El Gobierno de “los presidiarios”,
abril 1820 – 4 marzo 1821.
La situación política en marzo de 1820 era de extraordinaria singularidad, y en abril de 1820, lo sería más todavía: En marzo de 1820, los políticos de peso de 1812 no habían estado en la sublevación de Cádiz de 1820, y habían aparecido algunos liberales jóvenes, muy categóricos, con muy poca experiencia política, a menudo populistas. A ellos se sumaron los grandes pesos políticos, los que habían estado en el exilio y tenían experiencia de Gobierno, pero quedaban en segundo plano. Los novatos aparecían en primer plano y los veteranos en segunda fila.
No obstante, en estos primeros días de triunfo, la revolución de 1820 era moderada. Se iba a endurecer progresivamente cada año a lo largo del Trienio. Las razones por las que afirmamos este moderantismo son:
no fue una revolución sangrienta;
no acabó con Fernando VII, aunque sí eliminó de la política y del Gobierno a los 69 “persas”, los cuales cargaron con culpas ajenas. Se culpó a los “persas” de absolutismo, cuando la lectura imparcial del documento emitido por ellos, no lo era;
fueron saqueados muchos locales de la Inquisición, pero éste era ya un tema marginal en ese momento;
emigraron algunos realistas y regresaron del exilio los liberales;
algunos liberales moderados salieron de la cárcel para ir directamente al Gobierno.
El único rasgo más propio de los exaltados, fue que se elevó a la categoría de “héroes nacionales” a los insurrectos de Cádiz, lo cual fue un claro error cuando se les dieron cargos políticos para los que no estaban preparados. Era un gesto populista.
Lo anterior no fue “destruido” sino “sustituido pacíficamente”, pero los “liberales” cometieron el mismo error que había cometido Fernando VII en 1814, trataron de hacer desaparecer de la historia los seis años anteriores a ellos (incluso cometieron el error de hacer pagar a los funcionarios los seis años de paga que les debía el Gobierno, cuando no había dinero en caja y ello les introducía en problemas muy graves de gobierno).
Marzo de 1820 parecía una luna de miel entre los revolucionarios y los absolutistas, y aquello no tenía sentido. Un posicionamiento revolucionario, como decían que estaban haciendo, debería haber acabado con los realistas que habían destrozado el país en los últimos seis años. Y, en efecto, había una guerra interna entre políticos, pero se guardaban las formas en el exterior. El posible conflicto se dejaba para más tarde. Es otra característica de la revuelta de 1820, que hace tan singular el Trienio.
No dejaba de ser una contradicción el que hombres que no habían intervenido en nada en el proceso político de 1810-1814, quisieran administrar ahora la suerte de los liberales, proclamándose más liberales que los liberales de Cádiz. Ello ocurría entre los políticos y dentro del ejército. Era el romanticismo según algunos autores, o el populismo que sustituía al verdadero liberalismo, si se quiere ver de otra manera.
El 17 de marzo de 1820, la Junta Consultiva, o Francisco García Ballesteros si personalizamos, propuso introducir en el Gobierno algunos liberales moderados: Agustín Argüelles en Gobernación (creando esta Secretaría de Estado), Manuel García Herreros en Justicia, José Canga Argüelles en Hacienda, Miguel Moreno en Marina, y dejó sin nombre concreto la propuesta de la Secretaría de Guerra, con lo que se entendía que esperaba que fuera para él mismo. Fernando VII aceptó que hubiera cambio, pero no propuso ministro ninguno.
El 21 de marzo de 1820 el rey hizo propuesta de nuevo Gobierno, esta vez constitucional. Fernando VII tenía interés en que quedase patente que la constitución le otorgaba a él la potestad de deponer y nombrar ministros.
Fernando VII propuso como Secretario de Gobernación a Jacobo María de Parga y Puga, en contra de la propuesta de Ballesteros que era para Argüelles. Ballesteros protestó, y Fernando VII retiro a su candidato. Estas discrepancias llevaron a un cierto retraso en la conformación de Gobierno. Además, Fernando VII recelaba de nombrar a tanta gente sacada de la cárcel, y las discusiones duraron hasta abril.
Como a estos nuevos Secretarios de Estado hubo que sacarles de la cárcel, al rey le hizo gracia, y llamó a este ministerio el “gobierno de los presidiarios”. También Evaristo Pérez de Castro puede considerarse liberal moderado, pero no era “presidiario”.
Entre el 3 y el 8 de abril de 1820 hubo Gobierno. Se trataba de los hombres que habían redactado o discutido la constitución de 1812. Estos hombres eran, en 1820, mucho más moderados que lo habían sido en 1812 y creían que se debería reformar la constitución de 1812. Sus ideas fueron ahogadas en medio de las voces de los absolutistas, por un lado, y de los exaltados, por otro, y, en 1822, tuvieron que retirarse de la política. Son los llamados moderados o doceañistas.
Gobierno de abril de 1820.
Estado, era titular Evaristo Pérez de Castro Colomera[1], pero en realidad ejercía Juan Jabat Aztal[2] / 2 marzo 1821: Joaquín Anduaga Cuenca.
Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, José García de la Torre[3] como titular, pero en realidad Jacobo María de Parga y Puga / 3 abril 1820: Agustín de Argüelles Álvarez González[4] como titular pero en realidad Fernando Basilio Porcel y Román / 2 marzo 1821: Joaquín Baeza.
Gobernación para Ultramar, era titular Antonio Fernando Basilio Porcel y Román[5], pero en realidad ejercía el cargo Antonio González Salmón / 29 noviembre 1820: Ramón Gil de la Cuadra[6].
