19.11.01.1833, un momento histórico en España.

1833, UN MOMENTO HISTÓRICO EN ESPAÑA.

REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE BORBÓN.

Fernando VII murió en 29 de septiembre de 1833. Ese mismo día se estableció un nuevo Gobierno de Francisco Cea Bermúdez, que estaba ya gobernando desde 23 de noviembre de 1832 antes de la muerte del Rey. Cea Bermúdez era un absolutista moderado, capaz de conversar con los liberales moderados. El segundo Gobierno de Cea Bermúdez duraría hasta 15 enero 1834.

En el testamento de Fernando VII, que se abrió el 3 de octubre de 1833, Fernando VII dejaba a María Cristina de Borbón como Reina Gobernadora del Reino durante la minoría de edad de Isabel II, y también dejaba un Consejo de Gobierno para asesorar en política y administración a la Reina Gobernadora.

El 4 de octubre, la Reina Gobernadora hizo una proclama a todos los españoles, la cual había sido redactada por Cea Bermúdez y Javier de Burgos, en la que proclamaba[1]:

El catolicismo y la monarquía como bases del nuevo régimen político,

La defensa de la autoridad real y el respeto a las leyes vigentes. La conservación de la monarquía absoluta.

La disminución de impuestos compatible con la seguridad del Estado, mantenimiento de la justicia, seguridad de las personas y de sus bienes, y el fomento de la riqueza.

La necesidad de cooperación de todos.

El respeto a los pactos internacionales.

La entrega de la Corona a Isabel II a su tiempo.

Y anunciaba algunas reformas administrativas.

Se pretendía atraer a la burguesía a las filas de María Cristina. Cea hizo una campaña de captación de adeptos con el fin último de evitar el levantamiento carlista.

Pero el manifiesto fue mal acogido por los absolutistas: Santos Ladrón se sublevó en Guipúzcoa y Manuel María González en Talavera de la Reina. Fueron fusilados. Se reconquistó Vitoria y Bilbao, pero esas acciones militares tampoco fueron el final de las sublevaciones. Los liberales “exaltados” tampoco aceptaron el manifiesto del 4 de octubre porque opinaban que continuaba el absolutismo y se escamoteaba la vuelta a la Constitución de 1812, así que se organizaron en torno a Francisco de Paula de Borbón (hijo de Carlos IV) y su esposa Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias, que incluso podían llegar a ser los nuevos reyes de España. Con este grupo liberal estaban el embajador de Francia, Maximilien Gerard de Rayneval conde de Rayneval; el embajador de Gran Bretaña, George Villiers[2]; Luis Fernández de Córdova, general que había apoyado el absolutismo en 1823 pero apoyaba a Isabel II en 1833; Manuel Pando Fernández de Pinedo marqués de Miraflores, conservador pero isabelino; general Manuel Llauder Camín, que había sido Capitán General de Aragón y Virrey de Navarra; general Vicente Genaro Quesada, que había sido comandante de la Guardia Real; y enseguida se opuso también el Consejo de Gobierno.

En noviembre de 1833, las insurrecciones eran tantas que la situación era de guerra civil. Cea había fracasado. En enero de 1834, mostró su oposición a la continuación del absolutismo Martínez de la Rosa y se abandonó por completo el proyecto de continuar de alguna manera el absolutismo. Entonces se ordenó redactar el Estatuto Real.

El Consejo de Gobierno, asesor de la Reina Gobernadora, se reunió el 5 de octubre. El Consejo de Gobierno estaba integrado por:

Presidente:

José Joaquín Silva Sarmiento, marqués de Santa Cruz.

Vocales:

Cardenal Juan Francisco Marcó y Catalán

Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides, XIV duque de Medinaceli

Francisco Javier Castaños, duque de Bailén.

Pedro Agustín Girón de las Casas, marqués de las Amarillas.

José María Puig.

Francisco Javier Caro.

Nicolás María Garelli Battifora.

Secretario

Narciso de Heredia y Begines, conde de Ofalia.

Este Consejo de Gobierno se mantuvo hasta 18 agosto 1836 en paralelo a los Gobiernos existentes en cada momento.

