19.11.02.Gobierno de Cea Bermúdez a fines de 1833

EL GOBIERNO CEA-BERMÚDEZ DE FINES DE 1833

Gobierno Cea-Bermúdez,

29 de septiembre 1833 – 15 de enero 1834.

Francisco Cea-Bermúdez y Buzo, 1779-1850, conde de Colombi, era un reformista muy moderado que proyectaba varias reformas administrativas y políticas pero intentando evitar las algaradas de las masas. Al final se limitó a algunas reformas económicas de tipo ilustrado. Es difícil de calificar políticamente, y lo más aproximado es decir que representa la transición del absolutismo en su Gobierno de 1832-1833, al liberalismo en su Gobierno de fines de 1833. Siempre con la duda de si hubo realmente liberalismo en España en estas fechas. Más bien era un absolutista moderado partidario del diálogo con los liberales más moderados, los doceañistas de 1812.

Cea-Bermúdez, Presidente del Gobierno tras la muerte de Fernando VII, como ya lo era antes de ese acontecimiento, decidió conservar la religión católica y la monarquía absoluta.

Secretarios de Estado y Despacho eran:

Estado, Francisco Cea-Bermúdez y Buzo, conde de Colombi.

Gracia y Justicia, Juan Gualberto González-Bravo Delgado.

Guerra, José de la Cruz / 22 de diciembre: Antonio Gallego Varcálcel.

Marina, José de la Cruz / 16 noviembre 1833: Antonio Remón Zarco del Valle y Huet.

Hacienda, 1 de septiembre 1832: Victoriano Encima y Piedra / 15 de octubre 1832: Antonio Martínez / 27 diciembre 1833: Francisco Javier de Burgos y Olmo.

Fomento General del Reino, 5 noviembre de 1832: Victoriano Encima y Piedra / 28 de diciembre 1832: Narciso Heredia Begines[1], conde de Ofalia / 21 octubre 1833: Francisco Javier de Burgos y del Olmo

EL MANIFIESTO DE LA REINA GOBERNADORA AL PAÍS.

Cea-Bermúdez emitió y sometió a la firma de la Reina Gobernadora, en 4 de octubre de 1833, un Manifiesto de la Reina Gobernadora al País, en el que hacía un programa de reformas administrativas, pero no de reformas políticas en sentido liberal. Prometía estar equidistante de las posturas liberales y de las absolutistas, y no contentó a nadie. Prometía algunas generalidades imposibles de cumplir a corto y medio plazo:

Disminuir las cargas fiscales en la medida en que ello fuera compatible con la seguridad del Estado y las urgencias de la Administración.

Una recta y pronta administración de justicia.

Seguridad de las personas y de sus bienes.

Fomento de la riqueza.

Y también hablaba de algunas obviedades como la defensa de la monarquía y de las leyes y el respeto a los pactos internacionales vigentes.

El Manifiesto de la Reina Gobernadora era de corte ilustrado y no gustó a los liberales porque omitía reformas políticas que parecían urgentes. Los liberales que regresaban del exilio hablaron de que era un manifiesto absolutista.

También se opusieron al Manifiesto del Consejo de Gobierno, los absolutistas cristinos, generales Manuel Llauder Camín[2] y Vicente Genaro Quesada[3], y diplomáticos como Luis Fernández de Córdova[4] y Manuel Pando Fernández de Pinedo[5] marqués de Miraflores.

Principales medidas de Cea Bermúdez.

El 17 de octubre de 1833, María Cristina embargó todos los bienes y rentas del infante Carlos María Isidro, autoproclamado Carlos V. Carlos V protestó y nombró a Joaquín Abarca ministro universal de su “Gobierno”. Carlos buscó apoyos extranjeros, pero sólo recibió el de Miguel I de Portugal, rey absolutista que gobernó en 1828-1834, que le apoyó con dinero, pero no con tropas.

En 29 de noviembre de 1833 se creó el “Ministerio de Estado” a partir de la “Secretaría de Estado” existente desde 1714. Se trataba de un organismo que a partir de 1938 se llamaría “Ministerio de Asuntos Exteriores”, como hoy lo conocemos.

Al mes siguiente del inicio del nuevo Gobierno, el 21 de octubre de 1833, se nombraba Ministro del Fomento General del Reino a Francisco Javier de Burgos y Olmo, y éste, a su vez, nombraba Subdelegaciones de Fomento al frente de las provincias que creaba, encargados de la administración y prosperidad de su provincia y con obligación de residir en su destino. Javier de Burgos se convertía así en el líder del Gobierno. Poco antes de la caída del Gobierno, tomaba las riendas de Hacienda.

En diciembre de 1833 estaban previstas elecciones. Fueron anuladas porque se pensaba que las iban a ganar los carlistas.

E inmediatamente, en enero de 1834, llegó Martínez de la Rosa al Gobierno, y Javier de Burgos perdió el liderazgo que hasta entonces tenía, perdió Hacienda aunque se mantuvo en Fomento hasta abril de 1834. Y Martínez de la Rosa frenó las reformas que estaban en marcha.

Las reformas económicas de 1833.

Las reformas económicas, que pueden ser tenidas según unos por liberales, o según otros por ilustradas, se pueden resumir en cuatro puntos: libertades de comercio y cercamiento de fincas, igualación de pesas y medidas en todo el reino, fomento de la enseñanza básica y ordenación del territorio en ayuntamientos. En concreto, fueron:

En octubre de 1833 llegó al Ministerio de Fomento Javier de Burgos, un afrancesado, lo cual significaba la aceptación de este importante sector social en el grupo cristino. Según Javier de Burgos, el Estado debía tener multitud de agentes con los que intervenir en todos los aspectos de la realidad social y política simultáneamente, cuya acción conjunta resultaría definitiva para el cambio. Complementariamente, el 12 de enero de 1834, Cea creó la Comisión Regia de Causas de Estado, nombrando comisario a Matías Herrero Prieto. Esta institución debía coordinar que los Ayuntamientos informaran a los Capitanes Generales sobre su situación económica y militar a fin de que los Capitanes Generales informaran al Gobierno. La principal finalidad de esta decisión era levantar un ejército cristino frente a la multitud de voluntarios realistas que estaban apareciendo en toda España[6].

El 31 de octubre de 1833 se daba libertad de ejercicio de la industria, lo cual acababa con los gremios, aunque el proceso fue largo.

La realización más brillante del Gobierno Cea en materia económica fue la Real Compañía Asturiana de Minas y Carbón, RCAMC, 14 de noviembre de 1833. La iniciativa había partido de la fábrica de armas de La Cavada (Cantabria) en 1826, cuando el ministro de Marina Luis de Salazar encargó al delegado real de La Cavada, Gregorio González Azaola, un informe sobre la posibilidad de producir trabucos y cañones con acero obtenido por métodos británicos a base de cok, abandonando el carbón de leña. Azaola propuso que se fomentara la iniciativa privada para abrir siderúrgicas de cok. Azaola fue comisionado para ir a Lieja (Bélgica), y allí contactó con Cockeril, Lesoinne y Guermendt y constituyó una sociedad en 1829 para investigar las posibilidades del hierro y carbón español. La investigación fue positiva y, en 1832 obtuvieron 375 kilómetros cuadrados en Asturias para producir carbón, y otra superficie en Somorrostro (Vizcaya) para obtener hierro, y la exención de impuestos por 25 años, y la franquicia para importar del extranjero sin aranceles. Pero en ese momento, John Cockeril abandonó la sociedad y no se construyó el alto horno proyectado. El resto de los socios cambió el contrato y las concesiones y, en 14 de noviembre de 1833 obtuvieron los yacimientos de carbón de Arnao, siendo los socios principales los belgas Nicolás Maximilien y Adolphe Lesoinne, el vasco Joaquín María Ferrer Cafranga y el catalán Tomás Felipe de Riera Rosés marqués de Riera. No se empezaría a trabajar hasta 1836, pero el carbón no se vendía y la empresa resultó un fracaso. Era de mala calidad para el servicio doméstico y resultaba malo para hacer cok. El negocio se reanudó en 1849.