Gracia y Justicia, José García de la Torre / 8 abril 1820: Manuel García Herreros / 2 marzo 1821: Manuel Encima.
Hacienda, era titular Antonio González Salmón, pero ejercía el cargo, hasta la llegada del primero en 23 marzo 1820, José Canga Argüelles[7] / 2 de marzo 1821: Luis Sorela Mauri como titular, y en realidad Juan Ángel Caamaño[8].
Marina, Luis María Salazar Salazar / 6 abril de 1820: Juan Jabat Aztal / 2 marzo 1821: Diego Méndez de la Vega Difanzón.
Guerra, era titular Pedro Agustín Girón de las Casas, marqués de las Amarillas y primer duque de Ahumada. El marqués de las Amarillas, absolutista convencido, no era del gusto de los liberales y contra él se hicieron las conjuras políticas de los siguientes meses. En realidad, gestionaron el ministerio José María Alós y Antonio Remón Zarco del Valle Huet[9] / 18 agosto 1820: Juan Jabat Aztal / 23 septiembre 1820: Cayetano Valdés Flores como titular, pero en realidad Juan Jabat Aztal y Antonio Remón Zerco del Valle / 2 de marzo 1821: Ignacio Balanzat Briones.
Como decíamos más arriba, las singularidades eran muchas en abril de 1820:
No se nombró Presidente de Gobierno, pues se entendía que lo era el Rey. En ausencia de éste, ejercería como jefe y dirigiría las reuniones de Secretarios de Estado y Despacho, el Secretario de Estado, Evaristo Pérez de Castro.
El hombre fuerte, con más prestigio en teoría política era Agustín de Argüelles, considerado exaltado, pero partidario de evitar los excesos en la calle. En 1808 se había puesto al servicio de Jovellanos, quien le nombró Secretario de la Junta de Legislación, cargo en el que fue “factótum”, pues el Presidente Riquelme casi siempre estuvo ausente de dicho organismo. Era antipopulista, porque odiaba los desórdenes jacobinos, pero sabía utilizar el populismo. En Cádiz se había unido al conde de Toreno, y juntos habían publicado diversos impresos y organizado manifestaciones populares que hicieron fuerte al grupo “liberal” que era minoritario en las Cortes de Cádiz. Fue un líder liberal, que quería grandes reformas, pero odiaba la violencia populista. Utilizaba el populismo, pero controlado por él. Tuvo que gobernar controlando a los “revolucionarios”, y para ello, el 4 de agosto de 1820 ordenó disolver el Ejército de la Isla, es decir, los hombres de Riego, llegándose a la paradoja de que un populista moderado se enfrentaba a los populistas exaltados, lo cual fue el inicio de la crisis del llamado “liberalismo” de 1820-1823. A principios de 1821, los exaltados de Riego se radicalizaron más, y se organizaron en los Comuneros. Los exaltados de Riego acusaban a los radicales de Agustín de Argüelles de reaccionarios y conservadores.
Los exaltados eran populistas puros, violentos, lo que sirvió a los realistas para organizar sus propias sublevaciones, con el apoyo de los legitimistas franceses. El 15 de agosto de 1822, los realistas iniciaron la Regencia de Urgel.
Quedaba muy en evidencia el que se hubieran quedado fuera del Gobierno dos personas consideradas muy relevantes en aquellos días, como Martínez de la Rosa y el conde de Toreno.
Este Gobierno también actuaba conjuntamente con la Junta Provisional, pues ésta no se disolvió hasta 9 de julio, cuando se abrieron las Cortes. El objetivo de ambos organismos de Gobierno era restablecer el orden político, la autoridad de los tribunales, el imperio de la ley.
La acción de este Gobierno era particularmente difícil:
Por un lado, tenía que contentar a las “sociedades patrióticas” populistas que amenazaban continuamente con salir a la calle. El Gran Oriente, establecido en Madrid, coordinaba movimientos populares por toda España, y las sociedades secretas dispuestas a la insurrección, como los Comuneros o los Carbonarios, podían levantarse en cualquier momento en otros movimientos populistas más violentos. Las sociedades patrióticas eran esencialmente tertulias de café, pero que no se quedaban en la mera tertulia, sino que continuamente elevaban peticiones a las Cortes. En toda tertulia de importancia figuraba un ministro o un alto cargo político, o gente allegada a políticos importantes, que decía vehiculizar las peticiones, o que quizás se servían de la tertulia para sus aspiraciones personales. Cada político tenía su tertulia. Por ejemplo, el doceañista García Herreros, tenía “La Templanza”.
En segundo lugar, el Gobierno debía dejar satisfechos a los absolutistas, que eran el apoyo del rey y dominaban muchos campos del ejército y la administración.
En tercer lugar, había que restablecer los decretos de Cádiz.
Y el Gobierno, sin reparo alguno de conciencia, se inclinó a contentar al populismo más cerrado, más exaltado: ascendieron a mariscales de campo a Riego, Quiroga, López Baños y Arco Agüero (“los cuatro héroes de La Isla”), y a O`Daly. Pero este gesto no trajo la paz, sino que los nuevos mariscales exigieron tierras para los soldados y “justicia” para los que habían arriesgado su vida en Cádiz (justicia significaba tierras y dinero). Ello provocó levantamientos en La Isla, deserciones en Madrid, asonadas en el Ayuntamiento y en las Sociedades Patrióticas, donde se hablaba de tibieza de la revolución y de traición a la libertad. Más tarde acusaron al Gobierno de malversación de fondos y de corrupción (se decía que Argüelles había cogido 720.000 reales del erario, y que sus compañeros habrían cogido también lo que pudieron). En el fondo del descontento, lo que había pasado es que el Gobierno había dado un decreto el 19 de abril por el que concedía seis años de paga a los funcionarios de 1814, y lógicamente, quienes más dinero sacaban en aquel decreto, eran los ministros.
