19.11.11.El Partido Progresista isabelino.

EL PARTIDO POLÍTICO PROGRESISTA

         DE TIEMPOS DE ISABEL II.

Los liberales se originaron a fines del reinado de Carlos IV, de entre los ilustrados y muchas veces estuvieron integrados en la masonería. En 1808 se sumaron al bando patriota que se rebeló contra Napoleón y, durante la guerra, tuvieron por compañeros a los absolutistas. Tuvieron gran actividad en las Cortes en 1810-1814. Estos liberales se escindieron en 9 de septiembre de 1820 en moderados y exaltados, siendo los más conocidos moderados Toreno, Martínez de la Rosa, y Muñoz Torrero, y los más destacados exaltados Romero Alpuente, Calatrava e Istúriz. Del grupo de los exaltados provenían los progresistas.

Los exaltados exigían que Fernando VII abandonase el absolutismo sinceramente, y no formalmente como lo estaba haciendo en 1820. Entendían que la situación política liberal era fácilmente reversible y querían consolidarla. Acertaron en que era reversible.

Los progresistas de 1820-23, no eran todavía un partido político. Durante el Trienio Liberal eran un grupo de jóvenes peligrosos en cuanto a capacidad de organizar desórdenes y atraer a las masas, pero más bien de signo populista, despreciados por los moderados por su aparente incapacidad para tener un programa coherente de gobierno. Pero había demasiados fallos en el liberalismo que se intentó implantar a partir de 1827, ó 1834 según se quiera ver, y los exaltados de 1823 tuvieron tiempo para madurar, y dotarse de ideas interesantes, que hicieron cambiar de opinión a los moderados con visión racional de la realidad de su tiempo.

Génesis del partido Progresista.

Los progresistas se organizaron a partir de la oposición al Estatuto Real de Martínez de la Rosa de 1834.

En 1835, Salustiano Olózaga Almandoz[1] prefirió que los exaltados se llamaran “progresistas” y pidió un programa para los que pensaban como ellos, programa que nunca fue publicado por escrito pero que podemos resumir guiándonos por los puntos reivindicados por los exaltados en septiembre de 1820 y las declaraciones de 1835, en estas ideas progresistas:

recorte de los poderes del rey;

abolición de privilegios de la nobleza y el clero;

reformas a favor del pueblo: ley electoral con sufragio censitario amplio (en realidad hablaban de un objetivo de sufragio universal que había de conseguirse gradualmente a través de un proceso más o menos largo, pues darlo de momento entregaba el poder a los moderados más conservadores);

libertad de expresión;

desamortización;

y Constitución progresista.

En 1835, los progresistas no constituían un partido propiamente dicho, sino que el grupo tenía unas características singulares propias de un periodo anterior a los partidos, periodo que podemos situar hacia 1848 en adelante. La disciplina de partido funcionaba solamente para elecciones e intervenciones en las Cortes, pero no se exigía ideológicamente. El partido se basaba en la confianza mutua entre sí entre un grupo de dirigentes que residía en Madrid, y entre los militantes de provincias y el grupo de Madrid. Estos dirigentes eran Espartero, Gurrea, Allende Salazar, Olózaga, Calvo Asensio, Madoz… Estos dirigentes podían tener divergencias graves entre ellos y de hecho nunca hubo unidad ideológica completa y ello se reflejaba en una falta de unidad de acción y poca eficacia del partido.

Para solucionar las divergencias se organizaron a veces debates internos, pero los debates llevaban a mayores divergencias.

Esta estructura de partido se reflejaba en las renovaciones del Comité Central del Partido que se hacía cada vez que había elecciones. Cuando esta circunstancia se producía, se convocaba Junta General en Madrid y se elegía una “Comisión Nominadora” que presentaba los nuevos nombres para renovar el Comité Central (siempre se aprobaron los nombres propuestos). El nuevo Comité Central de Madrid proponía un plan de acción para el resto de España y se hacían reuniones en las provincias para designar en cada provincia Junta Electoral de Distrito, reuniones a las que podían acudir tanto militantes como simpatizantes. Una vez elegidas las Juntas de Distrito, 10 representantes del Comité Central de Madrid, más 2 representantes de cada provincia, integraban el nuevo Comité Central del Partido.

Las bases o militantes se organizaban en clubs, que eran centros de debate ideológico, y comités, que eran las organizaciones locales del partido.

En 1836, Olózaga planteó al grupo exaltado que el nombre de “exaltados” no les venía bien pues tenía connotaciones negativas en español, y propuso que se llamaran “progresistas”, un concepto positivo que hacía mención a las reformas sociales y políticas que pretendían introducir en España. La proposición tuvo éxito y se llamaron progresistas, pero todavía no existían partidos.

El primer líder escogido por las masas fue Espartero a raíz de 1839, tras conseguir la paz con los carlistas en el Convenio de Vergara. En 1840, los progresistas tenían como líder militar y político a Baldomero Fernández Álvarez, Espartero, y como líder ideológico a Salustiano Olózaga Armandoz[2]. Espartero era denominado por los progresistas de 1840 “el general del pueblo”. Pero Espartero era un tipo intelectualmente mediocre que ni supo regir España, ni supo regir el Partido Progresista. Como es frecuente en estos casos, llegó a sentirse líder único e imprescindible y trataba de eliminar el ascenso de otros, que objetivamente podían ayudarle, pero que él creía que le harían sombra. Ello le condujo al despotismo en el Gobierno.

En 1844, González Bravo, un progresista más bien exaltado y reconvertido en diciembre de 1843 en moderado y moderado muy de derechas, condenó a muerte a Espartero. Éste se exilió en Gran Bretaña. Regresó en 1849, pero ya no quiso participar en política. En estos momentos, se convirtió en un mito para los progresistas, los cuales decían que Espartero había querido cambiar España peor no le habían dejado. El mito, fue llamado en 1854 para gobernar de nuevo España en medio de una situación de crisis provocada por múltiples motines progresistas a los que Espartero debía calmar. Lo hizo tan mal como en 1840-1843 y se limitó a figurar mientras otros hacían el trabajo político. La teórica colaboración entre los progresistas de Espartero y los moderados de O`Donnell, no fue sino una ocasión para que O`Donnell organizara su propio partido y su Gobierno. A pesar de todo ello, Espartero mantuvo su popularidad y en 1868-1871 se le ofreció la Corona de España, que no aceptó.

El alavés Salustiano Olózaga aparecía, dentro del partido, como la oposición a Espartero. Fue la cabeza del progresismo a partir de la caída de Espartero, en 1843 y en 1856. Las diferencias entre Olózaga y Espartero consistían en que Espartero no era hombre de creencias políticas, sino de creencias religiosas católicas, era práctico en el sentido de gobernar con un grupo de adictos llamados ayacuchos, y trataba siempre de negociar (con Maroto en 1839 y con O`Donnell en 1854), mientras Olózaga era un hombre de ideas firmes, contrario a las negociaciones, pues decía que en toda negociación se cedía algo en los principios ideológicos del partido. Espartero seguía siendo un líder militar sin ideología liberal, y Olózaga será el líder progresista entre 1854 y 1868.

En 1854 triunfaron los progresistas cuando les fue concedido el Gobierno. Entonces hubo grupos armados que lograron sacar a los obreros de las fábricas para gritar “¡viva la Constitución! ¡Viva la libertad!”. Pero los obreros, lo que querían era acabar con las selfatinas y les importaba poco el partido político. Hubo huelga en 60 fábricas de Barcelona. Entonces el general Larrocha prometió en 25 de julio de 1854 a los obreros retirar las selfatinas. Los patronos se negaron a escuchar a Larrocha. Pascual Madoz se convirtió en mediador entre el Gobernador Civil de Barcelona y los obreros con una táctica complicada: las selfatinas iban a permanecer para contentar a los patronos, pero se aumentarían los salarios para contentar a los revoltosos. Madoz decía ser un mediador imparcial entre empresarios y obreros y un partidario de que continuara la actividad industrial.

Juan Prim y Prats marqués de Castillejos organizó un pronunciamiento en junio de 1865 y se convirtió en el nuevo líder progresista. El 29 de octubre de 1865 hubo asamblea de progresistas. Salustiano Olózaga insistió en mantener la revolución como meta y como método, es decir, expulsar a Isabel II del trono y recobrar democráticamente la dirección del Partido Progresista que Prim se había autootorgado. El Partido Progresista acordó mantener su objetivo de “revolución”, que para ellos era la República. Creían que renunciar a la revolución era lo mismo que mostrarse débiles.

Entonces Prim entendió que, si colaboraba con el unionista O`Donnell, partidario de Isabel II, perdería la cabeza del Partido Progresista, y se sumó al objetivo revolucionario que defendía Olózaga.

Prim se pronunció el 3 de enero de 1866 en Villarejo de Salvanés contra el estado de cosas existente en la monarquía. No tuvo éxito directo, pero su pronunciamiento hizo de Prim un nuevo mito popular por su reivindicación de elecciones completamente libres. Prim no tuvo más remedio que exiliarse a Portugal, pero era el líder indiscutido de los progresistas.

