18.06.04.La Iglesia española en el siglo XVIII.

LA IGLESIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII.

La iglesia católica española en el siglo XVIII no presentaba un frente común y unitario. El primado de España no tenía autoridad sobre obispos, curas, frailes y monjas, y cada uno trataba de interpretar a su manera la administración de los muchos bienes de la Iglesia, verdadero caballo de batalla y centro del problema.

La Iglesia ejercía un dominio sobre jornaleros, arrendatarios y pobres al margen de su actividad religiosa. Al arrendar tierras, dar trabajo, conceder préstamos, repartir alimentos de limosna, recoger niños en los hospicios y dirigir actos públicos, tenía bien agarradas a muchas personas. Era el aspecto sociopolítico derivado de la gran posesión de bienes que disfrutaba. Por ello mismo, también tenía a muchas personas en contra de la situación aceptada, muchos católicos incluidos obispos, sacerdotes, curas, miembros de congregaciones… aunque éstos fueran minoría.

Los Borbones buscaron durante el XVIII el “patronato real” sobre la Iglesia, o privilegio de proponer los cargos eclesiásticos, lo cual era controlar una gran masa de riqueza del país y también de controlar al ascendente sobre las masas. La finalidad era que los inmensos bienes de la Iglesia no cayeran en manos de inmorales que los dedicaran a enriquecer a su familia, sus amigos, a sí mismos, sino más bien servir a los intereses del Estado y del rey, de un Estado filantrópico, y del rey en todo caso.

Ser prelado, obispo o prior, podía ser un chollo para el negocio particular y personal de los interesados, negocio al margen de la Iglesia. El clérigo solía estar bien informado y podía recibir, en pago a sus servicios, una parte del testamento que ayudaba a redactar, o podía comprar bienes que le parecían interesantes, no para la Iglesia, sino para su peculio particular. No era infrecuente, el caso de un miembro de la Iglesia que administraba bienes de este tipo en su beneficio particular, acumulando grandes patrimonios, que no eran de la Iglesia para nada, excepto a la hora de morir, momento en que se producían las consiguientes tensiones por heredarle. Era el momento del expolio, de cuyo acto sacaba beneficio quien podía, los que se llevaban ilegalmente algunas cosas, la familia que reclamaba lo que tenía por donado a la familia, el Estado que reclamaba una parte de los bienes, el obispado que reclamaba su parte…

El concepto de “pobreza” lo entendían como una disposición de ánimo del individuo, por la cual éste renunciaba a todo para servir a la Iglesia, lo cual hace compatible la pobreza de los curas y frailes con la riqueza de la Iglesia, obispos y órdenes religiosas.

Los reyes buscaron, durante la Edad Media y principios de la Moderna, las grandes mitras para sus familiares, los nobles se las disputaron a la familia real, y todos los demás españoles solicitaban como suprema aspiración de sus vidas un cargo, a ser posible una sinecura, y no era precisamente por vocación religiosa.

A lo largo del XVIII, hubo un cambio: a finales del siglo XVIII, los obispos y abades eran hidalgos y baja nobleza en su mayoría, pues el rey y la alta nobleza ya no apetecían esos cargos. Esto era el síntoma del cambio: se habían deteriorado los ingresos, o se habían generado modos de vida menos atractivos en estos cargos, o los reyes y alta nobleza habían encontrado alternativas mejores.

LA IGLESIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII.

             EL ASPECTO ECONÓMICO.

El patrimonio eclesiástico.

Hay que distinguir entre rentas eclesiástico beneficiales, patrimonio de las instituciones católicas, que se extendían sobre el 12,3% de las tierras españolas, y rentas eclesiástico patrimoniales propiedad particular de individuos de la jerarquía, obispos, párrocos o lo que fuesen, que abarcaban un 2,3% de las tierras españolas.

Se daba frecuentemente el caso, de que un obispo, o sacerdote, dejara en herencia a la Iglesia algunos de sus bienes privativos, y que no dejara nada a la familia, lo que causaba litigios y disgustos entre los que se sentían con derechos a heredar. Y era frecuente el caso contrario. Ser prelado, obispo o prior, podía ser una bicoca en la que tenían interés reyes, nobles, congregaciones y otras personas particulares, pues los interesados podían hacer una fortuna personal con la que beneficiar a su familia.

La Iglesia poseía un 15% de las tierras de cultivo que producían el 25% de las cosechas, pues se trataba de las mejores tierras, escogidas en tiempos pasados cuando la tierra era abundante. Los bienes procedían de donaciones recibidas a lo largo de la historia, procedentes de reyes, nobles, campesinos, comerciantes… pues era frecuente, cuando alguien testaba, legar algo a la Iglesia para misas y responsos tras su muerte.

Los ingresos conjuntos de la Iglesia los podemos calcular en un 10% de la Renta Nacional española del XVIII, sin contar los ingresos parroquiales y limosnas, imposibles de calcular porque carecemos de datos concretos.

Las rentas de la Iglesia

Las rentas de la Iglesia procedían de tres grandes fuentes: los bienes patrimoniales de la institución, las actividades religiosas mismas, y los negocios financieros.

Eran ingresos procedentes de bienes patrimoniales las rentas de señorío, rentas inmobiliarias, laudemios (derechos en las sucesiones y trasferencias en las enfiteusis), ingresos por la industria y comercio de algunos conventos.

Eran ingresos propios de la actividad religiosa los diezmos y primicias, derechos de estola, ofrendas y limosnas, donaciones y herencias, legaciones, y abundantes cuestaciones organizadas que los abundantes frailes y monjas llevaban a cabo sistemáticamente en las ciudades.

Algunas de las rentas de la Iglesia provenían de negociar con el dinero, como era el caso de las rentas de los censos (préstamos hipotecarios hechos a los campesinos), intereses de los juros y vales reales (préstamos hechos al Estado comprando deuda pública), rentas enajenadas, algunos derechos de señorío, aniversarios y pensiones cobradas del Estado o de particulares a cambio de un viejo préstamo o inversión. La Iglesia podía actuar a veces como banca, como prestamista y como inversor. Algún autor dice que la Iglesia poseía las tres cuartas partes de las rentas hipotecarias de España.

Las rentas anuales obtenidas por la Iglesia española a fines del XVIII podían elevarse a 280 millones de reales anuales procedentes de arrendamientos. Eso era la tercera parte del presupuesto del Estado. El concepto de “Iglesia pobre” debe ser entendido de una manera muy peculiar.

Las propiedades rústicas de la Iglesia.

Las propiedades rústicas de la Iglesia provenían principalmente de donaciones. Las más grandes donaciones provenían de la Edad Media y habían sido hechas por reyes y nobles, y otras más pequeñas se prolongaban indefinidamente en el tiempo, las hechas por miembros del clero y particulares que, al morir, dejaban una pequeña parcela para pago de misas. Todas estas propiedades quedaban vinculadas a perpetuidad, o indefinidamente, a la Iglesia, y son la parte más importante de los llamados bienes en manos muertas.

Otro modo de adquirir propiedades era la compra. En épocas más recientes, las rentas y limosnas las dedicaban en parte a adquirir nuevas fincas, rústicas y urbanas, que automáticamente quedaban fuera del mercado, pues ya no vendían nunca. Era un pozo sin fondo que amenazaba con quedarse con la totalidad de los bienes de la nación.

Otra parte de las propiedades rústicas provenía de ejecutar impagos cuando el propietario había tomado un préstamo hipotecario (censo hipotecario) y no había podido pagarlo.

Las fincas rústicas de la Iglesia eran de mucha calidad, sobre todo las adquiridas en la Edad Media, cuando sólo se cultivaba la mejor tierra. Gracias a ello, con el 14,6% de la superficie cultivada obtenían el 24,12% del producto agrícola español. Muchas de las tierras de la Iglesia estaban cercanas a ríos y arroyos, un factor clave para la agricultura en la España seca. Las fincas se dedicaban a la labor (producción de cereales) y al cultivo (producción de hortalizas y frutas en tierras fuertes y con agua, y vid en tierras sueltas y secas).

La Iglesia arrendaba la tierra a colonos, que en tiempos medievales fueron siervos suyos, y hacía arrendamientos a corto plazo (como límite, la vida de un colono), con frecuente elevación de las rentas, aunque a veces se daba en arrendamiento sin límite de tiempo, enfiteusis, situación que era más frecuente en Galicia. Había fincas de arrendamientos viejos, de siglos, sin plazo, lo cual se denomina enfiteusis, y ello daba lugar a rentas bajas y un arrendatario que actuaba como dueño de la finca, pues tenía el dominio útil, aunque careciera del dominio eminente, y entonces el arrendatario podía entregar la tierra en aparcería o en arrendamiento, en este caso sub-arrendamiento.

