiado. En una segunda parte del libro, Pi criticaba todos los escalones del poder del Estado, el Ayuntamiento, las Diputaciones y el Gobierno y sus Ministerios, considerándolos casi todos inútiles y prescindibles, lo cual gustaba mucho a los anarquistas. Defendía la milicia como ejército más justo, porque es popular. Criticaba que se cobraban demasiados impuestos. Acababa llamando al pueblo a la Revolución, a la revolución como él la entendía, la lucha por el progreso, el saber y las libertades, pero creía que para ello se debían derribar instituciones y exigir armas en manos del pueblo.

Naturalmente, el escrito de Pi no gustó a la Iglesia católica ni a los moderados, ni incluso a muchos republicanos, los unitarios.

En 1857, Pi se retiró a Vergara, pueblo de su mujer, y allí se interesó por las clases asalariadas y por el socialismo. Defendía la necesidad de asociación de los jornaleros y la supeditación de la revolución política a la revolución social. Acabó abandonando a los demócratas, como muchos otros. En 1866, tras la rebelión del Cuartel de San Gil, hubo una fuerte represión gubernamental, y Pi huyó a Francia mientras su casa era asaltada por la policía. En Francia estudió a fondo las doctrinas de Proudhon y se hizo republicano federal. No volvió a España hasta después de la revolución de septiembre de 1868, y sin hacer campaña política, fue elegido diputado por el Partido Republicano Democrático Federal. Se opuso a la Constitución de 1869 por ser monárquica. En 1870 era uno de los dirigentes del Partido Republicano Democrático Federal. Encontró entonces que los republicanos eran un conglomerado heterogéneo de distintas maneras de pensar y se propuso dar unidad al grupo republicano proponiendo como principios comunes: la república federal, las reformas sociales de tipo socialista-reformista y democrático, la lucha dentro de la legalidad, y la unidad del republicanismo con un programa único y disciplina de partido. Más tarde, en 1873, fue Ministro de Gobernación para Figueras, y Presidente del Poder Ejecutivo de la República Española en abril de 1873, pero esos lo veremos más adelante.

En 1847 se produjo una alianza entre republicanos y socialistas.

En 1850-1864, el republicanismo fue democrático-humanitarista.

El grupo socialista.

Los principales representantes socialistas de Madrid eran Fernando Garrido y Sixto Sáenz de la Cámara. Eran fourieristas. Las doctrinas de Fourier habían llegado a España hacia 1833.

El grupo socialista había aparecido en los años treinta en medio de una sociedad no industrializada y propia del Antiguo Régimen. Pero su primera manifestación importante conocida se produjo en 1847, cuando Fernando Garrido fundó en Madrid La Atracción, un periódico que pretendía divulgar las ideas de Fourier entre los progresistas de izquierda. El periódico duró tres meses. Para cuando se cerró, ya se había organizado un grupo de fourieristas entre los que encontramos a Sixto Cámara, Ordax Avecilla, Beltrán del Rey, Díaz Jáuregui, Sala, Orlando y Martínez. Se trataba de intelectuales de clase media dotados de fuerte espíritu crítico. Para difundir su ideología abrieron muchos periódicos que iban siendo cerrados por las autoridades al poco de empezar sus actividades. Títulos de estos periódicos fueron La Organización del Trabajo, La Reforma Económica, El Eco de la Juventud, La Asociación, El Amigo del Pueblo.

Sixto Sáenz de la Cámara, 1825-1859, en 1849 fundó en Madrid la revista La Reforma Económica, para defender las ideas de Fourier. Se asoció a Fernando Garrido, Ferreras y Aguilar para organizar “Los Hijos del Pueblo” una asociación para preparar la rebelión socialista en España. En 1854 fundó el periódico La Soberanía Nacional para defender las ideas del Partido Demócrata y en 1856 huyó de Madrid a Andalucía, y más tarde a Lisboa, donde presidió una Junta Nacional Revolucionaria. Intentó la revolución en Zaragoza en 1857, cuando publicó Manifiesto al Pueblo Español, y en 1859 cuando organizó la Legión Ibérica y regresó a España, pero fue localizado por la policía, huyó a Portugal campo a través, bebió agua estancada en malas condiciones y murió en la huida.