Para restablecer el orden y la ley, Argüelles proveyó los cargos municipales, restableció las Juntas Políticas y las Diputaciones Provinciales.
Calificar a los Gobiernos de 1820-1823 como liberales, como ellos decían de sí mismos y los absolutistas afirmaban, es una exageración y desvirtuación de la realidad. Si aceptamos el carácter liberal de estos hombres, difícilmente podremos explicar que en 1834, a Martínez de la Rosa, con su Estatuto Real, los historiadores le califiquen de no liberal, pues no creía en la soberanía nacional. O era liberal, como decían de 1820, o no lo era, como afirmaban de 1834. Y así otros ejemplos. Esta idea puede ser corroborada en publicaciones como El Censor: En 1820 apareció en Madrid una revista semanal conservadora, de tipo afrancesado, casi absolutista, llamada El Censor y publicada por León Amarita, Alberto Lista, Sebastián Miñano, José Gómez Hermosilla, Félix José Reinoso. Se publicaba los sábados y tenía 80 páginas de pequeño formato que se vendían a 5 reales. Hacía sátiras de las modas y usos amorosos importados del extranjero por los liberales, y ridiculizaba la constitución de 1812 y las ideas de los liberales exaltados. El Censor, criticaba a los nuevos “liberales”. Cerró en 1822 al subir los exaltados al poder.
Desde nuestro punto de vista, el nuevo Gobierno de abril de 1820 puede ser calificado más de romántico y populista que de liberal. Era un Gobierno en el que la imaginación era más fuerte que la razón, en el que se exaltaban las pasiones y se daba paso a una revolución vital, moral, social, rebelde contra lo establecido. Era un Gobierno reformista que aceptaba algunas de las reformas de 1810-1814. Incluso sería más exacto llamar a la época Trienio Romántico, que Trienio Liberal. Por eso creo que algunos historiadores han optado por llamarla Trienio Constitucional y no Trienio Liberal, para así evitar el problema a que estamos haciendo alusión.
Había en España dos movimientos románticos no exactamente liberales:
uno romántico antiliberal, oscurantista, tradicional, reaccionario y aristócrata que seguía las ideas de Chateaubriand y estaba capitaneado por Alberto Lista, Aribau, Agustín Durán… A partir de 1823 se impondrían estos conservadores realistas.
y otro, romántico pero más revolucionario, sin llegar a liberal, que se mostraba en los pronunciamientos de cada año antes de 1820 y se impuso en 1820-1823.
Hacia 1830 volvieron los revolucionarios, pero más moderados, porque Fernando VII sólo dejó entrar a los muy moderados. Este movimiento se fue exaltando progresivamente hasta 1837 a medida que llegaban las ideas de Víctor Hugo y de Lamartine. Al tiempo, surgía a partir de 1833, otro romanticismo antiliberal, calificado de conservador para los que estaban con Isabel II y de ultracatólico para los que seguían a D. Carlos.
Las Reformas de 1820, en busca de un orden y paz social fueron:
Incorporación de los Señoríos a la Corona, 17 de abril 1820 (como el decreto de 6 de agosto de 1811).
Amnistía a los insurrectos americanos, 23 abril de 1820.
Amnistía a los afrancesados y proscritos de 1814, 23 de abril de 1820. El 26 de abril se rectificó el decreto del 23, y se confinó a los afrancesados de 1808-1813 en pueblos del País Vasco y de Castilla la Vieja a fin de que dieran cuenta de las culpas que hubieran contraído. Esta medida, para congraciarse con los liberales, no gustó nada a estos últimos, pues conculcaba el derecho a libre residencia. Los afrancesados no podían, en teoría, ir a Madrid, aunque llegaron allí de hecho, pero quedaron privados de cargos políticos.
Retirada y demolición de los símbolos de señorío y vasallaje (como el decreto de 23 de mayo de 1813).
Desaparición de privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos.
Supresión de mayorazgos, 11 de julio.
Reducción de baldíos y comunes.
Reducción de diezmos a la mitad (La Historia General dice: atribución al Estado de la mitad de los diezmos). Esta medida perjudicó al clero secular.
Extinción del Voto de Santiago, 3 de abril.
Reforma de las órdenes regulares de 25 de octubre de 1820, haciendo nueva regulación de las órdenes religiosas. Se privaba a la Iglesia de medios superfluos para su función religiosa, o con función insuficientemente justificada. Se atribuían al Estado los bienes de conventos quedaran suprimidos o arruinados en futuras reformas. Los frailes (clero regular con licencia para salir del convento) fueron calificados de vulgares, corruptos y viciosos, y se dijo que muchos de ellos sólo estaban allí para escapar de la miseria. Los monjes (clero regular que no sale del convento) fueron criticados porque se habían creado un ambiente de comodidad, riqueza y vida fácil, aunque permaneciesen enclaustrados.
Expulsión de los jesuitas, julio de 1820.
Abolición del fuero eclesiástico, septiembre de 1820.
Restablecimiento del decreto 8 de junio de 1813 sobre cerramiento de fincas, 11 de abril.
Promoción de los líderes de 1820 al generalato y licenciamiento de algunas tropas expedicionarias concentradas en Cádiz. Riego fue nombrado Capitán General de Aragón, Velasco Capitán General de Extremadura, Arco Agüero Capitán General de Málaga, López Baños Capitán General de Navarra, y el marqués de Cerralbo Jefe Político (equivalente a Gobernador de época posterior) de Madrid. En cuanto a la disolución del ejército de Riego, un ejército popular que significaba amenaza de guerra civil, también significaba amenaza de volver al absolutismo, pues los “liberales” se quedaban sin su apoyo fundamental. Difícil era la alternativa.