También daba tierras en aparcería, pero conocemos poco el tema.

La Iglesia poseía un 25% de los alquileres de casas (la Historia General de España y América dice que casi el 50%), aunque hay que matizar que la mayoría eran urbanas.

La Iglesia poseía más de 2,5 millones de cabezas de ganado (de un total español de 28 millones de cabezas). Era ganado vacuno, mular, caballar, asnal, pero sobre todo lanar, sector en el controlaba el 43% de las utilidades nacionales. También controlaba el mercado de la miel, con unas 225.000 colmenas de un total de 1,4 millones de colmenas existentes en España, en un mundo que apenas conocía otro azúcar además de la miel, hasta que América empezó a cultivar la caña que dominaban los musulmanes. La propiedad ganadera de la Iglesia católica estaba concentrada en pocos monasterios destacando Guadalupe (Cáceres) que en un momento llegó a poseer 46.709 cabezas de ganado (el 80% ovejas), y la Cartuja del Paular (en Rascafría-Madrid) que llegó a poseer 32.679 cabezas (el 90% ovejas).

Los inmuebles urbanos de la Iglesia.

Los inmuebles urbanos de la Iglesia eran muchos y muy variados, como casas, molinos, locales de comercio al por menor, locales de servicios… Eran espectaculares los casos de Segovia, ciudad en la que la Iglesia poseía el 53% de las casas, y Toledo, Alcalá, Valladolid y Salamanca, donde las propiedades urbanas de la Iglesia eran muy numerosas. Consecuencia de ello son los núcleos monumentales actuales en esas ciudades. Se calcula que la Iglesia disponía de un 25% de las rentas de casas y fincas de España. Los principales propietarios eran los monasterios y conventos y el cabildo catedral. Hay quien afirma que la Iglesia dominaba hasta el 50% de los alquileres de casas. Las casas se alquilaban en arrendamientos largos, por tres vidas de reyes, lo cual podía ser mucho en ocasiones y dar lugar a rentas bajas.

La Iglesia también poseía molinos harineros (de agua y de viento), molinos de aceite, batanes, herrerías, hornos de pan, tenerías para el curtido de las pieles, tejares, mesones, tabernas, carnicerías, bodegas, boticas… bienes que pueden ser tanto rurales como urbanos.

Los censos o préstamos de la Iglesia.

Los censos eran diversas formas de préstamo.

La Iglesia era un prestamista importante. Los censos eran la renta preferida por los conventos, sobre todo por las comunidades de religiosas. Los censos podían ser consignativos, reservativos y vitalicios.

El censo consignativo era el préstamo de un capital poniendo en garantía hipotecaria una finca, pero el consignatario podía vender o alquilar la finca hipotecada conjuntamente con el censo, y sin capacidad legal de subdividir la finca hipotecada. El censo consignativo era redimible (censo al quitar).

El censo reservativo se producía cuando el poseedor cedía una finca, en la práctica una venta, pendiente del pago de la suma convenida, lo cual daba lugar a una anualidad que podía ser perpetua (enfitéutica) o redimible (al quitar). Los censos perpetuos se denominan enfitéuticos.

Los censos vitalicios[1] (violarios en catalán) eran cesiones de un rentista por tiempo concreto y corto a un rentero. Eran de muchos tipos: los “precaria”, propios de los siglos V y VI, eran cesiones que hacia un obispo o convento del goce de un inmueble de forma gratuita por un tiempo determinado a una persona o institución. Los “precaria onerosa” eran las cesiones a cambio de una renta o censo. Los “precaria remuneratoria” eran una cesión mutua entre una iglesia o convento y un particular, por el que alguien cedía a la Iglesia un bien, con reserva de usufructo mientras viviera el cedente, recibiendo a cambio otro bien, el uso de un inmueble, alimentos, uso de otra tierra, capitales en dinero… que duraba hasta la muerte del cedente. Ambas partes se beneficiaban por el bien que el otro les había cedido.

Los censos eran ejecutados por la Iglesia como lo haría cualquier otro noble o banquero.

Las rentas de señorío de la Iglesia.

La Iglesia tenía señorío jurisdiccional sobre 9 ciudades españolas, 239 villas y 3.150 lugares. Los derechos señoriales eran los mismos que en el caso del señorío laico.

Las fincas rústicas eran cultivadas por colonos en arrendamiento a corto plazo, o censo, permanecían incultas si no encontraban acomodo a gusto de los eclesiásticos, o eran tierras yermas. Los colonos trabajaban el 73% de las tierras de la Iglesia, siendo el 26% restante trabajado directamente por monjes y servidores. La mayor parte de las propiedades rústicas de la Iglesia radicaba en Extremadura, donde poseían 21,5% de la tierra, en Andalucía (18%) y en León (15,8%). Pero poseían tierras por todas las regiones de España. La Iglesia lograba captar el 42,5% de la cosecha de sus propias tierras, quedando el resto para manutención de los colonos, sembradura, impuestos, alimento del ganado de labor, etc.

La gente prefería el señorío de un obispo, en general mucho más benévolo, que el de un convento, pues las órdenes religiosas solían ser duras, exigentes e implacables en el abuso sobre el campesino.

Los diezmos[2].

Nos referimos al diezmo eclesiástico, al cobrado por la Iglesia católica, pues también existían diezmos reales y diezmos señoriales en algunos lugares de España, aunque escasos. Se les denomina a estos últimos diezmos laicales. Los diezmos laicales eran percibidos por Órdenes Militares, en cuyo caso los cobraban los comendadores de estas órdenes, y por señores laicos, sobre todo en Cataluña, y algo también en Aragón, que los habían recibido en cesión, en algún momento de la historia. El diezmo cobrado por Órdenes Militares se calcula en un 10% de los diezmos. El cobrado por señores laicos, en un 17,33%. Es decir, que el diezmo de la Iglesia representaba un 72% del total de los diezmos.

Cada diócesis diezmaba de manera distinta, según sus propias constituciones sinodales, y por ello no podemos afirmar a cuánto ascendía el diezmo, sino que damos una media del 9% de las cosechas.

Eran diezmos prediales los que gravaban sobre productos obtenidos de la naturaleza, tales como frutos, animales, productos hortícolas, productos de la viña, olivar, monte e incluso el barro de tejas y ladrillos. El diezmo predial gravaba sobre el bruto.

Eran diezmos personales los que gravan sobre productos que procedían del trabajo personal como los frutos industriales y comerciales, y las rentas. Estos productos gravaban sobre el neto.

También existían diezmos mixtos con casuística complicada. Principalmente eran la leche, queso, lana y miel. La miel y cera pagaban la mitad, lo que unido a las muchas colmenas propiedad de la Iglesia, significa que ésta era el gran comercializador de la miel.

En algunos tratados sobre el tema se consideran “diezmos mayores” los de los que daban grandes ingresos y estaban generalizados, tales como granos, aceite, vino, corderos, queso, lana, miel…, y “diezmos menores” los de otros artículos minoritarios, como barrilla, pesca, etc. cuyo monto en la recaudación final era más escaso. Algún autor habla de diezmos generales para los que se cobraban en todas las regiones españolas, y diezmos locales los que eran producciones muy específicas de una región o un pueblo.

Estaban obligadas a pagar diezmo eclesiástico casi todas las personas: los herejes, infieles y judíos no pagaban diezmo personal, pero sí el predial. Pagaban los clérigos simples (sin beneficio de curato) todo tipo de diezmos. Pagaban los clérigos con curato (obispos abades y párrocos) el diezmo predial y el rediezmo (diezmo sobre su parte del diezmo). Lo único que no diezmaba era el bien netamente eclesiástico. También se excusaban de diezmar los regulares en las posesiones que trabajan con sus manos, pero no en el resto de posesiones del convento.

Cada parroquia era una unidad de percepción del diezmo y la parroquia designaba a la persona que lo había de recoger y almacenar en la cilla. El párroco organizaba las “tazmías”, término por el que se designan las partes o porcentajes a pagar por cada feligrés sujeto a diezmo, como la parte que se lleva cada uno de los beneficiarios del diezmo.

Para repartir el diezmo entre los beneficiarios, se hacían tres partes, un tercio para los servidores de la parroquia, un tercio para de la mesa capitular y el obispo, y el tercio de fábrica, o destinado a la construcción y reparación de edificios. Así era al principio, en el siglo XIII, pero luego evolucionó de forma notable:

Del tercio de la parroquia se detraía el excusado, o cantidad que tributaba por diezmos el mayor contribuyente de cada parroquia, también llamado “el mayor hacendado”. Esta cantidad se fue concediendo al rey transitoriamente en varias épocas y se hizo perpetua y definitiva en 1757. El excusado se calcula en un 7% del total del diezmo.