Sáenz de la Cámara era un hombre de gran formación intelectual, pero utópico. Su pensamiento parte de la crítica al liberalismo, pues no valoraba la igualdad política, la fraternidad, el orden, el progreso y la justicia, tal y como lo estaban vendiendo los liberales. Decía que sin “igualdad social” no eran posibles los derechos liberales. Igualdad social no era igualitarismo, sino atender las necesidades de cada individuo y el desarrollo de las facultades y habilidades de cada persona. Defendía que el individuo siempre debía prevalecer ante la sociedad, y el principal problema era la masificación que estaba produciendo la revolución industrial, en la cual el individuo quedaba reducido a un número. Una sociedad justa, sólo será posible valorando a cada individuo y defendiéndole ante las luchas de intereses surgidas en el nuevo capitalismo. La principal defensa del individuo es la posibilidad, que debe proteger el Estado, de que cada uno tenga un trabajo de acuerdo a sus posibilidades intelectuales, su educación, sus habilidades manuales, a lo cual hay que sumar las posibilidades de participar en las instituciones de Gobierno, formar su propia familia, poseer y heredar propiedades. Porque la propiedad, en el pensamiento de Sáenz de la Cámara es un valor universal e intemporal, y además heredable. La propiedad debe tener sentido social en el sentido de no estar en manos de una reducida minoría social sino de una amplia mayoría de ciudadanos, el máximo posible. El enemigo del ciudadano no es el burgués ni el propietario de los medios de producción como dicen los marxistas y otros comunistas, sino el poder financiero y la clase política, los cuales organizan la sociedad repartiendo la propiedad a su manera y su conveniencia, lo cual da como resultado una sociedad de unos pocos burgueses y propietarios que lo poseen todo. Asimismo, la libertad menos importante es la libertad política de votar u opinar, porque la libertad es, ante todo, poder emplearse en aquello que a cada uno le apetece, para lo que está preparado y le sirve al individuo para su desarrollo como persona. Vivir una república o una monarquía es secundario respecto a los hechos de tener un trabajo adecuado y acceso a la propiedad generalizado. Por eso, Sáenz de la Cámara concluye que el comunismo es un gran engaño, igual que el liberalismo que se había impuesto en su tiempo. El hombre debe encontrar por sí mismo su sitio dentro del plan armónico de la Naturaleza, un plan universal que necesita el talento de todos y las facultades y habilidades de cada uno. Para que el individuo encuentre su sitio en la sociedad, debe tener acceso al conocimiento, y de esta manera se conseguirá la armonía natural. Lo contrario es anarquía, caos y revolución. En resumen, Sáenz de la Cámara buscaba la armonización de los factores de producción mediante la asociación del capital, el trabajo y el talento.

Como vemos, el pensamiento de Sáenz de la Cámara era muy moderado, como el de muchos de los exaltados de su tiempo. Eran exaltados porque preparaban levantamientos, insurrecciones, golpes de Estado, no por su pensamiento social.

La investigación sobre la muerte de Sáenz de la Cámara, implicó a Garrido en la conspiración de 1859, pero no pudo probarse nada y Fernando Garrido salvó en el último momento la vida.

Antonio Ignacio Cervera, 1825-1860, fue otro furierista que creó en Madrid, La Escuela del Trabajador en 1845, un falansterio en 1858, varias asociaciones de ayuda mutua y escribió en muchos periódicos sobre economía política, crédito y asociación popular. En Madrid fundó el periódico El Amigo del Pueblo en 1849, El Trabajador en 1851, y El Taller en 1852. Cervera tenía su propia imprenta casera y editaba él mismo sus periódicos. La Escuela del Trabajador en Madrid era una escuela para adultos, para difundir la educación demócrata. A ella acudían artesanos, obreros a domicilio y pescadores. Colaboraron en esa escuela Siro Pérez, Pi i Margall, Benigno Martínez, Vich, Beltrán, Lozano, Campos y otros. Impartían clases de matemáticas elementales, francés básico, iniciación al dibujo, con el fin de educar a las clases pobres. En la escuela, se gestionaba una imprenta para editar periódicos y folletos para el partido.

