19.13.12.El Caribe a mediados del XIX.

EL CARIBE A MEDIADOS DEL XIX.

Las colonias españolas, de 1845 a 1865.

Las colonias servían para revitalizar el comercio de las metrópolis, lo cual, en teoría, debía vigorizar su industria, proporcionar puestos de trabajo y elevar el nivel de vida metropolitano. Un Estado con estos beneficios se hace más fuerte, y tiene más medios para imponerse en las colonias y para hacer frente a otras potencias rivales. Las colonias también servían para para dar una vía de escape a la población excedente en una mecanización de la industria y la minería, aunque era poca la población que decidía ir a colonias. Por último, las colonias son un campo de inversión que estimula los negocios.

Para 1845, España ya había asumido que era una potencia secundaria. Sin embargo, mantenía unas colonias con la esperanza de volver a ser una gran potencia. España era consciente de que sus colonias son deseadas por las grandes potencias como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Ello le daba sensación de tener todavía un papel en medio de las grandes potencias.

Pero las colonias eran para España más un problema que una fuente de ingresos. Necesitaba sostener un ejército caro sobre ellas, pues tenía que contener rebeliones internas y ataques exteriores. Y la principal causa de las rebeliones en las colonias americanas era el tema de la esclavitud.

En 1817 y en 1835, España había declarado ilegal la trata de esclavos, pero la realidad era que, de 1817 a 1845, se habían importado más esclavos que nunca. La importación de hombres era ilegal, pero se hacía con consentimiento de las autoridades, las cuales eran conscientes de la necesidad de mano de obra en las haciendas y, en algún caso, de la posibilidad de obtener algún dinero de los hacendados. Los hacendados habían decidido que la única forma de sobrevivir era disponer de mano de obra barata para así competir con la industrialización americana y con la extensión de cultivos a otras partes de América, y creían que el camino era explotar la mano de obra esclava al máximo.

En 22 de abril de 1837 y 28 de mayo de 1837 se había concedido a los Gobernadores de colonias españolas el poder de tomar decisiones sin contar con el Gobierno central, cuando las circunstancias no permitían esperar decisiones llegadas de Madrid. Complementariamente, el Gobierno envió a cada colonia una Comisión Regia para informarse de la realidad que vivía esa colonia. A finales de 1838, se creó una Junta Consultiva de Ultramar, situada en Madrid, a fin de los Diputados y Ministros pudieran informarse sobre asuntos coloniales.

En enero de 1841, Espartero prometió elaborar unas “leyes especiales de colonias” según decía la Constitución de 1837, a fin de organizar Ayuntamientos que regulasen la vida social y política de su comarca, abriendo escuelas para niños de todas las clases sociales, creando tribunales y juzgados, abriendo caminos interiores y hacia el exterior, y capaces de elegir empleados dignos y capacitados y dirigentes moralmente rectos a imparciales, que pudieran revitalizar la vida en las colonias. Sólo era una promesa.

Gran Bretaña temió que la normalización de la vida en las colonias españolas pudiese acabar con sus prácticas comerciales, de contrabando en su mayor parte, y decidió fomentar el independentismo como modo de permanecer en sus posiciones en las colonias españolas. Sabida en España la actitud que adoptaba Gran Bretaña, se decidió crear un cuerpo de infantería para la defensa de las colonias, reorganizar la milicia ciudadana y reforzar las fortificaciones portuarias, además de poner barcos de vapor a vigilar las costas. También se prohibió la difusión de la prensa británica en colonias.

En 2 de marzo de 1845, Martínez de la Rosa volvió a prohibir el tráfico de esclavos, lo cual demuestra, por otra parte, que las prohibiciones de 1817 y 1835 habían servido de bien poco. Y una vez más, la prohibición se hacía con fines políticos, para satisfacer a los políticos británicos, los cuales estaban acuciados por los empresarios que habían visto abolida la esclavitud en Gran Bretaña en 1838 y les exigían que el resto de los empresarios compitiera en las mismas condiciones. Pero al mismo tiempo, en 1845 España ponía los medios para que no fuera posible luchar contra la esclavitud: por Ley de 1845, prohibió investigar en las haciendas el origen de los esclavos, lo cual sólo dejaba margen para investigar el tráfico, pero no a los hacendados que se beneficiaban de él. Gran Bretaña se manifestó molesta con esta decisión.