En 2 de agosto de 1866 se convocó para el 16 de agosto reunión de los progresistas y demócratas en Ostende (Bélgica): Prim vivía en Bruselas^[3]; Sagasta y Ruiz Zorrilla, en París^[4]; Espartero, en Londres; y Salustiano Olózaga, en Florencia. Ostende era un lugar considerado neutral entre los distintos líderes progresistas.

El 30 de junio de 1867 Prim fue reconocido como jefe militar del golpe, que se fijó para el 15 de agosto de 1867. Prim elaboró un plan del golpe, y fracasó.

Los progresistas se reunieron en París presididos por Olózaga e interpretaron que Prim había sido la causa del fracaso de agosto, no tanto por falta de valor, sino por falta de previsión y organización, cambios de planes, falta de decisión de desembarcar en Valencia…

En septiembre de 1868, triunfó el progresismo, y se expulsó a Isabel II. Pero entre los vencedores estaban los monárquicos unionistas, los progresistas, los demócratas y los republicanos. Eran un grupo heterogéneo en el que había que dilucidar quién se llevaba la victoria.

El Partido Progresista hizo crisis en 1868 en el momento en que triunfó la revolución septembrina y se disolvió en múltiples tendencias. Su gran objetivo, el reconocimiento de la soberanía nacional, estaba ya conseguido. Y no supo encontrar otras metas que lo hicieran indispensable y le mantuvieran unido. Unos se hicieron “constitucionales” para preservar los logros conseguidos, y otros se hicieron “radicales” para hacer cambios políticos profundos (de raíz) e inmediatos. Ninguno de los dos partidos tuvo larga vida política.

En 1868 y 1869, el líder progresista era de nuevo Juan Prim. Aparecía el unionista Serrano como Jefe de Gobierno y Prim como Ministro de Guerra, pero en junio de 1869, Serrano pasó a Regente y Prim a dirigir el Gobierno. Prim preparó una continuidad monárquica. Fue asesinado en 27 de diciembre de 1870. Quizás con ello se acababa el proyecto progresista en España.

Los hombres del Partido Progresista.

Hipótesis de trabajo: De los conocidos por mí, da la impresión de que eran un grupo de ilustrados de diversos puntos de España, que se declararon liberales en 1808, protagonizando muchas de las reformas 1808-1814, aliados a un grupo de jóvenes integrados en 1820-1823 con los citados doceañistas. Me da la impresión de que eran gentes de provincias llegados a Madrid, asociados a algunos líderes madrileños:

En el grupo de doceañistas encontramos a:

Ramón Giraldo Arquellada[5], 1767-1849, era de Ciudad Real.

Álvaro Gómez Becerra[6], 1771-1855, extremeño.

Lorenzo Calvo de Rozas, 1773-1850, era vizcaíno.

Miguel Antonio Zumalacárregui Imaz[7], 1773-1867, guipuzcoano.

Agustín Argüelles Álvarez[8], 1776-1843, asturiano.

Joaquín María Ferrer y Cafranga[9], 1777-1861, guipuzcoano.

José María Calatrava, 1781-1846, extremeño.

Martín de los Heros y de las Bárcenas[10], 1783-1859, vizcaíno.

Vicente Sancho Cobertores[11], 1784-1860, valenciano.

Evaristo Fernández San Miguel Valledor, 1785-1862, asturiano.

Pedro Antonio Acuña Cuadros[12], 1786-1850, jienense.

Juan Bautista Muguiro Iribarren[13], 1786- , navarro.

Luis Antonio Pizarro Ramírez, 1788-1855, III Conde de las Navas

Antonio Seoane Hoyos[14], 1790-1864, sevillano.

Juan de Dios Álvarez Mendizábal, 1790-1853, gaditano.

Facundo Infante Chaves[15], 1790-1873, pacense.

Pedro Méndez-Vigo García de San Pedro, 1790-1843, asturiano.

Antonio González González[16], 1792-1876, I marqués de Valdeterrazo, extremeño.

Juan Manuel Collado Parada[17], 1792-1864, guipuzcoano.

Claudio Antón Luzuriaga[18], 1792-1874, riojano.

Baldomero Fernández Álvarez, Espartero, 1793-1879, manchego.

Francisco Díaz Morales, cordobés.

Un grupo de jóvenes, muchos de ellos salidos de Milicias Provinciales, encontramos a:

Joaquín María López de Oliver y López[19], 1798-1855.

Antonio Gutiérrez Solana, alias El Pasiego, 1800-1855, cántabro.

Manuel Cortina Arenzana[20], 1802-1879.

Ramón Xauradó y Fábregas, 1802-1837, era de Barcelona.

José Félix Allende Salazar Mazarredo[21], 1802-1893, vizcaíno.

José María Orense-Milá de Aragón y Herrero, 1803-1880, marqués de Albaida[22], el exaltado de Cantabria.

Manuel Cantero de San Vicente González[23], 1804-1876, madrileño.

Salustiano Olózaga Armandoz, 1805-1873, alavés.

Pascual Madoz Ibáñez[24], 1806-1870, pamplonica.

Pedro Gómez de La Serna Tully[25], 1806-1871, menorquino.

Juan Ruiz Gutiérrez, alias Covanes, 1809-1859, era pasiego, miembro de la Milicia Nacional y el terror de los carlistas que pasaban por San Roque de Riomiera y el Puerto de Lunada.

Nicolás María Rivero, 1814-1878, sevillano.

Juan Prim i Prats, 1814-1870, de Reus (Tarragona).

Laureano Figuerola Ballester[26], 1816-1903, barcelonés.

Juan Álvarez Lorenzana, 1818-1883, asturiano.

Ángel Fernández de los Ríos, 1821-1880, madrileño.

Pedro Calvo Asensio, 1821-1863, Valladolid.

Práxedes Mateo Sagasta, 1825-1903, riojano.

Un grupo importante de generales:

Baldomero Fernández Álvarez, Espartero.

Juan Prim i Prats,

Francisco Serrano Domínguez,

Evaristo San Miguel,

Facundo Infante Chávez,

Martín Zurbano Baras,

Antonio Seoane Hoyos,

Manuel Gurrea

Fernando Pierrad

Brigadier Blas Pierrad Alcedar.

Pero los progresistas tenían más adeptos entre los capitanes, sargentos y clases de tropa que en el generalato. Ello se debía a que los soldados estaban descontentos con los resultados de la posguerra tras 1839, la irregularidad de las pagas, las dificultades de promoción, el sistema de quintas.

También pertenecían al Partido Progresista muchos artesanos de ámbitos urbanos y obreros industriales de núcleos urbanos grandes (obreros textiles catalanes, obreros portuarios de los grandes puertos). Para estas personas, Espartero era su ídolo, pues desconocían sus deficiencias y limitaciones. Construyeron un mito a la medida de lo que pensaban que debía ser un líder progresista, y que evidentemente no se correspondía con la realidad de la persona de Espartero, y encarnaron el mito en Baldomero Fernández Álvarez, Espartero. El fenómeno no es tan extraño, pues en Francia, las clases medias habían hecho lo mismo respecto a Napoleón y harían igual respecto a Napoleón III. Pero estas clases populares se fueron desplazando, a partir de 1856, hacia posiciones de los demócratas y los republicanos, construyendo nuevos mitos de esos partidos que creían les iban a redimir de la pobreza.

Igualmente pertenecían al Partido Progresista muchos vendedores callejeros urbanos, menesterosos y jornaleros andaluces.

Los progresistas en general eran gentes de todos los grupos y clases sociales. El Partido Progresista era un grupo muy heterogéneo como puede verse.

Aparte de ser un conglomerado de clases sociales en sus bases, los dirigentes del partido eran burgueses, intelectuales y profesionales liberales, un grupo también heterogéneo. Los dirigentes eran burgueses de media y baja burguesía, intelectuales, funcionarios públicos y militares.

Como muchos de los votantes del Partido Progresista no eran liberales sino populistas, creyentes de que todas las votaciones del pueblo son legítimamente morales, partidarios en economía de ciertos tipos de socialismo, se producían contradicciones entre las decisiones de los Gobiernos liberales librecambistas y lo que esperaban de ellos muchos de sus votantes y ello conducía al drama de que el triunfo del progresismo significaba alteraciones de orden llevadas a cabo por los suyos, y crisis dentro del partido. El problema es que nunca se libraron de las ambigüedades por falta de un sistema ideológico claro y preciso.

La alta burguesía estuvo con los moderados hasta 1848 y con los unionistas a partir de 1854, de modo que nunca estuvo, como bloque, con los progresistas.