Cervera era un maestro de escuela mallorquín. Su trabajo sirvió para que aparecieran sociedades obreras en Málaga, Sevilla, Antequera, Almería y Valencia. Pero Cervera se oponía a los sindicatos reivindicativos y a la lucha política porque creía que la verdadera revolución era cultural y se alcanzaba mediante la formación del obrero. Creía que los obreros, mediante el estudio, podían alcanzar los medios para constituirse en artesanos, dueños de su propio negocio, y por ese camino independizarse de su patrón. La forma de sobrevivir en un mercado competitivo era la cooperativa. Mediante las cooperativas, los productores controlarían la comercialización de sus propios productos y conseguirían la mayor parte del beneficio que acarreaba cada producto. En este sentido, lo situamos en la órbita de Proudhon.

En Barcelona, entre los socialistas, triunfaron las teorías de Cabet, un comunista utópico sin apenas trascendencia en otras partes de Europa. Estaban en el grupo catalán: Monturiol, Clavé, Suñer i Capdevila, Orrellana y Rovira. Abrieron periódicos como La Fraternidad y El Padre de Familia. Era un socialismo utópico que pedía que los jornaleros se instruyeran y se moralizaran, de modo que adquirieran sentido del deber y control de su propia voluntad, lo cual se conseguiría cultivando el entendimiento.

En Andalucía, destacó Francisco Díaz Quintero.

Evolución de los demócratas a partir de 1849[3].

En tiempos de Narváez, los demócratas fueron encarcelados y, en ambiente de represión, crearon organizaciones clandestinas armadas como Los Hijos del Pueblo.

Obtuvieron escasos resultados electorales en 1850 y 1851 pero denunciaron la corrupción y manipulación de las urnas por el Gobierno. En 1850, los demócratas decidieron ir junto a los progresistas en las elecciones. No les gustó la experiencia. En 1851, los demócratas decidieron ir por separado, pero apenas consiguieron votos. Eduardo Asquerino culpó de ello a la manipulación electoral.

En las jornadas de julio de 1854, los demócratas se dieron a conocer y se multiplicaron:

El 17 de julio de 1854 hubo una sublevación radical progresista en Madrid y ello dio lugar a dos Juntas Revolucionarias. La una estaba encabezada por el progresista Evaristo San Miguel, y la otra por los republicanos que se denominó del Cuartel del Sur, de escasa trascendencia. Los demócratas fueron los que situaron a la gente de Madrid en los balcones y tejados, de manera organizada. Pero la policía detuvo a todo el Comité Central del Partido Demócrata y no pudieron aprovechar la situación. El levantamiento se extendió a Barcelona, Zaragoza, Valladolid y Valencia. El 19 de julio, los sublevados cesaron en su intento tras conversar con Fernández de Córdova durante dos días. Ese día se había producido una petición a la Reina para que O`Donnell fuera Presidente del Consejo de Ministros.

En 19 de julio se constituyó la Junta de Armamento Salvación y Defensa de Madrid, presidida por Evaristo San Miguel.

Ese mismo día, se hizo cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros Ángel María Pérez de Saavedra duque de Rivas, de forma interina hasta que hubiese un Gobierno definitivo.

El 20 de julio de 1854 la Reina entregó el poder a la Junta de Salvación, hasta la llegada al poder de Espartero en 30 de julio. San Miguel aparecía como Ministro Universal Provisional. Había una duplicidad de gobernantes, que se esperaba resolver con la llegada de Espartero a hacerse cargo de la situación. La idea era resolver el conflicto mediante un Gobierno de pacto entre Espartero y O`Donnell. Los demócratas se mostraron contrarios a aceptar el pacto de Espartero y O`Donnell.

El 21 de julio de 1854, Pi y Margall elaboró un manifiesto titulado El Eco de la Revolución, en defensa de los principios demócratas: sufragio universal para todo aquél que tenga uso de razón, elegibilidad universal, soberanía de los ciudadanos, libertad de pensamiento, expresión, enseñanza y reunión, sin más límite que la dignidad del hombre y la moral pública, y una nueva Constitución que garantizase todos estos principios. Pi llamaba a las armas exigiendo Cortes Constituyentes.

También en los días de las barricadas de 1854, Luis Antonio Pizarro Ramírez conde de las Navas, fundó el Círculo de la Unión, en el que estaban Rivero, Martos, Asquerino, Estanislao Figueras, José María Orense, Francisco Pi i Margall, Sixto Sáenz de la Cámara, Ordax Avecilla, que hacía difusión de las ideas demócratas, y conseguir la insurrección definitiva. Duraron dos meses antes de ser clausurados por Espartero y O`Donnell en agosto de 1854.