Autorización o restablecimiento de la Milicia Nacional.
Establecimiento de cátedras de agricultura.
Restablecimiento del Tribunal del Protomedicato, que controlaba el acceso al ejercicio de la medicina.
Creación de nuevo de la Dirección General de Instrucción Pública, que ya se había creado en 1809 como Junta de Instrucción, y en 1812 como Junta de Instrucción Pública, y había sido cambiada en 1815 por una Junta de Ministros. El nuevo organismo dependía de la Secretaría de Gracia y Justicia. Se volvió a considerar Madrid como Universidad Central (se inauguró en 7 de noviembre de 1822). Se creó una comisión de Cortes para los problemas educativos, estando integrada por Muñoz Torrero, Vargas Ponce, Martínez de la Rosa y Eugenio de Tapia. Y se reimplantó el Plan Caballero de 1807.
Comisión elaboradora de un proyecto general de caminos y canales.
Comisión elaboradora de un estudio de los males de la nación y los medios para solucionarlos.
Comisión elaboradora de un estudio sobre la división política más conveniente del territorio español. La idea sugerida era dividir en muchas pequeñas provincias basadas en unidades geográficas. Pero surgió una gran discusión entre los que querían tamaños como los departamentos franceses y los que querían tamaños más pequeños, como los distritos electorales británicos y no se llegó a nada hasta el comienzo del reinado de Isabel II.
La Junta Provisional también confinó a los «persas» en monasterios, aunque fueron liberados después por el Congreso, tras despojárseles de los honores obtenidos en los 6 años precedentes. En el credo liberal, “los persas” fueron culpados del golpe de 1814, para quitarse de encima un problema más grande.
En abril de 1820 se presentó un proyecto de Código Penal que no estuvo listo hasta abril de 1821 y sería aprobado el 9 de julio de 1822. El Gobierno doceañista inició la redacción de códigos, civil y penal, pero no llegó a aprobarlos.
Masonería y populismo en 1820.
La gente, consciente de que los masones eran los que habían dado el golpe y se habían adueñado del Gobierno, se apuntó masivamente a la masonería. Se apuntaban y exigían ser diputados o tener cargos en la administración del Estado. Era imposible tener tantos diputados y cargos, y pronto empezaron a borrarse de las logias. Entonces, el movimiento populista madrileño creó “Los Comuneros”, otra sociedad secreta en la que pusieron por jefe a Riego. A este movimiento populista, se le llamó “liberalismo exaltado”.
Reaccionaron los doceañistas contra este poder de convocatoria de las tertulias populares y “sociedades secretas”, y Martínez de la Rosa, el conde de Toreno, el duque de Frías y Calatrava crearon otra sociedad de altas personalidades de España llamada “Sociedad de los Amigos de la Constitución” para defender la monarquía. Esta sociedad se disolvió en 1822. Pronto cada ministro y cada personalidad tuvo su propia reunión de café. Al populismo populachero se le contestaba con populismo dirigido por las élites. Fernando VII estaba totalmente desconcertado.
El rey por su parte hacía como que cedía, pero el asesinato de duque de Berry en Francia en 1820, con la consiguiente organización de los absolutistas franceses, y la fracasada sublevación en Rusia a consecuencia de la cual se reforzó el absolutismo de Alejandro I, le hacían sentir fuerte. Una guerra civil entre las tropas del rey y las Milicias Nacionales dominadas por los “liberales” era una amenaza seria. En ese caso, tenía la certeza de obtener apoyo de las potencias europeas.
Primeros roces entre las Cortes, el Gobierno y el Rey[10]:
El 9 de mayo, el ministro de Gracia y Justicia propuso encausar a los firmantes del Manifiesto del 12 de abril de 1814, dirigido al rey, y ello era claramente irregular, pues al ser diputados no podían ser llevados ante la justicia ordinaria, sino que debían ser juzgados por las Cortes.
En julio de 1820 sobrevino una nueva crisis, con motivo de la dimisión de Amarillas, Secretario de Guerra, ante los ataques de Riego. Fernando VII no quería aceptar esta dimisión e hizo que cada ministro individualmente se pronunciase sobre el tema, y como la mayoría opinaba que había que cesarle, el rey se encolerizó y rompió la hoja de dimisión delante de todos, entre grandes voces.
En agosto hubo un nuevo enfrentamiento entre el rey y el Gobierno, pues el Gobierno planteó la reforma del clero regular y el rey se negó. Fernando VII acabó firmando, pero ya en 25 de octubre.
Otro enfrentamiento tuvo lugar cuando el rey nombró patriarca de España al arzobispo de Valencia. Entonces, Pérez de Castro, Argüelles y García Herreros presentaron su dimisión. Argumentaban que no tenía sentido estar en el Gobierno si los asuntos graves los decidía la camarilla de Fernando VII en otro lugar distinto a la sede del Gobierno. El rey no aceptó la renuncia de estos Secretarios de Estado, Gobernación y Gracia y Justicia, que se mantuvieron hasta principios del año siguiente. Esta dimisión tuvo el efecto de unir a los liberales populistas exaltados en apoyo de estos ministros, a los que poco antes acusaban de colaboradores con el absolutismo.