El 30 de noviembre de 1833 se dio libertad de comercio de granos.

El 10 de diciembre de 1833 se dio libertad de comercio de pescado, seda, sosa, barrilla, trapo, lino y cáñamo.

El 22 de diciembre de 1833 se hizo la Ordenanza General de Montes permitiendo cercar los montes privados, provocar deslinde y amojonamiento previo a cercarlos, y cambiar el destino o cultivo de los montes a gusto del dueño de los mismos.

Las reformas en pro de la libertad comercial continuaron durante el Gobierno de Martínez de la Rosa en 1834.

Estas medidas económicas de 1833-1834 pudieron ser el fruto de las demandas burguesas ya existentes, más que de un programa liberal, que desconozco que existiera. Incluso estaban dentro de la tradición ilustrada propia del absolutismo moderado del XVIII.

Estas decisiones significaban acabar con los principales obstáculos a la economía de los últimos siglos y por ello podemos decir, en el terreno de lo económico, que empieza el liberalismo, pero también podemos decir que culmina la ilustración del siglo XVIII.

Sea por estas medidas económicas o por otras circunstancias, el periodo 1833-1843 fue de auge económico. El progreso ya hemos dicho que se había iniciado a partir de 1826, sobre todo en Barcelona y Málaga.

Las reformas territoriales de Cea Bermúdez.

En 30 de noviembre de 1833, Javier de Burgos, Secretario de Estado de Fomento, decidió hacer un nuevo mapa provincial español, con provincias más homogéneas en tamaño y en posibilidades físicas (todas tenían un poco de cordillera y un trozo de valle), reforma de la que se encargará Javier de Burgos y que es nuestro actual mapa provincial. Eran 47 provincias peninsulares más las dos insulares (Canarias será dividida en dos en tiempos de Primo de Rivera hasta llegar a las 50 provincias actuales).

Ya había provincias desde el XVIII e incluso Carlos III había colocado una Audiencia en cada una de ellas y había tratado de que tuvieran dimensiones parecidas unas a otras.

Pero Javier de Burgos retomaba el proyecto de división provincial de octubre de 1821 e hizo algunos cambios: Respetó las 13 regiones históricas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Valencia, Islas Baleares e Islas Canarias) y decidió que cada provincia tuviera dimensiones tales que se pudiera ir desde la capital a cualquier pueblo en un día de viaje. Quedaban fuera de esta consideración las provincias vascongadas, que aparecían como “provincias exentas”, es decir, con privilegios de impuestos, y el Reino de Navarra, que perdía su derecho a convocar Cortes propias navarras, pero conservaba privilegios autonómicos. La población de cada provincia sería de entre 100.000 y 400.000 personas. Resultaban 49 provincias, en vez de las 52 de 1821.

Las provincias no serían sólo centros judiciales del Alcalde de Provincia, sino que en 30 de noviembre de 1833 se decidió que cada una tendría desde ahora un Subdelegado de Fomento, lo cual las acercaba más a nuestro concepto actual de provincia. Más tarde, el Subdelegado de Fomento fue conocido como Jefe Político y luego como Gobernador Civil. Cada provincia sería gobernada por un Subdelegado Provincial de Fomento, y dos o tres subdelegados más, de inferior categoría, residentes en las principales ciudades de la provincia.

El Subdelegado de Fomento, Jefe Político o Gobernador Civil, presidía la Diputación Provincial y era jefe de la Administración Civil. La Diputación Provincial estaba integrada por miembros elegidos en los Partidos Judiciales y se ocupaba de obras públicas, fomento de agricultura, industria y comercio, presupuestos, contribuciones, propios, pósitos y abastos. La Administración Civil contaba con un número no muy grande de funcionarios que gestionaban Hacienda, Gobernación Provincial y Fomento Provincial.

Las funciones del Subdelegado de Fomento eran hacer estadísticas, estudiar las necesidades de los pueblos de la provincia, socorrerlas él mismo si podía o proponer al Gobierno su solución y los medios de ayuda, lo que atañía a educación, obras públicas, y beneficencia. Lo más interesante de estos nombramientos eran las “instrucciones” que los subdelegados recibían: emplear alternativamente el ruego, la exhortación, el ejemplo, la autoridad y las recompensas; suprimir las injerencias de las autoridades locales en orden a fijar fechas de vendimia o recolección; suprimir la costumbre de los pastores de entrar en rastrojos ajenos; permitir el cierre de fincas;…

Habría tres clases de provincias. Serían de primera clase: Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Serían de segunda clase: Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo, Toledo, Valladolid y Zaragoza. Serían de tercera clase todas las demás. El decreto fue publicado en La Gaceta el 3 de diciembre de 1833. Se dividió España en 49 provincias que recordaban las prefecturas de José Bonaparte. Según Javier de Burgos, la provincia debía ser la célula orgánica de la administración territorial de forma que sus jefes políticos, a través de las Diputaciones y Audiencias Provinciales, controlasen la vida política y económica de su provincia.

Las provincias se dividirían también en 21 de abril de 1834 en Partidos Judiciales (que fueron 463), y éstos en Municipios (que fueron 9.355), todos ellos homogéneos en tamaño y todos sometidos a la autoridad de los organismos centrales del poder. Los partidos judiciales fueron circunscripciones electorales en 1837 y en 1845.

Se habían considerado, desde tiempos de los Reyes Católicos, como circunscripciones judiciales, las ciudades con voto en Cortes: Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y Zamora. Cada circunscripción era gestionada por un Corregidor. En el XVII se habían añadido Galicia, Extremadura y Palencia con lo que eran 21 los centros judiciales. Felipe V añadió los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y condado de Cataluña, y nuevas regiones en Asturias, Ciudad Real, Canarias y Navarra, con lo que los centros judiciales pasaron a 28, que eran las “provincias” del siglo XVIII. En 1789, Floridablanca añadiría Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, La Coruña, Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Santiago, Tuy y Orense, con lo que los distritos administrativos pasaron a 38. En 1822 se habían incluido Calatayud, Játiva, y Villafranca del Bierzo, Vigo y Chinchilla como nuevos distritos administrativos, pero éstos perdieron esta condición en la reforma de Javier de Burgos.

Los partidos judiciales serán también la base del sistema judicial español: Los pueblos tenían jueces de paz para intentar la conciliación entre las partes. De no haber conciliación se pasaba al juez ordinario del partido judicial. Del juez se podía recurrir a una de las 15 Audiencias, que eran Tribunales Superiores de Justicia. De las Audiencias se recurría al Tribunal Supremo, lo que suponía la desaparición definitiva de los Consejos, órganos de gobierno que databan del siglo XVI. Los jueces eran nombrados por Gracia y Justicia y podían ser cesados si se oponían a las directrices emanadas de los gobiernos correspondientes, pudiendo haber jueces cesantes.

Incluso los obispos se contagiaron del nuevo aire reorganizativo, y decidieron publicar cada uno su boletín provincial episcopal, apareciendo el primero en 20 de abril de 1833 y sucesivamente los de todos los demás obispados a los largo del siglo XIX.