El 26 de julio se produjo un manifiesto de la Reina por las libertades. Tampoco logró que los demócratas se retiraran de las barricadas.

Evaristo San Miguel, progresista, no era capaz de dominar las insurrecciones demócratas, y decidió pactar con la Reina la entrega del poder a Espartero a fin de terminar con las revueltas. Las Juntas demócratas fueron desactivadas y disueltas por Espartero. Los demócratas siempre estuvieron en contra del Gobierno progresista de Espartero y O`Donnell.

Los demócratas continuaron organizando desórdenes hasta que la policía, gobernando ya Espartero, detuvo al Comité Central del Partido Demócrata y, así, se pudieron desarmar las barricadas.

Los demócratas se legalizaron en 1854.

Tras la legalización de los demócratas, el 26 de noviembre de 1854, hubo una reunión demócrata en el Teatro de Oriente presidida por Fernández Cuesta, en la que apareció un joven estudiante llamado Emilio Castelar acusando al Partido Progresista de inconsecuente y rechazando la alianza de moderados y progresistas. El Congreso anuló algunos puntos del programa demócrata como el armamento general del pueblo y la mejora de las clases proletarias, con lo cual fue mucho menos agresivo en el futuro.

En las elecciones, obtuvieron 19 escaños y Estanislao Figueras se erigió en portavoz del Partido Demócrata en el Congreso. Se propusieron intervenir siempre y en todo, pues ello les servía para dar a conocer la nueva ideología. Sus propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por los progresistas, pues los moderados se habían retraído. Los demócratas comenzaron a tachar a los progresistas de inmovilistas.

Ordax Avecilla, en época constituyente, aprovechó para proponer al Congreso, el 3 de febrero de 1855, una Constitución demócrata, que fue rechazada.

En 1856, los demócratas fueron declarados ilegales. A partir de entonces, los demócratas fueron dominados netamente por los republicanos. Su programa incluía el sufragio universal, la eliminación de todo tipo de privilegios, la atenuación de las diferencias sociales, la racionalización de la vida política y la laicización de la sociedad, empezando desde la escuela.

Los periódicos demócratas fueron en 1856 La Discusión, de Rivero; en 1860 El Pueblo, de García Ruiz; en 1864 La Democracia, de Castelar.

En julio de 1856, tuvo lugar la primera huelga general en España. El 15 de julio se sublevaron Madrid, Barcelona, Zaragoza, Jaén, Teruel, Alicante y Murcia contra el gobierno de O`Donnell, con motivo de que éste había clausurado las “sociedades de ayuda mutua” y se había incautado de sus bienes. O`Donnell solucionó el conflicto mediante encarcelamientos y destierros, y alguna ejecución, como la de Barcelá. El bombardeo de las Cortes por Serrano en 15 de julio de 1856 significaba que el sistema no tenía capacidad de negociación, estaba completamente cerrado. La vuelta de Narváez, inició una época de represión, la única arma que tenían los moderados.

En 1861 tuvo lugar la sublevación campesina de Loja (Granada), en donde unos 20.000 campesinos se habían afiliado a una sociedad socialista-carbonaria-republicana y garibaldina, una sociedad secreta. La sociedad acordó acceder a la propiedad de las fincas desamortizadas utilizando el dinero y la fuerza del colectivo, y también fundar una asociación de socorros mutuos. Se presentaron a la subasta y la ganaron. Narváez no estaba dispuesto a tolerarlo y anuló judicialmente la subasta, lanzó contra los campesinos a las fuerzas de orden público, y los campesinos decidieron ir a la insurrección. Utilizaron barricadas y tácticas de guerrillas para luchar contra el cacique del lugar. El cacique era Ramón María Narváez, el cual trataba de apoderarse de las tierras desamortizadas de la comarca. La insurrección se extendió a Granada, Málaga y Jaén. El descrédito de Narváez fue completo.