El Rey consideraba que los liberales estaban actuando ilegalmente, extraconstitucionalmente. La imposición de un Gobierno al Rey era contrario a la constitución, y el resto de las medidas de Gobierno, a consecuencia de ello, iban en contra de la voluntad del Rey y no en sentido de colaboración entre ambos. Fernando VII sentía la necesidad de demostrar que la autoridad constitucional era él. El Rey desconfiaba de los liberales porque las elecciones de 1812 no habían sido limpias, sino que la Secretaría de Gobernación había expedido una “circular reservada” instruyendo a todos los Jefes Políticos de provincias para que adoptasen las medidas más convenientes a fin de que los candidatos a Cortes fueran hombres adictos a la constitución, patriotas, no muy exaltados, tuvieran posesiones o intereses económicos propios y no fueran eclesiásticos. En estas condiciones, los liberales no eran personas de fiar para una democracia, sino que pretendían la imposición de los valores de una minoría sobre la mayoría de los españoles. Y los liberales desconfiaban del Rey, al que acusaban de tener contactos con los absolutistas franceses y rusos.
Hasta este momento, verano de 1820, el Rey no se había opuesto a las medidas del Gobierno, ni había torpedeado la Constitución.
A partir de esas fechas, la Iglesia se declaró completa y radicalmente antiliberal y antimasónica, posición que no hizo sino empeorar una vez que llegaron al poder los exaltados en 1823, que eran anticlericales y que no tuvieron ningún reparo en fusilar a los curas, monjes, frailes y hasta a un obispo porque protegían y daban cobijo a los absolutistas. Creemos que, además de confundir el liberalismo con el populismo, también se estaba confundiendo el liberalismo con el anticlericalismo, cosa frecuente en la España del XIX y del XX.
El Gobierno moderado doceañista cometió más tarde el error de tolerar una manifestación popular contra Fernando VII. Y, en marzo de 1821, fue sustituido por otro más moderado que parecía una camarilla particular del rey. Fernando VII lo había hecho sin contar con las Cortes, al más puro estilo absolutista. Este atrevimiento de Fernando VII puede explicarse porque Austria había invadido Italia para restablecer el absolutismo y eliminar la constitución que habían adoptado.
Inestabilidad política en verano de 1820.
Hubo elecciones antes de junio de 1820. El 9 de julio se reunieron las nuevas Cortes y se disolvió la Junta Provisional.
Desde julio de 1820, el Gobierno de España era gestionado entre las Cortes, reunidas en una sola Cámara como las de Cádiz, y las Juntas Provinciales Revolucionarias que habían surgido en enero.
Que Fernando VII se hubiera convertido al liberalismo nadie se lo creía. Que la constitución durara un día más, era dudoso cada día del Trienio. Pero la necesidad de acabar con las Juntas y con las sociedades patrióticas hizo reaccionar a los “liberales doceañistas” como si estuviesen congeniando con el rey. En julio, exigieron la sumisión de las Juntas al Gobierno de Madrid. En diciembre de 1820 las cerraron.
Problemas de Hacienda en 1820.
Todos estos problemas políticos se estaban produciendo en medio de una crisis financiera de Hacienda y una oposición cerrada de los populistas a hacer reformas de impuestos que significaran incremento de los mismos.
Canga Argüelles elaboró un presupuesto con un déficit del 30%, que necesitaría un empréstito complementario aprobado por Cortes, para salir del apuro en una situación con pocos ingresos. Para lograr cuadrar ese presupuesto tan escaso, necesitaba además que le aprobaran un nuevo impuesto, que Canga Argüelles quería que fuese de contribución directa, y que representaría un 15% de los ingresos. Las Cortes se negaron a aprobar el impuesto directo alegando que disminuir los capitales particulares con ese impuesto era empobrecer a la nación, mientras que mantener el Estado a base de préstamos era mantener intacto el patrimonio estatal. Evidentemente la cultura económica de estos diputados era muy pobre. Canga Argüelles estaba decepcionado.
Una de las primeras medidas del Gobierno de 1820 fue la reducción del impuesto sobre el consumo que tan impopular era. El 6 de noviembre de 1820 redujeron la presión fiscal a la mitad, a la vez que redujeron también a la mitad los subsidios aportados por el clero. Toreno explicaba que había que reducir los diezmos, pues de otra manera se arruinaría al campesino.
Ello era incompatible con el enorme déficit que arrastraba el Gobierno, pero se hizo “por razones políticas”, como dicen algunos autores, es decir, por culto al populismo, por acallar protestas en la calle. La reducción inicial de la contribución directa a la mitad, medida con la que esperaban favorecer las inversiones, fue una utopía, y a continuación tuvieron que subir los impuestos al máximo y perdieron la popularidad que habían buscado, después de haber perdido los ingresos que necesitaban.
Antonio González Salmón intentó llevar a cabo la reforma impositiva iniciada en 1817 por Martín Garay, de modo que las riquezas rurales pagaran por reparto más ajustado a la realidad, aboliendo a cambio las rentas provinciales cobradas por estimaciones tradicionales, pero los nuevos impuestos resultaban imposibles de cobrar, pues no estaba hecho un catastro, y las valoraciones de las tierras las hacían los mismos de siempre.
Ante el lanzamiento de deuda pública por 40 millones de reales, resultó que casi nadie la quería, porque no se fiaban del Estado (sólo se colocaron 8 millones).
Y ante el fracaso, acudieron al empréstito en el extranjero, sabiendo que el apelar reiteradamente al empréstito les llevaría a la ruina total. Ardouin dio facilidades para obtener crédito (210 millones en 6 de noviembre de 1820, a 24 años, con 5% de interés, 7% de comisión por el cambio y 2% de premio).