El Gobierno de España nombró Capitán General de Puerto Rico en 1848-1851 y de Cuba en 1853-1855, al conocido abolicionista Juan González de la Pezuela Cevallos I conde de Cheste, para convencer a Gran Bretaña de que se estaban cumpliendo los tratados. Pezuela, efectivamente, persiguió la trata de negros, pero ello provocó una insurrección cubana contra España, y los sublevados estaban dispuestos a pedir ayuda a los Estados Unidos aunque ello supusiese la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Francia y Gran Bretaña prometieron ayuda a España para contener la sublevación y le aconsejaron ceder en algunos puntos y negociar con los sublevados. Los Estados sureños estadounidenses exigían a su Gobierno la anexión de Cuba y Puerto Rico para controlar a sus competidores en el café y el azúcar y para obtener mayoría de Estados esclavistas.

Los hacendados caribeños sabían que debían cumplir las leyes antiesclavistas, pero no podían hacerlo sin perder en sus ventas, y por ello, no cumplían las leyes. Sus opciones eran: La primera, aliarse con los sureños estadounidenses y mantener la esclavitud, con el inconveniente de entregarse a sus principales competidores. La segunda, aliarse a Gran Bretaña, lo cual aseguraría mejores mercados, pero bajo la exigencia de acabar radicalmente con la esclavitud.

Y la decisión fue permanecer con España, potencia que les garantizaba en la práctica una independencia en la gestión de sus negocios y en el comercio, aunque existieran leyes que decían lo contrario. Así, siempre podrían esperar acontecimientos y tal vez pudieran decidir más tarde sus opciones.

Estados Unidos y la esclavitud.

La situación de la sociedad estadounidense era muy diferente a la cubana. En Estados Unidos había, en 1840, 17 millones de ciudadanos con derechos, y 2,5 millones de esclavos. En Cuba había 500.000 ciudadanos con derechos y 400.000 esclavos en un grupo poblacional que crecía a gran ritmo. La hipotética liberación de los esclavos supondría movimientos sociales muy distintos en un país donde éstos eran minoría, que en otro donde estaban a punto de ser mayoría. Igualmente sucedía dentro de los Estados Unidos entre las regiones que tenían pocos esclavos, y los Estados en los que la población esclava era muy numerosa. El peligro de revolución de los esclavos es muy diferente en cada caso, y ya se tenía experiencia de lo ocurrido en Ahití cuando la mayoría eran esclavos.

Las colonias españolas en tiempos de Narváez.

En 1845, durante el Gobierno de Narváez en España, se inició en España un periodo de prosperidad y una época de calma social que ni siquiera se rompió en las revoluciones de 1848. La Constitución de 1845 no cambió la posición de España en materia de colonias, sino que se ratificó lo escrito en la Constitución de 1837.

Narváez pensaba que la política municipal era esencial en la política general de cada país, y decidió que los Ayuntamientos no fueran campo de expansión de las ideas de los progresistas, sino un medio de colaboración con el Gobierno de España. La Ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845 dispuso que los Ayuntamientos se compusiesen de un alcalde, dos tenientes de alcalde, 13 regidores o concejales y dos síndicos. Los regidores-concejales eran elegidos por una junta electoral del municipio compuesta por los miembros del Ayuntamiento saliente unidos a un número igual de los mayores contribuyentes del municipio. Los alcaldes y tenientes de alcalde serían designados por el Gobernador Provincial de entre los concejales, síndicos, alcaldes, corregidores y juntas de visita que hubiere en cada lugar. En este sentido, la ley de Narváez era conservadora. Por otra parte, Narváez daba competencias a los Ayuntamientos para deliberar, acordar y proponer al Gobierno, a través del Gobernador provincial, las reformas en las ordenanzas municipales que consideraran convenientes, las obras de utilidad pública a realizar, aunque costeadas con fondos comunales, las mejoras en el pueblo (creación de paseos, mejoras de entradas), en los plantíos, en los viveros de árboles, las reformas en la inspección y subrogación de arbitrios, la apertura de establecimientos de enseñanza, las enajenaciones, permutas y adquisiciones consideradas convenientes para el municipio. Tenían bastantes competencias, aunque la decisión final tuviera que ser aprobada por el Gobernador. El modelo era muy interesante para los criollos en las colonias.

La Guerra, Estados Unidos-México.

La Guerra de los Estados Unidos con México en 1846 conmocionó al Caribe entero. Todos eran conscientes de que Estados unidos deseaba dominar la totalidad de las costas del Caribe y de que todos estaban involucrados de alguna manera en aquella guerra. El Congreso de los Estados Unidos ponía como condición para legalizar la guerra la abolición de la esclavitud en las tierras que fueran anexionadas. Las cosas evolucionaron en sentidos diferentes y no muy esperados: por una parte, Estados Unidos se anexionó Texas en 1848, una pieza importante en el Caribe, pero descubrió todo un mundo de expansión a lo largo del norte de México, hacia el Pacífico, y la presión sobre el Caribe disminuyó. Por otro lado, el abolicionismo amenazaba a los Estados sureños, que también basaban en la esclavitud su economía de las grandes haciendas, y desde entonces, los sureños procuraron que en el Congreso no hubiera mayorías del norte que pudieran aprobar leyes abolicionistas. En 1848, seguramente el Congreso estaba pensando en Cuba y Puerto Rico, pero sus decisiones afectaron también a los Estados sureños. Nadie se atrevió a ayudar a México contra la potencia del norte.