En 1863 se produjo la alianza de los progresistas puros con los demócratas librecambistas y republicanos unitarios, lo cual fue la base para la revolución de 1868. Por entonces, Orense creía que era urgente sanear el sistema electoral y eliminar los diputados “cuneros” o “paracaidistas”, así como la manipulación que el Gobernador Provincial hacía sobre las listas de electores y elegibles a favor de los caciques territoriales. En 1863 decidieron retraerse en las elecciones. En este punto apareció la polémica, pues no es un tema sencillo: Emilio Castelar defendía la retracción, mientras Nicolás María Rivero defendía la participación. Se produjo un enfrentamiento personal entre ambos, y Emilio Castelar abandonó el periódico La Discusión, de Rivero, y decidió escribir en La Democracia.

En 1864, el Partido demócrata se rompió en discusiones sobre el socialismo de Garrido, el anarquismo federalista de Pi y Margall y el individualismo de Castelar y de Orense. Se mantuvieron algún tiempo más porque recibieron el apoyo de los intelectuales krausistas como Sanz del Río, Giner y Salmerón, pero entraron en crisis definitiva en 1868-1874 escindiéndose en demócratas monárquicos, republicanos federales y republicanos unitarios. Castelar defendía la unidad de todos los liberales conservadores, progresistas y demócratas, porque de otro modo no tendrían éxito político. La única condición que debían aceptar todos era la necesidad de una república. Logró el acuerdo con los progresistas en 1865 y se llegó al Pacto de Ostende en 1866.

Los demócratas se escindieron en dos grupos en 1868: uno continuó llamándose Demócrata; el otro fue el Republicano Federal:

En 1869, la mayoría (José María Orense, Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón, y Emilio Castelar) quería la república y cambiaron el nombre del partido demócrata a “Partido Republicano Demócrata Federal”. La minoría (Nicolás María Rivero, Cristino Martos, y Manuel Becerra Bermúdez) quería sufragio universal y dejar para más tarde la cuestión de si se optaba por monarquía o república. La minoría fue denominada “cimbrios”. Los cimbrios se aliaron con unionistas y progresistas para las elecciones y ganaron la partida, porque los demócratas era muy pocos.

En 1872, Orense se había hecho republicano federal de izquierdas.

En 1874, los cimbrios constituyeron el Partido Radical de Ruiz Zorrilla.

Relaciones con la Iglesia católica en 1849.

La ley 20 de abril de 1849, fijó los productos y recursos que debían destinarse a la dotación del clero español, dando un paso más hacia el acuerdo de España con El Vaticano. Y la Real Orden de 6 de agosto de 1849 dictó las instrucciones para la aplicación de la citada Ley. El problema suscitado respecto al aparente acuerdo de 1845, que nunca se firmó, era que el producto de los rendimientos de los inmuebles y demás bienes devueltos a la Iglesia, más el 3% de la deuda pública por lo ya vendido, sumaban una cantidad muy superior a los 159 millones que se habían pactado como contribución del Estado a la Iglesia española. Es decir, que la Iglesia no recibía nada. La Iglesia se quejaba de que las fincas estaban siendo tasadas por un valor muy alto. En 1849 se acordó fijar los rendimientos cobrados por la Iglesia en 1,35 millones de reales, es decir, que el Estado le debía a la Iglesia 157 millones al año. Y así, en junio de 1850 se llegó por fin al acuerdo, el cual fue enviado a Roma. Y el Concordato se firmó el 22 de marzo de 1851.

España contaba en 1849 con una flota de 1 navío, 5 fragatas, 2 corbetas, 1 bergantín y 6 vapores. Narváez decidió enviar en ayuda del Papa 6 vapores, 1 fragata y 2 corbetas, portando 5.000 hombres, que llegaron a Gaeta y fueron bendecidas por el Papa Pío IX, pero pronto fueron olvidadas tras la llegada del general francés Nicolás Oudinot con 30.000 hombres que vencieron a los nacionalistas italianos y restablecieron al Papa en sus Estados Pontificios. España quedó con la sensación de haber hecho el ridículo. La popularidad ganada en el extranjero, no era la misma que entre los marinos españoles, que tenían la sensación de haber perdido el tiempo en Gaeta.

Ley de Minas.