El Gobierno de 1820 lanzó un empréstito de 200 millones pagaderos con la contribución directa agrícola, la indirecta industrial sobre patentes y las rentas patrimoniales, es decir, se consideraba necesario que pagasen todos, nobles e Iglesia. Por otra parte se abolieron una serie de impuestos que se consideraba que estorbaban a la economía sana del país como los «consumos» o impuestos sobre el comercio interior, ciertos «aranceles» o impuestos sobre comercio exterior, se eliminaron las aduanas con el País Vasco y con ello las exenciones de tributos históricas que tenían los vascos, y se redujo el diezmo a la mitad de modo que los agricultores se ahorrasen un dinero. Esa reducción del diezmo se hizo renunciando el Estado a las tercias reales (que venía a ser un 20% del diezmo) y haciendo renunciar a la Iglesia al resto (un 30% aproximadamente). A cambio de esta renuncia, se le concedía a la Iglesia el privilegio de poder exigir en adelante el pago del diezmo en metálico, cosa muy perjudicial para los agricultores.
La parte racional y positiva hecha durante el Trienio fue una evaluación de la deuda del Estado para saber al menos lo que se debía. Y se canceló una mínima parte con algunas ventas de desamortizaciones, se consolidó al 5% otra parte, y se canjeó el resto de la deuda por vales sin interés, canjeables por tierras a desamortizar en el futuro.
En 1821, comprobado el error de bajar los impuestos, hubo que subirlos de nuevo, aunque bajando el diezmo, y el descontento fue mayor todavía. Argüelles hubo de afrontar la impopularidad. Con la subida logró reducir los déficits anuales, pero seguía habiendo déficit estructural y la deuda global aumentaba.
En 1821, se pensó también en un gran empréstito nacional, y se hizo una llamada al patriotismo ciudadano. Las Cortes lo votaron el 27 de junio de 1822, aprobando emitir 200 millones al 6% de interés y 4% de comisión. Sólo se recaudaron 104 millones. Hubo que recurrir de nuevo a Ardouin-Hubbard de Francia y a Bernales de Inglaterra para recoger 132 millones más. El problema era cada más grave pues habían emitido 2.800 millones de reales, que tenían que ser retribuidos, y sólo habían recibido realmente 1.426 millones, debido al quebranto admitido por el Estado.
El problema a que se enfrentaba Hacienda era muy grave: el empréstito no solucionaba los problemas del Estado, pues la deuda era de unos 14.000 millones, y los 200 millones de deuda aprobados cada año no solucionaban ni el déficit anual.
Entonces iniciaron una reforma, pero los acontecimientos de 1822 y 1823 no nos permiten juzgar si iban bien encaminados o estaban abocados al fracaso. El 25 de abril de 1821 hicieron un plan, aprobado en 29 de junio de 1821, para aumentar considerablemente los impuestos al tiempo que reducían el diezmo a la mitad. Podía ser posible salir de la quiebra de Hacienda. Pero lo que no era posible era su pretensión de que los impuestos se pagasen en dinero, pues España funcionaba con muchas economías familiares de autoconsumo, sin circulación monetaria, y el conseguir dinero para el pago de impuestos era motivo de abusos hacia el necesitado de efectivo, y de descontento hacia los liberales que exigían este modo de pago. En segundo lugar, en 1822 hubo una gran sequía que acabó con las cosechas, y que fue aprovechada por los realistas para provocar desorden, lo cual no nos deja saber si iban bien enfocadas las reformas. Pero de todos modos, los liberales habían dejado un gran hueco político sin trabajar, no habían hecho propietarios nuevos y los nuevos impuestos gravaban a unos campesinos que ya no podían más respecto a los impuestos señoriales antiguos. El fracaso nos parece más probable que el éxito, en caso de que hubieran tenido oportunidad de continuar.
Tomar nueva deuda, no era más que aplazar los problemas y empeorarlos: En 1820 se tomo un empréstito de “Lafitte” de París, y en 1821 y 1822 se tomarían de “Arduin y Cía” también en París, completándose en 1823 con uno de “Lubrock, Campbell y Cía” de Londres. Se gobernaría en déficit permanente, dependiendo en todo momento de la financiación extranjera.
El problema financiero se entrelazaba con el político:
El Gobierno debía solucionar tres grandes problemas pendientes:
Tenía que solucionar la deuda del Estado que nadie, ni español ni extranjero, quería asumir comprando títulos;
Tenía que mejorar la gestión de Hacienda, leyes impositivas, modo de recaudación.
Y tenía que decidir sobre la propiedad de la tierra, ese problema que había quedado pendiente desde 1813.
En cuanto al problema de la deuda, debemos recordar que se había acumulado desde tiempos de Carlos III, y había llegado a límites inconcebibles en tiempos de Godoy.
En cuanto al problema de la gestión de Hacienda, el error venía de antiguo: La restauración del absolutismo en 1814, que estaba en contra de todo lo hecho en 1808-1813, había abolido las sabias disposiciones de hacer presupuesto anual de 1813. El absolutismo restaurado se dio cuenta muy pronto de que los dineros de una América en rebeldía ya no llegaban, y llegarían menos cuando se independizó a partir de 1823. En cambio los enormes intereses de la deuda adquirida corrían cada año. El absolutismo, respetuoso para con los privilegios señoriales, estaba herido de muerte por ello. El advenimiento del liberalismo sólo era cosa de tiempo.
Pero la llegada de los “liberales” no significó la solución a los problemas: en cuanto a la deuda del Estado, no racionalizaron una salida económica al problema adquirido en los cincuenta años precedentes. En cuanto a la propiedad de la tierra, se la adjudicaron a los antiguos poseedores y no crearon nuevos contribuyentes. Y además, la guerrilla absolutista produjo enormes gastos, los cuales acabaron expulsándoles del Gobierno. 1823 y el nuevo regreso del absolutismo fue la vuelta a la vieja y caótica situación de la deuda.