A partir de esta reforma, surgió una división en el liberalismo, pues los progresistas defendían siempre la descentralización y autonomía de cada Gobernador y cada Alcalde, mientras los moderados defendían el centralismo a ultranza, la sumisión de todos los órganos provinciales y locales al organismo central de gobernación.

Proteccionismo o librecambismo.

Con la llegada de los nuevos hombres al poder se abrió la polémica del “proteccionismo o librecambismo”. Era una polémica vigente en toda Europa en ese momento, porque es un tema complejo. La tradición mercantilista era netamente proteccionista y así se había manifestado en los aranceles de 1778, 1785, 1802 y 1825. El nuevo planteamiento económico surgió en España a partir de 1833.

El proteccionismo era defendido por los fabricantes catalanes agrupados en las patronales Comisión de Fábricas, llamada a partir de 1847 Junta de Fábricas, y en el Instituto Nacional de Cataluña creado en 1848, el cual más tarde se llamaría Fomento del Trabajo Nacional. Los empresarios catalanes defendían teóricamente a la industria española, pero en la práctica lo que les importaba era la industria textil catalana. Sus órganos de expresión eran El Diario de Barcelona, y El Vapor, que también se publicaba en Barcelona. Pero también utilizaban periódicos de Madrid como El Correo, El Eco del Comercio y Revista Española. Los fabricantes catalanes decían no profesar otra política que carecer de posicionamiento político, pero que defendían el fomento de la riqueza pública y los puestos de trabajo de mucha gente. Evidentemente, eso era una postura política. Tal vez querían decir que no estaban con ningún partido político en concreto. Pero a continuación decían que defendían políticas de orden público, aranceles proteccionistas, represión del contrabando y estímulos al desarrollo textil catalán, y esas ideas eran conservadoras. Entonces, debemos concluir que defendían posturas políticas conservadoras pero sin comprometerse demasiado con el partido conservador a fin de presionar sobre él, pues creían que el partido estaba demasiado comprometido con los agricultores castellanos librecambistas y sabían que ellos no podían dominar al partido conservador (todavía grupo político no organizado como partido), y que la única manera de actuar sobre el Gobierno era colocarse en una postura de amenaza a su partido “natural”, amenaza de hacerle caer si no se les concedía lo que deseaban.

El problema en el grupo conservador era que los agricultores castellanos eran librecambistas, igual que los vinateros andaluces y los empresarios mineros. Todos ellos querían exportar la máxima cantidad posible de bienes a precios más altos que los que regían en España. El principal cliente era Inglaterra.

Inglaterra por su parte, ponía algunas trabas a la importación de productos españoles argumentando que España ponía trabas a las importaciones de productos británicos. Pero la realidad era que necesitaba alimentos baratos para su revolución industrial, pues los alimentos baratos permiten sueldos más bajos, e incluso con más alto nivel de vida del obrero a veces.

El drama entre proteccionismo y librecambismo consiste en que, en un país subdesarrollado, es imposible una industria nacional sin proteccionismo. Pero el proteccionismo conduce a abusos de los beneficiados por ese privilegio sobre el conjunto de la población, y debe ser retirado poco a poco, para que la población en general pueda beneficiarse de un más alto nivel de vida, pueda dejar de sacrificarse para que hagan negocio los beneficiados por el proteccionismo. Los privilegiados, jamás encuentran el momento de aflojar el proteccionismo, y siempre alegan necesidades financieras para comprar tecnología, y necesidades humanas para mantener los puestos de trabajo… Y el paso al librecambismo, que es necesario para el desarrollo general del país, implica el cierre de las empresas no competitivas, y despido de obreros afectados. Los políticos responsables que lo intentan suelen caer. Tienen en su contra a los empresarios “perjudicados”, o que dejan de beneficiarse, y a los movimientos obreros ciegos que se oponen a todo despido.

Los librecambistas españoles acusaban a los proteccionistas de enriquecerse a costa de los consumidores españoles, pues forzaban precios altos de algunos artículos para proteger a los empresarios. Les acusaban de formar monopolios, de hacer una industrialización de Cataluña artificiosa, basada en las subvenciones y el proteccionismo, una industria pagada por el resto del Estado español, que caería cada vez que un vaivén político les hiciera perder las subvenciones y el privilegio de disfrutar del mercado interior.

El moderantismo español en general, en el siglo XIX, tuvo más proteccionistas que librecambistas. El proteccionismo conllevaba alianzas con Francia.

El progresismo español en general, tuvo más librecambistas que proteccionistas. El librecambismo conllevaba alinazas con Gran Bretaña.

Los proteccionistas españoles desarrollaron una industria importante, pero de alcance nacional, de precios altos, pues trabajaban con materias primas caras y tecnología anticuada de baja productividad, incapaz de salir al mercado exterior, lo cual impedía que la industria tomara grandes dimensiones. Pero los moderados se daban cuenta del peligro que corría su política: Un ejemplo de proteccionista moderado era Andrés Borrego, el cual defendía que los aranceles prohibitivos podían justificar la protección de un ramo industrial concreto, pero que no podían ser la norma general de la economía española. Estos aranceles eran convenientes cuando se trataba de una industria naciente, pero discutibles cuando se trataba de cubrir las pérdidas de empresas ya consolidadas, que entraban en quiebra, y las ayudas sólo servirían para acumular más y más pérdidas. Incluso afirmaba que la protección excesiva yugulaba las iniciativas empresariales, favorecía los precios altos y dificultaba las exportaciones.

Durante la Guerra Carlista, 1833-1839, los Gobiernos dieron facilidades para introducir artículos desde Francia y desde Gran Bretaña, porque España necesitaba armas y apoyos políticos, y éstos se conseguían dejando que los suministradores vendieran en España. Los proteccionistas actuaban en contra de sus propias ideas.

Y al final de la guerra carlista, el 4 de enero de 1839, el Gobierno dio un decreto de libertad de comercio. Ello no tenía sentido respecto a las ideas de los moderados que estaban gobernando, pero respondía a presiones de los consumidores madrileños, los cuales se habían cansado de pagar precios muy altos. Tanto moderados como progresistas estaban de acuerdo en la necesidad de calmar a la gente y evitar revueltas que pondrían en peligro las victorias contra los carlistas.

Los proteccionistas catalanes también tenían contradicciones en sus planteamientos, pues favorecían el contrabando desde Francia para importar artículos textiles baratos. Comprar barato en Francia y venderlo en España a precio protegido, artificialmente alto, era un negocio inmoral, pero negocio. A esta acusación, contestaron los ayuntamientos catalanes, la Comisión de Fábricas, la Junta de Comercio de Barcelona y la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País, que protestaban contra una calumnia. El Gobierno nombró una comisión que investigara el tema, en los textiles catalanes y en las ferrerías de Málaga que eran acusadas de vender hierro de Gibraltar con los mismos métodos. Y la Comisión investigadora decidió que había que elaborar un proyecto arancelario nuevo.

El proyecto nuevo, o “Ley del Librecambio” estuvo listo el 9 de julio de 1841. Era un nuevo arancel con cuatro tarifas: tarifa sobre importaciones del extranjero; tarifa sobre géneros procedentes de las Antillas; tarifa sobre géneros procedentes de Filipinas; tarifas a las exportaciones. El decreto prohibió la importación de 83 artículos, que eran manufacturas de algodón, ropas confeccionadas, buques de menos de 400 toneladas, hierros labrados, armas de fuego, cereales y lana.

La ley de 9 de julio de 1841 representaba el triunfo del proteccionismo pues, con el título de librecambio, hacía todas las excepciones que pedían todos los proteccionistas, tanto los catalanes como los andaluces y vascos.

