18.06.07.El cambio social y político en el XVIII español.

EL CAMBIO SOCIAL Y POLÍTICO

EN LA ESPAÑA DEL XVIII

EL CAMBIO SOCIAL.

El cambio social del siglo XVIII se estaba preparando desde hacía tiempo: la nobleza se desprestigiaba progresivamente desde el siglo XVI, pues perdía sus funciones mientras mantenía sus privilegios. El clero sufría críticas, desde fuera por los muchos bienes que poseía, y desde dentro por las injerencias que permitía al Estado en el funcionamiento de sus jerarquías. El tercer estado estaba en discusiones perpetuas de todos contra todos.

El cambio en la nobleza.

El número de nobles descendió en la segunda mitad del XVIII por causa de matrimonios consanguíneos, celibato de los segundones y falta de sucesión en varios casos. Ello daba como resultado la concentración de títulos en una misma persona, de lo que es ejemplo espectacular el duque de Medinaceli que llegó a ser duque de Segorbe, duque de Cardona, duque de Alcalá, duque de Feria, marqués de Cogolludo, marqués de Denia, marqués de Pallars, marqués de Camares, marqués de Tarifa, marqués de Alcalá de la Alameda, marqués de Prieto, marqués de Aytona, conde de Puerto de Santa María, conde de Gadea, conde de Ampurias, conde de Prades, además de señor de otros muchos lugares, con títulos inferiores.

El número de hidalgos fue voluntariamente restringido por la monarquía, pues le interesaba eliminar exenciones de milicias y de impuestos, sobre todo entre gente que tenía recursos para pagar. La obligación de hacerse reconocer el título hizo que descendiera el número de hidalgos en el norte.

Los ilustrados consideraban una injusticia social el heredar títulos. La percepción negativa, tal vez se debía a la degradación que ello había producido en muchos titulados, quizás no la mayoría, pero sí casos demasiado evidentes y notorios. La monarquía ilustrada prefería la nobleza de mérito (manteístas y golillas), que trabajaba y servía al país, pero los golillas eran despreciados por la nobleza de sangre, mucho más adinerada. Aranda seguía confiando en la nobleza, pero pedía regeneración moral de la misma, y veía esa misma degradación, con la que los ilustrados culpaban a la nobleza, en los estudiantes universitarios manteístas y en los golillas de las covachuelas de los grandes políticos.

La vieja nobleza trataba de defender sus privilegios e intereses, e incluso de reivindicarse socialmente, creando Maestranzas como la de Ronda (1572 y refundada en 1706), Granada (1686), Sevilla (1670), Valencia (1697), Úbeda, Baza, Carmona (1728), Zaragoza (1819). Las maestranzas se creaban como escuela de equitación y cría de caballos, lo cual le venía bien al rey para sus ejércitos, pero eran mucha más que eso, pues eran asociaciones de nobles.

El cambio en la Iglesia.

La Iglesia era un Estado dentro del Estado, dada su situación de privilegio sumada a su ideología de servir a Dios y al Papa con preferencia sobre el deber de servicio al Estado, y así se mantuvo durante el siglo XVIII pues el rey la respetó como estaba, el pueblo llano creía en sus clérigos y el poder económico de la Iglesia, muy grande, no paraba de crecer por rentas y donaciones. Pero en un momento dado del XVIII empezaron las críticas a la posesión de tantos bienes materiales y, cuando el Consejo de Castilla pasó a ser presidido por seglares (pues hasta el XVII casi siempre había sido presidido por clérigos) el regalismo afirmó la supremacía del poder civil en el ámbito de lo religioso.

Incluso la Inquisición, que era un órgano tanto al servicio de la monarquía como al servicio de la Iglesia, manejada por los reyes para sus campañas políticas, cuyo Inquisidor General era nombrado por el rey y se escogía a una persona de entera confianza real, empezó a perder competencias, como era el caso del delito de bigamia, que pasó a los tribunales ordinarios.

La Compañía de Jesús se había hecho con el casi monopolio de la enseñanza secundaria, y cuando sus alumnos llegaban a los puestos de la Administración, hacía presente su influencia pidiéndoles favores. Los jesuitas se crecieron tanto que se creyeron con capacidad para aconsejar sobre asuntos de Estado. Las demás órdenes religiosas estaban disconformes con la Compañía de Jesús, que les quitaba alumnos en algunos casos, y les quitaba influencias en la Administración. En 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas de España y el 16 de agosto de 1773 se produjo la disolución de la orden por el papa Benedicto XIV a petición de Carlos III.

El derecho de asilo, uno de los privilegios más notables para la Iglesia y para el estado llano de entonces, fue restringido a una sola iglesia en cada lugar, y dos iglesias en las ciudades grandes, y se excluyeron de ese derecho varios delitos que se consideraban peligrosos para el Estado.

Los obispos perdieron la facultad de prohibir obras de teatro, nombrar maestros de primeras letras en los pueblos y autorizar las impresiones de libros.

En sentido contrario, el Estado se atribuyó la facultad de intervenir en asuntos que eran propios de la Iglesia, como la vigilancia de los sínodos (provinciales de varios obispos, y diocesanos de los representantes del clero secular, clero regular y el cabildo) y de sus acuerdos, de alterar las constituciones de las órdenes religiosas, de presentar lista previa a la designación de obispo por el Papa (derecho de presentación).

Pero el Estado no sólo se inmiscuía en esas funciones citadas, sino que también actuaba mejorando las condiciones económicas de los párrocos, promoviendo la existencia de seminarios diocesanos para que los curas tuviesen un mínimo de formación, regulando las oposiciones y los ascensos dentro del clero, prohibiendo la excesiva obsesión por dedicarse a la captación de limosnas que tenían los frailes y monjas (dejando que sólo los franciscanos y capuchinos pudieran pedir), prohibiendo las actividades supersticiosas y mágicas, como los disciplinantes, danzas religiosas, gigantones, romerías, altares de mayo, rogativas públicas (que en adelante necesitarían permiso de la autoridad civil), y otras prácticas ancestrales similares que no son propiamente religión.