Del tercio de la mesa capitular y obispo, había que descontar el rediezmo, o diezmo de esas cantidades percibidas, y con el resto, dos tercios del resultante iban a arcedianos del obispado, y un tercio a arciprestes.

Del tercio de fábrica se fueron detrayendo cantidades como: el subsidio de cruzada (un tercio del tercio de fábrica) que se entregaba al rey para ayudar a la guerra contra los infieles. Luego se detrajo el noveno de servidores de las iglesias (un tercio del tercio de fábrica), y la cantidad final que se llevaba la construcción y reparación de edificios era por tanto un tercio del tercio de fábrica. Luego se detrajeron las Tercias Reales, que eran dos tercios de este tercio, para ser pagados al rey (se calculan en 4,0% del total del diezmo). Y también se detrajo el subsidio, tributo al rey que no solo gravaba sobre el diezmo sino también sobre otras dotaciones.

Otros ingresos de la Iglesia:

La Iglesia emitía de vez en cuando bulas de cruzada para ayudar al rey a difundir y defender tierras cristianas.

Las donaciones y legados testamentarios, eran frecuentes una vez instituida la costumbre de dejar en cada testamento un poco para misas por la salvación del alma del difunto. En algunos casos era una cantidad importante e incluso la totalidad. A veces iban para la iglesia propiamente dicha, y a veces para el obispo, párroco u otro servidor eclesiástico para su fortuna personal.

La dádiva, eran unos regalos que los feligreses entregaban al párroco en el ofertorio de la misa, en fiestas señaladas, y cualquier domingo o fiesta del año. Consistía en pan, vino, carne, y cera, de lo cual el párroco podía coger lo necesario y subastar el resto. También en los entierros y funerales, era costumbre, y de hecho se exigía persuasivamente, la dádiva, que teóricamente es una donación voluntaria del creyente.

El estipendio era una donación en determinados actos del culto, tales como una misa encargada. Se “cobraba” caro, a veces el jornal diario de un obrero del campo. Las comillas las ponemos porque la Iglesia siempre negó que cobrara, decía que eran donaciones, pero los párrocos exigían una limosna y hasta fijaban la cuantía de la misma.

Las limosnas, eran las donaciones que los fieles hacían al párroco o a otros eclesiásticos, bien en especie o bien en dinero. La costumbre había hecho que este capítulo fuera muy bajo para las parroquias, porque las órdenes mendicantes iban continuamente, de puerta en puerta, pidiendo grano, tocino y dinero, y se llevaban casi todas las limosnas, lo cual generaba conflictos entre regulares y seculares. El monto de la limosna se calcula en la mitad del diezmo.

Los derechos de estola o casuales eran entregas hechas en la realización de algunos sacramentos, lo cual era teóricamente gratuito, pero que llegó a exigirse bajo la teoría de que las ceremonias que acompañaban al sacramento sí que había que pagarlas. Se consideran derechos de estola los pagados por misas, bautizos, casamientos y entierros. El monto de estos ingresos se calcula que podía igualar a los procedentes del diezmo.

También podemos considerar “ingresos” de la Iglesia los privilegios que les ahorraban gastos: La característico del clero como estamento era el privilegio de no estar sometidos al derecho común (ahorro en litigios, o pago al obispo, su juez natural), no estar obligados a alojar soldados en sus casas, y gozar sus iglesias y conventos de derecho de asilo (santuario) al que podían acogerse vagabundos y delincuentes si el eclesiástico del lugar les admitía (lo que originaba gastos en vez de ingresos). También tenían derecho a imponer castigos en sus parroquias, castigos que eran fielmente cumplidos porque los campesinos temían a sus sacerdotes, y mucho más a los eclesiásticos de fuera de la parroquia, pues cualquiera de ellos podía denunciarles a la Inquisición y arruinarles la vida, torturarlos, e incluso condenarlos a muerte. Los eclesiásticos tampoco pagaban los impuestos ordinarios que pagaba el pueblo, como alcabalas, cientos y millones (rentas provinciales).

También algunos eclesiásticos cobraban salarios por funciones civiles realizadas al servicio de una familia, del rey, de un noble o de un rico.

El monto de ingresos de la Iglesia.

En conjunto, la Historia General de España y América calcula que la Iglesia española de fines del XVIII, ingresaba cada año unos 1.000 millones de reales al año, cantidad grande, similar a la que recaudaba el Estado.

Ello no quiere decir que todos los eclesiásticos vivieran bien. No exactamente. Algunos eclesiásticos vivían muy bien y hacían ricos a sus parientes y allegados, y otros muchos eclesiásticos estaban en la más absoluta pobreza y hambre física. Era un problema interno entre regulares y seculares, y entre autoridades del clero y el llamado bajo clero, e incluso entre obispados ricos y obispados pobres, parroquias ricas y pobres, etc.

El clero de algunas regiones era muy rico, mientras en otras regiones era pobre, o muy pobre, según las donaciones de que disfrutaran.

Gastos de la Iglesia.

Con estos dineros citados más arriba, la Iglesia sostenía escuelas, hospicios, hospitales, y a cientos o miles de mendigos que vivían de la limosna de las parroquias y conventos. Es el aspecto que los integristas más tratan de resaltar, y que sólo es una parte de la realidad. Pero también la Iglesia compraba nuevas tierras de monte y pastos, cabezas de ganado, solares urbanos y edificios, deuda pública, que inmediatamente se ponían en explotación poniendo alquileres, fundando colegios… Es el aspecto que los integristas tratan de olvidar.

Los gastos del clero eran fundamentalmente:

de sostenimiento del propio clero (comida, vestido, vivienda), un gasto por cierto muy mal repartido;

mantenimiento del culto (fundamentalmente construcción de iglesias, capillas, monasterios, conventos, colegios… palacios episcopales, pero también iluminación, ornamentos, objetos de culto, pinturas e imágenes) lo cual daba trabajo a muchos campesinos y obreros durante años, siglos en el caso de las catedrales,

mantenimiento de obras benéficas: hospitales, asilos, comida de los pobres, asistencia a necesitados (viudas, huérfanos), enseñanza gratuita a hijos de clases modestas, inversiones (tanto de bienes tangibles como de deuda pública)

envíos y pagos a la Curia romana,

y pago de impuestos pactados con el Estado: subsidio, excusado tercias reales y algunas pensiones que otorgaba el Estado a cargo de la Iglesia.

Lo peor de esta partida de gastos es que la mayoría eran improductivos desde el punto de vista económico, y no sostenibles sino con más y más ingresos.

LA IGLESIA ESPAÑOLA EN EL XVIII,

EL ASPECTO HUMANO.

Cuantificación de integrantes del clero.

Las cifras de integrantes del clero son altas, unos 150.000 individuos en números redondos: 70.000 seculares, 50.000 frailes y 25.000 monjas, lo que significa un religioso cada 85 personas. El número de integrantes del clero se estabilizó respecto al XVII, lo cual significaba que porcentualmente disminuía respecto a la población total. Incluso llegó a descender ligeramente a finales de siglo bajando a los 143.000 individuos integrantes del clero.

Respecto a estas cifras, hay muchas discrepancias:

Felipe Ruiz Martín estima que, a principios del XVIII, habría en España unos 91.085 eclesiásticos, de los cuales 40.599 serían seculares, 35.445 religiosos, y 25.041 religiosas. Las cifras parecen muy a la baja.

Uztáriz dijo que los eclesiásticos españoles a principios de siglo debían ser unos 250.000, lo cual nos parece mucho, y esa cifra no se alcanzaría ni incluyendo a sacristanes y servidores.

Martín de Loynaz dice que en 1747 habría 139.619 eclesiásticos en Castilla y 10.399 en Aragón, lo que hace una cifra cercana a los 150.000 en total, que hemos dado en primera instancia.

La Historia General de España y América dice que en 1747 habría 165.687 eclesiásticos en España, de los cuales 67.246 serían seculares, 65.000 religiosos, y 33.400 monjas. A los que se podía añadir 14.000 servidores en Colegios y Hospitales de Castilla y Aragón.

En 1768, el censo de Aranda calculaba que había en España 176.057 eclesiásticos, de los que 66.687 serían seculares, 56.547 religiosos, 27.575 religiosas, y 25.248 sacristanes, acólitos, síndicos, familiares de la Inquisición… También nos da la cifra de párrocos, 15.639, para 18.106 parroquias, lo cual quiere decir que la atención a las almas estaba a falta de curas.