En lógica histórica, el partido progresista debería haber sido dirigido por la burguesía, pero la burguesía progresista española era muy débil, porque la alta burguesía era moderada desde que obtuvo privilegios de los Gobiernos moderados a cambio de su cooperación. A partir de 1849, la alta burguesía cayó en la cuenta de que la corrupción moderada no era un sistema viable a largo plazo y empezó a derivar a posiciones más liberales, primero hacia Unión Liberal, y más tarde, algunos aparecieron en el progresismo. Pero eso sucedió casi a fin de siglo. Por eso, el Partido Progresista español fue un partido de clases medias: propietarios medianos, comerciantes, intelectuales, profesiones liberales. El Partido Progresista estuvo sometido a continuas transformaciones según quién dirigiera. Estuvo normalmente fuera del poder, con excepciones en 1840-1843 y 1854-1856. Estuvo sometido a rupturas y discusiones internas graves.

   Ideología del progresismo.

Los hombres más destacados del Partido Progresista eran pocos, y comúnmente se dice que cabían todos en casa de Madoz, donde celebraron muchas de sus reuniones. No tenían ideas nuevas y se limitaban a criticar los males de los moderados, es decir, las tendencias autocráticas y a la corrupción. Sus discursos estaban llenos de ideas vacías como soberanía nacional, voluntad del pueblo, tolerancia, justicia, política exterior independiente, en suma, un conjunto de vaguedades en las que todos los hombres están siempre de acuerdo, hasta que se empieza a concretar. Y concretar en estos puntos es esencial y difícil.

Estaban llenos de contradicciones:

Querían soberanía nacional y voluntad del pueblo, pero no sufragio Universal;

Querían igualdad, pero no toleraban a las clases obreras.

Querían librecambio, pero que se protegieran algunos negocios, que casualmente eran los que ellos poseían.

Criticaban la sumisión a Francia que mostraban los moderados, pero se sometían a Inglaterra sin condiciones.

Se consideraban auténticos herederos de la revolución de 1808, pero aceptaban el doctrinarismo.

Estas contradicciones explican su fracaso en 1848, cuando unos querían lanzarse a la calle y otros rechazaban el uso de la fuerza. También explican la aparición del Partido Demócrata, que se negó a continuar algunas de esas contradicciones.

El mejor ideario de los progresistas fue la Constitución non nata de 1856.    Resumiremos los principios progresistas en éstos:

El único soberano es el pueblo, lo que se denominaba soberanía nacional. Los hombres han aceptado el pacto social con el fin de permanecer iguales, libres e independientes, pero una vez aceptado este pacto, no pueden ser obligados contra su voluntad en contra de los derechos de igualdad, libertad e independencia por los que se han sometido al pacto. La soberanía nacional tampoco admite restricciones ni situaciones de excepcionalidad a capricho del gobernante. Pero estaban en contra de la soberanía populista, del concepto de soberanía en el que cualquier asamblea se considera representante del pueblo y con autoridad para tomar decisiones políticas. La soberanía sólo radica en el conjunto de los representantes de todo el pueblo, es decir, en el Parlamento.

Parlamentarismo: La soberanía sólo se personifica en las Cortes elegidas por el pueblo, porque sólo ellas representan legítimamente a todos los españoles. Aunque mantenían la fórmula constitucional “las Cortes con el Rey”, insistían en la soberanía del pueblo y por eso querían que la segunda cámara fuera electiva y no designada. Es decir, creían en la democracia representativa parlamentaria. La soberanía en las Cortes se traduce en que sólo éstas pueden hacer leyes y elaborar Constituciones. Defendían que las Cortes eran soberanas en exclusiva, aunque transitoriamente los progresistas “legales” o templados admitieran un estadio intermedio para evitar confrontaciones sociales graves.

La soberanía es la última instancia en las cuestiones políticas. Tanto el Gobierno como el Jefe del Estado, el Rey en el caso español, son responsables ante el Parlamento. No obstante, como la responsabilidad del Rey haría muy débil la institución de la Jefatura del Estado, y conviene la estabilidad de esta institución, al Rey se le declaró irresponsable, de modo que sus discursos necesitan ser escritos o supervisados por el Gobierno, y sus decisiones eran avaladas por el Jefe de Gobierno, que sí se hace responsable de ellas ante el Parlamento. De cualquier otra cuestión que el Rey no hubiera confiado al Gobierno, el Rey es responsable ante el Parlamento.

En la primera parte del XIX, los progresistas pensaron que la soberanía era fuente de poder y de derecho, y la teoría les funcionaba bien frente al absolutismo y a la teocracia. Pero en la segunda mitad, los demócratas les convencieron de que sólo era fuente de poder, pero no de derecho. La democracia de derecho conduce al populismo irracional utilizado por nacionalistas y grupos de izquierda revolucionarios que utilizan el liberalismo como trampolín para ir a otras ideologías. La democracia es una forma de regular el ejercicio del poder, pero no es que exista un derecho de todos a votar en todo y en todo momento, lo cual sería irracional.

Según esta concepción de la soberanía, el Rey no puede pertenecer a ningún partido político. El Gobierno pertenece a un partido político

El poder legislativo se deduce del hecho de que la soberanía reside en la nación española y es representada exclusivamente por las Cortes, por lo que sólo ellas tienen el poder legislativo.

Como el poder judicial debe ser independiente, de ello se deduce que es necesaria la separación de poderes, o independencia del poder legislativo y del judicial, respecto a la Corona y al Gobierno.

Representatividad: El diputado representa a sus electores. La única forma viable de conducir la política es la representatividad, y hay que descartar el asamblearismo populista, por ser un engaño a las masas, y los autoritarismos en nombre del pueblo, por ser falsedades. El pueblo debe ser representado por un número tal de diputados que quede bien reflejado el sentir social.

El sufragio debe ser censitario amplio, cada vez más amplio a medida que avance la cultura política de la gente y, tal vez, en el futuro, universal.

Los elegibles pueden ser cualesquiera que la gente proponga, sin necesidad de tener un gran patrimonio, pero conviene que no se caiga en la irracionalidad del populismo, y por eso se limita la posibilidad de ser candidato con el sufragio censitario y el condicionamiento de poseer algo de riqueza, título universitario o servicios a la Administración.

Al Rey sólo le conceden el poder moderador, y el resto de los poderes corresponden a las Cortes. El Rey sometido a los poderes de las Cortes es lo que llamamos monarquía parlamentaria. El Rey sometido a los principios enunciados en la Constitución es lo que llamamos monarquía constitucional. Es como un funcionario más, muy importante, pero no por encima de los derechos de los demás ciudadanos. El Rey debía aceptar fehacientemente el principio de soberanía nacional, jurando la Constitución.

La Constitución es un documento elaborado por los representantes del pueblo expresamente elegidos con el fin de redactarla. Por eso, las elecciones que deban hacer una Constitución, deben ser anunciadas como constituyentes. En el caso de querer cambiar la Constitución, las Cortes que lo proponen deben disolverse y convocar otras nuevas constituyentes.

Los Ministros debían ser responsables. Ello quiere decir que deben responder de sus actos de Gobierno ante el Parlamento.

Defendían el derecho de rebelión, es decir, que cuando la mayoría parlamentaria libremente elegida está en contra de la Constitución y los deseos del pueblo, el pueblo tiene derecho a exigir cambio de Constitución y a pronunciarse y rebelarse a favor de ese cambio. Las libertades individuales constitucionalmente reconocidas están por encima de personas e instituciones.

En religión querían libertad de cultos, aunque los progresistas españoles fueran católicos.

Temían la intromisión del poder en los derechos de los ciudadanos y por ello defienden la división de poderes, de forma que ningún poder del Estado se convierta en Dictador enemigo de las libertades.

Defendían los Ayuntamientos democráticos y una Milicia popular que apoyase a los alcaldes contra los abusos e imposiciones de los más pudientes. La autonomía municipal y la Milicia Nacional eran el punto fuerte de los progresistas. Los moderados conocían perfectamente este pilar progresista y lo atacaron en las ocasiones en que pudieron hacerlo.

Querían una política exterior independiente de las potencias exteriores, que rompiera los lazos de dependencia exterior tradicionales. Se debería cultivar la amistad con Gran Bretaña (en lo cual se oponían a Donoso Cortés) y hacer tratados de paz con las repúblicas latinoamericanas, intentar la unidad ibérica con Portugal mediante un acuerdo pacífico. Se deberían romper las dependencias respecto a Francia y a El Vaticano, porque significaban grandes costos para España. La política general debía buscar siempre la neutralidad en los conflictos internacionales, y los Gobiernos españoles no se debían comprometer con Gobiernos extranjeros cuando se firmaban acuerdos comerciales o políticos. No aceptaban las injerencias extranjeras en la política española y rechazaban la “Entente Cordiale”. Preferían el aislacionismo internacional a la subordinación a una potencia extranjera, fuera Francia o Inglaterra.

Para los progresistas, Europa era un concepto político que estaba por encima de la unidad cultural. Inglaterra era la fuerza que impulsaba hacia el progreso y la libertad, hacia el liberalismo progresista. Apoyaban a los independentistas italianos a sabiendas de que ello significaba la pérdida de la soberanía temporal del Papa. Creían en la unidad ibérica, y decían que se produciría a través de la profundización de ambos Estados en el liberalismo.