Gran Bretaña frente a Estados Unidos, en el Caribe.

En Gran Bretaña, en junio de 1846, recuperó el poder Palmerston, el cual tenía dos objetivos claros en política internacional: evitar la alianza de Francia y España, y acabar con la esclavitud como se lo exigían sus electores. La abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, llevaba a los hacendados británicos a pedir la abolición de la esclavitud en todo el Caribe, a fin de no tener competencia desleal que ofreciera preciso más bajos. Palmerston aprovechó la aparición de movimientos liberales en Francia, Suiza y Alemania para tratar de debilitar a Francia y para difundir la idea de que era preciso abolir la esclavitud en todo el mundo.

La caída de Luis Felipe de Orleans en Francia en 1848 significó el final de las colonias francesas en el Caribe. Quedaban frente a frente Gran Bretaña y los Estados Unidos. España estaba en peligro ante cualquiera de los dos, y Narváez rompió relaciones con Gran Bretaña, aun sabiendo que ello significaba la posibilidad de ataques británicos en el Caribe. La abolición de la esclavitud no era contemplable, pues ello tenía muchas probabilidades de dar en una situación como la de la isla de Santo Domingo, con el régimen de los ahitianos.

Al llegar la Presidencia de los Estados Unidos Zachary Tylor, marzo de 1849-julio de 1850, elegido con los votos del norte, se temía, entre los hacendados cubanos una próxima extinción de la esclavitud en todo el Caribe.

Pero no pasó nada. Las revoluciones de 1848 se calmaron, Luis Napoleón tranquilizó a Francia, Gran Bretaña restableció relaciones con España, y Estados Unidos no se lanzó a la anexión de las islas del Caribe.

Revoluciones apoyadas por Estados Unidos.

En 1850 hubo un intento de levantamiento revolucionario en Cuba dirigido por Narciso López. Se agotó en 1851.

El levantamiento podía tener relación con una decisión de los Estados Unidos, en 1850, de atacar las islas del Caribe. Estados Unidos utilizaba un ejército no oficial, de filibusteros. Así podía mantener apariencia de país pacífico, y continuar sus pretensiones de dominio de Cuba y Puerto Rico. El Gobernador de Puerto Rico, Juan de la Pezuela, lo supo y ordenó organizar la defensa de la isla. Al mismo tiempo, el Gobierno de Madrid pidió ayuda a Gran Bretaña y Francia para mantener la soberanía española en las islas del Caribe. Londres y París accedieron a avalar la soberanía española y el proyecto estadounidense se vino abajo.

Franklin Pierce, Presidente de los Estados Unidos en 1853-1857, tenía un gabinete dominado por sudistas, y su política fue la de hacer una oferta de compra, 130 millones de dólares, por Cuba. España rechazó la oferta, y se reunió con los embajadores de Francia y Gran Bretaña a fin de tener manos libres de cara a la invasión de las islas del Caribe. Un periódico descubrió la trama, en la que se iniciaba una guerra y no se abolía la esclavitud, y surgió un gran escándalo, tras el cual se abandonó el proyecto de invasión.

En 1854 hubo un nuevo intento revolucionario independentista en Cuba dirigido por Ramón Pinto. Se agotó en 1855.

En 1854, se reunieron en Ostende (Bélgica) los embajadores estadounidenses en España, Francia y Gran Bretaña para ratificar la política de su Presidente Franklin Pierce y aprovechar que Francia y Gran Bretaña estaban en la Guerra de Crimea. La opinión pública estadounidense estaba suficientemente caldeada por la prensa utilizando el caso Black Warrior (guerrero negro), el cual había sido detenido por las autoridades españolas en enero de 1854 por tratarse de una ballenero que estaba matando ballenas en Baja California (precisamente se hundiría en Baja California en 1856, mientras cazaba ballenas demasiado cerca de la costa). Los embajadores de Ostende publicaron un manifiesto en el que decían que Estados Unidos debía ofrecer a España 120 millones de dólares por la isla de Cuba, y en caso de que España rechazara la oferta, los Estados Unidos podrían declarar la guerra a España y quedarse con la isla. El Gobierno de Washington desautorizó la declaración de sus tres embajadores en el momento en que la prensa europea hizo una campaña en contra del imperialismo estadounidense, y en que Francia hizo una declaración de que apoyaría a España en caso de guerra contra los Estados Unidos. El proyecto estadounidense decayó, y la sublevación de Ramón Pinto también.