LAS POTENCIAS EUROPEAS ANTE LA MUERTE DE FERNANDO VII.

El 4 de octubre de 1833, María Cristina de Borbón, Francisco Cea Bermúdez y Francisco Javier de Burgos publicaron un manifiesto, o programa de gobierno, con el que trataban de conseguir el reconocimiento de Isabel II por las naciones europeas.

Isabel II no fue reconocida ni por Cerdeña ni por Dos Sicilias, Estados que se habían declarado pro-carlistas y estaban con el otro aspirante al trono, Carlos de Borbón y Borbón Parma, hermano de Fernando VII. Nápoles, incluso había roto relaciones diplomáticas con España. La posición de las “potencias del norte”, Austria, Rusia y Prusia, antes llamadas Santa Alianza, fue de espera de acontecimientos hasta ver qué Gobierno se consolidaba en España. Creían fácil el triunfo de Don Carlos y en ello se equivocaron. Los Estados italianos, incluyendo los Estados Pontificios, se decantaron del lado de D. Carlos.

El Papa Gregorio XVI (1831-1846), tenía miedo a dar pasos en falso y se deshizo en disculpas y aplazamientos, lo cual indignó a Pedro Gómez Labrador contra el nuncio Luigi Amat de San Felipe. El nuncio Luigi Amat había sido nombrado antes de morir Fernando VII, pero había presentado sus credenciales cuando Fernando VII había muerto y venía con pretensiones de imponer las ideas carlistas. Las credenciales de Luigi Amat no fueron aceptadas por Cea Bermúdez, el cual esperaba un reconocimiento de Isabel II al que el nuncio se negaba. Roma protestó por la actitud de Cea Bermúdez. En España se inició la campaña anticlerical obvia ante el hecho de que el Papa jugara a la política, no declaradamente carlista, pero casi. Roma se oponía a reconocer a Isabel II porque los territorios italianos sobre los que el Papa gobernaba dependían de Austria, y Viena defendía a Don Carlos María Isidro como sucesor en España. Además, los carlistas se declaraban católicos integristas, que harían en todo momento la voluntad del Papa, y ello le gustaba más que los católicos integristas de Isabel II que habían pactado con los liberales, es decir, con los católicos no integristas. Gregorio XVI destacaría por su enemistad con los jansenistas, los que querían una democratización de la estructura de la jerarquía católica.

Inmediatamente a la muerte de Fernando VII, en 1833, sólo Gran Bretaña reconoció al Gobierno de Isabel II. Para asegurar el trono de Isabel II, en 1834 España pactó con Francia reconociendo España en ese pacto al Gobierno de Luis Felipe de Orleans y al de Leopoldo de Bélgica, a cambio de que ellos reconocieran el de Isabel II, sumándose al reconocimiento que había hecho Gran Bretaña. Y a continuación se sumó un buen número de Estados.

Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica, Grecia y Brasil, sí reconocieron a Isabel II. En realidad, todos seguían la política marcada por las dos primeras potencias citadas. Tenían interés en que en España hubiera un Gobierno liberal como el de Luis Felipe de Orleans a fin de formar un “bloque occidental” que fuera contrapeso al de las “potencias del norte”. Las “potencias del norte” estaban deseando intervenir en el sur de Europa, Italia y España, y eran un peligro para occidente.

El reconocimiento de Isabel II por el “bloque occidental” supuso para España algunos problemas:

En primer lugar, había que hacer cambios en las relaciones exteriores y reconocer la legalidad de los Gobiernos de Bélgica, Grecia y Brasil, que este bloque defendía.

En segundo lugar, había que reconocer la superioridad y liderazgo de Francia y de Gran Bretaña. El embajador británico Villiers y el francés conde de Rayneval, opinaban que había que destituir a Cea Bermúdez para poner a Martínez de la Rosa, lo cual se hizo a los pocos meses. Esto equivalía a que España tenía que reconocer que ya no era potencia de segundo orden, como lo venía pensando de sí misma hasta Fernando VII, sino país satélite de otras potencias, una categoría más baja en la consideración internacional de los países.

SIGNIFICADO HISTÓRICO DE

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA.