La proteccionista Ley de Librecambio española pareció injusta a ingleses y franceses, los cuales llevaron el asunto al Parlamento y exigieron del Gobierno español rectificaciones para eliminar un proteccionismo tan duro.

En España se tenía la impresión de que la ley de julio de 1841 se había hecho con ánimo librecambista. Andrés Borrego defendía que sólo se debía prohibir importar aquello que el país producía abundantemente: cereales, vinos, tabaco, minerales, coloniales procedentes de Europa, ropa confeccionada, armas, libros en idioma español. y que el resto de mercancías debía ir al mercado libre, o con tarifas muy pequeñas. Es decir, la idea general era que el librecambismo era bueno, y las excepciones en concreto fortalecían el proteccionismo.

A partir de 1845 hubo una guerra dialéctica entre proteccionistas y librecambistas en el momento en que los moderados habían llegado al poder. Los industriales catalanes temieron perder la protección a sus tejidos y cerraron filas en torno a Joan Güell, y en la prensa escribían Yllás i Vidal y Durán i Bás.

En 1849, la Reina envió una comisión a Barcelona para verificar lo que decían los fabricantes catalanes. Entonces hubo una contracampaña de los librecambistas, exportadores de vinos, subsistencias y minerales. Y tras esta disputa se publicó el arancel de 5 de octubre de 1849, en el cual se prohibió la importación de sólo 14 partidas y se pusieron aranceles a los demás artículos. Pagaban entre el 1 y el 14% la importación de maquinaria, utillaje agrícola, minero y fabril; pagaba entre el 15 y el 25% los géneros que no se fabricaban en España; pagaban entre el 25 y el 50% las materias primas que eran competencia de las fabricadas en España, tales como el carbón mineral y las manufacturas extranjeras. El derecho diferencial de bandera pagaba el 20%.

Con esta ley de octubre de 1849, desaparecieron los privilegios y monopolios de empresas, se suprimieron las tarifas especiales para América, se autorizaron depósitos de mercancías extranjeras (que fueron denunciadas como fuente de contrabando), se permitió la entrada de hilados desde el número 60 en adelante, de tejidos, muselinas, pañuelos de 15, 20 y 26 hilos (lo cual protegía a la industria catalana que trabajaba con números inferiores), se castigó duramente la importación de hierro en barras y laminado, y fueron prohibidas las importaciones de armas de fuego.

El arancel de 1849 eliminó también algunos privilegios anacrónicos, puso un sistema tarifario más moderno, facilitó la construcción del ferrocarril

La prensa de 1833-1840.

El 4 de enero de 1834, Javier de Burgos hizo un nuevo Reglamento de Imprenta suprimiendo la censura previa excepto para temas religiosos y políticos. Es decir, una postura intermedia entre la sostenida por el absolutismo y el liberalismo de entonces. Impuso la necesidad de licencia del Ministerio de Fomento para publicar los periódicos, lo cual era más bien la idea absolutista de Carlos IV y Fernando VII. Este Reglamento se modificaría bien pronto, en 17 de julio de 1834, volviendo a poner la censura previa y exigiendo a los editores un depósito o fianza con el que hacer frente a las posibles sanciones de la censura. La situación era prácticamente la misma que en el absolutismo. Y la situación no cambiará con la llegada de los progresistas, pues el 22 de marzo de 1837 los gobernantes confirmarán este decreto de fianza previa de los editores. El único cambio “progresista” se introdujo en 17 de octubre de 1837 imponiendo que los delitos de imprenta fueran juzgados por un jurado, y no por un tribunal del Estado, y que hubiera derecho de réplica.

En la Década Ominosa, la prensa había sido de tipo romántico, pues muy poco se podía publicar y opinar. Entre las publicaciones de esta época tenemos:

En 1823 se abrió en Barcelona un periódico literario llamado El Europeo. En él publicaría Aribau en 1833 su Oda a la Patria.

En 1828, Mariano José Larra sacó El Duende Satírico, y en 1831 El Pobrecito Hablador.

El más liberal de los periódicos de esta época era El Boletín de Comercio abierto en 1830 por César Hipólito Bacle, que daba información comercial y de tráfico marítimo. En 1832, Bacle vendió, y se hizo cargo del periódico el liberal exaltado Fermín Caballero Morgáez el cual cambió la cabecera a El Eco del Comercio.

En época de la Regencia de María Cristina, los periódicos más notables fueron:

En abril de 1834 El Eco del Comercio era de Mariano Paz García, pero sus artículos seguían siendo de Fermín Caballero, Joaquín María López y Ángel Iznardi y seguía siendo progresista.

El Eco del Comercio tuvo su mejor época en tiempos de Espartero. Todos los periodistas se beneficiaron de la desamortización de Mendizábal y todos apoyarán a Espartero en 1839-1840, pero luego se pondrán contra él por sus modos dictatoriales. El Eco del Comercio dejó de publicarse en 1849.

El Artista fue publicado a partir de 1835 por Eugenio Ochoa y Federico Madrazo.

El Semanario Pintoresco fue publicado en 1836, por Mesonero Romanos, para la divulgación científica y literaria.

La Revista Europea la publicó, en 1837, Andrés Borrego, para dar a conocer, traducidas al español, cosas publicadas en Europa. La Revista Peninsular salió en 1838 sustituyendo a La Revista Europea, y también la llevaba Andrés Borrego.

La Revista de Madrid se publicó en 1838-1845, José Pedro Pidal y encontró colaboradores como Donoso, Lista, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano.

En conclusión, la prensa de opinión política libre, estaba todavía muy limitada en la época 1833-1840.

Inicio de la guerra carlista.

En octubre de 1833, a los pocos días de la muerte de Fernando VII, tuvieron lugar los levantamientos carlistas en España:

El 1 de octubre de 1833 tuvo lugar el Manifiesto de Abrantes en el que Carlos V reclamó el trono (otros autores dicen Manifiesto de Santarem).

El 3 de octubre se levantó en Talavera (Navarra), Manuel María González, administrador de correos y jefe de los Voluntarios Realistas. Recorrió infructuosamente varios pueblos hasta ser detenido y ejecutado.

El 3 de octubre se sublevó en Bilbao[7] el brigadier Fernando de Zavala, acompañado por el coronel de Voluntarios Realistas Pedro Novia de Salcedo. A ellos se sumaron: José María de Orbe y Elío[8] III marqués de Valdespina, Javier de Bátiz, Miguel de Artiñano y principalmente el franciscano Manuel Gómez Negrete, que puso al clero de parte de los carlistas. Los cristinos como el corregidor Juan Modesto de la Mota y el diputado general Pedro Pascual de Uhagón huyeron de Bilbao. Los sublevados carlistas hicieron una proclama el 5 de octubre de 1833 a la que acudieron paisanos de los pueblos de Vizcaya a los que dieron armas y organizaron en 18 batallones. Nombraron a José María Orbe corregidor de Bilbao y se dispusieron a organizar una guerra: requisaron los fondos de la Junta de Comercio e impusieron “préstamos forzosos” al 3% a los comerciantes y liberales conocidos de Bilbao, así como fuertes impuestos al resto de los ciudadanos vizcaínos, y se quedaron con la recaudación de Hacienda de ese año. Los carlistas tomaron en principio Bilbao hasta que fueron derrotados en Valmaseda, perdiendo Bilbao a manos del cristino Pedro Sarsfield[9] el 25 de noviembre 1833. Bilbao se hizo fuertemente anticarlista tras el saqueo impositivo a que fue sometida la burguesía y ciudadanos por los carlistas en octubre de 1833. Los Gobiernos carlistas tuvieron, en adelante, que itinerar por diversos pueblos de Vizcaya y nunca tuvieron Bilbao. Incluso muchos de los levantados a primera hora proclamando a Don Carlos, se pasaron al bando cristino al poco, como fue el caso de Antonio María de Arístegui, Castro María Allende de Salazar, José María de Jussué, Pedro Novia de Salcedo y Pedro Antonio de Ventades.