En 1854, surgió en Estados Unidos el conflicto de Nebrasca, por el que el senador Douglas propuso que este territorio entrara en la Unión sin necesidad de abolir la esclavitud. Nebrasca está en el centro de los Estados Unidos, al oeste del Missuri, y al norte de la línea fijada por abolicionistas y esclavistas en el Compromiso de Missouri para autorizar la esclavitud. El enfrentamiento entre nordistas y sudista acabó en guerra civil, Guerra de Secesión, en 1860. Mientras tanto, el Presidente Buchanam, 1857-1861, siguió intentando la anexión de Cuba a los Estados Unidos, pero el sur no estaba dispuesto a financiar la operación, ni el norte a hacerse cargo de una guerra en esas circunstancias.

Las colonias en 1854-1856.

Durante el Bienio Progresista español de 1854-1856, el líder progresista Salustiano Olózaga pidió más autonomía para los municipios, y el Gobierno decidió que todos los hombres de las colonias tuvieran derechos iguales a los del resto de los españoles, a fin de mejorar la administración y la política colonial.

La Revista Hispano Americana pedía una “Ley Constitutiva” exclusivamente para las colonias, la cual tendría como finalidad el evitar los continuos cambios de política colonial provocados por distintos Gobiernos y distintas Reales Órdenes. Es decir, quería criterios duraderos, hechos por los propios ciudadanos de ultramar, en la legislación de colonias. Igualmente pedía que los Diputados antillanos tuvieran acceso al Congreso de Diputados y que participaran activamente en la discusión y preparación de esta Ley Constitutiva. Argumentaba la necesidad de la ley en que el Código de Indias se había quedado anticuado, a la vez que era preconstitucional, y favorecía la desigualdad política entre las colonias y la metrópoli, cuando la tendencia liberal de actualidad era todo lo contrario. En cuanto a la orientación política de esta Ley Constitutiva, se adelantaba que sólo cabían tres fórmulas:

El sometimiento completo, militar y administrativo, de las colonias a la metrópoli;

La igualdad completa de derechos de los ciudadanos de colonias con el resto de los españoles;

O unas Leyes Especiales de colonias que permitieran a las colonias convertirse en Estados autónomos dotados de cámaras legislativas competentes en asuntos de la propia colonia, con las limitaciones obvias de que el Estado español tendría derecho de veto a las leyes votadas en esas cámaras legislativas, además de derecho a nombrar al Gobernador General de la colonia.

La primera opción, de sometimiento total, parecía injusta puesto que las colonias habían alcanzado la madurez suficiente como para no estar sometidas militarmente. La segunda opción, era anticonstitucional tanto respecto a la Constitución de 1837 como a la de 1845. Y la tercera opción, la de las Leyes Especiales tenía algunos inconvenientes:

Para ser posibles unas Leyes Especiales, había que cambiar la Constitución vigente en España, pues la vigente en 1854, la de 1845, prohibía que hubiera Leyes Constitutivas en colonias, y decía que la Constitución española no estaba vigente en colonias; los Diputados peninsulares, normalmente, no sabían nada de asuntos coloniales y mal podrían hacer esas Leyes Especiales; los Diputados de colonias estaban muy influenciados por sus propios problemas coloniales y no tenían idea del sentido de esas Leyes Especiales dentro de la política española; los Diputados de colonias serían una minoría insignificante en el Congreso, y resultaría inoperante, pues si se sumaban a la mayoría de Gobierno serían minoría dentro del grupo parlamentario correspondiente, si se sumaban a la oposición nunca verían aprobada ninguna ley colonial, y si formaban grupo aparte su minoría nunca lograría ventajas para las colonias. La verdad era que se dependería de la buena voluntad de los demás, y del tiempo disponible en Cortes para discutir Leyes en medio de las interminables leyes presupuestarias de cada año y otras leyes que presentaba cada Gobierno como apremiantes.

Olózaga sugirió que la igualdad de derechos de los diputados coloniales, en la práctica les convertiría en meros espectadores de las labores de las Cortes. Y la pena era que muchos de los Diputados coloniales habían sido Gobernadores u otros cargos importantes en colonias, y conocían el problema colonial. Por tanto, según Olózaga, no quedaba más remedio que fueran las Cortes las que hicieran la reforma de la política colonial en términos generales, dejando que luego los gobernantes de colonias hicieran reglamentos oportunos. Estas Leyes Generales de Colonias debían incluir los siguientes puntos: la igualdad de derechos políticos de todos los súbditos de la Corona; la elección de Diputados en colonias con capacidad para estar presentes en el Congreso de Diputados; una Ley de Imprenta igual para todos, aunque se admitiera la censura en el tema de la esclavitud; la prohibición absoluta y real de la trata de esclavos, fueran éstos de raza negra o amarilla; la supresión de trabas a la inmigración de personas de raza blanca; el estudio del problema de la esclavitud conciliando los derechos de los hacendados coloniales con los derechos humanos; la concesión a Cuba de la posibilidad de que un Consejo Colonial hiciera valer en la isla las leyes civiles, penales y comerciales españolas que le parecieran convenientes; la creación en colonias de una Diputación Provincial de elección popular, con facultades para hacer leyes sobre asuntos locales; la creación en colonias de instituciones judiciales y administrativas idénticas a las de la península; la reducción del poder del Gobernador de una colonia al mero poder ejecutivo; la vigencia de la Ley Municipal española en colonias; la vigilancia sobre los funcionarios públicos de colonias para que cumplan las disposiciones vigentes.