El número de eclesiásticos para 1787, censo de Floridablanca, nos da una cifra de 191.101, de los cuales 70.170 serían seculares, 52.200 religiosos, 25.813 religiosas, y unos 43.000 personal subalterno (sacristanes, acólitos…)

En 1797, resultan, en el censo de Godoy, 182.564, de los que 34.000 serían personal subalterno.

Domínguez Ortiz opina que si se incluyen, o no, a todos los que gozaban del privilegio estamental eclesiástico, las cifras pueden ser aparentemente diversas, pero, en el fondo, similares.

La dificultad del tratamiento del tema radica en la disparidad de criterios básicos del tratamiento del mismo. La lectura de resultados es diversa, pues los historiadores y sociólogos pueden adoptar criterios diversos con cada uno de los grupos citados. Esta disparidad nos conduce a la imposibilidad de coincidencia en las cifras y a muchas diferencias de resultados, sin que ello signifique que los estudios estén mal hechos. Los que actúan con criterios estrictamente religiosos, afirman que no se pueden considerar eclesiásticos sino a los ordenados y tonsurados del clero secular, y a los profesos que hayan prestado votos o vivido realmente en comunidad. Ello dejaría fuera a los sacristanes, acólitos, sirvientes del clero secular en catedrales, colegiatas parroquias y ermitas, criados, ermitaños, santeros y empleados de la bula de cruzada, y fuera del clero regular a los donados, criados, niños, señoras ligadas al servicio de los conventos, hospitales y colegios de enseñanza. Los que actúan con criterios sociológicos, tienden a englobar en este grupo social a todo el conjunto de personas que vive en grupo bajo parecidas circunstancias y condicionamientos materiales y legales.

Por otra parte, los recontadores del siglo XVIII actuaban según criterios dispares, y cada zona da resultados muy diferentes, sin que conozcamos el criterio seguido.

En fin, la disparidad grande de cifras, no implica siempre falsedad, ni mal trabajo, sino diferencias de criterios.

La escasez de curas.

Es destacable en cualquiera de las hipótesis citadas, el gran número de eclesiásticos y la escasez de curas. Cura es el que trabaja atendiendo directamente a los creyentes, el párroco, el que tiene “cura animae”. Los españoles del siglo XVIII estaban descontentos con el hecho de que sobraran sacerdotes por todas partes y faltaran curas párrocos. Se quejaban sobre todo de que hubiera muchos frailes mendicantes: franciscanos, capuchinos, dominicos y carmelitas que, según muchos, debían ponerse a trabajar en algo útil.

El clero, tenía en su interior el gran defecto de que muchos de sus integrantes lo tomaban como una forma de vida o un empleo, y por ello se aglomeraba en zonas urbanas y zonas ricas, quedando a menudo abandonadas las zonas rurales y pobres. Triunfaba el espíritu de supervivencia y no el de servicio.

La concentración de clérigos en las ciudades se producía entre el clero secular, por concentración de canónigos y beneficiados, y también entre clero regular por concentración de mendicantes y enseñantes: franciscanos, capuchinos, mercedarios descalzos, escolapios, hermanas de la caridad (congregación de San Vicente Paúl), clarisas, capuchinas, jesuitas, escolapios, calasanzcios…

Claro, que era más fácil pedir limosna en la ciudad, que en el campo, las órdenes mendicantes preferían las ciudades y los clérigos regulares que se dedicaban a la enseñanza preferían los hijos de los burgueses y nobles y las concentraciones de población. Y también era normal que los hospitales y hospicios se fundaran donde había grandes núcleos de población.

En cambio en los pueblos, el servicio religioso era escaso.

Clero secular y clero regular.

Enciso Recio asegura que podemos afirmar que el 46% del clero era secular, el 36% frailes y asimilados, y el 18%, monjas y que la mayoría del clero tendía a vivir en las ciudades, pero que muchas de sus posesiones estaban en el campo.

El clero regular, que seguía una regla, eran las órdenes religiosas: monjes, frailes y monjas. Del clero regular se sabe poco, pues las órdenes religiosas tienen a gala la opacidad, el secreto, hay pocos estudios y enseguida el investigador se topa con negativas.

El clero regular, hacía guardar mucho las formas como manera de distinguirse de la plebe.

El clero secular, el que vivía “en el siglo”, que en lenguaje religioso católico es vivir con la gente, podemos organizarlo en tres grandes bloques:

el capitular que vivía en catedrales (dignidades, canónigos, racioneros, beneficiados y adscritos) y en colegiatas.

el parroquial que vivía en las parroquias (curas, otros sacerdotes, y no ordenados como sacerdotes).

el de capillas particulares.

El clero secular estaba organizado en 60 diócesis y jerarquizado en obispos, cabildos, párrocos, beneficiados, ordenados patrimoniales, capellanes y otros sacerdotes.

El clero secular en general mejoró en el XVIII en nivel intelectual gracias a la creación de algunos seminarios para su formación intelectual. El clero regular fue poco popular y sufría los ataques de los comentarios de la gente.

El clero secular no siempre era de procedencia aristócrata, pero practicaba maneras propias de la aristocracia y gustaba de hacerse nombrar y respetar como lo hacían las clases más altas de la sociedad. Era una costumbre o manía heredada de antiguo.

LA JERARQUÍA CATÓLICA.

El nuncio.

El nuncio era el representante político del Papa ante el rey, embajador de El Vaticano en un país determinado.

En España, el nuncio significaba una fuente inmensa de ingresos para Roma. La masa de dinero que recogía cada año provenía, de una parte, de la llamada “colecta apostólica”, y de otra parte, de los “ingresos del Tribunal de la Curia”.

La colecta apostólica comprendía dineros recaudados por venta de indulgencias, la parte del diezmo que le correspondía, dinero de expolios y reservas papales. Estos dineros eran una fuente inmensa de ingresos, tan fundamentales en Roma como la plata americana para España, y de ellos dependían una serie de bancos romanos, que prestaban dinero al Papa en la expectativa de la llegada de este dinero. En 1753, España privó al Papa de este ingreso, y los bancos romanos dejaron de financiar empresas del Papa, con lo cual ya no pudo financiar guerras contra monarcas “non gratos”, contra herejes, ni guerras contra el turco, ni gastos suntuarios como los acostumbrados en Roma.

La segunda parte de los ingresos que España aportaba a Roma eran los generados por el Tribunal de la Curia, que a su vez tenía varias fuentes de obtención de fondos:

La tramitación de gracias, exenciones (de ayuno y abstinencia, de matrimonio entre familiares o “licencia matrimonial” y otras) y facultades para disponer de los bienes de la Iglesia, como enajenarlos o arrendarlos.

Era tribunal de primera instancia y apelación en las causas entre obispados.

Juzgaba sobre los expolios, en caso de conflicto por su reparto, lo cual era muy frecuente.

Cobraba annatas, que eran el pago al equivalente al primer año de rentas de un determinado beneficio concedido (obispado, canongía…).

Cobraba los quindenios, o derechos calculados cada 15 años sobre los beneficios de los conventos, que se debían pagar en anualidades en los siguientes quince años. La annata era el pago de entrada, y el quindenio el pago anualizado y revisado cada quince años.

Los obispos.

Los obispos procedían, unos pocos de la alta nobleza, cuando eran diócesis de muchas rentas, unos pocos de órdenes religiosas, y la mayoría eran segundones de familias nobles, quedando algunos de familias hidalgas y muy pocos del estado llano.

Para ser obispo había una especie de cursus honorum, que empezaba por pasar por un colegio mayor, cosa que estaba reservado a la nobleza y a las órdenes religiosas. En el siglo XVIII, el colegio mayor más importante para los religiosos era San Ildefonso de Alcalá de Henares (antes lo había sido San Bartolomé de Salamanca). El segundo paso en el cursus honorum era pasar por la docencia, una cátedra, luego eran canónigos en las catedrales, o miembros de un convento con tradición en la enseñanza, y tras la canongía o convento en su caso, llegaba el nombramiento de obispo. No era necesario cubrir todos los pasos, pero lo indicado marca el camino más frecuente. Una vez llegados a una sede pequeña, la carrera del obispo no había terminado, pues aspiraba a sedes cada vez más importantes, mejor dotadas económicamente.

Había 62 catedrales, pero algunos obispos contaban con dos catedrales en su diócesis, y sólo hubo entre 57 y 59 obispos y arzobispos.

Había ocho sedes metropolitanas o arzobispados, que eran Toledo (proporcionaba a la mesa episcopal 3,5 millones de reales por año), Santiago (1,4 millones), Burgos (400.000 reales de renta), Sevilla (1,7 millones), Granada (700.000 reales anuales de renta), Zaragoza (600.000 reales de renta), Tarragona y Valencia (1,5 millones).