Doceañistas y veintinos.
Para los doceañistas, la “monarquía” era la instancia suprema de Gobierno, y por tanto insustituible, y lo era por su preeminencia moral sobre las otras instituciones. Por ello había que defenderla. La “constitución” era reformable, porque era mejorable, a pesar de haber sido ellos mismos los que la habían redactado en 1812. La “libertad” debía entenderse como un medio para salvaguardar los intereses individuales, políticos y económicos, que podían ser desiguales para cada persona, pues la igualdad debía ser igualdad de oportunidades y ante la ley. Eran antipopulistas, pero a veces sabían practicar el populismo desde arriba, y sobre todo temían el populismo de las clases bajas, o populismo desde abajo.
Para los veintinos, la “monarquía” podía ser prescindible y sustituible por una república (Riego y José María Orense eran republicanos, mientras Quiroga era monárquico), pues la soberanía le pertenecía ya a las Cortes y la Jefatura del Estado podía ser ejercida de varios modos. La “constitución” era inmutable y eterna (inventaron el grito “constitución o muerte”). La “libertad” debía limitarse en beneficio de la “igualdad”, pues era preciso interferir en el reparto de cargos y prebendas, a fin de que se repartieran entre todos, aunque ello perjudicara la libertad de los más afortunados. Esta postura es más populista, atrae más a las masas de todos los tiempos, que cuando la oyen entienden que se va a repartir más entre los pobres, aunque ello no sea verdad, no sea el significado correcto. De hecho, si los cargos de Gobierno se hubieran repartido para los exaltados, los veintinos no hubieran hecho alarde de partidarios de la igualdad, aunque el 95% de la población quedase excluida. Este populismo llevó a los veintinos a hacer proclamas intentando sumar a las clases bajas a su causa, aunque la realidad, fue que las clases más bajas no les entendieron, ni les hicieron caso, ni les creyeron, pues tenían otros problemas más urgentes y más básicos, que los liberales exaltados no les resolvían con proclamas políticas.
Es preciso en este punto hacer algunas consideraciones: La dinámica del poder, una vez conseguido, hace que las opiniones cambien. Primero, hay que hacer observar que la mayor parte de las “revoluciones” o intentos de tomar el poder, no triunfan, y ello causa desasosiego, tras las persecuciones y sufrimientos a que se ven abocados los cabecillas “revolucionarios”. Una vez en el poder, éstos tratan de resarcirse. Los recién accedidos al poder, comprueban que el mando no es tan atractivo como se ve desde fuera, que no es tan fácil hacer cambios, no es posible contentar a todos, y hay que soportar a la oposición. Los que no han llegado al poder, la oposición, sigue considerando fácil hacer de todo, tienen mucho más tiempo libre para hablar, criticar, escribir contra el Gobierno. Los que apoyaron en principio la revolución y no consiguieron puestos mejores, ventajas económicas, ya que los puestos de Gobierno y los dineros son pocos, y los pretendientes muchos, tienden a pactar con la oposición (Teoría de Brinton).
En consecuencia, los veintinos pasaron a hacer política en la calle y en los periódicos, intentando hacer populismo. Los moderados se fueron quedando solos, pero recibieron el apoyo de los afrancesados, lo cual les vino bien.
La principal arma de los veintinos fue la Milicia Nacional. La finalidad de la Milicia era la defensa del régimen político, y para ello estaba organizada militarmente, con uniformes, instrucción, manejo de armas, guardias nocturnas, jefes. La Milicia había sido pensada como una institución popular en la que militarían hasta 570.000 hombres, es decir casi todos los disponibles. Como organizar un ejército popular como la Milicia era complicado, normalmente los cuadros de mando eran militares retirados. Pero una fuerza de tal magnitud sólo fue una utopía: en 1821 sólo había 10.800 hombres en la milicia nacional. Su núcleo fundamental era la burguesía, pero también estaban enrolados algunos Grandes, Títulos y los grandes propietarios y profesores, cuya ideología era defender al Gobierno establecido, moderado o veintino, pero que fuera liberal. Junto a este pequeño núcleo de milicianos, surgió una serie de aventureros exaltados, que utilizaron la Milicia para sus fines revolucionarios, o más bien golpistas, organizadores de motines en las grandes ciudades, señores de la calle en las pequeñas ciudades, coordinados por el grupo masón Los Comuneros. Y siendo tan pocos, se decretó la recluta forzosa. Los milicianos de recluta forzosa fueron más en número que los otros dos grupos juntos (milicianos veteranos y comuneros), pero no les interesaba nada su papel en la Milicia, eran indisciplinados, tibios en el cumplimiento del deber y fáciles de captar por los Comuneros.
La Milicia pasó a depender de los Ayuntamientos y ello la acabó de malear, causando muchos disturbios en cuanto no se hacía lo que ellos sugerían. Llegarían a tener tan mala reputación que, muchos de los perseguidos a partir de finales de 1823 fueron milicianos.