Las colonias en 1861-1865.

Durante la intervención francesa en México, asistida por España y Gran Bretaña, decidida en octubre de 1861, y que coronó a Maximiliano I en mayo de 1864, el cual fue ejecutado en junio de 1867, los Estados Unidos no se atrevieron a intervenir. William Henry Sewart, el Secretario de Estado del Presidente Lincoln, se limitó a emitir una nota de protesta en los consulados de Madrid, París y Londres. Estados Unidos estaba muy ocupado en su Guerra de Secesión. Sewart era un destacado miembro del Partido Whig, que en 1854 se había sumado a la escisión Republicana de dicho partido, los cuales acabarían absorbiendo a los Whigs y dando lugar al Partido Republicano. La idea básica del nuevo Partido Republicano era que la esclavitud no estaba prohibida en la Constitución de los Estados Unidos, pero era inmoral. Sewart fue Secretario de Estado entre 1861 y 1869.

Durante la intervención española en Santo Domingo de mayo de 1861 a mayo de 1865, los independentistas dominicanos se refugiaron en Puerto Rico y allí fue donde Emeterio Betances organizó el golpe independentista de Puerto Rico que gestionaría en Estados Unidos y llevaría a cabo a partir de 1865.

En 1863, en medio de la Guerra de Secesión estadounidense, los Estados Unidos ofrecieron su ayuda a todos los que quisieran luchar contra España: a independentistas dominicanos, a chilenos, peruanos y mejicanos. Incluso colocaron 15.000 hombres en Texas a las órdenes del general Sheridan, apoyado por el general Grant, con intención de atacar a los franceses asentados en México. Pero los franceses abandonaron México en 1866 sin que se llegara a producir la intervención de los Estados Unidos.

En 25 de noviembre de 1865, Cánovas, Ministro de Ultramar en España, hizo un Real Decreto de reformas coloniales y convocó una Junta de Información que debía iniciar ese programa de reformas. La Junta se componía de ”comisionados” nombrados por los Ayuntamientos, y de “especialistas” designados por el Gobierno de España. Su objetivo era reunirse en Madrid y discutir las cuestiones que propusiese el Gobierno, e informar por escrito del resultado de esas discusiones. El Gobierno mantenía el poder de decisión sobre la conveniencia o no de los cambios sugeridos. Un Real Decreto ordenó la elección de 22 Comisionados, 16 cubanos y 6 puertorriqueños, elegidos en los Ayuntamientos de las islas del Caribe. El Real Decreto decía que el Gobierno designaría otros 22 expertos en temas de Indias de entre personas que hubieran residido al menos cuatro años en las Antillas, o en su defecto, que fueran personas que por su profesión supieran mucho del tema colonial.

Las elecciones a Comisionados tuvieron lugar efectivamente y el Gobierno designó a sus expertos y les dio una lista de temas a discutir:

Bases en las que debían fundarse las Leyes Especiales de Indias.

La manera de reglamentar el trabajo de personas de razas negra y amarilla, a la vez que determinar el tipo de población más conveniente para la inmigración de trabajadores.

Los puntos que debían contener los Tratados de Navegación y Comercio suscritos por España con potencias extranjeras, a fin de determinar finalmente el sistema arancelario y aduanero de las Antillas.

El trabajo de la Junta de Información.

Los miembros de la Junta de Información pusieron especial cuidado y dedicación al punto primero, bases para las Leyes Especiales. El 16 de enero de 1866, Oliván, Presidente de la Junta de Información, presentó a los miembros de la Junta una serie de cuestiones a discutir, entre las que destacaban la esclavitud, los aranceles y la organización política en colonias:

La esclavitud: Los comisionados opinaron que debía ser conservada. Pero los puertorriqueños Ruiz Belvís, José Julián Acosta y Francisco María Quiñones dijeron que había que abolirla. Los cubanos decían que se podía liberar a los esclavos blancos (había incluso esclavos españoles, traídos de Galicia en 1854), pero sólo en último término a las personas de raza negra. Aparte de esta consideración general, se discutió qué derechos se debían conceder a los negros libertos, pues su poca cultura y alta conflictividad social los hacía peligrosos, y cuál era el momento adecuado y el modo en que había de hacerse la abolición de la esclavitud. La abolición inmediata y sin condiciones parecía peligrosa, pues era seguro que hubiera disturbios y abandono de las tareas agrícolas, pues era de esperar que los libertos invadieran las ciudades y provocasen disturbios y formasen bandas de delincuentes. Al propio tiempo, había que prever que los jornales de los obreros del campo se encareciesen en grado sumo.