En otro campo, el Estado redujo días festivos religiosos, que eran muchos, pues los gremios habían adoptado la costumbre de celebrar su santo patrón con fiestas religiosas, lo cual suponía cientos de fiestas anuales.

En 1763, Carlos III prohibió otorgar licencias de adquisición de bienes a manos muertas, lo cual se refería esencialmente a la Iglesia. Carlos IV permitiría en 1795 y 1798 adquirir nuevos bienes, siempre que tributaran el 15% al Estado y aconsejó la venta de bienes inmuebles y su colocación en la Caja de Amortización al 3% anual de interés.

En 1806, el Papa concedió a Carlos IV la séptima parte de los predios de las iglesias, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones y cualquier otro bien eclesiástico, incluso los de órdenes militares. Este decreto papal fue mal aceptado en América, donde afectaba sobremanera a muchos bienes acumulados por la Iglesia.

El pueblo estaba, o no, de parte de la Iglesia según le beneficiase la supresión de rentas o le perjudicase el perder unas fincas.

El cambio en las zonas rurales.

El cambio en las sociedades de las zonas rurales se buscó favoreciendo los arrendamientos a más largo plazo e incrementando el número de pequeños propietarios en los repartos de comunales, pero los cambios reales fueron en este apartado más bien pocos, pues a veces los ricos se encargaron de que los repartos acabaran fallidos y las tierras fueran a parar a sus manos, y otras veces, los repartos se llevaban a cabo, pero, gracias a que las tierras que se repartían eran las de peor calidad, y que la competitividad, de salida, era imposible, las tierras eran recompradas por los ricos.

Carlos III vio con claridad el problema durante su reinado, 1759-1788, pero no vio la solución. Se propuso limitar el poder de las oligarquías rurales haciendo que la Contaduría General de Propios y Arbitrios vigilase las haciendas municipales en los ayuntamientos, pero atacaba los síntomas y no el mal, atacaba los abusos de los poderosos pero no la razón que les permitía abusar. En 1766, creó dos cargos nuevos: el Procurador Síndico Personero del Común, y el Diputado del Común, que eran elegidos por todos los contribuyentes de cada municipio, pero era imposible que un minifundista con tierra de poca calidad y sin capital para aguantar las malas cosechas, no se entrampase y acabase perdiendo las tierras en manos de los ricos y más asentados latifundistas.

Los esfuerzos populistas, hechos en algunas comarcas en el sentido de incrementar el número de propietarios, pecaban del mismo defecto: en 1766, Badajoz hizo un reparto de propios entre los vecinos de los pueblos afectados y ello gustó al Consejo de Castilla, que ordenó hacerlo en toda Extremadura, y en 1767 en Andalucía y La Mancha, y en 1768 en toda Castilla. Aparte de que el propósito era inviable, hubo abusos y, aunque se reguló cómo debían hacerse los repartos de propios y comunes, se cometieron toda serie de tropelías e injusticias en los repartos y al final los ricos se hicieron con las tierras, como no podía ser de otro modo.

Los repartos de tierras se hicieron otorgando la tierra, en primer lugar, a los que tuvieran de una a tres yuntas dándoles 8 fanegas por yunta, y en segundo lugar, a jornaleros a tres fanegas por suerte (una suerte es una finca pequeña), con la condición de que si no roturaban la tierra al año siguiente de la entrega, las perdían. Que los jornaleros pudieran desbrozar, poner en cultivo y mantener la explotación, era una utopía. Que los jornaleros que lo lograran, fueran capaces de mantenerse en periodos de varios años sin cosecha, por inclemencias del tiempo, era harto improbable.

El cambio en la burguesía.

Un cambio social, fundamental en la historia de la humanidad, fue el que sufrió la burguesía del siglo XVIII: la burguesía tradicional (utilizamos el concepto en sentido amplio) era la clase de rentistas y funcionarios, los labradores ricos, mercaderes y maestros de gremios, los comerciantes grandes y los juristas destacados, una gente que vivía cómoda en el sistema del Antiguo Régimen y que ambicionaban seguir como estaban, adquiriendo grados de nobleza si ello era posible. En la segunda mitad del XVIII, aparecieron comerciantes que querían libertades, y hombres mejor formados intelectualmente que hablaban de otro modelo de sociedad, y lo importante es que esos nuevos hombres se agruparon se asociaron en “clubs” y diversos tipos de “sociedades” que les permitieron ganar mucha influencia aunque todavía fueran minoría. Estas agrupaciones de gente nueva eran perceptibles en Cádiz, Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla.

En Madrid lideraban a la nueva clase social burguesa los miembros de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, la gran compañía comercial española del XVIII, que había reunido a los sederos de la Puerta de Guadalajara; los merceros; los especieros y drogueros; los joyeros de la Calle Mayor; y los miembros del gremio de paños y lienzos. Los cinco gremios se habían unido por primera vez en 1679, y a partir de entonces, fueron separándose del resto de gremios, más conservadores, de Madrid. En 1734 se consumó la ruptura entre gremios porque los Cinco Gremios Mayores tomaron por su cuenta el arrendamiento de las tercias reales, alcabalas, servicio ordinario y extraordinario por nueve años. En 1763, este grupo de burgueses dio un nuevo salto creando la Compañía General y de Comercio. Había aparecido el verdadero burgués de la Edad Contemporánea.

EL CAMBIO POLÍTICO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

¿Qué querían los ilustrados españoles, revolución o reforma? Revolución es un cambio profundo de las estructuras, de modo que no hay vuelta atrás en el modelo al que se evoluciona. Reforma es una mera recomposición de algunos temas, ligero perfeccionamiento de ellos, pero siguiendo dentro del mismo esquema general político, económico y social.