El 6 de octubre se sublevó en Álava el comandante de Voluntarios Realistas (llamados en Vitoria “Naturales Realistas Armados”) Valentín de Verástegui, el cual tomó Vitoria el 7 de octubre y lanzó una proclama hablando de agravios forales.

El 6 de octubre de 1833, el general Santos Ladrón de Cegama hizo una proclama carlista en Tricio (La Rioja) y desde allí pasó a Navarra, donde se le unió Juan Antonio Guergué. El brigadier Manuel Lorenzo fue contra ellos y Ladrón de Cegama fue apresado y fusilado.

El 7 de octubre se sublevaron José Ignacio de Uranga y Bruno Villarreal en Salvatierra.

El 8 de octubre se sublevaron en Oñate (Guipúzcoa) Francisco José de Alzáa e Ignacio de Lardizábal, capitán retirado de Guardias Reales.

A primeros de octubre de 1833, en Burgos y Soria, se levantaron Jerónimo Merino, Ignacio Alonso Cuevillas y Basilio Antonio García Velasco, y constituyeron una Junta en Burgos presidida por el canónigo Gregorio Álvarez Pérez, logrando reunir 10.000 hombres. Gregorio Álvarez designó Jefe Militar a a Ignacio Alonso Cuevillas, pero este declinó el nombramiento a favor de Jerónimo Merino. Recorrieron Burgos y Soria pidiendo dinero a la gente por métodos coercitivos, hasta que el general Sarsfield les dispersó. Jerónimo Merino huyó a Portugal, mientras Basilio García fue a La Rioja, reunió huidos de una derrota en Navarra, y fue derrotado por el brigadier Manuel Lorenzo el 28 de octubre de 1833.

Hacia el 8 de octubre el comandante realista Francisco Iturralde se sublevó al sur de Navarra y el coronel Francisco Benito Eraso, al norte de esta provincia, ambos confluyeron hacia el norte de la provincia, fueron derrotados y huyeron a Francia.

El 7 de octubre llegó a Logroño, desde Valladolid, el brigadier Santos Ladrón de Cegama y en 8 de octubre, en Viana, contactó con Francisco Iturralde y Juan Echeverría, reunieron 600 hombres y fueron sobre Los Arcos, donde fueron derrotados por el brigadier del bando cristino Manuel Lorenzo el 11 de octubre. Ladrón de Cegama fue apresado el 14 de octubre y alguien le disparó por la espalda y le mató.

El 14 de octubre de 1833, el general cristino Federico Castañón declaró estado de guerra en el País Vasco (no en Guipúzcoa) y se dirigió contra Tolosa, derrotando a Lardizábal

Francisco Iturralde conectó con el general José Ignacio de Uranga[10] y con el general Basilio Antonio García Velasco a finales de octubre de 1833 y a su grupo se unieron el general Juan Manuel Sarasa[11], el comandante Fermín Ripalda y el brigadier Vidal Tarragual.

El 27 de octubre se decidió desarmar a los Voluntarios Realistas de Madrid, pues eran apoyo del carlismo y en respuesta, hubo levantamiento carlista en Madrid con 2 ó 5 muertos, tras lo cual se detuvo a un centenar de personas.

En 5 de noviembre de 1833, el comandante Francisco Iturralde reunió en Aguilar de Codés a 33 jefes militares carlistas y eligieron una Real Junta Gubernativa del Reino de Navarra, la cual se constituyó en Estella el 15 de noviembre de 1833 y nombró Comandante General del Ejército Carlista al coronel Tomás de Zumalacárregui. Iturralde era considerado hasta entonces el líder militar de los carlistas navarros, pues había mandado el III batallón de Navarra, “el requeté”, y había ganado una batalla al general cristino Linares en Los Arcos (Navarra), pero cedió el liderazgo a Zumalacárregui por la norma militar de respetar una graduación más alta. De todos modos, Iturralde nunca se sometió con gusto a la disciplina de Zumalacárregui y actuó un poco por libre[12].

En Almagro (Ciudad Real) se levantaron los comandantes de caballería Vicente Rugero y Francisco Rugero, conocidos por el alias “Palillos”, los cuales formaron una cuadrilla de hasta 1.000 hombres que luchó hasta 1840[13].

En 11 de noviembre de 1833 se sublevaron el coronel Carlos Victoria, Gobernador de Morella (Castellón), y Rafael Ram de Viu y Pueyo barón de Hervés. Constituyeron Junta en noviembre de 1833. Con este levantamiento, empezó el movimiento de El Maestrazgo, el más duradero de la guerra carlista. El Barón de Hervés fue presidente de una Junta Gubernativa integrada por muchos curas y frailes. Hicieron un llamamiento a los Voluntarios Realistas de la zona para que acudieran a Morella. También hicieron acopio de alimentos para soportar una guerra. Entre los que acudieron, estaba un fraile novicio trinitario llamado Ramón Cabrera Griñó de la cuadrilla de Manuel Carnicer, el comandante de Voluntarios Realistas de Liria llamado Vicente Gil, el jefe de partida de Alcora y Villafranca llamado Blas Royo de León, los comandantes de Voluntarios Realistas de Torreblanca y Peñíscola. Eran en total unos 1.200 hombres. Este núcleo carlista resistió hasta que les atacó desde Tortosa el cristino Manuel Bretón, Gobernador de Tortosa, con un ejército profesional. Ante el primer ataque del ejército cristino, los carlistas huyeron en desbandada el 10 de diciembre y fue Cabrera quien impuso un poco de orden en la retirada, llamando la atención de sus jefes, que le nombraron sargento. Huyeron a Calanda, fueron de nuevo batidos y volvieron a huir en desbandada, mucho de ellos a sus casas. Sólo Cabrera pudo organizar un grupo de unos 20 hombres, una partida que se refugió en los montes, empezando una leyenda de guerrillero carlista. Hervés huyó a Calanda, fue llamado por Don Carlos para que explicara lo sucedido y, durante el viaje hacia el País Vasco, fue reconocido, apresado en diciembre de 1833 y ejecutado en 12 de enero de 1834.

En noviembre se sublevaron en Aragón diversas partidas como las de Manuel Carnicer[14], Joaquín Quílez, José Miralles “el serrador”, Cosme Covarsi Membrado y José Marcoval, pero eran grupos distintos, reñidos unos con los otros, apenas tenían armas y carecían de dinero. Estos grupos no fueron importantes hasta ser coordinados por un ex-novicio trinitario llamado Ramón Cabrera.

También en Cataluña hubo levantamientos[15], generalmente liderados por el clero, como los de Josep Bosoms, Ramón Villela, Mosén Benet Tristany y su sobrino Rafael Tristany, y Benet de Plandolit, casi todos en la montaña de Tarragona. Hay noticias de más de 50 partidas de bandoleros carlistas de entre 300 guerrilleros las grandes y una cincuentena las pequeñas. El jefe militar del levantamiento catalán parece que era el teniente coronel José Galcerán, quien sería batido por el capitán general Manuel Llauder y se pondría al servicio de Maroto, pero fue muerto en 8 de septiembre de 1836. Estaban apoyados por el clero catalán. Siempre carecieron de recursos suficientes como para levantar y sostener un ejército, y sus acciones no pasaron del nivel de bandolerismo a la busca de recursos.