Los progresistas optaban por la paz cuando la paz favorecía los intereses de España, pero no descartaban la guerra si ello convenía al Estado español. Criticaban a los Borbones por no haber hecho la guerra a Francia cuando debían haberla declarado. No creían en el derecho de intervención a que aludían frecuentemente los moderados y menos en el caso de Portugal, país hermano. Defendían que España debía revisar los tratados comerciales con Inglaterra, cuando éstos eran desfavorables a España.

Eran partidarios de favorecer las inversiones extranjeras en España, porque ello generaba trabajo y riqueza, pero en ello nunca se debía comprometer la independencia nacional.

España debía desprenderse de las colonias cuando éstas sólo generaban gastos.

Defendían el servicio militar voluntario y la defensa nacional a cargo de un ejército profesional remunerado. En cuanto al servicio militar, querían eliminar lo que los progresistas llamaban “contribución de sangre”, servicio militar obligatorio por quintas, que por entonces duraba 8 años y afectaba a los pobres que no podían pagar los 6.000 reales de la redención, lo cual significaba que sólo los pobres iban a las guerras. Ello se debía a que las reclutas se hacían por el sistema de quintas y el reclutado debía servir por ocho años. Pero en el sistema de quintas cabía la exención mediante la aportación de una cantidad de 6.000 reales, cantidad que ponían los ricos, si no encontraban un sustituto más barato, pero no podían poner los pobres. Los soldados así reclutados provenían, en su mayor parte, del campo, lo que tenía la triste secuela de que la mano de obra joven, la de entre 20 y 30 años de edad, no estaba disponible en la agricultura. En lugar del sistema de quintas redimibles, querían un ejército profesional, bien instruido, bien dotado y bien remunerado.

Los progresistas explicaban que las quintas provenían de un error en la interpretación de la Revolución Francesa, cuando los franceses dijeron que todos los ciudadanos tenían el deber de servir a la patria, lo cual respondía a una necesidad puntual, pero se demostró un error cuando se tradujo en que los pobres debían morir para salvar las fortunas de los ricos y mantener a los Gobiernos constituidos en cada momento.

Respecto al populismo, o jacobinismo como se decía en aquella época, los progresistas tenían experiencias suficientes sobre ello. Es cierto que en 1808 y 1823 habían sido populistas. Pero el exilio en Francia e Inglaterra les había enseñado que el jacobinismo era un error e incluso que la revolución popular acaba en la muerte de los revolucionarios a manos de las masas, de sus propios seguidores. Por eso, en la Constitución de 1837 habían renunciado al sufragio universal indirecto propio de 1812 y habían cambiado al sufragio directo censitario. Se habían hecho doctrinaristas, aunque fuera en menor grado que los moderados. No es que despreciaran todas las manifestaciones populares por sistema, como era el caso del moderado Donoso Cortés, pero desconfiaban de ellas. Un líder progresista como Joaquín María López, despreciaba en 1840 el sufragio universal y alegaba que éste dejaba el poder en manos de masas de ignorantes.

Respecto a las relaciones entre partidos, los progresistas rechazaban el transaccionismo, es decir, la posibilidad de acuerdos con otros partidos afines, porque en toda negociación se renuncia a parte de los principios esenciales irrenunciables para un progresista. Eran por tanto poco flexibles.

En ese sentido, la sociedad española de los políticos de 1843-1854 fue maniquea: cada partido se consideraba «el partido de los buenos». Cada uno consideraba que todos los contrarios hacían mal las cosas. El lenguaje utilizado para atacarse era duro. Los métodos para de actuación política de todos los partidos eran poco democráticos. Para todos ellos, valía todo.

En lo social apostaban por tener una gran cantidad de pequeños propietarios, y lo propusieron varias veces durante las desamortizaciones, aunque al final decidieron quedarse la tierra ellos. La primera solución era utópica, pues los pequeños propietarios no pueden mantenerse a largo plazo en un mundo librecambista. A la segunda solución les condujo la realidad de la deuda pública, agobiante a corto plazo, que no permitía soluciones a largo.

En cuanto a los derechos humanos, defendían los derechos individuales de opinión y expresión, como limitación más factible de la acción política corrupta, y la propiedad como derecho individual pleno. También defendían el derecho de asociación y el derecho de huelga como manifestaciones contra el poder.

Los principios económicos el Partido Progresista.

En economía, los progresistas eran capitalistas librecambistas, consideraban imprescindible la desamortización, un programa de obras públicas y la regulación legal del crédito.

Creían en la libertad de explotación de las fincas.

Querían el reparto de la propiedad, pero éste es un problema muy complejo que les llevará a escindirse en muchos grupos según su propio concepto de cómo repartir y modos de poseer.

Creían en la libertad de contratación de la mano de obra para explotar las fincas según el plan del dueño de las mismas. La libertad de contratación estaba regulada por decreto de 29 de noviembre de 1767.

Creían en la libertad de comercio de los productos agrarios y la consiguieron para el mercado interior peninsular, pero no para el comercio exterior, lo cual perjudicaba sus negocios. El Decreto de 1813 eliminó las tasas establecidas por leyes generales y municipales hasta ese momento y autorizó el libre tráfico de granos y otras producciones agrícolas en el interior peninsular, entre provincias distintas. Esta libertad conllevaba la libertad de almacenar y de pedir precio. El Decreto de 1813 fue renovado en decreto de 29 de enero de 1834 con algunas limitaciones, pues se prohibían las importaciones de harinas y trigos extranjeros, cuya importación había sido autorizada en 1820. En cuanto a los precios, el decreto de 1834 eliminaba la “tasa de granos” que fijaba precios bajos para los productos de primera necesidad.

Eran reformistas en el sentido de que creían en un proceso perfectivo de la sociedad, la política y la economía. En el final del XIX se creyó mucho en la existencia de un camino de progreso, sin pensar demasiado en posibilidad de retrocesos, fenómenos que se veían como circunstanciales dentro de la línea del “progreso”. No se concebía la posibilidad de un retroceso cultural, social y económico, e incluso la destrucción de todo.

En el campo de lo público, los progresistas preconizaban la reducción del gasto público, la desamortización, los impuestos directos e incluso progresivos, los bancos rurales, un sistema bancario nacional, una red de carreteras y ferrocarriles, abolición de los gremios y libertad de trabajo y contratación.

Librecambismo: Defendían las teorías de Adam Smith y de los autores liberales librecambistas en general, y hasta creían que sólo los progresistas estaban preparados para interpretarlos correctamente y sólo ellos eran capaces de aplicarlo a España, lo cual era muy necesario. Sabían que era un asunto complejo:

Creían que era preciso eliminar las trabas heredadas del pasado, las cuales se concretaban en los derechos de consumos y puertas, los aranceles aduaneros, los estancos de la sal y el tabaco, diversos arbitrios, algunas contribuciones de pequeño rendimiento y las matrículas de mar. Pero estas contribuciones eran el fundamento sobre el que se sostenía Hacienda, y por tanto el Estado, y no eran fáciles de suprimir.

Las razones por las que había que eliminar estos impuestos eran: porque producían alzas de precios de los productos de primera necesidad; porque eran parte de un sistema impositivo injusto que gravaba sobre los pobres; porque muchas de ellas eran el soporte de una corrupción abominable. Y las razones para mantenerlos eran que previamente había que pensar en un sistema de impuestos alternativo y desarrollarle. Sin un catastro, y sin un censo de población, el problema era peliagudo.

Los progresistas rechazaban las leyes arancelarias de 1841 y de 1849 por ser éstas proteccionistas. Defendían que, sin aduanas, se disfrutaría de precios más baratos de casi todo, se vendería más en el exterior, y el ahorro familiar y los precios más baratos de las cosas reportarían más actividad industrial y comercial, más trabajo para todos, y la recaudación de más impuestos para el Estado.

El programa económico progresista.

Los puntos importantes del programa económico progresista tipo, hablaban de:

Reducción del gasto público.

Avances en el proceso desamortizador.

Impuestos progresivos y directos.

Creación de colonias agrícolas.

Creación de bancos rurales dentro de un sistema bancario nacional.

Construcción de una red de carreteras y ferrocarriles.

Liquidación de los gremios mediante la libertad de trabajo y de contratación.

Crítica de los moderados a los progresistas.

Los moderados acusaban a los progresistas de inmovilismo ideológico, pero ello debe ser interpretado contemplando la historia de España del XIX: nunca consiguieron sus objetivos hasta 1868, con fracasos en 1810-1814, 1820-1823, y 1854-1856, lo cual conducía a sostener las mismas reivindicaciones una y otra vez. Y el partido desapareció en cuanto las consiguieron en 1868.

Pero hay que matizar que parte de la culpa de los fracasos progresistas la tuvieron los propios progresistas: sus programas adolecían de ambigüedades y generalizaciones, lo cual sugiere falta de madurez y de elaboración intelectual. Posiblemente ello se debiera a que se imponían las tesis militares y de funcionarios del Estado, y se originaban grandes polémicas internas y disensiones, que hacían ineficaces sus Gobiernos.