La Regencia de María Cristina tiene varios significados importantes en la historia de España: la implantación del primer liberalismo burgués en España; y el inicio de una guerra carlista con varias fases, 1833-1840, 1846-1849, 1855, 1860, y 1872-1876.

EL INICIO DEL LIBERALISMO BURGUÉS.

La caída del absolutismo y el consiguiente desplazamiento del poder de la nobleza y el clero, fue un proceso progresivo que se alargó durante todo el siglo XIX, al menos hasta 1868, y tuvo como punto de inflexión definitivo la desvinculación y la desamortización, tras las cuales los nobles se convirtieron en burgueses. Los nobles se convirtieron en propietarios de sus tierras señoriales, los burgueses y nobles adquirieron nuevas propiedades agrarias, los campesino se hicieron propietarios los unos y proletarios los otros, y los artesanos se hicieron industriales unos pocos o proletarios la mayoría. El proceso tuvo un momento de máximo empuje tras el Bienio Progresista de 1854-1856, cuando se desarrolló el ferrocarril, se legisló la banca, se liberalizó el comercio, y surgió una verdadera industrialización en Barcelona, País Vasco, Asturias y Sevilla-Málaga.

Los graves problemas existentes de antaño, y persistentes en el XIX español, ruina del Estado, persistencia de costumbres y grupos sociales, falta de dinamismo en los cambios, harán que el cambio sea insuficiente y que su necesidad se mantenga viva como problema muchas décadas todavía.

El régimen liberal implantado en España en el XIX, era un liberalismo burgués y oligárquico. En esta época se generó la personalidad de los partidos liberales españoles. Los términos utilizados de “burgués y oligárquico” se basan en que los liberales de 1833 establecieron un voto censitario de manera que no pudieran votar las clases medias y bajas, y en la gran decisión de atribuir la propiedad de la tierra a los oligarcas, acabando, sí, con los señoríos medievales, pero mediante la privación de la propiedad para las clases bajas de campesinos, privación que fue la base de toda la política española del XIX.

El liberalismo es un movimiento político que cree que los derechos humanos están por encima de derechos de Reyes, Papas, estamentos, costumbres y leyes en su contra. Sus principios son los de liberté, egalité y fraternité. Libertad significa que ningún hombre queda sometido a otro, sino por su propia libertad y de forma revocable. Igualdad significa que la ley es igual para todos sin privilegios individuales, estamentales, corporativos ni territoriales. Fraternidad significa que los afortunados adquieren el deber moral de ayudar a los que han tenido menos suerte en la vida y desean tener oportunidades de progreso. Tal vez hoy se utiliza más el término solidaridad.

El origen del término “liberal” era que los privilegiados debían ceder sus privilegios corporativos y estamentales al colectivo social a fin de que todos pudieran ser iguales. Porque debían cederlos, debían ser “liberales”, dadivosos, desprendidos.

Las interpretaciones que se hicieron del liberalismo fueron muy diferentes y, a menudo, contrarias al espíritu liberal: Unos hablaron del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y dieron lugar al nacionalismo, el cual puso el deber nacional por encima de los derechos de las minorías; otros hablaron de la cesión de privilegios del clero y la nobleza a las clases más preparadas, que según ellos eran los burgueses, y dieron lugar al liberalismo burgués; otros dijeron que la cesión de derechos se debía hacer en beneficio de las mayorías, y como la mayoría era el pueblo inculto, obviaron los derechos de las minorías (nobleza, clero, burgueses) y llegaron al populismo, gobierno de la irracionalidad (el sentimiento nacional, el sentimiento de solidaridad sin límites en la razón) y de la incultura, gobierno de los menos preparados, lo cual es un absurdo y siempre termina en el Gobierno de un líder o un grupo populista que aprovecha la circunstancia para controlar el poder con sólo manifestar que lo hace en nombre del pueblo.

La construcción del verdadero liberalismo, con respeto a los derechos de todos, es una tarea que nunca tiene fin, a la que siempre le quedan cosas por hacer, pero que apenas se intentó en el siglo XIX español. El resultado fueron tensiones sociales, que acabaron en la gran venganza de ambos bandos sobre el contrario en 1936.