La Historia General opina que la mayoría de los ilustrados españoles quería la reforma: criticaban a la nobleza y a la Iglesia, pero no pensaban en hacerlas desaparecer, sino en fortalecerlas una vez renovadas con hombres nuevos que respondieran al objetivo con que originalmente se constituyó la nobleza, hombres de valía social que sirvieran al interés común.

Despotismo Ilustrado.

La expresión más utilizada para explicar la política del siglo XVIII es la de Despotismo Ilustrado. Con esta expresión se hace referencia a un programa de reformas políticas, económicas y sociales que se debían hacer a pesar de la oposición de la mayoría del pueblo, oposición que opinaban que era debida a que se hallaba sumido en la ignorancia y la superstición.

Estas reformas implicaban:

Una racionalización política administrativa según modelos centralistas que se consideraban óptimos.

Una racionalización del sistema de impuestos logrando recursos suficientes para el Estado para emprender las reformas oportunas. Ello implicaba el fin de los privilegios de la nobleza y clero, pero también un reparto de impuestos proporcional a la riqueza real, y ello perjudicaba a muchos vecinos del tercer estado, cuyos bienes eran ocultados sistemáticamente a Hacienda.

Unas reformas políticas acabando con la costumbre de la Edad Moderna de la venta de oficios como medio de financiación del Estado, atribuyéndose a sí misma la Corona los oficios enajenados anteriormente.

Unas reformas económicas que pusieran en marcha la potencialidad del país.

Una enseñanza acorde con los tiempos, racional y científica, abandonando los saberes tradicionales absurdos e inútiles, así como el fanatismo religioso.

Una apertura de pensamiento a los avances científicos e ideas que se estaban produciendo en Europa.

Una afirmación del Estado sobre la Iglesia, que de momento se traducía en regalías o derechos de aquél sobre ésta, pero que andando el tiempo debía dar como fruto la desaparición de la Iglesia de los campos político y económico.

Un cambio en las formas exteriores, en el urbanismo, arquitectura, artes… que fuera coherente con la sociedad y la cultura racionalista que se perseguía.

Despotismo ilustrado político.

Los ilustrados querían un poder despótico, pero no arbitrario, un poder que buscara el fin de los privilegios absurdos y antisociales, colocar a cada uno en el lugar de la sociedad que verdaderamente le correspondía. En definitiva, un orden social más justo, a pesar de la voluntad de la mayoría.

El modelo de Estado español era monárquico, hereditario por vía masculina y ejercido por personas nacidas en el país (aunque la norma se rompió con Carlos IV). El rey nombraba a todos los funcionarios de la Administración, era juez supremo con competencia en todas las causas civiles y criminales (aunque delegaba en el Consejo de Castilla, quien ordinariamente gestionaba todas las causas), dominaba sobre el Santo Oficio, y pretendía dominar sobre las instituciones eclesiásticas en lo tocante a asuntos terrenales. El rey era fuente generadora de derecho.

El origen del poder se situaba en una cesión o trasferencia de la soberanía desde la comunidad al rey, para mejor cumplir la voluntad de Dios. El monarca debía velar por el bien de sus súbditos, y éstos mantenían sus derechos frente al poder cuando éste se volvía arbitrario.

Las Cortes fueron sometidas al poder real, pues su poder legislativo quedaba oscurecido por un poder paralelo que también tenía el rey. Y las Cortes estaban muy poco tiempo reunidas, mientras el rey estaba siempre presente. En el siglo XVIII, las Cortes ya no eran apenas necesarias, excepto para asesorar al monarca, aprobar tributos extraordinarios y jurar al heredero. Se reunieron seis veces en todo el siglo: en 1709 se reunieron, por primera vez juntos, los procuradores y diputados de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña, y sólo quedó fuera Navarra para tener juntos a todos los representantes de todo el reino. El objeto de las Cortes de 1709 era jurar al heredero; en 1712 se reunieron Cortes para sancionar la renuncia de Felipe V a la Corona de Francia; en 1714 se reunieron para modificar el orden sucesorio: en 1724 se reunieron para reconocer rey a Felipe V y jurar al nuevo heredero; en 1760, para jurar al nuevo heredero; en 1789, para modificar la Ley de Sucesión legalizando la situación de Carlos IV, y para jurar nuevo heredero.

El modelo de Gobierno sufrió cambios importantes:

Lo administrativo fue revisado y reorganizado, creando algunas instituciones nuevas, pero con muy pocos cambios. Con las Secretarías de Despacho, se intentó un gobierno ágil, en el que los colaboradores del rey tuvieran capacidad de decisión con inmediatez, y sin esperar los farragosos procesos de los Consejos, los cuales duraban años, y a veces siglos. Pero para un buen funcionamiento de las Secretarías de Despacho, hubiera sido necesaria una coordinación entre ellas y un coordinador y Jefe de Gobierno, lo cual no fue posible hasta el siglo XIX. Las Secretarías de Despacho convivieron mientras tanto con los Consejos en relación tensa y diferente según las épocas.

Lo económico se intentó cambiar más profundamente y los programas ilustrados de todo el siglo trataron de fomentar las riquezas del país, introducir nuevas actividades económicas, mejorar rendimientos agrícolas, introducir nuevos cultivos…

Aunque había más consenso en cuanto a la coordinación y decisión con inmediatez en problemas militares y económicos, estos proyectos de Gobierno se mostraron de muy difícil realización, más de lo que se esperaba, por inexistencia de una burguesía que colaborase en ellos, por la enorme fuerza de la Iglesia en España, por la añoranza del imperio que se confundía con el conservadurismo absolutista y nobiliario, por la incultura generalizada y profunda…

El problema era que lo administrativo y lo económico se entrelazan, entre sí y con lo social, y surgieron las contradicciones seculares: se echó de ver que el aprovechamiento útil de las fincas y los negocios era conveniente que coincidiera con la propiedad, surgieron dudas acerca de la moralidad de la acumulación ilimitada de tierras y de industrias, y sobre todo, surgieron dudas acerca de las trabas legales que hasta entonces aparecían como pilares de la economía y sociedad y que impedían la transferencia y venta de tierras (sobre todo era evidente en los casos de mayorazgos y manos muertas). En el aspecto industrial, los cambios eran menores, pues la agricultura representaba casi toda la economía de la época, y las contradicciones se veían con menos nitidez, al menos no tanto como se veían en Inglaterra y Francia. Las Reales Fábricas servían para introducir técnicas nuevas, pero en España no significaban traumas sociales tan grandes como los cambios en la agricultura.