Los aranceles, política económica y financiera de colonias: El cubano Morales Lemus defendía el librecambismo con supresión completa de aduanas e igualdad de impuestos tanto para los industriales y comerciantes como para los hacendados. Defendía la eliminación de monopolios peninsulares y de todo tipo de proteccionismo a favor de los hacendados cubanos. Se aboliría el derecho de bandera y con ello se abaratarían los fletes. Se suprimiría el estanco del tabaco.

Las propuestas sobre aranceles se aprobaron por unanimidad. Ello suponía una revolución en la política colonial pues se pasaría de un mercantilismo creado en el XVIII y llevado hasta entonces, a un librecambismo, lo cual conducía necesariamente a un sistema fiscal diferente, pues el antiguo estaba basado en las rentas de aduanas y otros impuestos indirectos, y el nuevo que se proponía era un impuesto directo del 6% sobre la renta líquida del capital invertido en cualquier tipo de negocio. Los miembros de la Junta de Información argumentaban que con este nuevo sistema de aranceles, aduanas e impuestos, bajarían los precios de los artículos y la vida se haría más fácil en colonias, que los cubanos serían libres para vender en cualquier parte del mundo.

En cuanto a la organización política en colonias, se pidió que hubiera municipalidades autónomas, que los Ayuntamientos se eligieran por elección popular directa, y que hubiera Consejos análogos a los peninsulares.

El problema de la superproducción colonial.

En la época que estamos considerando, es fundamental la aparición de un problema de superproducción que los empresarios de colonias no entendieron y los gobernantes españoles no supieron gestionar:

El mercado del azúcar estaba prácticamente equilibrado hasta 1844, cuando se producían 16,5 millones de arrobas y se exportaban 16 millones de arrobas.

Pero, a partir de esas fechas, surgió un ansia por producir, que es malo económicamente y difícil de entender para el hombre de cultura media-baja: en 1851, la producción de azúcar se elevó a 24 millones de arrobas, en 1854 a 28 millones de arrobas y en 1855 a 30 millones de arrobas. En el caso del café, la superproducción era todavía peor porque afectaba también al continente sudamericano. El hundimiento de los precios del café fue espectacular.

Los cubanos creían haber encontrado la base de su prosperidad en producir mucho más, y elevar la producción cada año. De hecho, durante los primeros años les llegó el dinero a riadas. Pero inmediatamente funcionaron las leyes del mercado, que cuando la oferta es mayor que la demanda bajan los precios, y el resultado económico de una mayor producción se traducía en menos ingresos de dinero cada año.

La equivocación era de los empresarios, pero también de la Administración que no limitaba la producción. La Administración tenía miedo de enfrentarse a unos empresarios que querían más fincas y más producción a toda costa, y amenazaban con la revuelta, y más tarde con la independencia, si no se les daba libertad para producir lo que les apeteciese. Y la Administración se plegó, y se caminó al suicidio económico. La reacción de los empresarios coloniales fue culpar al coste de la mano de obra de sus males. Efectivamente, si se bajan los precios, es posible aumentar el mercado y disminuir la superproducción, pero si la superproducción es muy grande, no habrá salida tampoco bajando precios, pues no se conseguirán nuevos mercados cuando se llega al límite de saturación. Los esclavos pagaron el precio de este error con una sobreexplotación de su trabajo, mala alimentación, y pérdida de vidas.

Al problema de superproducción lo llamaron “crisis”. El término no especificaba qué tipo de crisis era, lo cual embrolla las cosas y permite a los políticos y empresarios hacer barbaridades en nombre del progreso, del patriotismo o de cualquier otra idea que se les ocurra.

Francisco de Frías Jacob, 1809-1877, conde de Pozos Dulces, 1848-1877, creyó poder resolver la crisis del azúcar separando el negocio de la producción de caña del de la molienda y empaquetado del azúcar. Se le ocurrió que el segundo proceso se podía mecanizar y abaratar así los precios. Era un error gravísimo, pues incrementaba la producción y empeoraba el problema de superproducción existente. El resultado fue el esperado por nosotros, pero que les sorprendía a los contemporáneos del XIX: los pequeños productores se arruinaron porque no tenían suficiente capital para importar máquinas y eran los últimos en colocar sus productos en el mercado, encontrándole siempre cerrado. La situación tendía al monopolio u oligopolio de los grandes.