Fernando VII no había querido dejar implantarse al liberalismo, pero era consciente de que este movimiento existía y de que era imparable. Podía haberlo tolerado en 1827 y años siguientes, pero las circunstancias hicieron que hubiera enfrentamientos entre el Rey y los liberales y no se produjo la ocasión. Pero Fernando VII sabía que el movimiento iba a más y que tenía futuro, pues lo veía en otros países de Europa y se había informado sobre ello en 1830.

Fernando VII intentó cortar las alas a los ultraabsolutistas para así evitar violencias entre ellos y los liberales. Y no quiso aceptar que gobernase su hermano, porque creía que ello significaría una época de represión que pondría a España a la contra de las tendencias europeas. Tras muchas dudas y vacilaciones, a Fernando VII se le ocurrió una tercera vía entre el liberalismo y el ultraabsolutismo, y llamó a Martínez de la Rosa para liderarla. La «conspiración de los moderados» de 1826 fue abortada por los carlinos, y Fernando VII intentó de otra manera la alianza de la Corona con la burguesía en un viaje a Cataluña en 1827. Más tarde, los sucesos de La Granja de 1832 cortaron posibilidades de acuerdos de la Corona y de la aristocracia con los burgueses.

En el proyecto del Rey de acercarse al movimiento liberal estaban algunos afrancesados de 1808-1814 que habían ido regresando a España poco a poco, algunos durante el Trienio Liberal, y otros más tarde. Estos afrancesados mostraban teorías políticas razonables y prudentes, alejadas de los extremismos propios de la época que estamos considerando. No se podían constituir en grupos políticos porque los grupos políticos estaban prohibidos, pero podían escribir en los periódicos, hablar en las tertulias, tener una academia como fue el caso de Alberto Lista, integrarse en logias masónicas de rito escocés los más extremistas. Entre estos pre-liberales destacamos a Alberto Lista, Sebastián Miñano Bedoya[3], Félix José Reinoso[4], Javier de Burgos, Victoriano Encima y Piedra[5], José María Blanco White y otros.

También había algunos «patriotas» de 1808 que se inclinaban a la tolerancia entre diversas ideas incluido el liberalismo, como era el caso del marqués de las Amarillas, Fernández de Córdoba, el conde de Ofalia… que querían reformas en la Administración, leyes que favorecieran el desarrollo de las clases ilustradas y burguesas, plena soberanía nacional y oposición a todo extremismo.

Pero la tercera vía política fracasó. En 1833 se impuso la guerra civil, pues la poca flexibilidad de Cea y el extremismo de los absolutistas duros y de los liberales populistas, llevó a la confrontación. Los realistas puros no aceptaron otra postura que no fuera la coronación de Don Carlos. Los liberales populistas pedían lo imposible y a ello lo llamaban cambio. Y triunfó el liberalismo burgués más reaccionario.

La burguesía pedía reformas administrativas que racionalizaran la Administración, las instituciones, pero pronto los burgueses comprobaron que sin reformas políticas no habría reformas administrativas perdurables en el tiempo, y que las concesiones desde el poder eran pan para hoy y hambre para mañana. Cuando Cea Bermúdez aseguró que mantendría en su integridad la soberanía real, creyó que tendría la adhesión de una parte del absolutismo español. Se equivocó. Y además, los liberales empezaron a desconfiar de él. El proyecto Cea había fracasado.