De los grandes obispos metropolitanos, dependían los obispos sufragáneos, que eran entre 49 y 51:

De Toledo dependían: Osma (Soria), Segovia, Sigüenza- Guadalajara (800.000 reales de renta), Cuenca (600.000 reales de renta), Valladolid, Jaén (600.000 reales de renta), Córdoba (700.000 reales de renta) y Cartagena –Murcia (600.000 reales de renta).

De Santiago dependían: Astorga, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Coria, Plasencia (600.000 reales de renta), Badajoz, Tuy, Lugo, Mondoñedo, Orense, Ávila.

De Burgos dependían: Calahorra (con jurisdicción al oeste del Deva, en Guipúzcoa y Vizcaya), Pamplona (con jurisdicción al este del Deva en Guipúzcoa, producía 400.000 reales anuales de renta), Tudela (creada en 1783, tenía viejos pleitos con Tarazona), Santander (creada en 1754), Palencia.

De Sevilla dependían: Cádiz, Málaga (900.000 reales anuales de renta), Ceuta, Canarias (400.000 reales de renta).

De Granada dependían: Almería y Guadix.

De Zaragoza dependían: Albarracín, Barbastro, Jaca (Huesca), Tarazona y Teruel.

De Tarragona dependían: Barcelona, Gerona, Ibiza (creada en 1782 pues antes era obispado de Mallorca), Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel y Vich.

De Valencia dependían: Mallorca, Menorca (creada en 1795), Orihuela y Segorbe (Castellón).

Eran obispados exentos, no dependientes de metropolitanos, León y Oviedo.

Las grandes mitras productoras de más de un millón de reales al año eran Toledo (3,5), Valencia (1,8), Santiago (1,5), Sevilla (1,3) y Zaragoza (1), seguidas de otras que producían un poco menos pero más de 500.000 reales: Cartagena, Canarias, Cuenca, Málaga, Oviedo, Plasencia y Sigüenza. Las mitras más pobres producían menos de 100.000 reales al año y eran Albarracín, Barbastro, Ceuta, Ibiza, Jaca, Menorca, Tudela, Tuy, Urgel y Valladolid.

El 40% de los obispos procedían de órdenes religiosas, y el resto eran seculares. Los procedentes de órdenes religiosas solían haber nacido de familias del tercer estado. En los demás casos, la norma general era que las grandes diócesis, dotadas de muchas rentas anuales, fueran atribuidas directamente a hijos de Grandes, o del Rey, y en el caso de las pequeñas, que procedieran de nobleza titulada, o de ricos hombres. Estos obispos hacían una especie de carrera episcopal, o cursus honorum, empezando en una diócesis pobre, y ascendiendo durante su vida hacia diócesis cada vez más ricas, excepto si eran castigados y enviados a otra más pobre.

Por su modo de pensar, dividimos los obispos en tres grupos: Integristas (episcopalistas en otros autores) serían los que defendían la autoridad del Papa sobre el Estado en cuestiones de moral, costumbres, Iglesia y todo aquello que la religión considera importante para ella. El integrista no sólo expone su moral, sino se cree con derecho a imponerla a los demás, incluso con la fuerza. Transaccionistas, o partidarios de arreglos entre el Papa y el Estado. Jansenistas, o partidarios de la completa autonomía entre las dos instituciones, una vez delimitados los campos de cada uno.

De los tres grupos, el más destacable desde nuestro punto de vista actual, aunque no el más numeroso en el XVIII, es el jansenista. Los jansenistas aceptaban la autoridad del Papa, pero deseaban una racionalización de la Iglesia en temas que a los integristas y transaccionistas les parecían intocables. Los tres temas cruciales, de los que estamos hablando, eran la abolición de la Inquisición y libertad de religión consiguiente, la aceptación de la nueva ciencia moderna aunque hubiera que revisar muchas ideas defendidas equivocadamente hasta entonces, no sólo por la Iglesia, sino por casi toda la sociedad, y en tercer lugar, la autoridad de los obispos sobre sus diócesis, que los jansenistas decían que era plena, y debía extenderse a las órdenes regulares que vivieran en ellas, mientras la Curia Romana decía que los concilios provinciales y nacionales eran privilegio exclusivo de Roma, y muchas órdenes monásticas decían que ellos no se sometían al ordinario, sino a su general.

Desde el punto de vista del Estado, o de la política, los obispos eran necesarios. No había otra forma de administrar algunas regalías (tierras yermas, aguas, minas, salinas, bienes mostrencos, algunos casos de justicia, moneda, dispensas matrimoniales, separaciones matrimoniales, informar sobre vecinos, confeccionar censos y catastros…). La Iglesia hacía buenos servicios al Estado, y el Estado protegía a la Iglesia, pero quería una Iglesia dócil al rey. El control sobre todos estos temas hubiera requerido una burocracia imposible de imaginar para el siglo XVIII, y siglos anteriores, e imposible de pagar. De esta “protección” se derivaba una tendencia al intervencionismo del Estado en cuestiones no estrictamente laicas, lo cual encorajinaba a los jesuitas y a otros defensores de la independencia eclesiástica. Igualmente, y en sentido contrario, la situación sabida de necesidad que el Estado tenía de los eclesiásticos, provocaba abusos de muchos de éstos, que querían manipular la política, tener los cargos del Estado, dominar la Universidad…

Los cabildos catedralicios.

Entre los miembros del cabildo catedralicio había mucha variedad de personajes y existía también una jerarquía entre ellos. Citamos de más alto a más bajo: el deán era el jefe supremo del cabildo; canónigo habitual; canónigo extravagante era el que sólo acudía al coro en fechas muy señaladas; prebendados; capellanes; clérigos maitinizantes; lectores; chantres; niños del coro.

Entre los miembros del cabildo había gran diferencia económica y de tipo social:

La diferencia económica dependía de los haberes que cada uno tuviese asignados, y eran muy distintos. Los miembros del cabildo más afortunados podían ganar 20.000 reales al año (alguno ganaba 100.000 reales/año), mientras los canónigos pobres de las grandes diócesis no pasaban de los 7.000 reales/año, y los de las diócesis más pobres, no pasaban de 5.000 reales. Los canónigos tenían que pagarse de su bolsillo la ropa de ceremonias, criados, escolanías, aceite, cera, ornamentos y plata.

La diferencia social era la que marcaban los que habían pasado por colegios mayores y no habían sido promocionados a obispos, quedándose como canónigos y profesores muchos años, a veces toda su vida. Cada familia colocaba a sus allegados de acuerdo con el nivel social a que podía aspirar. Y por otro lado los que no venían de colegios mayores y los que no eran de familia noble.

Los canónigos disfrutaban de unas rentas importantes, y de unos privilegios jurídicos especiales. En teoría, la reunión de los canónigos, esto es, el cabildo-catedral o colegial, tenía la máxima autoridad sobre las cosas del obispado, pero en ese punto se repetía el conflicto que había entre el Papa y los obispos: los obispos querían imponer su autoridad sobre los miembros del cabildo, y estos defender sus prerrogativas. Los obispos procuraban nombrar canónigos dóciles, pero el tema era complicado, porque la Curia Romana quería sus canónigos y el rey quería los suyos, y como las rentas que luego cobraban los canónigos provenían de estas fuentes, había que aceptar sus condiciones (el que paga, manda). Cada canongía era una lucha interna, a tres si no había patronos particulares, por imponer cada uno a su candidato. Los obispos idearon un sistema de oposiciones de forma que fuera imposible la designación directa del canónigo desde Madrid o desde Roma, y aún así era muy difícil resistir las presiones del rey o del nuncio.

Las colegiatas.

Había en España 106 colegiatas. Colegiata era una “iglesia colegial” gestionada por un cabildo de canónigos regido por un deán, abad o prior, según los casos. Realizaban un culto ceremonial semejante al de las catedrales pero no gozaban de obispo diocesano. Alguna llegó a tener obispo, pero sin diócesis, sin jurisdicción territorial, diócesis nullíus. El Cabildo de la colegiata administraba los bienes de la institución según los estatutos vigentes, privilegios obtenidos del rey y costumbres locales. Algunas colegiatas eran conventuales y no tenían cabildo de canónigos, sino que el claustro de monjes administraba sus bienes.

Las colegiatas ordinarias dependían del obispo ordinario de su diócesis y se regían por el cabildo de los canónigos de la colegiata. Se consideraban colegiatas insignes las que radicaban en una ciudad o villa importante. Eran colegiatas parroquiales las que hacían funciones de parroquia, además de administrar los bienes de la colegiata. Eran colegiatas de patronato (episcopal, real o particular) las que habían sido fundadas por un patrono que se había reservado el derecho a nombrar algunas dignidades de la colegiata y la disposición de algunas rentas para determinado fin, por disposiciones de los estatutos fundacionales.