El conde de Pozos Dulces ha sido salvado por la opinión de muchos historiadores por cuestiones emotivas e irracionales: opinaba que se debía eliminar la esclavitud, porque trabajaba obligada y con desgana, y en cambio, poniendo asalariados libres se podía conseguir más rendimiento y más calidad del producto y mayores ventas. Este señor estaba pensando con mentalidad ilustrada reformista, propia del siglo XVIII, y muy alejado de la realidad. Ignoraba las nuevas teorías económicas del XIX.

El general Domingo Dulce se equivocó igualmente aconsejando desde España producir más, intensificar los cultivos e importar nuevos métodos agrícolas.

Mariano Miguel Reinoso, ministro español de Comercio en 1851, se equivocó también en el tratamiento de la superproducción: defendió la solución de aplicar métodos científicos a la agricultura a fin de producir más y a mejor precio, es decir, precio más bajo. Decía que con ello se harían rentables las haciendas. El “método reinoso” dio resultado en Java, donde Holanda fue capaz de producir mucho más, pero en el contexto mundial se agravó el problema de superproducción al retirarse del mercado un gran consumidor como era el holandés y sus clientes. Luego lo ensayó Gran Bretaña, también con éxito, pero reservando mercados para su producción, lo que significaba mayores superproducciones para el gran productor que era España.

La obsesión por abaratar los precios fue una constante en el siglo XIX, como si a más bajos precios se incrementara el mercado, como había dicho Adam Smith. No tenían en cuenta que hay límites en esa ley económica. Y en esa obsesión de abaratar precios, pidieron proteccionismo del Estado, subvenciones, libertad de comercio… es decir, hicieron un problema político de lo que era un error económico de base.

Gran Bretaña, Francia y Holanda cedieron el tema de la comercialización de productos coloniales a compañías privadas, con lo cual el problema de la superproducción se convirtió en un problema empresarial.

España se obcecó en que fuera el Estado el comercializador, y ello significó que el problema pesaba directamente sobre Hacienda pública. Y el Estado español como empresario, era muy malo: estaba preocupado por llevar la civilización y catolicismo a muchos países y por controlar monopolísticamente el comercio mundial, objetivos ambos que no eran viables económicamente. Pero era un asunto fundado en la tradición: en 5 de junio de 1503, los Reyes Católicos habían fundado en Sevilla el Tribunal Supremo de Comercio, organismo que debía aconsejar a los monarcas españoles en materia de producción agrícola y de comercio. Este organismo persiguió un comercio libre sin monopolios de importación y, para poder controlar que existieran monopolistas, creó un centro de control de todo el comercio americano en Sevilla-Sanlúcar. Incluso permitió que los extranjeros asentados en Sevilla pudieran comerciar con América. El resultado fue que no se produjeron monopolios de particulares, sino un gran monopolio integrado por todos los comerciantes de Sevilla en bloque. El siglo XVIII comprendió que había que romper también el monopolio de Sevilla, y a partir de 1797 permitió comerciar desde distintos puertos peninsulares. Entonces había empezado la obsesión por las bajadas de precios: se pedían bajadas de los derechos de importación, rebajas de aranceles en artículos que no eran competencia comercial para los productos españoles. La idea de liberalización del comercio persistió, y en 10 de agosto de 1815, una Real Cédula de Gracia para Puerto Rico permitió a los puertorriqueños el comercio libre y directo con la península y los dominios españoles y puertos en los que hubiera un cónsul español. Fue una de las medidas más acertadas de la política comercial española, pues ampliaba los destinos comerciales y atacaba así los posibles problemas de superproducción. Era completamente diferente a las políticas emprendidas por entonces en Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda. De hecho, tras la medida de 1815 se produjo un déficit de producción que hizo sentir la necesidad de producir más.

Inmediatamente a la creación de estos nuevos mercados, España sintió la tentación de monopolizar. Los harineros y vinateros españoles, los industriales vascos y catalanes, crearon monopolios para dar salida a sus productos en Cuba y Puerto Rico a precios altos. Y se cometió un gran error. Los monopolistas se hicieron con el Gobierno, y es difícil distinguirles de los “moderados”, que eran un partido político. Y los monopolios significaban precios altos de los alimentos (trigo, cebada, lana, sal) en Cuba y Puerto Rico. Con la comisión de este error, se estimuló el contrabando, y el gran beneficiado eran los Estados Unidos. Para proteger el monopolio español se estableció el “derecho diferencial de bandera” por el cual los barcos extranjeros pagaban más aranceles en aduana a fin de que sus precios no hundieran los altos precios españoles.