Una nueva complicación surgida fue el comercio. No era posible el desarrollo, en ninguna faceta económica, sin comercio, pues de lo contrario, los excedentes comerciales actuaban contra los propios productores y acababan matando el progreso introducido. Así que la nueva visión económica, de desarrollo productivo, tenía que introducir una ordenación del comercio. Y los únicos mercados que España veía como posibles eran los países del sur del Mediterráneo, los países de ultramar y el mercado interno. No se contemplaba la posibilidad de ganar los mercados más desarrollados y con más potencial adquisitivo, los mercados europeos.

La apertura al comercio mediterráneo significaba cambiar una política de hostilidad, propia de la historia Moderna española desde Carlos I y Felipe II.

La apertura de los mercados de ultramar obligaba a una política colonial diferente, bajo un pacto tácito por el que las colonias producirían alimentos y materias primas baratas y adquirirían manufacturas a la metrópoli. Las tierras de las Indias, hasta ahora consideradas iguales en la Corona, debían ser tratadas como colonias sometidas. Y los americanos debían aceptar este papel.

El tercer campo posible del comercio, el mercado interior, significaba fusionar las variadas economías de los viejos reinos en una sola, abrir caminos, cerrar aduanas interiores, centralizar poderes políticos, simplificar la administración (la polisinodia administrativa tradicional). Esto implicaba cambiar la política establecida a partir del siglo XVI, a lo que tampoco se atrevieron los políticos del XVIII, aunque introdujeron reformas no decisivas, sino continuistas en lo que se podía. La lentitud burocrática permaneció, a pesar de crear personas, Secretarios de Despacho, que asumieran la autoridad de antiguas instituciones, y fueran capaces de hacerlas más ágiles. Pero se conservó el Consejo de Castilla, el virrey de Navarra, la personalidad foral del País Vasco…

En conclusión, en materia de gobierno, se quiso dar la impresión de que se estaba dispuesto a cambiar, pero no se adoptaron las medidas que llevaban al cambio definitivo: las Cortes de 1701, 1709, 1712, 1724 y 1760, fueron ante todo una ceremonia-espectáculo que tenía lugar en Madrid. El poder absoluto estaba en el rey y las Cortes significaban muy poco. Los nuevos funcionarios del rey debían enviar a la nueva administración informes de cosechas, ganados, propios y comunes, puentes, caminos, abastecimiento de ciudades, alteraciones sociales, higiene social, montes… y esos informes iban desde 1717 al Consejo de Castilla. Los informantes eran corregidores y justicias. Los corregidores y justicias eran vigilados por los visitadores. No se tomaron las medidas valientes y arriesgadas necesarias para hacer posible el cambio.

El cambio municipal

Lo más transformado en el XVIII español fue el municipio tanto como organización administrativa de gobierno como en los aspectos materiales que conformaban la ciudad.

En aspectos materiales como el urbanismo, el mayor cambio se observaría en Madrid, en donde Teodoro Ardemans publicó en 1719 “Ordenanzas de Madrid” planificando mejoras y ampliaciones de la ciudad. Pero no sólo fue Madrid, en muchas ciudades se hicieron edificios nuevos para ayuntamientos, arsenales, hospitales, almacenes del estanco de la sal, fábricas de tabaco… se limpiaron las ciudades, se ornamentaron, se empedraron las calles (en Madrid se hizo con canto rodado puntiagudo y romo, muy diferente al adoquín parisino, porque cada canto podía ser muy desigual respecto al contiguo), se hicieron planes para ensanchar y enderezar las calles y que aparecieran plazuelas y se conservaron las murallas y edificios antiguos, alamedas y árboles. Se prohibió defecar y orinar en la calle, se reglamentó la extensión máxima de barras colgadoras de cortinas en los balcones y ventanas, la extensión de las rejas, la velocidad de los coches, se prohibió tener cerdos en la calle, dar de comer a las caballerías en la calle, atar caballerías a rejas y balcones, dejar insepultos los cadáveres de animales… Se abrieron pozos para tener agua potable en fuentes públicas, se puso iluminación nocturna (en Madrid en 1765 se inauguraron 4.408 farolas de cristal sobre palomillas de hierro, de 12 pies de alto, todas iguales, con faroles situados en zig-zag, que quemaban velas de sebo desde el toque de oración hasta las 12 de la noche en que eran apagadas).

Los ayuntamientos, en el siglo XVII, habían caído en manos de determinadas familias que los consideraban de su propiedad. Democratizarlos era todo un problema: las otras familias del pueblo querían el ayuntamiento, pero no para que funcionara mejor, sino para enriquecerse a costa de la injusticia reinante en el ayuntamiento. La solución fue incorporar los cargos municipales a la Corona y establecer una Contaduría General de Propios y Arbitrios, dependiente del Consejo de Castilla, que supervisara la economía de los municipios. Esta solución política, trataba de controlar el malgasto, pero significó también el corte de las iniciativas individuales, puntuales e inmediatas que tanto se necesitaban en la vida municipal.