Una vez empezada la guerra en 1833, los bandos españoles exigieron posturas de fidelidad a favor o en contra de Don Carlos. Era preciso definir qué era ser “cristino”, pues María Cristina no creía, ni creyó nunca en su vida, en el liberalismo. Toleraba a los liberales para poder ser Reina Madre Regente de España. Y España se dividió en dos bandos cada vez más radicalizados. No era un mero pleito dinástico, ni un nuevo enfrentamiento ideológico, ni una oposición de intereses, sino una compleja mezcla de todo ello que casi nadie entendía. La guerra obligó a todos, incluso a los que no querían hacerlo, a pronunciarse por uno de los bandos. Y en ese decantamiento entre ambos bandos, la Iglesia católica, que no quería manifestarse como liberal ni como carlista, y en todo caso debería haber buscado la reconciliación entre los bandos, se declaró carlista. No tenía sentido porque si el bando carlista era integrista católico, el bando isabelino-cristino era la alianza de integristas católicos, liderados por María Cristina y más tarde por Isabel II, con católicos no integristas, los liberales. Y sobre la Iglesia surgió la crítica feroz. La nobleza en general se inclinó por los liberales-cristinos cuando éstos les garantizaron el disfrute de sus propiedades y las máximas probabilidades de acceder a los altos cargos de la administración, y la posibilidad de adquirir nuevos bienes. Los intelectuales, profesionales, altos funcionarios, industriales, comerciantes y propietarios en general empezaron pensando en un camino intermedio, pero acabaron en el liberalismo. Los grupos populares se mantuvieron fieles a la tradición, pero ello implicaba que unos siguieran a los sacerdotes carlistas que eran la tradición de su zona geográfica, otros siguieran a nobles y a empresarios liberales, otros se inclinasen por el general victorioso de turno. Y como los militares estaban divididos, la guerra fue larga, hasta 1839, fecha en la que Maroto decidió la unidad del ejército español mediante el Pacto de Vergara.

El integrismo religioso es un pensamiento que defiende que sus creencias han sido dadas por Dios y por tanto sus normas morales son perfectas y superiores a las de otros sistemas morales. No admite a veces que existan sistemas morales distintos, y nunca admite que otros sistemas morales puedan tener puntos de moral más alta que la del sistema en el que ellos creen.

La aparición de la ciencia en el XVII, cuyos principios contradecían y eran superiores a las doctrinas defendidas y admitidas por los creyentes, fue un duro golpe para el integrismo católico. La revolución francesa con sus reivindicaciones de libertad e igualdad en el XVIII, lo que significaba abolición de privilegios eclesiásticos y pérdida de bienes adquiridos en condiciones de moral discutible según la nueva moral burguesa, fue un segundo golpe al integrismo. Los socialismos, con la reivindicación de los derechos de los trabajadores y negación del principio del castigo divino a trabajar, fue un nuevo golpe. Y la no aceptación, por parte de la Iglesia, de estas nuevas ideas de moralidad, llevó a muchos a dejar de creer en la Iglesia, y a los clérigos mismos a dividirse entre los que veían el error que se estaba cometiendo y los que se negaban en redondo al cambio en las doctrinas religiosas milenarias.

Por tanto, decimos que el integrista religioso cree que la Iglesia debe imponer sus normas morales al Estado, a la sociedad, y a las instituciones laicas. Dentro del integrismo, hay muchos grados, desde el simplemente teórico que se limita a exponer su punto de vista, al que cree que sus principios deben ser defendidos con la violencia y la muerte. Es perfectamente tolerable el que cree en unas ideas y las manifiesta al resto de la sociedad, y sobre todo el que da testimonio con su forma de vida de su manera de pensar y una moralidad en el vivir. Es intolerable el que se cree enviado de Dios para exterminar a los que no aceptan sus modos de pensar. De todos modos, éstos últimos caen en una contradicción, pues si creen que Dios les necesita para exterminar, es que tienen un bajo concepto de Dios, no todopoderoso, que les necesita a ellos, que sin ellos podría desaparecer. Curiosamente el integrismo radical y violento puede ser tildado de ateísmo.

El liberalismo implantado en España en 1833 era sólo la conveniencia política de los absolutistas moderados para mantener el trono frente a los carlistas, pero la evolución de estos moderados absolutistas, fue a aceptar la Constitución de 1812 en 1836, la de 1837, la de 1845 y las siguientes, con lo cual damos nosotros por iniciado el liberalismo, aunque en España muy pocos españoles, en el siglo XIX, creyeran en la Constitución y en la posibilidad de la igualdad de derechos de todos los españoles. Más bien, las Constituciones españolas del XIX fueron letra muerta que ningún gobernante respetaba, salvo honradas excepciones.