Organización interna del Partido Progresista.

Los partidos no estaban regulados por ley y no existía el derecho de asociación fuera del ámbito parlamentario.

La cúpula del partido no controlaba todas las actividades del partido, sino que estaba pensada para organizar las elecciones y para obtener los parlamentarios más adecuados a la ideología del partido.

La cúpula del Partido Progresista residía en Madrid y era el Comité Central. Allí se adoptaban las decisiones importantes del partido. Entre los dirigentes integrados en la cúpula, no había unidad de criterio ni de actuación, ni confianza mutua, y ello complicaba mucho el comportamiento del partido entero. Seguramente por ello, el Partido Progresista nunca logró un nivel de disciplina suficiente para su buen funcionamiento. Por eso también, cuando estaban en el Gobierno, las Leyes, e incluso aprobar una Constitución nueva, era dificultoso. El partido tendía a emprender multitud de proyectos para cambiar toda la sociedad en todos sus aspectos económicos, sociales y políticos, y a no terminar casi ninguno.

Cuando se acercaban unas elecciones, el Comité Central del Partido Progresista convocaba Junta General en Madrid. Se escogía para ello un sitio público, como el Teatro Novedades o el Circo Price. Hablaba algún miembro del Comité Central saliente y daba cuenta de la gestión hecha y de la situación general del partido. Y se pasaba a los puntos importantes:

Se discutía el procedimiento a seguir de cara a las próximas elecciones, el cual solía ser nombrar una “mesa provisional” que deliberara sobre la posibles estrategia electoral, y nombrar una “comisión nominadora” representativa de todas las tendencias internas del partido, la cual debía discutir la composición del nuevo Comité Central. El Comité Central era integrado con 10 personas del Comité de Distrito de Madrid y 2 integrantes de cada Comité de Distrito de provincias. El Comité Central tenía un Presidente, cuatro Vicepresidentes, cuatro Secretarios y varios Vocales.

El nuevo Comité Central hacía propuestas y las presentaba a la Junta General. La Junta General solía aprobar estas propuestas por unanimidad. El Comité Central podía aprobar la participación o la retracción en las siguientes elecciones. El Comité Central se comunicaba con sus electores y afiliados por medio de un periódico, como El Eco del Comercio, y proponía la decisión a tomar y, en caso de participar, los candidatos que le parecían idóneos. Entre las propuestas de los Comités Centrales, siempre solían aparecer conseguir la libertad de expresión, la seguridad individual, la Milicia Nacional y la continuidad de la Desamortización.

Si se decidía concurrir a elecciones, el Comité Central ponía en marcha el engranaje electoral de toda España. Oficialmente, sólo orientaba la actuación de los Comités Locales, pero insinuaba cuáles eran los nombres de su confianza, ante lo cual, los Comités Locales solían aceptarlos siempre.

El Comité Central designaba a los hombres de las Juntas Electorales de Distrito. En ellas se admitía a militantes y a simpatizantes, incluso si no tenían la condición de electores.

Las Juntas Electorales de Distrito nombraban Comités Electorales de Distrito.

Los militantes de base se organizaban en Clubs y en Comités Locales. Los Clubs eran asociaciones políticas para el debate ideológico abierto a todos, y servían como sistemas de captación de militantes. Los Comités Locales eran la organización más básica del partido y funcionaban en las grandes ciudades: Madrid, Barcelona y Zaragoza, eran los tres grandes Comités Locales; Gerona, La Coruña, Valladolid, Valencia, Granada, Sevilla y Cádiz, tenían cierta relevancia.

TENDENCIAS O FACCIONES PROGRESISTAS.

Los diputados del Partido Progresista siempre fueron pocos. Los diputados progresistas eran denominados en el mundillo político “diputados consentidos”, porque su grupo era lo que el Partido Moderado les dejaba, tras emitir desde el Gobierno normas electorales restrictivas. La estrategia de los diputados progresistas era protestar por todo, o abandonar los escaños en señal de protesta, lo cual no fue nunca una buena estrategia en ninguno de los dos casos. Sólo funcionaron con normalidad en 1854-1856 y ello porque los moderados se habían retraído, lo cual tampoco era una situación normal. Los diputados del Partido Progresista estaban enfrentados entre sí e incluso votaban distinto. No había disciplina de voto.

La composición social del Partido Progresista era muy heterogénea y nunca hubo un grupo social dominante en el partido, lo que condujo a múltiples facciones o disidencias o tendencias. También hubo múltiples intentos de unificación de las facciones del Partido, las más importantes en 1847, 1856 y 1863, ocasiones en las que se creaban “comisiones” que elaboraran un programa susceptible de ser aprobado por todos, pero ello era imposible.

Los grupos más importantes fueron:

Legales o resellados.

Progresistas de centro o puros.

Progresistas de izquierda.

Progresistas radicales.

LOS PROGRESISTAS LEGALES O RESELLADOS.

Llamados legales hasta 1854, y resellados cuando se pasaron a Unión Liberal en noviembre de 1858, y de nuevo al Partido Progresista a partir de 1861. Se les llamó “legales” porque dijeron que siempre iban a actuar dentro de la legalidad, y no mediante revueltas y levantamientos como defendían los “puros” y los radicales. También eran denominados “progresistas templados”.

Eran partidarios de acuerdos con los moderados y debían su nombre a que anteriormente habían sido de tendencias mucho más progresistas. A veces, los progresistas puros les llamaron “resellados” porque habían cambiado de parecer. Pero el término “resellado” se usó más en tiempos de Unión Liberal para designar a los progresistas que habían entrado en esa coalición gubernamental en 1856. Eran:

Vicente Sancho Cobertores, 1784-1860.

Evaristo San Miguel Vallador, 1785-1862.

Facundo Infante Chaves, 1790-1873.

Claudio Antón de Luzuriaga, 1792-1874.

Juan Manuel Collado Parada, 1792-1864.

Manuel Cortina Arenzana, 1802-1879.

Manuel Cantero de San Vicente, 1804-1876.

Pedro Gómez de La Serna Tully, 1806-1871.

Juan Álvarez Lorenzana, 1818-1883.

Miguel Moreno Guerra,

Tenían como principal objetivo la consolidación del régimen constitucional en España y estaban por ello dispuestos a pactar con los moderados aunque ello supusiera una cesión en algunos puntos del progresismo. Manuel Cortina hablaba de que, excluyendo al carlismo, a los socialistas y a los republicanos, se podía pactar con todos los demás a fin de constituir una gran coalición liberal. Tras esta declaración de 1851, los progresistas legales pactaron con los moderados puritanos y, juntos, apoyaron el levantamiento de 1854. Apoyaron un entendimiento entre Espartero y O`Donnell.

Los acontecimientos de 1854-1856 les llevaron a pensar en la necesidad de un partido de centro, una coalición del progresista puro Espartero con el moderado O`Donnell, pero ello llevó a la escisión del Partido Progresista entre los que querían el pacto con los moderados, y los “progresistas puros” que querían el pacto con los demócratas pues pensaban que los moderados no tenían nada de liberales, sino que eran una farsa que tapaba la corrupción y significaba la pervivencia de los vicios políticos del pasado absolutista. Los “puros” trataron a los “legales” de fanáticos, imprudentes e insensatos.

En verano de 1856, los progresistas resellados culparon a los progresistas puros del fracaso del Gobierno Espartero-O`Donnell y culparon a Espartero de incompetente y a Escosura de temerario. Incluso veían bien que un moderado como O`Donnell tomara el poder, porque temían que la Milicia Nacional se hiciera cargo del poder y llevara al país al desastre populista.

Evaristo San Miguel, Miguel Moreno Guerra, Nicolás María Rivero, Manuel Fernández Durán y Pando V marqués de Perales y Domingo Velo López, hicieron público un Manifiesto en el que apoyaban a O`Donnell. En noviembre de 1858, muchos resellados se integraron en Unión Liberal. La confrontación con los progresistas puros era grande y el Partido Liberal estuvo a punto de desaparecer.

Después de 1861, vino la decepción respecto a Unión Liberal y a O`Donnell, y los resellados como Juan Prim, Miguel Moreno, Álvarez Lorenzana y Manuel Cantero, Pedro Gómez de la Serna, regresaron al Partido Progresista. Acusaban a O`Donnell de autoritario e inmovilista, contrario al liberalismo. En ese momento desaparecieron acusando a la izquierda de ser populista violenta y a la derecha de autoritaria antiliberal.

LOS PROGRESISTAS DE CENTRO O PUROS.

Los «progresistas puros» de Salustiano Olózaga partidarios de buscar un general capaz de hacer las reformas adecuadas, pero de rechazar el pacto con los demócratas. Eran “puros” para diferenciarse de los “resellados” que se habían afiliado a Unión Liberal en 1856.

Baldomero Fernández Álvarez, Espartero, 1793-1879.

Salustiano Olózaga Almandoz, 1805-1873.

Pascual Madoz Ibáñez, 1806-1870.

Manuel Sánchez Silva, 1806-1881.