El número de canónigos de una colegiata no era fijo, y dependía mucho de las posibilidades económicas de cada momento, pues trataban de colocar al máximo de beneficiados y canónigos y ello dependía de las posibilidades de cada momento y de lo que se llevara cada uno de los beneficiados.

Los seminarios.

Los seminarios, o colegios de sacerdotes, eran pobres y apenas tenían una docena de alumnos por año, que vivían en edificios destartalados. Se ingresaba entre los 11 y los 16 años de edad.

Para ingresar en un seminario había que cumplir unos requisitos mínimos, como no ser hijo de alguien con profesión vil (curtidor, talabardero, herrero, sastre, zapatero, carpintero, pregonero, carnicero, vendedor de mondongo (entrañas), matarife, pescatero, frutero, ropavejero, bailarín, comediante, verdugo, corchete-guardia, buñolero, pastelero, bodeguero o tabernero, lacayo, mozo de mulas, alquilador de carros, caballos o mulas y similares) y probar limpieza de sangre. También las órdenes religiosas que presumían de muy cristianas, exigían los mismos requisitos, es decir, que no eran privativos de los seminarios.

En 1783, el Estado declaró honrados todos los oficios, lo cual dio un vuelco a la sociedad, y sobre todo a la Iglesia católica que, en su conservadurismo, siguió rechazando durante muchos años a estos candidatos a clérigo o monje.

El primer día de ingreso recibían los hábitos del seminarista: manteo (capa larga con cuello), beca, bonete y la ropa típica del sacerdote. La formación del sacerdote era pésima, y los profesores deplorables. Contrastaba ello con conventos ricos, y con religiosos bien formados, aunque no todos estuvieran en las mismas condiciones. Insistían mucho en aprender las formalidades como ceder el paso a los superiores, hacerles reverencias, descubrirse al cruzarse con ellos, ponerse en pie cuando un superior entraba en la habitación donde estuviera el seminarista, adelantarse a abrirles las puertas, permanecer en pie en su presencia, no tutearles nunca, no jugar con ellos, no usar prendas que pudieran confundirles con uno de ellos… cuidar la limpieza, naturalidad, compostura, llevar las manos en el balandrán (abrigo capeado)… También se insistía en la disciplina, y no podían faltar ni una sola noche a dormir, so pena de expulsión.

El seminarista debía ser humilde, modesto, obediente, respetuoso, sufrido, diligente y cuidadoso con las cosas de la Iglesia y del seminario. Todo ello eran las normas, pero en la práctica cada seminario tenía un nivel de disciplina distinto, y en algunos, los seminaristas se “escapaban” de noche a divertirse, jugar y hasta a fornicar.

Se levantaban a las 5,30 y se acostaban a las 21,30 horas. Se ordenaban sacerdotes hacia los 24 años de edad.

La máxima autoridad era el rector, sustituido por el vicerrector en sus ausencias, y también vivían en el seminario los catedráticos, los pasantes de catedrático (que debían tener unos estudios mínimos de teología), los bedeles que mantenían el orden, y el director espiritual o “pío operario”.

Los conflictos más habituales de los seminarios eran con los canónigos de la catedral cuando éstos insistían en que los seminaristas fueran al coro y que les sirvieran como criados, y también se producían conflictos cuando los seminaristas se rebelaban contra algún profesor al que calificaban de fanático, incapaz, culpable de escándalo público o papismo (integrismo católico). Un conflicto de otro tipo, era la queja de vivir en extrema pobreza, con hambre y frío, mientras los canónigos hacían ostentación de gastos y dispendios.

En 1768, el Estado dio una normativa, Erección de Seminarios Conciliares, que impuso la exclusividad de los seminarios conciliares, descartando la superioridad de los religiosos, y exigiendo que el director del seminario fuera natural de la diócesis correspondiente, y no un religioso. El rey daba becas (ayudas de estudios) a los seminaristas. Se ordenó también que se abandonaran las “discusiones bizantinas” y se introdujeran nuevos planes de estudios bajo supervisión del Estado. Y cada diócesis debía tener su propio seminario, lo cual obligó a crear 11 seminarios en tiempos de Carlos III. La intención era mejorar los seminarios. Pero también, la intervención del rey supuso más esfuerzo, pues Carlos III ordenó que los estudios de filosofía y teología de los seminarios no confirieran ningún grado (no sirvieran para obtener títulos de estudios), sino que el que quisiera títulos debía ir a las Universidades. A partir de ese momento, en los seminarios había dos niveles: los alumnos buenos eran enviados por el obispo directamente a la Universidad a estudiar, y los malos, lo hacían en el seminario. Algún obispo decidió que fueran todos a la Universidad, y prescindir de los que no aprobasen en ella. Entonces, el seminario impartía 7 cursos, previos al acceso a la Universidad (primer año: lugares teológicos; segundo, tercero y cuarto: teología escolástica; quinto año: Sagradas Escrituras, teología moral, historia eclesiástica y disciplina eclesiástica; sexto y séptimo: concilios y regalías, poderes y jurisdicción del estado). El paso por la Universidad significaba un germen de pensamiento nuevo, pues en esos ambientes oían de la nueva filosofía disponible en el XVIII, aunque ellos no se matricularan en esas asignaturas, y de las nuevas ciencias, lo cual provocaba curiosidad y, a veces, conflicto interno por deseo de conocer esas cosas que les estaban prohibidas. Era inevitable que los seminaristas no hablaran con algunos compañeros de Universidad ilustrados y deístas. Al final de los estudios, si el alumno tenía buen informe de sus superiores, podía ordenarse sacerdote, y mediante oposición o concurso, aunque no siempre, acceder a una parroquia. El resto de alumnos tenía dos opciones, o bien pasaban a sacristanes de iglesias poco importantes, o bien abandonaban.

Las parroquias.

Había diferentes parroquias. En las más ricas, vivían párrocos, tenientes de párroco, beneficiados, capellanes, presbíteros simples y clérigos con órdenes menores.

Los párrocos eran pocos, siempre menos que parroquias (que eran unas 19.000), y las parroquias eran diferentes por el número de fieles o parroquianos, lo que significaba más o menos ingresos en casuales y limosnas. Se accedía a párroco por oposición.

El párroco era ante todo (prescindimos de las funciones estrictamente religiosas cuya valoración sería subjetiva) un recaudador del diezmo y del dinero de las indulgencias, cuyos dineros solían ser para la diócesis y para el Papa. El párroco era también la conexión entre el mundo y los vecinos del pueblo, informaba desde el púlpito de temas religiosos y políticos, y hasta el Gobierno le hacía leer algunos bandos. El párroco daba fe en las levas militares, era consejero matrimonial, consejero de partición de herencias…

El cura párroco tenía tres fuentes de ingresos:

las rentas decimales o procedentes del diezmo y las primicias, que eran el 59% de sus ingresos, pero eran variables según las cosechas,

las oblaciones (limosnas diversas u ofrendas a la divinidad), derechos de estola (casamientos, bautizos y entierros) y estipendios (pagos por decir misas) que eran el 23% de sus ingresos,

y las rentas dotales, o dotaciones de la parroquia entregadas por donantes o por rentas atribuidas a bienes de esos donantes, que significaban el 16% de sus ingresos.

De las rentas decimales, el párroco se quedaba con un tercio del diezmo (si el diezmo se calcula que recaudaba entre el 6 y el 9% de la riqueza, en este caso sobre casi todos los bienes posibles, podemos decir que la parte del párroco era entre el 2 y el 3% del valor del bien gravado). El párroco tenía también derecho a quedarse con las primicias (un pago pequeño sobre las cosechas y reproducción del ganado, que se calcula en un 1,5% del valor de los bienes gravados, que eran pocos).

Un cura párroco podía llegar a percibir de media, unos 3.300 reales al año, pero había parroquias que proporcionaban hasta 30.000 reales a su titular y otras en que el párroco no llegaba a los 1.000 reales. Teniendo en cuenta que un obrero ganaba unos 2 ó 3 reales diarios, estaba bien retribuido, pero muy desigualmente unos de otros.

Había párrocos muy ricos como el de El Escorial, que ganaba 2 millones de reales al año, y párrocos paupérrimos que vivían de la caridad de los parroquianos. Lo habitual era el párroco pobre, que en una aldea ejercía como maestro, alcalde, médico y notario para los testamentos (solía ser el único o de los muy pocos que sabían leer y escribir), albacea, y protector de viudas y huérfanos. Estos párrocos eran muy estimados por la gente, que les denominaba “curas”, palabra que proviene de que tenían misión de “cura animae”, cuidado de almas. Al párroco pobre, los ingresos ordinarios no le bastaban para vivir, y los vecinos le aportaban de todo lo necesario para la subsistencia, si se llevaban bien con él.