El ambiente general español del siglo XIX era de señorío y privilegio, a pesar de decirse liberales. La soberanía nacional fue combatida con la teoría de la soberanía histórica del rey y lo más que aceptaban los españoles era la convivencia de ambas soberanías, expresada durante todo el siglo con la paráfrasis “las Cortes con el Rey”. En el bando cristino había muchos católicos integristas, capitaneados por María Cristina, y más tarde por Isabel II, y algunos católicos no integristas que llamamos liberales, aunque quizás sea una fecha demasiado temprana para denominarlos así. Entre los más radicales de los liberales, los demócratas primero, los socialistas después, surgió el ateísmo como reacción lógica a la postura oficial de la jerarquía católica.

La nobleza de sangre aceptó el cambio al liberalismo, en 1833, porque se oponían al extremismo clerical de Carlos de Borbón. Esta postura de los nobles se llamó realismo moderado, y cabe la duda de si a los que gobernaron en 1833-1836 podemos calificarles de liberales moderados o absolutistas moderados que no tuvieron más remedio que luchar contra el absolutismo de Carlos de Borbón. Durante el final del reinado de Fernando VII habían sido absolutistas moderados. A partir de 1833 fue un grupo no definido, que calificamos de liberal moderado, pero es una forma de entendernos, no una idea precisa.

A partir de 1836, la nobleza quedó comprometida con el trono de Isabel II y el liberalismo, porque era muy ventajoso para ella tras recibir las tierras en propiedad y poder así incrementar mucho sus rentas, tanto por la conversión de señoríos en propiedad, como a raíz de la compra de tierras desamortizadas.

La Iglesia católica española, la gran perjudicada por la desamortización, aceptará el liberalismo español en 1851 porque así lo decía el Papa, pero en el fondo de sus conciencias, gran parte de los religiosos y sacerdotes católicos eran antiliberales, sobre todo cuando los Papas de finales del XX seguían condenando el liberalismo.

Para ambos estamentos, nobleza e iglesia, era preciso cambiar, porque la pérdida de las posesiones americanas en la Guerra de Independencia Americana de 1808-1826, había eliminado los mercados exteriores sometidos al monopolio de los precios españoles. Y los productos coloniales de exportación e importación eran los suyos. Era preciso adaptarse a las condiciones de un mercado peninsular en exclusiva, pues los altos precios impedían crear un mercado alternativo a América o llevar los productos a Europa. El absolutismo era incapaz de transformar el sistema, y no quedaba más remedio que intentar el liberalismo.

En cuanto a la burguesía, su deseo constante era alcanzar las cotas de distinción social que habían detentado hasta entonces algunos nobles y algunos eclesiásticos. Eran “liberales” en cuanto se oponían a los privilegios de la nobleza y el clero, pero la mayoría no deseaba extender los derechos a todos los ciudadanos, sino extender los derechos de forma que ellos estuviesen dentro de la categoría de los privilegiados.

Los moderados opinaban que sólo los muy ricos tenían derechos a participar en política, votar, y las élites plutocráticas a gobernar. Los progresistas opinaban que los que tenían derecho a votar eran muchos más, incluso los pequeños propietarios, pero ahí se quedaban. Dejaban fuera del sistema liberal a los asalariados, a los no trabajadores (entre ellos las mujeres), a los pequeños arrendatarios y muy pequeños propietarios. El liberalismo del XIX fue muy poco liberal.

LA GUERRA CARLISTA.

En segundo lugar, la Regencia de María Cristina representa el inicio de una guerra, la carlista, que continúa una serie de guerras que llenan trágicamente todo el XIX español: Guerra con Napoleón en 1791, Guerra con Inglaterra y derrota de Trafalgar 1805, Guerra de la Independencia 1808-1814, Guerra de la Independencia de América 1808-1826, que son anteriores a la que nos ocupa, Primera Guerra Carlista 1833-1840, que es la propia de esta época, Segunda Guerra Carlista en 1846, Guerra de la Cochinchina 1858, Guerra de Marruecos 1859, Guerras en Santo Domingo y en Chile, Guerra de México 1862-1865, Tercera Guerra Carlista en 1872-1876, Guerras de Cuba 1869-1898 y Guerra de los Estados Unidos en 1898.