El poder municipal era importante porque fijaba la cuantía de los jornales (salario mínimo) que se iba a pagar en ese municipio y los precios de las cosas en el mercado de ese pueblo, porque arrendaba los propios y comunales a unos o a otros, y porque negociaba el perdón de las sanciones impuestas por administraciones superiores. Las gentes amaban a sus pueblos de una manera xenofóbica, lo cual hacía muy difícil la vida de los jornaleros forasteros, pobres forasteros e incluso la del propietario absentista.

La complejidad del cambio.

Una vez decididos a hacer cambios profundos, la realidad se mostraba muy compleja y sorprendía a los propios reformadores. Lo administrativo, lo económico, lo social y lo comercial, se entremezclaban con lo cultural, con la necesidad de un plan general que lo coordinase todo y diera sentido al conjunto, con la necesidad de que una persona honesta dirigiera el cambio: la agricultura se debía coordinar con la industria, ambas con el comercio, todas con lo social, y debía surgir una teoría, un modo de pensar que lo hiciera todo coherente.

Lo primero que se les ocurrió fue recurrir a los viejos valores que ya tenían, es decir, al catolicismo. El catolicismo enseñaba la aceptación de “los males que Dios nos envía” y la aceptación de la autoridad establecida. Por tanto, las gentes debían aceptar las enseñanzas nuevas que les proporcionaba el Gobierno, debían alejarse de embustes y supersticiones, buscar el bien general, la paz, el orden y la prosperidad, y debían ser fieles al trabajo y a la autoridad constituida, el Estado. Pero he aquí que lo que consideraban superstición los ilustrados no eran las mismas cosas que lo que consideraba superstición la Iglesia, que el concepto de bien general no era el mismo, que el concepto de paz y orden eran diferentes, y más diferente era el concepto de futuro o de prosperidad. El concepto de usura chocaba con el de empresa. La complicación era mucho mayor de lo que parecía al principio.

Estado e Iglesia se podían poner de acuerdo en la crítica a la ociosidad y a la vagancia, lo que significaba que los grupos marginados eran compelidos al trabajo tanto por los ilustrados como por los conservadores católicos. En la teoría, para los dos estaba claro que el trabajo era el medio de integrar socialmente al marginado. Pero en la práctica diaria de lucha contra los malentretenidos y ociosos, las posiciones eran muy discrepantes.

El cambio se hacía también complejo en el terreno de la política imperialista: El viejo ideal de “tener el oro y el moro”, es decir, América y el norte de África, y que ello fuera suficiente para sostener todo el entramado estatal y el religioso, ya no era válido. En el viejo esquema, los alimentos y materias primas se intercambiaban entre España y América de forma regulada y armoniosa, pero ventajosa para España, los metales preciosos servían para pagar los déficits del Estado español acumulados por sus políticas militares en Europa, los esclavos africanos se utilizaban para producir esos alimentos y materias primas en América y así se cerraba el círculo. En la nueva realidad del XVIII, esos territorios y actividades económicas no eran suficientes para un desarrollo industrial y comercial.

Y las dificultades aparecían también en los grupos sociales que se consideraba que serían los beneficiados de las reformas: No sólo la Iglesia y la nobleza se convertían en un obstáculo para el desarrollo, sino también los gremios. La Iglesia y la nobleza estaban cómodos en una situación de privilegio y hasta de abuso sobre el resto de la sociedad (por ejemplo en el sistema de recaudación de impuestos). Los gremios eran una fuerza social muy grande pues sometían a la sociedad por medio de la oferta de trabajo y de mercancías. El desarrollo precisaba la libertad de trabajo, y ello significaba la destrucción de los gremios y abolición de los privilegios. El desarrollo requería la igualdad en el reparto de los impuestos y el fin de los privilegios. Los ilustrados españoles no se atrevieron a dar la libertad de trabajo y a acabar con ello con los gremios. Esta revolución se produciría por sí sola, a lo largo de más de un siglo, con graves y largos sufrimientos. Los ilustrados tuvieron miedo al cambio que veían como necesario, deseable e ineludible.

Y así, debido a tantas dificultades sobrevenidas, o no previstas, los propios dirigentes ilustrados, que debían ser los reformistas, caían a menudo en arbitrariedades y corrupciones que no colaboraban en el proyecto general. Los dirigentes políticos se mostraban débiles frente a los defectos que se deberían eliminar. Los nobles se contagiaban de “casticismo” y se disfrazaban de manolas y majas y de chulapos, y protegían las costumbres que en principio deberían abolir para siempre, y aunque reglamentasen los toros, el baile flamenco y otras costumbres populares, se contagiaban de machismo y ansias de protagonismo popular mucho más de lo que lograban contagiar a las clases bajas en cuanto a ciencia y cultura.

Es más, nobleza e iglesia, no sólo perdieron su papel de directores de la civilización y desarrollo económico y social, sino que se convirtieron en un obstáculo para ello al detentar la titularidad de la mayor parte de las tierras. Las tierras sustraídas al mercado libre hacían que se encarecieran los precios; la promoción de la explotación indirecta en el propio beneficio de la nobleza y clero, era un claro perjuicio para la sociedad; las expectativas de la nobleza e Iglesia retrasaban a menudo la necesaria modernización, por no ver viable hacer inversiones o no ser posible cambiar de cultivo.

Con Carlos III, el Estado decidió asumir nuevas funciones además de las tradicionales del ejército y la marina, que eran a su vez recaudadores de impuestos. Y ello significó más complejidades: Las nuevas funciones necesitaban independizar la hacienda e iniciar obras públicas en beneficio de la colectividad. Esas nuevas funciones requerían financiación adecuada, que no había, y para establecer nuevos impuestos era preciso conocer la ubicación de la riqueza, que no se conocía. Las soluciones tomadas, como emitir deuda e intentar la desamortización de tierras de la Iglesia y los Ayuntamientos a fin de captar ingresos para el Estado, fueron chapuceras.

El cambio en las ideas políticas.