Los curas, que dispensaban servicios religiosos a la gente y otros servicios no religiosos, eran diferenciados por la gente de los clérigos regulares, profesores, cabildos, beneficiados… No todos los sacerdotes eran pues, curas, ni todos los eclesiásticos eran sacerdotes.

Una de las fuentes más importantes de recursos del párroco eran los cementerios, pues los enterramientos, funerales y cuidado de las tumbas, misas anuales, responsos, etc. daban buenos ingresos. Pero ello dependía de que la parroquia estuviera muy poblada y de que los feligreses tuvieran alto nivel de vida. Los más ricos pagaban por ser inhumados en el suelo de la propia iglesia de su pueblo, lo cual fue prohibido en 1787, para evitar olores y enfermedades. Los no tan ricos eran enterrados en el camposanto adjunto a la iglesia (hoy reconocible por una pequeña zona llana junto al muro de la vieja iglesia, que se puede haber transformado en frontón de pelota, jardines, aparcamiento…). Los ilustrados quisieron sacar los cementerios fuera del pueblo, a lugares ventilados a cierta distancia del poblado, pero los vecinos consideraban que el nuevo sitio no era tierra sagrada y se negaban a enterrar allí a sus familiares. Como hacer un nuevo cementerio requería gastos de terreno, obra y conservación, el Estado requirió que se destinase a ello fondos parroquiales procedentes de los diezmos, y que colaborase el municipio mismo, es decir que lo habían de pagar los vecinos. En estas condiciones, no es sorprendente conocer que en 1931 estaban todavía en el mismo problema de sacar los cementerios de los poblados.

Los obispos decían que el diezmo era suyo y no se podía gastar en algo superfluo, es decir, se negaban a desviar dinero del diezmo a las necesidades parroquiales, y los párrocos perdían ingresos porque bajaba el precio de los entierros y de las tumbas interiores a las iglesias.

Los capellanes (sacerdotes al servicio de una familia o entidad privada) y sacristanes cobraban cantidades mucho más bajas que el párroco, pero tenían la facilidad de que podían compatibilizar su trabajo en la parroquia con el laboreo de tierras propias o ajenas, o con otros negocios particulares, de forma que lo uno era complemento de lo otro.

El capellán era una persona asignada a una capilla privada que puede ser de un colegio, una unidad militar, un barco, una prisión, un hospital, una Universidad, un convento de monjas, etc. En el siglo XVIII era frecuente que las personas muy pudientes fundasen “capellanías” en un documento público hecho ante un juez, en el que asignaban el cobro de unas rentas a una finalidad, como decir misas por la salvación de su alma y hacer otros rezos para diversos fines. La institución se utilizaba también para proteger a ciertos miembros de la familia o del pueblo, por voluntad del fundador, los cuales quedaban protegidos vitaliciamente por el cobro de esas rentas mientras cumplieran las condiciones del fundador de la capellanía.

Los capellanes de capellanías de sangre debían su sustento al hecho de que un antiguo miembro de la familia hubiera fundado la capellanía, una cantidad de bienes,(juros, vales reales, rentas de fincas y casas) cuyas rentas eran entregadas a perpetuidad a quien estuviese designado como beneficiario, o capellán, que solía ser un miembro de la familia que aceptara ordenarse. Entre estos sacerdotes se daban los escándalos más notorios, pues muchos de ellos tenían por única vocación el beneficiarse de la capellanía.

Los beneficiados y ordenados patrimoniales solían gozar de rentas muy escasas, procedentes de la diócesis o de la parroquia, pero tampoco hacían nada, ninguna labor social ni religiosa, y se limitaban a cobrar su beneficio y capellanía, y, en el mejor de los casos, esperaban la dicha de ser nombrados párrocos. Dependían mucho de los ingresos eventuales. Los beneficiados empezaron a disminuir notablemente desde mitad del XVIII, lo cual es señal de que los ingresos de la Iglesia disminuían y había menos candidatos: en 1768, el Estado pidió a los obispos la supresión de cargos de la Iglesia que no desempeñasen ningún servicio social, y que estos recursos fueran destinados al aumento de las retribuciones de los curatos pobres, lo cual hacía referencia clara a estos grupos de beneficiados y ordenados de órdenes menores. Algunos obispos aceptaron la sugerencia estatal y fueron considerados muy progresistas en su época, e incluso filoliberales. En 1768 los beneficiados eran el 78% del clero secular, en 1787, veinte años después, sólo eran el 33%, y a final de siglo, en 1797, no llegaban al 25%. Podían cobrar una mayordomía, una prestamera (beca de estudios en caso de beneficio menor, y recaudación de algún tributo eclesiástico en caso de beneficio mayor), derechos de estola, y explotación o administración de bienes del clero, fincas rústicas y urbanas. Había múltiples casos de beneficios, clasificados en simples y dobles, mayores y menores, regulares y seculares. El beneficiado no necesitaba residir en la parroquia de la que cobraba, bien por tener otra ocupación religiosa, ser menor de edad, tener varios beneficios y no poder estar presente en todas las parroquias, o sencillamente, no gustarle la vida en el pueblo. En esos casos ponía un sustituto llamado “vicario”, o “servidero”.

Los sacerdotes de familia.

Había otros sacerdotes que no eran párrocos, ni beneficiados, ni capellanes y se dedicaban más bien a administrar bienes de familias pudientes, ser preceptores de los niños de algunas familias, mayordomos de nobles, criados de damas nobles (que se hacían llamar confesores, pero estaban a todo lo que quisiera su amo o ama, a la hora que quisiera, lo mismo un consejo económico, que una actuación disciplinaria con los hijos, que una intermediación con otra familia en conflicto). La suerte de estos sacerdotes era distinta según la familia que les acogía.

La inquisición.

La Inquisición siguió funcionando en el XVIII con toda su crueldad, pero sus riquezas y poder cayeron mucho con los ministros ilustrados. El obispo de Ceuta e Inquisidor General Vidal Marín elaboró un índice (lista de libros prohibidos) en 1700, y el Inquisidor general Francisco Pérez de Prado elaboró otro índice en 1748. El cardenal Giúdice condenó a Macanaz, un prestigioso gobernante próximo al poder. De 1721 a 1747 hubo más de 40 autos de fe, pero los reyes decidieron no asistir a esos asesinatos rituales católicos. La Inquisición hizo un trato con los reyes y era que los sacerdotes y frailes denunciarían a los que quebraran la fidelidad debida al rey y puso pena de excomunión a los que no denunciasen a los rebeldes, pero los frailes aragoneses decidieron proteger a los aragoneses y saltarse el decreto de excomunión, lo cual significaba que las amenazas de excomunión ya no eran algo tan temido y respetado como en siglos anteriores. Se condenó a judaizantes, blasfemos, bígamos, supersticiosos y hechiceros, milagreros, lujuriosos, soldados que se hacían musulmanes, y corruptores de conventos como el obispo de Oviedo José Fernández de Toro, el canónigo de Tudela Juan de Causadas, la abadesa de Corella Águeda de Luna (colaboradora del anterior), las monjas de Casbas, el franciscano Manuel de Val… Se condenó al calvinista José Sánchez en Sevilla… Pero las penas fueron de cárcel, aunque se usó el tormento para la confesión y alguno muriera en el tormento. A finales de siglo llegó a ser Inquisidor General un “jansenista español” bien conocido que se llamaba Manuel Abad Lasierra. Entonces fue denunciado a la Inquisición el foco más importante de jansenismo, el de María Francisca Portocarrero condesa de Montijo y alguien sugirió a la condesa que se marchara de Madrid yéndose a Logroño. También eran jansenistas algunos canónigos de Ávila, el obispo de Murcia López Gonzalo, pero las denuncias a veces eran inútiles pues algunos inquisidores también eran jansenistas, es decir, partidarios de que la Iglesia se desprendiera de todas sus riquezas, cargos y buena vida. La Inquisición procesó a Aranda cuatro veces, a Olavide en 1778 (última sentencia desde la cúspide del poder inquisitorial), y Olavide, cuando se convirtió al integrismo católico, denunció como lectores de libros de la Inquisición al general Ricardos, al general Masones de Lima, al conde de Montalvo, al general O`Reily, a Lacy, al conde de Ricla, al conde de Almodóvar intentando demostrar que todo el mundo estaba complicado. Los procesos fueron leves y de simples apercibimientos. Godoy fue acusado tres veces de ateísmo y bigamia, pero desterró de España a los prelados que le acusaban. Miembros de Sociedades Económicas, catedráticos de filosofía… también fueron víctimas de la Inquisición, pero dejó de tenérsele miedo a finales de siglo XVIII.