El Estado español del XIX vivió condicionado por continuos gastos de guerra. Empezó el siglo con la quiebra de final del reinado de Carlos III, agrandada en tiempos de Carlos IV y en la Guerra de 1808, y no supo poner un sistema justo recaudatorio de impuestos, ni salir de los gastos absurdos de los gobernantes, ni abandonar las continuas guerras.

Y los españoles más pobres, vivieron siempre condicionados por la muerte en la guerra de alguno de los miembros de la familia en edad de trabajar, además de por un exceso de impuestos para subvencionar las campañas militares que organizaban los burgueses. A medida que fueron tomando conciencia de ello, se convirtieron en un polvorín a punto de estallar. Pero el estallido corresponde a otro siglo, al siglo XX.

LA TRANSICIÓN DEL ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO EN ESPAÑA.

Los protagonistas de la transición del absolutismo al liberalismo en España fueron varios grupos unidos circunstancialmente:

Los llamados conservadores autoritarios o “realistas templados” o menos duros, que también podíamos llamar aperturistas fernandinos o absolutistas moderados. Eran integristas en religión.

Los monárquicos de Fernando VII, dispuestos a que gobernase su hija Isabel y no su hermano Don Carlos. Eran integristas en religión. No podían dejar que gobernase Don Carlos, porque ello significaba volver al absolutismo feroz, revivir problemas ya superados en tiempos de los Borbones. Nunca se habían levantado contra del sistema político. Aceptaban algunas ideas renovadoras.

Los llamados liberales conservadores o doceañistas, que eran revolucionarios de 1812 decepcionados por el utopismo y radicalización populista de muchos sectores liberales. Tras cada revuelta populista, nuevos personajes de la época de 1808-1814 se incorporaban a este grupo. Este último grupo es minoría, aunque representen la evolución al futuro. Eran católicos no integristas.

Los afrancesados de 1808 que habían vivido el exilio en Francia en 1813-1820 y en 1823-1833. No todos eran católicos en conciencia, pero en España no podían manifestarse.

Las masas en la calle, sin ideología, y fácilmente manipulables por todos, por los carlistas contra el liberalismo, y por los liberales exaltados contra los conservadores, monárquicos y doceañistas.

Los católicos, los cuales estaban igualmente en todos los posicionamientos, según el líder del momento.

El grupo cristino se venía formando desde hacía tiempo por agregación, a base de todos los grupos citados: el 15 de octubre de 1832, un decreto de amnistía permitió regresar a los emigrados políticos, con excepción de los que se hubieran levantado en armas en los diversos golpes de Estado o pronunciamientos habidos, y los que hubieran participado en los sucesos de Sevilla de 1823. Los amnistiados regresaban a sus cargos, empleos y honores. La amnistía no era la «tercera vía» que había proclamado Cea Bermúdez, sino mucho más que eso, era una aceptación del liberalismo con todas sus consecuencias y así lo interpretaron lo que regresaban del exilio. Se necesitaban todas las fuerzas posibles para apoyar la sucesión en Isabel II. Por ello, el 5 de noviembre de 1832, los regresados elevaron una representación al Rey protestando por las excepciones hechas en el decreto de amnistía, pues quedaban excluidos personajes tan importantes como Espoz y Mina y Alcalá Galiano.

La evolución a una España constitucional y liberal, fue posiblemente una circunstancia para salvar el trono de Isabel II, pero una idea poco aceptada por los absolutistas moderados que formaban Gobierno en 1833. Sí hubo una evolución a las libertades económicas, cosa que se venía pidiendo desde hacía décadas en el absolutismo ilustrado. Hablar de liberalismo en España, como respeto a las libertades individuales, garantías ante el ejecutivo y judicial, elecciones libres, libertad de religión, respeto a los derechos de los ciudadanos… es difícilmente aceptable durante todo el siglo XIX, incluso en periodos denominados liberales progresistas, excepto en el plano puramente teórico. Sin embargo, los historiadores españoles aceptan que en 1833 empezó el liberalismo en España. Tal vez empezó el constitucionalismo o aceptación de una Constitución, pero sabemos que las constituciones eran letra muerta ante el caciquismo, el militarismo, el poder de la Iglesia, el populismo revolucionario. Cánovas se esforzaría en que la constitución de 1874 fuera algo vivo y aceptable para todos, razón por la que hizo una constitución muy conservadora, casi absolutista, acorde con la realidad española de fines del XIX. Habría que hablar de las dos Españas, la oficial liberal, y la real autoritaria, señorial y con resabios absolutistas, ya desde 1833 y posiblemente hasta 1978.