Geográficamente, eran carlistas tres grandes núcleos: el del País Vasco y Navarra, el de Lérida, y el del Maestrazgo en torno a las provincias de Tarragona, Teruel y Castellón, que lideraría Cabrera. Pero también había carlistas en la Sierra de Málaga, en Ciudad Real, en Extremadura, en Burgos, en Aragón…

En la mitad sur peninsular, los carlistas nunca lograron organizarse en ejércitos. La guerra carlista fue, por lo tanto, una guerra local, que disponía de posibles soldados carlistas por todo el territorio del Estado.

En resumen, en octubre de 1833 tuvo lugar el primer levantamiento general carlista y fue un fracaso: pensado para toda España, sólo tuvo éxito en el País Vasco y Navarra, y puntos aislados del resto de España. El País Vasco fue inmediatamente ocupado militarmente por los cristinos. Y el fracaso del levantamiento y la imposibilidad del Gobierno de imponerse sobre los alzados, dio lugar a la guerra.

Los isabelinos o cristinos, mandados por el general Pedro Sarsfield Water y el brigadier Manuel Lorenzo tomaron Vitoria el 21 de noviembre, ciudad que se entregó sin resistencia, pues los carlistas huyeron hacia el norte al saber de la llegada del ejército. Sarsfield avanzó sobre Durango y el 25 de noviembre entró en Bilbao y ejecutó masivamente a los miembros más destacados de las matanzas protagonizadas por el carlismo, que fueron castigados con una matanza a la contra. La guerra iba a ser una guerra sucia. Sarsfield fue de Bilbao a Navarra.

Sarsfield era el jefe cristino en el País Vasco y Navarra, con el título de virrey de Navarra. Vicente Quesada era Capitán General de Castilla la Vieja y actuaba en apoyo de Sarsfield.

Una vez estabilizada la situación, se nombró Jefe del Ejército del Norte a Jerónimo Valdés, primer coordinador de la guerra carlista, cuyo mando se prolongó hasta 17 de febrero de 1834 en que fue sustituido por Vicente Genaro Quesada.

Los carlistas tomaron inmediatamente Tolosa y varios pueblos de Guipúzcoa. De ello surgió la constatación de que el campo, los pueblos, eran imposibles de dominar militarmente por los cristinos. El general carlista Tomás Zumalacárregui creía que dominando los pueblos y cortando sus relaciones con las ciudades, éstas caerían por sí solas con el tiempo, pues opinaba que los pueblos abastecían de víveres, leña, y servicio de transportes a las ciudades, y sin ellos, las ciudades no podrían subsistir. A lo largo de la guerra, se demostraría que esto no era verdad.

La organización carlista en Navarra.

Los jefes de partidas navarras estaban descoordinados. Francisco Iturralde conectó con José Ignacio de Uranga y con Basilio García y los resultados fueron decepcionantes. Aparecieron nuevas cuadrillas como las de Sarasa, Ripalda y Vidal Tarragual y se unieron a Iturralde. Así fue como Francisco Iturralde apareció como el líder carlista de Navarra. Entonces, el 5 de noviembre de 1833, Iturralde decidió reunir en su casa de Aguilar de Codés a los capitanes de cuadrillas. Logró reunir a 32 capitanes. Allí se decidió constituir la Junta Gubernativa de Navarra, organismo que fue el núcleo central de la guerra carlista. La Junta se constituyó oficialmente en Estella el 15 de noviembre de 1833 con el clérigo Juan Echeverría, y los propietarios agrarios Joaquín Marichalar de Añorbe, Martín Luis Echeverría, Benito Díaz del Río y Juan Crisóstomo Vidaondo y Mendinueta, que buscaba fondos para mantener la insurrección. El secretario de esta Junta fue Florencio Sanz Baeza.

Iturralde alcanzó cierto prestigio en los primeros días de la rebelión carlista, y uno de los que acudió a su llamada de 5 de noviembre de 1833 fue el coronel Tomás de Zumalacárregui. El problema que se planteaba a los jefes de las cuadrillas era si el poder debía pasar a militares profesionales o mantenerse ellos como líderes cada uno de su cuadrilla, o entregar el mando a Francisco Iturralde, el que los había reunido.

El 14 de noviembre de 1833, Juan Manuel Sarasa impuso como jefe militar del carlismo al coronel Tomás de Zumalacárregui en detrimento del comandante Francisco Iturralde que se creía con ese derecho porque él era el organizador de las fuerzas carlistas en Navarra. Como militar de inferior graduación, debía ceder el mando. Zumalacárregui tuvo el gesto de nombrarle su segundo y la cuestión se zanjó con caballerosidad. Tomás de Zumalacárregui era un militar puro, no un político que pudiera ayudar a Don Carlos en el liderazgo político.

El 15 de noviembre, al constituirse la Junta Gubernativa de Navarra, o Junta de Estella, Zumalacárregui fue proclamado Jefe militar de los carlistas navarros. Tenía 4.000 hombres a su mando. En ningún otro lugar de España los carlistas habían conseguido ponerse de acuerdo.

Zumalacárregui se encontró con unos 3.200 hombres de infantería y unas docenas de jinetes, pero seguían llegando soldados y pronto recibiría el reconocimiento de las provincias vascas: El 2 de diciembre se reunieron representantes de las cuatro provincias vascoespañolas en la Conferencia de Alsasua y fijaron como primeros objetivos carlistas la toma de Vitoria y Bilbao. Opinaban que en estas dos ciudades podían hallar recursos suficientes como para preparar una guerra. Los vascos aceptaron que Zumalacárregui fuera jefe militar de Vizcaya y Guipúzcoa y con ello aparecía un núcleo carlista importante.

Zumalacárregui pensaba que con las fuerzas de que disponía, no podía hacer otra cosa que una táctica de ataque y retirada inmediata. Los políticos carlistas le exigían tomar las ciudades, sobre todo Bilbao. Zumalacárregui exigió dominio sobre las Diputaciones vascas y surgió un problema entre los Fueros Vascos, en los que las Diputaciones tienen la iniciativa en todo y no pueden ser obligadas a nada desde fuera de ellas, y la necesidad de un general de planificar una guerra. Los defensores de los fueros vascos tuvieron que soportar la anulación temporal de los fueros vascos que pedía Zumalacárregui. La situación se llevó con dificultad, siempre en tensión contra Zumalacárregui, y fue una de las causas de la derrota final carlista.

El problema de los fueros vascos se había planteado ya antes, en octubre de 1833, cuando la Diputación de Vizcaya ordenó a los pueblos vascos la proclamación de Don Carlos como Rey de España y Señor de Vizcaya. Ello era contrafuero, porque ninguna entidad vasca tenía derecho a imponer decisiones a los demás. En ese momento, se adujeron razones de guerra, pero como la guerra fue larga, las imposiciones se hicieron lo habitual durante años. En 1839 los vascos tenían que replantearse su sistema político. Y muchos abandonaron la causa carlista.

El 7 de diciembre Vizcaya y Guipúzcoa reconocieron a Zumalacárregui, y como Álava y Navarra ya le habían proclamado, resultaba jefe militar de todo el territorio vasco navarro español. Zumalacárregui decidió por sí mismo las acciones de guerra a emprender, desde noviembre de 1833 a julio de 1834, fecha en la que llegó don Carlos a Navarra.