Patricio de la Escosura, 1807-1878.

Pedro Calvo Asensio, 1821-1863.

Ángel Fernández de los Ríos, 1821-1880.

Creían que España necesitaba reformas liberales avanzadas y de forma inmediata porque se estaban perdiendo los avances liberales de principios de siglo a manos de Gobiernos que se decían moderados, pero que no creían en el liberalismo.

En 1840 escogieron como líder a Espartero.

En 1854-1856 propusieron una alianza con los demócratas a fin de contrarrestar la acción de Unión Liberal, a la que consideraban no liberal, a pesar de que en el ella se integraron los Progresistas “resellados” o legales en 1858.

Escribían el La Iberia y afirmaban que los demócratas eran también liberales, pero los moderados y unionistas no lo eran.

El demócrata Nicolás María Rivero aceptó la monarquía, si era constitucional, y las vías legales de acción política para los demócratas, y eso posibilitó la alianza con los Progresistas Puros.

Tras este acuerdo, quedaron enfrentados a los Progresistas “resellados”, que habían creado Centro Parlamentario. A su vez, los puros crearon Centro Progresista en el que estaban integrados Allende Salazar, Pascual Madoz, Calvo Asensio, Fernández de los Ríos, Sánchez Silva y otros.

Los progresistas puros, en 1854, reconocieron de nuevo como su líder a Espartero y declararon que su objetivo era la unión de los “buenos liberales”, es decir, los liberales de izquierda. Es difícil entender la recuperación de la figura de Espartero, tras su fracaso en 1840-1843, y en 1854-1856, salvo para intentar popularidad entre las clases bajas y alimentar así al Partido Progresista, ya en trance de desaparición. La gran preocupación de los progresistas puros era no ser digeridos por Centro Parlamentario desde la derecha y por los demócratas desde la izquierda. Pero aprovecharon los disturbios promovidos por los demócratas para manifestar que estaban en contra de los desórdenes en la calle, lo cual salvó la continuidad del Partido Progresista y de la facción pura.

La derrota de Espartero en julio de 1856 fue un golpe duro para el Partido, pues muchos militantes se pasaron a Unión Liberal. Los progresistas se situaron en la oposición a O`Donnell al que acusaron de no ser la coalición de los liberales como proclamaba, sino de intentar arrastrar a todos a un moderantismo de derechas, lo cual era una inmoralidad política y un retroceso en el avance haca el liberalismo.

En 1861-1863, el Partido Progresista ganó afiliados, pues algunos unionistas volvieron al progresismo, decepcionados de O`Donnell. Pero enseguida entendieron que su papel en la oposición era improductivo y optaron por el retraimiento hasta encontrar la ocasión de acabar con la monarquía de Isabel II.

El Manifiesto de 8 de septiembre de 1863 respondía a la circular de Miraflores a los gobernadores civiles con motivo de las elecciones, manifestando que no participarían en política.

En 1865, Carlos Rubio Collet, 1832-1871, defendió de nuevo la alianza con los demócratas como medio de llegar pronto al derrocamiento de Isabel II, pues la represión y la corrupción se estaban adueñando de todo.

LOS PROGRESISTAS – DEMÓCRATAS.

Manuel María Aguilar, 1783-1867, malagueño.

José Allende Salazar Mazarredo[27], 1802-1893, bilbaíno.

José María Orense Milá de Aragón, 1803-1880, Marqués de Albaida, cántabro.

José Ordax Avecilla, 1813-1856, leonés.

Nicolás María Rivero, 1815-1878.

Manuel Becerra Bermúdez, 1820-1896.

Eusebio Asquerino, 1822-1892.

Eduardo Asquerino, 1826-1881.

Aniceto Puig Descals, gerundense.

Hablaban de sufragio universal, libertad de reunión y de asociación y de acción social del Estado.

En 1849 se marcharon del Partido Progresista y crearon el Partido Demócrata.

Los demócratas pedían la independencia de todas las naciones y las alianzas fuertes entre países con intereses afines.

España no debía inmiscuirse en la política de otros pueblos, especialmente en la de Portugal, porque los intereses de España y Portugal eran esencialmente los mismos y en algún momento confluirían los dos Estados en uno solo. España no debería inmiscuirse en la política de los Estados latinoamericanos, porque también eran parte de una cultura común a la española.

Europa era un proyecto de futuro y no la historia de un pasado de civilización como decían los moderados y los progresistas. Europa era el símbolo del progreso, del cambio y de la revolución. Creían que con el tiempo, se llegaría a la unidad de Europa. Para favorecer este camino, se deberían fomentar las sociedades internacionales, los congresos y otros contactos entre pueblos europeos. Fernando Garrido llegó a hablar de Federación de los pueblos libres de Europa. Para él, la Federación de Europa sería el símbolo de la libertad de las naciones que aman el progreso, y sería la defensa en el mundo de la libertad la justicia y la tolerancia.

La paz se debía fundamentar en criterios éticos y no en principios utilitarios. Se debe atender a que es el deseo de los pueblos. La paz no debe depender de los deseos e intereses de los gobernantes. Las únicas guerras justas son las defensivas y las del nacionalismo unificador. La paz es la ocasión para constituir Gobiernos fuertes, y la fortaleza se consigue con una milicia ciudadana fuerte, con buena administración del presupuesto que permita la independencia frente al exterior, y con la posibilidad de trabajar en pro de la resolución de los conflictos sociales interiores. Las revueltas sociales interiores no son ataques a la paz, sino llamadas de atención a los gobernantes para que hagan mejor su trabajo.

España debía salir de su aislamiento diplomático y no automarginarse, sino tener iniciativas en aras a unos objetivos morales.

PROGRESISMO RADICAL.

Hacia 1833-1840 aparecieron núcleos liberales radicales, uno en Madrid y otro en Cataluña, descontentos con la permanencia del liberalismo en el doctrinarismo restringido, a pesar de las muchas ampliaciones de capacidad de sufragio que se estaban haciendo, y también descontentos porque los progresistas no aprovecharon las circunstancias de 1836-1839 para crear un orden político y constitucional nuevo, demócrata. La Constitución de 1837 les parecía una traición al liberalismo, un engaño o transacción con los moderados, queriendo pasar por progresista.

El catalán Ramón Xauradó i Fábregas intentó levantar batallones populares contra las clases privilegiadas y fue fusilado en mayo de 1837. Los defectos de la constitución de 1837, a juicio de los radicales progresistas, eran que no concedía sufragio universal, que hacía demasiadas concesiones a la Corona y no garantizaba que el rey fuera controlado por las Cortes, que ponía dos cámaras y no una como correspondía a una igualdad social completa, y que no iba a una organización territorial federal y republicana. En estas ideas se movían Gorosarri, García Blanco, Montoya y Venegas escribiendo en periódicos como El Nuevo Vapor, El Defensor del Pueblo, La Legalidad, La Revolución, y también las sociedades secretas de los Carbonarios, Joven Italia y Defensores de los Derechos del Hombre.

También por entonces había una sociedad secreta de tipo anarquista llamada “Los Vengadores de Alibaud”, pero como muy anterior al anarquismo, debemos calificarla de protoanarquismo.

El núcleo liberal radical de Madrid intentó formar un partido político en 1840 en torno a Antonio Gutiérrez Solana, alias El Pasiego, Luis Antonio Pizarro Ramírez, III Conde de las Navas y a Pedro Méndez-Vigo García de San Pedro, con el apoyo del periódico El Huracán (donde escribían Olavarría, Espronceda, Martínez Villegas, García Tejero, Pruneda, Ayguals de Izco), que duró tres años, hasta que Narváez lo cerró. Las ideas defendidas por este grupo eran: gobierno de una Junta Central, República federal que incluyera España y Portugal, libertad de reunión y asociación, sufragio universal, reducción del presupuesto del Estado, reparto de las tierras de la desamortización para los jornaleros, supresión de las quintas e instrucción primaria gratuita y obligatoria. El método para conseguir estos objetivos era la lucha armada pues “la libertad no se concede, se arrebata”.

El núcleo liberal radical del Ampurdán era dirigido por Abdón Terrades y agrupaba a muchos obreros y menestrales en torno a una Sociedad de Socorros Mutuos, sin poder decirse si eran socialistas, demócratas o republicanos. Este núcleo tuvo mucha participación en los sucesos de 1842. Su periódico era El Republicano y defendían la soberanía del pueblo, la igualdad de derechos para todos, la sanción de las leyes y revocabilidad de las mismas a manos del pueblo, y funcionarios elegidos por el pueblo, responsables y amovibles. El director de El Republicano era Juan M. Corsy, que también era jefe de la Milicia Nacional. Fueron demócratas en este grupo catalán Narciso Monturiol, Tutau, Estanislao Figueras, Fernando Garrido, Adolfo Juarizti, José Anselmo Clavé. Fernando Garrido se pasaría al socialismo fourierista en 1847.