En cuanto a la idea sobre el absolutismo, este concepto sufrió un gran cambio en el siglo XVIII. De la “soberanía en el rey, de origen y fundamento divino”, propia de los siglos XVI y XVII, se pasó a la “soberanía en el rey, pero por un contrato social”. Esto daba protagonismo a las masas y llevaba en definitiva a pedir para ellas mismas la soberanía a fines del XVIII. El rey pasaba de ser el señor indiscutido a ser el primer servidor del Estado.

La aparente contradicción de que a través del absolutismo ilustrado se llegara a una concepción de la monarquía como servidora de la sociedad, tiene su lógica: Si se negaba la autoridad del Sumo Pontífice sobre la cristiandad y se negaba la autoridad de las viejas ideas tenidas por ciencia hasta entonces, ¿por qué se iba a respetar la autoridad del rey sin plantearse cuáles eran las bases que sostenían esta autoridad?

Antes del siglo XVIII, no existía el concepto «soberanía nacional» y los reinos eran más bien patrimonio de un rey y de una oligarquía de señores, nobles y eclesiásticos. El rey, e incluso los nobles y eclesiásticos, decidían la guerra según sus propios intereses, contrataban a nacionales y extranjeros para formar parte del Gobierno, si se puede decir que existía Gobierno y no Camarilla del Rey. La nacionalización del Gobierno tuvo lugar durante el siglo XVIII, con Alberoni y Patiño primero, y después con Carvajal y Ensenada en los años 1746-59. Este proceso había empezado en Europa occidental a mediados del siglo XVII, tras la Guerra de los Treinta Años.

Y había antecedentes de españoles que pensaban que el rey estaba al servicio de los españoles y sólo era un servidor del Estado: En España esta concepción había estado muy presente desde el siglo XII (Cortes de León) y durante los siglos siguientes, pero se había perdido el sentido de orgullo frente a la Corona y se había pasado a un estado de resignación y sometimiento a partir de Felipe II.

El origen de la idea del pueblo soberano se puede rastrear en las asambleas locales de vecinos y las hermandades entre ellos en pro del orden público y relaciones comerciales. El derecho de ciudadanía o coparticipación en la soberanía nacional y el derecho a la propiedad total y absoluta «utendi et abutendi» son los dos puntos claves en lo que conocemos como revolución burguesa.

En el XVIII, se había llegado al convencimiento de que el poder absoluto debía ser reformado. Con el poder absoluto habían subsistido privilegios estamentales, locales, señoriales y corporativos, propios de la Edad Media, anterior al absolutismo. La idea del poder absoluto precisaba de una “igualdad ante la ley” de todos los ciudadanos, para que la autoridad del monarca absoluto fuera efectiva, y la persistencia de los privilegios significaba una contradicción nunca resuelta. Y surgió la necesidad de racionalizar el ámbito de la ley según un orden natural, y olvidar el concepto de “derecho divino” utilizado por los privilegiados. En este sentido, Jean Jacques Burlamaqui, en Ginebra, publicó Principes du Droit Naturel en 1748 defendiendo que Dios había impuesto sus leyes a todos los hombres por igual, y Charles Louis de Secondat barón de Montesquieu publicó en 1748 L`Esprit des Lois diciendo que la ley deriva de la naturaleza de las cosas. Definitivamente, la Enciclopedia acercó los conceptos ley y razón, defendiendo que sólo ante una ley razonable serían gobernables los pueblos y podrían convivir los hombres, y defendió que todos los hombres tenían derecho a la felicidad, a la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, y a la propiedad. Y con estas ideas surgió un nuevo problema social: el de la desigualdad social por motivo de nacimiento y del devenir histórico, antes aceptado como cosa natural.

El proceso, hasta la idea de nación contemporánea, con soberanía en los españoles, pasó primero por la destrucción de la idea de soberanía señorial, de cada señor en su señorío, en beneficio del rey. En 1716, el rey Felipe V se reservó para sí el derecho de imponer la pena de muerte, más tarde se exigió la sumisión de los tribunales de justicia señoriales a la justicia real, en 1772 hicieron que los señoríos revirtieran al rey a la muerte del titular, y en 1805 se incorporaron a la Corona las jurisdicciones de mitras. El rey se hacía así depositario de la soberanía. La exclusión del poder que el rey hacía a la nobleza, no significaba que ésta hubiera perdido otros privilegios y, en absoluto, que hubiera perdido riqueza. El 60% de las tierras cultivables de España era de la monarquía, nobleza o clero.

La rebelión de las Trece Colonias a partir de 1777 ó 1778 fue una demostración rotunda de que se podía poner en duda la autoridad de un rey.

Es posible que Carlos III tuviera ya una idea o concepto de nación distinto a la patrimonial, distinto al imperante hasta entonces, de “conjunto de territorios y hombres sobre los que gobernaba”, y más próxima a la de “comunidad humana que debe desarrollarse bajo la autoridad real”. El programa de la Ilustración consistió en un desarrollo industrial y mercantil, político e ideológico y en una ampliación de la instrucción pública, es decir un programa de desarrollo global, nacional. Carlos III intentó la revolución o cambio de la sociedad desde arriba.

Pero cuando los ciudadanos toman conciencia de su personalidad y derechos, la revolución se hace peligrosa, pues deben generarse modelos nuevos de convivencia y en ello puede haber desórdenes e injusticias. Carlos IV decidió cortar el proceso revolucionario protagonizado ya por distintos grupos de ideologías variadas y heterodoxas, pero la revolución siguió adelante a pesar del Rey.

En cuanto a la idea sobre el concepto de persona, el cambio fue muy profundo, pues se dejaba de tener en cuenta la posición social y económica para acceder a los cargos de la administración, pero no se llegó a las últimas consecuencias que implicaba la “egalité”.