Durante la guerra, el poder del lado carlista estuvo en manos de los teocráticos, cosa lógica teniendo en cuenta que ellos eran los más entusiastas y los más entregados a la causa. Por ello, Don Carlos “se dejó engañar» y confió en la facción que menos posibilidades tenía a largo plazo. José Arias Teijeiro se convirtió en una especie de valido y ministro universal de Don Carlos. Pero la opinión general entre los carlistas era que sus dirigentes eran demasiado furibundos y crueles, hasta el punto de aparecer como malvados, inútiles e incompetentes. Para entender esta situación, hay que advertir de que el carlismo de guerra era esencialmente un acuerdo entre jefes guerrilleros que vivían duramente en las montañas vascas y navarras y del Maestrazgo.

Por su parte, el ejército cristino de 1833, ya no era tan liberal como el de 1823, ya no era de la facción progresista, pues estaba dirigido por los ayacuchos, militares venidos desde Sudamérica tras la derrota española de 1824. Los ayacuchos se decían progresistas, para diferenciarse de los oficiales de carrera que eran moderados, pero no eran los exaltados de 1823. Ello no obsta para que en ese ejército lucharan liberales radicalizados en el exilio y para que surgieran nuevos radicalismos durante la propia guerra carlista, sobre todo a partir del momento en que la guerra se politizó y el ejército se politizó con ella.

Los principales apoyos militares de los gobiernos cristinos de la primera época fueron: Manuel Llauder Camín y Vicente Jenaro Quesada marqués de Moncayo serán los apoyos del Gobierno del moderado Martínez de la Rosa; Luis Fernández de Córdova fue el apoyo del Gobierno del liberal Mendizábal (aunque Córdoba había luchado contra Riego en 1823).

Dificultades de Cea-Bermúdez a fines de 1833.

Cea quedó cogido entre dos fuegos políticos en octubre de 1833: por un lado los absolutistas que iniciaron una guerra, la primera guerra carlista; por otro lado los exaltados que querían reformas drásticas e inmediatas en sentido liberal y no admitían ser una continuación del absolutismo con reformas. Los Capitanes Generales de Castilla la Vieja, Vicente Jenaro Quesada, y de Cataluña, Manuel Llauder Camín, opinaron en sendos escritos que se debían reunir Cortes para hacer una constitución moderada a fin de atraer a parte de los liberales a la causa de Isabel II, evitar violencias exaltadas y hacer frente después a la sublevación absolutista.

En noviembre y diciembre de 1833, Cea Intentó remediar los problemas con algunos cambios de Secretarios de Estado y Despacho:

16 de noviembre de 1833

Marina, Antonio Ramón Zarco del Valle y Huet

22 de diciembre de 1833

Hacienda, Francisco Javier de Burgos y del Olmo

Guerra, Antonio Gallego Valcárcel

En diciembre 1833, Cea hizo la Ley de Delitos de Estado para hacer procesos a los carlistas Manuel Adame de la Pedrada alias el Locho, guerrillero de Ciudad Real, Tomás Costa alias Misses, guerrillero catalán, brigadier Mediavilla, Luis Penne conde de Villemur (que huyó), y otros.

En 17 de diciembre de 1833, la regente María Cristina, que tenía 27 años en ese momento, añadió un problema de gran envergadura a Cea-Bermúdez: decidió convivir sin matrimonio oficial, aunque sí secreto, con un chico de Tarancón de 25 años llamado Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, que era Guardia de Corps de palacio. Fernando Muñoz fue nombrado duque de Riánsares. Los carlistas se escandalizaron por no haberse guardado el luto de costumbre y por el “matrimonio” morganático y sin cura que lo presidiese. Hubo que recurrir a un cardenal, el nuncio Francesco Tiberi, para que declarara válido el matrimonio, cosa que se produjo 11 días después. El matrimonio, aunque secreto, invalidaba el derecho de María Cristina a la Regencia, pues no estaba consentido por el Consejo de Regencia. A partir de ese momento, María Cristina fue una Regente débil, en manos de los conocedores de su secreto, los cuales amenazaban con divulgarlo, y hacerle perder la Regencia, cada vez que les convenía. Uno de los que sabía su debilidad era Espartero, que hacía lo que le venía en gana todo el tiempo. A su vez, el papel de Tiberi en la política española, impedía reconocer al nuevo Nuncio nombrado por el Papa, Luigi Amat de San Filippo.

Los años 1834 y 1835, los pasó María Cristina en sus palacios de Aranjuez, El Pardo y La Granja y se decidió mantener en secreto el matrimonio porque su publicidad acarrearía la pérdida de la regencia. La cuestión era complicada porque María Cristina se embarazaba y tenía hijos muy a menudo, que eran enviados a París para seguir disimulando. Tuvo siete, casi a uno por año. El Gobierno fue llevado por una camarilla organizada entre los parientes de Fernando Muñoz.

María Cristina se fue refugiando cada vez más en la derecha, en los moderados y ni siquiera caía simpática a todos ellos. Era afable en el trato, pero incumplía todo lo prometido y se hacía así muchos enemigos. Cada vez que había dinero por medio, no dudaba en quedarse con lo que pudiera, aunque tuviera que mentir o desdecirse.

A finales de 1833, el programa de Gobierno de Cea-Bermúdez no contentaba ni a los absolutistas simpatizantes del carlismo, porque se tomaban medidas contra el carlismo, ni a los liberales, porque no se iba a una constitución.

Los liberales recibieron entonces muchas adhesiones como la de los hermanos del rey difunto Francisco de Paula y Luisa Carlota, el embajador inglés Rayneval, el embajador francés Villiers, Luis Fernández de Córdova, Marqués de Miraflores, general Manuel Llauder (Capitán General de Cataluña), general Vicente Genaro Quesada (Capitán General de Castilla la Vieja), y el Consejo de Gobierno casi en pleno. El Consejo de Gobierno pidió entonces la dimisión de Cea, que era el verdadero objetivo político del momento de todos los bandos.

Se reunieron los reformistas Juan José García-Carrasco Gómez-Benitez, Rufino García-Carrasco Gómez-Benítez, José de la Fuente Herrero, Bartolomé Gallardo, Puigdollers, Avinareta y otros, y se plantearon el golpe de Estado con arresto de Cea. Decidieron no llegar al golpe, sino hacer una campaña de prensa en la que supuestamente Don Carlos hubiera hecho un manifiesto de negación de los derechos de María Cristina e Isabel II. El marqués de Miraflores habló con Cea para poner en marcha la campaña de prensa. Cea-Bermúdez se negó a publicar falsedades. Entonces Miraflores pidió a María Cristina la destitución de Cea-Bermúdez. El General Quesada repitió o secundó la petición de Miraflores. Pocos días después, el embajador inglés Rayneval y el embajador francés Villiers comunicaron a la infanta Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias[16] y a su esposo Francisco de Paula de Borbón y Borbón Parma que ellos también eran partidarios de destituir a Cea. Y María Cristina se decidió a cesar a Cea-Bermúdez.

Cea-Bermúdez dimitió el 15 de enero de 1834 y dio paso a un nuevo Gobierno que presidía Martínez de la Rosa, en enero de 1834.

[1] Narciso Heredia y Begines, 1775-1847, marqués de Heredia y conde consorte de Ofalia, en 1808 decidió retirarse de la política, y así pudo volver en 1814 por no haber tenido cargos en época napoleónica. En 1818 fue ministro del consejo Supremo de Guerra. En 1819 fue acusado de malversación de bienes públicos, pero fue indultado en 1820. En 1823 fue miembro de la camarilla de Fernando VII y en diciembre de 1823, Ministro de Gracia y Justicia en el Gobierno Casa Irujo. En febrero de 1825 se le encargó formar Gobierno, que mantuvo hasta 11 de julio de 1825. Fue acusado de filo-liberalismo y destinado en 1825 a la embajada de España en Estados Unidos, en 1827 a la embajada de Londres y en 1829 a la de París. En 1830 le explicó a Fernando VII el liberalismo. En 1832 fue Ministro de Fomento y en 29 de septiembre de 1833 repitió el cargo.