El 11 de abril de 1849 se publicó una Ley de Minas[4]. Esta ley sustituía al Real Decreto de 4 de julio de 1825 y su principal a portación es que sustituía el concepto de “regalía” por el de “dominio público”, es decir, se abandonaba el concepto de que todo es propiedad del Rey y éste lo cede a quien le apetece, y se asume el concepto de que todo es propiedad del Estado español. Consecuentemente, se modificaba el sistema de efectuar las concesiones mineras y ya no las hacía el Rey sino las autoridades públicas estableciendo una serie de condiciones, plazos y finalidades mínimas y máximas, según el caso. Al respecto, se desarticulaba la Dirección General de Minas y las concesiones pasaban a depender de las autoridades provinciales. La ley de 1849 conservaba la estructura minera española básica, con un grupo de minas reservadas a la explotación por el Estado y otro grupo que podía ser objeto de concesión a particulares. Las concesiones eran derechos enajenables y transferibles a título privado, pero tenían la novedad de que podían caducar y podían ser revocadas si no se cumplían las condiciones de concesión. Las concesiones se hacían por tiempo ilimitado, pero se explicitaban los motivos por los que se incurría en causa de caducidad. Las minas quedaban sometidas a una doble imposición: el 5% sobre el producto extraído, y un canon sobre la superficie concedida. Una condición para obtener la concesión era que efectivamente se descubriera el mineral que se buscaba, y para ello no bastaban unas simples calicatas estimativas, como se hacía desde 1825, lo cual bastaba para retener la tierra en manos del concesionario. Así que el proceso empezaba pidiendo un permiso al Jefe Político Provincial para iniciar los trabajos de búsqueda, y había un plazo para descubrir el criadero de mineral a partir del cual se obtenía la definitiva concesión minera. El objetivo principal de la ley de 1849 era evitar abusos de reserva de terrenos con concesiones mineras falsas. El principal problema que generó esta ley fue la diversidad de jurisdicciones, pues la multiplicidad de provincias complicaba la nitidez de la necesaria publicidad de las peticiones mineras, los recursos judiciales, la estadística minera y el control gubernamental efectivo sobre las minas. Ello se tradujo en unas 40.000 solicitudes de explotación minera, de las cuales, sólo unas 6.000 estaban demarcadas y menos de la mitas de esta cifra estaban en explotación. La posibilidad de fraude era notoria, y la finalidad principal de la ley no se alcanzaba. La ley de 1849 fue modificada el 6 de julio de 1859.

Ley de pesos y medidas.

El 19 de julio de 1849 España emitió la Ley de Pesos y Medidas estableciendo el sistema métrico decimal, con el metro como unidad de longitud. Fue muy difícil implantarlo en España. Sería Bravo Murillo quien más lo intentaría en 1851 y 1852, y se declaró obligatorio para enero de 1853 para la administración del Estado, pero el pueblo se resistió a perder sus viejas formas de medir. En 1867 se decretará obligatorio para el uso del ciudadano desde 1 de julio de 1868, y no se cumplió por los cambios políticos habidos en septiembre de 1868. Será necesario esperar a 14 de febrero de 1879 para volverlo a decretar imponiéndolo para 1 de julio de 1880. París adoptó internacionalmente el sistema métrico en 1889 y, a partir de esa fecha, se fue introduciendo con lentitud en toda Europa.

Arancel Mon.

En 1849 hubo un cierto movimiento librecambista que se expresó en el Arancel Mon de 1849, pero rápidamente los empresarios catalanes se agruparon en el Instituto Industrial de Cataluña para impedir cualquier tentación de abolir proteccionismos.

El arancel de 1849 eliminaba algunos privilegios anacrónicos poniendo en su lugar un sistema tarifario más moderno y esta recaudación facilitó la construcción del ferrocarril, estimuló el equipamiento industrial e impulsó el comercio exterior.

El arancel de 1849 estuvo vigente hasta 1869, aunque sufrió muchas reformas: 1855, 1856, 1857, 1858, 1862 y 1865, para adaptarse a diversos cambios monetarios y tratados internacionales.

Progreso económico en 1849.