EL CLERO REGULAR.

El clero regular contaba con 2.067 conventos de frailes y 1.122 de monjas. El mayor número de conventos masculinos, 459, pertenecía a los franciscanos, seguidos, con cifras más bajas, de los dominicos y alcantarinos. El mayor número de conventos femeninos, 384, pertenecía a las clarisas, seguidas de dominicas y agustinas calzadas.

Entre los varones distinguiríamos 37.000 profesos, 2.000 novicios, 8.000 legos, 8.000 donados y 4.000 criados. Entre las mujeres tendríamos 24.000 profesas, 1.005 novicias y 1.605 criadas. El número de establecimientos de la Compañía de Jesús cerrados tras la expulsión fue de 134.

Los conventos aparecían concentrados en algunas ciudades como Sevilla, Madrid, Córdoba, Valencia, Granada, Salamanca, Toledo, Málaga, y otras ciudades más pequeñas. En las primeras citadas, el número de conventos era llamativo, y estaban por todas partes.

La idea de los ilustrados sobre los conventos, era que había que suprimir los que no tuvieran recursos para alimentar a sus profesos, calculando que se necesitaban 3.000 reales anuales por profeso en Madrid, y 2.200 en ciudades de provincias. Los que no alcanzaban estos ingresos, debían restringir el número de novicios, a fin de reducir el de profesos progresivamente.

La condición de vida de cada miembro del clero regular, aun dentro del mismo convento, era muy distinta.

Estaban distribuidos en unas 40 órdenes religiosas que clasificamos en monacales, mendicantes y clérigos regulares.

Las órdenes monacales o monjes, tenían fincas rústicas y urbanas y muchas rentas de censos y eran los benedictinos, cluniacenses y cistercienses, los jerónimos, cartujos y trapenses (los cuales tenían pocos miembros porque eran los más pobres e igualitarios dentro del convento). El jefe del convento era el abad, y entre los monjes se distinguía entre padres (ordenados sacerdotalmente) y hermanos (no ordenados sacerdotalmente). Los mendicantes se dedicaban a la predicación, la enseñanza y la beneficencia, vivían lejos de las ciudades y tenían bastante prestigio social.

Los clérigos regulares, eran grupos de sacerdotes que habían decidido vivir en comunidad con normas similares a las órdenes monacales. Eran los jesuitas, teatinos, barnabitas, camilianos, leonardinos, escolapios, calasanzcios, bethlemitas y otros. Entre ellos, los que mejor posición económica y social tenían en el XVIII, eran los jesuitas, dedicados a la enseñanza, porque habían captado a los hijos de la aristocracia antirregalista, y a su vez, predicaban contra las regalías. Pero lo esencial de su éxito es que practicaban una pedagogía moderna y estaban abiertos a las ciencias naturales y las matemáticas, el saber más avanzado de su época, es decir, que eran conservadores en moral y sometimiento a una Iglesia jerárquica, pero progresistas en el saber. Los escolapios fundaron muchos colegios en la primera mitad del XVIII.

Las órdenes mendicantes, o frailes, estaban compuestas por hermanos y terciarios. Los hermanos hacían voto de pobreza, castidad y obediencia. La pobreza significaba renuncia a poseer cualquier bien, a adquirirlo y a legarlo. Todo era de la Orden lo cual a veces podía traducirse a que los hermanos fueran pobres pero la orden rica. Los Terciarios eran seglares que decidían vivir según el espíritu de una orden religiosa, sin abandonar su propio género de vida ni ingresar en el convento. El jefe del convento era el Prior, no había diferencias entre los hermanos, debían estar dispuestos a cambiar de convento en cuanto su superior lo pidiese, vestían hábito para la vida ordinaria y cogulla (túnica amplia con mangas anchas y capucha) para los actos litúrgicos, y edificaban sus conventos en medio de las ciudades. Son los franciscanos y clarisas, dominicos y catalinas, agustinos, carmelitas, carmelitas descalzos, capuchinos y hermanos menores capuchinos, recoletos, siervos de María, trinitarios y trinitarios descalzos, mínimos, mercedarios, concepcionistas y otros.

Los canónigos regulares, eran canónigos de catedral o de colegiata, que decidían vivir con reglas como los monjes.

Las monjas. Muchas de las órdenes religiosas tenían versión femenina, las monjas, que en versión mendicante preferían llamarse hermanas. Para ser monja, o hermana, se requería una dote elevada que garantizase unas rentas al convento, y que el convento no fuera un refugio de mujeres sin otro medio de vida, y por ello las monjas siempre fueron menos en número que los sacerdotes o los frailes.

Relaciones del clero regular

con el resto de la sociedad.

Los ilustrados más duros calificaban a las órdenes religiosas de inmovilistas fanáticos que siempre torpedeaban las reformas del Estado. Y las órdenes religiosas calificaban a los reformistas españoles de ateos, sin ninguna razón. El problema de las malas relaciones con el Estado hay que centrarlo más bien en que éste deseaba sus tierras y fincas urbanas, y además luchaba por eliminar las exenciones de impuestos y prerrogativas legales y en tribunales de justicia. En 1762, se les dio orden de residencia, es decir, que debían vivir cada uno en su convento o monasterio, salvo casos justificados. En todos los casos, el gobierno pretendía intervenir en la elección de sus altos cargos dirigentes a fin de eliminar ideologías contrarias al Estado, a lo cual se opusieron frontalmente los jesuitas. Los ilustrados criticaban del clero regular que eran excesivos en número, que muchos carecían de vocación y estaban en ello para huir del trabajo, que muchos eran incultos y se negaban a progresar en ese campo pues se oponían a las nuevas ciencias y avances de las viejos saberes, que era una injusticia social que estuvieran privilegiados con exenciones de tributación de rentas y por las jurisdicciones propias y extraordinarias de que gozaban, y que monopolizaban la enseñanza media utilizándola en contra del progreso y del Estado moderno.

Eran frecuentes los pleitos entre las órdenes religiosas y sus colonos por motivo de las rentas que éstos pagaban por la tierra, porque la renta antigua se quedaba muy baja y los conventos querían actualizarla. En esos casos, los religiosos eran tildados de codiciosos, abusadores y decadentes.

El clero regular no solía tener buenas relaciones con los obispos, pues los monjes procuraban escapar de la jurisdicción del ordinario y depender de su general de la orden, o tener mitra propia de la orden.

Las relaciones entre el clero secular y el regular nunca fueron buenas, sino que más bien se peleaban por los diezmos, las limosnas y las nuevas fundaciones de conventos, pues cada convento nuevo significaba menos limosnas para el obispo y para los párrocos cercanos. La formación intelectual era distinta, y las formas de vida diferentes, por lo que cada uno achacaba al otro unos defectos determinados.

Las relaciones entre congregaciones del clero regular no siempre eran buenas, pues los conventos ya establecidos debían repartir los beneficios de las limosnas y otros ingresos, con los nuevos fundadores de conventos establecidos en su área de mendicación y donativos.

La Iglesia católica en el siglo XVIII no presenta un frente común. El primado de España no tenía autoridad sobre obispos, curas, frailes y monjas, y cada uno trataba de interpretar a su manera la administración de los muchos bienes de la Iglesia.

La Iglesia ejercía un ascendiente muy fuerte sobre jornaleros, arrendatarios y pobres, al margen de su actividad religiosa y de la Inquisición: al arrendar tierras, dar trabajo, repartir alimentos de limosna, recoger niños en los hospicios y dirigir actos públicos, tenía bien agarradas a muchas personas de las clases más pobres.

La “religión” ilustrada.

Hacia 1750 apareció en España el culto a GADU, Gran Arquitecto del Universo, una especie de deísmo, difundido por la masonería, aunque muchos grupos masónicos eran cristianos, y sólo una minoría eran marginales a la Iglesia. Proclamaban la igualdad natural de todos los hombres y la necesidad de acabar con los odios por diferente raza o religión. Formaban logias o sociedades secretas. La primera había aparecido en Gibraltar en 1726 y la segunda en Madrid en 1727. En 1738 fueron condenadas por el Papa Clemente XII y en 1751 renovó la condena Benedicto XIV. El padre Rábago fue un enemigo contumaz de los masones y les acusaba de no tener más religión que su propio interés y darse al libertinaje. Fernando VI prohibió entonces la masonería en 1751 e hizo vigilar a los oficiales del ejército pues se decía que casi todos eran masones.

[1] Estrella Toral, Lara. El Contrato de Renta Vitalicio, tesis doctoral en Salamanca 2008.

[2] Martín Riego, Manuel. Diezmos eclesiásticos y arte en la archidiócesis hispalense en el siglo XVIII.