[1] Salustiano Olózaga Almandoz, 1805-1873, había nacido en la Rioja Alta de Álava, pero su familia era de la Rioja Baja de Arnedo (antes Logroño y ahora La Rioja), donde tenía la casa familiar. Empezó estudiando en Zaragoza, pero en 1819 su familia se trasladó a Madrid y allí siguió estudios de Derecho y se afilió a la Milicia Nacional Voluntaria, semillero de progresistas, donde destacó como activista. En 1823 estuvo entre los voluntarios que se llevaron al Rey a Sevilla. A partir de 1824 acabó su carrera de Derecho mientras frecuentaba ambientes exaltados. Acabó autoexiliado en 1831. Regresó a España en 1833, acogiéndose a la amnistía de 1832, y entró en política de mano de Nicolás María Garelli. En 1835 fue Jefe Político de Madrid. En 1836 tuvo su golpe de suerte al ser nombrado preceptor de la Reina Isabel II, aunque su ideología era contraria a la de María Cristina, la Reina Regente. En 1836 fue Gobernador Civil de Madrid para Mendizábal. En 1839 fue alcalde constitucional de Madrid. En 1840, Espartero le alejó de Madrid y le envió como embajador a París. A partir de noviembre de 1842 fue Presidente del Congreso de Diputados. El 20 de noviembre de 1843 fue Presidente del Gobierno, hasta que González Bravo le acusó de manipular a la Reina para conseguir disolver las Cortes, y huyó a Francia en noviembre de 1843. Regresó en 1847 y se dedicó a conspirar a favor de los progresistas. Era un progresista puro, enemigo de coaligarse con los demócratas a los que consideraba demasiado radicales. En 1854 fue de nuevo embajador en París. En 1868 estuvo entre los revolucionarios españoles y colaboró en la redacción de la constitución de 1869. En 1873 volvió a Francia en misión diplomática y murió.

[2] Salustiano Olózaga Armandoz, 1805-1873, estudió Filosofía y Derecho en Madrid, y en 1822 asistía a la tertulia exaltada del Café Lorencini, se afilió a la Sociedad Landaburiana y se hizo miembro de la Milicia Nacional, todos los ideales de los jóvenes exaltados de ese tiempo. En 1831 fue encarcelado por sus ideas políticas y huyó al extranjero. Regresó en 1832 acogiéndose a la amnistía. En 1835, Mendizábal le hizo Jefe Político (Gobernador Civil) de Madrid. En 1836 fue miembro de la Comisión redactora del Proyecto Constitucional de 1837. Para entonces, ya se había moderado en sus ideas políticas, y defendió el bicameralismo, el poder de la Corona para disolver las Cortes y el sufragio censitario, que son ideas propias de los moderados, porque la constitución de 1837 fue una Constitución que pretendía ser de consenso entre ambos partidos. En 1838 fue miembro de la Comisión que redactó el Reglamento del Congreso de Diputados de 14 de febrero de 1838. Tras ello, se convirtió en el principal líder de los progresistas. Leía The Times, conocía las teorías de Bentham, era inteligente y brillante orador. Como tal líder, se opuso a la Ley de Ayuntamientos de Pérez de Castro, 1840, y colaboró en la revuelta que acabó con María Cristina de Borbón en el exilio y con Espartero como Regente de España. Inmediatamente Espartero le envió a París, lejos de la cúpula del partido madrileño. En París contempló la política moderada de Luis Felipe de Orleans y cómo ésta protegía a María Cristina y a sus generales de compañía. A finales de 1841, atacó la política de Espartero y provocó que el Partido Progresistas se escindiera entre esparteristas y olozaguistas. En 20 de mayo de 1843 denunció a Espartero en un discurso den las Cortes en el que pronunció la frase “Dios salve al país, Dios salve a la Reina” que provocó que la mayoría de progresistas se pasaran a su lado y abandonaran a Espartero. En 20 de noviembre de 1843 fue Presidente del Consejo de Ministros (Gobierno) y Ministro de Estado. Logró la disolución de Cortes en 28 de noviembre de 1843 con el fin de tener mayoría progresista, pero fue exonerado antes de las elecciones correspondientes. González Bravo le acusaba de coaccionar a la Reina en la firma de una ley, la de disolución y, aunque la acusación era falsa, las Cortes le condenaron y Olózaga acabó en el exilio, en Londres. Regresó en 1847 y volvió a ser el líder de los progresistas en el Congreso. En 1852 se enfrentó a Bravo Murillo por la política autoritaria de éste y por sus proyectos constitucionales dudosamente liberales. En 1854 era el líder de los “progresistas puros” o de centro, opuesto a los “progresistas legales” luego llamados “resellados” que eran la facción derecha progresista, y a los “progresistas demócratas”, que eran la facción izquierda. En 1856 intentó reconstruir el Partido Progresista y logró que volvieran a él algunos resellados desde Unión Liberal. En 1863 propuso la política del retraimiento o nula participación en la política española. En 1864 propuso la estrategia del “o todo, o nada”, que al final acabó con la monarquía de Isabel II en 1868. En 1868, presidió la Comisión constitucional. Tras 1868, desapareció el Partido Progresista y, con él, Salustiano Olózaga.

[3] Prim se instaló en Bruselas al frente de un Centro Revolucionario que coordinaba a los progresistas. Todavía creía que O`Donnell se sumaría al golpe una vez organizado éste.

[4] Los demócratas republicanos, cuyos líderes eran Castelar, Pi y Margall, García López y Chao, abrieron un centro en París, para coordinar la revolución. Intentaban arrebatar a los monárquicos la dirección del golpe de Estado.

[5] Ramón Giraldo Arquellada, 1767-1849 era manchego, estudió Derecho y fue un profesional que estuvo entre los patriotas de Cádiz, se mantuvo en puestos de la Administración en 1814, aunque no en cargos públicos importantes, ejerció cargos en 1820-1823, volvió a la Administración en 1823.

[6] Álvaro Gómez Becerra, 1771-1855, era extremeño y estudió Derecho en Salamanca, estuvo en el bando patriota en 1808. En 1823 emigró a Malta y luego a Marsella y regresó a España en 1834. Fue Ministro de Gracia y Justicia en tres ocasiones.

[7] Miguel Antonio de Zumalacárregui Imaz, 1773-1867 era guipuzcoano y hermano de Tomás Zumalacárregui el general Carlista. Miguel Antonio era abogado y tuvo grandes éxitos en 1810-1814, 1820-1823 y de 1833 en adelante, por ser liberal, y acusaciones en las épocas intermedias. Trató de convencer a su hermano para que abandonara la causa carlista.

[8] Agustín Argüelles Álvarez, 1776-1843, era asturiano y había estudiado Derecho en Oviedo, pero ejerció como Secretario del obispo de Barcelona hasta 1800. En 1809 se incorporó al bando patriota y participó en la redacción de la constitución de 1812. En 1814-1820 fue encarcelado en Madrid y en Alcudia (Mallorca). En 1820 fue Ministro de gobernación y se preocupó porque el grupo liberal no fuera populista, luchó por ello y fue odiado por las bases exaltadas. En 1823 emigró a Inglaterra y regresó en 1834. Participó en la redacción de la constitución de 1837.

[9] Joaquín María Ferrer y Cafranga, 1777-1861, era guipuzcoano y se dedicó a los negocios en Río de la Plata y Perú. Regresó a España en 1817. En 1820-1823 se distinguió por colaborar con los liberales y por comprar fincas urbanas desamortizadas. En 1823 huyó a Francia. En 1833 regresó a España y fue varias veces Ministro y una Presidente del Gobierno en mayo de 1841.

[10] Martín de los Heros y de las Bárcenas, 1783-1859, era vizcaíno y estudio en San Isidro de Madrid antes de ingresar en la guardia de Corps. En 1808 se incorporó al grupo de Cuesta que luchaba en Valladolid contra los franceses. En 1820 era coronel en Cabezas de San Juan y participó en el levantamiento liberal. En 1823 emigró a Inglaterra y Bélgica. Regresó en 1834. En 1835 fue Ministro del Interior para Mendizábal.

[11] Vicente Sancho Cobertores, era militar de la región valenciana, y destacó como progresista en 1820-1823 como Comandante Militar de Murcia y Gobernador de Cartagena, se exilió a Londres y París. Regresó en 1835. Fue Presidente del Gobierno en septiembre de 1840, Ministro de Gobernación en 1840 y Ministro de Estado en 1840.

[12] Pedro Antonio Acuña Cuadros, 1786-1850 era jienense.

[13] Juan Bautista Muguiro Iribarren, 1786- , era navarro de familia de comerciantes. En 1820 se distinguió en las fuerzas liberales y en 1823 se exilió a Burdeos. Regresó en 1834 y fue destacado miembro de los exaltados.

[14] Antonio Seoane Hoyos, era sevillano, destacó como progresista en 1820-1823 y fue Ministro de Guerra en mayo de 1836. Su popularidad entre los progresistas se perdió cuando fue derrotado por Narváez en Torrejón en julio de 1843.