Cuando decimos que en España escaseaba el capital, no es que estemos afirmando que no hubiera dinero, sino que no había confianza para invertirlo, que no había dinero para invertir en negocios de industria y comercio. El español que tenía dinero compraba inmuebles urbanos o rústicos y su aspiración era llegar a ser rentista, vivir sin trabajar. En medio de esta mentalidad generalizada, era normal que las fortunas españolas cambiaran: los ricos poseedores de tierras fueron perdiendo capacidad adquisitiva a medida que los precios de los alimentos iban bajando, y aparecieron nuevos ricos, los que se atrevían a invertir y triunfaban, que no era fácil. Las viejas fortunas que iban menguado eran las del duque de Frías, duque de Alba, duque del Infantado y otras. Las nuevas fortunas eran las del marqués de Riera, conde de Oñate, que fueron nobles que se atrevieron a invertir, y las de burgueses que hasta entonces no habían sobresalido demasiado en la vida política española: Anduaga, Remisa, Balmaseda, Utriaga, Bárcenas, Gil, Las Heras, Echevarri, Falcón… casi todos del norte de España o de Cataluña.

Las expectativas de ganancias invirtiendo en minería, llevaron a una sobreexplotación minera, por encimas de las posibilidades de capital existente en España. se explotaron todo tipo de minas y se forzaron subidas de precios en el interior español. La derivación del capital hacia la minería y las subidas de precios, pudieron ser un freno para la industrialización española, más que un apoyo. De hecho, la seda se arruinó, pues al no mecanizarse adecuadamente, no pudo competir con la de Lyon.

En 1849, al amparo de la nueva Ley de Minas de 1849, que reformaba la de 1825, se relanzó la empresa Real Compañía Asturiana de Minas y Carbón, fracasada en 1833-1836 al encontrar solamente carbón que dejaba muchos residuos. En 1849 Jules Hauzeur descubrió que el carbón asturiano de mala calidad era bueno para fundir el zinc, porque eran carbones gaseosos con llama larga. Entonces inició la búsqueda de calaminas y las encontró en varios lugares, el más importante el de Reocín (Cantabria) en 1856. En 1853 se fundaría en Bruselas la «Compagnie Royale Asturienne des Mines, Societé pour la Producción de Zinc en Espagne», apoyada por los banqueros Bischoffshein y Visschers, de la Banque Nationale de Belgique, y por Eugene Pereire. La producción de zinc no empezó hasta 1855.

En 1849, el padre Claret fundó en Vich la Congregación de Misioneras Hijas del Sagrado Corazón de María.

El 3 de octubre de 1849 se establecieron las Escuelas de Artes dependientes de las Academias Provinciales. En 1892 pasarían a depender de los rectorados universitarios, calificadas de centros de segunda enseñanza. El despegue de estas academias se haría en 1 de septiembre de 1898 cuando se decidió que el Estado pagase a los profesores. En 1900 se unificarán con las Escuelas de Artes y Oficios y se llamaron Escuelas de Artes e Industrias y de Bellas Artes. Con el plan Romanones de 1901, los estudios elementales de Bellas Artes se realizaban en dos años en institutos generales y técnicos, tras los cuales se accedía a las Escuelas Superiores de Bellas Artes, o a Artes Industriales, pues vuelven a estar separados los estudios. En 1940 había en España cuatro escuelas, que eran Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia, las dos primeras de nueva creación. En 1942 se reorganizaron los estudios creando secciones de pintura, escultura, grabado, restauración y dibujo.

En 1849 se dieron las leyes de beneficencia. La beneficencia había sido abandonada cuando en 1798 se desmantelaron los hospicios (101 hospicios), y los hospitales (2.262 hospitales) y el dinero recaudado se gastó en guerras. En 1812, en Cádiz se había decretado que los establecimientos benéficos fueran sufragados por los ayuntamientos, lo cual era decretar que no funcionaran pues los ayuntamientos no tenían ingresos para ello. En 1821 se creó la Junta Municipal de Beneficencia en cada ayuntamiento, con idéntico resultado, por mucho que los progresistas se esforzaran en hacer leyes. Así que en 1849 se sintieron con necesidad de crear esta Ley de Beneficencia.