Evidentemente se tenía que producir y tuvo lugar un enfrentamiento entre monopolistas y librecambistas. Las modificaciones en los aranceles españoles fueron numerosísimas. Y nunca se consiguieron los resultados apetecidos, ni cuando se subían ni cuando se bajaban los aranceles. Ello se debía a que el problema de fondo era otro, la superproducción, la adecuación de la oferta a la demanda. Los librecambistas defendían que bajando aranceles solucionarían el problema y se creían superiores, y eran dogmáticos, despectivos para con rivales. Y sin embargo estaban en el error de creer que no hay límites al mercado. Los proteccionistas, partidarios de subir aranceles, culpaban a los librecambistas de todos los males de la economía.

Cuando, por circunstancias diversas, crecía la demanda, las cosas iban bien, gobernaran los unos o los otros, pero cada vez que había contracciones de la demanda mundial, nadie se explicaba qué estaba pasando y culpaba al otro del problema. Por ejemplo, cuando la banca del siglo XV fue capaz de regular el capital, se produjo una expansión económica, pero más tarde se produjo un exceso de dinero circulante y empezaron las crisis financieras. Estados Unidos se estrelló varias veces en este tema por desconocer las limitaciones que se deben exigir al dinero. Francia y Gran Bretaña abusaron de la emisión de dinero con motivo de la Guerra de Crimea de 1854.

En las Antillas, numerosos empresarios creían que todo negocio era posible si se obtenía suficiente crédito bancario. Y la cuestión es que, una vez montada la economía sobre el crédito bancario, sobre bases irreales, si se restringe el crédito muchas empresas se ven abocadas al cierre, porque la realidad es tozuda, por mucho que los empresarios y banqueros se empeñen en decir lo contrario. Así que para los políticos, parece que lo mejor es persistir en el error. Y como la demanda no crece al gusto de los empresarios y banqueros, cada nuevo empresario incrementa la oferta, y entonces alguien es desplazado del mercado, no vende su producción y no puede devolver sus créditos a los bancos. Ello provoca la quiebra de muchos bancos. La crisis de Cuba y Estados Unidos se contagia a Gran Bretaña y desde allí a toda Europa, porque el dinero emigra y produce excesos de dinero en otras partes del mundo, y porque la superproducción se trata de colocar a precios por debajo de coste y ello arruina a muchos más. Y la ruina de muchos hace caer la demanda, y el problema se autoalimenta en círculo vicioso. Y la miseria se traduce en desórdenes sociales y vandalismos.

La salida intentada en 1860 fue el librecambismo y por ello Francia y Gran Bretaña redujeron aranceles entre ellos, y en 1865, España firmó rebajas arancelarias con Francia. El objetivo era estimular la demanda, lo cual va en el buen sentido, pero no es atacar el problema en sí mismo, pues lo necesario y difícil es reducir la oferta.

En 1865, los representantes de Cuba y Puerto Rico fueron convocados por Cánovas en Madrid y constituyeron una Junta Informativa en la que, entre otras cosas, se discutieron qué cláusulas había que introducir en los tratados internacionales de navegación y comercio y qué reformas había que hacer en el sistema arancelario y aduanero para conseguir ampliar los mercados. El problema se planteó de forma errónea en los siguientes términos: si se bajaban los aranceles se perjudicaba a los agricultores españoles, pero se beneficiaban los habitantes de las Antillas que tendrían los alimentos más baratos. De ello se dedujo que había una rivalidad entre ambos mercados, un conflicto entre españoles y antillanos, porque éstos sabían que podían conseguir alimentos más baratos fuera del monopolio español. Con ello, crece el contrabando y aumentan los independentistas.

En 1866 volvió la depresión, caída de la demanda, caída de los precios de exportación, y los intereses bancarios aumentaron. Con la subida de intereses y caída de la exportación, muchas empresas no podían hacer frente a sus pagos bancarios, y se produjo la crisis. Muchos bancos tuvieron que cerrar. Al desaparecer algunos bancos, los demás aprovechan para subir intereses y se vio afectado el negocio del ferrocarril, que quiebra a veces. Y como Hacienda recauda menos, el déficit del Estado aumenta. Se culpa a las guerras de la crisis de Hacienda, lo cual contribuía al problema, pero no era el problema de fondo. Y la crisis fue más fuerte en las Antillas porque sus productos son “prescindibles”, no son de primera necesidad el azúcar, ni el café, ni los tintes. Y lo más fácil para los antillanos es culpar de la crisis a España. El Gobierno español creyó poder remediar la crisis bajando impuestos al comercio, volviendo al error de siempre, el creer que la demanda es ilimitada y a menor precio siempre aparece un mercado adicional.