Esta nueva valoración de las personas, se había originado en el Renacimiento con su fuerte sentido humanista. Pero una cosa es valorar éticamente a las personas y otra muy distinta darles derechos políticos, lo cual implica que los poderes establecidos pierden esos derechos, y todavía más distinto es darles a todos recursos económicos en la medida posible, lo cual implicaba la revolución. Por eso el proceso fue lento y se podía haber cortado en cualquier momento, pero no fue así. El proceso resultó, visto con perspectiva secular, imparable. Solo que no se completó en el XVIII.

Fue muy importante la influencia de Locke, teórico adoptado en sus planes de estudios por los carmelitas. Principalmente se adoptó Some thoughts concerning education (La educación de los niños) que se publicó en Madrid en 1797 y enseñaba que la educación no era saber memorístico sino formación y no necesitaba de castigos físicos. Hay quien dice que Locke era más leído que los enciclopedistas.

En España, el cambio ilustrado era más brusco que en el resto de Europa occidental porque la España de la Edad Moderna se había empeñado en defender los valores tradicionales, la autoridad de la Iglesia y del Papa, la autoridad del rey sin limitaciones. El siglo de oro español hablaba de valores humanos en pintura y en literatura, pero la masonería y algunos ilustrados del siglo XVIII acabarían reivindicando derechos políticos. Quizás hasta 1766, hasta el Motín de Esquilache, los españoles no habían tomado conciencia de su capacidad de protagonismo en política. Con Carlos III se dio oportunidad a la burguesía y pueblo bajo (Sociedades Económicas, regadíos, carreteras, correos, hospicios, hospitales y reivindicación del trabajo como honorable) a entrever la posibilidad de vivir fuera de la pobreza y resignación con se había acostumbrado al español medio, al tiempo que se reivindicaba el regalismo y la sacudida del yugo, económico e ideológico, que había impuesto la Iglesia católica. Luego sobrevino el reinado de Carlos IV, con la Revolución Francesa al lado, la propaganda masónica dentro, las simpatías por Francia de los afrancesados.

Muchos ilustrados españoles eran regalistas, partidarios de que rey y su poder estuvieran por encima del de la nobleza y la Iglesia. Incluso los religiosos y obispos fueron regalistas, al menos hasta 1767, expulsión de los jesuitas.

La oposición al monarca y al absolutismo ilustrado se situó a menudo en los Consejos, el órgano más “conservador” del Gobierno. Esos Consejos, integrados por nobles y clérigos de alta condición social, casi todos inoperantes, centro de la corrupción social en donde se colocaban los que aspiraban a vivir con poco trabajo y menos preocupaciones, eran los núcleos del movimiento que reivindicaba un mayor poder para la nobleza y sometimiento del rey a las decisiones de ésta. Aranda, el líder de estos grupos nobiliarios, odiaba la corrupción a que en muchas ocasiones estos grupos habían llegado, pero no supo hallar una solución.

La racionalización del XVIII fue definitiva en el proceso de formación de la conciencia de ser ciudadanos con derechos. A ello ayudaban las constataciones de ineptitud de los antiguos soberanos, nobleza e Iglesia, que eran muy evidentes:

La nobleza trataba de justificarse por la necesidad de un Gobierno de disponer de un nivel cultural superior y por la defensa del territorio y la colectividad que vive bajo ese Gobierno, que, a su juicio, sólo garantizaban la nobleza y la Iglesia. Pero el progreso había hecho demasiado compleja la administración, que había ido a parar a manos de expertos economistas y juristas, nobles o no, y las armas de fuego habían entregado la dirección de la guerra a técnicos que no necesitaban de caballeros especialmente entrenados para el combate cuerpo a cuerpo y a caballo durante toda su vida.

La Iglesia trataba de justificarse autodeclarándose depositaria de tradiciones y valores culturales, que impidieran retrocesos sociales como venganzas (mediante el perdón), marginaciones (mediante la caridad), brujería y satanismo (mediante el culto católico), animismo (mediante la fe en la resurrección), anarquía (mediante la resignación), desviaciones sociales hacia prácticas antihumanitarias (mediante la autoridad religiosa). Como estos valores siguen siendo perfectamente válidos para todas las sociedades de todas las épocas, a los clérigos no se les tildó en el XVIII de ineptos propiamente, sino de incultos, porque habían perdido estos valores tradicionales en medio de sus luchas internas, su obsesión por medrar dentro de la institución y de la política, y su obsesión dogmática integrista.

Es más, nobleza e iglesia, no sólo habían perdido su papel de directores de la civilización y desarrollo económico y social, sino que se habían convertido en un obstáculo para la misma al detentar la titularidad de la mayor parte de las tierras: sustraídas así al mercado libre hacían que se encarecieran los precios; habían promovido la explotación indirecta en su propio beneficio pero en claro perjuicio para la sociedad; habían retrasado a menudo la necesaria modernización por no ser viable hacer inversiones o no ser posible cambiar de cultivo.

Con Carlos III, el Estado decidió asumir nuevas funciones además de las tradicionales del ejército y la marina, que eran a su vez recaudadores de impuestos. Las nuevas funciones consistían en independizar la hacienda e iniciar obras públicas en beneficio de la colectividad (Ilustración). Esas nuevas funciones requerían financiación adecuada, que no había, y para establecer nuevos impuestos era preciso conocer la ubicación de la riqueza, que no se conocía. Las soluciones tomadas fueron chapuceras, como emitir deuda e intentar la desamortización de tierras de la Iglesia y los Ayuntamientos a fin de captar ingresos para el Estado.