En 1849, el Ministro Bravo Murillo hizo sus reformas de Hacienda. Bravo Murillo mostró una visión acertada de los problemas de Hacienda a pesar de no haber tenido experiencia financiera personal. En 1 de agosto de 1851 lograría aprobar en las Cortes un arreglo de la deuda mediante una conversión de la misma. Y tuvo suerte, pues tras declararse España neutral en la Guerra de Crimea, España tuvo superávit tres años seguidos y acudió capital de los Pereire y de los Rothschild destinado al ferrocarril. La parte mala fue que, cuando los españoles vieron dinero, se lanzaron a unos gastos desorbitados, sobrevino la inflación y tras ello se volvió a un déficit anual todavía mayor: 455 millones en 1858 y 923 millones en 1868. Los gastos tuvieron lugar con motivo de construirse una escuadra, con las aventuras coloniales de O`Donnell, gracias a la desidia del ministro de Hacienda Pedro Salavarría, 1859-1863, que aceptó todo lo que le propuso O`Donnell. En 1867 la deuda era de 4.100 millones de reales. Se había reducido en un 30% gracias al aumento de los ingresos, pero estaba de nuevo creciendo por los gastos acometidos. Los intereses pagados eran altos: 400 millones en 1857 y 550 millones en 1866. Además de los gastos de Guerra, que ascendían a unos 350 ó 400 millones de reales al año, hay que tener en cuenta los gastos de Gracia y Justicia, que pagaba a la Iglesia católica unos 100 millones de reales al año.

Los ingresos del Estado español eran mucho más bajos que los del Estado francés o el inglés. De hecho, el Gobierno español de fines del XVIII recaudaba hasta 1.800 millones anuales de impuestos, y en 1858 todavía no se había alcanzado ese nivel de recaudación. Eso significa que España ya no era una potencia de primer orden. En 1860 la recaudación se elevó a 2.000 millones de reales y se superaron las cifras del XVIII.

El 18 de octubre de 1849, la Reina envió a Narváez una nota que había recibido de Don Francisco de Asís en la que éste consideraba conveniente un cambio de Ministerio. Narváez presentó inmediatamente su dimisión, y le fue aceptada. Esa misma tarde se encargó al conde de Cleonard formar Gobierno. Carmen Llorca da otra versión de la dimisión de Narváez: El marqués de Bedmar se había llegado a Palacio y se había hecho simpático a Isabel II, y le caía muy antipático a Narváez. Bedmar habló con la Reina y le comentó la conveniencia de la destitución de Narváez al tiempo que le entregaba una carta que le había dado Don Francisco y que había escrito el padre Fulgencio, y fue la que la Reina enseñó a Narváez.

Gobierno Cleonard, el Gobierno relámpago,

19 octubre 1849 – 20 octubre 1849.

Presidente, Serafín María de Soto, conde de Cleonard.

Estado, Salvador Cea Bermúdez, conde de Colombí, como titular, pero en realidad ejercía José Manresa.

Gracia y Justicia, José Manresa.

Guerra, Serafín María de Soto.

Marina, José María Bustillo Barreda, como titular, pero en realidad ejercía Serafín María de Soto.

Hacienda, Vicente Armesto

Gobernación, Trinidad Balboa.

Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Trinidad Balboa.

El conde de Cleonard era en ese momento Ministro de la Guerra cuando fue llamado a formar Gobierno. Era un conocido absolutista, promovido por la camarilla de Francisco de Asís, marido de la Reina, por Sor Patrocinio y por el Padre Fulgencio, y entonces dimitieron todos los cargos políticos y militares, y la reina se arrepintió y volvió a llamar a Narváez, a las 27 horas de su cese anterior.

En la mañana del 19 de octubre, la reacción de los españoles contra Cleonard fue grande. Los periódicos saludaban al nuevo Jefe de Gobierno hostilmente. A lo largo del día, se comprobó que los políticos se situaban en contra de Cleonard. En la tarde del 19, la Reina llamó a Narváez, le pidió perdón por el gesto de entregarle la carta del padre Fulgencio, y le rogó que continuara en el Gobierno. Este acto confundió un tanto a los religiosos de Palacio, pues comprobaron que las intrigas palaciegas ya no funcionaban como antaño, y ya sus opiniones no eran decisivas.

[1] García Naharro, Fernando. La influencia de las revoluciones de 1848 en la evolución del pensamiento republicano español. Los orígenes del Partido Republicano.

[2] Miguel González, Román, Jose María Orense. Treinta años de Gobierno Representativo en España. Cantabria, cuatro estaciones. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander junio de 2006. Impreso en Salamanca por Kadmos.

[3] Castro Alfín, Demetrio. Orígenes y primeras etapas del republicanismo en España.

[4] Elena Naharro Quirós, La legislación de minas y la regulación de sociedades en la segunda mitad del siglo XIX. La Ley de Sociedades Especiales Mineras de 6 de julio de 1859.