[1] Evaristo Pérez de Castro Colomera, 1778-1848, (citado en algunas fuentes como Pérez de Castro Brito, tal vez porque tenía un hijo llamado Pedro Pérez de Castro Brito, 1823-1902, y citada también la duración de su vida como 1778-1849, y como 1771-1849) es un prototipo de la evolución política de los liberales de primera mitad del XIX. Nació en Valladolid, estudió en Alcalá, fue empleado del Estado en Berlín y en Lisboa. En 1809 fue comisionado para ver a Fernando VII. En septiembre de 1810 fue diputado y suscribió el decreto de constitución de las Cortes de Cádiz de 24 de septiembre de 1810 y declaró a las Cortes depositarias de la soberanía nacional. En 1817-1820 fue embajador en las ciudades hanseáticas. En 1820, era doceañista, partidario de reconciliar a todos los españoles, de que volvieran los afrancesados, que ocho años antes eran sus enemigos. En marzo de 1820 fue Secretario de Gracia y Justicia. En 1837 era un convencido moderado y fue Presidente del Gobierno desde diciembre 1838 a julio 1840, cuando presentó la ley de Ayuntamientos proponiendo que los alcaldes fueran designados y no elegidos, lo cual le enfrentó a los progresistas, y produjo la renuncia de María Cristina en septiembre de 1840 para no tener que negar la sanción a la ley, y acabó exiliado, en 1840, por miedo a los liberales, aunque volvió en 1843, cuando Espartero controlaba ya el orden público.
[2] Juan Jabat Aztal actuó como Secretario de Estado interino en marzo de 1820 y como Secretario de Marina en abril de 1820 y en marzo de 1821.
[3] José García de la Torre fue Secretario de Gobernación del Reino y de Gracia y Justicia en marzo de 1820
[4] Agustín de Argüelles Álvarez González, 1776-1844, nació en Ribadesella (Asturias). Había estudiado Derecho y Cánones en Oviedo y se colocó como secretario de Pedro Díaz Valdés, obispo de Barcelona, hasta que Jovellanos le consiguió en 1800 una plaza en Interpretación de Lenguas en Madrid, por lo que trabajó a las órdenes de Leandro Fernández Moratín como traductor de inglés. En 1806, Godoy le envió a Inglaterra y allí conoció el Parlamento inglés, y allí recibió en 1808 a la comisión de Asturias, conde de Toreno y Andrés Ángel de la Vega, que iba a pedir ayuda para la sublevación contra Napoleón. Estuvo en las Cortes de la Isla de San Fernando en 1810 siendo diputado por Oviedo y fue miembro de la comisión que redactó la Constitución. Fracasó en sus intentos de abolir la esclavitud y el tormento. Fue apresado el 10 de mayo 1814 y condenado a ocho años en Ceuta, pero le declararon inútil para el servicio militar y salió de Ceuta para ir preso a Alcudia (Mallorca) en 1815. En abril de 1820 fue liberado, y el 6 de mayo de 1820 estaba en Valencia cuando se enteró de haber sido nombrado Secretario de Estado y Despacho de Gobernación, por lo que volvió a Madrid, de lo que obtuvo una pensión vitalicia de 60.000 reales. Como diputado en 1822-23, tuvo que huir de España en octubre de 1823 y se fue por Gibraltar a Londres donde trabajó como bibliotecario diez años. Regresó a España en 1833 y se le concedió una renta de 12.000 reales para poder ser procurador por el Estatuto Real. En 1836, Argüelles ya no era un líder liberal indiscutible: los líderes moderados Istúriz, Toreno, Alcalá Galiano y Maretínez de la Rosa. Los líderes exaltados eran Mendizábal, Fermín Caballero y Joaquín María López, Agustín de Argüelles había perdido liderazgo. Participó en la redacción de la Constitución de 1837. No apoyó a Espartero en 1840, pero en 1841 aceptó ser nombrado tutor de la reina, que entonces era una niña de 11 años. Otros tutores eran Mnauel José Quintana y Juana de Vega condesa de Espoz y Mina. El 7 de octubre de 1841, Argüelles fue captura en un intento de secuestrar al reina, pero huyó de sus secuestradores. Fue tutor de Isabel II hasta 1843. Fue presidente del Congreso en una ocasión. Murió en Madrid en 1844. (la fuente mejor informada a mi parecer es Jorge Vilches ,Agustín de Argüelles.)
[5] Antonio Fernando Basilio Porcel y Román era titular de la Secretaría de Ultramar en marzo de 1820 y actuó como interino en la de Gobernación de la Península en abril de 1820.
[6] Ramón Gil de la Cuadra, 1775-1860, era una persona que había viajado mucho, y conocía Sudámérica, Estados Unidos y filipinas. Fue Secretario de Ultramar en noviembre de 1820, y en 1823 emigró a Inglaterra. Volvió a estar en el gobierno como Ministro de Gobernación en 1836, y de Marina y Comercio en 1837.
[7] José Canga Argüelles, 1770-1842, fue en 1798-1803 oficial de la Caja de Amortización de Vales Reales, y en 1804 Contador del Ejército con destino en Valencia. En 1808 se hizo miembro de la Junta Suprema de Valencia, y en 1809 le nombraron Intendente del ejército para Valencia. En Noviembre de 1810, había sido Secretario de Estado y Despacho interino de Hacienda en el Gobierno de la Regencia, y en 1814 fue encerrado preso en Peñíscola. En abril de 1820 pasó a ser Secretario de Estado y Despacho de Hacienda, tema que conocía bien por sus anteriores servicios al Estado. En 1823 se exiliaría a Londres. A partir de 1829 escribió 12 números del periódico El Emigrado Observador.
[8] Juan Ángel Caamaño, 1780-1821, fue Secretario interino de Hacienda en marzo de 1821.
[9] Antonio Remón Zarco del Valle Huet, 1785-1866, era hijo de militar, y nació circunstancialmente en Cuba. Fue militar español y en 1808 defendió Valencia contra los franceses, siendo apresado. En 1820 fue Secretario de Guerra interino durante 8 días. En 1823 fue confinado en Burgos. Regresó a Madrid en 1825, y fue rehabilitado en 1833 nombrándosele Gobernador de Cartagena.
[10] Fuente: José Luis Moreno Martínez, El Camero Viejo.