[2] Manuel Llauder y Camín, 1789-1851, marqués del Valle de Rivas, tenía ideas absolutistas y fue apartado del mando en 1820 y recuperado en 1823. Fue Capitán General de las Vascongadas en 1825, Capitán General de Aragón en 1830 y Virrey de Navarra en 1830-1832, y Capitán General de Cataluña en 1832. En 1833 optó por los isabelinos y en 1834 fue Ministro de Guerra y Capitán General de Cataluña. Fracasó en la lucha contra los carlistas catalanes.

[3] Vicente Genaro de Quesada, 1782-1836, marqués de Moncayo, 1833-1836, fue un hombre formado en las Guardias Valonas que consiguió algunos ascensos en 1808, antes de ser apresado en Gamonal y conducido a Dijon (Francia), de donde escapó como tantos otros. Fue Gobernador Militar y Político de Santander. En 1820 se opuso a restaurar la constitución de 1812 y se exilió a Francia, de donde regresó con las fuerzas realistas de Los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823. En 1825 fue Capitán General de Andalucía. En 1833, fue nombrado Capitán General de Castilla la Vieja, por Cea Bermúdez, desde donde lucho contra los carlistas de Gerónimo Merino y ganó el título de marqués y el destino de Virrey de Navarra, donde debía enfrentarse a Zumalacárregui. Fracasó en esta misión. Aceptaba el liberalismo siempre que se guardase el orden público. Quiso controlar a los sublevados en los sucesos del Motín de La Granja de 1836, y fue asesinado por las masas progresistas.

[4] Luis Fernández de Córdova, 1798-1840, llegó a España en 1823 para restaurar el absolutismo y fue destinado como embajador a París, Lisboa y Berlín. En 1833 se declaró isabelino y fue destinado a la lucha contra los carlistas vascos. En 1836 huyó de España a París y volvió en 1838. En 1838, huyó de España a Lisboa.

[5] Manuel Pando Fernández Pinedo, 1792-1872, marqués de Miraflores, marqués de Pontejos… aun siendo de ideas absolutistas, en 1832 optó por cristinos y en 1834 fue enviado a Londres donde negoció la Cuádruple Alianza.

[6] Ver: Pérez Nùñez, Javier. Entre el Ministerio de Fomento y el de Gobernación, UNAM Ediciones, Madrid 2011.

[7] Ver: Javier Pérez Núñez “Las Diputaciones Carlistas en Vizcaya durante el primer enfrentamiento civil (1833-1839)”. Estudios Vascos. Está en WWW.

[8] José María de Orbe y Elío, 1776-1850, III marqués de Valdespina, era líder realista vasco, lo que le impidió hacer carrera en tiempos de Fernando VII, y proclamó Rey de España a Carlos de Borbón en octubre de 1833. Cuando Don Carlos llegó al País Vasco, le nombró brigadier de infantería y miembro de la Junta consultiva. En 1839 se opuso al Convenio de Vergara y tuvo que exiliarse a Francia.

[9] Pedro Sarsfield Water, 1779-1837, I conde de Sarsfield, 1834-1837, era un absolutista convencido y también partidario del orden público. Se había iniciado en el ejército en Ceuta en 1791 y había tenido destinos en 1794 en el País Vasco, y 1798 en Canarias. Durante la Guerra de la Independencia luchó en Cataluña y Aragón. En 1819 ascendió a General y fue destinado al ejército que debía partir para América. El 1 de enero de 1820 no se sumó al levantamiento de Riego, sino fue de los que persiguió al líder liberal rebelde, hasta que recibió una orden de Juan O`Donojú de suspender la persecución, lo cual permitió a Riego salvar la vida. En marzo de 1820 no quiso jurar las Constitución y fue apresado. En 1823 se sumó a las fuerzas de Monçey de l Los Cien Mil Hijos de San Luis y se le encargó el Gobierno de Barcelona. En 3 de octubre de 1833 tomó Bilbao a los rebeldes carlistas. El 4 de enero de 1834 fue nombrado conde por su actitud de contener a los rebeldes carlistas que estaban apareciendo. En 1836-1837 era Virrey de Navarra y su conducta frente a los carlistas fue dudosa. Fue asesinado por sus propios soldados.

[10] José Ignacio de Uranga Azcune, 1788-1860, se enroló en el ejército en 1808 en Oviedo, donde estaba estudiando. En 1833 se declaró carlista y formó parte de la Guardia personal de Carlos María Isidro. Era carlista radical, “apostólico”. En 1839 se exilió a Francia y regresó tras la amnistía de 1848.

[11] Juan Manuel Sarasa Locen, 1785-1856, era un sacerdote que en 1805 abandonó la sotana y se incorporó al ejército, donde conoció Italia, Alemania y Suecia, a las órdenes del marqués de la Romana y al servicio de Napoleón. En 1821-1823 se declaró realista al servicio del Marqués de Moncayo. En 1833 se declaró carlista y en diciembre, partidario de Zumalacárregui. En Agosto de 1839, Convenio de Vergara, se exilió a Francia y regresó en 1848 acogiéndose a una amnistía. Visto en Auñamendi Eusko Entxiklopedia, Bernardo Estornés Lasa Fondoa.

[12] En 27 y 28 de octubre de 1834, Francisco Iturralde colaboraba con Zamalacárregui en Salavatierra y vitoria y, juntos, vencieron a O`Doyle, pero en diciembre de 1834, actuaba por libre, atacó al general Córdoba y fracasó, y en 1836 fue sorprendido y duramente derratado por los generales León e Iribarren. Fue sometido a Consejo de Guerra y retirado del campo de acción, pero fue apresado por el guerrillero liberal Zurbano, fue apresado en Vitoria y murió en la cárcel deVitoria.

[13] Fuente: Íñigo Pérez de Rada Cavanilles, La Partida de Palillos y su Estandarte, 1833-1840.

[14] Manuel Carnicer, 1790-1835, había sido coronel en las Guardias Valonas, pero , tras participar en las revueltas realistas de 1822-1823, fue separado del ejército y se retiró a Alcañiz, su pueblo natal. Desde allí, en 1833, levantó el Maestrazgo por Don Carlos. A la muerte de Rafael Ram de Viu barón de Hervés, primer jefe local de la zona, se convirtió en el jefe realista de la zona. En 1835 fue a visitar a Don Carlos y durante el viaje fue reconocido por un compañero de Guardias Valonas, por lo que fue apresado y fusilado en 6 de abril de 1835. Su muerte significó el inicio del mito Cabrera, nuevo jefe carlista del Maestrazgo.

[15] Ver Ignacio Javier Castán Andolz, La sociología del carlismo catalán durante la guerra dels matiners. Hispania Nova nº 2, 2001-2002.

[16] Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias, 1804-1844, había nacido en Nápoles y era hija de Francisco I de Dos Sicilias y de Isabel de Borbón. Se había casado en junio de 1819 con Francisco de Paula Borbón, 1794-1865, el hermano menor de Fernando VII. En 1832, había tenido una intervención importante en la historia de España, pues conoció el documento por el que Fernando VII anulaba la anulación de la Ley Sálica, es decir, desheredaba a Isabel II y dejaba como heredero a Carlos de Borbón, su hermano. Luisa Carlota rompió el documento e hizo público lo que estaba pasando, lo cual alertó a María Cristina, que desde entonces se ocupó de las cosas del Gobierno a fin de que heredara su hija Isabel y de que ella misma fuera Reina madre y Regente de España.