En el proceso de cambio hacia una mayor representación del pueblo, las Cortes tradicionales eran un obstáculo y se trató de prescindir de ellas. Quizás se necesitaba reformarlas, pero no se atrevieron a hacerlo, por lo que la convocatoria de 1810 resultaría revolucionaria. Durante el siglo XVIII, las Cortes perdieron funciones: las Cortes se reunieron en 1707 para jurar a Felipe V y Felipe V les retiró la posibilidad de adoptar iniciativas de todo tipo. Fernando VI no las convocó nunca. Carlos III las convocó en 1760 para jurar al heredero y tuvieron la novedad de que acudieron a Madrid tanto los castellanos como los aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines. Galicia tenía la costumbre de hacer una reunión de procuradores de las ciudades previa a cada reunión de Cortes, cosa que le fue expresamente prohibida en 1752. Carlos IV las convocó en 1789 también para jurar al heredero y fue cuando propuso la anulación del Autoacordado de 1713, pero los diputados pidieron reformas en temas de cultivo de los campos, abolición de mayorazgos, desvinculación y cercamiento de heredades, y Carlos IV las disolvió sin esperar a llegar a conclusiones en nada.

El cambio en la administración.

Tras intentar la reforma de la Administración, durante el siglo XVIII todos los órganos de Gobierno aparecieron duplicados y la situación no resultaba demasiado racional, aunque sí adaptada a las posibilidades reales del momento:

El poder central era gestionado por los Secretarios de Estado y Despacho, considerados, a principios de siglo, técnicos y de poco peso político, y por los distintos Consejos (con su presidente o Gobernador y sus Consejeros), que fueron perdiendo poder de decisión, a favor de los primeros, a lo largo del siglo. Los Secretarios de Despacho tenían la ventaja de tomar decisiones con inmediatez. Los Consejos tenían la ventaja de tomar decisiones con plenas garantías jurídicas. Y en la sombra estaba la Camarilla palaciega, o amigos que se reunían con el rey, que era quien muchas veces decidía. El Secretario de Estado y Despacho era, en teoría, el brazo ejecutor del rey, pero en la práctica tenía muy poco peso político, pues la Corte confiaba más en los viejos nobles de abolengo, que gestionaban los Consejos. Pero los Secretarios fueron ganando poder a lo largo del siglo. Los Consejos eran de consulta preceptiva, y era costumbre que demoraran su respuesta excesivamente, lo cual fue la causa de que el rey los fuera marginando. Los Consejos eran varios: el Consejo de Estado; Consejo Real de Castilla; Consejo Supremo de Guerra; Consejo Supremo de Indias; Consejo Supremo de Hacienda; Consejo de Órdenes; Consejo de Inquisición. También había otros organismos o Juntas como la Junta de la Mesta, Junta de Obras y Bosques; Junta de Comercio, Moneda y Minas; Junta del Monte de Piedad; Junta de Imprenta y Bibliotecas; Junta Superior de Sanidad… Los Secretarios de Estado y Despacho eran ayudados por Oficiales diversos a cuya cabeza estaba el Oficial Mayor, jefe de hasta nueve categorías de Oficiales de Despacho.

La Secretaría de Despacho Universal tradicional, que siguió siendo única, se repartió entre dos Secretarios en 1700: el Secretario de Asuntos del Norte de Europa, y el Secretario de Asuntos de Italia. Estaba claro que era demasiado para un solo responsable.

En 1703, se crearon dos Secretarías de Despacho correspondientes a Secretaría de Despacho Universal de Guerra y Hacienda y Secretaría de Despacho Universal de Todo lo Demás (Iglesia, Justicia y Estado, se entendía).

En 1705, las dos Secretarías de Grimaldo eran Secretaría de Guerra y Hacienda y Secretaría de Iglesia y Justicia. Empezaba racionalizarse el sistema de las Secretarías.

En 1714, Orry creó cuatro Secretarías, correspondientes a Secretaría de Negocios de Estado, Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Secretaría de Despacho de Guerra, y Secretaría de Despacho de Marina e Indias.

En 1720 se creó la Secretaría de Hacienda y se compuso el número clásico de las cinco Secretarías de Despacho.

En 1787 llegaron a ser siete, que eran Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Hacienda de Indias, y Guerra Comercio y Navegación de Indias. A su vez, cuando se volvió a las cinco Secretarías en 1790, la Secretaría de Indias se dividió en Dirección de Rentas, Dirección de la Real Hacienda y Dirección de Comercio de Indias.

Pero a medida que se desarrollaban las Secretarías de Despacho, a fines de siglo se vio con nitidez la necesidad de su coordinación en labores de Gobierno. No podía ser que cada una tomara los asuntos por separado. Entonces se intentó su coordinación a través de la Junta Suprema de Estado 1787-1792. En 1787 se creó la Junta Suprema de Estado para coordinar los asuntos de Gobierno entre los distintos Secretarios de Estado. Fue el intento de cambio y modernización más importante del siglo XVIII, pero resultó fallido. La Junta Suprema de Estado fue suprimida en 1792.

El poder provincial era gestionado por los Virreyes y por los Capitanes Generales. En el XVIII, los virreinatos fueron suprimidos, salvo en Navarra, y los virreyes sustituidos por Capitanes Generales. Las Audiencias eran verdaderos gobiernos regionales que administraban tanto la justicia como el gobierno de su territorio. Estaban presididas por un Capitán General que estaba fijo en la sede la Audiencia, mientras un Comandante General recorría los territorios dependientes. El siglo XVIII creó Audiencias en Valencia 1707, Zaragoza 1707, Barcelona 1716, Mallorca 1716, Asturias 1717 y Extremadura 1790. Sus funciones eran tanto judiciales, como administrativas y de gobierno.

El poder local era gestionado por el corregidor y por el regimiento o ayuntamiento en lo teórico, y por una oligarquía local como poder en la sombra. El cambio consistió en un intento de democratización dando acceso al ayuntamiento al pueblo no privilegiado, mediante el Síndico Personero del Común y los Diputados del Común. Fue un intento fallido, pues los elegidos enseguida se adaptaron a las formas antiguas de aceptar su cargo como privilegio personal, y no lo interpretaron como medio de renovación del poder local.