Federico Suárez, a mediados del siglo XX, decía que en la época de la Regencia de María Cristina había tres tendencias políticas: los conservadores absolutistas, los innovadores proliberales y los renovadores. Los renovadores serían los que querían reformas, pero respetando las tradiciones y adaptándose a las circunstancias del momento histórico. Serían el grupo que en 1812 había capitaneado Borrull, Dou, Gutiérrez de la Huerta y el obispo de Calahorra, los mismos que habían hecho el Manifiesto de los Persas en 1814, los que habían hecho las proclamas de la Regencia de Urgel en 1822 (Mataflorida y Eroles) aunque muchos de ellos acabaran en el carlismo porque Fernando VII no fue flexible en otorgar los cambios que postulaban.

[1] WWW Elaccitano.com. Manifiesto de S.M. la Reina Gobernadora Mª Cristina de…

[2] George Williams Frederick Villiers, en 28 de septiembre de 1833, sustituyó al embajador Henry Addington y permaneció como embajador en España hasta julio de 1839.

[3] Sebastián Miñano Bedoya, 1779-1845, hizo carrera eclesiástica en el Seminario de Palencia, en Salamanca y en Toledo. En 1795 fue a la Corte del Infante Luis María de Borbón Vallabriga a Toledo, y acompañó al Infante a Sevilla en 1799-1800 y a Toledo en 1800-1801. En 1801 fe acusado de jansenismo por mostrarse reformista de la Iglesia española. Pasó a Madrid como representante del Infante y en 1804-1808 se fue a Sevilla. Allí conoció jóvenes de ideología parecida a la suya como Alberto Lista, Félix José Reinoso, José María Blanco White y Cea Bermúdez. En 1808, a la llegada de los franceses, se hizo masón y servidor de José I. En 1813 emigró a Francia. En 1816 regresó a España porque supo que iba a ser indultado, como efectivamente lo fue en 1817. En 1820 se secularizó y empezó la parte de su vida más interesante políticamente: Además de escribir en El Censor, publicó Lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán, que era una crítica al clero español, calificada, como es natural por los integristas católicos como anticlerical. La llegada del liberalismo populista de 1822-1823 le desencantó y empezó a escribir contra sus corruptelas, por lo que fue contestado por los liberales “radicales” de afrancesado y libertino. En 1823 se exilió a Francia y escribió Histoire de la Revolution d`Espagne de 1820 a 1823. En 1824 regresó a España y escribió Diccionario Geográfico y Estadístico de España y Portugal, 1826-1829 en 11 volúmenes. Se integró en un grupo de absolutistas moderados liderado por López Ballesteros y escribía en la “Gaceta de Bayona” y en la “Estafeta de Sana Sebastián” contra los absolutistas duros liderados por Tadeo Calomarde. Obtuvo la Legión de Honor francesa, y la Orden de Carlos III española. En 1831 huyó de nuevo a Francia porque se sentía perseguido por los absolutistas duros, y no se atrevió a volver en 1833. Escribió en 1836 Revolution d`Espagne-Examen Critique. En 1844 regresó y se instaló en San Sebastián.

[4] Félix José Reinoso fue un sacerdote andaluz de Santa Cruz (Sevilla) que desempeñó una cátedra de humanidades en Sevilla y explicaba literatura. Fue miembro del Tribunal de la Rota. En 1827-1830 escribió La Gazeta, y en 1834 fue Inspector General de Imprentas y Librerías.

[5] Victoriano Encima y Piedra, 1766-1840 era un hombre de negocios en Cádiz que trabajó en la Real Caja de Amortizaciones, y en las Juntas de Comercio que trataban asuntos de América y Filipinas. Fue Secretario de Despacho de Hacienda en septiembre de 1832, y Secretario de Despacho de Fomento en noviembre de 1832.