[15] Facundo Infante Chaves, 1790-1873, era un militar pacense que se declaró patriota y liberal en 1808 e hizo carrera en el ejército. En 1814 se exilió a Francia y regresó en 1816. Participó en el levantamiento liberal de 1820 y en 1823 votó la incapacitación de Fernando VII, por lo que fue condenado a muerte. Huyó a Río de Janeiro, desde donde pasó a Perú y tuvo ocasión de confraternizar con Sucre y con Bolívar. En 1833 se acogió a la amnistía y regresó a España. Fue Gobernador Militar de Madrid, Ministro de Guerra en 1837 y en 1840, Jefe Político de Barcelona en 1841, Ministro de Gobernación en 1841-1842, Capitán General de Granada en 1843. Se exilió a Portugal en 1843 al caer Espartero y regresó en 1847. Fue Capitán General de Baleares en 1854, Director General de la Guardia Civil en 1854-1856, en el periodo progresista.

[16] Antonio González y González, 1792-1876, I marqués de Valdeterrazo, era extremeño y en 1809 se había unido a los “patriotas” en la guerra contra los franceses. En 1814 estudió Derecho en Zaragoza y fue abogado en esa ciudad. En 1822 colaboró con los liberales. En 1823 emigró a Bolivia, donde fue detenido por los realistas. Tras la derrota española de Ayacucho en 1824, ejerció como abogado en Arequipa e hizo dinero. En 1834 regresó a España y apareció como liberal exaltado del bando de Mendizábal. En 1854 estuvo en la revuelta liberal. En 1856 se pasó a Unión Liberal, y su figura perdió protagonismo histórico.

[17] Juan Manuel Collado Parada, 1792-1864, marqués de La Laguna, 1862-1864, era un guipuzcoano que fue Ministro de Hacienda en 1854 para Espartero, Ministro de Fomento y Ministro de Ultramar en 1856 para O`Donnell.

[18] Claudio Antón de Luzuriaga, 1792-1874, era abogado riojano que había estudiado primaria en los escolapios de Villacarriedo (Cantabria), bachiller de leyes en Valladolid, y Leyes en Alcalá de Henares, la Universidad típicamente religiosa española. Fue abogado en los Reales Consejos en 1817 y estuvo en la rebelión de 1820, por lo que huyó a Francia en 1823, pero no había nda contra él y regresó en 1824 para instalarse en San Sebastián. En 1834 tuvo un golpe de suerte al ser admitido como Fiscal de los Civil en la Audiencia de Barcelona. En 1836 fue Presidente de la comisión que debía redactar un Código Civil. entonces se mostró progresista. Fue Regente de la Audiencia de Barcelona en 1840 y Magistrado del Tribunal Supremo en 1843, Ministro de Gracia y Justicia en 1843, y cayó al tiempo que Espartero. Recuperó sus cargos en 1854, al volver los Gobiernos progresistas, y de nuevo los perdió en 1856, al caer éstos.

[19] Joaquín María López de Oliver y López de Platas, 1798-1855, se educó en el prestigioso Seminario de San Fulgencio de Murcia, e hizo bachiller y Leyes en Orihuela (Alicante). En 1821 pasó a Madrid, donde fracasó como abogado, y regresó a Alicante y se integró en la Milicia Nacional. Se exilió a Francia en 1823 y regresó en 1824. En 1833 fue Síndico Personero del Común en la ciudad de Alicante y en 1834 le eligieron Diputado, lo que le sirvió para volver a Madrid. Fue Ministro de Gobernación para Calatrava, Alcalde de Madrid en 1840, Presidente del Consejo de Ministros en mayo de 1843 durante 9 días, bajo la Regencia de Espartero, Presidente del Consejo de Ministros en julio de 1843, en Gobierno de transición después de la Regencia de Espartero, y abandonó temporalmente la política. Volvió en 1849 como Senador.

[20] Manuel Cortina Arenzana, 1802-1879, era sevillano, estudió filosofía y Derecho en Sevilla y se enroló en la Milicia Nacional. Sirvió a Espartero en 1840 como Ministro de Gobernación y estuvo en su contra en 1843.

[21] José Félix Allende Salazar Mazarredo, 1802-1893, era de Bilbao y había estudiado en el Real Seminario de Vergara hasta que en 1818 ingresó como cadete en las Reales Guardias Españolas. En 1820 se mostró liberal, y en 1823 fue despedido del ejército. Se reincorporó en 1833 en la Guardia Real y fue Ayudante de Espartero en la Guerra Carlista. Rompió con espartero en 1840. En 1854 fue Ministro de Marina y Ministro interino de Fomento. En 1856 estaba entre los progresistas puros.

[22] José María Orense-Milá de Aragón y Herrero, 1803-1880, marqués de Albaida, había nacido en Laredo (Cantabria) y estudiado en Bilbao y en Oñate (cerca de Vergara) y en 1820 se apuntó a la Milicia Voluntaria de Laredo para luchar por el liberalismo y contra los realistas. En 1823 se exilió y estuvo en Gran Bretaña (casó con mujer rica), Estados Unidos y Francia, y regresó a España en la amnistía de 1833. En 1834 conspiró contra Isabel II y fue encarcelado en Madrid algún tiempo. En 1836, preparaba una nueva conspiración, cuando fue encarcelado, y tras ser liberado, huyó a Francia. Las tropas isabelinas quemaron sus ferrerías de Santander en represalia a sus conspiraciones. En 1841 estaba de nuevo en Madrid con los progresistas y era anticlerical y enemigo del Concordato con Roma. En 1848 se sublevó en Madrid por la República, y de nuevo huyó a Francia, donde se declaró antisocialista. Regresó a España en 1850, pero siguió en su línea de atacar a a Narváez y los moderados, y fue de nuevo encarcelado. Indultado en 1851, se exilió a Bruselas, desde donde hacía viajes frecuentes a Bayona tanteando la revolución republicana. Regresó a España en 1854, al saber de la subida de los progresistas al poder, y luchó por la República Federal, hasta que en 1866 tuvo que emigrar de nuevo al saberse que estaba complicado en un golpe de Estado, el de 1868. Tuvo protagonismo hasta 1874, cuando derrotada la República, volvió a exiliarse a Francia, en donde permaneció hasta 1877, fecha en que se avecindó en El Astillero, donde murió.

[23] Manuel Cantero de San Vicente González, 1804-1876, era un economista madrileño que fue Ministro de Hacienda para Espartero en 1843, en 1854 y en 1856. Estuvo complicado en los preparativos de la revolución de 1868.

[24] Pascual Madoz Ibáñez, 1806-1870, estudió en las Escuelas Pías de Barbastro (Huesca) y en la Universidad de Zaragoza, donde estaba haciendo Derecho en 1823 cuando se sumó a las fuerzas combatientes contra los Cien Mil Hijos de San Luis y fue encarcelado. En 1825-1828 estudió Cánones. En 1830 se marchó a Francia y estudió Geografía y Estadística. En 1833 regresó a España y se licenció en Derecho en Barcelona en 1834. Trabajó en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar hasta el año 1850. En 1843 apareció como destacado progresista, contrario a Espartero, y en 1855 fue Ministro de Hacienda. En 1870 fue partidario de la monarquía de Amadeo I de Saboya.

[25] Pedro Gómez de la Serna Tully, 1806-1871, era abogado menorquino que estudió Derecho en Alcalá de Henares, y en la Universidad Central de Madrid. En 1843 fue Ministro de Gobernación para Espartero y en 1844 se exilió con él a Gran Bretaña. Regresó en 1846 y se integró en el grupo de Salustiano Olózaga. Fue Ministro de Gracia y Justicia en 1854.

[26] Laureano Figuerola Ballester, 1816-1903, fue profesor de Derecho Constitucional y Economía Política en Barcelona, y catedrático de Economía Política, Derecho Político y Legislación Mercantil en Barcelona en 1851 y en Madrid en 1853.

[27] José Félix Allende Salazar Mazarredo, 1802-1893, era de familia adinerada de Bilbao. Estudio en el Real Seminario de Vergara. En 1818 ingresó en las Reales Guardias Españolas y conoció el liberalismo exaltado, de modo que en 1822 estaba entre los exaltados del Gobierno de España. En 1823, a la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis, se alistó voluntario a los Leales Constitucionales y fue a combatir a los franceses, lo que le valió ser apresado en Almagro y expulsado del ejército. Fue indultado en 1833 e ingresó en la Guardia Real. Pidió ir voluntario a la lucha contra los carlistas en el País Vasco, y allí ascendió hasta coronel de mano de Espartero. En 1844, gobernando ya los moderados y en plena campaña de limpieza del ejército de generales liberales, Allende Salazar fue ascendido a general, lo que se explica por influencia de su cuñado, Manuel Mazarredo, pero fue destinado a Bilbao, lejos de Madrid. En 1853 fue diputado y explicitó su ideología progresista, pero renunció a los pocos meses. En julio de 1854 se sublevó en Zaragoza con los progresistas, y fue ministro de Marina y de Fomento en 1854. En marzo de 1856, al crearse Unión Liberal, se mostró como líder progresista contrario a O`Donnell.